VIGESIMO SEGUNDA POLITICA DE ESTADO

Poltica de comercio exterior para la ampliacin de mercados con reciprocidad El comercio exterior es la locomotora del desarrollo socioeconmico del pas, por lo cual el informe aporta a las iniciativas de las dems comisiones que forman parte del Plan Per 2040 y se compromete a ser un medio importante para ejecutar todos nuestros proyectos.Las exportaciones totales han tenido un incremento promedio anual de 17.4%1 durante la ltima dcada y se espera un crecimiento similar en los prximos 15 aos (2011 - 2026).El crecimiento real de las exportaciones en la ltima dcada se mide en productos exportados (de 2749 a 3812), mercados alcanzados (de 161 a 180) y empresas formadas (de 3670 a 6892).Es una actividad descentralizadora. Hace 10 aos Lima era la regin con el mayor porcentaje de exportacin con el 38.16%. Hoy slo representa el 24.30%. Las exportaciones han crecido en las dems regiones. Principalmente en la costa. Falta desarrollar las otras regiones donde se encuentra concentrada la pobreza.En la ltima dcada han contribuido con el 25% del PBI, sin contar el impacto en la inversin y el gasto pblico en infraestructura.El salario de un obrero del sector exportador es 12% ms alto que el salario promedio nacional; en tanto que los sueldos son superiores en 59% revelando la importancia de la productividad y el valor agregado en la remuneracin de trabajos ms especializados. Procurar nuevos y mejores acuerdos nacionales orientados a incrementar y diversificar mercados para productos y servicios nacionales con valor agregado. Propiciar una poltica tributaria equitativa que asegure la devolucin de impuestos al exportador. Combatir la subvaluacin, el dumping, el contrabando y otras formas de competencia desleal, e incidir permanentemente en la eliminacin de barreras para-arancelarias a nuestras exportaciones. Promover la organizacin de pequeos productores en consorcios de exportacin.En el ao 2040 el Per ser una sociedad humanista, educada en la economa de la creatividad, aprovechando su biodiversidad, a la que ha convertido en su eje econmico, innovando a travs de la ciencia y la tecnologa con productos y servicios de alta calidad. Es lder en la oferta exportable de productos con valor agregado, donde la poblacin tiene una alta calidad de vida, con oportunidades para su desarrollo, en un ambiente sostenible y teniendo al Per como marca de la biodiversidad en el mundo.Desde el ltimo Examen de Poltica Comercial del Per, la economa peruana ha crecido sostenidamente registrando una tasa promedio de 4,6 por ciento para el perodo 2000-2006; ms an,al considerar el perodo 2002-2006, esta tasa ascendi a 5,8 por ciento. En el mismo perodo, elintercambio comercial del Per se increment en 172,5 por ciento, pasando de 14.324 a 39.036millones de dlares EE.UU. El buen desempeo es producto del manejo responsable de las polticas monetaria y fiscal que han permitido consolidar a la economa peruana como un pas atractivo para la inversin. Asimismo, el entorno internacional favorable ha impactado positivamente, en particular, en las exportaciones, determinando que se registre un supervit record de la balanza comercial (8.934 millones de dlares EE.UU.) y un supervit de la cuenta corriente equivalente al 2,8por ciento del PBI (2.589 millones de dlares EE.UU.). En el siguiente lustro, se prevn similares tasas de crecimiento impulsadas por el proceso de apertura comercial negociada emprendido por el Per en la presente dcada acompaado por una apertura unilateral, por reformas internas para la mejora de la competitividad, el fortalecimiento de las instituciones y el aumento de la inversin pblica y privada en infraestructura. Dicha apertura tambin pretende generar un mayor intercambio comercial y una mejor insercin del Per a la economa mundial. El Per espera lograr en el corto plazo el grado de inversin necesario para su incorporacin como observador en la OCDE (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos).En este contexto, la finalidad de la poltica comercial es contribuir al crecimiento y desarrollo del pas, coadyuvando al incremento del bienestar de la poblacin a travs de mayor empleo de calidad. Ms especficamente, la poltica comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del pas a travs de la ampliacin de mercados para la produccin peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisin de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y por las mejores condiciones que se generan para las inversiones en el territorio. Esta visin y objetivo fueron consensuados por el gobierno, la sociedad civil y los principales partidos polticos en el 2001 a travs del Acuerdo Nacional. Con el fin de tener un liderazgo fuerte y claro para la poltica comercial y su implementacin, se cre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en 2002. El MINCETUR defini a partir de su creacin una estrategia de mediano plazo en lo referido a la Agenda de Negociaciones Comerciales y a la Agenda Interna de Competitividad y Desarrollo del Comercio Exterior. En lo concerniente a las negociaciones comerciales internacionales, el Per apoya decididamente la conclusin ambiciosa de la Ronda Doha para el Desarrollo. En el marco del Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC por sus siglas en ingls), el Per ha profundizado en los ltimos aos su participacin con miras a incrementar relaciones comerciales con los pases asiticos y Per ser sede de las reuniones de APEC 2008. En el plano de las negociaciones regionales y bilaterales, luego del estancamiento de las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA) en 2003, el Per emprendi un relanzamiento de las negociaciones bilaterales. En este sentido, se han suscrito acuerdos con el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), EstadosUnidos de Amrica, se ha ampliado el Acuerdo de Complementacin Econmica con Chile (ACE) y se ha acordado un Protocolo de Cosecha Temprana con Tailandia. En la actualidad el Per se encuentra negociando acuerdos con Singapur, Mxico, Canad, Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA), Unin Europea (UE) y realizando estudios conjuntos sobre la factibilidad de iniciar negociaciones con China y Corea del Sur. En lo concerniente a la agenda interna de competitividad y desarrollo del comercio exterior, el MINCETUR en 2003 lanz las bases del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) en coordinacin amplia con el sector pblico y privado. Bajo este paraguas se han elaborado los Planes Operativos de Accin por sectores, regiones, mercados y planes maestros de facilitacin del comercio y de cultura exportadora que tienen un horizonte de 10 aos y que fueron recogidos en el Plan Nacional de Competitividad de 2005 formulado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC). La mixtura de polticas articuladas ha llevado al pas por la senda del crecimiento, lo que a largo plazo impactar positivamente en el bienestar de la poblacin. Ello ha permitido asegurar un crecimiento sostenido de la productividad, la misma que, durante el perodo 2001-2006, registr un nivel de crecimiento acumulado de alrededor de 20 por ciento. Este escenario favorable de crecimiento econmico se proyecta que continuar dada las bases slidas de la poltica econmica, comercial y de inversiones.

CONCLUSIONES:1.- El comercio exterior es un sector transversal a otras actividades de desarrollo del pas.2.- El comercio exterior ayuda a la creacin de puestos de trabajo formales y consecuentemente reduce la pobreza.3.- El empleo directo tiene un efecto multiplicador (Segn el MTPE y MINCETUR 829,809 empleos directos en el 2010 generaron 693,777 de empleos indirectos y 1,742,599 de empleos inducidos)4.- El comercio exterior fomenta la cultura exportadora entre los pobladores a nivel nacional.5.- Las exportaciones de productos y servicios con valor agregado son fundamentales para el desarrollo socioeconmico del Per.6.- Las exportaciones contribuyen significativamente a la descentralizacin y generan importantes recursos fiscales.7.- Las exportaciones generan una dinmica de crecimiento sostenido.8.- Fomenta la inversin y el crecimiento del mercado interno.9.- El sector exportador paga mejores sueldos y salarios comparado al promedio nacional.VIGSIMO TERCERA POLTICA DE ESTADO

Poltica de desarrollo agrario y ruralEl actual diagnstico de situacin se caracteriza por las incertidumbres de la Poltica Agraria Comunitaria con tendencia hacia el apoyo de regmenes de produccin intensivos y favorables a las grandes explotaciones que es preciso matizar en la dimensin regional; el fuerte declive poblacional y el envejecimiento del mundo rural asturiano, que compromete incluso el mantenimiento de las actuales cuotas de producciones. Esta dinmica traduce las consecuencias de un modelo desequilibrado de desarrollo que supone una prdida de funcionalidad de los espacios rurales a travs de la reduccin/limitacin de su capacidad productiva en las actividades tradicionales, sin que las emergentes alcancen dimensin suficiente como para detener la prdida de valor aadido territorial y rentas personales. El campo asturiano arrastra limitaciones estructurales clsicas (explotaciones poco dimensionadas, escasa capitalizacin, deficiente cualificacin de los agricultores, dbil integracin asociativa...), que colocan a nuestro sector en desventaja con otras agriculturas. En los ltimos aos a stos se suman los problemas derivados de: la ausencia de planteamientos de poltica territorial que contribuyan a un desarrollo rural integrado, mediante la articulacin y coordinacin comarcal de las actuaciones pblicas para la dotacin de equipamientos y servicios, la mejora de las estructuras, la mejora y desarrollo de producciones bsicas (leche, carne, forestal) y su transformacin, as como la promocin de nuevas actividades en el espacio rural, la ausencia de una autntica poltica agraria regional, ms all de la mera aplicacin y gestin de polticas comunitarias una vez tamizadas por la Administracin Central, o la arbitraria y clientelar aplicacin de ayudas y subvenciones. Las deficiencias en ste aspecto pueden calificarse de "holgazanera" de la Administracin autonmica, por el bajsimo nivel de desarrollo legislativo autonmico alcanzado y la mera aplicacin de los regmenes de ayuda comunitarios y nacionales sin adaptacin a las caractersticas de Asturias.Definicin de los principales objetivos polticos de desarrollo rural y agrario: 1. Mantenimiento del empleo y de la renta agraria.2. Desarrollo de sistemas productivos compatibles con la calidad del medioambiente y de los alimentos.3. Respeto del derecho de los consumidores a alimentos sanos y de calidad.4. Diversificacin la actividad y desarrollo rural integrado y adecuado a los recursos territoriales.5. Fomento del asociacionismo y la economa social. Participacin contra el clientelismo.6. Formacin, Investigacin y Experimentacin Agraria.7. Desarrollo y control de la calidad de los recursos genticos animales y vegetales.La Junta General del P.A. se impulsar como foro de debate y resolucin de los problemas agrarios en Asturias enmarcados en el mbito de un anlisis estatal, comunitario e internacional. Las negociaciones sobre comercio internacional a desarrollar en el mbito de la OMC, las iniciativas de organismos internacionales sin "responsabilidades democrticas" para impulsar acuerdos sustitutivos del "derrotado" AMI, las implicaciones para la agricultura y los agricultores de Asturias de proyectos de acuerdos internacionales que les afecten negativamente (y tomados por ello en mbitos de decisin ajenos a la Junta) y elaborados por rganos sin legitimidad democrtica, sern llevados a la Junta para su debate, denuncia y rechazo. La consideracin uniforme por parte de la normativa estatal a las zonas de montaa debe de ser revisada, modulando las ayudas en funcin de la fragilidad de los territorios desde el punto de vista demogrfico-laboral y medioambiental. Ello implica tener un conocimiento emprico del distinto grado de ruralidad del territorio a escala parroquial. Destacar que en el mbito de la poltica agraria se observan las formas ms degradadas del clientelismo de la Administracin en relacin con el tejido asociativo implicado, las Corporaciones Locales y la sociedad rural en general. Las recientes elecciones sindicales en el campo deben revertir en la reforma generalizada de las formas de funcionamiento de la Administracin autonmica, en la direccin de concertar con las Corporaciones Locales, las organizaciones sindicales y profesionales agrarias, cooperativas y asociaciones, las prioridades sectoriales y territoriales. Asociacionismo y Economa Social. Estmulo y apoyo a la agrupacin de productores, especialmente en los sectores lcteo, crnico, hortofruti cultura, para la cooperacin y acceso a servicios avanzados, formacin, diseo de marcas, distribucin, etc. Entendemos que es fundamental la creacin de Asociaciones de Productores Agrarios (APAs) para sectores de produccin de carne y leche. Especial atencin merece el desarrollo del sector artesano de produccin agroalimentaria, potenciando su tejido asociativo y sus funciones de diversificacin y desarrollo del medio rural. Autonoma para las organizaciones de encuadramiento tcnico-econmico-comercial del sector. El control de hecho, va presupuesto, de la vida y prctica organizativa ha sido una constante en las administraciones agrarias -agravada en la ltima legislatura- que hay que erradicar. Transparencia de las ayudas a las explotaciones (conocimiento pblico de quien percibe ayudas) y de las ayudas a los sindicatos agrarios, organizaciones profesionales y de encuadramiento tcnico del sector (asociaciones de ganaderos, comercializadoras, denominaciones de origen, etc.). Compromiso de presentar pblicamente -y por escrito- a la sociedad los resultados de las actuaciones administrativas y de gestin de los presupuestos: Memorias de Actividades de la Consejera y de sus unidades. administrativas y de gestin. Adecuacin organizativa y laboral de la administracin agraria presidida por los principios de objetividad y trasparencia. Potenciacin de la organizacin administrativa agraria en la periferia (oficinas comarcales, etc.). Revisar la Ley de Ordenacin Agraria en aquellos aspectos que se haya quedado desfasada o inaplicable. Experimentacin agraria. Adecuar, manteniendo la iniciativa y la orientacin pblica, los instrumentos organizativos y de gestin que faciliten la finalidad del servicio. rgano de carcter pblico, autnomo con respecto al gobierno, marco presupuestario estable y a largo plazo. Promover un amplio consenso en la Junta y en la sociedad sobre el desarrollo del sistema ciencia-tecnologa en el sector agrario y agroalimentario supeditado a la verificacin prctica del criterio de sostenibilidad en todo su "itinerario tecnolgico". Promover los estudios necesarios encaminados a profundizar en el conocimiento emprico (econmico, sociolgico, ecolgico, laboral,..) del sector (territorio, economa y sociedad). Se trabajar por la no privatizacin del patrimonio de las Cmaras Agrarias, pleno reconocimiento de la pluralidad y autonoma sindical. Desarrollo rural y poltica territorial. La diversidad de situaciones, recursos y potencialidades de la regin, requieren para su promocin de programas territorialmente articulados, de base comarcal al objeto de: Potenciar y movilizar las capacidades locales de concertacin, establecimiento de prioridades, diseo y gestin de proyectos, con participacin de Entidades Locales y asociaciones implicadas. Descentralizar y dinamizar los servicios de apoyo tcnico y econmico a programas comarcales, de sectores y empresas del medio rural. Extender al conjunto de la regin las formas de gestin de los programas de desarrollo rural, en la lnea de la Iniciativa LEADER de promover la gestin directa de los recursos mediante la colaboracin entre las entidades locales y el tejido asociativo. Desarrollo de servicios pblicos de calidad (enseanza, sanidad) en las zonas rurales como condicin previa para sostener la actividad econmica y social. Promover el crecimiento y diversificacin de los sectores agrario, ganadero, forestal, pesca- acuicultura, turismo y sus industrias y artesanas de transformacin, mediante actuaciones adaptadas a la diversidad de situaciones y oportunidades comarcales. Potenciacin de las ferias y mercados locales, ferias ganaderas, etc. en los aspectos comerciales, culturales y tursticos, manteniendo en todo su rigor los aspectos sanitarios.CONCLUSIONESLa poltica de desarrollo rural debe ponerse en marcha mediante mecanismos de asociacin entre las organizaciones pblicas y privadas, y la sociedad civil, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Es necesario responder de manera efectiva a las necesidades locales y regionales, y mantener un dilogo pleno entre agentes rurales en el diseo y la implementacin, control y evaluacin consiguientes de los programas. La futura poltica debe canalizar el apoyo de la UE a las reas rurales a travs del partenariado local de abajo a arriba a partir de las experiencias del enfoque LEADER. El alcance de la misma depender de la exploracin de nuevos enfoques innovadores a nivel local. Debe darse mayor responsabilidad al asociacionismo dentro de los programas para definir y formular estrategias amplias basadas en objetivos y resultados claramente definidos. Para ello son necesarias cada vez mayor transparencia y responsabilidad mediante el control y la evaluacin. En este sentido se considera esencial el fortalecimiento institucional. Adems, los socios deben tener cada vez mayores posibilidades de aprendizaje a travs de la puesta en red y del intercambio de buenas prcticas.

VIGSIMO CUARTA POLTICA DE ESTADO

Afirmacin de un Estado eficiente y transparenteLa eficiencia del Estado debe manifestarse fundamentalmente en la:a) correcta atencin al ciudadano,b) simplificacin administrativa,c) rendicin de cuentas, que implica tanto informacin sobre el ejercicio, resultados y aspectos financieros de la gestin de las entidades y servidores pblicos, tanto como la definicin clara y asuncin de las responsabilidades detales entidades y servidores que establece a quin y a qu se le puede atribuir, exigir, sancionar, o proporcionar mrito por las acciones del Estado.Es bsicamente en el primer sentido que se han dado avances visibles. As, hay obligacin para los gobiernos Regionales de reportar a la ciudadana por lo menos dos veces al ao, a travs de audiencias. En ello se ha experimentado una significativa mejora. A nivel de municipios, no hay requerimiento especfico en el nmero de audiencias, quedando ello sujeto a su propia reglamentacin, y muchas veces no se ha reglamentado.En general, en el mbito local todava hay mucha resistencia y si bien existen autoridades municipales muy comprometidas con la transparencia.Hasta el momento los temas de transparencia y eficiencia del Estado son abordados desde distintos ngulos. No se cuenta con una institucin que centralice la informacin ni que haga el seguimiento de la normativa dada en esta materia. Todo queda atomizado en diferentes instituciones.Para que la transparencia en el Estado prospere se hace necesario involucrar a vigilado y vigilante, vale decir, a los ciudadanos y a las instituciones estatales. De nada servir que una sola de las partes intente conseguir la transparencia estatal.As, involucrar a los ciudadanos en la tarea de la vigilancia del Estado es imperiosa. La transparencia y eficiencia en el Estado debe permitir a los ciudadanos tener conocimiento de cmo es administrado el Estado y de cmo se gasta el dinero pblico, adems de generar un Estado que est al servicio de los ciudadanos y sus necesidades. Distintos mecanismos han sido implementados en procura de estos objetivos.La Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado (27658) del 2003 dispone que el Estado peruano est en proceso de modernizacin en todas sus instancias con la finalidad de mejorar la gestin pblica y construir un Estado democrtico, descentralizado y al servicio del ciudadano.La Ley Marco del Empleo Pblico (28175) del 2004 busca unificar los diversos regmenes laborales y de prestacin de servicios que existen hoy en la administracin pblica; si bien est vigente desde enero 2005, para su aplicacin plena se requiere que previamente entren en vigencia cinco leyes complementarias. Para cada una de ellas se tieneen espera de ser considerados proyectos de ley correspondientes a cada una de ellas: Sistema de Remuneraciones del Empleo Pblico; Carrera Administrativa del Servidor Pblico; Gestin del Empleo Pblico; Incompatibilidades y Responsabilidades;y Funcionarios Pblicos y Empleados de Confianza).El conjunto de leyes complementarias planteadas en la Ley Marco regularan y ordenaran una diversidad de temas (que hoy son objeto de una multiplicidad de normas) con el objeto potenciar la calidad en la funcin pblica y el logro de resultados de las actividades del Estado, abarcando desde la tica de la funcin pblica; un sistema de responsabilidades sanciones y debido proceso; normas de desempeo y promocin; hasta la planificacin, gestin y evaluacinen el empleo pblico.En cuanto a planeamiento y presupuesto, existe todava un divorcio en su gestin. Los avances en la implementacin del SIAF constituye un logro importante en la racionalizacin y gestin presupuestal, como lo son tambin los convenios de gestin y otros esfuerzos de la PCM y el MEF (como el Sistema de Seguimiento y Evaluacin, SSEGP). Pero todava hay mucha distancia para que se tenga una gestin y evaluacin de los productos (o, ms complejo an, resultados) de las actividades del Estado.Desde el lado de la transparencia, un aspecto de avance es que se ha incrementado tanto a nivel nacional como regional y local el nmero de instituciones que tienen su portal de transparencia.En trminos del Estado en su globalidad, a pesar de los avances y de toda la normativa vigente, falta mejorar an aspectos claves de la administracin pblica para asegurar la provisin ms eficiente de servicios a la ciudadana.

ConclusionesLa plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas es el fin supremo de la sociedad, y constituye el paradigma de las sociedades modernas. Las siguientes caractersticas son una constante en las sociedades ms desarrolladas y traducen mejor la vigencia de los derechos y la dignidad humana:a) Clases medias predominantes y sectores altos y bajos pequeos (forma romboidal de la estructura de ingresos).b) Democracias representativas y participativas con sociedades abiertas, flexibles y transparentes, en las que el poder se ejerce mediante un sistema de partidos basados en la pluralidad y la alternancia, en la aplicacin plena del sufragio universal, y en la participacin y fiscalizacin permanente de la sociedad civil.Modernizacin de la economa de mercado, incorporando objetivos de desarrollo humano y sustentable: equidad, desarrollo institucional o del capital social; desarrollo de las capacidades humanas; participacin de los trabajadores en la toma de decisiones y conformacin de las unidades econmicas pre-empresariales como tercer sector complementario y competitivo con el primer sector (empresa privada) y con el segundo sector (Estado).Al final del primer decenio del Siglo XXI, la sociedad peruana ha optado por la modernizacin econmica y social. En las cinco ltimas dcadas, la historia del desarrollo del Per muestra ensayos discontinuos y frustrados de modernizacin que han sido superados combinando democratizacin poltica con modernizacin econmica en las dos ltimas administraciones. Esta combinacin es el punto de partida para la construccin del escenario del nuevo ordenamiento social. La Constitucin Peruana vigente opta por un modelo de economa social de mercado, que es compatible con crecimiento econmico sostenido en un marco de equidad social. Asimismo, en los ltimos aos el Per ha suscrito un conjunto de acuerdos de libre comercio que abren oportunidades para contrarrestar el reducido mercado interno, a la par que realiza esfuerzos para fomentar la integracin latinoamericana a fin de ganar posiciones en el orden internacional.Por otro lado, en las polticas del Acuerdo Nacional se hace explcita referencia a los objetivos de desarrollo humano sostenible y la expansin del capital humano. Este foro se caracteriza por concertar los esfuerzos de los partidos polticos, los gremios empresariales y los laborales, los gobiernos regionales y los locales, para definir Polticas de Estado que verdaderamente constituyan escenarios deseables de futuro compartido para los aos venideros.

VIGSIMO QUINTA POLTICA DE ESTADO

Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democraciaLa reforma del Sector Defensa se inserta dentro de la Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado, del 30 de enero de 2002, y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N 030-2002-PCM del 03 de mayo de 2002, se declara al Estado Peruano en proceso de modernizacin en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestin pblica y construir un Estado democrtico, descentralizado y al servicio del ciudadano.La finalidad fundamental es la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando los recursos pblicos.El objetivo del proceso es alcanzar un Estado al servicio de la ciudadana, con canales efectivos de participacin ciudadana, descentralizado y desconcentrado, transparente en su gestin, fiscalmente equilibrado y con servidores pblicos calificados y adecuadamente remunerados.Fue en el contexto de la reforma del Estado, que la Comisin de Reestructuracin Integral de las Fuerzas Armadas, en su informe final aprobado mediante Resolucin Suprema N 038-DE/SG del 20 de abril de 2002, seal que su labor se inserta dentro del proceso de modernizacin del Estado. Este proceso se inici con la creacin del nuevo Ministerio de Defensa, rgano del Poder Ejecutivo encargado de disear, ejecutar y supervisar la Poltica de Defensa y de cumplir dos roles fundamentales:En ese sentido, era necesario dotar al Ministerio de una estructura orgnica moderna y eficiente, lo que se llev a cabo con la Ley N 27860, Ley del Ministerio de Defensa, del 11 de noviembre de 2002, que cre los despachos viceministeriales de Asuntos Administrativos y Econmicos y, de Asuntos Logsticos y de Personal, encargados de orientar, ejecutar, supervisar y evaluar las polticas sectoriales en materia econmica y de ejecucin presupuestal, y en materia logstica y de personal, respectivamente. Asimismo, integr como rganos de lnea, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Direccin General de Poltica y Estrategia, en reemplazo de la Secretara de Defensa Nacional, y como rganos de ejecucin al Ejrcito, a la Marina de Guerra y a la Fuerza Area. El Acuerdo Nacional recogi las recomendaciones de la Comisin para la Reestructuracin Integral de las Fuerzas Armadas, incorporndolas en la Vigsima Quinta Poltica de Estado: que indica las polticas orientadoras del proceso de la reforma del Sector Defensa Finalmente, la reforma del Sector Defensa incluye las reformas institucionales propuestas por la Comisin de la Verdad y la Reconciliacin Nacional; as como las acciones consideradas en la Hoja de Ruta 2004-2006 del actual gobierno. Bajo este marco, se vienen implementando las acciones a fin de consolidar la confianza de la sociedad en la integridad del personal que pertenece al Sector Defensa y en su capacidad para cumplir con su misin constitucional.PropuestasReestructuracin de la currcula de los centros acadmicos de las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar la educacin en democracia de oficiales y suboficiales; mejorando, asimismo, las asigna-turas militares con nfasis en las operaciones conjuntas. Reestructuracin del Ministerio de Defensa, encargado de disear, conducir, coordinar y supervisar la Poltica de Defensa, y de garantizar el Control Civil de las Fuer-zas Armadas al cual reportarn el Jefe del Control Civil de las Fuerzas Armadas y dos viceministros (de administracin de recursos econmicos; y de logstica, de personal y material). Formacin de cuadros civiles en temas de seguridad y defensa nacional para lograr su incorporacin progresiva en la gestin del sector defensa. Reformas constitucionales dirigidas a precisar lmites al uso de las Fuerzas Armadas para tareas de desarrollo econmico y social, definiendo, en cada oportunidad, el poder civil, la extensin, duracin y direccin de su aporte. Ley del Sistema de Defensa Nacional. Ley de Movilizacin Nacional. Incrementar las actividades comunes entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la sociedad peruana. Incrementar las actividades de la lite poltica, empresa-rial y cultural en tareas relacionadas con el planeamiento estratgico, la seguridad y la defensa nacional. Incrementar las actividades de Defensa Civil en las que participa.

ConclusionesComo se dijo anteriormente, considero que hay un avance en el reconocimiento de la defensa y proteccin de los derechos fundamentales del personal militar, en especial del personal voluntario que realiza su Servicio Militar tal y como ha sido previsto en la Ley N 29248. Sin embargo, discrepo con la provisin de que sea la Oficina de Asistencia al Personal del Servicio Militar, dependiente de las Inspectoras Generales de las Instituciones Armadas, la que vele por el respeto de los derechos fundamentales del personal. Y ello se debe a comprensibles suspicacias respecto al accionar de las Instituciones Militares y el Sector Defensa, y especficamente a un mal entendido Espritu de Cuerpo, que las hara pasibles de verlas como encubridoras y protectoras de los miembros militares que hubiesen cometido abusos.Nuestra posicin es que la Defensora del Pueblo sea la encargada de velar por tal tarea. No solo porque sea una sino la nica de las Instituciones con el ms alto grado de credibilidad y legitimidad, sino tambin porque est acorde con el concepto de conduccin civil democrtica de la defensa. En tal sentido, y aunque segn la legislacin comparada existan Defensoras del Militar dependientes del propio sector Defensa en otros pases, creo que a la luz de los hechos en perspectiva histrica, lo ms aconsejable sera que fuera un rgano ligado al Parlamento como una forma de contrapeso al Poder Ejecutivo y al sector Defensa en particular. Por ello, planteo que en el marco de la actual estructura de la Defensora del Pueblo, sea la Adjunta para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad la que cuente con un Programa de Proteccin de Derechos en los Institutos Armados y el Sector Defensa. Cabe sealar que en la actualidad dicha Adjunta cuenta con los siguientes Programas: Programa de Proteccin de Derechos en Dependencias Policiales y el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios.Adicionalmente, sera un error pensar que esto es suficiente para garantizar la Defensa y Proteccin de los Derechos Fundamentales de las personas en el Servicio Militar. Debe irse ms all, al punto de que la proteccin de los derechos humanos de los jvenes voluntarios sea una norma debidamente interiorizada en todos y cada uno de los miembros de la Fuerza Armada, sin distingos jerrquicos, y que sea el pilar sobre el cual se levante la Reforma del Sector Defensa transformndola en una institucin funcional al sistema democrtico. En tal sentido, el modelo alemn (que revisramos anteriormente) es un modelo a partir del cual se pueden extraer (crticamente) valiosas enseanzas que pueden adaptarse (y no trasladarse mecnicamente) a nuestra realidad. A partir de la experiencia alemana en la reforma de sus Fuerzas Armadas para un estado democrtico, que reconoce la Supremaca de la Poltica y se basa en los conceptos de Mando Interno, Ciudadano en uniforme y Obediencia Funcional, se podra contar no slo con una Fuerza Armada respetuosa de los Derechos Humanos de las personas en el Servicio Militar, sino tambin con una Fuerza Armada funcional al Rgimen Democrtico al que aspiramos. Pero hay que aclarar que sta incorporacin crtica de los conceptos de la legislacin militar alemana a nuestra realidad, deber formar parte central del proceso de Reforma del Sector Defensa (reestructuracin y modernizacin de nuestra Fuerza Armada en un Estado Democrtico); deber ser incorporada en los reglamentos internos de los institutos armados; ser de conocimiento obligatorio entre todos los miembros de la Fuerza Armada (antiguos y recin incorporados en filas) y consecuentemente interiorizados y practicados. Slo as se podr conseguir lo establecido en el Acuerdo Nacional, Polticas Novena Poltica de Seguridad Nacional y Vigsimo Quinta Cautela de la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia y con las recomendaciones que hiciera en su momento la Comisin de la Verdad y de la Reconciliacin.

VIGSIMO SEXTA POLTICA DE ESTADO

Promocin de la tica y la transparencia y erradicacin de la corrupcin, el lavado de dinero, la evasin tributaria y el contrabando en todas sus formasLa Transparencia es el derecho de toda persona a solicitar, sin expresin de causa, la informacin que requiere y a recibirla de cualquier entidad pblica, en el plazo legal y con el costo que suponga dicho pedido. Segn el Banco Mundial, la transparencia es el flujo de informacin caracterizado, cuanto menos, por accesibilidad, relevancia, calidad y confiabilidad. Son principales beneficios de la transparenciaEl que sereduzcan los conflictos sociales y 2) Los gobiernos ganan en legitimidad. Ambos beneficios a su vez estn concatenados con otros beneficios como: Contribucin al buen gobierno y la gobernabilidad, aumento de confianza y credibilidad, fortalecimiento de la ciudadana, reduccin del abuso del poder, ampliacin dela eficiencia en la gestin pblica ypreviene la corrupcinDentro de las 29 polticas pblicas del Acuerdo Nacional, se encuentra la de promover un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. La Vigsima Sexta Poltica de Estado, establecela promocin de la tica y la transparencia y erradicacin de la corrupcin, el lavado de dinero, la evasin tributaria y el contrabandoen todas sus formas; con este objetivo el Estado: a) Enfatizar los principios ticos que refuercen el cumplimiento ciudadano delas normas; b) Velar por el desempeo responsable y transparente de la funcin pblica, promover la vigilancia ciudadana de su gestin y el fortalecimiento y la independencia del Sistema Nacional de Control;c) Desterrar una cultura de impunidad, el abuso de poder, la corrupcin yel atropello de los derechos;d) Desarrollar una cultura de paz, de valores democrticos y de transparencia, que acoja los reclamos genuinos y pacficos de los distintos sectores de la sociedad; e) Promover una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupcin, que elimine las prcticas violatorias del orden jurdico, incluyendo el trfico de influencias, el nepotismo, el narcotrfico, elcontrabando, la evasin tributaria y el lavado de dinero ; y f) Regular la funcin pblicaPara evitar su ejercicio en funcin de intereses particulares.El Foro del Acuerdo Nacional (AN) abord en su sesin No. 87 la conformacin y funciones de la Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin, cuyo propsito es establecer un mbito en el que se discutan y propongan polticas de transparencia, promocin de la tica y de lucha contra la corrupcin, en el marco de la poltica 26 del Acuerdo Nacional Promocin de la tica y Transparencia y Erradicacin de la Corrupcin, Lavado de Dinero, Evasin Tributaria y Contrabando.En esta sesin, conducida por el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velsquez Quesqun, participaron el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein; el Presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara; el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Carlos Mansilla; el Ministro de Justicia, Aurelio Pastor; el Coordinador de la Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin, Genaro Matute; el Secretario Tcnico del Acuerdo Nacional, Max Hernndez, y los representantes de las organizaciones polticas y de la sociedad civil integrantes del Foro del Acuerdo Nacional.

ConclusionesLa Transparencia es el derecho de toda persona a solicitar, sin expresin de causa, la informacin que requiere y a recibirla de cualquier entidad pblica, en el plazo legal y con el costo que suponga dicho pedido. Segn el Banco Mundial, la transparencia es el flujo de informacin caracterizado, cuanto menos, por accesibilidad, relevancia, calidad y confiabilidad.Son principales beneficios de la transparencia: 1) El que se reduzcan los conflictos sociales y 2) Los gobiernos ganan en legitimidad. Ambos beneficios a su vez estn concatenados con otros beneficios como: Contribucin al buen gobierno y la gobernabilidad, aumento de confianza y credibilidad, fortalecimiento de la ciudadana, reduccin del abuso del poder, ampliacin de la eficiencia en la gestin pblica y previene la corrupcin.Dentro de las 29 polticas pblicas del Acuerdo Nacional, se encuentra la de promover un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. La Vigsima Sexta Poltica de Estado, establece la promocin de la tica y la transparencia y erradicacin de la corrupcin, el lavado de dinero, la evasin tributaria y el contrabando en todas sus formas; con este objetivo el Estado: Enfatizar los principios ticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de las normas; Velar por el desempeo responsable y transparente de la funcin pblica, promover la vigilancia ciudadana de su gestin y el fortalecimiento y la independencia del Sistema Nacional de Control; Desterrar una cultura de impunidad, el abuso de poder, la corrupcin y el atropello de los derechos; Desarrollar una cultura de paz, de valores democrticos y de transparencia, que acoja los reclamos genuinos y pacficos de los distintos sectores de la sociedad; Promover una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupcin, que elimine las prcticas violatorias del orden jurdico, incluyendo el trfico de influencias, el nepotismo, el narcotrfico, el contrabando, la evasin tributaria y el lavado de dinero; y Regular la funcin pblica para evitar su ejercicio en funcin de intereses particulares.Haciendo un balance de las polticas de transparencia desarrolladas por los gobiernos de Paniagua, Toledo y lo que va de Garca, existen an debilidades de carcter cultural, ya que persiste el arraigo de la cultura de silencio y la relativa permisividad con la corrupcin; de carcter poltico como la vigencia del clientelismo, asistencialismo y patrimonialismo, as como la fragmentacin y polarizacin poltica condiciona en las autoridades el miedo a la transparencia y en los opositores el riesgo de distorsin de la informacin.En cuanto a debilidades polticas tenemos que la transparencia no es aun una prioridad nacional real y los Gobiernos Regionales y Locales usan poco sus potestades normativas y de iniciativa. Tenemos debilidades administrativas por los altos costos para acceder a la informacin y por dificultades tcnicas, econmicas y administrativas. Tambin tenemos debilidades de control, ya que los procesos oficiales de auditora no haban incorporado verificacin de obligaciones de transparencia, hasta este ao, y tenemos debilidades de informacin por el elevado desconocimiento del derecho a la informacin pblica en amplios sectores sociales.

BIBLIOGRAFIA

Acuerdo Nacional. Informe de seguimiento 2006-2008. Objetivo II: equidad y justicia social. -- Lima : Acuerdo Nacional, 2009.

Acuerdo Nacional. Informe de seguimiento 2006 2008. Objetivo III: competitividad del pas. -- Lima : Acuerdo Nacional, 2009.

Acuerdo Nacional. Informe de seguimiento 2006-2008. Objetivo IV: Estado eficiente, transparente y descentralizado. -- Lima: Acuerdo Nacional, 2009.

Acuerdo Nacional: Informe de seguimiento 2006-2008. Objetivo I: democracia y Estado de derecho. -- Lima : Acuerdo Nacional, 2009.