Prólogo de André Gorz

Manifestó

Utopia

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Manifestó

UtopiaSí, otra forma de imaginar, de pensar y de hacer política es posible. Existen otras

perspectivas que la resignación y la sumisión al modelo actual.

Para Utopía no se trata tan sólo de hacer correcciones al margen del sistema capitalista que acentúa las desigualdades y destruye el planeta. El desafío es el de construir un proyecto político que permita a cada uno desarrollarse individual y colectivamente.

La originalidad de Utopía consiste en elaborar análisis y proposiciones en el seno del mundo asociativo, pero también en los movimientos y partidos de izquierda, desde los objetores de crecimiento hasta el Partido Socialista, pasando por los Verdes, los altermundialistas, los antineoliberales y los alternativos.

Pero para construir previamente hay que deconstruir, y para eso, cuestionar tres alienaciones, el dogma del crecimiento como solución mágica a todos los males, el consumo como único criterio de realización individual y el trabajo erigido en valor absoluto. Nuestra utopía considera que la reflexión aliada a la imaginación es capaz de crear un proyecto político fuerte que seduzca a la mayoría.

Ese es nuestro imperativo y nuestra urgencia.

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Para Dorine y André Gorz

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Manifestó Utopia

INDICE

Prólogo: La salida del capitalismo ya ha comenzado André Gorz 7

Introducción: La problemática del sentido y del ideal 12

I. Otro modelo de desarrollo 14Nuestra respuesta al dilema del crecimiento, la sociedad de consumo y la centralidad del valor trabajo 14Capitalismo, democracia y otro modelo de desarrollo 14Nuestro proyecto implica el cuestionamiento del sistema capitalista 15El capitalismo acentúa hoy más que nunca el predominio de lo económico sobre lo político 15El modelo de desarrollo de Utopía 17La semántica al servicio de una sola visión del mundo 19Contra tres alienaciones fundamentales 20La «religión» del crecimiento 20¿Es el capitalismo un fenómeno reciente e insuperable? 21Un crecimiento de las desigualdades inherente al crecimiento económico 22Un crecimiento infinito en un mundo finito: una ecuación imposible 24La disminución del crecimiento: ¿una proposición justa o un callejón sin salida política? 25El consumo, nuevo opio del pueblo 26El consumo como revelador de la crisis de identidad 27La sociedad de consumo confunde necesidades y deseos 27El consumo actúa como una droga 28El trabajo erigido en valor 28El valor trabajo: una construcción histórica 29El trabajo, una actividad de producción al servicio de lógicas económicas 30El trabajo y el mérito 31El trabajo debe encontrar su lugar «justo» 32Los nuevos indicadores de riqueza 33Los nuevos indicadores ya existen 34

El índice de Desarrollo Humano (IDH) 34El índice de Salud Social (ISS) 34El BIP 40 35La huella ecológica 35El PIB verde 35

¿Cómo pueden utilizarse estos indicadores? 36

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II. LA ECOLOGÍA Y OTRO MUNDO POSIBLE 37El desafío ecológico 37Las conclusiones sobre el clima 37Las conclusiones sobre el agua 39Las recomendaciones de Utopía frente al reto ecológico 40El Factor 4 de las emisiones de gases de efecto invernadero 40El emprendimiento Negawatt: sobriedad, eficiencia y energías renovables 41Un abandono gradual de la energía nuclear 41La creación de un centro público de energía 43Quien contamina paga: la fiscalidad de los productos altamente contaminantes 44La relocalización y la restauración de la agricultura de pequeños productores 45El apoyo a la reforestación 46Por una política para otro mundo posible 47Por un sistema impositivo internacional10 49La deuda del tercer Mundo 50Por una Europa federal, política y social 51Construir la Europa Federal 52La soberanía alimentaria y los OGM 53Por una soberanía alimentaria 53Los OGM: un escándalo revelador 55Los cultivos OGM someten a los agricultores porque la producción 55es controlada por las empresas agroquímicas 55Los OMG no resuelven el problema del hambre en el mundo. 55El planteo «con y sin» OMG es una ilusión 56

III. POR UNA AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 56

Artículo XXII: Artículo XXV-1: 56El derecho a acceder a un mínimo de recursos 58Por una renta básica de ciudadanía 58Un derecho universal a la vivienda 59Algunas referencias comparativas. 61Hacia la gratuidad de los transportes urbanos y periurbanos 62El derecho a la salud 62Hacia la creación de un centro público para responder a los problemas de la salud 63El derecho a la prevención y a una medicación mesurada 64El ejemplo precursor de los médicos de referencia’* 65El acceso a los medicamentos 66El derecho a la educación 66La escuela de la República 67Democratizar la enseñanza superior 69La educación popular 70El derecho a la cultura 70Una política para la diversidad de la producción cultural 71Una política de acceso a la cultura 71Una difusión cultural que garantice la diversidad 71

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Un acceso a la cultura para todos 72Los cines independientes. 73El derecho a una información respetuosa del individuo 74El derecho a una información de calidad 74El libre intercambio de contenidos culturales a través de Internet: 75Una nueva organización que permita a todos el acceso a la cultura es posible. 75El derecho al respeto de la vida privada 76Romper con la visión actual de las cárceles 77El derecho a la migración es un derecho fundamental 78Por una gestión decididamente feminista 80

IV. PROFUNDIZAR NUESTRA DEMOCRACIA 84Las instituciones y la democracia local 84Instituciones nacionales: hacia una verdadera VI República 84Refundar nuestra democracia local 85Por una economía social y solidaria 86La economía social y solidaria: un sector ineludible 86La economía solidaria* 88La economía social y solidaria abre nuevos campos democráticos 89La SCOP, una forma de democracia social 89Refundar nuestra democracia social y conquistar nuevos derechos 91Refundar nuestra democracia social 91Reformar la representatividad de los sindicatos 91Democracia social y responsabilidad social de la empresa (RSE) 93Nuevos derechos para los trabajadores 93EL SLAM 95Promover una nueva relación con el tiempo para ejercer plenamente la ciudadanía 95Repensar nuestra relación con el tiempo 96Continuar la reducción del tiempo de trabajo 97

V. CONCLUSIÓN: REINVENTAR LA POLÍTICA 98

VI. UNIRSE A UTOPÍA, MOVIMIENTO POLÍTICO 100Un poco de historia: las tres fechas clave 100Difundir nuestro proyecto lo más ampliamente posible 101A través de un ciclo de conferencias 101A través de una asociación con los cines independientes 101A través de sólidos lazos con el mundo intelectual 102A través de una internacionalización de nuestro movimiento 102

BIBLIOGRAFIA 103

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PRÓLOGO

LA SALIDA DEL CAPITALISMO YA HA COMENZADO

André Gorz

El tema de la salida del capitalismo nunca ha tenido tanta actualidad como hoy. En realidad, no sólo se presenta en términos nuevos, sino también con una urgencia radical. Por su propio desarrollo, el capitalismo ha llegado a un límite, tanto interno como externo, que es incapaz de sobrepasar y que lo transforma en un sistema moribundo. Se sobrevive a sí mismo escondiendo por medio de subterfugios la crisis de sus categorías fundamentales: el trabajo, el valor y el capital.

Esta crisis del sistema se debe a que la cantidad de capitales acumulados no son ya

capaces de valorizarse por el crecimiento del sector productivo y la expansión de los mercados. Tanto la producción como la expansión dejan de ser suficientemente rentables como para valorizar las inversiones productivas adicionales. Las inversiones en la producción, por las cuales cada empresa intenta restaurar su nivel de ganancia, tienen como resultado el desencadenamiento de formas de competencia mortíferas, que se traducen, entre otras, en reducciones competitivas de efectivos empleados, en externalizaciones y deslocalizaciones, en la precaria situación de los empleos, en la reducción de los salarios y, a escala macroeconómica, en la reducción del volumen del trabajo productivo de plusvalía y la disminución del poder adquisitivo. En efecto, cuanto menos emplean el trabajo las empresas, más es la importancia del capital fijo por trabajador y la tasa de explotación, es decir, que el exceso de trabajo y el exceso de valor producido por cada trabajador deben ser más elevados. Pero en esta elevación hay un límite que no puede extenderse indefinidamente, aun si las empresas se deslocalizan a China, Filipinas o Sudán.

Las cifras confirman que estos límites ya se han alcanzado. La acumulación de capital en el sector productivo no cesa de disminuir. En los Estados Unidos, las quinientas empresas del índice Standard & Poor's disponen, en término medio, de 631.000 millones de reservas líquidas; la mitad de los beneficios de las empresas americanas provienen de operaciones realizadas en los mercados financieros. En Francia, las inversiones productivas de las empresas del CAC 40 no aumentan y, sin embargo, sus beneficios son cuantiosos. La imposibilidad de valorizar los capitales acumulados por la producción y el trabajo explica el desarrollo de una economía ficticia, fundada en la valorización de capitales también ficticios. Para evitar una recesión que devaluaría el capital excedente (sobreacumulado), los poderes financieros han tomado la costumbre de incitar a las familias a endeudarse, a consumir sus futuras ganancias, los intereses futuros o la futura elevación del valor de venta de sus alojamientos. Mientras tanto la bolsa capitaliza el futuro crecimiento, las futuras ganancias de las empresas, las futuras compras de las familias, los beneficios que permitirán hacer las destrucciones y reestructuraciones impuestas por las LBO (Leverage Buy-Out, es decir la compra de la(s) empresa(s) en quiebra, cuya financiación se realiza principalmente a través de

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una deuda), empresas que no habían aún adoptado la precariedad, la sobre -explotación y la externalización de su personal.

El valor ficticio (en la Bolsa de Valores) de los activos financieros se ha duplicado en aproximadamente seis años, pasando de 80 a 160 billones de dólares (o sea, unas tres veces el Producto Interno Bruto mundial), manteniendo en los Estados Unidos un crecimiento económico fundado sobre el incremento de la deuda interna y externa, la cual a su vez mantiene la liquidez de la economía mundial y el crecimiento de China y países vecinos e, indirectamente, el de Europa. La economía real se ha transformado en un apéndice del globo financiero. Es necesario, imperativamente, contar con un elevado rendimiento del capital de las compañías para que el globo inflacionario de la bolsa no estalle, con un aumento continuo del precio del sector inmobiliario para que tampoco estalle el globo de los certificados de inversión inmobiliaria, hacia los cuales los bancos han atraído el ahorro de los particulares, prometiéndoles villas y castillas. La ruptura de los globos especulativos amenazaría el sistema bancario con quiebras en cadena y la economía real con una depresión prolongada (la depresión japonesa dura desde hace quince años).

«Estamos caminando al borde de un precipicio», escribía Robert Benton. Esto es lo que explica que ningún Estado se anime a tomar el riesgo de echarse encima o de molestar a las potencias financieras. Es impensable que una política social o una política de «relanzamiento del crecimiento» pueda fundarse en la redistribución de ganancias ficticias de la especulación financiera. No hay nada que esperar de los estados nacionales que, en nombre de los imperativos de la competitividad, han abdicado sus poderes paso a paso en el correr de los últimos treinta años, poniéndolos en manos de un casi-Estado supranacional que impone leyes hechas a medida en beneficio del interés del capital mundial, del cual él es una ema-nación. Esas leyes, promulgadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), por la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo (OECD) y por el Fondo Monetario Internacional (FMl), imponen en el período actual el «todo-mercado», es decir, la privatización de los servicios públicos, el desmantelamiento de la protección social y la monetarización de los débiles restos de relaciones no comerciales.

Todo transcurre como si el capital, después de haber ganado la guerra que le declaró a la clase obrera hacia fines de los años setenta, pretendiera ahora eliminar todas las relaciones sociales que no se traduzcan en una relación comprador/vendedor, tratando a los individuos como meros consumidores de mercaderías y vendedores de su trabajo —o de cualquier prestación considerada «trabajo», desde el momento que pueda ser remunerada.

El «todo-mercado» o el «todo-mercadería» como forma exclusiva de relación social, que fue anunciado como proyecto por Margaret Thatcher, prosigue la liquidación completa de la sociedad. El totalitarismo del mercado se desenmascara de esta manera, en su sentido político, como estrategia de dominación. Desde entonces, la globalización del capital y de los mercados, así como la ferocidad de la competencia entre capitales parciales, exigen que el Estado ya no sea la garantía de la reproducción de la sociedad sino el garante de la competitividad de las empresas. Así, sus márgenes de maniobra en materia de política social están condenados a reducirse, los costes sociales a ser denunciados como obstáculos a la libre competencia y como dificultades para la competitividad, al tiempo que la financiación pública de las infraestructuras se ve disminuida por la privatización.

El «todo-mercado» ataca la existencia de lo que los británicos llaman los commonsylos alemanes Agemeimwesen, es decir, la existencia de bienes comunes indivisibles, inalienables,

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enajenables e incondicionalmente accesibles y utilizables por todos. Contra la privatización de los bienes comunes, los individuos tienen tendencia a reaccionar por medio de acciones comunes, unidos por un solo objetivo. El Estado tiene la tendencia a impedir y, si viene al caso, reprimir esta unión de todos, tanto más firmemente cuanto que ya no dispone de márgenes suficientes para calmar las masas empobrecidas, precarizadas y despojadas de sus derechos adquiridos. Cuanto más se fragiliza su poder, más las masas populares amenazan con radicalizarse y más se acompaña la represión con políticas que enfrentan a los individuos unos contra otros, designando los chivos expiatorios sobre los cuales concentrar su odio.

Si se tiene en cuenta esta realidad, los programas, discursos y conflictos que ocupan la primera fila del escenario político aparecen ridiculamente desfasados en relación con lo que realmente está en juego. Las promesas y los objetivos propuestos por los gobiernos y los partidos aparecen también como maniobras que ocultan el hecho de que el capitalismo no ofrece ninguna perspectiva de futuro, sino, por el contrario, una deterioración continua de las condiciones de vida, una agravación de su crisis, un debilitamiento prolongado, pasando por períodos de depresión cada vez más prolongados y de recuperación cada vez más débiles. No hay que esperar «mejoría» alguna si la mejoría se considera según los criterios habituales: no habrá más «desarrollo» en términos de mayor empleo, mejor salario, mayor seguridad. No habrá más «crecimiento» del cual los frutos puedan ser socialmente redistribuidos y utilizados para un programa de transformaciones sociales que trasciendan los límites y la lógica del capitalismo.

La esperanza que hace cuarenta años se puso en las «reformas revolucionarías» que, comenzadas en el interior del sistema bajo la presión de las luchas sindicales, terminarían por transferir a la clase obrera los poderes arrancados al capital, esa esperanza no existe más. La producción solicita cada vez menos trabajo, distribuye cada vez menos poder de compra y necesita cada vez menos trabajadores activos; no está ya concentrada en las grandes fábricas, como tampoco lo está la fuerza de trabajo. El empleo es cada vez más discontinuo, disperso entre prestatarios de servicios externos sin comunicación entre sí, relacionados por un contrato comercial en lugar de un contrato laboral. Las promesas y los programas de «retorno» al pleno empleo son espejismos cuya única función es mantener «el imaginario salarial y mercantil», es decir mantener la idea de que el trabajo debe ser necesariamente «vendido» a un empleador y los bienes de subsistencia necesariamente «comprados» con el dinero ganado. Dicho de otro modo: no hay ninguna otra salida que no sea el sometimiento del trabajo al capital y el sometimiento de las necesidades al consumo de mercaderías; no hay vida ni sociedad más allá de la sociedad de consumo y del trabajo mercantilizado, ni otro modelo que no sea el del capitalismo.

El imaginario mercantil y el reinado de las mercancías impiden vislumbrar cualquier posibilidad de salida del capitalismo y diluyen en consecuencia el deseo de salir. Mientras permanezcamos presos del imaginario salarial y mercantil, el anticapitalismo y la referencia a una sociedad más allá del capitalismo continuarán siendo abstracciones utópicas y las luchas sociales contra las políticas del capital quedarán como luchas defensivas que, en el mejor de los casos, podrán detener durante un tiempo pero no impedir el deterioro de las condiciones de vida.

La «restructuración ecológica» no hará más que agravar la crisis del sistema. Es imposible evitar una catástrofe climática sin romper radicalmente con los métodos y la lógica económica que se lleva adelante desde hace 150 años. Si la tendencia actual se prolonga, el PIB mundial se multiplicará por un factor 3 o 4 de aquí al año 2050. Sin embargo, según el

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informe del Consejo sobre el Clima de la ONU, las emisiones de CO2 deberán disminuir en un 85% de su nivel actual hasta esa fecha límite y el calentamiento climático llegar a 2 °C como máximo. Más allá de 2 °C, las consecuencias serán irreversibles e incontrolables.

La disminución del crecimiento es por consiguiente un imperativo de supervivencia. Pero esto supone otra economía, otro estilo de vida, otra civilización, otras relaciones sociales. En su ausencia, el «decrecimiento» corre el riesgo de ser impuesto a fuerza de restricciones, racionamientos y asignaciones de recursos característicos de un socialismo de guerra. La salida del capitalismo se impone de una manera o de otra. La reproducción del sistema choca a la vez con sus límites internos y externos engendrados por el robo y la destrucción de una de las dos «principales fuentes originarias de toda riqueza»: la tierra.

La salida del capitalismo ha comenzado ya, sin ser aún conscientemente buscada. Sólo queda por determinar qué forma irá tomando y con qué cadencia o ritmo se irá realizando. La instauración de un socialismo de guerra, dictatorial, centralizado^ tecnoburo-crático sería la conclusión lógica —y estamos tentados de decir «normal»-— de una civilización capitalista que, preocupada por valorizar las masas crecientes de capital, ha hecho lo que Marcuse llamaba la «desmitificación represiva», es decir, la represión de las «necesidades superiores», y esto para poder crear metódicamente necesidades crecientes de consumo individual, sin ocuparse de saber cómo serán satisfechas. Se eluden así, desde el principio, problemáticas esenciales de las sociedades: la relación entre las necesidades y las condiciones que hacen su satisfacción posible, la forma de gestionar los recursos limitados de modo que sean suficientes y duraderos para cubrir las necesidades de todos y, sobre todo, se elude la búsqueda de un acuerdo general sobre lo que será suficiente para cada uno de modo que las necesidades correspondan a los recursos disponibles.

Hemos llegado entonces a un punto de imposibilidad de satisfacción de las necesidades que el capitalismo nos ha creado, inventado, impuesto y persuadido que debemos tener, con el fin de poder hacernos consumir las mercancías que nos ha enseñado a desear. Para renunciar a esto, la eco-dictadura parece ser el camino más corto, y contaría con el apoyo de quienes tienen al capitalismo y al mercado como los únicos capaces de crear y distribuir riquezas y que prevén desde ya una reconstitución del capitalismo sobre nuevas bases —después que las catástrofes ecológicas hayan puesto los contadores a cero, provocando una anulación de las deudas y de los deudores.

Sin embargo, otra salida muy diferente se perfila, que conduce a la extinción del

mercado y de los asalariados por la expansión de la autoproducción, la redistribución de la misma y la gratuidad. En esta vía encontramos a los exploradores y a los que ya están abriendo camino en el ámbito de los programas informáticos, de las redes libres (Freenet), de la cultura libre que, con la patente CC (Creadores Comunes), transforman en libre (y libre, free, significa en inglés a su vez libremente accesible por todos y gratuito) el conjunto de los bienes culturales/conocimientos, programas informáticos, textos, músicas, películas, etc., reproducibles en un número ilimitado de copias a un coste muy bajo.

El siguiente paso sería lógicamente la producción «libre» de toda la vida social, comenzando por sustraerle al capitalismo ciertas gamas de productos autoproducibles localmente por cooperativas comunales. Este tipo de sustracción a la esfera mercantil se extiende en el ámbito de los bienes culturales, donde el fenómeno se ha bautizado como «out-operating». Un ejemplo clásico de ello es la Wikipedia, que está «cortocircuitando» (out-cooperating) la Enciclopedia Británica. La extensión de este modelo a los bienes materiales

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se hace cada vez más posible, gracias a la disminución del coste de los medios de producción y a la generalización de los conocimientos técnicos requeridos para su utilización. La difusión del saber informático, que forma parte de la «cultura cotidiana» sin tener que ser aprendido, es un ejemplo entre otros. La invención de los «fabbers», también llamados digital fabricators o faetones in box —se trata de una especie de talleres flexibles transportables e instalados en cualquier sitio— abre a la autoproducción local unas posibilidades prácticamente ilimitadas.

Producir lo que consumimos y consumir lo que producimos es el mejor camino para salir del todo-mercado. Es un camino que nos permitirá preguntarnos de qué tenemos realmente necesidad en cantidad y en calidad. Nos permitirá redefinir de común acuerdo, teniendo en cuenta el medio ambiente y los recursos naturales, la medida de lo que nos es «suficiente», que la economía de mercado ha hecho lo posible por abolir. La autorreducción del consumo, su autolimitación y la posibilidad de que recuperemos el poder sobre nuestro modo de vida dependen de lo que acabamos de mencionar.

Es probable que los mejores ejemplos de prácticas alternativas que entren en ruptura con el capitalismo nos vengan del sur del planeta, a juzgar por la creación en las favelas brasileras (y no solamente allí) de «nuevas cooperativas» y de «puentes de cultura». Claudio Prado, que dirige el Departamento de Cultura Numérica del Ministerio de Cultura de ese país, declaraba recientemente: «El 'Job' es una especie en vías de extinción... Nosotros esperamos saltar esta fase problemática del siglo XX para pasar directamente del siglo XIX al XXI. La autoproducción y el reciclado de los ordenadores, por ejemplo, son apoyados por el gobierno. Se trata de favorecer 'la apropiación de las tecnologías por parte de los utilizadores con una finalidad de transformación social.» Efectivamente, las tres cuartas partes de los ordenadores en Brasil en 2004/2005 fueron autoproducidos.

Septiembre de 2007

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INTRODUCCIÓN

LA PROBLEMÁTICA DEL SENTIDO Y DEL IDEAL

Es imposible llevar a cabo una política correcta si no se tiene una visión precisa de la sociedad hacia la cual se desea llegar, ni se podrá combatir eficazmente la actual revolución conservadora, que reúne ultraliberalismo económico y práctica autoritaria del poder, sin imaginar un pensamiento nuevo y un proyecto a la altura de lo que hoy está en juego.

La política se limita actualmente, en el mejor de los casos, a un arte de los medios que olvida su finalidad y, en el peor, a una simple conquista o mantenimiento del poder. Debemos retomar el combate de los objetivos y de las ideas para proponer una alternativa ambiciosa, pero realizable, al modelo neoliberal que domina actualmente la escena mundial. Construir un proyecto de sociedad es definir y organizar las condiciones de vida que permitirán a cada uno realizarse en un contexto que tenga en cuenta los derechos y la dignidad humana. Es necesario constatar que sobre estos temas nosotros nos situamos, muy frecuentemente, en el lado opuesto a las ideas comúnmente aceptadas.

Para construir es necesario, primero, desmontar y para ello hemos de identificar las alienaciones que deberemos combatir. Para Utopía, las tres primeras alienaciones de nuestras sociedades desarrolladas son: el dogma del crecimiento como solución a nuestros males económicos, el dogma del consumo como único criterio para la realización individual y la centralidad del valor trabajo como única organización de la vida social. El combate contra estas tres alienaciones es indispensable para construir el marco de la sociedad en la cual queremos vivir y las modalidades de un verdadero modelo de desarrollo alternativo.

En la primera parte de este libro presentaremos los grandes ejes de nuestro modelo alternativo de desarrollo. Éste deberá permitir a cada uno su integración en la sociedad, su autonomía, disponiendo no solamente de los medios financieros de existencia, sino también de las herramientas que le permitirán el ejercicio de un juicio esclarecido y su participación en las decisiones colectivas. Ser un ciudadano activo no es solamente producir y consumir, es también aprender a «vivir juntos», comprender los desafíos de nuestra sociedad y participar en la vida política. También analizaremos cuándo, cómo, por qué y, sobre todo, para quiénes nacieron los dogmas del crecimiento económico, del consumo y de la centralidad del valor trabajo.

A continuación, a través de nuestra aproximación a la ecología, de nuestra visión de otro mundo posible y de nuestra concepción ampliada de los derechos fundamentales, propondremos los medios de reconstruir un nuevo modelo de sociedad, avanzando, tema por tema, algunas reflexiones y pistas de acción. La paternidad de estas proposiciones no siempre es solamente nuestra; su origen proviene a menudo de planteos o sugerencias de investigadores e intelectuales invitados a nuestro ciclo de conferencias, de proposiciones del movimiento asociativo retenidas por Utopía entre las muy numerosas contribuciones de la izquierda en un amplio sentido del término. Queremos expresar aquí nuestro agradecimiento a todos ellos.

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No tenemos la pretensión de proponer sistemáticamente ideas nuevas en la plaza pública de la cultura política, pero sí pretendemos volver a situar estas proposiciones en una perspectiva global. Nuestra originalidad consiste también en llevar estos análisis y pro-posiciones al seno de los movimientos y partidos de izquierda, de los militantes que cuestionan el actual modelo de crecimiento, desde el Partido Socialista [francés] a los ecologistas, los «altermun-dialistas», los antiliberales y los alternativos.

Nosotros reivindicamos esa utopía que considera que la reflexión aliada a la imaginación, que los principios de fraternidad combinados con la voluntad decidida de atacar las causas del desarreglo social y ecológico llegarán a federar un movimiento fuerte, solidario, capaz de proponer una verdadera alternativa al capitalismo. Es en esta perspectiva que el conjunto de los adherentes de Utopía han contribuido a las reflexiones y proposiciones aquí presentadas. Cada una de ellas ha sido objeto de correcciones y sometida a votación. Si bien esta disciplina democrática tiene sus limitaciones, es salvadora y constituye para nosotros el mejor medio para compartir con un número cada vez mayor de militantes el deseo de impli-carse en la vida política, no solamente como correa de transmisión correa de ideas elaboradas en la cúspide de los partidos políticos, sino como actores totales.

Puesto que este proyecto lleva implícita la intención de ser enriquecido y llevado adelante políticamente, Utopía ha decidido constituirse en corriente al interior de todos los partidos políticos de izquierda, estar presente en todas las asociaciones militantes y en todos los países donde le sea posible. En Francia, estamos presentes en el Partido Socialista y en el Partido de los Verdes, en el Partido de Izquierda (Parti de gauche) así como en el movimiento Attac.

Hemos comenzado esta reflexión con total independencia y quisiéramos hoy compartirla. Nuestra intención es crear las condiciones para un debate abierto que nos permita construir juntos un proyecto colectivo, único capaz de devolver su sentido a nuestro compromiso. Porque este proyecto está naciendo y porque tiene la vocación de ser corregido y completado por todos aquellos que comparten nuestras constataciones y nuestra visión, este libro es también un llamado a unirse a nuestra utopía.

Les deseamos a todos una fructífera lectura.

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I. OTRO MODELO DE DESARROLLO

NUESTRA RESPUESTA AL DILEMA DEL CRECIMIENTO, LA SOCIEDAD DE CONSUMO Y LA CENTRALIDAD DEL VALOR TRABAJO

Capitalismo, democracia y otro modelo de desarrollo

Nuestro modelo de producción y de consumo está concebido para extender la dominación del capital a nuestras necesidades, pensamientos y deseos de comprar y consumir lo que al capitalismo le interesa producir. Los productores/consumidores se han de someter al servicio del capital y no lo contrario. El vínculo entre la creación de riqueza y la creación de valores se ha dislocado. Sólo se reconoce como riqueza aquello que pueda expresarse en dinero. Así por ejemplo, los servicios públicos deberían abolirse en la medida en que frenan e impiden el crecimiento del consumo individual.

ANDRÉ GORZ

Es necesario constatar que la izquierda en Francia ha renunciado a tomar posición frente al capitalismo. En general, utiliza el término capitalismo sin darle su verdadero sentido al hablar en sus discursos y programas indiferentemente de capitalismo o de mercado y al atribuirle ciertos adjetivos particulares (capitalismo financiero, capitalismo liberal...), como si dicho término no fuera en sí mismo suficientemente significativo.

Más que un simple giro semántico, esto implica una toma de posición profunda. Comprobamos que la izquierda no se plantea ya la real pertinencia del sistema que regula actualmente el conjunto de las relaciones sociales. Y si lo hace, se limita a proponer solamente ajustes «marginales». Según nuestra visión, la legitimidad de construir un proyecto político de izquierda portador de sentido y basado en un ideal claro y sólido no puede establecerse sin el cuestionamiento del sistema capitalista. Efectivamente, la trampa de este sistema consiste en presentarse como un «sistema económico», cuando en realidad va mucho más allá: es un sistema político, un sistema económico y un sistema social que controla prácticamente todos los diferentes aspectos de la vida de los individuos.

Por ende, es urgente llevar adelante una primera batalla política: una batalla cultural que establezca una nítida diferencia entre capitalismo y actividad mercantil. El primero es un sistema global que gobierna la economía y la sociedad. La actividad mercantil es un espacio que puede servir para regular una parte de la producción de bienes y servicios. Pero el primero no conlleva necesariamente el segundo.

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Nuestro proyecto implica el cuestionamiento del sistema capitalista

Si bien la actividad mercantil en sí misma no es condenable, nuestro proyecto pone necesariamente en tela de juicio el capitalismo en razón de dos de sus características, que lo transforman, desde nuestro punto de vista, en un sistema incompatible con nuestro modelo de desarrollo:

— La rentabilidad del capital como objetivo principal y único El capitalismo organiza el conjunto de los factores de producción (humanos y materiales) en función de su objetivo principal de rentabilidad. Si toma en cuenta la dimensión medioambiental o los requerimientos sociales y éticos es por el propio instinto de conservación del sistema o por un posicionamiento estratégico o de «marketing».

Si bien la comprensión y la denuncia de las diferentes formas de capitalismo (financiero, liberal...) nos permiten adaptar nuestras formas de acción, estimamos que estas diferentes formas recubren en realidad varias facetas de un único y mismo modelo. En realidad, no existe el «buen» capitalismo.

— El carácter globalizante o sistémico del capitalismo Una de las grandes fuerzas de este sistema es la de hacerse pasar por una herramienta «técnica». También se intenta hacernos creer que esta herramienta no sería ni «buena» ni «mala» en sí misma, sino simplemente un modo de regulación de los intercambios que permite ajustar la oferta a la demanda. Esta falsa imagen del capitalismo, profundamente integrada como real por toda la sociedad, constituye el punto de apoyo principal de legitimación del sistema. Sin embargo, el capitalismo es globalizante y globalizador por naturaleza, tanto para el individuo como para la sociedad. Al transformar los deseos en necesidades, erigiendo el trabajo en valor y mérito, al establecer su escala económica y social como la jerarquía natural de las relaciones humanas, el capitalismo desborda con creces el campo «económico» para condicionar, sin decirlo, la casi totalidad de las relaciones sociales. También comporta un carácter totalitario en la producción del mundo, es decir, en la producción de los lazos fundadores de la vida en sociedad y de nuestra historia común. Además, encierra el imaginario y limita las posibi-lidades de encarar una nueva relación del ser humano con el mundo.

La situación actual del capitalismo agrava todavía más estas características: la apertura de los mercados (de bienes, de servicios, de capitales) priva a las naciones de sus facultades para determinar libremente sus políticas económicas, fiscales, de redistribución, de medio ambiente. Por otro lado, el dogma de la competencia pura y perfecta implica una regresión de los sectores públicos y de las políticas sociales.

El capitalismo acentúa hoy más que nunca el predominio de lo económico sobre lo político

Nuestro proyecto es incompatible con una apropiación pública y centralizada de todos los medios de producción.

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Si, como hemos dicho, rechazamos el sistema capitalista, de la misma manera rechazamos la tentación de una apropiación pública y centralizada de todos los medios de producción para asegurar un equilibrio social y ambiental duradero y equitativo para todos. Aun si la historia no hubiese ya arbitrado sobre esta opción, igualmente sostenemos que nuestro proyecto es incompatible con este sistema por tres razones.

Primeramente, porque es ilusorio pensar que la apropiación pública de todos los medios de producción favorece de alguna manera la realización del ser humano en el marco del trabajo. El carácter alienante está intrínsecamente ligado al trabajo, aunque la legislación social permita, por supuesto, disminuir esta alienación. Creemos además que el trabajo no está en relación directa con la realización de uno mismo.

En segundo lugar, una organización centralizada y planificada del conjunto de toda la producción sería liberticida y conduciría necesariamente a un callejón sin salida: organizar la producción significa ponerle un marco a la expresión, a la creatividad, lo que implicaría entonces controlar a todos los ciudadanos y sus actividades en función de los objetivos que este tipo de organización se asigna.

Finalmente, planificar toda la producción implica prever y repartir el consumo humano, lo que necesariamente conduciría a estancar la sociedad o a orientarla de una manera arbitraria.

Nuestro proyecto se propone ir más allá del sistema capitalista Al término de un proceso democrático redefiniremos, primero, los contornos del dominio público, de la actividad mercantil regulada, de la economía social y solidaria. Para cada uno de estos sectores se redefinirán las reglas de control político y ciudadano.

• El dominio público será considerablemente ampliado, proponiendo una reapropiación pública (a través del Estado, de las colectividades locales y de otros actores públicos) de los sectores correspondientes a las necesidades básicas. Se impulsará el reconocimiento y la extensión de los bienes comunes, así como de los bienes del conocimiento.

• Limitaremos el campo de la actividad mercantil enmarcándolo con normas sociales y ambientales. Si bien la actividad de los principales actores, y especialmente la esperanza de una rentabilidad del capital para la empresa podrá continuar a ejercerse, ésta será limitada y encuadrada. Cada vez que ello sea posible, se incitará a las empresas a producir de manera localizada sus diferentes producciones.

• Se favorecerá la apropiación colectiva, democrática, relocalizada y descentralizada de los medios de producción, siguiendo el camino de una socialización de las inversiones.

Esta apropiación permitirá claramente un desarrollo de la economía social y solidaria y una reducción progresiva del papel, hoy en día central, de los mercados financieros.

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Nuestra propuesta para un modelo de desarrollo alternativo implica una ruptura cultural que muestre claramente la prioridad de lo político sobre lo económico y que establezca un sistema hunmanista gobernado para y por los ciudadanos.

El modelo de desarrollo de Utopía

Ir mas allá del sistema capitalista implica la construcción de un nuevo proyecto político. Este otro modelo de desarrollo alternativo necesita, ante todo, una ruptura cultural, indispensable para poner en tela de juicio los dogmas del crecimiento, del consumo y del valor trabajo. Esto podrá dar lugar a un nuevo imaginario político apto para debatir y construir juntos una política ciudadana que otorgue prioridad a la gratuidad, al acceso incondicional a los derechos, a una nueva relación con el tiempo y a ejercer otra gestión del desarrollo y de la ecología. Tanto en la derecha, por supuesto, como también en la izquierda, una aplastante ma-yoría de los actores políticos dan totalmente por supuestos los dogmas del crecimiento, del consumo y del valor trabajo, única manera, según ellos, de combatir la desocupación y reducir las desigualdades. Se trata, por consiguiente, y sin duda alguna del actual sistema de desarrollo y de su lógica lo que se hace necesario rechazar.

El modelo de desarrollo que proponemos, el «alter-desarrollo», es radicalmente diferente del que predomina hoy en día. Se trata de un desarrollo plural de nuestras sociedades. Radical no quiere decir extremista y por ende potencialmente tiránico. Este adjetivo «radical» debe comprenderse en su sentido etimológico: lo que va a la raíz de las cosas.

Para Utopía, esta reflexión contiene un primer objetivo, esencial y previo: el de diseñar el proyecto de sociedad que deseamos, un proyecto vigoroso, capaz de movilizar y plantear el tema de los fines y del sentido. Rechazamos que el dinero sea la medida de toda riqueza y el origen de toda finalidad. Proponemos valores que descalifican verdaderamente el materialismo servil. Debemos imaginar una sociedad donde exista una disminución de la carrera al consumo material, donde se renuncie a este imaginario económico, donde se deje de creer que «más» es igual a «mejor» y donde redescubramos un consumo más próximo a nuestras necesidades reales. Si queremos evitar el gran desorden mundial anunciado, hemos de cambiar radicalmente de modelo. Este cambio supone la toma de conciencia ciudadana y colectiva, la voluntad política y la aplicación de medidas deliberadas y equitativas.

Estamos convencidos que la política inside también en nuestros actos cotidianos y, para encarnar nuestras ideas nos comprometemos a un nuevo pacto o acuerdo social necesario para cambiar nuestra sociedad, individual y colectivamente.

Con Dominique Méda afirmamos que la ambición de nuestra sociedad no es el desarrollo económico o la acumulación de bienes, sino el desarrollo del conjunto de la misma. Se trata de un desarrollo colectivo y duradero que se acompañe con un mejoramiento de las condiciones de vida y de la disponibilidad de los recursos materiales e inmateriales necesarios para que cada uno viva plenamente su humanidad y su ciudadanía activa. La repartición de los bienes y de las ganancias, el mejoramiento del nivel de educación y de salud del conjunto de la población, la capacidad para controlar la violencia, el acceso y la calidad de los servicios públicos, la vitalidad de la vida social y democrática, el grado de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto del medio ambiente, el control por parte de los individuos de su propio

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tiempo, la calidad de vida, el acceso a la cultura, la seguridad económica... son otros tantos indicadores que permiten medir la verdadera riqueza de un país.1

1. Dominique Méda, Qu'est-ce que la richesse?, París, Flammarion, 1999.

Por otra parte, querer imponer desde arriba una visión y las acciones que se desprenden de ella sería reinventar un nuevo totalitarismo. Este proyecto de desarrollo universal, este ‘alter-desarrollo’, debe permitir a cada uno formar parte plenamente de la sociedad, de ser autónomo disponiendo, no solamente de medios financieros, sino también de las herramientas que le permitan ejercer su propio juicio y participar en las decisiones comunes. Ser un ciudadano activo no es solamente producir y consumir, es también participar en las decisiones políticas y comprender los desafíos de nuestra sociedad. «El papel de ciudadano debe predominar sobre el «le trabajador y consumidor.»2

Nuestro sistema económico actual se funda en la lógica de «creación de necesidades/consumo/producción/trabajo» y constituye una mercantilización inaceptable del ser humano. Por el contrario, la diversidad de las actividades humanas —de amistad, familiares, amorosas, artísticas, culturales, políticas— es una fuente de enriquecimiento individual y social. Estas actividades son necesarias y esenciales para la «realización» de cada uno, pero el espacio ocupado hoy en día por el trabajo es tal, que les quita valor y reduce considerablemente su lugar y su tiempo.

La primacía de la preocupación meramente económica va de la mano con la despolitización de la gran mayoría de la población. Es así que abandonamos en manos de un grupo especializado, la clase política, la tarea de gestionar los asuntos públicos como si estos últimos no tuvieran como finalidad la de ser verdaderamente públicos y por ende un asunto de todos. Poner en tela de juicio el modelo de sociedad actual es construir una sociedad que responda a la divisa republicana de libertad, de igualdad y de fraternidad y es ubicar a esta última en el corazón de nuestro proyecto, puesto que es la que permite dar un sentido y una base más sólida al «vivir juntos democráticamente».

Si el fundamento de la República es sin duda la libertad y la igualdad, la fraternidad es su futuro. Esta fraternidad sobrepasa la noción de solidaridad, que tiene como mensaje y objetivo compensar las desigualdades y las injusticias, sin necesariamente cuestionar el marco económico, político, liberal-productivista que produce esas desigualdades. La solidaridad convive con las jerarquías y las injusticias. La fraternidad va más lejos, y nosotros queremos demostrarlo por la experiencia, integrándola totalmente a nuestra reflexión.

Esta reflexión nos lleva al espacio de la colectividad, al «vivir juntos» individual y colectivo. La perspectiva de una sociedad fraternal supone necesariamente una economía solidaria del intercambio y de la reciprocidad. Ella se encuentra en el corazón del modelo de desarrollo explicado a lo largo de este libro.

2. Ibíd.

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La semántica al servicio de una sola visión del mundo

Creado y difundido por economistas y publicistas y retomado por los políticos, e! nuevo lenguaje del neoliberalismo se ha transformado en una de las armas más eficaces para el mantenimiento del orden.

ERIC HAZAN

La manipulación del vocabulario contribuye de una manera invisible pero muy eficaz a la confusión de las ideas y a la actual pérdida de referencias; permite también a los que detentan e! poder anestesiar la oposición afirmando que «no hay otra alternativa» y haciendo circular la noción del fin de la política y de! reinado de un orden económico mundial, lo cual reduce, de paso, lo político a lo económico. Uno de los ejemplos más sintomáticos de este fenómeno es el desliz en ¡a utilización de la palabra «cuestión» o «tema» hacia la palabra «problema». Así, la cuestión de la inmigración se transforma para algunos en el «problema de la inmigración.

El nuevo lenguaje también se esfuerza constantemente en hacer desaparecer los conflictos o las divergencias, en suprimir las connotaciones negativas de las expresiones y en separar las palabras de la práctica. De esta manera, las regresiones sociales se transforman en reformas, los despidos en modernización, los patrones en empresarios, la economía de mercado en economía social de mercado... De allí el éxito de expresiones contradictorias tales como social-liberalismo, una ruptura tranquila donde el enunciado de posiciones contradictorias se presenta como algo evidente: ser socialmente de izquierda y económica-mente de derecha.

Las palabras liberalismo, economía de mercado, capitalismo, neoliberalismo, así como crecimiento, desarrollo, producción, gobernabilidad o economía son objeto hoy en día de una confusión semántica voluntaria.

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Contra tres alienaciones fundamentales

La «religión» del crecimiento

La industrialización y la religión del crecimiento son inherentes al capitalismo. Este último no puede existir sin crecimiento. Si debemos cambiar nuestros modos de consumo, hemos también de cambiar nuestros modos de producción, lo cual quiere también decir nuestra organización social.

ANDRÉ GORZ

En la actualidad, las diferentes organizaciones políticas y asociaciones que militan por un cuestionamiento del crecimiento abordan esta cuestión esencialmente desde el ángulo ecológico, tomando en cuenta los límites físicos de nuestro planeta. Esos límites nos hacen un llamado a la sobriedad. Se trata de un aspecto importante, pero es sólo uno de los aspectos. Si bien es cierto que nosotros nos oponemos al productivismo, quisiéramos también salir de la estéril discusión crecimiento/decrecimiento. Estos términos se perciben en su dimensión económica exclusivamente y con frecuencia se confunde crecimiento económico, progreso y desarrollo humano. Efectivamente, el PIB y su progresividad no sirven para medir lo que esperamos de una buena sociedad. Recordemos que una catástrofe natural puede provocar un fuerte aumento del PIB y en consecuencia del crecimiento. Pero no se habrán tomado en cuenta los incidentes negativos y el impacto humano, social y psicológico que se produce al exterior del coste financiero que las eventuales reparaciones pudieran generar. El crecimiento no ha sido capaz de reducir la pobreza, ni de reforzar la cohesión social. Un mismo índice de crecimiento puede significar un aumento o una reducción de las desigualdades. Y un crecimiento ilimitado en un mundo limitado es una ilusión: «Aquel que crea que un crecimiento exponencial puede continuar infinitamente en un mundo limitado es un loco... o un economista.»3

Por el contrario, nos parece igualmente dogmático e ineficaz declararse a favor de un «decrecimiento» que pudiera traducirse en «menos bienestar» social. Tal como ciertos autores que cuestionan el crecimiento lo expresan, estamos convencidos que hay que superar la contradicción crecimiento/decrecimiento porque ella nos conduce al inmovilismo.

Nosotros no proponemos un crecimiento negativo, sino más bien el abandono del objetivo insensato del crecimiento por el crecimiento y del consumo por el consumo. El crecimiento o su figura invertida el decrecimiento no pueden continuar siendo un objetivo en sí mismos. Los verdaderos interrogantes son: ¿crecimiento de qué, por qué y para quién? ¿Decrecimiento de qué, por qué y para quién? ¿En función de qué objetivos, al servicio de qué ideal de sociedad?

3. Frase ya célebre de Kenneth Boulding (economista y ex presidente del American Economist Association).

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¿Es el capitalismo un fenómeno reciente e insuperable?

El nacimiento del capitalismo industrializado y productivista es un fenómeno reciente. Sus orígenes se ubican a mediados del siglo XVIII, limitándose entonces solamente al mundo occidental, comenzando por Inglaterra. Recién a principios del siglo XX sus métodos se apli-caron a la agricultura y a los servicios, para después extenderse a la casi totalidad del mundo. Sin embargo, quieren hacernos creer que el capitalismo ha existido siempre y que es insuperable: «No es el pensamiento el que es único, sino la realidad», nos dice el neoliberal Alain Mine. O, en otras palabras: circulen, aquí no hay nada para ver y mucho menos para hacer. Elogio a la sumisión.

Los «gloriosos treinta años» (1945/1975), forjados por la vía indirecta del plan Marshall lanzado en 1947 para sostener y reconstruir la economía europea tras la Segunda Guerra Mundial, constituyen indiscutiblemente la edad de oro del capitalismo.

La Guerra Fría contribuyó a instituir en el capitalismo de mercado (al oeste), así como en el capitalismo de Estado (al este), la nueva religión del crecimiento productivista como apuesta al conflicto en curso y solución mágica a los problemas de la humanidad. En los hechos, y teniendo en cuenta las importantes necesidades de reconstrucción y de producción de bienes indispensables para la gran mayoría de la población —y también gracias a la mecanización—, el pleno empleo se transformó en algo normal y las ganancias de la productividad se multiplicaron por cinco en este período.

No era el momento de preocuparse por el medio ambiente ni de pensar demasiado en

la utilización de los recursos naturales o en la contaminación.

Las sociedades occidentales arrastran lo que se llama desde entonces el Tercer Mundo en su frenesí de crecimiento bajo la forma de un colonialismo disfrazado. Según esas nuevas normas, el «sub-desarrollo» se transforma en una enfermedad vergonzosa. Dos mil millones de personas van a cambiar de estatuto para el Occidente y se transformarán en «subdesarrollados», con la complicidad de muchos de sus propios dirigentes, que buscan de esa manera obtener préstamos que no podrán pagar más que a cambio de una ruptura social pavorosa y de un saqueo de sus estructuras y prácticas ancestrales.

Esos pueblos se verán obligados a lanzarse por los caminos de un desarrollo trazado por otros. Hoy en día, la deuda del Sur alcanza los 28.000 millones de dólares. «Pocas personas defienden ya esta gran hipocresía: se pretende ayudar a los países en desarrollo, al mismo tiempo que se les obliga a abrir sus mercados a los productos de los países industrialmente avanzados, quienes continúan a su vez protegiendo los suyos propios. La naturaleza de estas prácticas vuelve a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres (y más furiosos).4 Es el principio de la occidentalización del mundo. En los hechos, un neocolonialismo salvaje y destructor.

Cuando sobreviene la primera gran crisis petrolera en 1973, la trampa también se cierne sobre las poblaciones occidentales. Con la suma de lo ganado en productividad, más el descenso del crecimiento económico, se genera la destrucción de numerosos empleos.

4. Joseph Stiglitz (economista y premio Nobel de Economía).

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A partir de los años 1970, con la liberalización de los capitales y de las mercancías, por un lado, y con la desreglamentación, por otro, asistimos al fuerte crecimiento de la rentabilidad de los capitales. Esto último se acompaña invariablemente de operaciones de privatización, concentraciones, deslocalizaciones y restructuraciones, con sus desastrosas consecuencias en cuanto a la precarización del trabajo, a la desocupación masiva, a los «reajustes estructurales» para el Sur y a la reducción de los derechos sociales en todas partes. A partir de mediados de los años 1970, el crecimiento económico se construye con mucha frecuencia sobre la degradación del progreso humano y el aumento de las desigualdades sociales. Los treinta gloriosos se terminaron, pero el mito continúa.

Un crecimiento de las desigualdades inherente al crecimiento económico

No es fácil reducir las desigualdades cuando hay crecimietno económico. La historia de los últimos veinticinco años lo prueba: en casi todos los países ricos la riqueza económica y las desigualdades sociales progresan al mismo tiempo.

JEAN GADREY

En 1960, la distancia entre lo que ganaban el 20% de los más ricos y el 20% de los más pobres de nuestro planeta era de 1 a 30. En 2007 fue de 1 a 80. Las quinientas personas más ricas del mundo ganan una cantidad de dinero igual a la que ganan los 500 millones más pobres del planeta. Un ser humano de los «muy ricos» gana la misma cantidad que sus «iguales», a saber, un millón de seres humanos en situación de extrema pobreza.

El setenta por ciento del comercio mundial se encuentra bajo el control de quinientas empresas. Ford y General Motors realizaban ventas que superaban el PIB del África subsahariana. Microsoft daba cuenta de ganancias de 37.000 millones de dólares en 2005, al mismo tiempo que la ONU hace una estimación de solamente 20.000 millones por año para erradicar la subalimentación, de 15.000 millones para abastecer de agua potable a todas las regiones del mundo que hoy la necesitan y de 12.000 millones para garantizar una educación de base a todos los que hoy no la tienen.

Pero se prefiere gastar 11.000 millones de dólares en armamentos. ¿Debemos aceptar y resignarnos frente a este modelo de gobierno mundial? ¿Estamos condenados a recitar sin tregua la liturgia neoliberal «no hay otra alternativa»?

En los Estados Unidos, el PIB aumentó en un 240% entre 1959 y 1995. Sin embargo, durante ese mismo período el índice de salud social que agrupa nueve indicadores sociales bajó en un 40%. El 23% de los norteamericanos vive por debajo de lo que se considera el umbral de la pobreza (en Gran Bretaña es el 22%) y el 1% de la población está en la cárcel (cifra multiplicada por cuatro en los últimos veinticinco años). «Los Estados Unidos se están transformando en un país rico con población pobre... el poder de compra del salario mínimo es hoy en día un 35% inferior a lo que era hace treinta años.»5

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Esta espectacular concentración de desigualdades es el resultado de un sistema estructuralmente injusto, pero también de prácticas coyunturales indignas: retribuciones faraónicas, «paracaídas dorados» para los grandes patrones, primas a dirigentes de bancos financieros.

Como lo reconoce Sicco Mansholt, presidente de la Comisión Europea en 1972, «el crecimiento económico es un objetivo político inmediato que sirve los intereses de las minorías dominantes».

El número de personas que se benefician en Francia del RMI (salario mínimo de inserción) se ha duplicado en diez años y el 10% de la población sobrevive gracias a los ingresos mínimos sociales. Más de 7 millones de asalariados reciben un salario inferior a 722 euros y, en consecuencia, se encuentran, tanto ellos como sus familias, en la incapacidad de alimentarse y alojarse decentemente. Una tercera parte de las personas sin domicilio fijo (SDF) de la ciudad de París tienen un trabajo y la mitad de los franceses considera posible perder su vivienda.6

Al mismo tiempo que entre 1980 y 2002 el PIB aumentaba en un 156%, la desocupación pasaba de 6,2 a 9,5%. El patrón de una empresa del CAC 40, que con relación a 1998 ha triplicado su salario anual, cobra en promedio en un día lo que un obrero gana en un año. De la misma manera, en 2006 se distribuyeron 36.000 millones de dólares en primas de fin de año entre las cinco principales firmas financieras americanas. Bonificaciones obtenidas a espaldas de los asalariados, empresas readquiridas o reestructuradas y estados que pagan las indemnizaciones: la lógica de la privatización de los beneficios y de la socialización de las pérdidas adquiere estatuto de gobierno para el neoliberalismo, y más aún después de los años 1980. Los más ricos, gracias a su patrimonio (cuyo valor crece desmesuradamente), están «condenados» a ser cada vez más ricos en detrimento de todos los demás, incluyendo a las clases medias. Éste es el modelo económico que algunos siguen indecentemente ensalzando.

El sistema capitalista y el crecimiento económico que de él emana son en su esencia creadores de desigualdades y destructores del entramado social. No han sido capaces ni de reducir la pobreza ni de reforzar la cohesión social. Nosotros rechazamos ese mundo donde la sola alternativa sería la de sustituir la miseria por la pobreza. Nosotros rechazamos la idea de resignarnos a una sociedad donde todo se vende, donde a todo se le pone precio, donde todo debe «merecerse», aun los derechos más elementales del ser humano.

Y las cosas empeoran. Por un lado, el capitalismo empresarial, cuya lógica escapaba ya a todo control político, ha dado lugar a un capitalismo financiero para el cual la máxima rentabilidad del capital a corto plazo es su único objetivo, en detrimento del trabajo de los asalariados y hasta de la continuidad misma de las empresas. Por otra parte, la concentración creciente de las empresas conduce a la formación de un pequeño número de compañías mundiales (worldcompanies), solidarias y cómplices en dictar sus leyes al mercado y aun a ciertos gobiernos.

Es urgente cuestionar la ideología productivista y su hermana gemela la sumisión al mercado que, por definición, ignoran el interés colectivo. Y esto significa que es imperativo cambiar de raíz el modelo social actual si no queremos que las revueltas y las violencias, acompañadas de las inevitables respuestas represivas y liberticidas, adquieran el estatus de programa político.

5. Joseph E. Stiglitz.

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6. Emmaus, encuesta 2006.

Un crecimiento infinito en un mundo finito: una ecuación imposible

No se puede pensar en reducir la cantidad de mercancías sin querer al mismo tiempo una economía radicalmente diferente, una economía cuyo primer objetivo no sea hacer dinero y en la cual la riqueza no se exprese ni se mida en términos monetarios. La ecología política es una disciplina económicamente anticapitalista y subversiva.

ANDRÉ GORZ

La utopía capitalista del crecimiento material ilimitado nos lleva a un callejón sin salida y las fuerzas de la derecha están irremediablemente condenadas a sostener este capitalismo destructor. Un crecimiento ilimitado en un mundo limitado es una ilusión. La aberración es que la ciencia económica ignora los datos ecológicos en sus razonamientos y se desconecta de la realidad de la biosfera. Cada uno de nosotros sabe que los recursos naturales del planeta son insuficientes para permitirnos a todos un modo de vida a la europea y mucho menos a la americana. El 20% de los seres humanos consumen el 80% de los recursos del planeta. Se necesitarían uno o dos planetas más para continuar explotando los recursos naturales mundiales al ritmo actual. Con un crecimiento económico mundial de solamente el 3% anual, se necesitarían ocho planetas más en el año 2100.

El PIB a escala internacional se ha multiplicado por siete en los últimos cincuenta años. En un siglo, la población del planeta se ha multiplicado por cuatro y el consumo de energía por diez. Este crecimiento es debido a la multiplicación de las riquezas por veinte y de los bienes industriales por cincuenta. Si cada habitante del planeta consumiera lo mismo que lo consumido por los países desarrollados, hacia 2050 tendríamos que producir ocho veces más energía. Todos sabemos que esto no es posible. Pero como lo dice con mucho acierto el filósofo Jean-Pierre Dupuy, «nosotros no queremos creer en lo que sabemos».

Un sistema económico que destruye el medio ambiente se destruye a sí mismo. Aun en China, a la que muchos consideran actualmente como una de las principales naciones beneficiarias de la globalización (el ultraliberalismo económico puede llevarse muy bien con el totalitarismo político), si se sumaran los costes invisibles ligados a la reducción de los recursos naturales y a la contaminación, el crecimiento del PIB debería disminuirse, entre 1985 y 2000, de 3 a 5 puntos.

Pero, tanto en China como en otras regiones, serán las generaciones futuras las que pagarán la cuenta. Con respecto al clima, la constatación queda sin réplica: los seres humanos estamos desregulando el clima del planeta en el que vivimos de manera irreversible, y además estamos aceptando casi serenamente las dramáticas consecuencias que nosotros mismos provocamos. Solamente algunos grandes grupos de presión se permiten poner en duda la relación que existe entre las actividades humanas, el efecto llamado de invernadero y el recalentamiento del clima. Ya en la actualidad, el número de refugiados por catástrofes climáticas es mayor que el causado por las guerras. Trece millones de hectáreas de bosques, que son verdaderos surtidores de CO2, se destruyen cada año. Dos mil millones de habitantes sufrirán de escasez de agua en el año 2025 en razón del aumento de la desertificación.

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Luchar contra el recalentamiento climático costaría actualmente, por año, 1% del PIB mundial. Pero si se hace poco o nada, el coste será en el año 2050 del 20%, o sea, de 55.000 millones de dólares.7

La disminución del crecimiento: ¿una proposición justa o un callejón sin salida política?

Si no elegimos disminuir el crecimiento por nosotros mismos ahora, estamos arriesgando una disminución impuesta en un futuro próximo, junto a una terrible regresión social, humana y de nuestras libertades.

VINCENT CHEYNET

Sí bien el término «decrecimiento» tiene su origen en el fracaso de ¡as ideologías del siglo XIX y XX y la noción da vueltas desde hace tiempo en la mente de algunos visionarios, concretamente, su aparición en la esfera política es reciente. Ya en 1970 los economistas del Club de Roma intitulaban sus conclusiones: «Alto a! crecimiento en la economía» y, por esos mismos años, el economista Nicolas Georgescu-Roegen fue el primero en constatar que un crecimiento, aún pequeño a largo plazo, es imposible en un sistema cerrado. Él introdujo también el concepto de biosfera que consiste en pensar la economía en su interior. En esa misma época Cornelius Castoriadis, André Gorz, Edgar Morin y François Partant promovieron la ecología política. «La ecología es subversiva porque pone en duda el imaginario capitalista que domina el planeta.»*

Durante las elecciones presidenciales francesas ríe 1974, Rene Dumont alertó a la opinión pública sobre los límites de los recursos naturales pero, aun teniendo razón —demasiado temprano—, obtuvo menos del 2% de los votos.

El decrecimiento es una idea demasiado nueva para el gran publico, pero no tardara en propagarse a causa de la crisis ecológica y social

* Cornelius Castoriadis, cofundor de ‘ Socialismo ou barbarie’ psicologista y escritor.

7. Informe de Nicholas Stern, ex jefe economista del Banco Mundial.

Los principales teóricos del decrecimiento en Francia son actualmente Paul Aries, Serge Latouche y Vincent Cheynet. Yves Cochet, del Partido de los Ecologistas, simpatiza también con esta idea. Para ellos el decrecimiento no es el crecimiento negativo, sino la salida de la religión del crecimiento, es decir una manera de atacar a los ídolos económicos y de derrumbar todas las estatuas del Antiguo Régimen. El término «decrecimiento»,palabra obús según Paul Aries, sirve para interpelar y poner en evidencia lo absurdo del economicismo. Se expresa de esta manera el deseo de que el decrecimiento pueda ser acompañado de un

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crecimiento relaciona!, convivid y espiritual. Y esto no tiene nada que ver con el retorno a la época de las velas, como lo pretenden, caricaturizándolo con mucha frecuencia los enceguecidos partidarios del crecimiento económico. Según la expresión de Serge Latouche, «descolonizar la izquierda del imaginario progresista» se hace imperativo.

Para nosotras, las soluciones se encontrarán prioritariamente en el campo de lo político, sin subestimar el peso y el impacto positivo que tienen también lo individual y lo asociativo. Aún si nosotros seguimos una estrategia diferente y si defendemos otro modelo de desarrollo, que Paul Aries no acepta, nos consideramos más próximos de este movimiento que del conjunto del pensamiento productivista y cientificista preconizado y ensalzado por ¡a mayoría de los partidos políticos. La ecología política, que sirve de base a las reflexiones y acciones de quienes ponen en tela de juicio el crecimiento, junto con la alterglobalizadón, son las únicas dos ¡deas nuevas de estos últimos cincuenta años, y ellas alimentan también nuestras reflexiones.

Si usted habla hoy en día de decrecimiento a un político, a un empresario o a un sindicalista, es muy probable que lo consideren como un ingenuo soñador, además de un privilegiado. En un país que tiene siete millones de desocupados y de trabajadores precarios resulta normal que esta palabra no sea bien recibida. «Una ideología de hijos de ricos» titulaba en itálica el cotidiano Le Monde. Los teóricos del movimiento tienen también conciencia de esta dificultad, reconociendo que este pensamiento genera lo mejor, pero a veces también lo peor. Es necesario que la tentación mimética no arrastre a los militantes del decrecimiento hacia la lógica nefasta de una nueva «ideología del decrecimiento». De ahí proviene la autodenominación de «objetores del crecimiento». Como dice Paul Aries, «la palabra decrecimiento caerá también en desuso después que haya cumplido con su cometido de como grito de alarma».

Crecimiento y decrecimiento no tendrían que ser el objetivo sino más bien el resultado, diferente según los sectores, de una política que coloque el bienestar humano a la cabeza de sus objetivos.

El consumo, nuevo opio del pueblo

Nuestro «modelo de desarrollo» implica una reflexión sobre cómo compartir los bienes relaciónales, los servicios a las personas, los servicios de reparación de objetos (en lugar de producir bienes con una duración cada vez más corta), así como las actividades culturales y asociativas.

De hecho, el consumo debería estar ligado a la aspiración a una mejor calidad de vida y no a una acumulación ilimitada de bienes, ilusoria promesa de bienestar. El objetivo sería reubicar el consumo en relación a otro modelo de desarrollo, más justo, respetuoso del medio ambiente y en acuerdo con las verdaderas necesidades de los seres humanos. En este sentido, nosotros estamos de acuerdo con los «objetores del crecimiento» que reclaman «menos bienes, más vínculos».

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El consumo como revelador de la crisis de identidad

Más allá de la realidad económica, la sociedad sufre actualmente una crisis de identidad y un profundo desencanto del mundo. Esta crisis de identidad está ligada a la primacía de lo individual en detrimento de lo colectivo y a la creencia de que la suma de los éxitos materiales de cada uno constituye el bienestar de todos. El consumo pierde su finalidad primera, que es la de dar satisfacción a una necesidad: se consume porque los otros consumen. Paralela y paradójicamente, los modelos de realización de sí mismo transmitidos por los medios de comunicación y la publicidad ponen de relieve, y siempre en primer lugar, la excepción, la distinción y el rendimiento. Hay que consumir para distinguirse, para mostrar su diferencia, su éxito. Esta inestabilidad obliga a «estar siempre jugando un papel», incluso frente a sus familiares y amigos.

De hecho, no hay identidad, sino un proceso permanente de identificación que conduce a asumir una multiplicidad de roles cambiantes. El proceso de afirmación de la identidad por el consumo está en los hechos llamado al fracaso, porque está construido sobre un perpetuo recomenzar —una especie de declinación moderna del mito de Sísifo—, inquietante y absurdo. Este proceso conduce a una manera de pertenecer al grupo, de distinción o de exclusión, que desemboca en todos los casos en una identidad superficial que nos escapa.

El aumento de la producción no puede ser el único indicador de riqueza, como tampoco puede serlo el aumento del consumo de bienes por parte de cada individuo. De la misma manera que la sociedad no es una empresa abocada a producir cada vez más, cada uno de nosotros tampoco puede estar llamado a consumir siempre más. ¿Cuál será el verdadero objetivo?

La sociedad de consumo confunde necesidades y deseos

La sociedad de consumo nos acompaña desde la infancia. Es ella la que nos da las referencias que nos permiten situarnos, compararnos y valorizarnos. Ella construye un mundo de socialización completo, ahoga el sentido de la adquisición y corrompe la noción de deseo. Las necesidades humanas son al mismo tiempo individuales y sociales, materiales y espirituales. El sistema capitalista recurre abusivamente a esta noción de necesidad y la presenta como una categoría natural que se extiende indefinidamente. La lógica de las necesidades, natural en sus orígenes, se extiende a la totalidad de los deseos humanos, como si la sociedad tuviera que apoderarse de todos los deseos, transformarlos en necesidades y organizar la producción colectiva para satisfacerlos.

De allí provienen las incesantes exhortaciones a consumir. El consumo se ha transformado en un acto cívico. Poco importa lo que sea, siempre que aparezca en las estadísticas oficiales, que sea visible. En consecuencia, los seres humanos nos transformamos en productores/consumidores. Pasamos nuestras vidas y consagramos nuestras fuerzas a realizar la producción que tiene como objetivo la satisfacción de deseos creados por otros. Y el conjunto de la sociedad trabaja con una sola meta: alimentar el fuego del consumo.

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El consumo actúa como una droga

El condenado al trabajo y el forzado al consumo son las dos caras de un mismo rostro, el del homo economicus. Se comienza por consumir objetos, luego otros seres humanos (violencias, presiones) y finalmente se consume a sí mismo: drogas, sectas, suicidios.

PAUL ARIES

El consumo se ha transformado en el nuevo opio del pueblo. Es como una religión del mercado y la semántica no es neutra: templos del consumo, grandes sacerdotes de la economía, fe en el progreso, liturgia publicitaria, credo del poder de compra (el fundamentalismo mercantil del que nos habla Stiglitz).

El ultraliberalismo y el marxismo revisado a la moda soviética o china comulgan conjuntamente en la visión de una humanidad que se realiza por el desarrollo económico.

La publicidad y el marketing (500.000 millones de dólares por año en el mundo, 32.000 millones en Francia) son un claro testimonio del hecho que nuestra realización y nuestro bienestar no pueden obtenerse sin mediar el consumo de objetos, muchos de los cuales son superfluos. Retomando lo que decía Lacan a propósito del amor, podríamos decir que el marketing «es proponer algo que uno no tiene a alguien que no lo desea». Es la degradación del ser en el tener y después del tener en el parecer, con el espectáculo erigido en mercancía suprema. Según la fórmula de Osear Wilde: «Conocemos el precio de todo y no conocemos el valor de nada.»

A las nociones freudianas de psicosis/neurosis se agregan los fenómenos de adicción/depresión, originados en la privación de objetos que se han transformado en indispensables: para las generaciones anteriores el automóvil, la televisión para las actuales y los teléfonos celulares y los juegos video para los más jóvenes. Y aquí no se trata de poner en duda el valor inherente que el uso inteligente de estos productos posee, sino de constatar que muy a menudo son los utilizadores quienes están al servicio de ellos y no lo contra rio. De esta situación provienen los fenómenos conocidos de dependencia que actúan como nuevas drogas. Corresponde entonces a cada uno de nosotros y a nuestro grado de responsabilidad adoptar una mirada crítica sobre la sociedad de consumo e interrogarnos sobre nuestras verdaderas necesidades y deseos.

El trabajo erigido en valor

Todo transcurre como si el trabajo consumiera toda la actividad humana. Sin embargo, la segunda no puede reducirse al primero. Las actividades humanas deben ser múltiples, por eso me parece urgente reducir el lugar ocupado real y simbólicamente precisamente por el trabajo, para dejar un tiempo, un lugar, a otras actividades indispensables también para el bienestar individual, la realización de uno mismo y de las relaciones sociales.

DOMINIQUE MÉDA

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Continuando la reflexión de Dominique Méda, estamos de acuerdo en reubicar conceptualmente el lugar del trabajo en nuestra sociedad. Nos oponemos al discurso actual que lo instituye como un valor liberador y como un camino para la realización individual. Por supuesto que esta posición no es incompatible con nuestra convicción de que cada ciudadano debe tener el derecho a trabajar y que la lucha contra la desocupación forzosa debe seguir siendo una prioridad. Somos perfectamente conscientes que en una sociedad como la nuestra, que sacraliza el trabajo, es muy difícil llevar adelante este debate con la profundidad y serenidad que merece, en un clima donde la desocupación forzosa (y la carga de sufrimientos materiales y sociales que la acompañan) hacen muchas veces esta reflexión inaudible.

Dejemos bien en claro desde el principio nuestra posición, para evitar malentendidos y caricaturas: sostenemos que el trabajo debe ser un lazo social de calidad, al cual cada individuo debe tener acceso. El proyecto del pleno empleo debe seguir siendo esencial, a la par de la conquista de nuevos derechos.

Sin embargo, insistimos en afirmar, con fuerza, que la elevación del trabajo a la categoría de valor fundamental es el resultado de una ideología productivista incompatible, según nuestro punto de vista, con cualquier forma de realización de sí mismo.

El valor trabajo: una construcción histórica

La noción de «trabajo» se construyó histórica y socialmente. Según nuestro punto de vista, no existe un carácter antropológico del trabajo. Está históricamente demostrado que la actividad que permitía la subsistencia y la satisfacción de las necesidades, contrariamente a lo que se piensa comúnmente, no siempre se fundó en una división de las tareas; además, ocupaba un tiempo reducido (2 a 4 horas por día para los cazadores-recolectores). En este tipo de sociedad, la idea de necesidades ilimitadas no existía. Estas sociedades no estaban estructuradas en torno a las necesidades del intercambio o del consumo, sino en torno a otras lógicas como la tradición y la naturaleza. En la Grecia antigua, el trabajo era despreciado y asimilado a tareas degradantes. Los mendigos y los artesanos formaban parte de una misma categoría. Aristóteles valorizaba principalmente la actividad ética y política.

En el Génesis, el trabajo está asimilado a una sanción. Así, después del pecado de Adán y Eva se dice «te ganarás el pan con el sudor de tu frente». Es durante el siglo XVI que el trabajo toma el nombre de tripalium, que designaba entonces un instrumento de tortura. Desde el Imperio Romano hasta la Edad Media siempre se trató el trabajo de la misma manera: con desprecio. El valor principal del orden social de esos tiempos era el rango.

Es Adam Smith, el gran teórico liberal e inventor de «la mano invisible del mercado» como instrumento de regulación, que en 1776 asimila —en su libro Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones— el trabajo y especialmente su pro-ductividad (relacionada con la utilización de máquinas y la división de tareas) a un factor de crecimiento de la riqueza. Este razonamiento, que consagra a partir del siglo XIX la medida de la riqueza de una sociedad en función de su actividad económica, provoca un deslizamiento semántico, instituyendo el trabajo como un valor moral estructurante. Y es así como el trabajo adquiere un valor central a partir del cual se construye progresivamente un nuevo orden social fundado sobre los asalariados.

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El trabajo como valor, tal como lo conocemos actualmente, es el resultado de una construcción histórica. Para ser más precisos, el concepto de trabajo entra en escena con el advenimiento del sistema capitalista y desde allí se impuso progresivamente.

El trabajo, una actividad de producción al servicio de lógicas económicas

La elevación del trabajo a la categoría de valor es el resultado de un proceso histórico vinculado al desarrollo del capitalismo y se caracteriza por el sometimiento del conjunto de las actividades de la vida a las consideraciones económicas y al imperativo del aumento de la producción y del consumo. El capitalismo considera el trabajo como un simple factor de producción, es decir, como un coste, una variable ajustable al servicio de una lógica implacable: la búsqueda de ganancia para los propietarios del capital. En la actualidad, el trabajo es el soporte y el pretexto del crecimiento, la fuente de enriquecimientos fabulosos que benefician a algunos, dejando a la gran mayoría encandilados con la esperanzada ilusión de participar algún día en el festín, aunque resignándose más bien que escandalizándose. Camino forzoso de una participación en las tentaciones de la sociedad de abundancia, el trabajo es sometido al chantaje permanente de una obligación de competitividad, ubicado en una situación de competencia desregulada, con armas muy débiles y defensas desgastadas.

Los directivos de la empresa arbitran entre los diferentes costes: materias primas, alquileres, gastos de personal, como si existiera una equivalencia entre todos esos rubros contables. El «recurso humano» es de esa manera analizado, desglosado y valorizado según el precio del mercado. Esta valoración no tiene nada que ver con la dificultad o la pertinencia del uso del bien o del servicio producido, sino que está directamente determinada por un razo-namiento exclusivamente económico, que evalúa la escasez relativa de las competencias en el interior de un proceso productivo. Esto significa, dicho crudamente, que en un medio de competencia internacional, o bien se disminuyen los salarios, o los empleos se deslocalizan. Y por supuesto que en una situación de desempleo, la relación de fuerza es más favorable a los empleadores para imponer la congelación de los salarios apoyándose en el miedo a la inse-guridad que esta situación genera. En estas condiciones, ¿cómo podemos imaginar la realización satisfactoria de cada individuo a través de su trabajo? Como valor moral deberíamos encontrar algo mejor... Y como vínculo social central deberíamos encontrar algo más justo y equitativo.

Es cierto que algunos encuentran placer trabajando. Sin embargo, no deberíamos perder de vista que ese no es el caso de la inmensa mayoría de los asalariados para quienes el trabajo continúa siendo un peso tanto físico como psicológico.

El vínculo de subordinación es efectivamente uno de los componentes esenciales inherentes al valor «trabajo». Este vínculo «existe entre el asalariado y su empleador, y se explica casi lógicamente por la naturaleza del contrato de trabajo. Dicho de otra manera, a partir del momento en que se considera que el trabajo humano puede ser objeto de una transacción mercantil, por el acto de compra se obtiene en consecuencia la libre disposición de lo que se ha comprado.» Evidentemente, en la relación de trabajo hay una asimetría total entre el que postula a un empleo para satisfacer sus necesidades y el que decide y elige. Para tener en cuenta y compensar de manera muy parcial la desigualdad del lazo de subordinación, el legislador ha instaurado, por la presión de las luchas obreras, un derecho al trabajo continuamente cuestionado. Podemos comprender así la insistencia de los liberales para hacer desaparecer esta protección fundamental.

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Transformando el trabajo en un «valor», la derecha es coherente con sus ideales y con el sistema que defiende, fundado en la eficacia económica, la búsqueda del beneficio y la idea maestra que la riqueza de algunos crea el trabajo de los otros. La izquierda, heredera de una tradición materialista, toma generalmente hoy en día posición por una «rehabilitación del valor trabajo». Como si lo que fundara nuestro pacto social y nuestro «vivir juntos» debiera reducirse a una actividad productiva remunerada. Esta izquierda revindica una herencia donde el sentido de la historia de la humanidad sería el de humanizar lo natural, modelarlo, rechazando la animalidad del mundo. En esta óptica o hipótesis, los seres humanos nos realizaríamos completamente al interior o a través de nuestra producción. Nosotros no compartimos esta manera de ver. La lucha verdadera, la única que tiene valor, es la del rechazo de la lógica de aquellos que buscan valorizar el capital en detrimento del trabajo. Se trata de valorizar los derechos y los poderes del trabajador con el fin de brindar al trabajo y, por ende, a los seres humanos una conformidad con su esencia.

Antes de ser interpretado como un medio que nos permite organizar la naturaleza o humanizar el mundo, el trabajo nació como un factor de producción. Por eso nosotros nos oponemos a considerar la actividad de producción como ligada a lo esencial de los seres humanos o de su historia. En este sentido, consideramos, como Dominique Méda, que «el carácter alienante del trabajo no desaparece por la apropiación colectiva de los medios de producción. Que los capitales sean manejados por los trabajadores y no por los capitalistas cambiaría poco respecto de las condiciones concretas del trabajo; la organización del mismo estará siempre en manos de algunos y no de lodos [...] o dicho de otra manera, la abolición de la relación salarial no alcanza para que el trabajo se transforme en autónomo». ¿Debemos continuar erigiendo como único vínculo social, como valor, una actividad que estructuralmente produce desigualdad? Pensamos que no. El trabajo es y seguirá siendo alienante, alienante por naturaleza, porque es el resultado de una relación, de una subordinación mercantil entre los individuos, al servicio de un sistema cuya lógica es extranjera a la noción misma de humanidad.

El trabajo y el mérito

La derecha ha hecho del «mérito» y del «trabajo» el fundamento de su reflexión política. Y, curiosamente, la izquierda se siente algo molesta cuando se trata este tema. Además, cada uno actúa como si el mérito y el trabajo fueran nociones o valores establecidos, cuyo sentido y utilización se sobrentienden.

¿Qué entendemos nosotros por mérito? ¿Se trata de los necesarios esfuerzos que cada ciudadano realiza sobre sí mismo para aprender y poder así contribuir lúcidamente en la vida colectiva? No, seguramente que no. Cuando la derecha evoca el mérito, lo hace ligándolo con naturalidad a lo que llaman «el éxito». El mérito se transforma entonces en un argumento liberal y conservador por excelencia, que muchas veces se declina en términos de «de acuerdo a su voluntad y a su trabajo, 'cada uno' puede llegar más o menos lejos en función de una escala de valores preestablecida». Aquí, de nuevo, ¿de qué escala de valores estamos hablando? ¿De la escala que jerarquiza a los individuos en función de su eficacia económica, estando esta última determinada por las leyes del mercado? En este mundo (nuestro mundo), el saber de una asistente social, o de un obrero, «vale» cinco veces menos que el de un cuadro superior.

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La derecha legitima este orden de cosas apoyándose en el «mérito»; el mérito de la derecha es el haber nacido en una familia cultural o financieramente favorecida, el no tener problemas de salud, el haber tenido la suerte de encontrar buenas relaciones en el momento justo. En una palabra, el mérito que todos merecemos... ¿Y qué opina la izquierda frente a esto? Cuando le hablan de «mérito», ella responde: «luchar contra el fenómeno de reproducción social»; al centrarse sobre «volver a poner en marcha el ascensor social», no cuestiona más las jerarquías sociales, ni los valores y las lógicas que nos han conducido a construirlas. Termina entonces implícitamente por legitimar un sistema y sus desigualdades inherentes, proponiendo nada más que medidas correctivas, que no cambiarán fundamentalmente el orden de las cosas, ya que la injusticia es justamente uno de los componentes esenciales del sistema. No se trata entonces de corregir el sistema dándole a cada uno la posibilidad de hacer «méritos», sino de saber cómo ir reconsiderando la escala de valores de las relaciones humanas.

El trabajo debe encontrar su lugar «justo»

Pensamos que defender el acceso a un empleo de buena calidad para todos no es incompatible con la crítica sobre el lugar central que ocupa el valor trabajo como único medio para adquirir derechos y reconocimiento. Y no se trata aquí de poner en tela de juicio el trabajo en sí mismo o de predicar su extinción. No es su existencia, sino su lugar lo que ponemos en tela de juicio.

Hanna Arendt, que se refiere frecuentemente a la antiguas Grecia y Roma, divide la forma más corriente del vivir humano, la vida activa, en tres categorías: el trabajo, la obra y la acción. Ella constata y deplora la tendencia actual a transformar el trabajo en invasor y absorbente de las otras dos categorías. Se trata, según ella, de la categoría menos humanizadora, porque el producto de esta actividad es inmediatamente consumido sin dejar huellas. Para esta autora, «la economía apunta a reducir el ser humano, todo entero, a un nivel de animal condicionado a un comportamiento previsible [...], una de las características dominantes de este nuevo dominio ha sido esa tendencia irreversible a invadirlo todo, a de-vorar las antiguas esferas de lo político y de lo privado, así como aquella más reciente de la intimidad». ¿Ocupa el trabajo su justo lugar entre las actividades humanas actualmente? La respuesta es claramente no. Nosotros deseamos defender el carácter diversificado de las actividades humanas indispensables para nuestro equilibrio, sean ellas familiares, culturales, asociativas, políticas o amorosas. El trabajo debe volver a encontrar su «justo lugar».

Formulemos entonces la pregunta sin ambigüedades: ¿Y si defendiendo otro ideal, otra noción de la riqueza, otra visión del mundo, la ciega glorificación del mérito y del trabajo no tuvieran más sentido? Habría entonces que aceptar el cambio de sistema y promover un sistema humanista donde la lógica dominante deje de ser mercantil, donde lo esencial no sea «económicamente posible de medir»; una sociedad en la que la riqueza se defina de manera diferente.

Puesto que el trabajo y las jerarquías sociales no deben ser el fruto de decisiones económicas, proponemos la disminución del tiempo de trabajo, acordando un verdadero estatuto a las actividades no productivas (asociativas, políticas, humanitarias...). También deseamos promover una gestión del tiempo durante toda la vida, que permitirá a cada uno interrumpir su actividad productiva para dedicarse a proyectos personales y colectivos. Además, nos negamos a reconocer como ideal de sociedad lo que algunos llaman la «sociedad

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del trabajo», oponiéndola a la de la «asistencia», lo que sugiere que si no se ha tenido la suerte de encontrar o acceder a un empleo, no habrá seguro de enfermedad, ni seguro de subsistencia, ni jubilación. Es como si solamente el trabajo participara del bienestar colectivo, como si cada uno tuviera la misma posibilidad de elección y acceso a ese famoso «trabajo», como si los que no lo tienen hubieran conscientemente elegido esa situación para «aprovecharse» del sistema.

El desempleo se revela además social y económicamente dramático para quienes lo viven. «En una sociedad que ha hecho del trabajo su norma y su mito, la fuente de los ingresos económicos, de la identidad y del contacto con los demás individuos, ¿cómo no estar convencidos que la ausencia de trabajo equivale a una especie de muerte social que conlleva no solamente una disminución del dinero disponible, sino también el sentimiento de inutilidad social, de incapacidad, el desánimo y la ausencia de estima por sí mismo?»8

Relativizar la obligación de crecimiento, calmar un poco el apetito de consumo, sustraer el trabajo remunerado a los imperativos de las ganancias, reducir el espacio que le está reservado, abrirse a la gratuidad, todos estos elementos deberían permitir una sociedad más tranquila, una sociedad más abierta, respetuosa de la pluralidad de las actividades humanas, a través de las cuales los seres humanos encuentren la realización de sí mismos desarrollando vínculos sociales enriquecidos. Reubicar el trabajo y sus objetivos en su lugar verdadero, inventarle un marco humano, será hacer accesible para los individuos un espacio de creatividad y una manera de vivir más feliz.

Los nuevos indicadores de riqueza

Los conceptos y las medidas del crecimiento, de la productividad y del poder de compra carecen ya de sentido en los sectores de mayor empleo de los países desarrollados, o sea, los de la educación, la salud, la acción social, los servicios, la administración pública, los asesoramientos a empresas o a particulares, la investigación, los bancos, etc. Esos conceptos heredados del modelo llamado «fordista» de la gran industria o de la agricultura a gran escala están hoy en día completamente superados.

JEAN GADREY

Actualmente, el cálculo del crecimiento reposa sobre el producto interior bruto, el famoso PIB, es decir el valor mercantil creado por la economía cuando produce todos los bienes y servicios que se venden en un país durante un año. Se agrega a este valor mercantil lo esencial de los «costes de producción» de los servicios no mercantiles de la administración pública. No es el valor de estos servicios lo que se mide, si de alguna manera este valor pudiera ser medido, sino que se evalúa solamente su coste (por ejemplo para el PIB, el valor creado por un hospital se mide esencialmente por el volumen de los salarios que perciben sus funcionarios y no por la importancia de los servicios prestados al público). El PIB es por ende sólo una medida de la riqueza económica y monetaria.

Con este modo de cálculo, las reparaciones originadas en las catástrofes naturales y humanas, el tratamiento del exceso de residuos, los gastos originados en la degradación de las condiciones de vida y de trabajo hacen progresar el PIB.

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8. Dominique Méda.

No solamente no se tienen en cuenta las pérdidas del patrimonio natural, sino que se contabiliza su destrucción organizada, como por ejemplo la extracción de materias primas. Y, sin embargo, numerosas actividades y recursos que contribuyen al bienestar general, tales como las tareas benévolas, el trabajo doméstico, las actividades culturales o la educación popular no son tenidas en cuenta.

El Producto Interno Bruto (PIB) no fue creado para que sea una referencia del bienestar general, pero su instrumentación política nos lo presenta como tal. Sin embargo, la diferencia entre el PIB y los índices de salud social o de calidad del medio ambiente son alarmantes. Hemos de ponernos otros lentes diferentes al PIB y combatir su carácter y su utilización imperialista.

Existen varios otros indicadores alternativos, y sería ilusorio y hasta peligroso conducir una política con un sólo indicador fijo, con capacidad absoluta para definir el nivel de bienestar colectivo sobre la tierra. Es la complementariedad de varios indicadores lo que puede darnos una visión amplia del nivel de riqueza de una sociedad.

No es una minoría de expertos la que tienen que definir y cuantificar esta noción compleja, capaz de evolucionar en el tiempo y en el espacio, y que varía según las diferentes culturas humanas. Este trabajo implica necesariamente una parte de apreciaciones subjetivas, tanto en lo que se refiere a los indicadores elegidos, como a la importancia dada a cada uno de ellos. ¿Cómo sumar, por ejemplo, los porcentajes de desocupación y la desigualdad de los sueldos, las expulsiones de la gente de su vivienda y el número de personas sometidas al impuesto a las grandes fortunas? Es necesario exigir la publicación regular y comparativa de indicadores que midan otro tipo de riquezas y no solamente las económicas. Entre estos últimos indicadores, Utopía retiene cinco de los principales.

Los nuevos indicadores ya existen

El índice de Desarrollo Humano (IDH)Establecido en los años noventa por las Naciones Unidas, el índice de Desarrollo

Humano es el más antiguo índice alternativo al PIB, y lo complementa con datos sobre salud y educación. Según este índice, los Estados Unidos ocupan el octavo lugar, mientras que Suecia, que está en el vigésimo lugar respecto del PIB por habitante, ocupa el segundo puesto. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica anualmente otros tres índices sintéticos. En 1995 comenzó a publicar el ISDH (Indicador Sexo Específico de Desarrollo Humano), que permite la evaluación de las diferencias de desarrollo en función del sexo y, más tarde, a partir de 1997, el IPH (índice de Pobreza Humana), que hace la distinción entre países desarrollados y países en desarrollo.

El índice de Salud Social (ISS)Iniciado en 1996 en los Estados Unidos, este índice reúne el promedio de dieciséis

indicadores. Se reagrupan en él criterios de salud, de educación, de desempleo, de pobreza, de

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desigualdad, de accidentes y de riesgos diversos, haciendo una especie de resumen de los grandes problemas sociales contemporáneos. Este índice ha adquirido notoriedad en América del Norte y en otras regiones a partir de la publicación en 1996 en la revista Challenge de una gráfica muy conmovedora que muestra, al mismo tiempo, la curva del crecimiento económico americano y la de este índice de salud social a partir de 1959, con una distancia muy importante entre los dos índices a partir de 1973-1974.

El BIP 40El BIP 40, Barómetro de las Desigualdades y de la Pobreza, fue introducido en

Francia por la Red de Alerta contra las Desigualdades (RAÍ), una iniciativa colectiva de investigadores y de asociaciones. Se trata del único indicador sintético alternativo digno de ese nombre existente en Francia y se compone de aproximadamente sesenta criterios. El BIP 40 es un índice reconocido que busca darle prioridad a los temas de la pobreza y la desigualdad. Identifica las series de datos estadísticos que reflejan las diversas dimensiones de la desigualdad y de la pobreza y luego las suma. Este índice depende sin embargo de las estadísticas disponibles (sobre ciertos temas, como la salud, la falta de información es frecuente). La metodología elegida para elaborar este índice se inspira en los trabajos realizados para confeccionar el IDH o indicadores de salud social análogos.

La huella ecológicaElaborado en 1996 William Rees y Mathis Wackernagel, este indicador se refiere

únicamente al medio ambiente y no integra criterios sociales. Refleja el grado de utilización de la naturaleza (energías fósiles y renovables) por parte de los seres humanos con fines de producción y consumo material. Está basado en la superficie del planeta (transiórmada en cantidad de hectáreas), de las que depende su población, y tiene en cuenta lo que se consume y los residuos que se originan.

Según la WWF, esta huella ecológica pasó de alrededor 60% de la superficie utilizable del planeta en 1960 a más de 120% hoy, necesitándose por ende 1,2 planetas para seguir extrayendo los recursos naturales al mismo ritmo actual. Se utilizan entonces 20% de los recursos naturales más allá de lo que un proceso de recuperación lo permite. Efectivamente, los cálculos muestran que durante los años 1980 la huella ecológica mundial comenzó a superar la cifra de un planeta, es decir que la humanidad pasó a consumir y a producir residuos más allá de lo que su capacidad de recuperación planetaria permite. Además, este fenómeno ocurre en forma muy desigual según los continentes. Por ejemplo, un americano del norte tiene una huella ecológica de 9,6 hectáreas, siete veces mayor que la de un africano o un asiático.

Además, la población aumenta, y los países emergentes aspiran e intentan (solamente algunos) alcanzar los niveles de vida de los países más ricos. Si todos los habitantes de nuestro planeta tuvieran nuestro modo de vida, necesitaríamos tres planetas. De ahí la expresión común y justamente utilizada «estamos caminando por un callejón sin salida», pero también lo hace la locura de los políticos que predican un crecimiento material ilimitado.

El PIB verdeCreado por investigadores y organizaciones no gubernamentales, su objetivo es

corregir el PIB deduciendo el coste de los perjuicios ambientales y sociales. En teoría debe

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servir para medir la verdadera riqueza nacional de un país. En el caso de China, que comenzó a utilizar este índice en 2004, su PIB del año 2000, que se situaba en 8,75%, descendió a 6,5%. La Universidad de Pekín estima que por lo menos de 3 a 7 puntos de crecimiento del PIB de los años noventa fueron logrados en detrimento de los recursos naturales y del medio ambiente. Esto quiere decir que por lo menos la mitad del crecimiento de este decenio tendrá que ser deducido, y eso sin tener en cuenta las condiciones sociales degradantes que acompa-ñan este crecimiento económico.

¿Cómo pueden utilizarse estos indicadores?

Es imperativo que nos dotemos de instrumentos que permitan reintegrar en las decisiones públicas y privadas los elementos y actividades que actualmente no cuentan para nada en el PIB. Es decir, hemos de reconsiderar toda nuestra concepción sobre la riqueza social.

DOMINIQUE MÉDA10

Nuestro objetivo es disponer de estos índices y ponerlos al servicio del desarrollo humano y ecológico. Deberían ser producidos al mismo tiempo a nivel local, regional, nacional, europeo y mundial para poder ser discutidos. Publicados anualmente, junto con la rendición de cuentas a la nación, y presentados en el Parlamento y en las intendencias departamentales o colectividades territoriales con la misma solemnidad, estos indicadores o índices le darían al poder político la oportunidad de alimentar el debate público sobre el sentido del desarrollo y constituirían las bases para determinar las medidas a adoptar.

No existe en la actualidad un amplio debate público sobre el sentido del progreso y de las políticas económicas. Un seguimiento en este sentido podría servir de brújula para conducir la construcción de un proyecto de sociedad que se proponga como meta el mejoramiento del bienestar individual y colectivo.

Finalmente, es también esencial impulsar lo que muchos militantes asociativos llaman la contabilidad del siglo XXI, es decir una contabilidad adaptada a los desafíos de nuestro tiempo que mida de manera diferente la riqueza. Las cuentas económicas, sociales y ecológicas son indisociables.

10. Cahiers du management, 2001.

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II. LA ECOLOGÍA Y OTRO MUNDO POSIBLE

El desafío ecológico

La situación actual nos hace pensar en unos personajes de historieta arrastrados en una loca carrera por el vacío sin que ellos mismos se den cuenta; la fuerza de su imaginación les hace flotar en las alturas pero, al tomar conciencia, se desploman totalmente.

RAOUL VANEIGHEM

Las conclusiones sobre el clima

La mayoría de los responsables políticos se han comportado hasta hace pocos años como esos personajes de historieta, obsesionados por la competencia y el crecimiento. Sólo consideraban como único espacio su nación, al punto de descuidar el hecho de que los recursos naturales provienen de un único planeta, que la energía abundante y barata tiene necesariamente un fin y que la relación entre la actividad humana y el recalentamiento climático se hace cada vez más evidente.

La necesidad manifiesta de adoptar medidas urgentes para hacer frente al cambio climático ha quedado demostrada muy recientemente. La comunidad científica ha pasado de la interrogación a la duda, de la duda a la presunción y de la presunción a la certeza. La propia confesión del presidente de la Shell, John Hofmeister, hasta hace muy poco opuesto a las teorías sobre el calentamiento climático, lo confirma: «El debate está cerrado, no hay que distorsionarlo más, cuando el 98% de los científicos están de acuerdo, no tenemos ya derecho a seguir dudando.»

Sin embargo, en 2006 un grupo corno Exxon Mobil gastó 16 millones de dólares en la financiación de organismos encargados de manipular la información sobre el tema del recalentamiento climático para fabricar dudas e incertidumbre, como lo hicieran hasta ayer las compañías tabacaleras respecto al cáncer de pulmón. Para esa gente, «nuestras vidas valen menos que sus beneficios».

Sin entrar en los detalles de las consecuencias dramáticas del recalentamiento climático, que han motivado numerosos informes,' publicaciones y películas, hemos de indicar que el clima no es sólo «el tiempo que hace afuera».

Se trata de un ciclo completo y complejo donde entran múltiples factores que interactúan sobre el clima y el agua, causando sequías, inundaciones, contaminaciones, emigraciones y refugiados, olas de calor, desertificación, incendios, epidemias, ciclones, aumento del nivel del mar, pérdida de la diversidad biológica, y más.

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1. Informe del GIEC, informes de Greenpeace; WWF; Nicholas Stern; Facteur 4; Parlamento; Senado, etc.

El cambio climático amenaza las condiciones básicas de vida para muchas poblaciones: el acceso al agua, la producción agrícola y la salud. Los países más pobres serán los primeros afectados, habiendo sido los que menos contribuyeron a crear esta situación. El cambio climático pone en peligro la vida de toda la humanidad.

El tema de la calidad del aire es completamente ignorado en los debates políticos. Sin embargo, las actividades humanas en los países industrializados (industria y transporte) tienen una clara incidencia en las enfermedades respiratorias y alérgicas. Según un estudio de la OMS publicado en el año 2000, en Francia se cuentan 32.000 muertes por año atribuibles a la contaminación del aire y el número de asmáticos se ha duplicado en veinte años.

Si no se toman medidas, la acumulación de gases de efecto invernadero se duplicará en algunos años y la temperatura media aumentará en casi 5 °C. Se trata de la misma diferencia que hubo entre la última glaciación de hace veinte mil años y ahora, salvo

Que la actual se produjo en un lapso de cien años. El aumento de la temperatura será de 10 °C en algunas zonas.

El riesgo mayor es, en este caso, la aceleración del cambio climático, que trae consigo una disminución de la capacidad del mar y de la tierra de producir biomasa para la alimentación, la energía y otros elementos, así como para absorber carbono y servir de receptáculo de la biodiversidad. Este riesgo existe a partir de una concentración de 400 ppm de gas carbono en la atmósfera, cantidad a la que se llegaría a partir de 2015 si se continúa con el ritmo de estos últimos años. Se entraría entonces, según los expertos sobre el clima, en un territorio desconocido. Es por consiguiente muy urgente actuar.

En su famoso informe, el ex vicepresidente del Banco Mundial, Nicholas Stern, calcula que el coste global de la inacción asciende a 5 billones 500.000 millones de dólares, o sea, cerca del 20% del PIB mundial, coste ligado a los problemas de alimentación, de acceso al agua, de salud, de infraestructuras y, además, a las consecuencias de los desplazamientos de poblaciones. Para el PNUD, el coste del recalentamiento climático se duplica cada diez años: «Hacer costará caro, no hacer nada costará muy caro.»2

Según Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas, el recalentamiento climático también podría poner en peligro la paz y la seguridad mundial y socavar los esfuerzos de la lucha contra la pobreza. Efectivamente, podemos hablar también de un coste social del carbono.

Cuando hablamos de hambrunas, pandemias y riesgos de conflictos, ya no se trata de un problema coyuntural, sino de una crisis planetaria que será sin duda el mayor reto del siglo XXI.

El actual cambio climático representa un desafío único para la economía: constituye para el mercado el mayor fracaso, el más importante y el más extendido que haya existido jamás.

NICHOLAS STERN3

2. Koffi Anan, ex secretario general de la ONU.

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3. Conférence á 1'IEP París, 2007.

Las conclusiones sobre el agua

Mil quinientos millones de personas carecen de acceso al agua potable hoy en día, 2.000 millones no tienen saneamiento y 2.000 quinientos millones consumen agua contaminada. Como resultado de todo ello, más de cuatro millones de seres humanos mueren cada año por enfermedades vinculadas a la escasez de agua, incluidos dos millones de niños que mueren tras consumir agua no potable.4

La contaminación de la primera fuente de vida en el planeta se convierte en la principal causa de mortalidad y el recalentamiento climático agrava aún más el problema. En China, el crecimiento ha dado lugar a la contaminación del 70% de las aguas subterráneas, ríos y arroyos. En Francia, aun si el tipo de contaminación no es comparable, el 96% del agua de las capas freáticas contiene por lo menos un pesticida. El consumo mundial de agua se ha multiplicado por seis en un siglo, mientras que la población se ha multiplicado por tres, pero esto se produce con desigualdades flagrantes: unos pocos litros por habitante por día en una parte del Oriente Medio y África y un promedio de 500 litros en países como los Estados Unidos.

Sin embargo, desde hace treinta años no son declaraciones las que faltan: en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en 1977 se afirma «el derecho de todos los pueblos a acceder al agua potable»; en 1990, la Carta de Montreal proclama que «El derecho de acceso al agua es un derecho fundamental de los seres humanos».

Desde esta óptica, la solución preconizada hasta ahora ha sido la asociación público-privada, o sea, de hecho, la privatización de los servicios de agua. Esto ha conducido a menudo a un aumento de los precios para los consumidores, a la disminución de las inver-siones indispensables, a la disminución de la calidad del servicio prestado y al desarrollo de mecanismos de corrupción. Si bien los operadores privados reivindican sus conocimientos tecnológicos, la lógica del mercado no es ni el humanismo ni el largo plazo.

Es muy urgente cambiar el modelo e instar a las naciones a retomar el control del mercado para recuperar el derecho al agua, derecho fundamental, fuente de toda vida sobre la tierra.

Sudáfrica ha incluido el derecho al agua en su constitución y distribuye sin coste directo para la población veinticinco litros por persona por día. Otros países como el Uruguay siguen el mismo camino. El coste necesario para satisfacer las necesidades mundiales de agua se estima entre 20.000 a 30.000 millones de dólares por año. Si lo comparamos con los 330.000 millones gastados por año en la guerra de Irak, este gasto parece total y perfectamente realizable.

4. Unicef, rapport 2006.

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Las recomendaciones de Utopía frente al reto ecológico

Para aportar soluciones a la crisis energética y climática, Utopía propone seis grandes líneas de acción, que pueden aplicarse a nivel local, nacional, europeo e internacional: 1) el planteo «Negawat» para reducir por cuatro las emisiones de gases de efecto invernadero; 2) el abandono progresivo de la energía nuclear; 3) la creación de un centro público de energía; 4) una enérgica política fiscal basada en el principio de «quien contamina paga»; 5) la relocalización de la economía; 6) la restauración de la agricultura de pequeños productores y un plan de apoyo a la reforestación.

El Factor 4 de las emisiones de gases de efecto invernadero

Frente a la crisis energética y climática, proponemos en primer lugar adoptar medidas realistas para dividir por cuatro las emisiones de gases de efecto invernadero, desde ahora hasta el año 2050 en Francia y en general en Europa y en el planeta. Éste es objetivo del «Factor 4». A nivel del planeta, se trata de reducir de aquí al año 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en comparación con el año 1990, previendo al mismo tiempo una duplicación del consumo de energía (de ahí la expresión «factor 4»). En Francia se trata de dividir por cuatro las emisiones de gases de efecto invernadero, sea cual fuere el consumo energético.

Para llegar al Factor 4 será necesario que cada habitante del planeta genere un máximo de media tonelada de carbono por año. Recordemos que cada ciudadano estadounidense produce actualmente 5,3 toneladas y un francés algo más de dos. Con una progresión económica mundial del 21% entre 1990 y 2001, la tendencia actual llegará a duplicar las emisiones mundiales de CO2 para el año 2050. Además, el CO2 tiene un efecto acumulativo y necesita un siglo para reabsorberse. Con el acuerdo de Kioto, que prevé una disminución del 5% para 2012 en relación a 1990, y que ni siquiera es aplicado en todas las regiones, estamos lejos de este objetivo (solamente cubre el 27% de las emisiones producidas en Francia).

El Factor 4 ha sido objeto de un curioso consenso. Fue presentado por primera vez en Francia por el primer ministro durante una conferencia sobre el clima, en 2004, luego retomado en 2005 por el presidente de la República con motivo de los acuerdos de Kioto y finalmente plasmado en la ley del 13 de julio de 2005 de lucha contra el cambio climático. ¿Debemos atribuir este consenso al carácter aparentemente lejano del año 2050? Ninguno de los actuales gobernantes tendrá que rendir cuentas entonces, salvo frente a la historia. Este desafío necesita, desde nuestro presente, una política voluntarista capaz de superar lo que hoy sólo se da como una toma de conciencia individual.

Los planteamientos actuales o previsibles, incluidos los de Kioto, están lejos de ser suficientes. Hemos de notar, sin embargo, que en marzo de 2007 los 27 estados miembros de la Unión Europea decidieron que esa región deberá reducir desde ahora a 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero en por lo menos un 20% en comparación con 1990 y, para esto, mejorar en un 20% la eficiencia energética y alcanzar el 20% de la producción a partir de energías «renovables». Estas buenas intenciones deberán aún materializarse.

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5. www.negawatt.org.

El emprendimiento Negawatt: sobriedad, eficiencia y energías renovables

Un grupo de expertos trabaja desde hace varios años en Francia sobre el Factor 4 en una asociación llamada Negawatt.5 Utopía propone tomar como base de acción en Francia la propuesta de esta asociación, fundada necesaria y simultáneamente en la sobriedad, la eficiencia energética y las energías renovables. Este emprendimiento tiene la ventaja de ser realista ya que, limitándose al uso de las tecnologías existentes, no rechaza futuros avances tecnológicos, especialmente los que pudieran concernir al almacenamiento de electricidad, a las reservas de carbono, al desarrollo de tecnologías basadas en el hidrógeno o a la energía nuclear de la llamada cuarta generación. También es realista, ya que describe medidas concretas aplicables y demuestra que su financiación es posible.

Según los objetivos del Factor 4, Negawatt se propone identificar esos «negawatts» que surgen de la energía no consumida gracias A una utilización más sobria y más eficiente (aproximadamente el 64% de nuestro consumo de energía primaria). Se plantea también un abandono gradual de la energía nuclear. La sobriedad consiste en eliminar todos los gastos inútiles en cada uno de los rubros de organización de nuestra sociedad, así como también en el comportamiento individual, sin recurrir a la austeridad o al racionamiento. Por ejemplo, se trataría de aprovechar mejor la luz natural, reducir las iluminaciones inútiles, controlar mejor la calefacción, racionalizar los hábitos de desplazamiento de personas y mercancías, desarrollar el transporte público, promover el uso de la bicicleta en la ciudad, etc.

La eficiencia energética tiene en sí misma el potencial de ser la principal fuente de ahorro de las emisiones de gas de efecto invernadero (GEl) del sector energético. Se trata de utilizar las tecnologías que consuman menos energía para proporcionar los mismos servicios. Es posible reducir en un factor de 2 a 4 algunos de nuestros consumos de energía y de materias primas mediante tecnologías ya probadas. Para lograrlo habría que revisar los actuales equipos muy consumidores de energía para ponerlos a un nivel aceptable, lanzar un programa de mejora energética de los edificios antiguos, generalizar las lamparillas eléctricas de bajo consumo, desarrollar las redes de calefacción en cogeneración, etc. Por último, si las fuentes de energía renovables (solar, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, biomasa) son bien distribuidas y descentralizadas, tienen un bajo impacto ambiental y permiten por sí solas, en última instancia, responder a nuestras necesidades de energía, respetando al mismo tiempo nuestro planeta. Este planteamiento es considerado por los expertos y por los políticos competentes en la materia perfectamente realizable. ¿Sabremos aplicarlo a tiempo puesto que estamos ya en situación de urgencia?

Un abandono gradual de la energía nuclear

El programa Negawatt se pronuncia por una salida de la producción de energía nuclear de aquí a 2035, sin un enfoque dogmático, demostrando simplemente que es posible dejarla de lado. Utopía defiende esta posición. El problema de la energía nuclear es complejo. Va más allá del aspecto puramente económico y técnico. Lo que se plantea es una elección de la sociedad que deseamos. Este tema crucial no ha sido hasta ahora debatido democráticamente

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en Francia, o sea, ¿en qué mundo queremos vivir y qué deseamos transmitir a las generaciones futuras?

Las posiciones en favor de la energía nuclear presentan cuatro argumentos principales, que están demostrando ser falsas soluciones. El cambio climático es una bendición para esta posición pronuclear, pues presentan esta energía como productora de bajas emisiones de carbono y reducida contaminación. Pero, si bien la energía nuclear emite pocos gases de efecto invernadero, una electricidad mundial producida exclusivamente por energía nuclear reduciría esos gases en sólo un 9%. Dicen también que permitiría la independencia energética, sin embargo, el uranio, como el petróleo, es importado y estas materias primas existen solamente en un número muy limitado de países. La energía nuclear se presenta con frecuencia como una energía renovable, salvo que la duración de las reservas mundiales de uranio se estima en cien años. Por otro lado, se considera de bajo coste pero, de hecho, los costes indirectos no se incluyen en los cálculos, ni tampoco el aumento progresivo anunciado del coste del uranio.

Por otra parte, los argumentos en contra de la energía nuclear son muchos e importantes. Los tres principales son: los residuos, la proliferación y el riesgo de accidentes.

— Las soluciones técnicas para la eliminación de los residuos, que deberían haber permitido neutralizar la radioactividad, prometida desde hace cuarenta años están aún por verse. Incluso en la próxima generación de centrales nucleares quedarán siempre residuos radiactivos y, por tanto, peligrosos. «Oficialmente» existen hoy en Francia mil sitios de almacenamiento de residuos (incluyendo los residuos radioactivos de la medicina) para una producción de 1.200 toneladas/año, principalmente provenientes de los combustibles o del desmantelamiento de las centrales.

— La proliferación sigue siendo un grave riesgo porque las fronteras entre lo nuclear civil y militar son, como lo sabemos, muy poco seguras.

- Los accidentes en las centrales o en el transporte de materiales radioactivos son posibles, aun si se producen raramente. Sus consecuencias continúan siendo dramáticas por largo tiempo.

Dejar este regalo envenenado a las generaciones futuras es irresponsable. No es de extrañar que ninguna compañía de seguros acepte asegurar una planta de energía nuclear. Además, el 90% del presupuesto para la investigación de la energía en Francia ha sido absorbido por la energía nuclear, en detrimento de las energías renovables, rubro en el que este país tiene un gran retraso.

Alrededor del 80% de la electricidad y el 18% del total de la energía consumida en Francia son de origen nuclear. Se trata de una excepción francesa, pues en el mundo la energía nuclear sólo representa del 3 al 4% de la energía final. ¿Por qué entonces tratar de continuar a todo precio con el desarrollo de una energía tan peligrosa y que arroja un saldo tan negativo?

Si la energía nuclear es ineludible para la vida de nuestras sociedades, no tendríamos otra opción que adoptarla, pero éste no es el caso. Y a pesar del recalentamiento de la tierra y de la escasez futura de los combustibles fósiles, un mundo desnuclearizado es posible. El programa Negawatt que apoyamos lo demuestra. Este programa es posible y razonable para

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los años 2030/2035, el tiempo necesario para terminar de explotar y cerrar las centrales, para trabajar en la sobriedad y la eficiencia energética, invirtiendo en la investigación y desarrollo de las energías renovables. Esto requiere, por supuesto, no construir nuevas centrales nucleares de tipo EPR, como la de Flamanville, considerada por el experto John Large como «el reactor nuclear más peligroso del mundo».

Estas nuevas plantas no son necesarias porque Francia produce demasiada electricidad, de la cual exporta el 16%, el equivalente a diez centrales. La electricidad no se almacena y debe producirse lo más cerca posible del lugar de consumo. Si los 33.000 millones de euros destinados a la construcción de la planta de Flamanville hubieran sido asignados a las energías renovables, se podría producir más electricidad, garantizando al mismo tiempo en la región oeste unos 15.000 puestos de trabajo permanentes y no deslocalizables a otro país. 6

Es por ello urgente detener y oponerse activamente a todas las propuestas de nuevas centrales nucleares y hacer transferir los presupuestos para investigación y desarrollo de la energía nu-clear hacia las energías renovables.

La creación de un centro público de energía

El acceso a la energía es un derecho fundamental, pero no puede haber una política justa de energía al servicio de los ciudadanos si es dependiente de las leyes del mercado. La gestión de la energía debe ser cívica y democrática. En nuestra opinión, sólo la creación de un centro público de energía puede responder a este desafío esencial.

Esta gestión pública es tanto más importante cuanto que la producción y distribución de energía están sujetas a limitaciones técnicas específicas, vinculadas a problemas de almacenamiento (sobre todo para la electricidad), transporte o capacidad de planificación de la producción. La duración de la construcción de grandes centrales eléctricas y los costes correspondientes no pueden estar sujetos al mercado, que se focaliza principalmente en objetivos de corto plazo.

La creación de un gran polo público de energía que garantice los derechos fundamentales implica un cuestionamiento de algunas normas europeas como las relativas a la separación de la producción, transporte y distribución o a la no regulación de las tarifas. Es de nuestro interés por tanto descentralizar la producción de electricidad para limitar el riesgo de ruptura del abastecimiento, la proliferación de las líneas de alta tensión y los costes de transporte. Además, esto permitirá ejercer un control ciudadano de proximidad y diversificar las fuentes de abastecimiento.

6. «Les sept vents du Cotentin», estudio realizado a pedido de Greenpeace.

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Quien contamina paga: la fiscalidad de los productos altamente contaminantes

El transporte depende principalmente del petróleo, del cual absorbe el 65% de la producción. Este sector, que crece rápidamente ( 21 % entre 1990 y 2001 en Francia), origina más del 30% de las emisiones de GEI en el mundo (la mitad corresponde a los automóviles particulares). Esta situación, insostenible, no es sin embargo insoluble, ya que sabemos fabricar coches que consumen solamente 3 litros por 100km, transportes eléctricos y podemos recurrir a los agrocombustibles.

Conviene sin embargo ser prudentes y limitar éstos últimos, porque sus ventajas respecto al medio ambiente son muy relativas y los efectos perversos sobre la producción son numerosos. Para fabricar un litro de etanol a partir del maíz (casi siempre proveniente de la agricultura intensiva y transgénica), según la región, se necesitan entre 1.200 y 3.600 litros de agua... y una energía equivalente a casi un litro de petróleo. Una de las consecuencias será, seguramente, la probable alianza entre los principales grupos agroalimentarios, petroleros y agroquímicos. De ahí también la necesidad de limitar su producción a su área de consumo.En Francia, los impuestos ambientales son bajos, correspondiendo a sólo el 4% del total de las recaudaciones impositivas. Algunos combustibles como el kerosén de los aviones no pagan impuestos en ninguna parte del mundo. Justamente, debido a que los contaminadores sufragan poco o nada de los costes ambientales que ellos mismos generan, nos enfrentamos a una inflación del consumo de energía. Estos costes recaen globalmente sobre la colectividad. Es el caso justamente de los transportes, que no incluyen los costes y las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es necesario, como dicen los economistas, «internalizar los costes externos».

En consecuencia, la energía y por ende el transporte —principalmente el de mercancías— deberían ser mucho más costosos de lo que han sido hasta ahora. De esa manera se pondría término a aberraciones tales como la exportación francesa de 35.000 toneladas de leche en 1999 y la importación de 18.000.

Una porción importante de la recaudación impositiva sobre las emisiones de gas de efecto invernadero podría a la vez encarecer el coste de los bienes producidos lejos de su lugar de consumo y hacer más competitivos los productos locales. El Grupo Interguber-namental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) aconseja un coste por tonelada de CO2 cercano a los 50 dólares para 2020 y de 100 dólares para 2050, o sea un coste muy por encima del actual si se quiere que la inversión a favor de la reducción de gases de efecto invernadero esté a la medida de su necesidad. La fiscalidad ambiental debe ser una de las herramientas que faciliten el cambio de comportamientos, guardándose de no penalizar los ingresos más modestos.

Al mismo tiempo deberá brindarse una información a los consumidores indicando el equivalente en carbono que un producto genera durante su ciclo de vida (producción, uso, residuos). Ya es el caso en las etiquetas de los electrodomésticos, los automóviles y la vivienda7 lo que ha llevado a resultados alentadores en términos de comportamiento del consumidor.

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7. Consumo de energía de los aparatos electrodomésticos por metro cuadrado de vivienda o las emisiones de CO2/km para los coches.

Recomendamos también que tras un período de información que permita a los industriales adaptarse, se establezcan normas máximas de emisión para la producción, fijadas a nivel europeo.

La relocalización y la restauración de la agricultura de pequeños productores

Las empresas transnacionales multiplican cada vez más el uso de los transportes contaminantes. La deslocalización, aplicada al principio a producciones de bajo coste agregado, se ha propagado ahora a los productos sofisticados, así como a los servicios (investigación, salud, centros de comunicación, etc.). Después de haber deslocalizado los productos, el nuevo capitalismo desplaza a los seres humanos, reducidos una vez más a la condición de mercancías.

La relocalización es una respuesta a los daños ambientales y sociales y a la destrucción del equilibrio local y regional originado por la globalización comercial y financiera. Ella favorece y promueve los circuitos cortos entre productores y consumidores en la economía local. Por relocalización nos referimos al mayor acercamiento posible de la producción de bienes y servicios al lugar de consumo. La relocalización de ciertas actividades tiene un objetivo mucho más amplio que el de luchar contra las deslocalizaciones.

Téngase en cuenta que de ninguna manera se trata de abogar por un retorno a la autarquía o de limitarse a los productos locales. Es evidente que no todos los bienes y servicios podrán ser producidos localmente en la zona de trabajo o de residencia, pero, en la medida de lo posible, y a fin de reducir al mínimo el transporte de mercaderías y personas, y de recrear un marco de vida activa, es indispensable que se produzcan lo más cerca posible de los hogares.

La economía social y solidaria, los servicios públicos, la agricultura, la construcción, los servicios personales son todos particularmente adecuados para la economía local de proximidad. Desde esta perspectiva, la relocalización de la agricultura es una prioridad. La AMAP (Asociaciones para el Mantenimiento de una Agricultura Campesina), así como cualquier otra forma de relación de proximidad de productores/consumidores deben ser alentadas.

Es menester asimismo hacer hincapié en el desarrollo de la agricultura orgánica o biológica, que ha dejado de ser una característica exclusiva de los países desarrollados. En 2006 fue practicada en 120 países y representaba un mercado de 40.000 millones de dólares,8

aunque lamentablemente la mayoría de los productos orgánicos se destinan a la exportación.

No obstante, las ventajas de la calidad de la agricultura orgánica no precisan ya ser demostradas: respeta la fertilidad del suelo, contamina menos el medio ambiente y produce alimentos muy nutritivos.

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8. Informe de la FAO sobre la agricultura orgánica, 2007.

Quisiéramos también mencionar aquí la política agrícola común (PAC), con la cual disentimos. Esta política se llevó a cabo en Francia en el contexto de la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy beneficia principalmente a la agricultura intensiva y contaminadora que, además, no asume los costes de la contaminación que genera. Una forma de relocalizar la agricultura y promover la agricultura ecológica podría consistir en una gradual y progresiva redistribución de los recursos de la PAC. Se podría así beneficiar a los agricultores orgánicos, por ejemplo a través de subvenciones destinadas a los comedores colectivos (comenzando por los escolares) que consuman sus productos.

El apoyo a la reforestación

La superficie forestal cubierta del planeta asciende a casi 4.000 millones de hectáreas, o sea alrededor del 30% de la masa continental. Según el informe de 2005 de la FAO, 13 millones de hectáreas desaparecen cada año, creando una pérdida neta de 7,3 millones de hectáreas, si se tienen en cuenta las nuevas plantaciones y la expansión natural de los bosques existentes. Esto representa 20.000 hectáreas por día, o sea el equivalente a dos veces el tamaño de una ciudad como París. Sin embargo, los bosques son la principal reserva de la biodiversidad, con más de doscientas especies por metro cuadrado, y desempeñan un papel vital en la absorción de CO2.

En efecto, según estudios de la FAO, las superficies de bosques y suelos forestales del planeta almacenan más de mil millones de toneladas de carbono. Esta enorme cantidad representa más del doble del volumen de carbono presente en la atmósfera. Pero la destrucción de los bosques produce el efecto contrario, o sea que libera en la atmósfera casi 6.000 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Por ello, impedir que esas reservas de carbono sean liberadas es importante para el balance del carbono y vital para la conservación del medio ambiente, declara la Organización de las Naciones Unidas. Si Europa y América del Norte, conscientes del problema, han detenido la deforestación, no sucede lo mismo en América del Sur, África y Asia, que contienen más del 80% de los bosques primarios del mundo. Si la deforestación mundial sólo se redujera en un 20%, se economizarían tantas toneladas de CO2 como con el Protocolo de Kioto. Por otro lado, la deforestación también es responsable de muchos otros problemas, tales como el desplazamiento de poblaciones, la desertización, los cultivos intensivos, etc. El reto es considerable.

Somos partidarios que, al igual que el patrimonio cultural mundial de la UNESCO, Francia y Europa luchen —en pro de una protección de todos los bosques del mundo— por la creación de un organismo internacional del mismo tipo que la FAO y que sean declarados patrimonio de la humanidad. Es por tanto urgente detener o incluso invertir la deforestación por medio de ayudas bajo control internacional y por un proceso acelerado de control y certificación. En Francia se podrían reforestar 1,5 millones de hectáreas de tierras abandonadas por la agricultura y, en general, se podrían apoyar a nivel nacional y local todas las reforestaciones posibles.

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Hemos de preservar también la capacidad natural de captura de carbono de las zonas urbanas. En Francia se asfaltan o cementan con hormigón unas 40.000 hectáreas por año. Esta expansión urbana se traduce en una disminución de la capacidad de los suelos para almacenar carbono y en una reducción de la producción del potencial de la biomasa.

Por una política para otro mundo posible

Afirmar que la política tiene un alcance mundial no es negar el interés por la condición y los problemas de la gente allí donde vive, o en el lugar donde los ha ubicado su historia. Es por el contrario afirmar que la ciudadanía local tiene como condicionante una ciudadanía mundial activa. Toda elección de una orientación política local en la esfera económica, social, cultural o institucional implica una elección cosmopolita y lo inverso.

ETIENNE BALIBAR

Los problemas socioeconómicos y geopolíticos son muy numerosos en el mundo, pero los ingredientes de lo que podría constituir una auténtica comunidad internacional están cruelmente ausentes. El planeta es efectivamente el escenario de conflictos entre estados y dentro de los mismos. La globalización, que ha beneficiado también al crimen organizado y conducido a una «corrupción sin fronteras», es reveladora de las relaciones de poder y de comportamientos unilateralistas que conducen al desgaste del régimen de no proliferación. Israel y Palestina son desde hace más de cincuenta años las víctimas emblemáticas de la ausencia de una auténtica comunidad internacional.

La globalización debería ser sinónimo de progreso compartido, de enriquecimiento mutuo y de un desarrollo durable para todos. Utopía rechaza las desigualdades de una globalización que beneficia a algunos y perjudica a muchos.

Cada vez se hace más necesaria una verdadera política internacional, una «nueva organización del mundo». El siglo XX conoció algunas hermosas utopías. La Sociedad de las Naciones (SdN) fracasó en su objetivo de paz universal después del conflicto de 1914-1918 y la Organización de la Naciones Unidas (ONU) retomó la iniciativa en 1945. Si bien el riesgo de un tercer conflicto mundial parecería evitado ¿en qué situación se encuentran las varias decenas de conflictos actuales, los veinte millones de refugiados y los cerca de cien millones de desplazados?

Tomando otros aspectos de una misma internacionalización, el predominio de las finanzas en la economía, en detrimento de las actividades reales y generadoras de riqueza, la supremacía del libre intercambio impuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), en detrimento de las reglamentaciones sociales, sanitarias y ambientales, las falsas soluciones liberales impuestas a los países del Tercer Mundo por el Fondo Monetario Internacional (FMl) y el Banco Mundial, la incapacidad de encontrar soluciones al recalen-tamiento climático, a los problemas que presentan los organismos genéticamente modificados (OGM) o el clonaje son solamente algunos ejemplos de los problemas a los que los estados no pueden responder de manera unilateral.

El sistema de conducción económica fundado en el libre intercambio, la libre circulación de capitales, la preeminencia de las firmas multinacionales, la regulación del

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sistema monetario internacional vía los bancos centrales genera injusticia, pobreza y fortalece a los más fuertes en detrimento de los más débiles.

Una ONU reformada en profundidad puede ser el primer acto de un largo combate en pro de una globalización justa y solidaria. En lo que concierne al Consejo de Seguridad, rechazamos el statu quo de los cinco miembros permanentes que disponen del derecho de veto y proponemos, en lugar del derecho de veto calificado (desacuerdo expresado por varios países), la apertura del Consejo a seis nuevos miembros permanentes entre los cuales se encuentran Japón, India, Alemania, así como también un país latinoamericano, un país africano y un país árabe. La Organización de las Naciones Unidas debe en adelante tomar también en cuenta los protagonistas de la sociedad civil, con una Asamblea Consultiva Mun-dial donde se sentarían los representantes de esas transnacionales de la solidaridad que son los movimientos de mujeres, los movimientos juveniles, las asociaciones de activistas de derechos humanos o de desarrollo.

Si prefiguramos las condiciones de un futuro gobierno mundial, las Naciones Unidas deberían englobar la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMl). Deberían además permitir la indispensable rehabilitación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), responsable de la promoción de normas sociales internacionales, de libertades sindicales y de condiciones para el ejercicio del trabajo decente y respetuoso en todos los continentes.

Nosotros militamos asimismo por la creación, en el seno de las Naciones Unidas, de una Organización Mundial del Medio ambiente (OME), capaz de responder a los retos ambientales (biodiversidad, derecho a un medio ambiente sano), más allá del Protocolo de Kioto. Además, el establecimiento de un Consejo Mundial de Desarrollo Duradero y Sostenible (CMDS) debería garantizar la primacía de los derechos fundamentales, sociales y ambientales dentro de una nueva jerarquía de las normas internacionales. Esta nueva entidad se encargaría de la supervisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).9

Por supuesto, deseamos reformar la OMC, para hacerla más transparente, más democrática e incluir entre sus objetivos la búsqueda prioritaria del respeto de las normas sociales (OIT/ CMDS) y ambientales (OME/CMDD). El FMl y el Banco Mundial deberán igualmente responder a los objetivos de lucha contra la pobreza y de acceso a los bienes públicos mundiales (medicamentos, agua, tecnología). Más representativas, más legítimas, estas entidades serían más responsables.

Estas instituciones internacionales refundadas y renovadas deberían disponer de un poder jurídico obligatorio (especialmente las multinacionales). El derecho internacional es la única respuesta posible y duradera a las relaciones de fuerza actuales. El paso del derecho de coexistencia al derecho de cooperación sólo puede resultar de un fortalecimiento de la democracia internacional.

Fortalecida, democratizada y responsabilizada, la Organización de las Naciones Unidas podrá gradualmente afirmar el carácter universal de su misión: insistir en lo que nos une y nos permite vivir juntos a escala planetaria.

9. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por los estados miembros de la ONU para 2015 son: reducir la extrema pobreza y el hambre, asegurar la educación primaria para todos, promover la igualdad de los sexos y la autonomía de la mujer, reducir

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la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, asegurarnos un medio ambiente sostenible, establecer una colaboración mundial para el desarrollo.

Por un sistema impositivo internacional10

La fiscalidad es, junto con la moneda, uno de los dos pilares de la soberanía del Estado. Los sistemas impositivos se instituyeron al mismo tiempo que se establecían las fronteras de los territorios nacionales, permitiendo la soberanía y la autonomía de las políticas nacionales.

Sin embargo, con la globalización, la libre circulación de capitales y las transacciones financieras, los sistemas impositivos de los estados entran en competencia y las economías nacionales pierden autonomía y eficiencia. Las empresas transnacionales, los bancos y los inversores, utilizando en abundancia los paraísos fiscales (50% de los flujos financieros internacionales y otro tanto de las operaciones internacionales de los bancos), juegan con esta competencia con el fin de sustraerse lo más posible al pago de los impuestos. La evasión fiscal, esa delincuencia reservada a los ricos, no ha sido todavía reprimida, sino que por el contrario es perfectamente tolerada para las empresas transnacionales, así como los elevados ingresos de sus ejecutivos, frecuentemente móviles. Esto sucede en perjuicio, por supuesto, de los estados que proporcionan una buena protección social y servicios públicos de calidad. Los impuestos a los frutos del trabajo aumentaron en la Unión Europea de 35 a 40% entre 1980 y 1994, mientras que los impuestos a las rentas del capital descendieron de 50 a 35%. Proponemos la instauración de tres tipos de impuestos globales:

- Impuestos a las transacciones financieras (cambio de divisas y bolsa de valores). Esta es una vieja idea sugerida por Keynes en 1936, retomada en 1978 por Tobin y por ATTAC en 1998 para luchar contra la especulación financiera (incluso para ayudar a los países en desarrollo). En la especulación y búsqueda de beneficios inmediatos, 2 billones de dólares cambian de manos cada día (y que por ende no guardan relación con la economía real).

- Un impuesto sobre esas operaciones, aunque fuera muy reducido, se cifraría en cientos de miles de millones de dólares, mucho más que la ayuda total a los países en desarro-llo. El impuesto unitario a los beneficios de las sociedades transnacionales, que consiste en indexar y localizar la fiscalidad sobre el volumen de negocios realizado en el país donde la empresa está radicada. El impuesto sería idéntico para todos los países que participen en este sistema. Según ATTAC, una imposición promedio del 25% aportaría cerca de un billón de dólares por año.

- Los impuestos ambientales. Ya hemos mencionado algunos en la parte dedicada al problema ambiental, pero se podrían añadir otros (sobre los residuos nucleares, el uranio y el armamento, etc.).

En ausencia de directrices mundiales, los impuestos globales suscitan siempre las mismas críticas sobre su viabilidad y eficacia, críticas no admisibles. El informe Landau (2004) proporciona diversas normas de aplicación que podrían permitir la adhesión de los estados más reticentes. La Unión Europea, primera potencia económica mundial, podría (por su voluntarismo) mostrar el camino. La instauración de impuestos mundiales es una cuestión más política que económica o técnica y sería un hermoso ejemplo de globalización positiva.

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10. Según Dominique Plihon, Jacques Cossart y Bruno Jetin de ATTAC.

La deuda del tercer Mundo

La deuda del tercer Mundo se estima en 28 000 millones de dólares. Comparada con la de los estados Unidos (de 8 000 billones) no es importante, pero su mecanismo actual es tal que los países endeudados pagan cada ano mas intereses que sus necesidades mínimas de financiación. Es por ello que en los anos 1960-1970 la deuda del tercer Mundo se torno explosiva. Los bancos occidentales incitaron a los países del Sur a tomar préstamos a tasas de interés bajas, pero pagando al mismo tiempo comisiones sustánciales a los potentados locales. A partir de la crisis de 1973, el norte aumento aun las posibilidades de préstamos al Sur, a condición que este último comprará mercancías producidas en el Norte.

Para poder pagar, los países del Sur privilegiaron los cultivos de exportación (que agotan los recursos naturales y reducen el área cultivada para la alimentación local) tales como el algodón, el café, el cacao o el azúcar. Este tipo de cultivos pasaron a ser excesivos, produciéndose, lógicamente, una importante caída de los precios en los anos ochenta. Al mismo tiempo, los Estados Unidos aumentaron sus tasas de interés. El resultado fue que los países endeudados quedaron financiera y económicamente estrangulados.

El FMI acepto en 1982 otorgar nuevos prestamos o retrasar el pago a cambio de los famosos ‘programas de ajuste estructural’, provocando la reducción del presupuesto social, la privatización de los servicios públicos, la liberalización y, en consecuencia, el empobrecimiento de los países y de los pueblos. ‘Desde 1970, los países en desarrollo han pagado el equivalente a 85 veces la deuda de ese ano pero ahora deben cuarenta veces mas. Entre 1999 y 2004, el Sur pago un promedio de 81 000 millones de dólares por ano de lo que había recibido de los nuevos prestamos* la deuda, tanto al Norte como al Sur, colectiva o individual, esta en el corazón del actual modelo económico liberal. Ella permite transferir y retirar, a través de los intereses, la riqueza del trabajo hacia el patrimonio de los más ricos, o sea hacia aquellos que pueden prestar. Para reducir el pago de los intereses de la deuda se establecieron políticas de austeridad y rigor en el Norte y políticas de ajuste estructural en el Sur, siempre en beneficio de una minoría.*

Este es, sintetizado brevemente, el mecanismo que condujo a la aceleración de la miseria en muchos países del Sur. Es sin duda el mayor rubio planetario jamás realizado. Digamos también, al pasar, que esta situación acelera considerablemente las migraciones hacia el norte, esas que pretendemos combatir al mismo tiempo que las estamos provocando. El codesarrollo requiere lisa y llanamente la anulación de la deuda. Lo contrario es, en el mejor de los casos, un deseo piadoso y en el peor, una estafa.

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* Damien Millet y Eric Toussaint ( presidentes del CADTM), L’autre campagne , la Découverte, 2007

El argumento que se repite con frecuencia sobre la corrupción de las élites del Sur no tiene fundamento. En primer lugar, porque para que haya corruptos debe haber quienes corrompen y además porque la corrupción y la pobreza se alimentan precisamente de la deuda. Nosotros estamos claramente a favor de la cancelación total de la deuda de todos los países del Tercer Mundo, deuda que hasta la fecha concierne principalmente a África.

Estamos plenamente de acuerdo con el CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo), que propone establecer un impuesto mundial a las grandes fortunas y la supresión de los paraísos fiscales. El CETIM (Centro Europa Tercer Mundo) y el Foro Social Mundial, entre otros, han trabajado mucho para hacer posible una cancelación realista de esta deuda. El G7 ha cancelado alrededor de 70.000 millones bajo la presión de las organizaciones no gubernamentales.

Por una Europa federal, política y social

Demográfica, tecnológica y culturalmente estamos equipados para construir una Europa federal y política como alternativa al modelo liberal. Se tata de un proyecto de civilización que Europa debería formular cuanto antes para encarnar un ejemplo alternativo de desarrollo en ruptura con el actual modelo de crecimiento.

Mientras el liberalismo predomine entre los 27 estados miembros, existen pocas posibilidades de que Europa se encamine hacia un mejoramientosocial. Sin embargo, aun fallando, sigue siendo una promesa de un futuro mejor. Debemos continuar con este proyecto de integración solidaria y reiniciar las construcciones necesarias hacia una armonización social, fiscal y ambiental entre los diferentes países europeos. Juntos, los europeos debemos vivir en una sociedad en la que podamos estar orgullosos de las infraestructuras compartidas, así sean de salud, educación, transporte, cultura o recreación. Se trata de demostrar al planeta que un espacio integrado, tanto en su demografía como en su geografía, puede organizarse en armonía con sus ciudadanos y su entorno mientras mira hacia el futuro y hace frente a los desafíos tecnológicos y sociales. Hemos de completar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, nacerla jurídicamente obligatoria, establecer un verdadero derecho social europeo, tender hacia una fiscalidad única y a un mismo nivel de servicios públicos, someter el Banco Central Europeo al control del Parlamento Europeo, reformar la PAC (Política Agrícola Común) para apoyar una agricultura de pequeños y medianos productores eficaz y respetuosa del consumidor y del medio natural.

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Nuestro proyecto sólo se puede realizar como un modelo federal. Este nuevo espacio político, democrático y ciudadano, al servicio de los Derechos Humanos y respetuoso del medio ambiente, y que debe promover un ideal de desarrollo duradero.

Construir la Europa federal

La construcción de una Europa federal es un fin y un medio. La Federación Europea será en primer lugar la unión de todos los pueblos de Europa hecha realidad por la construcción de una sociedad de paz y prosperidad, basada en los valores europeos, en una palabra, solidaria.

También será una manera de hacer de Europa una entidad completa, capaz de avanzar con menos dificultades, sobre todo hada una Europa social y para actuar con eficacia en el seno de la comunidad internacional. Esta Federación existirá a través de sus instituciones, pero también gracias a los medios y a las competencias de los que dispondrá. El diputado europeo debe ser, en el espíritu de los ciudadanos, tan legítimo como el diputado nacional. Para esto nosotros deseamos instaurar un doble principio de elección de los diputados europeos. Luego de haber generalizado el principio de circunscripciones regionales, al interior de cada Estado, se realizará una elección por lista a la proporcional. 80% de los diputados serán elegidos en el interior de los estados y el 20% restante por el conjunto de la Unión. De esta manera nacerán verdaderos movimientos políticos europeos dotados de programas transnacionales.

Este modo de elección permitirá tanto aproximar los parlamentarios europeos a los ciudadanos, como dar nacimiento a una verdadera opinión pública europea y trasformar los debates preelectorales en verdaderamente europeos. El Parlamento, cámara de los pueblos de Europa, será así dotado de legitimidad para ejercer plenamente su capacidad de legislador europeo.

Con miras a una Federación Europea, queremos transformar el funcionamiento y las competencias actuales del Consejo de la Unión Europea. Proponemos que se transforme, junto al Parlamento Europeo, en la Segunda Cámara de la Unión Europea. Similar a un senado, estará compuesta por representantes de los estados, que la integrarán en permanencia y que serán nombrados según los procedimientos propios de cada país, con la garantía de una estrecha participación de los parlamentos nacionales o de las regiones que dispongan de competencias legislativas en el plano nacional. Esto ocurre ya en algunos países. De este modo se garantizará el libre funcionamiento de la Comisión y se dará lugar a una participación efectiva y mas democrática de los estados en la elaboración de la ley y en el control.

En este sentido, la Europa de las regiones nos parece la mas indicada para garantizar esta exigencia de democracia, respondiendo al principio subsidiaridad (la responsabilidad de

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la acción publica, cuando ella es necesaria, debe corresponder a la mas pequeña entidad capaz de resolver el problema por si misma). Para ello, el lugar otorgado al Comité de las Regiones (la voz de las colectividades territoriales en el seno de la Unión, actualmente órgano consultivo) deberá ser redefinido.

La Comisión Europea (que representa hoy los intereses de la UE) se convertiría en un verdadero gobierno europeo. Nuestra opción es la de una Comisión políticamente responsable, coherente en su composición y asumiendo una política clara. En este contexto, el presidente de la Comisión debe ser el líder de la coalición que haya ganado las elecciones europeas. Será así el único responsable por el número y la elección de los comisionados, elegidos entre los parlamentarios europeos. Este gobierno europeo deberá estar autorizado por el Parlamento y recibirá la aprobación de un Comité (el Consejo) transformado de las regiones. Esta Europa federal se apoyara en un impuesto armonizado en todo el territorio de la Unión Europea , establecido de común acuerdo para financiar sus funciones (defensa, relaciones exteriores, intervenciones estructurales, etc.).

La soberanía alimentaria y los OGM

Por una soberanía alimentariaLa agricultura mundial tiene capacidad para alimentar a 12.000 millones de personas,

a pesar de que actualmente somos 6.000 millones. Esto significa que, por primera vez en la historia del mundo, el hambre no es una fatalidad inevitable. Un niño que muere por falta de alimentos, es un niño asesinado.

JEAN ZlEGLER, Informe de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación

¿Cómo podemos aceptar que más de 840 millones de personas sufran todavía de malnutrición en el mundo y que cada día 36.000 de ellas mueran de hambre o de las consecuencias de la contaminación del agua? Nuestro planeta puede alimentar a todos sus habitantes. El colmo es que quienes tienen hambre son agricultores, actuales o pasados. De los 13.000 millones de agricultores, mil millones carecen de las herramientas mecanizadas necesarias para cultivar sus tierras, lo cual acarrea diferencias en la producción bruta de 1 a 200 entre un agricultor de los países ricos y uno de los países pobres. Las naciones del Norte, al mismo tiempo que protegen ampliamente su agricultura, piden a los países del Sur aún más liberalización y apertura de sus mercados. Los agricultores del Norte recibieron 365.000 millones de dólares de subvenciones en 2006, o sea mil millones por día. En consecuencia, los países del Sur deben hacer frente a la entrada en sus mercados de productos que se venden a

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precios muy por debajo de su coste de producción, en perjuicio de sus propias producciones locales.

Las organizaciones internacionales condicionan regularmente sus préstamos a una liberalización forzada de los mercados. Al mismo tiempo, este fenómeno va unido a una especialización progresiva en algunos países, que llegan a un monocultivo orientado enteramente hacia la exportación, dependiendo en consecuencia directamente de los países del Norte. Gigantescas empresas transnacionales ejercen un verdadero poder en ciertos segmentos de la cadena alimentaria, mediante el control de las semillas, la producción, la distribución, la comercialización y los precios. Diez sociedades controlan por ejemplo un tercio de los mercados de semillas. Estas empresas han invertido miles de millones de dólares en tecnologías que impiden que las semillas se regeneren, obligando cada año a los agricultores a comprar nuevas a precios reajustados. La seguridad alimentaria en todo el mundo está amenazada por este tipo de funcionamiento, puesto que ha conducido a una desaparición del 75% de la diversidad agrícola mundial en el último siglo. Frente a esta realidad dramática, la «sociedad civil» ha construido una primera respuesta a escala planetaria. Conjuntamente con otros movimientos favorables a otra globalización, defendemos el concepto de «soberanía alimentaria», presentado en 1996 por Vía Campesina. Este movimiento social y campesino internacional de agricultores de pequeñas explotaciones familiares, reconocido hoy en todo el mundo, fue tomado como ejemplo por Jean Ziegler, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.

Más de cuatrocientas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han elaborado conjuntamente una definición clara y convincente: «La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir, en los ámbitos de la agricultura, el trabajo, la pesca, la alimentación y la gestión de las tierras, políticas ambientales, sociales, económicas y culturales adaptadas .1 su situación única. Se incluye el derecho a la alimentación y a la producción alimentaria, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a contar con alimentos sanos, nutritivos y cultural-mente apropiados a los medios de producirlos, y el derecho a contar con la capacidad de mantenerse a sí mismos y de cubrir sus necesidades y las de sus sociedades.»

Esta definición confiere entonces el derecho a cada país de proteger su producción nacional y de ser autónomo. Para ello, estamos de acuerdo con las orientaciones generales de Vía Campesina y proponemos que las subvenciones a los agricultores del Norte sólo se apliquen a los productos que no serán exportados. Profundizando el tema, nuestras proposiciones consisten en:

- dar prioridad a la producción de alimentos destinados a los mercados internos locales, producidos por explotaciones campesinas familiares, según sistemas de producción diversificados y ecológicos;

- asegurarse que los agricultores reciban precios justos por su producción, para proteger los mercados internos de las importaciones a bajo precio originadas por el «dumping»;

- garantizar el acceso a la tierra, al agua, a los bosques, a las zonas de pesca y a otros recursos a través de una verdadera redistribución;

- reconocer y promover el papel de la mujer en la producción de alimentos y garantizar que tenga un acceso equitativo a los recursos productivos, así como el control de los mismos;

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- asegurarse que las comunidades tengan la prioridad en el control de los recursos productivos frente a la adquisición de los mismos por sociedades propietarias de tierra, del agua, de los recursos genéticos y de otros recursos;

- proteger las semillas, base de la alimentación y la vida misma, y garantizar que los agricultores puedan intercambiarlas y utilizarlas libremente, lo que implica la prohibición de patentes sobre la vida y la adopción de una moratoria sobre los cultivos genéticamente modificados;

- invertir fondos públicos para apoyar las actividades productivas de las familias y de las comunidades, poner énfasis en la autonomización, el control local y la producción de alimentos para la población y los mercados locales.

Esta soberanía alimentaria podrá solamente realizarse si la humanidad encara decididamente una globalización de la solidaridad.

Los OGM: un escándalo revelador

Nuestro compromiso por «otro mundo posible» incluye un combate emblemático contra un mundo liberal que transforma en mercadería todo lo vivo y pone en peligro la vida y el equilibrio de la naturaleza: el de los organismos genéticamente modificados (OGM). Si el desarrollo de la ingeniería genética hizo posible en los años ochenta la modificación de la información genética de los organismos vivos, abrió a su vez las puertas al establecimiento de patentes sobre esos mismos organismos. Es sobre esos organismos genéticamente modificados que se autorizó en 1980, en los Estados Unidos, la primera patente sobre la materia viviente, una bacteria. El sistema de patentes se extiende desde entonces progresiva-mente al conjunto de los organismos vivos (animales, vegetales, etc.). Si bien la identificación de un gen o de una secuencia genética es considerada como un descubrimiento (no patentable), la validación de su función se considera como una invención y permite por esa razón la solicitud de una patente. Mediante un juego semántico, las patentes se han desviado de su propósito original y ya no está garantizado el control de la información genética. Hoy en los Estados Unidos el 70% del maíz y de la soja son modificados genéticamente. Nuestras posiciones son claras:

Los cultivos OGM someten a los agricultores porque la producción es controlada por las empresas agroquímicas

Los primeros clientes de las firmas y semilleras agroquímicas siguen siendo los agricultores, que son 1.300 millones en todo el mundo. Se trata de un mercado gigantesco, especialmente en algunos países donde la población agrícola representa todavía más del 50% del sector activo. Las estrategias diseñadas en todos los continentes por los agentes y filiales de estas empresas, a menudo con el apoyo de las autoridades nacionales de algunos países en desarrollo, se proponen simplemente subordinar los agricultores, poniéndoles a su servicio. La semilla es la base de toda la actividad agrícola.11 No obstante, con la semilla transgénica, cuyo fruto es muchas veces voluntariamente estéril, las empresas controlan antes y después la producción.

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Los OMG no resuelven el problema del hambre en el mundo.

El hambre y la falta de soberanía alimentaria están principalmente relacionadas con el funcionamiento del sistema capitalista que organiza la producción, el acceso a los alimentos y su distribución. Por otra parte, los OMG está casi exclusivamente destinados a la exportación o a la alimentación animal y están concebidos para expresar su potencial productivo en el contexto de una agricultura industrial que utiliza generalmente una gran cantidad de insumos (fertilizantes y plaguicidas). La promoción de los OMG no mejora entonces en nada las necesidades alimenticias básicas de las poblaciones más expuestas al hambre, al mismo tiempo que amenaza al medio ambiente.

El planteo «con y sin» OMG es una ilusiónEl establecimiento de un sector sin OMG equivale a admitir otro con estos organismos

y los consecuentes riesgos de transferencia de una modalidad a la otra (contaminación genética, mezcla durante la manipulación y el envasado, etc.). La ausencia de conocimientos y de evaluaciones serias sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente, la imposibilidad de aislar y marcar las producciones, además de los costes que genera su control forzado, hacen ilegítima una vía OMG. Además, esa vía sería tanto o más imperialista porque destruiría toda posibilidad, por ejemplo, de una agricultura ecológica cercana.

Los organismos genéticamente modificados presentan riesgos para la salud y el medio ambiente.

11. Ver entre otras las iniciativas de la Asociación Kokopelli.

Las manipulaciones genéticas inducen cambios en el funcionamiento de los plantas y provocan la síntesis de nuevos compuestos potencialmente tóxicos en los alimentos, así como la diseminación a gran escala de genes de resistencia, especialmente a los antibióticos comúnmente utilizados en la salud humana y animal. Además, los controles de toxicidad o pruebas de alergia en los alimentos provenientes de organismos genéticamente modificados son a menudo incompletos, cuando no inexistentes. La mayoría de las plantas transgénicas comercializadas son concebidas para producir o tolerar los pesticidas e insecticidas. Los residuos de estos pesticidas tienden entonces a acumularse en la cadena alimentaria y provocar a largo plazo efectos tóxicos. Por otra parte, la contaminación genética favorece la aparición de nuevas especies invasoras (real amenaza para la biodiversidad) o se trasmite a las bacterias del suelo.

Proponemos acciones similares a las propuestas por la Confederación Campesina, o sea:

- la prohibición de patentar la materia viviente, patrimonio inalienable y común de la humanidad;

- una moratoria inmediata sobre la comercialización y el cultivo de los OMG; el cese de todas las pruebas y cultivos en Europa en medio abierto (salvo experimentos en laboratorios cerrados o confinados);

- la consideración y debate público en torno a trabajos evaluativos independientes;

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- el etiquetado y la trazabilidad obligatorios para todos los productos alimenticios; un régimen de responsabilidad específica para los OMG que permita enjuiciar a los autores de la contaminación (financiera y jurídicamente);

- la preparación de una serie de investigaciones públicas, pluridisciplinarias e independientes;

- el establecimiento de un impuesto u otro dispositivo para asegurar la protección de productos de calidad, orgánicos y provenientes de la agricultura alimentaria campesina.

III. POR UNA AMPLIACIÓNDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Toda sociedad positiva debería permitir a cada uno de sus miembros realizarse como ciudadanos ilustrados y libres, que actúan sobre el presente y la democracia, que dedican una parte de su tiempo a la vida de la colectividad, que participan equitativamente en el esfuerzo de producción de bienes y conocimientos. Sin acceso a los derechos fundamentales ¿cómo puede verdaderamente ejercerse la ciudadanía? La satisfacción del conjunto de dichas necesidades es por ende una condición indispensable que la sociedad debe garantizar a cada uno. Sin embargo, actualmente el individuo adquiere el derecho a existir si participa y apoya la lógica dominante que, con coherencia, asocia (o quiere asociar) un derecho a cada deber. Esta lógica no es la nuestra.

En la sociedad que queremos construir existirán derechos ligados al individuo, por el solo hecho de su existencia, sin consideración de «mérito», estatuto social o nacionalidad. Esos derechos son los que rigen a la vez tanto la realización del ciudadano como de la colectividad. Construir y garantizar los derechos surge de una exigencia ética y humanista, fundadora del «vivir juntos» e independiente del sexo, de la edad o del nivel social (aun cuando cada nivel social debe contribuir en la medida de sus medios a la financiación de esos derechos).

Estos derechos inalienables, incondicionales y universales pueden dividirse en cinco categorías: la salud, el acceso a unos recursos mínimos, la educación, la cultura y el respeto a la vida privada.

En realidad, sólo se trata de una reapropiación y ampliación délos principios que fundamentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada el 10 de diciembre do 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ampliamente ignorada incluso por los países más «desarrollados»:

Artículo XXII: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

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Artículo XXV-1: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.

El derecho a acceder a un mínimo de recursosUsted desea que los miserables sean socorridos, yo quiero eliminar la pobreza.

VÍCTOR HUGO

El acceso mínimo a un cierto número de bienes y servicios proviene de la lógica humanitaria. Los derechos fundamentales deben incluir los recursos materiales que permiten la lucha contra la exclusión y la independencia de las personas frente a las presiones que el sistema económico ejerce sobre ellas.

Por una renta básica de ciudadaníaEl principal problema que enfrenta la sociedad humana no es tanto la producción de la

riqueza como la naturaleza y destino de la riqueza producida y, por consiguiente, el vínculo social entre las personas. La renta básica de ciudadanía responde a nuestra exigencia de justicia social. Permite liberarse de la alienación de lo que se denomina el «valor trabajo» y satisfacer las necesidades básicas.

En su sentido más amplio, una renta básica de ciudadanía consiste en una asignación de carácter social, distribuida igualitaria e incondicionalmente a todos los ciudadanos. Esta renta básica de ciudadanía es una mensualidad igual para todos, otorgada desde el nacimiento hasta la muerte, adeudada a cada ser humano como legítimo heredero de la riqueza acumulada por las generaciones anteriores y que cada uno contribuye a enriquecer con sus actividades a lo largo de toda su vida. Esta mensualidad es individual, incondicional, inalienable y acumulable con cualquier otro ingreso. Ella crea un vínculo vital de solidaridad entre todos los miembros del cuerpo social. Por último, la renta básica de ciudadanía implica la disociación entre el trabajo y los ingresos. Establecer una renta básica de ciudadanía no es intentar corregir los efectos del neoliberalismo o socorrer a los más pobres, es fundamentalmente cuestionar la lógica capitalista y buscar otro modo de organización social.

Para instaurar la renta básica de ciudadanía es necesario enfrentar dos escollos fundamentales:

- Un bloqueo cultural, convencional y social que impide imaginar un ingreso recibido sin la contrapartida de un empleo.

- Un bloqueo intelectual que impide ver cómo la instauración de un derecho incondicional al ingreso puede conducir a la restauración de un derecho al trabajo libremente consentido, respetuoso de todos y de cada uno.

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El claro fracaso de las diferentes políticas de lucha contra la desocupación y la «reducción de la fractura social» demuestran que es imposible luchar contra las desigualdades, la desocupación y la miseria sin poner en tela de juicio el sistema actual. Optar por la renta básica de ciudadanía es rechazar el aumento de las desigualdades sociales; es dejar de depender del estatuto ligado al trabajo asalariado para gozar de una integración económica y social; es desear la desalineación del ser humano; es permitir la liberación de otros medios de expresión individuales o colectivos; es ir hacia una sociedad del trabajo elegido, que trae consigo más humanidad, menos tensiones.

Más allá del debate sobre el monto de tales ingresos, lo que no está aún resuelto, los principios básicos de la renta básica de ciudadanía podrían ser los siguientes:

- La universalidad, sin límite máximo de recursos, pero sometida a impuestos y por tanto integralmente recuperable en los ingresos elevados.

- El carácter individual, por oposición a una asignación o renta por hogar vinculada a la composición del mismo que establece, de hecho, derechos injustos ligados a la condición de cónyuge, padre o madre.

- El carácter incondicional, es decir, la disociación de toda forma de contrapartida, ya sea por trabajo asalariado o proyectos de inserción-formación o de educación.

- El carácter acumulable con los ingresos resultantes de un empleo, sin otra reducción que la del sistema fiscal en vigor.

- El carácter de prestación pagada en efectivo, o sea no afectada (como ocurre con las prestaciones en especie) y de utilización totalmente libre.

- El carácter intocable de ese ingreso en las cuentas bancarias.Aún si quedan numerosos interrogantes sin responder, existen soluciones técnicas para

financiar una renta básica de ciudadanía, a saber:- Otorgar prioridad a las cuestiones sociales en la distribución del presupuesto del

Estado.- Acompañar la aplicación de la renta básica de ciudadanía con una revisión del

actual sistema fiscal que, a través de los impuestos sociales basa nuestro sistema de solidaridad en el sector asalariado (jubilación, salud, desempleo).

- Incorporar la renta básica de ciudadanía dentro del monto total de los ingresos sometidos a impuestos, lo que aumentará la globalidad de las recaudaciones fiscales. Quienes perciban la renta básica de ciudadanía como único recurso estarán excentos de impuestos y, por el contrario, para quienes perciban ingresos elevados esta renta será revertida en su casi totalidad a través del sistema impositivo.

Existen otras medidas que sería demasiado largo y complicado desarrollar aquí, sobre las cuales han trabajado muchos economistas (por ejemplo Philippe Van Parijs, Yoland Bresson, Yann Moulier-Boutang, Alain Caillé).1 Según ellos, la renta universal de ciudadanía podría ser inmediatamente aplicada en los países europeos si se deja de potenciar la lógica de la asistencia y se propone realmente integrar a los excluidos. Al reducir la presión del desempleo y la pobreza, la situación de todos los asalariados mejora.

Si se permite a todos los ciudadanos disponer de un ingreso que acompañe un nuevo modelo de desarrollo para cubrir las necesidades fundamentales, la renta básica de ciudadanía otorgaría igual dignidad a todas las opciones de vida y favorecería la emergencia de un «sector terciario» compuesto por una porción de las actividades hoy olvidadas por la economía de mercado, puesto que están situadas fuera de la esfera mercantil.

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Un derecho universal a la viviendaDebe establecerse un derecho universal a la vivienda (DUV), similar al que se aplica

en otras regiones (como en Escocia, con su Housing Act votado en 2003). El DUV podrá garantizar a cada uno el derecho a un alojamiento decente, al tiempo que se otorga a los propietarios de viviendas de carácter social un cierto número de garantías. Evidentemente, deberá ir acompañado de un plan masivo de construcción de viviendas sociales que garanticen una verdadera mezcla social. Para ello será necesario clarificar las responsabilidades locales y nacionales.

1. Ver los trabajos realizados por BIEN (Basic Income European Network).

Proponemos igualmente la instrumentación de una obligación de mezcla social en los programas inmobiliarios, mezcla que podrá igualmente ser apoyada por una ley que convierta en «potencialmente social» todo alojamiento que se libere (el Estado deberá completar la financiación del contrato de arrendamiento).2

Recordemos que el 70% de las familias reúnen [en Francia] las condiciones requeridas para acceder a una vivienda social, un 48% en París, más del 70% en Languedoc Roussilllon y hasta el 85% en algunos departamentos de ultramar.3

La cuestión de la vivienda forma parte de un marco más amplio, que pone un especial cuidado en la coordinación de las estructuras de ayuda social y de salud. Se deberá también encarar un mejoramiento de calidad de vida de los barrios populares, con un apoyo sistemático a las actividades asociativas, ciudadanas, económicas, de comercio vecinal y de transportes.

Acceso gratuito a un consumo básico de agua, energía y telecomunicaciones

Una vivienda decente garantizada para todos no es, evidentemente, suficiente. Deberá igualmente garantizarse a todos el acceso a un mínimo de recursos y servicios básicos.

El consumo indispensable de agua, electricidad y ciertos servicios básicos de telecomunicaciones debe ser considerado como un bien fundamental y garantizado a la colectividad, independientemente de la situación financiera o social de los individuos. La financiación de estos derechos se efectuará principalmente a través de una sobrefacturación progresiva por encima de ese mínimo indispensable. El cálculo se hará de modo que los grandes consumidores privados o las empresas pagarán por los consumidores más austeros o los más pobres, que sería lo más justo.

Por otra parte, un sistema de este tipo incitaría a cada uno a reducir su consumo de energía y de recursos naturales. En general, la gestión pública, democrática y transparente de los recursos y el derecho a su utilización se hacen indispensables.

Para acompañar la aplicación de estos derechos se establecerá un «plan Marshall» de renovación y aislamiento de las viviendas de cara al ahorro de energía,4 centrándose prioritariamente en los alojamientos de las clases populares. Se buscará que la parte de consu-mo con base gratuita sea cuantitativamente pequeña, pero que cubra lodos los usos esenciales.

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2. Marie Héléne Bacqué et Jean Fierre Lévy, «L'autre campagne».

3. Fuente INSEE.

4. Ver el programa Negawat

Algunas referencias comparativas.

Mencionamos aquí algunos datos a titulo ilustrativo. Por ejemplo, en materia de electricidad (en Francia), el promedio de consumo per capita es de 2.500 kwh/habitante. Tomemos el supuesto de que una tercera parte de este consumo fuera gratuito por todos (aproximadamente 850 kWh/habitante); que eso 850kWh fuesen facturado al precio actual y que el precio por encima de 1700kWh aumenta gradualmente, para compensar la gratuidad de los primeros 850kWh. En este caso, el consumidor medio vería su factura sin cambios, sin aumentar tampoco la carga del Estado o de las colectividades locales. Un consumidor que utiliza menos electricidad que el promedio vera su factura disminuir en comparación con su situación actual y un gran consumidor vera su factura augmentar. La medida podría ser considerada sin intervención de los fondos públicos, que ya contribuyen en apoyar aproximadamente a 500 000 hogares que no pueden pagar sus facturas.

Del mismo modo, el consumo de agua es de aproximadamente de unos 165 litros por habitante y por día en Francia, con un coste medio anual de cerca de 177 euros, según el Instituto francés del Medio Ambiente. Con el mismo espíritu que el del Programa de los Verdes, proponemos que se concedan los primeros 50 litros gratuitamente. Los 50 litros siguientes tendrían el precio del momento y de las cantidades excedentes aumentarían progresivamente para compensar la gratuidad de los primeros 50 litros. Para el agua, mas aun que para la electricidad, la aplicación de esta medida puede ser considerada como una urgencia humanitaria.

Por ultimo, en el ámbito de las comunicaciones, los primeros 512 kbit/s en redes fijas podrían tener, según el mismo principio, una parte gratuita. A diferencia de la cuota gratuita de electricidad que deberá bajar para tener en cuenta los aumentos de eficacia y rendimiento energético, la de acceso a Internet se extenderá gradualmente para tener en cuenta la evolución de las necesidades mínimas y legitimas de las comunicaciones.

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Hacia la gratuidad de los transportes urbanos y periurbanos

La movilidad es un derecho fundamental, porque de ella depende nuestra relación con los demás y, en general, nuestra relación con la colectividad. Una sociedad rica es una sociedad que permite a los individuos moverse independientemente de su condición social, de su actividad productiva o de su proyecto de vida.

Concretamente, el derecho a la movilidad puede plasmarse en un transporte público gratuito dentro de los municipios y entre un conjunto de municipios. La gratuidad y el fuerte desarrollo del transporte público dentro y entre municipios constituye un desafío ambiental importante y debe ser acompañado por una política voluntarista de reducción de los transportes individuales motorizados.

Es urgente tomar medidas inmediatas sobre los transporte para reducir los numerosos problemas inherentes a este sector: aumento de los precios y desaparición programada del petróleo, contaminación, saturación de la circulación, aumento del presupuesto de los hogares (15%), inseguridad vial, efecto invernadero, etc. La política de desplazamientos en la vida cotidiana, así como la organización del territorio, deben ser completamente replanteadas.

Puesto que no es deseable reducir por la fuerza la movilidad de los ciudadanos o sancionar a los más modestos que viven lejos de sus trabajos, proponemos un vasto plan de expansión del transporte público, así como el establecimiento progresivo de su gratuidad para todos.

El objetivo evidente es reducir al máximo el uso individual del automóvil, lo cual no es para nada una utopía costosa. Esta disposición existe en Hasselt (Bélgica) desde 1997 y se ha experimentado en algunas ciudades de Francia (desde 2001 en Cháteauroux y Gap, así como también en Vitré y Compiégne). El coste adicional es muy bajo teniendo en cuenta los intereses en juego, porque hasta ahora la colectividad local financia, en promedio, el 75% de estos transportes. Este coste adicional podría ser cubierto:

- Por el restablecimiento de un impuesto al automóvil, con una tasa variable en función de las emisiones de CO2 del vehículo;

- por las empresas, que en su mayoría contribuyen ya a los costes de trasladado de su personal;

- por un impuesto sobre el carbono para el transporte de mercancías, lo que disminuiría la participación económica de las colectividades locales.

Hasta que estas medidas se apliquen a nivel nacional, se podrían realizar plebiscitos en cada ciudad, departamento o región para permitir a los ciudadanos expresarse localmente sobre este tema.

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El derecho a la salud

Tomado literalmente, el derecho a la salud obviamente no existe, pues contar con buena salud es algo independiente del derecho. Lo que sí plantea la noción de «derecho a la salud» es el derecho de cada individuo a beneficiarse del mejor estado de salud posible. Esto significa que el individuo tiene derecho a contar con un conjunto de medidas de prevención de las enfermedades y a su tratamiento; además, tiene derecho a que el Estado se abstenga de todo acto que pueda poner en peligro la salud.

El derecho a la salud es en definitiva el derecho a la asistencia, a la prevención y, además, a la seguridad sanitaria. El carácter incondicional y universal del derecho a la salud es ante todo una cuestión de justicia y de fraternidad. Puesto que es inaceptable contar con asistencia médica en función del monto que uno haya podido pagar a un seguro de salud, reafirmamos nuestra oposición a cualquier sistema de seguro de salud y nuestra completa adhesión a una total mutualización de los riesgos en materia sanitaria. Efectivamente, es necesario que los ciudadanos contribuyan de acuerdo con sus medios y sean protegidos de acuerdo a sus necesidades, independientemente de cualquier otra consideración económica o social.

Hacia la creación de un centro público para responder a los problemas de la salud

Sólo el 75% de los gastos de salud están cubiertos por seguros médicos obligatorios en Francia. El resto recae en organismos de protección complementaria facultativos [mutuas] o en la participación económica directa del paciente. A pesar de la instauración de la protección universal de salud (CMU), que continúa siendo un progreso y un logro mayor (con 4,5 millones de beneficiarios), aproximadamente 6 millones de personas no están cubiertas por un seguro de salud complementario. Existen además enormes diferencias entre las mutuas, que operan en un mercado altamente competitivo, y la desigualdad de los costes para acceder a ellas son considerables. Para el 27% de los beneficiarios de una mutua, el nivel de reembolso para los tratamientos dentales y ópticos, por ejemplo, son muy reducidos.

Es necesario señalar aquí que el acceso a estos derechos fundamentales no ha tenido lugar por insuficiencia presupuestaria, por adoptar otras prioridades políticas o, sobre todo, por preferir el sistema privado de seguros.

Si bien no se puede ignorar, el argumento financiero no puede constituir una traba al acceso incondicional y universal a la salud que defendemos. La vida humana no puede tener un precio y el derecho a la salud es la piedra angular de la «convivencia». Más que cualquier otro derecho fundamental, este derecho debe beneficiarse de un esfuerzo colectivo particular.

Proponemos un seguro de salud que reembolsará toda la atención médica y liberará a los pacientes de pagos anticipados. Consistirá en un seguro universal de salud único, uniforme y obligatorio y sustituirá la multiplicidad de sistemas de seguro de salud (obligatorios y/o complementarios). El acceso a la atención médica no estará ligado a los ingresos provenientes del empleo. El impuesto reemplazará por ende los aportes sociales como modo de

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financiación de la seguridad social. En este sentido, el control y la gestión de los organismos de protección social deben ser completamente reorganizados. Somos partidarios de que tales controles y gestión sean asumidos conjuntamente por el Parlamento y un organismo representativo de la sociedad civil.

Además, si el derecho a la salud, como el derecho a la educación, es un derecho esencialmente financiado con fondos públicos, ¿cómo explicar que el sistema de salud, a diferencia del sistema educativo, sea integrado por un sector liberal hipertrofiado? ¿Por qué los médicos y el personal de salud no son, como en la educación nacional, principalmente integrantes de la función pública?

Si se considera el tipo de remuneración, la distribución geográfica de las actividades, las misiones o la financiación del sistema de salud, parece justo, necesario y útil para los médicos, los pacientes y los contribuyentes ir creando progresivamente un organismo del Estado encargado de la salud. Este organismo englobaría el conjunto de las profesiones (médicos, farmacéuticos, dentistas, enfermeras, profesiones paramedícales, industria farmacéutica, etc.) bajo un servicio de salud pública que deberá respetar el derecho de cada uno a elegir su médico.

El sistema de salud deberá ser un verdadero servicio público a nivel nacional o comunitario. No debe permitirse la práctica de honorarios médicos más elevados que los establecidos y la distribución del cuerpo médico en el territorio debe decidirse de forma centralizada. El conjunto del sector de la salud deberá estar sujeto a una regulación eficaz, en particular en términos de igualdad de acceso y libertad de elección. Debemos reafirmar la prioridad del hospital, garante de un servicio de salud pública de calidad para todos. Los recursos que le serán asignados deberán aumentarse considerablemente. Por último, podría solicitarse a cada médico su participación, por lo menos a tiempo parcial, en la atención hospitalaria, un contexto de excelencia para la investigación teórica y práctica de la medicina, para la enseñanza y para la formación continua.5

El derecho a la prevención y a una medicación mesurada

Se prestará una atención especial a la prevención. De hecho, en muchos sistemas de salud, al igual que en el sistema francés, los problemas de salud se centran más en la atención médica que en la prevención de enfermedades. Una explicación de este fenómeno radica en la forma en que los médicos perciben sus honorarios. Una remuneración por «receta prescrita» lleva al aumento de las consultas y recetas médicas, con una prescripción de medicamentos a veces excesiva.

Además de proporcionar una atención gratuita, sería también conveniente reorganizar nuestro sistema médico para favorecer la prevención, proporcionar una medicación más atenta, razonada y en última instancia más eficaz. Esta transformación se podría lograr en parte privilegiando un coste fijo del médico en función de su número de pacientes. Siguiendo políticas voluntaristas en materia de organización del sistema de salud, se contribuirá también a reducir los inconvenientes financieros de los que adolece actualmente, sin apoyarse en una gestión contable (y, por tanto, necesariamente injusta) de los gastos.

Los laboratorios farmacéuticos, en una carrera hacia las patentes y la rentabilidad financiera, no dudan en llevar al mercado sus productos sin efectuar todas las pruebas necesarias de seguridad. Nuevos fármacos (como el Viox en Francia) pueden ser peligrosos,

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ineficientes y más caros que los medicamentos que reemplazaron, que eran más eficaces y menos peligrosos.

5. Fiorence Veber, L'Autre campagne, La Découverte, 2007.

La falta de independencia de las publicaciones científicas, los grupos de interés, la industria farmacéutica y la falta de medios o de voluntad de los poderes públicos frente a estos laboratorios es una fuente importante de gastos y riesgos innecesarios. En consecuencia, es necesario fortalecer el control sobre la eficacia de los medicamentos, limitar su publicidad y supervisar las relaciones entre la industria y el mundo médico. Deberá además establecerse un control sobre las orientaciones de la investigación privada (principalmente la que se financia con fondos de la seguridad social).

Este control podrá apoyarse en las publicaciones médicas independientes que reciben fondos del poder público, los sindicatos y las asociaciones mutualistas y de pacientes. También será conveniente desarrollar una vigorosa investigación pública en el campo de la medicina (que ya se hace en los Estados Unidos a través de sus institutos nacionales de salud). Esta investigación, con nuevos modos de financiación, debe ser coordinada internacionalmente, conforme a las expectativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ejemplo precursor de los médicos de referencia’*

Algunos de estos cambios ya han sido experimentados en Francia por la red de «médicos de referencia», con resultados alentadores, tras ser abandonados por razones políticas en detrimento de los pacientes. Los 8.000 médicos genetistas que integraban esta red se comprometían a participar prioritariamente en varias campañas de detección y prevención, a dedicar mayor atención y tiempo a los pacientes y, en forma más general, a respetar un código de conducta que incluía un límite máximo de actividad anual, la conformidad con las tarifas convencionales, la exoneración de pagos por adelantado para que todos puedan tener igualdad de acceso a la atención médica, el mantenimiento de un expediente médico computarizado, la prescripción de medicamentos en fundón de recomendaciones establecidas por las mejores prácticas e informes y, cuando existen, recetando medicamentos «genéricos». Se comprometían también a seguir una formación independiente sin compromisos con la industria farmacéutica y a aceptar la evaluación de las prácticas realizadas. Estos médicos, que firmaron un acuerdo con las cajas de seguro de salud para recibir un pago según tarifas parcialmente preestablecidas, no sólo proporcionaron una excelente calidad de servicio, sino que además permitieron un ahorro de 20.000 euros por año y por médico a las cajas de seguro de salud.**

* Médico generalista que ha firmado un contrato con el servicio de salud Publica.** www.amedref.org

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El acceso a los medicamentos

Las condiciones de acceso a la atención médica (especialmente a los medicamentos) para los países más pobres deben ser redefinidas. Se trata de permitir a estos países producir o comprar los medicamentos genéricos, incluso cuando sus patentes no están aún en el dominio público, sin temor a represalias.

En todos los casos, los principios de la patentabilidad deben diferenciarse (en especial en términos de duración y protección) en función de:

— La naturaleza de la invención (para tener en cuenta los recursos empleados y su

interés social);— el nivel de desarrollo de los países. Las instancias internacionales, en particular,

deberán dotarse de las competencias necesarias para limitar las presiones que los países pro-pietarios de las patentes puedan ejercer sobre los países en desarrollo. Podría establecerse una lista de países en los cuales se prohiba a la industria farmacéutica vender sus medicamentos a un precio muy elevado, con la obligación, por el contrario, de proporcionarlos a un coste marginal de producción;

— los intereses prioritarios en materia social, sanitaria o ambiental. Por decisión judicial o por medio de decretos se podrá autorizar la concesión de patentes.

La misión de la Oficina Europea de Patentes (OEP) deberá ampliarse a los efectos de evaluar la libertad de investigación y la explotación de las patentes. Esta entidad deberá también promover el intercambio y la puesta en común de tecnologías básicas. Los acuerdos negociados en la OMC sobre la propiedad intelectual (ADPIC) en esta materia deberán suprimirse y renegociarse y, en particular, en lo que respecta al acceso a los medicamentos de los países pobres.

Junto a estas medidas, Utopía defiende una política de inversiones masivas en Europa en la investigación pública sobre la biotecnología y los medicamentos, asociando en este trabajo a los países democráticos del Sur. Se facilitaría de ese modo una transferencia gradual de tecnologías y conocimientos para desarrollar medicamentos específicos a los problemas de estos países. El derecho a la misma medicina para todos supone que la investigación se lleve a cabo también sobre las enfermedades raras y sobre las enfermedades propias de los países pobres. Los países ricos deberían tener la obligación de cooperar para financiar la investigación pública en este ámbito.

Utopía también desea crear las condiciones para el diálogo entre la sociedad civil y los científicos a la hora de decidir las prioridades en la investigación. Por último, la elaboración, en un contexto de investigación pública vigorosa, de propuestas del tipo «copyleft», como en los programas informáticos libres, podría también contribuir a los avances de la medicina limitando el campo de lo patentable.

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El derecho a la educaciónEl derecho a la educación en una escuela laica, gratuita y obligatoria es fundamental

porque permite a los individuos desarrollar su espíritu crítico, construir su opinión tan libremente como sea posible, crear vínculos sociales y precisar la naturaleza de su compro-miso ciudadano.

En un contexto de severo desempleo se asigna a la escuela la misión prioritaria de formar jóvenes preparados para ocupar los puestos disponibles en el mercado laboral, en detrimento de los objetivos antes mencionados. El Estado tiende así a abandonar pro-gresivamente la idea de formar a los ciudadanos para, en cambio, «formatear» futuros productores/consumidores. Con el mismo espíritu, la escuela promueve una «cultura» de la competición, o sea obtener los mejores resultados, las mejores notas en los exámenes, a menudo a costa de una gran dedicación, generalmente exclusiva, que desalienta y deja de lado a numerosos jóvenes.

Frecuentemente instrumentalizada con fines de reproducción social, esta cultura de la competición es legitimada por la derecha, que se apoya para ello en la noción de «mérito». Además, si bien es cierto que no hay que descuidar la importancia de la transmisión de conocimientos y de competencias profesionales, la jerarquía de los objetivos de la educación nacional debería ser replanteada. La escuela, abierta a la complejidad del mundo, debe conducir a los estudiantes a descifrar su contexto sin ceder, bajo la «excusa» de la pedagogía, a una visión simplificadora.

Utopía se opone a una escuela cuya principal función sea la de valorizar el «potencial económico» del individuo y su espíritu competitivo. La escuela debe, sobre todo, permitir a cada uno transformarse en un ciudadano libre, lúcido e informado, capaz de entender los desafíos del mundo que le rodea, de participar en el debate para adaptarse a sus cambios, comprometerse y actuar en la sociedad.

La escuela de la RepúblicaLa escuela republicana debe acoger a los niños de todos los orígenes, de todos los

medios, de todas las religiones. Favorecerá la mezcla social y desempeñará plenamente su papel de socializador, que sirva de base a nuestro «vivir juntos». Hoy, sin embargo, no puede hacerlo, principalmente porque la misión asignada al personal educativo responde a otra visión política y el docente aisladamente no puede realizarlo todo. Lo que garantizará el proyecto escolar son, entre otras cosas, la creación de equipos educativos, el seguimiento individualizado de cada uno de los estudiantes, el apoyo gratuito al trabajo personal, los criterios de sanción que integran en lugar de excluir, la orientación vocacional en diálogo con las familias. Una asociación con los diversos actores de la sociedad favorece el acceso de todos a la cultura, al deporte, a la vida asociativa, etc.6

Debido a que en muchos casos se ha permitido a las diferentes administraciones territoriales concentrar las poblaciones socioeconómicamente similares y multiplicar las autorizaciones de inscripción en escuelas que no corresponden, se asiste a una especie de fuga de «élites» hacia los centros mejor «calificados» o que reciben una cantidad menor de jóvenes desfavorecidos. Esto crea guetos, que se agregan a los ya existentes. Además, puesto que hay escuelas privadas que no están sujetas al mapa escolar, ¿cómo podemos construir una sociedad unida y fraternal con tal segregación desde la infancia? Por consiguiente,

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proponemos la integración de las escuelas privadas, actualmente bajo convenio y fuera de él, al servicio público y laico de educación, único verdadero garante del interés general.

6. P. Meirieu, «Nous mettrons nos enfants a l'école publique».

Proponemos también desarrollar una verdadera mezcla social, instaurando un proyecto de distribución escolar (mapa escolar) a partir de un criterio más amplio que el de proximidad geográfica del domicilio (es decir, matriculando a los jóvenes en otros barrios que no sean los suyos).

La mezcla escolar será entonces un factor de emulación que favorecerá el aprendizaje. Una heterogeneidad relativa de los estudiantes puede ayudar a desarrollar la comprensión de las diferencias entre los individuos, el respeto y la apertura hacia los demás. Sin embargo, para ello es necesario que la escuela pueda aprovechar al máximo esta diversidad, lo que no ocurre en todos los casos. El Estado debe hacer un esfuerzo especial para ayudar a los equipos pedagógicos a tener en cuenta la diversidad de los estudiantes. Es importante que algunas clases tengan efectivos particularmente reducidos para permitir a los docentes diferenciar su pedagogía y, al mismo tiempo, ayudar a los que lo necesitan, sobre todo en la enseñanza básica. La escritura, la lectura y el cálculo son indispensables para la formación de los individuos frente al conocimiento y a la vida en sociedad. Su dominio es tanto más importante cuanto su ausencia es un factor mayor de discriminación entre las clases sociales. El dominio de estas disciplinas constituye uno de los soportes del pensamiento y de su formalización.

Es también necesario fortalecer la presencia de los adultos en las estructuras de apoyo a los estudiantes con mayores dificultades, en particular en las «Zonas de Educación Prioritaria». Los educadores asistentes también podrán asesorar, en materia educativa, a las familias que lo deseen.

Por último, la educación cívica debe enseñar a los alumnos a interesarse por los demás, a escucharse y a respetarse mutuamente, a discutir, a definir la normas para la vida en común, a llevar a cabo acciones colectivas, a cooperar. Proponemos para ello que en el calendario de todas las clases, desde el jardín de infancia hasta el bachillerato, se prevea un tiempo para la realización de proyectos colectivos. Es por intermedio de una realización concreta, que necesita debate, elección de la estrategia, organización, solidaridad e implicación de cada uno, que adquirirán los fundamentos de la ciudadanía. En esta lógica, proponemos introducir una iniciación a la filosofía, a las ciencias sociales y a las humanidades desde la escuela primaria.7

En los programas de estudio deberán incluirse temas tales como «historia de las mujeres» y la igualdad/desigualdad de los sexos. Proponemos también que los programas de historia, geografía y literatura tengan mayor apertura a las culturas de otros países. A través de este esfuerzo, la escuela contribuirá a establecer una ciudadanía universal. Por último, la igualdad de tratamiento de los ciudadanos también debe integrar la discapacidad, desarrollando infraestructuras adecuadas y utilizando, cuando sea necesario, medidas de discriminación positiva o garantizando una escolarización adecuada. La recepción de alumnos discapacitados en la escuela de la República debe ser una norma y una norma aplicada. Debe estar acompañada y ser facilitada por todos los medios e implica una formación adecuada del personal docente.

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Esta integración de los niños con discapacidad, cuando es posible y deseada, forma también parte de la educación para la ciudadanía.

7. Bernard Lahire, L'autre campagne, op. cit.

Sin embargo, para aquéllos cuya discapacidad es muy severa y requieren cuidados diarios, las estructuras médico-escolares públicas son indispensables. Es anormal que estos jóvenes y sus familias sólo puedan encontrar hoy soluciones en los establecimientos especializados privados, a menudo lejos de sus hogares y con plazas muy limitadas.

Democratizar la enseñanza superior

Una vez generalizada, la enseñanza superior deberá ser democratizada. Esta democratización implica un mejor conocimiento de las carreras, de sus exigencias y objetivos; no deberá exigirse una orientación previa, o establecer cuotas para el ingreso a las distintas ramas de la enseñanza. El objetivo de la democratización no deberá realizarse poniendo en competencia los establecimientos entre sí, con el riesgo de aumentar las desigualdades entre las universidades ricas y pobres. Para una verdadera democratización de la enseñanza superior existen varios caminos concretos casi ineludibles: desde un punto de vista pedagógico resulta indispensable, sobre todo para los primeros años universitarios, reducir el porcentaje de cursos magistrales en beneficio de pequeños grupos de trabajos prácticos. Esto requiere un aumento considerable del presupuesto otorgado a las universidades. La coexistencia de «grandes escuelas» y universidades puede ser aceptada solamente si las universidades disponen de los mismos recursos, la misma gestión y el mismo encuadre que las escuelas preparatorias y las grandes escuelas.

La enseñanza universitaria debe igualmente extenderse a la formación de adultos a lo largo de toda la vida, ya sea creando las condiciones materiales para recibirlos y la financiación de este reciclaje por el estudio o haciendo participar a los docentes del ciclo superior durante una parte de sus servicios a la vulgarización de sus investigaciones en el marco de universidades populares.8

Otra medida necesaria para la democratización de los estudios universitarios consiste en un subsidio de autonomía para los jóvenes. A partir de los 18 años, el joven debe poder adquirir una independencia económica y ser capaz de formarse en condiciones dignas, independientemente de su medio social. Es necesario acordar, como lo sostiene la UNEF (Unión Nacional de Estudiantes de Francia), una mayoría social a los jóvenes, junto a su mayoría civil, otorgándoles las condiciones para cursar con éxito sus estudios, sin estar obligados a conciliar su formación con empleos asalariados. Este subsidio otorgado a los jóvenes estudiantes debería ser universal.

Por último, será importante instaurar pasarelas entre las «grandes escuelas» y las universidades. Las clases preparatorias se integrarán al mundo universitario para hacer evolucionar a sus estudiantes en un medio más abierto que el de las escuelas secundarias y más favorable a los intercambios estudiantiles.

Algunos cursos pueden ser compartidos con ramas universitarias no selectivas, con el fin de crear una mayor integración y un espíritu de apertura entre los estudiantes de diferentes

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carreras. Deseamos también que las grandes escuelas recluten una parte de sus efectivos entre los estudiantes universitarios, franceses y extranjeros.

8. Frédéric Nayrat, L'autre op.cit

La educación popular

La educación popular, tomada a cargo en parte por los mismos ciudadanos, debe ser revalorizada. Actor importante del progreso social, la educación popular re-agrupa las actividades de formación y de educación que, paralelamente a la escuela, tienen como finalidad democratizar el conocimiento y brindar a todos los hombres y mujeres, sea cual fuere su edad, los medios para participar mejor en la democracia, proponiendo formas originales de acceso al saber y a la cultura. Este tipo de educación se funda en el principio esencial que la educación no tiene como primer objetivo formar trabajadores, sino ciudadanos libres. Fundamento mismo del movimiento obrero y sindical, la educación popular permitió desde la mitad del siglo XIX la toma de conciencia de la indispensable solidaridad entre los trabajadores que adquirían poco a poco la plena condición de ciudadanos.

Ya entrados en el siglo XXI, nos equivocaríamos si pensáramos que este es un concepto fuera de moda. Simplemente hay que reactualizarlo. La escuela de la Republica, sola, no alcanza. Ya es hora de reconocer à la educación popular como un verdadero servicio publico, no a cargo del estado o de las colectividades locales, sino realizado por los ciudadanos mismos.

El derecho a la cultura

Para Utopía, la cultura esta constituida por el conjunto de conocimientos, prácticas artísticas, leyes, costumbres y habilidades que nos identifican, que nos reúnen y que nos sirven permanentemente de brújula.

Por eso, el acceso a la cultura forma naturalmente parte de los derechos fundamentales, puesto que constituye, funda y cementa la vida en sociedad, crea la comunidad, la sociedad, sus valores y sus instituciones. Es, en particular, gracias a la cultura que tenemos una mirada crítica sobre el mundo, es ella que nos permite tener nuestro juicio propio, sustraernos al modelo dominante, mantener a distancia los prejuicios, abrirnos a nuestro entorno y poder a su vez comprender y comunicar con él. La cultura contribuye a instruir al ciudadano, al mismo tiempo que el ciudadano instruido se apoya sobre ella para construir el presente y proyectarse hacia el futuro. Ésta es la razón por la cual las políticas culturales deben permitir a cada uno encontrar sus propios modos de lectura y expresión, a partir de un zócalo de conocimientos y valores adquiridos y compartidos. Uno de nuestros principales desafíos democráticos es el de ampliar a la mayoría el acceso a las diferentes

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expresiones culturales, de las artes, de las ciencias o del pensamiento, sabiendo que hoy en día dos tercios de la población no tiene acceso a las diferentes actividades propuestas para el gran público (museos, teatros, ópera...). Una nueva política cultural basada en estas convicciones sobrepasa la sola voluntad de desarrollar la oferta, permitiendo proponer una verdadera alternativa, lejos de los estereotipos trasmitidos por los medios masivos de comunicación y la publicidad.

Una política para la diversidad de la producción cultural

El pluralismo de la creación artística está profundamente afectado por las lógicas capitalistas que exigen invertir en las producciones supuestamente rentables, con todo lo que esto significa en términos de estandardización.

En la era de la globalización, los estados deben defender firmemente la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada en 2005 en la UNESCO, que permitirá a esos mismos Estados proteger sus creaciones culturales. Estas últimas constituyen un indicador clave del desarrollo. Dado que la lógica del mercado no tiene relación alguna ni con las elecciones democráticas, ni con los desafíos propiamente culturales, la cultura debe escapar al derecho común en materia comercial. Es necesario garantizar a todos los niveles el principio de «excepción cultural», a fin que las obras puedan existir y ser difundidas sin exigencia de rentabilidad. Deben por ende encontrarse nuevos fondos para apoyar y alimentar significativamente el presupuesto de apoyo a la creación, garantía de diversidad y, en consecuencia, de pluralismo.

En el universo del espectáculo vivo, del cine y del audiovisual, los asalariados permanentes, así como los intermitentes, deben poder participar juntos en la producción cultural. Es necesario otorgar a los artistas un verdadero estatuto y un papel social, pre-servando su independencia, así como los medios y el tiempo necesario para la creación (composición, ensayo, etc.). Más ampliamente, todos los artistas, sin excepción, deben beneficiarse de una verdadera protección social y de un derecho a la formación permanente.

Una política de acceso a la cultura

Una difusión cultural que garantice la diversidad

El Estado debe garantizar la diversidad cultural en todo el territorio para hacerla vivir y permitir que todos los ciudadanos se beneficien. El tema se plantea con mucha claridad en el campo hiperconcentrado de la industria editorial (edición y distribución) o en el del audiovisual. Una ley deberá limitar en estos sectores las concentraciones de capital con el fin de preservar la pluralidad y la diversidad cultural. Podrán igualmente tomarse disposiciones protectoras de esas actividades, en particular frente a los grupos extranjeros que no respeten los criterios de limitación de la concentración.

Finalmente, el papel del Estado o de las colectividades locales en todos estos campos es también el de asegurar un pluralismo cultural, apoyando las estructuras independientes en la totalidad del territorio. El ejemplo de los cines independientes es edificante: este tipo de cines, indispensables para la vitalidad y la renovación de este arte, están más fragilizados que nunca; los «Multiplex» que han florecido en los cuatro rincones del país intentan captar un

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público «cautivo» inventando tarjetas «ilimitadas» y buscando convencer a los espectadores que, puesto que ellos constituyen «todo el cine», es inútil ir a buscar a otro lado.

Esta concentración afecta en primer lugar a las salas independientes, que encuentran cada vez más dificultades para procurarse las copias de Films independientes con un buen potencial económico que permitan llevar al espectador hacia caminos menos trillados, sin por ello atentar contra un justo equilibrio financiero.

También los distribuidores y directores se ven afectados pues tienen dificultades crecientes para encontrar salas que proyecten, eficientemente y por un tiempo suficientemente prolongado, Films independientes insuficientemente explotados o no considerados por los circuitos comerciales.

Es muy urgente reconsiderar los mecanismos de difusión cinematográfica y proponer alternativas.

Un acceso a la cultura para todos

La diversidad cultural sólo tiene sentido si responde a un público amplio, si participa de la recuperación y el mantenimiento de los vínculos sociales y si constituye un medio de reintegración de las clases populares al espacio público. Es necesario diseñar una política de educación cultural renovada y audaz. La enseñanza de las diferentes formas artísticas y de materias culturales en sentido amplio, comprendiendo todos los aspectos de la ciudadanía y permitiendo a la vez una identificación y la apertura al mundo, debe ser emprendida como un acto esencial. Las prácticas culturales deben estimularse a través de una inversión pública apropiada, tanto en el ámbito escolar como en el de las colectividades locales.

Las experiencias de acceso gratuito a los museos (llevadas a cabo en varias ciudades, como por ejemplo en París), y que han contribuido a atraer públicos anteriormente excluidos, deberán ampliarse a todo el territorio.

Por último, Utopía propugna una evolución de los derechos de autor y derechos conexos, por un lado para permitir el acceso a las obras creadas a un público más amplio —favoreciendo así la diversidad cultural— y, por otro, para otorgar una justa remuneración a los autores. Las obras que están en el dominio público son una fuente de creatividad y una manera de preservar su valor original. El dominio público deberá ser protegido, distinguido y valorizado: las excepciones a los derechos de autor con finalidades educativas y de investigación deben estar garantizadas.

Desde la misma óptica, los derechos de autor y los derechos conexos se limitarán a un período de diez años después de la muerte del autor (en lugar de los setenta años actuales). Se deberán estimular la práctica de aficionados y la formación musical, así como la creación de una licencia «copyleft» (es decir, con la capacidad para distribuir, modificar o mostrar las obras a condición que las nuevas obras creadas se beneficien del mismo régimen). Por último, los bienes culturales (especialmente los contenidos audiovisuales) deben poder ser intercambiados libremente por los utilizadores, en la medida en que se trate de un uso privado y no comercial. La prohibición de tales intercambios en internet constituye efectivamente un recorte inaceptable del acceso a la cultura, tanto más cuanto un archivo digital puede

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adquirirse prácticamente sin coste. En contrapartida, deberá establecerse una contribución pública para la financiación de la producción y para los herederos de esos derechos.

Los cines independientes.

A continuación presentamos las propuestas formuladas por la Asociación ISF (Independientes Solidaridarios federados), que reagrupa a cines independientes, entre los cuales se encuentran los cines Utopia.

Su objetivo es dar a conocer la labor concreta de estos cines y sus puntos de vista, así como compartir información y herramientas de trabajo para garantizar una mejor promoción.

Sobre todo debemos asegurar la existencia de cines independientes y crear nuevas salas de proyección para construir une red de difusión que sea una alternativa real a los circuitos de distribución. La noción de independencia tanto respecto de los circuitos establecidos como de los poderes públicos es esencial para la vitalidad de las salas.

1. Apoyo a los distribuidoresProponemos proceder a la distribución de películas a partir de las provincias o

departamento (sin pasar por una proyección oficial en Paris), modificando las normas actuales del CNC (Centro Nacional de Cinematografía).

2. Acceso a nuevas películasA fin de organizar la programación y la información, los propietarios de las salas

deben poder visionar el mayor número de películas posible mucho antes de su estreno. Para ello, el CNC debe garantizar a cada propietario de la sala una igualdad de acceso a esos Films.

3. Nuevos criterios de clasificación «cine independiente»Los criterios de clasificación han de tener en cuenta el trabajo pertinente para retomar

o prolongar la vida útil de las películas, e! trabajo de apoyo de los Films no distribuidos en París y la originalidad de iniciativas locales.

4. La limitación de los estrenos gratuitosLa gratuidad tiene por regia general ¡os mismos efectos secundarios que la tarjeta de

acceso ilimitado, que ya mencionáramos. Permite que los circuitos se fortalezcan a expensas de los independientes. Los distribuidores son los que pagan la mayor parte de los gastos de estos estrenos.

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5. Una mejor difusión de los documentales a través del apoyo del CNCMuchos documentales se distribuyen mal o nunca, a pesar de que los espectadores se

interesan cada vez más por este tipo de películas y los debates posteriores. Queremos apoyar al CNC para una mejor difusión de estos documentales (equipamiento de salas, simplificación de los procedimientos administrativos, organización de animaciones, etc.).

6. Difusión simultánea de !os DVD correspondientes a las películas proyectadasPodemos comprender que ia difusión en DVD de las películas de renombre sea

aplazada para no obstaculizar el éxito del estreno en los cines. Sin embargo, apoyamos una difusión simultánea de las películas más frágiles (que defendemos), porque amplía ¡a audiencia potencial de la película e influye positivamente en su difusión en vídeo. Esto provoca igualmente un efecto de «arrastre», especialmente para los documentales o las películas menos publicitarias. Tras haber visto una película que han apreciado, los espectadores están dispuestos a comprarla para compartirla con quienes viven lejos dejas salas de este tipo.

El derecho a una información respetuosa del individuo

El derecho a una información de calidad

El acceso a la información y su difusión constituyen una dimensión esencial de la vida democrática. Ahora bien, por interés económico, por proximidad con los que detentan el poder o por facilidad, la mayoría de los órganos de información —y en particular los medios audiovisuales— han renunciado a lo que debería ser su misión para impregnarnos con una ideología liberal a la que dan un carácter universal. La diversidad de enfoques y de análisis no constituye la regla; el espacio disponible para diferentes puntos de vista se encuentra extremadamente reducido. Todos los telediarios son elaborados sobre el mismo modelo. La uniformidad domina y la instantaneidad reina. Muchos de nuestros conciudadanos, a menudo por falta de tiempo, se contentan con las imágenes de su televisión. No son conscientes de ser conducidos hacia una visión unidireccional de los acontecimientos que sacuden al mundo. Aquí está el peligro, puesto que la mayoría de los medios de comunicación son propiedad de grandes grupos privados o dependen de la esfera mercantil. Es urgente salir de la dictadura esclerosante de estos medios de comunicación que han adquirido un poder excesivo y que ponen en peligro la propia democracia.

En este aspecto proponemos, por un lado, exigir del servicio público audiovisual que cumpla una misión de información y de análisis crítico. El tratamiento de la información debería estar más orientado hacia los problemas nacionales e internacionales que hacia los eventos, hechos diversos o modas. Esta misión exige recursos (enviados permanentes al extranjero, investigaciones periodísticas de fondo, etc.) e independencia frente al poder político.

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Por otra parte, proponemos la regulación del mercado del audiovisual y de la prensa para limitar las concentraciones de capitales, garantizar la pluralidad y la diversidad de los contenidos, así como el respeto de un mínimo de ética. En la prensa y en el audiovisual, las partes detentadas por un grupo privado no podrán representar más de un 30% del capital de los medios más importantes, y no más de un 15% de la audiencia en cada tipo de medio (prensa, televisión, radio). Las empresas que realizan más de un 10% de su volumen de negocios trabajando para el Estado no deben ser autorizadas a participar al mismo tiempo en las empresas de comunicación.

Para garantizar la pluralidad y la diversidad en la información, proponemos una política de cuotas de difusión que tenga en cuenta los horarios de gran audiencia y que sea aplicable a todas las cadenas públicas y privadas que emiten en el país. La educación en materia de lectura de la información y de tratamiento mediático tendrá que ser impartida desde muy temprano y deberá también hacerse en el marco de la formación permanente.

Cuando el objetivo abiertamente reivindicado por un patrón de cadena de televisión es el de generar una disponibilidad en el cerebro de los telespectadores para vender más publicidad, es necesario que la escuela y todas las instituciones educativas pongan a disposición medios humanos y materiales para enseñar de manera sistemática la utilización de los nuevos medios de comunicación y ejercer una mirada crítica (disecar las imágenes, analizar las informaciones y aprender a tomar distancia de las ficciones).Finalmente, preconizamos también un impuesto a la compra de espacios de publicidad. La recaudación en Francia de una tasa de 5% representaría más o menos mil millones de euros de ingresos que podrían servir, por ejemplo, para ayudar a los órganos de prensa cuyos ingresos por publicidad cubran menos del 20% de su coste total de funcionamiento.

El libre intercambio de contenidos culturales a través de Internet:

Una nueva organización que permita a todos el acceso a la cultura es posible.

En lo referente a las relaciones entre artistas y productores es necesario definir nuevas formas de gestión de los derechos y organizar la redistribución de los recursos según criterios no exclusivamente relacionados con la audiencia. La legalización del intercambio de datos audiovisuales en Internet constituye un elemento fundamental en esta dirección. Supone la creación de un fondo para compensar las perdidas de ingreso de los artistas y de una parte del sector de producción, pero sirve tanbien para apoyar la formación musical , el espectáculo en vivo y promover la esfera publica.

Algunos economistas han demostrado que el coste de la legalización de los intercambios de contenidos audiovisuales es perfectamente accesible para los internautas o para la colectividad.* En efecto, según sus hipótesis, debería representar en 2010, para los 14 millones de usuarios previstos en Francia, entre 5 y 10 euros por usuario y por mes para compensar las pérdidas de todo el sector (exceptuando los costes de fabricación y de distribución física).

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Se debería prever que el modo elegido para financiar este coste (sobretasa del abono o impuesto) no penalice el acceso a Internet y garantice el máximo de justicia social posible.

Esta propuesta parecería tanto más justa cuanto que la mayor parte de los ingresos producidos por la venta de los soportes físicos en el sector de la música esta consagrado a los editores y no a los artistas, que viven en su gran mayoría gracias al espectáculo en vivo, al régimen social de la intermitencia y a los empleos paralelos

Una propuesta tal es justa tanbien porque permitiría aumentar la diversidad cultural: hoy, cuatro multinacionales producen un cuarto de los fonogramas editados cada ano y se reparten los tres cuartos del mercado mundial; en Francia, menos del 5% de los títulos musicales difundidos por las radios constituyen 85% de la difusiones, en detrimento de los artistas independientes, y 4% de los títulos comercializados representan 90% del volumen de ventas. Por su lado, Internet constituye un nuevo canal de difusión para los artistas que se autoproducen por si mismos o son producidos por editores independientes gracias a una promoción ‘comunitaria’ (los internautas promueven a los internautas).

*François Moreau, Marc Bourreau y Michel Gensollen, WWW.fing.org

El derecho al respeto de la vida privada

El ejercicio de una ciudadanía plena exige un profundo respeto por la vida privada. Esta afirmación es hoy más importante que nunca ya que, por motivos comerciales o por razones relacionadas con la «lucha contra el terrorismo», el último decenio ha conocido una aceleración del fichaje y de las interconexiones de ficheros. La sociedad del control está actualmente bien instalada y aceptada por la mayoría de los ciudadanos. La multiplicación de las aplicaciones informáticas en todos los campos nos obligan a una movilización y a una vigilancia mayor. Está claro que actualmente, gracias a nuevas herramientas, se ha superado un umbral en la política de vigilancia de la población, como nunca anteriormente se había practicado en Francia y en el mundo.

En este contexto y respecto a la defensa de las libertades individuales y públicas, Utopía desea defender un punto de vista bien fundamentado, a través de un análisis de los desafíos que plantean los proyectos de informatización, haciendo resaltar los riesgos y las innovaciones posibles y ofreciendo una pedagogía para ayudar a una toma de conciencia ciudadana.

El respeto de la vida privada constituye un derecho fundamental en el Código Civil francés (artículo 9), en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (artículo 8) y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 12). Constituye también el fundamento de la ley [francesa] «Informática, ficheros y libertades» del 6 de enero de 1978 y de la CNIL (Comisión Nacional Información y Libertad). Sin embargo, si bien la persona fichada tiene derechos, los ficheros continúan siendo particularmente sensibles y cuestionables. Es lo que ocurre con múltiples

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ficheros de la policía, por ejemplo el STIC (Sistema de Tratamiento de Informaciones Constatadas), el FNAEG (Fichero Nacional Automatizado de Huellas Genéticas) y otros.

Al mismo tiempo, las nuevas técnicas de control, que tienen por objetivo autentificar a una persona (verificar que tiene la identidad o los derechos que afirma tener), se transforman en un objetivo de identificación. Es el caso de la identificación por radiofrecuencias (RFID), que se incluye por ejemplo en los pases de transporte de la RATP y, muy pronto, los teléfonos móviles o los documentos de identidad; Estas técnicas (biométrica, video vigilancia) permiten almacenar los datos relativos a las actividades cotidianas del ciudadano o ubicarlo, sin que él tenga conciencia. Permiten también un control en el trabajo: vigilancia de los asalariados, procedimiento de contratación, obligación de conexión permanente, exceso de información, etc. Los nuevos documentos de identidad biométrica o la ficha médica informatizada encierran también riesgos de intrusión en la vida privada.

Frente a esta constatación, Utopía insiste sobre la necesaria limitación del fichaje y de la explotación de los datos personales a necesidades indispensables. El fichaje genético masivo tiene que ser abandonado y la conservación de las huellas adaptadas a la persona y más limitada en el tiempo. Las condiciones de utilización de estos datos biométricos serán limitadas a problemas que exijan una seguridad absoluta y controlada, tanto dentro del territorio como en el extranjero. Se otorgará una preferencia a los dispositivos que no dejan huellas. Los datos personales, de cualquier tipo que sean, tienen que ser automáticamente destruidos después de su utilización (por ejemplo, durante una compra por internet). Además, toda explotación de los datos personales debe ser comunicada a la persona involucrada.

Utopía propone igualmente el respeto absoluto del anonimato en la vida cotidiana según el principio de la no apropiación de los datos en posesión de los diferentes organismos públicos o privados, y esto particularmente a través del rechazo a que se colecten informaciones nominativas sobre los desplazamientos de las personas o el acceso a cabinas telefónicas con una tarjeta anónima prepaga. Se debe asimismo reservar el uso del número de seguridad social exclusivamente para la esfera de la salud.

Una información ciudadana sobre los riesgos relacionados con la colecta y la conservación de datos personales deberá organizarse en la escuela y en la sociedad. Finalmente, Utopía desea que la sociedad civil y las organizaciones políticas sean consul tadas sistemáticamente respecto de la elaboración de las normas europeas e internacionales de creación de ficheros de datos personales.

Romper con la visión actual de las cárceles

Parece importante recordar que los detenidos siguen siendo ciudadanos que disponen, en la mayoría de los casos, de sus derechos civiles. Es conveniente tratarlos con humanidad, respetar sus derechos y crear las condiciones para su reinserción, El nivel de civilización de una sociedad se mide también por la manera como trata a quienes, por la infracción que cometieron, causaron perjuicios o generaron inseguridad.

El proyecto de Utopia tiene la ambición de ser un proyecto de sociedad que propone una verdadera política carcelaria, una opción política en materia de «capacidad para controlar

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la violencia» o, más exactamente, de «seguridad duradera » o de «derecho a la tranquilidad » para cada uno. Por eso, es menester cuestionar el sistema penal, centrado actualmente en la encarcelación como única referencia dentro de un arsenal de penas. Es necesario replantearse la escala de las medidas y sanciones penales como vector fundamental de reinserción. La referencia central a la encarcelación debe ser suprimida pues la prisión debe ser considerada como la última alternativa a un conjunto de otras medidas y sanciones penales.

Como en otros temas, se trata de no tomar medidas políticas influenciadas por la emoción, sino de formular proposiciones fundadas en la experiencia y en un proyecto social más global. En esta lógica. Utopía desea:

- Aplicar inmediatamente el conjunto de recomendaciones sobre las reglas penitenciarias europeas (Rec. 2006-2 del 11 de enero de 2006);

- instaurar prioritariamente cuatro principios de funcionamiento de los esta-blecimientos penitenciarios; el «numerus clausus» que define un límite infranqueable del número de personas detenidas por establecimiento; un «nurnerus clausus» que limita también el número máximo de personas con seguimiento en medio abierto; el encarcelamiento en células individuales durante la noche; el control exterior de las cárceles por una autoridad independiente; la participación de los detenidos en la organización de le vida en prisión.

- Favorecer la formación y la reinmersión, lo que supone; rechazar toda medida y sanción penal perpetua; la liberación condicional automática (a la mitad o a los dos tercios de la pena, según el caso); un acondicionamiento automático de pena para todo resto de pena inferior a tres meses; un acompañamiento de los detenidos, desde la entrada en la cárcel hasta la salida, con vistas a su reinserción.

Otra proporción podría tanbien consistir en la redefinición de la escala de las penas a

fin de suprimir las condenas condicionales, percibidas a veces como una ‘no condena’, pero con numerosas consecuencias en caso de reincidencia, y las penas de prisión inferiores a un ano (que serian substituidas por multas, en función de los ingresos, o por penas de prueba en medio abierto).

La condición del éxito de esta política y estrategia necesita la adopción de una ley de programación penitenciaria que garantice los medios logísticos y humanos necesarios, sin que deba aumentarse el numero de lugares destinados a los presos.

El derecho a la migración es un derecho fundamental

Ante todo, Utopía considera las corrientes migratorias como uno de los factores del enriquecimiento cultural y social de las naciones receptoras de los inmigrantes y, gracias a los intercambios que ellos permiten, como un factor de desarrollo de los países. El planeta es un patrimonio común: nadie escoge el lugar, la época, el sistema político, económico y ambiental de su nacimiento. Por eso, Utopía rechaza la inmigración selectiva y se pronuncia a favor de una apertura muy amplia de las fronteras a las corrientes migratorias. Hoy, las corrientes migratorias son el resultado de desequilibrios producidos por las relaciones de fuerza entre los países: la inmigración es al mismo tiempo la ocasión para los países del Norte de enriquecerse a través del saqueo de los recursos humanos y naturales del Sur y para los migrantes de los países del Sur de huir de las condiciones económicas y políticas a menudo muy difíciles, cuando no de situaciones ambientales insostenibles a causa del calentamiento global.

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Utopía desea salir de esta lógica económica de la inmigración proponiendo una nueva visión de los flujos migratorios entre los países. Se deben reducir las presiones económicas sobre los fenómenos migratorios, por un lado reequilibrando el funcionamiento del comercio internacional y, por otro, desarrollando en contrapartida ciertas condiciones en los países de emigración (formación, ayuda a los intercambios de cooperación, ayuda a las asociaciones competentes y reconocidas que permiten un desarrollo económico y social efectivo en los países de origen, etc.) y todo esto privilegiando el apoyo a los actores locales. Una ayuda posible a estos actores locales podría realizarse, por ejemplo, a través de una exoneración de impuestos de todas las transferencias de fondos enviados por los inmigrantes desde los países de residencia hacia sus países de origen.

Simultáneamente a ese necesario reequilibrio de los beneficios, relacionado con los flujos migratorios, la libertad de circulación y de establecimiento debe ser reconocida como un derecho fundamental conforme a los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Además, es necesario dar a los inmigrantes los mismos derechos fundamentales que los que poseen los ciudadanos nacionales. El reconocimiento de estos de-rechos fundamentales exige un conjunto de medidas que conciernen a los extranjeros presentes en el territorio y a los que llegarán posteriormente.

La nueva política migratoria abierta y humanista reclama así una regularización de todos los indocumentados que actualmente se encuentran en el territorio francés (entre ellos, muchos son explotados por su carencia de estatuto), una despenalización de la residencia clandestina, la instauración de un carácter suspensivo a toda medida contra los indocumentados y la abolición de toda retención administrativa. Las restricciones al reagrupamiento familiar deben ser suprimidas, y, por último, los poderes públicos deben luchar contra las empresas de los países receptores que buscan explotar la inmigración clandestina y que contribuyen en primera instancia a llamar a estos inmigrantes.

Todos los inmigrantes que se encuentran actualmente en Francia deberían disponer, por simple petición, de una autorización de estadía y de trabajo de larga duración (un permiso de estadía único y renovable). Un eventual rechazo justificado solo podrá ser aceptado con pruebas de los riesgos que este migrante representaría para la nación o las personas.

Es necesario proponer una formación específica de adaptación (enseñanza lingüística, formaciones complementarias) y garantizar las condiciones de una integración a la vida local (extensión del voto en las elecciones locales, integración al mundo asociativo, etc.). Por otro lado, se favorecerán las acciones deliberadas de cooperación con los países en desarrollo, no sólo a propósito de los problemas económicos, sino también acerca del conjunto de las dimen-siones humanas y sociales. Tomando como base el voluntariado, estas acciones implicarán a los inmigrantes y a las asociaciones que lo deseen. Este codesarrollo se apoyará sobre:

- Una incitación a las migraciones temporarias (estudios, becas, intercambio de conocimientos), porque funcionan con una lógica de ida-regreso entre los países que reciben y los países de origen y porque, por las incitaciones al regreso a los países de origen, favorecen su desarrollo y el regreso de las personas que lo desean;

- una ampliación del intercambio de educadores, profesores y artistas basado en proyectos bilaterales; un reconocimiento recíproco de los diplomas;

- la adjudicación automática de un estatuto (permiso de residencia, derechos fundamentales) de larga duración. En efecto, sólo pueden los inmigrantes emprender una cooperación durable con su país de origen si se les otorga un estatuto estable y de larga

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duración. La doble nacionalidad podría otorgase después de cinco años de residencia a aque-llos extranjeros que tengan un nivel mínimo de conocimiento de la lengua nacional, lo cual les daría acceso al derecho de voto en todas las elecciones;

- las facilidades otorgadas a los inmigrantes que vienen de los países en desarrollo para efectuar transferencias de fondos. En efecto, las estadísticas muestran que estas transfe-rencias con sus países de origen constituyen un modo de cooperación privilegiado, en particular para las personas menos calificadas. Se trata entonces de reducir las comisiones, de favorecer las transferencias colectivas (a través de las asociaciones organizadoras de proyectos locales) y de incitar a los inmigrantes (en particular a través de una fiscalidad adaptada) a invertir en sus países de origen de manera coordinada con las necesidades del país.

Estas medidas completan la ayuda al desarrollo (financiero y tecnológico), que debería ser mucho más importante para los países más pobres.

La política migratoria abierta y humanitaria que propone Utopía es necesaria y realista, como lo dicen varios informes científicos.9

Necesaria porque los países ricos han contribuido a crear la «presión migratoria» y a alimentarla, tornando toda política de restricción migratoria inoperante e injusta. En efecto, los países ricos han desarrollado mucho más el intercambio de mercancías que las posibili-dades migratorias, excluyendo poco a poco, dicho sea de paso, a los países más pobres de los intercambios económicos.

Además, numerosas empresas han contribuido al desarrollo de la explotación de mano de obra clandestina en el seno de los países ricos y estimulan las condiciones de una esclavitud moderna. Finalmente, sabemos que los países ricos han agravado esta situación, disminuyendo sus ayudas a los países en desarrollo desde los años noventa.

Esta política migratoria abierta y humanitaria es también realista porque los estudios realizados sobre este tema muestran que los «pedidos de ayuda» que engendraría serían mínimos y que, por el contrario, aceleraría el desarrollo de los países de origen y aumentaría la incitación a los potenciales emigrantes a quedarse en sus países o a volver a ellos. Los inmigrantes acogidos en buenas condiciones, sean calificados o no, mantienen vínculos con sus países de origen.

Los inmigrantes más calificados, más numerosos entre los llegados de los países más pobres, tienden a cooperar, a viajar entre los países receptores y los de origen y a realizar inversiones más importantes cuando se benefician de un estatuto de larga duración. Al mismo tiempo, las políticas migratorias que aceptan los emigrantes menos calificados favorecen las transferencias de fondos hacia los países de origen, con un neto desarrollo, en la mayor parte de los casos, de actividades económicas y sociales locales. En efecto, estas transferencias, que representan hoy mucho más que la ayuda directa a los países en desarrollo, provienen más bien de los emigrantes sin calificación que de los calificados.

Porque la política de inmigración es un tema central de nuestras sociedades, Utopía desea defender y argumentar la necesidad, tanto para los países ricos como para los pobres, de orientarse hacia una política abierta y humanitaria de las migraciones.

Por una gestión decididamente feminista

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Utopía revindica una gestión feminista. Comprometerse con el derecho de las mujeres es comprometerse con el derecho de todos, como lo proclamaba Mary Wollstonecraft, economista, que afirmaba que todas las desigualdades —entre los sexos, clases, razas, naciones— están relacionadas entre ellas. «Las mujeres no son una raza, una clase, una etnia o una categoría» decía Giséle Halimi, en Le Monde en 1997. «Están en todos estos grupos, los generan, los atraviesan.»

9. Trabajo coordinado por El-Mohoud Mouhoud, economista.

La lucha por la igualdad entre los sexos es una de las más radicales. Los historiadores y los antropólogos lo han verificado muchas veces. No constituye un problema menor en ninguna civilización, porque a través de ella se encuentra el problema más general de la relación al otro, diferente e idéntico. En casi todas las sociedades, y en todas las épocas, el elemento masculino tiene más poder que el femenino.

Esta historia influenció el imaginario durante mucho tiempo (los cuentos de hadas, por ejemplo, amen de tantas otras formas) y el siglo XX, que fue a veces llamado el siglo de las mujeres (Michele Perrot), no fue suficiente para modificar en profundidad este punto de vista milenario. Es cierto que el control de la contracepción permitió modificar el tema de la maternidad, pues las mujeres se transformaron en sujetos autónomos. «Los hombres perderán la orgullosa conciencia de su virilidad fecunda», declaró un eminente hombre político francés en 1967 durante los debates sobre la contracepción.

El siglo XX fue también el de la emancipación de las mujeres a través de un acceso a la autonomía financiera por el empleo. En treinta años, el modelo aquel de las mujeres que se quedaban en su gran mayoría en sus hogares para educar a los niños y ocuparse de las tareas domésticas quedó sustituido por otro en el cual las mujeres, estadísticamente mejor calificadas que los hombres actualmente, están en su mayoría en actividad e incluso con hijos pequeños.

Pero, no obstante, fue necesario esperar hasta la mitad del siglo XX para que el «segundo» sexo fuera reconocido como digno de la sociedad laboral y política. Francia fue una de las últimas «democracias» occidentales en otorgar el derecho al voto a la mitad de su población. Se comprende ante esta amarga constatación el cornbate que fue necesario llevar adelante y que ha dejado hasta hoy sus huellas. Pero el acceso al mundo del trabajo aún engendra desigualdades. Las mujeres son especialmente víctimas del no reconocimiento de los diferentes tiempos de la vida (actividades sociales, paténtales, políticas, amorosas, de producción...). Para Utopía, la actividad humana es plural (social, familiar, política, amorosa) y todas estas actividades son necesarias para el desarrollo humano de nuestras sociedades. En relación a esta problemática, el Estado debe jugar un papel central, en particular a través de la educación cívica y de la historia de las mujeres, que contribuirá a dar a cada ciudadano las referencias necesarias para sobrepasar las formas estereotipadas que regulan frecuentemente las relaciones entre hombre y mujer. Los hombres deben cambiar en profundidad su comportamiento y concebir diferentemente la articulación de los tiempos de la vida en el seno de la pareja.

La sociedad y las instituciones deben también evolucionar. Hoy en día, «el cuidado de los hijos pequeños y los ritmos escolares siguen organizándose sobre la idea de que hay todavía alguien, la madre, que viene a buscar a su hijo a la salida de la escuela y se ocupa

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luego de él en su casa. El hecho de que las mujeres se hagan cargo de los dos tercios del tiempo parental explica en gran parte las desigualdades profesionales. Son todavía las mujeres las que dejan de trabajar cuando nace un hijo o las que frenan su trabajo profesional. Son ellas las que regresan a casa más temprano al final de la jornada y las que rechazan las promociones».10

10. Dominique Méda, Le temps des femmes, 2001.

Ser madre es un freno para la carrera profesional: una mujer de cada tres modifica su manera de trabajar después de su primer hijo (estudio CEREQ 2007), el 17% cambian a tiempo parcial, el 11% cambian de puesto o aceptan una transformación de su empleo, el 7% renuncian y el 4% solicitan la baja por maternidad a tiempo completo. El 20% de las mujeres jóvenes qué tienen varios hijos son inactivas. Por el contrario, ser padre no tiene muchas consecuencias sobre la vida profesional: nueve de cada diez hombres declaran que el nacimiento de un hijo no ha cambiado nada en su carrera.

Hemos de señalar igualmente que en el caso de las mujeres diplomadas con un mínimo de tres años de estudios después del bachillerato, la diferencia de salario entre las jóvenes madres y las mujeres sin hijos alcanza el 12%.

Las estadísticas relativas al tiempo parcial en el trabajo son también elocuentes. El 27,1% de las mujeres activas lo son a tiempo parcial contra el 4,7% de los hombres, y cerca de un tercio de estas mujeres sufren un tiempo parcial involuntario. Por otro lado, la implicación de los hombres en las tareas domésticas sigue siendo todavía muy limitada, según un estudio del CEREQ. Aunque la mujer logre construir su propia carrera, la organización doméstica continúa descansando sobre sus espaldas.

A calificación y puesto idénticos, el salario de las mujeres no representa más que el 84% del de los hombres en la zona OCDE. Las oportunidades de acceder al rango de cuadro superior son también muy inferiores (solamente el 7% de los cuadros superiores son mujeres).

Utopía desea «desespecializar los papeles», es decir, favorecer un reequilibrio de los papeles entre el hombre y la mujer, implicando más fuertemente al padre en la vida familiar y relativizando el tiempo dedicado a su trabajo. En este sentido, todos los dispositivos de la política familiar deben ser reconsiderados para permitir a los hombres y a las mujeres conciliar mejor su vida profesional y su vida de familia.

La sociedad debe garantizar a cada ciudadano un tiempo verdadero, o sea un tiempo para las actividades familiares (para los padres, pero también para los niños), para las actividades sociales, productivas y, por supuesto, un tiempo para sí mismo. Porque la reducción del tiempo de trabajo permite una mejor repartición de los roles de cada uno, de las tareas domésticas y familiares y un acceso más igualitario al empleo, Utopía propone la semana de 32 horas como una nueva etapa en la reducción del tiempo de trabajo. Deseamos también prolongar de manera significativa la licencia por maternidad para mujeres y hombres.

Puesto que estas desigualdades son tanto más pronunciadas cuanto más precaria es la condición social de las mujeres, nos preocuparemos también de reforzar la legislación que concierne este tema en el Código del Trabajo, por ejemplo, sobre los plazos de preaviso y la flexibilidad de los horarios. Se ha de permitir también a los asalariados aumentar o disminuir su tiempo de trabajo, reduciendo al mínimo las posibilidades de rechazo por parte del

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empleador (como es el caso en los Países Bajos). Deseamos que la paridad entre los sexos sea efectiva en todas as instituciones o instancias representativas de los asalariados (comités de empresa, delegado del personal, comisiones paritarias, etc.).

Al mismo tiempo, debemos dar a los inspectores del trabajo los medios para sancionar las empresas donde existe una diferencia de tratamiento según el género. Proponemos la creación de comités paritarios nacionales, regionales y departamentales de igualdad de oportunidades, sobre la base del modelo escandinavo. Su misión sería la de interesarse en los contratos y en las promociones, recoger denuncias, examinarlas, tratar de llegar a acuerdos amistosos o, cuando es imposible, acudir a los tribunales.Nos pronunciamos también a favor de:

- Una paridad efectiva en la representación nacional y local.- En el Parlamento, proponemos dividir por dos el número de circunscripciones y presentar un ticket «paritario» que conduciría mecánicamente a la paridad (división del nú-mero de circunscripciones por dos, con elección de dos titulares de sexo diferente por circunscripción). Esta gestión de discriminación positiva fuerte y voluntarista tendrá que aplicarse a todas las elecciones en función de sus especificidades.- Un tratamiento fiscal separado en el seno de la pareja, porque es más justo y está más de acuerdo con la evolución de la sociedad.- Favorecer los centros de aborto y un programa escolar de sensibilización a la sexualidad a cargo de las enfermeras escolares o de asociaciones reconocidas de utilidad pública en los institutos y colegios.- La preparación de un trabajo en red para atender a las mujeres víctimas de violencia de género desde el momento mismo en que se presentan en las comisarías. Este trabajo debe ser realizado por personal calificado para dicha función, en locales debidamente adaptados (con apoyo psicológico, jurídico, ayuda para la vivienda, etc.) y en número suficiente.

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IV. PROFUNDIZAR NUESTRA DEMOCRACIA

Deseamos una democracia que se ejerza a través del poder público, lo que quiere decir, esencialmente, a través de un sistema representativo, así como también una democracia que se apoye en cada ciudadano, ofreciéndole a cada uno la posibilidad de implicarse y transformarse en actor de la sociedad democrática en un sentido amplio. Queremos por consiguiente un equilibrio y un intercambio permanente entre estas dos formas esenciales de la deliberación colectiva, representativa y ciudadana.

Las instituciones y la democracia local

Instituciones nacionales: hacia una verdadera VI República

La Constitución francesa de 1958 llega actualmente al final de su existencia. La necesidad de cambio es sentida por muchos y cuando la izquierda estuvo en el poder no brilló demasiado por su audacia. Esto tiene como resultado que, a excepción de las autoridades locales electas, la distancia no deja de agrandarse entre los ciudadanos y la clase política. El debate que tuvo lugar sobre la Constitución Europea demonstró sin embargo que los ciudadanos pueden implicarse y apasionarse por estos temas. Utopía constata esta voluntad, pero también la desviación monárquica o bonapartista que caracteriza cada vez más al régimen presidencial actual. Por la autoridad otorgada al Poder Ejecutivo, este régimen reduce el Parlamento a una cámara de repercusión y de espectáculo democrático, poniendo en duda la existencia misma de una real democracia parlamentaría. Utopía se pronuncia globalmente a favor del pasaje a la sexta República sobre la base de las treinta proposiciones enunciadas a finales del año 2002 por el grupo de la C6R (La Convención para la VI República). Estas proposiciones se refieren al fortalecimiento del papel del primer ministro y del Parlamento, a la extensión del uso del plebiscito, a la no acumulación de mandatos y a la limitación de su duración a cinco años, al derecho al voto de los extranjeros, a la reforma de la Justicia, a la introducción de una dosis de proporcionalidad, etc.

Utopía va mucho más lejos, proponiendo pura y simplemente la supresión del puesto de presidente de la República. Proponemos efectivamente un primer ministro, elegido por los parlamentarios, que deberá constituir un gobierno, el cual no podrá ser destituido más que por una mayoría de diputados, sin por ello volver a la inestabilidad gubernamental de la IV República. Contrariamente al pensamiento dominante, Utopía considera que la existencia de

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un presidente de la República elegido por sufragio universal es, paradojalmente, una regresión democrática. Detengámonos sobre este punto porque es central y determinante para el conjunto de la vida política del sistema francés.

Si miramos el porcentaje de participación de la última elección presidencial de 2007, a primera vista se podría creer que permitió a los ciudadanos reapropiarse del terreno político. Sin embargo, cada uno ha podido constatar que seis semanas más tarde, en las elecciones legislativas, los índices de participación cayeron en más de veinte puntos.

La elección y la función de presidente de la República adolecen de cuatro principales defectos:

— el arcaísmo, porque rercurren a un espíritu monárquico (el encuentro de un hombre con su pueblo);

— el poder exorbitante otorgado a una persona, fuera de todo principio de responsabilidad y de control. El mito regresivo del hombre providencial es, desde un punto de vista republicano, un gran peligro democrático;

— la deslegitimación de la democracia representativa: el Parlamento se transforma en la una correa de transmisión de un Ejecutivo totalmente subordinado al presidente;

— la lectura de una orientación política a través de un solo individuo termina en una «popularización» del terreno político. La televisión privilegia la emoción con relación a la información y se transforma en el instrumento decisivo de la elección. Ella impone con frecuencia superficialidad y demagogia. Asistimos entonces a una especie de «Reality Show» político, donde los candidatos se eliminan bajo la presión de una democracia de opinión.

Para que un país sea plenamente democrático es necesario que los tres poderes, económico, político y mediático, sean completamente independientes entre sí.

Refundar nuestra democracia localSe ha de establecer una nueva etapa de la descentralización: la etapa democrática.

Nuestra democracia local debe estar basarse, siempre y más que nunca, en el principio de representación electiva, pero también en la participación permanente de los ciudadanos. Esta democracia permanente se imagina en una sociedad de tiempo liberado, que permite a cada uno dedicarse a la construcción del interés general.

Dicha orientación supone, ante todo, que el mandato de diputado sea ejercido a título exclusivo, de manera que la Asamblea Nacional sea una cámara que represente el interés general. Esto supone igualmente conducir una reforma democrática en las diferentes regiones del territorio.

Algunos, especialmente de derecha, han estimado rápidamente que a partir del momento en que las colectividades locales cuentan con asambleas deliberantes elegidas por sufragio universal directo, se logra la descentralización. Es al ciudadano a quien hay que implicar directamente en la construcción de las políticas locales. Pero democratizar no significa ni hacer demagogia, ni transformar las colectividades en algo ingobernable.

Hay que apuntar a un justo equilibrio entre los poderes (las mayorías electas y las administraciones centrales y territoriales) y los contrapoderes (más allá de las minorías electas): sindicatos, asociaciones, controles ciudadanos, plebiscitos...

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Así, a nivel municipal, estamos convencidos de que hay que enriquecer las herramientas disponibles de la democracia participativa para transformarlas en instrumentos en manos de los ciudadanos y no de los intendentes. Estamos consecuentemente a favor de la generalización, en las comunas de más de 3.500 habitantes, de los consejos barriales —verdaderas instancias de debate e interpelación— y de la necesidad de dotar a estos últimos de un presupuesto suficiente. Es necesario igualmente otorgar herramientas suplementarias a las minorías electas, como por ejemplo, dar a la oposición el poder de presentar proyectos de deliberación en el transcurso de por lo menos una reunión del Consejo Municipal por año.

Para también fortalecer el derecho de petición, debería preverse la obligación por parte de la Asamblea Comunal de inscribir un tema en su orden del día desde el momento en que un cierto número de firmantes lo exige. Las elecciones locales deberán además hacerse obligatorias y tener así valor de decisión. Finalmente, los consejos intercomunales deberán ser más democráticos y transparentes, elegidos por sufragio universal el mismo día que las elecciones municipales entre los candidatos a las mismas.

Este proyecto no podrá prescindir de una gran transparencia del sistema de decisiones. Por lo menos hemos de ser capaces de identificar quién hace qué, para que el control popular sea posible:

- La región: administración de desarrollo, capaz de gestionar lo que va más allá de los particularismos locales (las grandes redes, los grandes equipamientos, el desarrollo local responsable de las políticas sociales).

- El departamento: responsable de las políticas sociales.- La intercomunalidad: responsable de las redes de equipamiento.- La comuna: responsable de la utilización de los suelos, de la democracia de

proximidad (viviendas, solidaridad, infancia, deportes, cultura...).

Por una economía social y solidaria

La economía social y solidaria: un sector ineludible

Se nos propone una visión binaria de los actores económicos de nuestra sociedad: por un lado, las empresas privadas que obedecen a las leyes del mercado y, por el otro, el poder público en un sentido amplio (listado, colectividades territoriales), que producen bienes y servicios colectivos. Sin embargo, entre esos dos polos existe un lugar para el pleno desarrollo de otro sector: la economía social y solidaria.

Este tercer sector reagrupa actores diferentes (cooperativas, asociaciones, etc.), que tienen como principal objetivo fortalecer los lazos sociales. Ya sea en los ámbitos de la acción social, la cultura, la salud, los deportes o la formación, este sector es en el día de hoy ineludible y representa 1,2 millones de empleos (es decir, el 9% de los empleos asalariados).

Una de las características de la economía social y solidaria es la combinación de recursos financieros, privados y públicos. En efecto, este sector obtiene sus beneficios vendiendo y al mismo tiempo recibiendo subvenciones públicas. Esta economía es creadora de nuevos empleos, frecuentemente de proximidad y no deslocalizables. Ella participa plenamente en la actividad social, económica y democrática de los diferentes territorios.

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Algunos de los rubros de acción de la economía social y solidaria son conocidos: ayuda a las personas, vivienda para los excluidos, estructuras de inserción, asociaciones barriales, educación popular, reciclaje, etc.

Frente al aumento de las exclusiones, esta economía permite igualmente la inserción a través de la actividad económica de los desocupados de larga duración.

Pero los nuevos ritmos de la economía solidaria que se manifiestan desde hace varios decenios en Europa (como en otros continentes) no pueden en ningún caso ser reducidos a una función asistencial. Al contrario, el desafío es mucho más amplio, ya que se trata de democratizar la economía a partir de compromisos ciudadanos.1

En el Sur, las iniciativas solidarias apuntan a superar los mecanismos de supervivencia, propios de la economía informal o paralela, en favor de una estructuración colectiva capaz de expresar las reivindicaciones y negociar con los poderes públicos (por ejemplo, los foros regionales y nacionales de la economía solidaria en Brasil). En el Norte, las iniciativas solidarias representan una nueva dinámica económica constituida a partir de la vida cotidiana y guiadas por la búsqueda de justicia social. Su dimensión política las autoriza a cuestionar la economía social instituida y a promover una reflexión en su interior. Oponiéndose tanto en el Sur como en el Norte al modelo de desarrollo dominante que acentúa las desigualdades, estas iniciativas solidarias proponen modalidades de acción que permiten instaurar concretamente otra relación entre economía y sociedad.

La composición del movimiento Economía Solidaria (MES) es un testimonio de este en el nuevo enfoque: la reagrupación a nivel nacional de artesanos del mundo, clubes de inversión por una gestión alternativa y local del ahorro solidario (CIGALES), Comité Cristiano de Solidaridad con los Desocupados (CCSC), Federación Nacional de Protección Campesina, Movimiento Nacional de Desocupados y de Precarios (MNCP), Movimiento por el Desarrrollo Solidario (MDS), Pueblo y Cultura, Pueblos Solidarios, Progreso, Asociaciones Barriales (CNLRQ), Redes de actividades de Economía Solidaria, (REACTIVES), Unión Federal de Intervención de Estructuras Culturales (Ufisc).2

Además, los AMAP y la economía participativa abren caminos complementarios. Centran su acción en las relaciones de interés solidario entre productores y consumidores, así como en el tema de la relocalización de la economía como corolario de la globalización.

La imaginación no ha llegado todavía al poder, pero nos abre múltiples caminos. Nos muestra que la globalización que uniformiza el pensamiento económico y social puede que no salga definitivamente victoriosa. La reconciliación entre lo económico y lo social no es un acto de resistencia, sino la voluntad de abrirse hacia el futuro, de transformar el inmovilismo en el cual se quisiera encerrar a los pueblos del mundo, convirtiéndolos en un vasto campo de experimentaciones y realizaciones.

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1. Para más información sobre la realidad de la economía solidaria en los diferentes continentes véase J.L. Laville (comp.), L'économie solidaire, une perspective Internationale, París, Hachette, 2007.

2. Para más información véase www.le-mes.org.

La economía solidaria*

La economía solidaria debe ser alentada y sostenida porque ‘constituye’ una resistencia poderosa al individualismo mercantil que corroe la sociedad y tiene una capacidad de influencia sobre la economía de mercado’ (Manifiesto de la Economía Solidaria a iniciativa de Francia Activa).

Los aportes de la economía solidaria se sitúan principalmente en tres áreas: el empleo,

la cohesión social y la democracia participativa.

El empleo: esta economía va más allá del tratamiento social del desempleo. Si la economía solidaria puede contribuir a la inserción, no se limita solamente a ello y los empleos que puede ofrecer deben ser estables. Sin embargo, es necesario que los poderes públicos ayuden a su financiación, haciendo la distinción entre la ayuda a la creación (en términos medio un año de trabajo necesario antes del comienzo de las actividades) y la ayuda a la creación por el apoyo a la contribución de fondos que permitan su funcionamiento o al reclutamiento de un primer encuadre.

La cohesión social: la economía solidaria, muy presente en los servicios, se desarrolla ampliamente en un espacio intermediario entre servicios privados y servicios públicos. Esto es así porque propone servicios que son al mismo tiempo personalizados y colectivos, en el sentido de que generan beneficios para la colectividad y contribuyen a la cohesión social.

La democracia participativa: todas las iniciativas de la economía solidaria se basan en una fuerte movilización e implicación de los actores. Como lo prueba el ejemplo brasilero, la constitución de foros es decisiva para que el desafío de la economía solidaria continúe siendo accesible a todos. Es importante que el poder publico facilite los medios financieros necesarios para la existencia de estos espacios públicos de debate.

* Según J.J laville (Profesor de el Cnam) , op.cit.

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La economía social y solidaria abre nuevos campos democráticos

La economía social y solidaria abre nuevos campos democráticos porque nos lleva a la forma misma de democracia en la cual deseamos vivir. Queremos, por supuesto, una democracia que se ejerza a través del poder público y, por ende, a través esencialmente de un sistema representativo.

Queremos también una democracia que se apoye en cada ciudadano, ofreciendo a cada uno la posibilidad de implicarse y de devenir un actor de pleno derecho en la empresa y en la sociedad. Deseamos un equilibrio y un intercambio permanente entre estas dos formas fundamentales de debate colectivo.

El desarrollo de la economía social y solidaria y de un sector terciario fuerte y reconocido es una de las palancas para alcanzar este ambicioso ideal. El desafío consiste en inventar nuevas formas de regulación democrática de la economía. En esta perspectiva y preservando la distinción conceptual entre las esferas política y económica, se debe admitir que para continuar el proceso de democratización de las sociedades contemporáneas es menester comenzar por inyectar principios democráticos en la economía: en las actividades de producción, de intercambio, de ahorro y de consumo. De no ser así, la esfera política se restringe continuamente y la lógica económica sustrae al debate público un número cada vez más importante de temas.

La economía social y solidaria implica por tanto un objetivo social fuerte, una implicación de los diferentes actores, un debate colectivo, una evaluación pluralista, una territorialización que sea factor de desarrollo local. Tanto en la escuela como en el campo, en la ciudad o entre las generaciones, hemos de dar todo su lugar a lo que es el fundamento de nuestro «vivir juntos».

La SCOP, una forma de democracia social

Herederas de la historia de la economía social, las Sociedades Cooperativas Obreras de Producción (SCOP) son empresas autónomas, cuyo capital está en manos de los asalariados, que deciden en conjunto su porvenir basándose en la regla «una persona=un voto». Las SCOP tienen otra visión del valor agregado —favorable a los trabajadores y al desarrollo a largo plazo— y de las relaciones de trabajo, menos jerárquicas.

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Las SCOP fueron creadas para para colocar al ser humano y no al capital en el centro de la actividad económica. Muy poco conocido, el movimiento cooperativo aplica al mundo de la empresa los tres ideales de nuestra República:

- Libertad: libertad de iniciativa económica, sea cual sea el nivel de salario, libertad de adherir o no a la cooperativa, libertad de palabra y de información en el seno de la empresa.

- Igualdad: igualdad de voto entre las personas, preocupación de igualdad en la repartición tanto de los salarios como de los beneficios, igualdad de los saberes que interesan al futuro de la empresa.

- Fraternidad: repartición de los beneficios muy favorable al trabajo, fuerte reducción de las diferencias entre los salarios, relaciones jerárquicas cruzadas (elección de los dirigentes por los asalariados asociados), búsqueda de la estabilidad de los empleos, participación en el desarrollo local. También solidaridad con las futuras generaciones, por las reservas comunes, y con las otras cooperativas, gracias a los movimientos cooperativos regionales o nacionales.

Con más de un millón de asalariados en Europa y 60.00 cooperativas, las Sociedades Cooperativas Obreras de Producción no son una forma marginal de empresa, como algunos quisieran hacerlo creer. Es verdad que en Francia representan un pálido ejemplo (1.400 SCOP que emplean 35.000 personas), pero los asalariados cooperativistas son más de 170.000 en España, 250.000 en Italia, 300.000 en Alemania y 313.000 en los nuevos miembros de la Unión Europea. Como vemos, el movimiento es relativamente modesto, en términos de tamaño en la economía francesa, pero da muestras de un real dinamismo. Una reflexión sobre la democracia social no puede ignorarlo. Por el contrario, es mejor comprenderlo, explorar sus perspectivas y participar plenamente.

El objetivo de las SCOP es, sobre todo, instaurar una verdadera democracia en el seno de la empresa, ofreciendo una alternativa económicamente eficaz, socialmente duradera y portadora de valores. Estos valores son recordados en la Declaración del Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional (ACl), que tuvo lugar en Manchester en 1995:

[...] el cuidado, la responsabilidad personal y mutual, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Fieles al espíritu de los fundadores, los miembros de las cooperativas se adhieren a una ética fundada en la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y el altruismo.

Si bien cada SCOP aplica en su seno el principio de solidaridad, el mismo existe igualmente al exterior por intermedio de un movimiento federador, financiado por las cotizaciones de sus miembros, cuyo papel se extiende a la formación, las obras sociales, (lo que recuerda la proposición de modificación del papel de las CE sobre ese punto) y el apoyo en caso de problemas financieros.

La transición demográfica puede brindar una oportunidad para relanzar las SCOP en los próximos quince años: 500.000 pequeñas y medianas empresas (PME) francesas, que emplean a dos millones de personas, van a cambiar de dueño porque sus propietarios se jubilan. Este fenómeno inquietante en términos de empleos ha generado numerosos estudios, aunque pocas han sido las soluciones propuestas. Solamente se ha visto el apetito de los bancos, que se verían en el papel de padrinos y de los fondos de inversión o LBO,3 que aprovecharían con gusto este mercado. ¿Por qué no favorecer en este contexto una solución que permita a todos los asalariados que lo deseen tomar su destino profesional en manos propias, favoreciendo así el sentido social?

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El Estado y las colectividades locales deben por ende alentar decididamente la reapertura y la creación de empresas por parte de los asalariados, bajo la forma de cooperativas (medidas fiscales, medidas para acompañar la transmisión a los asalariados, información a los dirigentes, reglas de compra pública, creación de fondos de inversión públicos para la ayuda a la transmisión, programas de formación, etc.).

3. Levemge Buy OuP. la compra de la empresa, en general por parte de los fondos de inversión y financiada principalmente por un préstamo que es a su vez rembolsado por las ganancias generadas por la empresa misma.

Los asalariados, bien formados e informados sobre la realidad económica, tienen el poder de nombrar o destituir a sus dirigentes y formular libremente las estrategias de las que depende su propio futuro. Afirmamos que los valores de la cooperación son más eficaces que los valores de la competencia.

Refundar nuestra democracia social y conquistar nuevos derechos

Dentro de la escala de tiempos sociales que posee cada ciudadano, el que se dedica a la producción es, y lo será aún por ahora, un tiempo estructurante. En esa calidad, como en las otras esferas de sus vidas, los asalariados deben beneficiarse de derechos sólidos que les permitan construir una relación de fuerza justa. Deben también poder organizarse colectivamente para dar vida a una verdadera democracia social. Sin embargo, el análisis de la crisis del trabajo y del empleo muestra la distancia creciente entre los retos y el ejercicio del poder colectivo de los asalariados frente a los dueños del capital.

Refundar nuestra democracia socialUn verdadero diálogo social puede existir solamente si los sindicatos recuperan su

legitimidad como portadores de las aspiraciones de los asalariados y si esos asalariados están dotados de poderes reales para intervenir en la vida económica, en general, y en particular en su rama profesional y en su empresa.

Nuestra democracia social atraviesa actualmente una crisis de legitimidad, pues sólo el 8% de los asalariados están afiliados a organizaciones sindicales (principalmente en las grandes empresas públicas o privadas). La política debe dar al movimiento sindical las herramientas y los medios apropiados, permitiéndoles preservar al mismo tiempo su independencia.

Reformar la representatividad de los sindicatosUtopía propone poner fin al sistema actual de representación fundada en las cinco

centrales sindicales «históricas» (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC). Esta medida permitirá a otros sindicatos (a SUD y a UNSA, por ejemplo) ocupar un lugar más coherente con su propia implantación e influencia.

Esta refundación de la democracia en la empresa implica la instauración de acuerdos realmente mayoritarios basados en una gestión positiva de ratificación y no, como lo es actualmente, en un procedimiento complejo de «derecho de oposición». Un acuerdo por rubro

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o por empresa no podrá ser válido sin la firma de uno o varios sindicatos representativos de la mayoría de los asalariados. Privilegiar la representación de la mayoría absoluta de los asalariados tiene la ventaja de hacer progresar el diálogo social hacia una posición más responsable, y al mismo tiempo más escuchada por los propios asalariados. La credibilidad de los asociados saldrá fortalecida.

Por una financiación pública de las organizaciones sindicales La financiación de las organizaciones sindicales se basa en sistemas complejos y opacos, en el seno de los cuales la cotización de los sindicados no representa más que el 20% del total. Deseamos por tanto instaurar en esta área una financiación pública basada en el modelo utilizado actualmente por los partidos políticos. La financiación de los sindicatos saldrá de un impuesto específico e identificado, pagado por cada ciudadano y por cada empresa. También proponemos elecciones nacionales cada tres años que permitirán conocer la representatividad de cada organización. Se repartirá entre todos los sindicatos un monto global definido por el Parlamento, de acuerdo a la proporción de los votos obtenidos.

Por una representación de todos los asalariados En nuestro país existen dos categorías de asalariados: aquéllos de las grandes empresas, que se benefician de las instituciones repre-sentativas y de sindicatos reconocidos por el empleador, y aquéllos que trabajan en las pequeñas y medianas empresas y en las muy pequeñas de menos de cincuenta asalariados, para quienes esa sindicalización no existe. Permitirles la elección de delegados de zonas de empleo o de comités locales por rubros dotados de las mismas prerrogativas que los comités de empresas permitiría salvar en gran parte esta injusticia.

Por otro lado, «agencias de asalariados y oficios» reagruparían en cada territorio o cuencas de empleo a los representantes de las organizaciones sindicales y patronales, a los representantes electos locales y a la oficina nacional para el empleo. Reuniendo el conjunto de los actores económicos, su papel sería triple: constituir el lugar de referencia para la búsqueda de un empleo, de una actividad o de una orientación profesional, construir un diálogo social local y elaborar las condiciones del desarrollo económico local.

Los bajos salarios y remuneraciones y las malas condiciones de trabajo en las pequeñas empresas son a menudo el resultado del desarrollo de la tercerización que practican los grandes grupos para una parte cada vez más importante de su producción. Para impedir tales abusos, conviene prever en esos contratos externos cláusulas sociales fundadas en las convenciones y acuerdos de la empresa contractantes. Extender esta obligación a los contratos firmados con empresas extranjeras constituye igualmente un medio para prevenir las deslocalizaciones y apoyar los valores humanistas.

Cada asalariado, sea cual sea el tamaño de su empresa, deberá recibir, junto con su contrato de trabajo, una información completa incluyendo el reglamento interior, la convención colectiva de la cual depende, un folleto que resuma sus derechos y obligaciones y el nombre y datos de los representantes a quienes puede dirigirse.

En fin, proponemos dar a los militares (soldados y gendarmes) el derecho de sindicarse, según el modelo de lo que existe para la policía, los servicios de socorro y de salud y la administración penitenciaria.

La participación de los asalariados en la gestión de la empresa Proponemos también el establecimiento de un derecho de veto de una mayoría calificada de las organizaciones

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sindicales en el caso de despidos previstos por la empresa cuando ella (o su grupo) registra resultados positivos. Por otra parte, tomamos posición por una reforma de los comités de empresa que, originados en 1945, cuentan ya con más de sesenta años de existencia. Su papel ha ido evolucionando progresivamente para transformarse de gestionarios de las obras sociales en principales contra-poderes económicos de la autoridad del jefe de empresa. ¿No será ya hora de separar esas dos funciones?: por un lado la función económica de los comités de empresa, que sería fortalecida y, por otro, la gestión de las obras sociales, que sería cedida a otro organismo. Retomarían así su objetivo de solidaridad entre los asalariados y mutualizados (no a nivel de cada empresa, pero a nivel de la cuenca de empleo o de un departamento).

Democracia social y responsabilidad socialde la empresa (RSE)

La RSE, surgida tras la Conferencia de Río de 1992, es la adaptación de la noción de «desarrollo sostenible» al mundo de la empresa* y se sitúa a medio camino entre las buenas intenciones y el marketing para lograr una imagen correcta. Los escándalos Enron o Worldcom, a comienzos del siglo XXI aceleraron una gestión mejorada y la aplicación de códigos éticos en las empresas. El capitalismo tomaba conciencia de los riesgos ligados a esas prácticas inmorales ampliamente expuestas ante la opinión pública. Hasta los inversores tenían necesidad asegurarse de la fiabilidad de sus inversiones.

La RSE tiene por principio considerar, además de los intereses predominantes de los accionarios, aquéllos de las «partes interesadas», es decir, los otros actores involucrados en la empresa, tales como los proveedores, los clientes, los asalariados, la sociedad civil y la administración territorial.

La ley francesa NRE** obliga desde 2003 a las sociedades cotizadas en bolsa a establecer un informe ambiental y social. Pero este nuevo informe, que hoy se ejerce sin control, debe ser ampliado a todas las empresas de más de cincuenta empleados y ser objeto de un control más profundo por parte de los poderes públicos, además de incluir un Ítem sobre las mejoras introducidas en las áreas sociales y ambientales.

* Un desarrollo que satisfaga lis necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la aptitud de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades, a comenzar por los más pobres», Informe Brutland, 1987.

** ‘Ley Nouvelles Régulations Economiques, articulo 116.

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Nuevos derechos para los trabajadores

El cuestionamiento sistemático y radical del derecho al trabajo es, desde el comienzo de los años 1980, una tendencia presente en todas las economías desarrolladas. En esta materia, Ronald Reagan y Margareth Thatcher constituyen aún hoy los personajes emble-máticos de la obstrucción de huelgas y de sindicatos y, en Francia, el MEDEF y la derecha nunca disminuyeron la presión. Explotando el miedo de los trabajadores de perder su empleo, fueron socavando sistemáticamente el Código del Trabajo. Muy por el contrario, sin embargo, hemos de conquistar nuevos derechos sociales.

En primer lugar, el principio de la jerarquía de las normas debe ser restablecido, o sea que los derechos de los trabajadores en la empresa no pueden ser inferiores a aquéllos definidos en los acuerdos globales de cada rubro, que a su vez no pueden ser menos que los derechos establecidos por el Código del Trabajo.

Queremos igualmente reafirmar la supremacía de la ley sobre el contrato, fortaleciendo en particular el encuadre estricto de los lunarios de trabajo atípicos (trabajo nocturno, trabajo de los domingos, tiempo parcial obligatorio, etc.). Algunas disposiciones, como la amplitud horaria semanal, el límite de comienzo de las lloras suplementarias y de los descansos compensatorios, deben ser recalculados proporcionalmente a la disminución de la duración legal. Con el fin de frenar los abusos de ciertos empleadores, grupos o ramas profesionales, reclamamos la instauración de mecanismos que limiten el empleo precario.

Denunciamos igualmente el aumento de las diferencias de remuneración de salarios en Europa y en el mundo. Esta situación conduce a desconectar ciertas remuneraciones de toda realidad económica y social, aun si otros se estancan o retroceden desde hace muchos años, en nombre de esas pretendidas «realidades económicas». Es para nosotros necesario instaurar una escala de salarios de 1 a 10 en el seno de cada organización y empresa, pública o privada. Para las SCOP, esta diferencia es hoy, en promedio, de 1 a 6.

Debemos conquistar nuevos derechos, pero también debemos darnos los medios de hacerlos aplicar. Este es para nosotros un combate esencial. La inspección del trabajo debe hoy controlar, con solamente 800 inspectores, 1,2 millones de empresas, de las cuales cerca de un millón tiene menos de diez trabajadores. A fin de garantizar el derecho de los asalariados, proponemos que el número de inspectores del trabajo aumente de manera significativa: debería duplicarse durante un primer período para luego ser indexado según el número de asalariados.

La formación a lo largo de toda la vida, verdadera herramienta de seguridad de la trayectoria profesional, es para nosotros un medio que permite a cada uno dominar y actualizar sus competencias y habilidades profesionales durante su tiempo de trabajo y resolver ciertas desigualdades ligadas a la formación inicial. Esto se refiere particularmente al establecimiento de derechos específicos para las personas que han abandonado precozmente sus estudios y a una articulación más voluntarista de las formaciones iniciales y posteriores. Así, los mecanismos de Validación de las Competencias Adquiridas y de la Experiencia (VAE) deben ser más accesibles, con mejor seguimiento y menos onerosos que hoy. Para ello será imprescindible que las regiones y las empresas pongan los medios suficientes a disposición.

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En forma general, pensamos que una sociedad solidaria y respetuosa de su cohesión social es una sociedad donde la igualdad de las condiciones es muy fuerte y la jerarquía salarial limitada.

EL SLAM

Por FRÉDERIC LORDON, economista

Si analizamos la evolución en el último decenio de las «tasas de ganancia de los accionistas» (en términos técnicos ROE o Retourn On Equity, rendimiento de capitales propios) o lo sucedido en los últimos quince años, podemos hacernos una idea bastante precisa del dominio creciente de la finanza sobre la economía en general y sobre la organización salarial en particular. Allí donde esos márgenes de ganancia eran al principio de los años 1990 de un porcentaje modesto han pasado a ser cerca del 10% a mitad de esa misma década, el 15% al fina! y el 20% en el 2007. Las estructuras de la finanza liberalizada han conferido al capital accionario una posición de dominio absoluto y permitido esta progresión sin límites aparentes.

Puesto que no existe ningún mecanismo de moderación o de regulación interno a las finanzas, se debe establecer un límite desde afuera, salvo que se deje a un grupo social —el capital de los accionistas— dominar el resto de la sociedad para satisfacer un deseo de rentabilidad potencialmente ilimitado.

El SLAM (Shareholder Limited Authorized Margin) es un mecanismo fiscal que fija, por medio de una convención, una remuneración máxima autorizada para los accionistas, eliminando integralmente todo lo que sobrepasa el límite reglamentario. La remuneración de los accionistas así acotada, el SLAM hace desaparecer toda incitación de su parte a «exprimir» indefinidamente las empresas (deslocalizar en busca de menores costes, precarizar y flexibilizar los salarios), para extraerles excedentes de rentabilidad. Todo lo que exceda el límite establecido por el SLAM (diferenciado por empresa) les será confiscado.

Contra la frecuente advertencia de que la reglamentación financiera sólo cabe con una coordinación internacional, el SLAM reivindica constituir una solución aplicable unilateralmente sobre el territorio nacional -aun si nada le vendría mejor que ser internacionalizada. «Pero los capitales se irán y las empresas también» reclamarán inmediatamente los amigos de las finanzas. Yo los invito a proseguir este debate.*

* http:/frederic.lordon.perso.cegetel.net

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Promover una nueva relación con el tiempo para ejercer plenamente la ciudadanía

La reducción del tiempo de trabajo no ofrecerá un valor liberador ni cambiará la sociedad si su finalidad es solamente redistribuir el trabajo y reducir la desocupación. Esta reducción exige una política de gestión del tiempo que abarque la organización de todos los aspectos de la vida, la política cultural, la formación y la educación, y que sea capaz de recrear los servicios sociales y equipamientos colectivos de manera tal que generen un mayor espacio para las actividades autogestionadas, de ayuda mutua, de cooperación y de autoproducción voluntaria.4

Repensar nuestra relación con el tiempo

Contrariamente a una idea comúnmente aceptada y repetida, no es en Francia donde se trabaja menos. En 2006, la duración media semanal del trabajo era de 36,1 horas en Francia, 34,6 en Dinamarca, 35 en Suecia y 36,4 en Inglaterra.5 Sin embargo, la prioridad de los gobiernos de derecha que se suceden continúa siendo la de cuestionar esta tendencia histórica. La derecha y la patronal no terminan de culpabilizar a los empleados, acusándoles de no que-rer trabajar más.

Hace cien años, el número de horas trabajadas por persona durante el transcurso de una vida correspondía aproximadamente a un poco más del doble del tiempo de trabajo actual por persona en Francia. «Esta reducción ha mejorado incuestionablemente el bienestar social.» No dejemos afirmar como verdad este sinsentido económico y contrasentido histórico. La reducción del tiempo de trabajo debe seguir siendo una herramienta importante de la lucha contra el desempleo, pero ella será primero, y antes que nada, un instrumento al servicio de un proyecto de sociedad más amplio, una sociedad del tiempo liberado que permitirá la existencia y valorización de las actividades no productoras de riquezas materiales, sino portadoras de bienestar individual y de un mejor «vivir juntos». Es necesario reconocer «el tiempo de utilidad social» como un tiempo con un tiempo de pleno derecho, que deberá dar a cada uno la posibilidad de acceder a los compromisos ciudadanos, a la vida asociativa, a su propia educación y a la de sus hijos, a la cultura, a las diversiones creativas, a la realización individual y al deporte.

Liberar el tiempo permite dedicarlo más a los otros, a su familia, a sus amigos, a la sociedad, a sí mismo. La reducción del tiempo de trabajo es un factor de realización individual, al mismo tiempo que de cultivo de los lazos sociales. El bienestar humano deberá transitar por el dominio propio del tiempo de vida más que por una carrera desenfrenada en pos de bienes materiales.

Cuanto más importante es el tiempo dedicado a un trabajo remunerado, más tenemos la tendencia, justamente por falta de tiempo disponible, a consumir mercaderías y servicios mercantiles perdiendo así autonomía en la conducción de nuestra propia vida.

No se trata obviamente de decretar cuál será la buena utilización del tiempo libre, cada uno deberá utilizarlo como le parezca. El «riesgo» es sin embargo el de «aumentar el tiempo de reflexión disponible», de donde viene la necesidad de enriquecer la oferta política, cultural, asociativa de proximidad, de darle todo su espacio a la educación popular. Porque si bien el tiempo liberado abre numerosas perspectivas, también puede ser un nuevo factor de

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desigualdad social entre, por un lado, aquéllos que podrían aprovechar de ese tiempo liberado y, por el otro, quienes estarían condenados a soportarlo.

El tiempo liberado no debe ser solamente el tiempo de las clases llamadas «privilegiadas». En este combate, más que una simple solución, la solución del tiempo de trabajo constituye una oportunidad para nuevos horizontes políticos y para encarar así una nueva relación con el tiempo de acuerdo a nuestros valores.

4. André Gorz, Capitalismo, socialismo y ecología, 1995-5. Eurostat (organismo estadístico oficial de Europa).

Continuar la reducción del tiempo de trabajo

Utopía se pronuncia por una reducción de la duración legal del tiempo de trabajo a 32 horas en cuatro días semanales, es decir, 185 días anuales (con arreglos negociados por los actores sociales), con una limitación estricta de las horas extraordinarias, mucho mejor remuneradas económicamente, y esto desde el comienzo.

Al mismo tiempo, deberíamos encarar nuevas formas de reducción del tiempo de trabajo, imaginadas para el conjunto de la vida. En el momento actual no es fácil interrumpir durante algunos años la vida profesional para formarse o para hacer otra cosa que no sea trabajar y luego retomar el trabajo. Junto a la reorganización de la jornada y de la semana de trabajo, es el desarrollo de toda la vida profesional que deberá replantearse para hacer posible los altos, las bifurcaciones y las interrupciones progresivas de actividad favorables a la realización personal.

Éstos son los caminos que proponemos explorar para llegar a nuevas modalidades de reducción del tiempo de trabajo, con más imaginación, y más portadoras de futuro. Además, ¿por qué no proponer un debate y profundización de la propuesta siguiente?: fijar un número global de horas de trabajo que hay que realizar a lo largo de toda la vida, disponiendo de una cierta libertad en cuanto a su repartición. Con la ayuda de un crédito-tiempo se le reconocería a cada trabajador el derecho de interrumpir momentáneamente su actividad profesional para desarrollar un proyecto fuera de la esfera laboral. Será necesario igualmente reconocer un «tiempo de utilidad social» de pleno derecho. Por ejemplo, las actividades asociativas y principalmente el ejercicio del mandato ejecutivo en una asociación de educación popular, de interés general o reconocida como de utilidad pública, podrían ser tenidos en cuenta en el cálculo de derechos contabilizabas para la jubilación.

Esta política de liberación del tiempo debe ser la misma para todos, lo que supone la puesta en práctica de políticas de acompañamiento cultural, de educación y de ocio voluntarias.

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V. CONCLUSIÓN: REINVENTAR LA POLÍTICA

La crisis social y ecológica actual nos conduce a una misión difícil pero exaltante. Se trata de una misión que exigirá a nuestra generación reinventar la política y construir un mundo que permita a cada uno realizarse individual y colectivamente. Es una misión que deberá replantear lo social en el marco de lo ecológico y la ecología en su dimensión social y política; una misión que deberá «deconstruir» la ideología productivista dominante y reconciliar lo global y lo local; una misión que redefinirá lo que es la riqueza para una sociedad y para un individuo y que traducirá en actos y en proposiciones nuestras convicciones y nuestro entusiasmo.

En este principio de siglo, el capitalismo productivista y financiero está condenado, pero aún no lo sabe. Su buena salud aparente es espectacular e insolente. Reina como un maestro sobre la elaboración de productos y servicios, sobre la difusión de una cultura globalizada y ha logrado desconectar el mundo financiero de la economía real. Sin embargo, comienzan a aparecer signos anunciadores de su final: agotamiento de los recursos naturales, cambios climáticos, fuerte crecimiento de las desigualdades, degradación de la vida sobre el planeta, contaminación de las aguas, del aire y de los suelos, repliegues comunitarios y religiosos.

Retomar el combate de las ideas y del proyecto de sociedad, luchar contra la ideología dominante, para la cual el crecimiento material, la realización a través del consumo y la centralidad del valor trabajo son un horizonte ineludible, éste es el zócalo, el acuerdo mínimo que permite a todos aquellos que comparten esta constatación de unirse a nosotros para construir las bases de otro mundo posible.

La marcha del mundo y la de nuestras sociedades influirán más que nunca en nuestra vida cotidiana. El estado de nuestro planeta, las conexiones sociales, la globalización de las ideas, de las organizaciones productivas, así como las tecnologías de la información, nos hacen cada vez más solidarios los unos de los otros. Es por esto que debemos invadir el campo de lo político. Frecuentemente encerrados en algo que llamamos «realismo», olvidamos que en política hay siempre otros enfoques, otras decisiones que se pueden tomar y

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que nada es definitivo. El siglo XXI tendrá que ser social, ecológico y de mejor convivencia o será el de las catástrofes naturales y humanas.

La reconquista del campo de la política no se limita solamente a los partidos o a las grandes organizaciones del movimiento social. Las obligaciones que pesan en la vida cotidiana de muchos de nosotros no nos permiten siempre darnos como lo desearíamos. El compromiso de proximidad a nivel de la comuna, de la escuela, del tejido asociativo es también una palanca para propagar convicciones y acciones, a condición que esta ciudadanía local hecha necesariamente de pequeños pasos no se reduzca a la gestión o al mejoramiento de la vida cotidiana, sino que se inscriba en una visión a más largo plazo sobre el tipo de sociedad que deseamos construir.

Sí, otra manera de imaginar, pensar y hacer política es posible. Tanto en el fondo como en la forma. No podemos querer otra política y hacerla como antes. Somos minoritarios y lo seremos seguramente durante un tiempo. Pero siempre son las minorías las que llegan a cambiar las cosas; todos los grandes cambios han tenido a un grupo de individuos como catalizadores capaces de llevar a la práctica las esperanzas, de construir relaciones de fuerza, de proponer un nuevo proyecto de sociedad. Nosotros queremos ubicarnos entre ellos.

No estamos solos, tenemos aliados, conocidos y desconocidos, que van en la misma dirección, optando por otros métodos para hacer avanzar los cambios propuestos. El movimiento ha comenzado. Las redes se construyen, produzcamos colectivamente un nuevo pensamiento a la altura de los desafíos. El cuestionamiento del productivismo y la construcción no ya de alternancias sino de alternativas capaces finalmente de lograr la adhesión de la gran mayoría es nuestro imperativo y nuestra urgencia. Y la urgencia es, en el día de hoy, la de construir juntos.

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VI. UNIRSE A UTOPÍA, MOVIMIENTO POLÍTICO

¿Cómo inscribir concretamente estas convicciones y proposiciones prácticas en el mundo político y asociativo? ¿Cómo presentar en el seno de los partidos políticos o de las asociaciones y a los ciudadanos mismos un proyecto de sociedad más global, fundado particu-larmente en un cuestionamiento de las alienaciones que constituyen los obstáculos mayores para alcanzar el ideal del que somos portadores?

Cuestionar el consumo, la centralidad del valor trabajo, el crecimiento como factor de desarrollo, ¿cómo anclar esta lógica de ruptura proponiendo una sociedad fraternal, un lugar fundamental para el ciudadano, el fortalecimiento de los lazos sociales? Esta ruptura no podrá realizarse sin imaginar otras vías de expresión política, otras formas de concertación ciudadana, otras maneras de participar en la vida de la sociedad.

Utopía es un ejemplo. Esta asociación es, ante todo, un lugar de reflexión para llevar un idéala los partidos y asociaciones de izquierda, con la finalidad de influir con la mayor eficacia posible las diferentes líneas ideológicas.

Un poco de historia: las tres fechas clave

1996: nacimiento del grupo.2003: Utopía constituye una corriente política en el seno del Partido Socialista francés.2005: Utopía se transforma en movimiento político, presente particularmente en los

partidos franceses (Partido Socialista y Verdes).

Comienza a intervenir en el espacio público a través de un ciclo de conferencias y se asocia con una red de cines independientes y con un organismo de prensa allegado a los

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altermundialistas. Comienza una aproximación con organizaciones de izquierda en el extranjero.

Antes de llamarse Utopía, el grupo adquiere forma en 1996, reuniendo un pequeño número de entusiastas lectores del libro El trabajo, ¿un valor en vías de desaparición?, de Dominique Méda. Los debates se articulan en torno a las tesis desarrolladas por Méda sobre el lugar del valor trabajo en la sociedad. La llegada de la izquierda al gobierno francés en 1997 conduce al grupo a dedicarse particularmente a la formulación de una lógica a largo plazo, frente a una práctica del poder político que se sitúa naturalmente en lo cotidiano.

El nombre Utopía fue elegido en 1999, después del primer seminario llamado «Universidad de Verano», en referencia al libro de Thomas Moore. Este seminario tenía por finalidad comenzar una reflexión sobre lo que podía ser una sociedad ideal, retomando así el camino del filósofo británico.

En 1999, la publicación de un nuevo libro de Dominique Méda, ¿Qué es la riqueza?, alimentó la reflexión del grupo sobre el tema de una nueva articulación de la riqueza y una nueva relación con el trabajo y estructuró desde entonces el desarrollo de Utopía, tanto para profundizar nuestras proposiciones como para reunir nuevos adherentes.

Por último, desde 2008 Utopía está también presente en el PG francés (Partido de Izquierda), de reciente creación.

Difundir nuestro proyecto lo más ampliamente posibleLa ecuación es simple: ¿cómo hacer avanzar nuestro conjunto de ideas políticas con la

mayor eficacia posible? La respuesta es: a través de los partidos políticos. Con todas sus insuficiencias y su densidad, los partidos políticos son actualmente los instrumentos privilegiados de nuestra democracia. Tanto a nivel local como nacional, definen una línea política, designan dirigentes y —teóricamente— elaboran programas electorales. Por ende, consideramos a los partidos como herramientas ineludibles en los que hay que participar y en los cuales hay que influir para hacer progresar nuestras ideas.

Actualmente estamos presentes en el Partido Socialista francés (en cuyos congresos de 2002, 2005 y 2008 depositamos sendas propuestas) y en el de los Verdes (donde depositamos una contribución al debate durante el Congreso de Bordeaux y una moción en 2008). Tenemos la ambición de cambiar la división tradicional de los partidos de izquierda franceses, posicionándonos sobre temas de fondo y no sobre problemas relativos a los candidatos. Para lograrlo, deseamos defender, con vigor, las mismas orientaciones elaboradas colectivamente en el interior de Utopía por los militantes provenientes de esos partidos citados y del movimiento social y altermundialista.

A través de un ciclo de conferenciasEl ciclo de conferencias que organizamos permite un debate entre intelectuales y

políticos, respondiendo a una doble exigencia: proseguir y enriquecer sin descanso nuestra reflexión de fondo sobre numerosos temas, por un lado, y crear un espacio público que llega a ciudadanos poco familiarizados con el mundo político, por otro. El éxito de estas conferencias muestra hasta qué punto es imperativo para las organizaciones políticas tradicionales reconsiderar sus relaciones con los militantes.

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A través de una asociación con los cines independientesGracias a la red de cines independientes Utopía (creada mucho antes que nuestro

movimiento), así como también a otros cines independientes, organizamos en todo el territorio nacional francés proyecciones-debate, cuando es posible con la participación de los directores. Esto nos ofrece la posibilidad de debatir en torno a los ejes de reflexión y temas desarrollados en las películas, además de permitirnos hacer política de otra manera, más cerca de los ciudadanos, intercambiar, promover la reflexión, intentar hacer conocer nuestras posiciones y llevar a cada uno a desarrollar su papel de ciudadano, especialmente en el campo asociativo o político.

A través de sólidos lazos con el mundo intelectual

Utopía profundiza su reflexión tejiendo lazos privilegiados con numerosos intelectuales comprometidos. En el otoño de 2007 iniciamos un comité científico, que reúne investigadores de todas las disciplinas dispuestos a discutir nuestro punto de vista y nuestra línea política.

Por otra parte y asociados con el CEPN (Centro de Economía de la Universidad de París Norte, Unidad de investigación del CNRS), Utopía desea crear una verdadera sinergia con el mundo universitario. Esta ambición se concreta a través de la publicación mensual Alternativas económicas, que da visibilidad a nuestras conferencias y participa en algunos de nuestros debates.

A través de una internacionalización de nuestro movimiento

Presente en el último Foro Social Europeo (Atenas 2006), Utopía mantiene contactos con responsables y militantes europeos que comparten su ambición.

El objetivo de Utopía es crear una red internacional con todas las asociaciones, movimientos, partidos políticos, sindicatos o ciudadanos del mundo que se reconocen en sus proposiciones. Ya mantenemos contactos en Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil, Grecia, Hungría, Italia, México y Uruguay. Y solamente se trata de un comienzo. Estuvimos también presentes en el Foro Social de Belem en Brasil (2009).

Para mayor información: http://www.mouvementutopia.org/blog/

Conferencias: http: //utopiaconf. org/

Contacto: contact@mouvementutopia.org

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