Balance del primer año de gobierno de Iván Duque

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DEL EMBRUJOEL APRENDIZ

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¿PACTO SIN DERECHOS?

IV.PACTO POR COLOMBIA:

DERECHOS AMBIENTALES Y DE LA NATURALEZA

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Ríos para los negocios, no para la vida

Movimiento Colombiano Ríos Vivos

Las hidroeléctricas y el Plan de Desarrollo

En Colombia se ha establecido en los diferentes Planes Naciona-les de Desarrollo la explotación máxima posible del potencial minero y energético colombiano.

El actual Pacto por Colombia, pacto por la Equidad no es la excepción, allí se resalta la necesidad de desarrollar el sector mi-nero energético bajo la premisa de gene-rar rentas para reinversión, generación de bienestar y obtención recursos para continuar con la expansión de la infraes-tructura, funcional al extractivismo, la

gestión de riesgos de desastres naturales, impulsar la investigación, la innovación y la transformación rural entre otros.

Los argumentos presentados en el docu-mento de bases del PND dejan planteada la idea de que la única opción de un país al “disponer de recursos naturales”, es su explotación/extracción para generar rentas. Un segundo elemento es que la extracción requiere energía y para ello las hidroeléctricas siguen ocupando el primer lugar en razón de la alta eficiencia de la

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tecnología y la alta rentabilidad que repre-senta para los empresarios.

Al término de un primer año de gobierno de Iván Duque las cosas no cambian, el modelo energético prevalece y a pesar de que se habla de transición energética al introducir en la última subasta 1,3 GWh-día de fuentes renovables, las perspecti-vas de desarrollo del sector no son ho-lísticas y continúan sin garantizar la real participación ciudadana al acreditar que la planificación energética es de la esfera exclusiva de lo técnico.

La consolidación del sector minero-ener-gético como dinamizador del desarrollo de territorios sostenibles, como lo plantea el actual PND, implica una estricta revi-sión en materia de derechos humanos y ambientales en torno a las implicaciones, conflictos y externalidades no previstas generadas por los proyectos minero-ener-géticos en Colombia.

Existe una serie de violaciones sis-temáticas a los derechos humanos y ambientales de comunidades asentadas sobre la cuenca de los ríos donde pau-latinamente se han emplazado proyec-tos hidroeléctricos. La negligencia de actuación frente a impactos sostenidos y externalidades, contribuyen a su agu-dización. Además, las movilizaciones so-ciales que piden soluciones han recibido desatención y represión con el abuso de la fuerza policial, o han sido estigmati-zadas por medio de diversas estrategias

Hidroeléctricas: violación de derechos humanos y ambientales

que involucran a los medios de comu-nicación tradicionales, testimonios de funcionarios públicos y congresistas de la república.

El caso de la represa Anchicayá. En el año 2001 la Empresa Unión Fenosa pro-pietaria de la represa del bajo Anchicayá tomó la decisión de abrir las compuer-tas y derramar más de 500 mil metros cúbicos de lodos tóxicos que afectaron a más de tres mil personas con enferme-dades en la piel, varios meses sin poder acceder al río, pérdida de peces en río y mar que son fuente vitales de proteína, entre otros impactos.

De ahí se inició un proceso jurídico don-de se ha determinado la culpabilidad de la empresa Epsa/Unión Fenosa la cual actuó con dolo sobre los derechos de las comunidades negras que se asientan en la cuenca del Río Anchicayá en el de-partamento del Valle del Cauca. Ahora bien, mientras se espera la unificación de la jurisprudencia por parte del Con-sejo de Estado, en el último año se han levantado señalamientos que dejan en entredicho las decisiones anteriores al decir que las comunidades afectadas pudieron haber manipulado el perito para el establecimiento de los montos de indemnización. Esta situación acre-cienta los riesgos a la vida e integridad de los líderes y lideresas de la zona y de las organizaciones étnicas.

En los últimos meses las comunidades de la Organización de Negros Unidos por la defensa del río Anchicayá – Onui-ra- y el Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá han denunciado la apari-ción de olores fétidos y cambios de colo-ración del río que para las comunidades

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es producto de nuevos vertimientos de lodos. La actuación de las instituciones de control no ha sido la que demanda la emergencia, mientras que las co-munidades nuevamente ven afectados su derecho a la alimentación y al agua potable, y empiezan a padecer hambre. Al respecto tras un recorrido por la zona en mayo de 2019, el defensor regional Oscar Orejuela manifestó que “es muy lamentable lo que pudimos ver, la co-munidad está totalmente abandonada por el Estado”.206

A dieciocho años de la catástrofe la esperanza de avanzar en la reparación y la justicia se vuelve a inundar en el último período de gobierno. Los líderes de la zona además advierten el grado de abandono estatal, solo una comunidad tiene acueducto, y les preocupa que la situación del río Anchicayá se replica en quebradas como Bartolo, Opodobó, La China, El Caimán, Caimito, el Galbe, Dos Quebradas, El Titero, La Ciénaga, La Sonadora y El Coronillo, las cuales están siendo afectadas por la disminución de caudales y pérdida de especies.

El caso Hidroituango.207 Desde hace más de tres décadas se han escucha-do voces de geólogos señalando los inconvenientes técnicos del sitio esco-gido para el emplazamiento del muro de Hidroituango. A esto se aunaron las voces de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico que deman-daban real participación ciudadana y el reconocimiento de la relación entre el conflicto armado que agobió con masa-

cres la zona de influencia del proyecto además de la destrucción de los medios de vida de miles de pobladores y cientos de hechos violatorios de los Derechos Económicos, sociales cultura y ambien-tales, que no estaban contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental ni en el Plan de Manejo Ambiental del megapro-yecto.

Estas situaciones se agudizaron con el hecho de querer cumplir el cronograma de obras y empezar a generar energía en la fecha prevista, evitando el cobro de sanciones económicas por parte de la CREG a EPM, lo cual ha implicado la toma de decisiones aceleradas, incluso a espaldas de la autoridad como sucedió con la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación –SAD- que ya se había empezado a construir en el momento en que se solicitó la autorización por parte de la ANLA o el plan de aceleración que estipuló prebendas económicas para los consorcios contratistas en caso de cum-plir los tiempos inicialmente estimados.

Este conjunto de decisiones produjo en parte la crisis generada a partir del 28 de abril de 2018 con el taponamiento de los túneles y embalsamiento repentino de las aguas del Río Cauca, conllevando nuevas afectaciones del proyecto y con ello nuevos afectados sin que en algún momento se tenga en cuenta la partici-pación de las comunidades.

En el último año son lamentables las siguientes situaciones violatorias de de-rechos humanos y ambientales: Desin-

206 El Espectador. 2019. “Pobladores de Anchicayá (Buenaventura) denuncian nueva contaminación del río.” 26 de mayo. Recuperado de:https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/pobladores-de-anchicaya-buenaventura-denuncian-nueva-contamina-cion-del-rio-articulo-862811 207 Ver artículo ¿Dónde ha estado el Presidente? en este informe, pág. 284.

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formación de las comunidades afectadas por parte de EPM, el presidente Duque ha visitado el proyecto y a pesar del riesgo que vivió tampoco ha dado clari-dad de los hechos a la opinión pública; desplazamiento forzado, destrucción de bosque seco tropical, pérdidas de me-dios de sobrevivencia sin atención efec-tiva, impactos psicosociales, pérdidas de cultivos de pancoger por migración de fauna y afectación a la edu-cación de niños y niñas entre otros.

El caso de la represa La Salvajina. La represa construida en el alto del Río Cauca en la década de los 80 sigue gene-rando nuevos impactos y afectaciones sobre las comunidades afrodes-cendientes e indígenas por el represamiento de las aguas del río Cauca. Actualmente se encuen-tra en curso un proceso de Consulta Previa para la repotenciación de la hidroeléctrica, que ya ha cumplido su vida útil, al tiempo que los líderes y lideresas de la zona han recibido múltiples ame-nazas contra su vida por el trabajo de defensa del territorio y organización de las comunidades que adelantan en el territorio para salvaguardar sus derechos humanos.

El caso de El Quimbo. Las familias afec-tadas que se articulan en Asoquimbo

denuncian que los recursos destinados para salvaguardar el derecho a la tierra y con ello el derecho a la alimentación, se encuentran a punto de perderse por negligencia de las instituciones esta-tales en connivencia con la empresa constructora Emgesa.

Las comunidades han soportado la hambruna a partir de sus medios de vida y pese a adelantar es-fuerzos propios para sobrepasar esta situa-ción al crear mesas de diálogo con la goberna-ción departamental, los acuerdos y discusiones se encuentran estanca-dos. A partir de la visita del presidente Duque a la zona en octubre de 2018, se constituyó un nuevo espacio de diá-logo del cual se intentó excluir a Asoquimbo y donde ilegítimamente se quería incluir a la empresa causante de los daños y perjuicios. Sin embargo, a la fecha los acuerdos y acciones de la mesas no pros-peran pese a las nece-sidades evidenciadas por los funcionarios de gobierno.

El caso Hidrosogamoso. Durante los úl-timos tres meses las familias asentadas aguas abajo de la represa están siendo afectadas por los olores nauseabundos generados por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el sec-

“En el último año son lamentables las siguientes situaciones violatorias de derechos humanos y ambientales: Desinformación de las comunidades afectadas por parte de EPM, el presidente Duque ha visitado el proyecto y a pesar del riesgo que vivió tampoco ha dado claridad de los hechos a la opinión pública; desplazamiento forzado, destrucción de bosque seco tropical, pérdidas de medios de sobrevivencia sin atención efectiva, impactos psicosociales, pérdidas de cultivos de pancoger por migración de fauna y afectación a la educación de niños y niñas entre otros.”

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tor de la Playa (a 800 metros del muro), generando molestias en las horas de la tarde para las personas del sector quienes ya no pueden realizar sus activi-dades cotidianas con tranquilidad por la incomodidad que generan estos olores. A su vez, las aguas de la PTAR están lle-gando a la quebrada La Cabezona, que desemboca en el río Sogamoso, por lo que se han presentado brotes en la piel, especialmente en los niños y niñas.

Por otro lado, el control del cauce del río por parte de la empresa Isagen ha llevado a la pérdida de cultivo en las orillas del río por la reducción o au-mento drástico de los caudales, y en el primer caso miles de peces pequeños quedan atrapados en las piedras frente a lo cual la comunidad ha implementado acciones de rescate sin recibir ningún tipo de ayuda por parte de las autorida-des competentes ni de los generadores del daño. Estas situaciones agudizan la crisis alimentaria de las comunidades lugareñas generadas por el megapro-yecto, las cuales también sufrieron los impactos del derramamiento del pozo la Lizama 158, que generó impactos irre-versibles sin que hasta ahora se haya podido recuperar los medios de vida en la zona.

El caso de la Represa Urrá I. En el último período de nuevo ha quedado en evidencia que la operación de esta hi-droeléctrica ha generado el avance de la erosión de las riberas poniendo en ries-go la existencia de comunidades como el Playón en el bajo Sinú entre otras. Esta situación ha sido expuesta por

medio de diferentes mecanismos a las autoridades competentes por parte de las comunidades afectadas articuladas en Asprocig. Sin embargo, el riesgo de desbordamiento del río y los incipientes avances de los espacios de diálogo lleva-ron a las comunidades locales a mani-festarse pacíficamente sobre la troncal caribe el pasado 18 de marzo citando en el lugar a la mandataria local, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), el Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente, Corporación el Valle del Sinú (CVS) y demás entidades competentes, pero la respuesta que obtuvieron fue la presencia del Esmad que procedió casi de inmediato a disolver la manifestación con gases lacrimógenos sin respetar la presencia de adultos mayores y madres que se encontraban con sus hijos. Se espera que las conversaciones y mesas establecidas con las autoridades mu-nicipales involucren un real proceso de participación ciudadana, en especial de las comunidades afectadas, en la bús-queda de soluciones y alternativas a la problemática.208

El desborde las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. Éstas se ofrecen como una alternativa a las grandes represas pero en departamentos como Caldas, Tolima y el Quindío estos proyectos se vienen implementando sin la par-ticipación ciudadana, promovidos por intereses privados que buscan generar negocios con el fluir de los ríos pero que no obedecen a las necesidades de las comunidades que afectan ni a los planes de vida de los lugareños.

208 Movimiento Ríos Vivos 2019. “SOS Desbordamiento del Río Sinú”. Recuperado de: https://defensaterritorios.wordpress.com/2019/03/18/s-o-s-por-desbordamiento-de-riberas-del-rio-sinu/

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Al respecto se aprecian acciones de las empresas que se salen del debido proceso en Caldas y están pasando por encima de las corporaciones regionales. Tal es el caso de la empresa E-léctrica en el Quindío que a pesar de no contar con permisos de la CRAG sigue llaman-do a reuniones de socialización a las comunidades locales. Estos hechos, que generan diversas expectativas en los pobladores, ponen en riesgo la labor de defensa del territorio y DDHH de los y las pobladoras locales.

La agudización del conflicto armado. En el último período en diversas regio-nes del país se ha evidenciado que los actores armados ilegales han venido fortaleciendo su presencia y han gene-rado una campaña sistemática de terror para frenar la labor de los defensores de derechos humanos y ambientales, y entre quienes se oponen a los proyectos hidroeléctricos sin percibir por parte del Estado una política de atención estruc-tural a esta problemática. A la fecha va-rias familias han tenido que desplazarse forzadamente y ha habido asesinatos sobre los cuales no avanzan las investi-gaciones.

“En el último período en diversas regiones del país se ha evidenciado que los actores armados ilegales han venido fortaleciendo su presencia y han generado una campaña sistemática de terror para frenar la labor de los defensores de derechos humanos y ambientales, y entre quienes se oponen a los proyectos hidroeléctricos sin percibir por parte del Estado una política de atención estructural a esta problemática.”

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En esta situación cobran relevancia las propuestas que el Movimiento Ríos Vivos Colombia ha presentado al gobierno nacional en años previos como son:

Propuestas de atención

La conformación de una Comisión Nacional de Re-presas en la que se estudien los beneficios, impactos y desafíos de las represas ya construidas en Colombia, que emita orientaciones de política pública para la toma de decisiones del desarrollo del sector y que oriente la reparación de la deuda his-tórica que el país tiene con los afectados por represas.209 En dicha comisión deben tener asiento las comunida-des afectadas, instituciones competentes del Gobierno, academia y funcionarios con capacidad de decisión.

Generación de un diálogo de alto nivel con partici-pación de los ministros de Agricultura, Interior, Am-biente y Minas y Energía, y de las comunidades afecta-das para atender los vacíos legislativos que incurren sistemáticamente en la vio-lación de derechos huma-nos y desmejoramiento de condiciones de vida de las comunidades afectadas por represas en Colombia.210

La Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular ha establecido la propuesta de adelantar un Diálogo Nacional Minero Energético en el cual se definan elementos para una nueva política pública sobre el tema. Es necesario re-tomar esta propuesta que en una primera fase se desarrolló en Barranca-bermeja financiada por el Gobierno Nacional pero que entró en el congela-dor con el nuevo Gobierno.

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209 Movimiento Ríos Vivos. 2014. “Colombia: Víctimas de megaproyectos y la naturaleza como víctima.” Recuperado de: https://defen-saterritorios.wordpress.com/tag/comision-nacional-de-represas/ 210 Movimiento Ríos Vivos. 2011. Ríos vivos propone diálogo sobre política energética al Alto Gobierno. Audiencia Pública “Política minero energética y su impacto en los territorios”. Colombia, Senado de la república. Bogotá D.C. agosto 03 de 2011.