VERDAD YCONSECUENCIAINTRODUCCIÓN A LA MEMORIA HISTÓRICA

ASTURIES / 2011-2012

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El sentido de conocer la Verdad de los hechos ocurridos entre 1936 y 1975 está entransmitirlos a la sociedad, de la forma más amplia posible; es la primera cuestión a resolverpara que, con la Justicia  y la Reparación a las víctimas, se pueda completar el ciclo dela Memoria Histórica: Verdad, Justicia y Reparación.

Si hoy  la memoria resulta tan peligrosa, para algunos, es porque se ha ido cargando alo largo del siglo XX de una autoridad que escapa a los controles de los grandes poderesque durante siglos habían impuesto el silencio al derecho, la política y a la ética. Porquela memoria no es un sentimiento sino un conocimiento. Lo que la memoria ha descubiertoes que las víctimas del colonialismo y la esclavitud en el mundo, así como las víctimas dela represión franquista son significativas. ¿Qué queremos decir? Pues que ahora no hayque asumir los hechos como irremediables y lo que toca es pasar página, No. Eso se haacabado. Porque en España no podemos lograr la reconciliación sin la memoria de laguerra y de la  larga posguerra, precisamente por entender la memoria como justicia y alolvido como injusticia. O dicho de otra forma, sin memoria de la injusticia no hay justiciaposible.

Este y no otro es el objetivo de este trabajo compilatorio que debe su contenido a lasopiniones de varios autores publicadas en distintos medios de comunicación, sobre unasunto esencial cual es la represión política y los crímenes de lesa humanidad cometidosa civiles víctimas de un sistema fascista consecuencia de un golpe de Estado en 1936.

La Memoria Histórica, tal como queremos entenderla, es el camino abierto para aplicarJusticia a un conflicto antiguo entre españoles con distintas formas de pensar, que hatenido y tiene víctimas y daños los cuales, a pesar del tiempo transcurrido y, cumplidostres cuartos de siglo, permanecen a la espera de una reparación satisfactoria.

ACERCAMIENTO A LA MEMORIA HISTÓRICA. RESUMEN-GUÍA.

La Represión franquista:Los Bandos de Guerra y los Consejos de Guerra Sumarísimos de urgencia. “ Los niñosperdidos” del franquismo. Condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo deEuropa. Desaparición forzada de personas a través de detenciones ilegales. Condenade la ONU al Régimen franquista.

La impunidad de los vencedores:

El argumento de la equidistancia. El golpe de Estado por los militares como instrumentode los intereses económicos nacionales. El apoyo de la Jerarquía Católica al conflicto.La purga de la Judicatura por la dictadura. Los buenos y los malos, el juicio deNüremberg. El caso Garzón. Una zona oscura de la Transición. La Ley de Amnistíacontra el Derecho Internacional. Recomendaciones del Consejo de Derechos Humanosde la ONU y del Consejo de Europa. ¿Qué hacer?.

Las víctimas del franquismo:

Las víctimas y sus familiares. Un trato diferente. La Transición ¿inmodélica? Ley de laMemoria Histórica. Consideraciones de la Unión Progresista de Fiscales.

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“La violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror subsiguienteno eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principiofundamental del Movimiento”. Así se han expresado historiadores que han estudiado enprofundidad el ejercicio concreto de la represión en el conjunto de España. Si bien larepresión del Régimen franquista tuvo su prolongación en el tiempo incluso después dela muerte del dictador, sin embargo aquí se pretende resaltar un período más concretode la represión que tiene su comienzo el 17/7/1.936, un día antes del golpe de Estado,por los sucesos acaecidos a las tropas fieles a la República en las plazas africanas delnorte y se cierra el 31/12/1.951, dando por buena esta fecha por el abandono de la luchaarmada por los guerrilleros y personas que les apoyaban.

Corresponden pues quince años, donde, desde las más altas instancias del Estado fascista,se practica la detención ilegal con desaparición forzada, los juicios sumarísimos y losfusilamientos, así como otro hecho, no por menos conocido deja de ser más sangrante,como es la sustracción o eliminación de custodia sobre niños de familias republicanas.Los estudios, hasta donde se ha podido llegar, indican la desaparición, muerte o enterramientode unas 114.226 personas, y unos 30.000 el número de “niños perdidos” del franquismo.

El Bando de Guerra y los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia.

La represión inmediata al golpe de Estado se llevó a cabo a través de estas vías. Milesde personas fueron inscritas en los Registros Civiles con la causa de muerte: “Aplicacióndel Bando de Guerra”; aunque un número mucho mayor de personas quedaron sin inscribiren tales registros: personas detenidas, muertas y desaparecidas hasta el día de hoy.

Los Bandos de Guerra se aplican desde el 17 de julio de 1.936 a febrero de 1.937. LosConsejos de Guerra entre marzo de 1.937 y los primeros meses de 1.945. La acciónrepresiva marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban, entre1.945 y 1.952.

Los militares sublevados comenzaron a construir un entramado “jurídico” a golpe de bandosde guerra. En el de 24 de julio, dictado por el general Queipo de Llano, se ordena pasarpor las armas, sin juicio previo, a todos los dirigentes y simpatizantes del Gobierno de laRepública. El del 28 de julio suaviza la brutalidad de su predecesor y abre paso a juiciossumarísimos sin garantías, que terminan, en la mayoría de los casos, con penas de muerte.Llegaron a subvertir el orden jurídico y el lenguaje hasta el extremo de considerar a laEspaña oficial legitimada por las urnas como rebeldes y, por tanto, reos de crímenes detraición a la patria.

Los insurrectos articularon un remedo de legalidad a través de los consejos de guerra,que dictaban penas de muerte masivas en breves horas y cuyo resultado aún sigue impune. Nunca faltó a los sublevados una ley que calzase la realidad a su medida. Una maquinariaparalela de fusilamientos sin formación de causa se extendería por los territorios dominadosen su totalidad. Jornaleros y obreros, y también médicos, abogados, profesores y periodistas

LA REPRESIÓN FRANQUISTA. Período 1.936/1.952

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que se habían posicionado a favor del cambio republicano, entraron en las listas de cárcelo muerte, coacciones o expolios. La contabilidad de los fusilados, de los ejecutados porgarrote vil, de los encarcelados durante décadas y de los que enfermaron, murieron oenloquecieron por carencias incontables o por las torturas, sumarían mucho más. Setrataba no sólo de castigar a aquellos que, por acción u omisión, no se habían sumadoal golpe. La estrategia partía de crear un clima de terror no porque los enemigos hubiesenactuado, sino para que no lo hicieran.

La represión se desarrollaba bajo distintas modalidades. El Patronato de Redención dePenas por el trabajo, institución creada por el franquismo, legalizaba la utilización de presospolíticos para labores públicas y privadas, de empresarios adeptos. La redención de penaspor el trabajo era un puro eufemismo. A los presos, por el delito de pertenecer o simpatizarcon los defensores del orden constitucional, primero se les privó de libertad y, después,se les condenó a trabajar, aunque el perverso sistema convirtiera el procedimiento envoluntario. De ellos se aprovecharon no pocas empresas de renombre. Se les humilló yse les explotó. La Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1.939, cubrióbajo un manto jurídico la voluntad de expoliar al vencido, empobreciendo todo su entornofamiliar. Al crear círculos concéntricos de aislamiento sobre los que habían sido señaladoscomo enemigos, una masa de la población fue segregada, descabalgada de una super-vivencia digna y de toda posibilidad de ascenso social.

“Los niños perdidos” del franquismo.

La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad. También lo es elrobo de niños ocurrido en la España de la posguerra.

Hace varios años que circulan noticias sobre extravíos y desapariciones de menoresdurante la posguerra española, que generan con frecuencia asombro, extrañeza e inclusoescepticismo, a pesar de la solidez de los datos.

Sin embargo, extravíos, pérdidas y desapariciones infantiles no sucedieron como efectonatural de la miseria y el desorden de cualquier posguerra, pues no fueron consecuenciadel resultado de una derrota, sino de una victoria. Su realidad no fue un episodio, sino unproyecto organizado y bien estructurado para conseguir la reeducación masiva, latransformación de existencias. Ha sido un elemento estructural de las prácticas represivasdel nuevo Estado español, desarrolladas por las instituciones del Estado, su burocraciay un ordenamiento jurídico específico.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Declaración de condena dela dictadura franquista de fecha 17 de marzo de 2.006, dice lo siguiente:

[indagar esta peculiar forma de desaparición “legal” de personas durante la guerra yespecialmente en la posguerra hasta la década de los años cincuenta.

Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijosde presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictasal régimen.

Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porqueel régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación.

Niños refugiados (que habían sido trasladados legalmente a otros países con amparo dela Cruz Roja) fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación”

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del régimen y, posteriormente, situados en instituciones franquistas del Estado.

El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba deesta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente“los pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables.Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en lasinstituciones del estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos.]

Esta declaración nos pone ante hechos verdaderamente graves y que durante más de 75años no han sido objeto de la más mínima investigación, específicamente tras la entradaen vigor de la Constitución.

Las cifras de niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado, según la memoria delPatronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas elevó alCaudillo de España en 1.944, ascendía a 12.042, la mayoría de los cuales, en especiallos niños (7.538) estaban en centros religiosos, cifra que en la década 1.944-1.954 pasóa ser de 30.960 niños, la mayoría huérfanos de guerra con padres muertos, presos,exiliados, clandestinos o desaparecidos. Muchos nombres de niños y niñas aparecen conuna indicación del paradero de sus padres verdaderamente inquietante: Alemania, Auschwitz,Mathausen y un abanico de todas las cárceles de España.

Esta situación, a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a gran mayoríade los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamenteocurrió y tuvo claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdaderavoluntad criminal para que las familias de aquellos niños a las que no se les considerabaidóneas para tenerlos porque no encajaban con el nuevo régimen, no pudieran volver atener contacto con ellos.

Sobre una circunstancia similar que tuvo lugar cuatro décadas después en Argentina,Ernesto Sábato escribió lo siguiente sobre la desaparición de niños: “Despojados de suidentidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituiránpor largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeadoa lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente y se ha dado forma a una nueva modalidad detormento”.

Fue el nuevo Estado quien efectuó la institucionalización del proceso legal que facilitó lasdeportaciones y pérdidas infantiles. No fue un hecho clandestino como las desaparicionesforzadas y se mostró orgulloso de ello, presentándolo como un acto benéfico. Fue ladepuración que el franquismo consideró necesario establecer con la división entre vencedoresy vencidos. Lo relevante y genuino de estos casos no fue la desaparición física o civil, sinola proscripción civil, la cual se mantendrá toda la vida: un hijo de rojo, un hospiciano serásiempre portador del estigma.

¿Se puede mantener y no caer al menos en ignorancia inexcusable, que respeto a los“niños españoles desaparecidos”, fuera de nuestro territorio, especialmente en los camposde concentración franceses, bajo control nazi, no tenía competencia un juez de Instrucciónde la Audiencia Nacional, no solo antes sino incluso ahora tras la denunciable últimareforma de sus competencias? Teniendo en cuenta que las propias víctimas, que con todaprobabilidad sobreviven, siguen desconociendo su verdadero origen.

En estos casos se perfila el plan sistemático e ideológico para la formación del nuevoEstado aplicado a quienes se consideraban contaminados o no aptos para asumir elcuidado y educación de los hijos, por sus ideas políticas. Esta doctrina había sido implantada

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con el auspicio y por orden del Jefe del Estado en la Ley 4/12/1941, unos días antes deque en la Alemania nazi se promulgara el decreto Noche y Niebla, y que inauguró, a nivelinternacional, la desaparición forzada de personas como forma de crimen contra lahumanidad, pero que, de manera similar se estaba produciendo y continuaría produciéndosea lo largo de la década en España.

Hechos graves que durante más de 75 años no han sido objeto de la más mínimainvestigación, en especial tras la entrada en vigor de la Constitución y después de haberdesaparecido los obstáculos que durante toda la Dictadura habrían impedido esta peculiarforma española de desaparición “legal”.

Desaparición forzada de personas a través de detenciones ilegales.

Los “paseados”, así se referían sus verdugos a este grupo de víctimas, son las personasdesaparecidas a través de detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas,de sus cuerpos o de su identidad, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad ycomo resultado de un plan sistemático de exterminio propiciado o favorecido por elalzamiento contra la República y sus altos organismos, es decir, contra la Forma deGobierno hasta el punto de acabar con ella.

“Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras susautores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientrasno se hayan esclarecido los hechos”. Criterio que viene manteniendo la ONU y que es,exactamente, la situación vigente en España respecto de tantos miles de personas.

Mediante la desaparición forzada de personas se construye un mecanismo de apoderamientode la vida humana, que tiene su respaldo en la impunidad que ofrece las estructurassuperiores de un Estado basado en el terror.

Las denuncias presentadas ante los Juzgados de Instrucción lo son en base a presuntosdelitos de DETENCION ILEGAL, fundamentalmente por la existencia de un plan sistemáticoy preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes,torturas, exilio y desapariciones forzadas de personas a partir de 1.936, durante la GuerraCivil y los siguientes años de posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos delterritorio español.

A fecha de hoy se desconoce el paradero de miles de estos detenidos, pertenecientes ala población civil contra los que se han cometido actos inhumanos durante y después dela guerra. Es la desaparición forzada de personas por medio de la detención o el secuestropor un Estado o una organización política; desaparición a la que sigue la negativa a informarsobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esaspersonas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.Un período de tres cuartos de siglo no ha sido suficiente para conocer el paradero deestas personas bien porque fueran desaparecidas o bien porque, habiendo sido ejecutadas,no se sabe donde se hallan los cuerpos que fueron inhumados en lugares sin identificaciónalguna. Esta acción es precisamente la que determina que ahora se plantee la exigenciade responsabilidades.

La primera premisa que establece el Juez Garzón en su razonamiento jurídico se refierea que el hecho objeto de denuncia nunca ha sido investigado penalmente por la Justiciaespañola, por lo que hasta el día de la fecha, la IMPUNIDAD ha sido la regla frente a unosacontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de Crimen contra la Humanidad,

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el cual parte de un principio básico y fundamental: que estas conductas agreden en laforma más brutal a la persona en sus derechos más elementales como la vida, la integridad,la dignidad y la libertad. Estos valores y principios, antes que estatales, son humanos yde ahí su obligatoriedad si no se quiere dar cobertura a la barbarie.

El Estado es el responsable de encontrar a los desaparecidos, tal como instruyen las leyesinternacionales. Como escribió el periódico inglés “The Guardian” a las izquierdas (españolas,se refiere) ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos. Tal nivel de crueldadno tiene equivalente en la Unión europea.

Condena de la ONU al Régimen franquista

Estas prácticas, como el hecho de ser España un país aliado de la Alemania nazi y de laItalia fascista en la segunda Guerra Mundial, hacen que la ONU adopte dos Resolucionesrespecto al Régimen franquista, la 39 de 12/1.946 por la que la Asamblea General declaraFascista el régimen de Franco, y mediante la Resolución 32 de 2/1.946 rechaza la peticiónde incorporación a la ONU.

Finalizada la guerra civil, los hechos nos muestran lo siguiente:

El bando vencedor dio un golpe de Estado contra las instituciones democráticas,

con abundante derramamiento de sangre,

instalan un sistema fascista y represivo durante cuarenta años,

además, pretenden tener razón.

Sobre esta “realidad” está el origen de la impunidad que ampara la causa franquista,impunidad que se debe combatir. No podemos olvidar que la impunidad hace que lasheridas permanezcan abiertas. Sobre la base de la impunidad no es posible la construccióndemocrática. La Justicia está obligada a la búsqueda de la verdad, porque Verdad yJusticia permiten conformar la memoria histórica de un pueblo, desmontando la historiaoficial de la dictadura.

El argumento de la equidistancia.

A menudo, se escuchan voces desde la derecha, y otras voces que no se tienen por tal,el argumento de que ambos bandos en la Guerra Civil hicieron las mismas salvajadas. Eslo que se entiende como argumento de la equidistancia, por cuanto, entienden quieneslo defienden, que tan salvajes y fundamentalistas fanáticos han sido los unos como losotros. Este tipo de argumentación concluye que es mejor no reavivar la memoria, puesabriría las heridas, asumiendo, erróneamente, que estaban cerradas.

LA IMPUNIDAD DE LOS VENCEDORES

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El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano (muchosmenos que los cometidos por el Estado fascista) no niega, sin embargo, que tal equidistanciano sea tanto una explicación, sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia,pues de raíz trata de poner en la misma balanza a aquellos que lucharon por la democraciay a los que se opusieron a ella. Poner a curas y monjas asesinados por los republicanosen la misma categoría que los alcaldes, sindicalistas y miembros de las asociacionesrepublicanas es ignorar lo que cada uno representaba. Las monjas y los curas eran partede una institución beligerante, la Iglesia, que había llamado al ejército a que se alzara encontra de un Gobierno enormemente popular y elegido democráticamente. Es comprensibleque las clases populares odiaran a la Iglesia y que unos extremistas quemaran iglesias yasesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes -comprensibles,pero no justificables- no fueron políticas de Estado, como sí lo fueron los asesinatossistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. No sólo el númerode muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturalezade los muertos, distinguen las fuerzas democráticas de los fascistas. De ahí la enormenecesidad de las derechas de poder justificar su comportamiento diciendo que los otrostambién lo hacían.

El modelo español de impunidad no consiste en la ausencia de procesos judiciales a losresponsables políticos de la dictadura, sino que debido a la evolución política, social ycultural del país ha ido vinculando la expresión impunidad a la negativa del Estado dedestruir, o anular, jurídicamente la vigencia legal de los Consejos de Guerra y las sentenciasemitidas por los tribunales especiales de la dictadura contra la resistencia, la oposición ysu entorno social; así como el criterio de equiparación ética entre rebeldes y leales a laConstitución de 1.931, o entre servidores y colaboradores de la dictadura con los opositoresa ella, que la Administración del Estado sostiene todavía hoy, haciéndoles impunes éticay culturalmente y, en consecuencia, políticamente.

El golpe de Estado por los militares como instrumento de los intereses económicosnacionales. El apoyo de la Jerarquía Católica al conflicto. La purga de la Judicatura porla dictadura.

Por mas que intenten enmascarar los hechos, la de España ha sido una guerra de clasesque comienza con un golpe de Estado de los militares planificado sistemáticamente, comosalvaguarda de los intereses económicos de la clase privilegiada asustada por los derechosadquiridos por la clase trabajadora de manera democrática en la República.

La Jerarquía Católica mantuvo una actitud hostil desde la primera hora de la República,que aún permanece velada; que había llamado al golpe militar, y consideró la guerra comouna cruzada. Aportó un fundamento ideológico con el nacionalcatolicismo actuando en“defensa del Occidente cristiano” y, a continuación, se posicionó bendiciendo la represiónpolítica y los crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en los territorios ocupados porlos golpistas. El catolicismo asociado al poder creó fórmulas curiosas que disfrazaron ladureza del régimen con sus enemigos.

Así se consolidó un Régimen totalitario apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista,mientras sufría el repudio del resto de las democracias europeas y era condenado por lospaíses que formaban la Asamblea General de la ONU, creada por aquellas fechas.

Quienes se rebelaron contra el Gobierno legítimo y cometieron, por tanto, un delito contrala Constitución entonces vigente llevaron a cabo la insurrección con una muy concreta

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finalidad, acabar con el sistema de Gobierno y los Altos Organismos de la Nación que lorepresentaban. El denominado “Alzamiento” fue el instrumento adecuado para que, en uncontexto de crímenes contra la humanidad, se produjeran detenciones ilegales sistemáticas,indujeran y ordenaran las previas, simultáneas y posteriores matanzas y torturas de losopositores políticos, y provocaron el exilio forzoso de miles de personas. A fecha de hoyse desconoce el paradero de miles de estos detenidos.

Solo restaba ofrecer una apariencia de legalidad aunque para ello fuera necesario que losmiembros de la Judicatura que defendían el ordenamiento jurídico de la República españolafuesen represaliados y expulsados y en su lugar los cargos fuesen ocupados por quienes,de acuerdo con los golpistas, expresaran lealtad al nuevo orden fascista. Aún no pocosde los actuales Magistrados que ocupan los más altos cargos de la Judicatura, juraronlealtad a los principios del Movimiento, practicaron juicios en el TOP a demócratas opositoresal franquismo y mantienen que las izquierdas durante la República fueron la causa de laGuerra Civil.

El régimen de Franco sienta los cimientos “legales” de un monumental aparato represivobasado en dos principios antijurídicos: la arbitrariedad y la retroactividad. Llegando a crearleyes tales como la Ley de Responsabilidades Políticas de 1.939, para aplicar retroactivamentea las personas físicas y jurídicas en actos comprendidos entre octubre de 1.934 y julio de1.936; la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1.940 y la Ley de Seguridaddel Estado de 1.941.

Si la Ley de Responsabilidades… persiguió la disidencia pasada, la de Seguridad… otorgóal Régimen la posibilidad de perseguir, por delictiva, cualquier disidencia futura. Entretanto,mediante un decreto de setiembre de 1.939 ordena la salida de prisión de cuantos puedandemostrar su afección al régimen, sea cual sea su delito. O sea, una auténtica amnistíageneral para los suyos.

Los buenos y los malos. El juicio de Nüremberg.

La Guerra Civil no consistió en la lucha entre dos bandos, sino entre defensores de unEstado republicano con un gobierno democráticamente elegido y, por otro lado, losgolpistas, criminales que violaron brutalmente el estado constitucional establecidodemocráticamente.

Los que lucharon por la democracia eran los buenos. Y los golpistas eran los malos.Desechar esta categorización, tachándola de maniquea (como constantemente hacen lossucesores de los vencedores), es diluir sus responsabilidades en lo acaecido. El hechode que los buenos hicieran también actos injustos no niega su superioridad moral. Enpaíses europeos que sufrieron el nazismo y el fascismo no tienen las dudas que aúnpersisten en España.

Solo el triunfo en la guerra civil y la consolidación de la dictadura fascista en nuestro paísexplica que no se llevara a cabo un juicio a los franquistas al estilo del celebrado enNüremberg por las democracias vencedoras en la guerra a los responsables del nazismo.

El caso Garzón.

“Bochornosa”, así definió el periódico inglés The Guardian el enjuiciamiento al juez Garzóna propuesta de la Falange por atreverse a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y

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responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos. Esimpensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la Unión Europea y muestralo enormemente incompleta que es la democracia en España.

Febrero 2.010. La Asociación Jueces para la Democracia, entre otras cosas, dice losiguiente: El análisis de los crímenes de la represión franquista es una tarea ardua y dealta complejidad. Porque representa una realidad terrible, que nos resulta difícil de deciry de contemplar, con decenas de miles de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmentey enterrados indignamente como desechos humanos prescindibles en fosas comunes, deniños arrancados a sus madres, familias y centros de acogida a quienes se les despojódel nombre y de la identidad; víctimas que no han tenido acceso a la justicia ni a la verdad,ni obtenido reparación a esta fecha.

Ahora sabemos que en España hay cosas que no se tocan y el franquismo es una deellas. Pues la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo juraron lealtad a los principiosdel Movimiento y otro grupo de jueces menos numeroso y “progresista” se hermanó bajouna misma causa con Falange Española y Manos Limpias para no desatar lo que estabaatado y bien atado.

Pasará a la historia el juez Baltasar Garzón como aquel que intentó dar a las víctimas delfranquismo lo que la decencia les otorga: información, reparación y dignidad. En esto sebasa el auto de Garzón, el cual afronta una acusación de prevaricación por dictar unaresolución que ni es injusta a ojos de la razón ni es disparatada en derecho, como pruebaque varios magistrados de la Audiencia Nacional la respaldaron. Sin embargo, lo verdade-ramente terrible de sentar a Garzón en el banquillo es que se consagra de forma irreversibleel punto y final que supuso la Amnistía de 1.977, una ley del silencio que perdonó a losinocentes y dio inmunidad a los verdugos.

La resolución judicial del Juez Garzón responde a los más estrictos cánones asumidospor la comunidad internacional. La vida, la dignidad, la libertad y la justicia constituyen lospilares sobre los que se construye una sociedad civilizada. El poder judicial no puedeignorar estos valores y principios que, además, les vienen impuestos por los tratadosinternacionales asumidos por España.

Pero no nos precipitemos: el Tribunal Supremo deberá resolver si la inaplicación de la Leyde Amnistía entra en el terreno de lo discutible y deberá pronunciarse sobre si el JuezGarzón actuó en el ámbito de su independencia judicial; también si se ha respetado suderecho a un proceso justo. En su caso, el Tribunal Constitucional y, en última instancia,el Tribunal europeo de Derechos Humanos deberán pronunciarse sobre idénticas cuestiones.

Una zona oscura de la Transición.

La Transición no era una rotura con el anterior régimen, pues aún cuando la dictaduramurió en la calle (por lo que supuso la agitación social procedente de la clase trabajadoracomo motor del cambio) la Transición se hizo bajo el dominio de la nomenclatura delrégimen anterior.

Fue más la abertura de aquel Estado a los partidos de izquierda que una rotura con elEstado anterior. La Transición se basó en una enorme injusticia cuando reconocemos elhecho que, para conseguir la paz, hubo que aceptar las injusticias que se han hecho alos vencidos, a los desaparecidos o a los niños robados, o ver como enjuician a un juez

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que se atrevió a intentar llevar a los tribunales a los responsables. Sin olvidar que en nuestraguerra civil los buenos, por defender el orden constitucional, fueron los vencidos.

No se impuso a la sociedad ningún olvido, pero sí hubo un amplio silencio oficial. No sereprimió el conocimiento de ese período, pero faltó socialización del mismo y reconocimientopúblico. Y en aras del consenso no se acometió ninguna política conmemorativa, pero noadoptar ninguna política es adoptar ya una que estimuló la privatización de las memoriasy perpetuó el desequilibrio entre la presencia pública de uno y otro bando y de sus víctimas.

Lo cual explica los silencios sobre nuestro pasado. Y por razones de salud democrática,debemos exigir que la versión histórica de los vencidos sea la que domine y que el Estadose considere continuador del Estado democrático republicano. Hasta que ello ocurra, laTransición no habrá terminado.

La Ley de Amnistía contra el Derecho Internacional. Recomendaciones del Consejo deDerechos Humanos de la ONU y del Consejo de Europa.

La Ley de la Amnistía fue resultado de la movilización popular liderada por las izquierdasy cuyo objetivo primordial (en el momento de su aprobación, en el período preconstitucional)era sacar de las cárceles a los que lucharon en contra de la dictadura. Las derechas(Alianza Popular) no la apoyaron. De reconciliación tuvo poca.

Convertir los verdugos en víctimas nunca puede ser un acto de justicia. Están convirtiendoel pacto de amnistía en un principio de ocultación del pasado, de negación del reconocimientoa las víctimas y de blanqueo del franquismo. Se pactó una amnistía que protegiera a todoslos potenciales protagonistas del cambio, los que venían del franquismo y los que veníande la resistencia. Pero esta amnistía no significaba una absolución del pasado. Era aplazarel duelo para realizarlo cuando la democracia hubiese alcanzado ya su madurez y suequilibrio.

Pero el tiempo de silencio no podía ser indefinido. La opinión pública extranjera no puedeentender que España sea incapaz de encarar la revisión de la dictadura que han hechoya otros países como Chile y Argentina. Lo decía el The New York Times: “España necesitauna explicación honesta de su pasado, no perseguir aquellos que tienen el valor de exigirla”.

La Ley de Amnistía ha implicado la impunidad de gravísimos delitos de lesa humanidady no supera los más elementales test de Derecho Penal Internacional a los que debesometerse cualquier país. Éste es el motivo por el cual la justicia española pidió la detenciónde Augusto Pinochet en Londres y condenó al torturador Adolfo Scilingo por los “vuelosde la muerte” en Argentina. Y es que entre los hechos amnistiados en España se encuentrala entrega de prisioneros para ser enviados a Mauthausen, por lo que sostener la validezde esa ley y sancionar a quienes la desafían, coloca a España en una posición de abiertacontradicción con la Carta de Naciones Unidas, la Convención contra el Genocidio, losConvenios de Ginebra y sus Protocolos, la Convención de Naciones Unidas y su pareuropea. Hay que recordar que en el año 2.008 el Comité de Derechos Humanos deNaciones Unidas ya indicó a España que debe derogar esa ley y dictar normas necesariaspara el reconocimiento y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por lostribunales nacionales.

La amnistía en caso de desaparición forzada fue rechazada por la resolución 828 de 26de setiembre de 1.984 del Consejo de Europa. Es decir, la desaparición forzada depersonas es un crimen contra la humanidad, el cual no podrá ser considerado como

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un delito político y está sujeto a las normas de extradición, no es objeto de limitacióny no está cubierto por leyes de amnistía.

La ley de Amnistía condujo a imponer una suerte de amnesia oficial, un mecanismo de“ceguera inconsciente” mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradablesde su memoria. Es lo que ha querido evitar el juez Garzón: revelar la naturaleza malévoladel franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Tal como señaló el The New YorkTimes en una editorial “en este caso los crímenes reales son las desapariciones, no lainvestigación del juez Garzón”. El cual lejos de haber aplicado incorrectamente el derechovigente, respetó el sistema de fuentes jurídicas del que España es parte y que no convalidaamnistías de delitos de lesa humanidad.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realiza las siguientes recomendaciones alGobierno de España:

1 Respetar la independencia judicial y apoyar a través de la Fiscalía General las investigacionesjudiciales sobre crímenes contra la humanidad, en particular las desapariciones forzadas.

2 Derogar inmediatamente la Ley de Amnistía de 1.977 y establecer una Comisión de laVerdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil yla posterior represión franquista.

3 Incluir el delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal y definirloconforme al derecho internacional.

4 Asegurar la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada.

5 Asegurar que los tribunales puedan aplicar la imprescriptibilidad en forma retroactiva enlos casos de derecho internacional, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.

6 Retirar la eximente de “obediencia debida” e introducir la responsabilidad penal de jefesy superiores y

7 Asegurar que en materia de desaparición forzada y otros delitos o crímenes internacionalesno sean aplicables inmunidades o amnistías.

¿Qué hacer?

Los enterrados aún en fosas anónimas, la pervivencia de espacios y símbolos franquistas,la falta de memoriales democráticos, la canonización por la Iglesia de cientos de “mártires”,el sinsentido de que se procese a un juez que trata de perseguir judicialmente los crímenesdel franquismo… todo ello muestra que queda mucho por hacer y compensar. Todademocracia que se precie debería preservar su patrimonio pasado. Preservarlo, perotambién garantizar su pluralidad, huyendo de lecturas únicas y definitivas, su socializacióny su conversión en espacio de debate, resignificación y participación ciudadana.

Todo este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vistasimbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1.977, con la Ley deAmnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos dedetenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política dememoria. Obviamente al haber desaparecido, por causas biológicas, los principalesresponsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenesabominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Pues si tanto apasionaa millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en

Las víctimas y sus familiares.

La ONU recordó a España que sigue manteniendo un triste récord de dudoso éxito: elmayor número de cadáveres no identificados e ilegalmente enterrados, superior a cualquierotro país de nuestro entorno. Son más de 110.000 las víctimas secuestradas, asesinadasy desaparecidas en la más flagrante ilegalidad (sin juicio, sin defensa, sin certificado dedefunción). A este crimen (secuestro, asesinato y entierro clandestino) el actual derechointernacional le llama “delito de desaparición forzada” definido y asumido por la ONU comotal con carácter de crimen de lesa humanidad no prescriptible.

“El pasado no está pasado” Esta célebre cita del escritor estadounidense y premio Nobelde literatura Willian Faulkner nos ayuda a encarar un problema sin resolver siete décadasdespués del drama que lo generó. No podemos dejarnos engañar una vez más por lasderechas, que para mantener el dominio que ejercen sobre una mayoría de la sociedad,presentan los efectos y nunca las causas que originan hechos criminales del tipo que nosocupa. Quien conoce el pasado domina intelectualmente el presente, a la vez que estáen situación de condicionar el futuro; sin embargo, quien desconoce los hechos estácondenado a repetirlos.

Contra esta forma de ver la historia son muchas las víctimas de la represión franquista quesiguen hoy demostrándonos su extraordinaria fortaleza para superar momentos especialmenteduros y conectados entre sí: humillaciones directas, hambre, expolio de bienes, muertede familiares, falta de reconocimiento como víctimas, etc. Y merecen un reconocimientoy trato colectivo que aplique los principios básicos de derechos humanos que toda víctimade la violencia merece: verdad, justicia y reparación. Resulta increíble que hoy, en plenosiglo XXI, se recete el olvido sólo para las víctimas que no son cercanas. Increíble quepretendamos seguir sometiendo al miedo a las víctimas del franquismo.

LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

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juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a lamemoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, queel franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable.

Es por ello, que el reclamo contra la impunidad tiene un fuerte, esencial y conflictivocontenido ético-político que genera gran incomodidad social y así seguirá mientras elEstado continúe alimentando esa equiparación que más justo sería llamar por lo que es:vacío ético. El camino por recorrer contra la práctica de esta doctrina de impunidadequitativa será largo pero necesario hasta que los gobernantes lleguen a la conclusiónde que no es posible equiparar el criminal y la víctima.

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Un trato diferente.

Cabe recordar que las otras víctimas recibieron y reciben homenajes y reparaciones desdelas exhumaciones desarrolladas por el franquismo, hasta los regalos a las viudas y otrasvíctimas en forma de puestos en la administración pública, reparaciones económicas, etc.en resumen:

Un decreto de abril de 1.938 concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanosde los familiares sublevados muertos en cautiverio. En diciembre de 1.940, se extendiópor ley estas pensiones a las viudas, huérfanos y padres de los militares que combatierono se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados o murieron en la guerra.En julio de 1.941 se creó la figura de los funcionarios civiles muertos en campaña parasubsidiar a sus familiares.

Ese mismo año, en diciembre, otra ley hizo extensivos esos beneficios a los padres desacerdotes “muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. Y otra norma dejunio de 1.947 fue más allá hasta hacer beneficiarios a los “caídos en la revolución de1.934” a los que se consideró muertos en campaña. En agosto de 1.939 se había aprobadoya el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes yexcautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra, y se reservó el 80% delas plazas en los niveles inferiores de la Administración.

Respecto a la localización de las víctimas, una orden de mayo de 1.940 sobre exhumacionese inhumaciones de “cadáveres asesinados por rojos” estableció el procedimiento: “Todapersona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinadospor las hordas rojas, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo algobernador civil de la provincia correspondiente”.

Pero no solo reparaciones, también homenajes públicos, masivos y cotidianos que continúanhoy en forma, por ejemplo de elevación a los altares, sin que nadie hable de reabrir heridas,guerracivilismo, vómitos u otras lindezas, que sí aplican cuando las víctimas no son afines.

Frente a la Ley de la Memoria Histórica defendida por la izquierda no sin pudor, la Iglesiamilitante le lanzó un órdago a la cara y con el apoyo de la derecha montaraz se dispusoa beatificar de una tacada en San Pedro de Roma con todo el boato, a 498 religiososespañoles asesinados durante la guerra civil y a crear en Valencia un oratorio de las víctimas.Esta es la diferencia. Mientras el gobierno socialista trataba a duras penas de sacar delas cunetas y de las fosas comunes a los asesinados del bando republicano y de reivindicarla inocencia de cuantos fueron condenados a muerte en juicios militares sumarísimos sinninguna garantía, la Iglesia bajo la divisa de la santa desvergüenza eleva a sus mártiresde la guerra civil a los altares por si aún no tenían bastantes rótulos de calles, monumentosy cruces en las fachadas, con lo cual la división de las dos Españas será consagrada portoda la eternidad en la tierra, en el cielo y en el infierno.

A pesar de la máxima de Quevedo que dice “donde hay poca justicia es un peligro tenerrazón”, debemos desarrollar medidas de reparación, justicia y verdad para las víctimas dela represión franquista, especialmente para aquellas que fueron más vulnerables, comolas mujeres, porque el tiempo todo lo cura, menos las injusticias que las agravan.

La Transición ¿Inmodélica?

La oposición de las derechas a que la sociedad española disponga de un conocimiento

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del pasado, se explica porque el que controla la visión del pasado controla la hegemoníaintelectual del presente. En política, el olvido es un arma de una eficacia temible: bastacon no analizar las causas del fenómeno, solo sus efectos. Esta es la explicación deldominio de las derechas en nuestro país en el proceso de la Transición política de ladictadura a la democracia en España que, en opinión de algunos autores, fue una Transiciónprofundamente inmodélica, pues produjo una democracia muy limitada, en la que lasfuerzas que dominaron el aparato de la dictadura franquista continúan teniendo graninfluencia sobre el estado español. Esto explica la enorme resistencia de los vencedoresy de sus descendientes (biológicos o ideológicos) a admitir las enormes atrocidadescometidas por la dictadura. Los vencedores y sus descendientes nunca conocerán elenorme sufrimiento de los vencidos y sus descendientes. No fueron sólo los asesinatos,torturas y exilio, sino también la constante humillación durante 40 años.

Se fraguó un pacto de silencio sobre las responsabilidades de los verdugos y de quieneslos ayudaron o los sostuvieron para que los hijos de las víctimas pudieran para que loshijos de las víctimas pudieran recuperar la democracia por la que sus padres lucharon,siéndoles finalmente negada. Después se llegó a la conclusión de que el perdón de losverdugos nada tenía que ver con el olvido de sus víctimas. Y que para restañar convenien-temente las heridas lo mejor es examinarlas.

Ley de la Memoria Histórica.

Las instrucciones del Gobierno de Zapatero para su redacción, no era una ley de la memoriahistórica, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la GuerraCivil y de la dictadura. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, pues es criterio deeste Gobierno que el nuevo estado democrático era continuista del estado anterior, y porlo tanto no podía anular juicios aprobados por el estado anterior. Es más, de hacerlotendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo estado noestaba dispuesto a realizar.

Sin embargo, cualquier intento de ensamblar la dictadura con la democracia carece desustento jurídico, político y ético. El pasado debe ser expulsado del marco de la democraciaa través de la declaración de nulidad de las sentencias infamantes que repugnan a laconciencia de los seres civilizados.

Considerar como un proyecto factible el desarrollo de una ley de reconocimiento quesatisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llamanlos dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel períodode nuestra historia, lo cual es obviamente falso.

Una recuperación justa con homenaje a las víctimas, lleva inevitablemente a denunciar alos vencedores, lo que requiere no solo la recuperación de la memoria de los vencidos,sino la corrección de la historia que se ha enseñado a la juventud de este país.

Pero sobre todo que se lleve a efecto el criterio de justicia universal, que tiene un alcancemuy específico respecto de hechos que afectan no al individuo aislado como tal, sino alindividuo como colectividad, como universalidad. Hay determinados delitos que soninequívocamente universales, al punto que se denominan de lesa humanidad. Hace añosque la Justicia española ha aceptado ese concepto y el derecho internacional vigenteestablece la necesidad de que esos delitos sean juzgados.

Con motivo del manifiesto de solidaridad y apoyo al Magistrado de la Audiencia Nacional

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Baltasar Garzón, la Unión Progresista de Fiscales dice, entre otras cosas, en relación ala Ley de la Memoria Histórica:

“…consideramos que de una vez, debe ser el Estado quien asuma la obligación derecuperación de los restos de víctimas desaparecidas. En este sentido, reclamamos lacreación de una Agencia Nacional de Reparación de las víctimas, con las siguientesfunciones:

- En el caso de sustracción de menores: creación de una base nacional de ADN,descubrimiento de la verdadera afiliación de los interesados y, en su caso, aportación dedatos de relevancia penal.

- Obtención de reparación moral y económica a las víctimas y sus familiares en el casode que no se haya obtenido ya.

- Integración en esta Agencia de un Fiscal que se encargará de coordinar las actuacionesa fin de remover los obstáculos que pudieran surgir en los distintos procedimientos judicialesa favor de las víctimas”.

Agosto de 2.011