Universidad sociedad

La globalización, como conjunción del neoliberalismo y la sociedad del conocimiento, y que persigue la internacionalización e integración del capital privado en un único mercado, trae consigo la distribución de funciones para cada Estado-Nación de acuerdo con los lineamientos establecidos por las corporaciones financieras que la sustentan (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional). Es decir, una división internacional del trabajo que obliga a la especialización de las economías nacionales en la producción de determinados bienes y servicios[1]. La producción industrial, soportada sistemáticamente en la ciencia y la tecnología, corresponde a las potencias económicas pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A los países perimetrales les corresponde una economía enfocada en los renglones primarios de las denominadas ventajas comparativas, específicamente la producción agrícola y la explotación y extracción de recursos naturales renovables y no renovables. Esto se traduce en economías de países del tercer mundo que continúan importando productos con alto valor agregado, lo que implica fundar su productividad en la sobreexplotación de sus fuentes naturales y del trabajo humano, mientras sus exportaciones se enfocan en abastecer de materias primas la base industrial del primer mundo.

En esta división internacional del trabajo, a Colombia, dada su capacidad agroproductiva y su reserva aún considerable de suministros naturales, le corresponde[2] una economía basada en la producción de alimentos tanto para consumo humano y animal en los países industrializados, como para la producción de combustible, así como la extracción minera y la explotación petrolera, es decir, un país con un sector productivo basado en actividades primarias y extractivas.

Es en este marco en el que se inscribe la visión que tienen el Estado y el sector privado (que finalmente son un mismo orden y pensamiento político) en cuanto a la relación universidad–sociedad se refiere. De esta concepción instrumental de las relaciones sociales extraen el contenido y la orientación de las políticas publicas que comienzan a aplicar en Colombia tras la apertura económica de inicios de la década del noventa. El punto de partida para la educación es la Ley 30 de 1992 aprobada con el objetivo de reorganizar la educación superior en todo el territorio nacional. Esta Ley, al cuestionar cualquier tipo de régimen propio para las universidades y vincularlas al Ministerio Nacional de Educación (MEN), es decir, centralizándolas, alteró de manera categórica la autonomía administrativa propia de éstas y, claro está, sus regímenes presupuestal y de contratación. Esta alteración del marco jurídico y administrativo de la universidades está “a tono con las orientaciones políticas dominantes”[3] ya que “consideraba que en el medio universitario como en todas las esferas sociales, no podían consagrarse instituciones con tratamientos especiales o diferenciados, por cuanto también en el orden académico y científico los lugares preeminentes debían ser el resultado de la regla de oro de la competencia, de manera análoga a como se viene predicando para la actividad productiva”[4].

Los criterios estatales para las políticas públicas educativas e investigativas están enfocados hacia la diversificación de los recursos, es decir, a la disminución progresiva de los aportes económicos gubernamentales, a la proliferación de los programas de estímulos sectoriales hacia las plantas académicas e investigativas como fuente de autofinanciación para el funcionamiento de éstas, y a la búsqueda de criterios de excelencia que justifiquen la utilidad del sistema educativo e investigativo desde la perspectiva de la optimización de los recursos y la pertinencia con la producción, y no desde su función social.

En el caso de las fuentes alternativas de financiación, la política neoliberal del Ejecutivo, como expresión de la globalización del mercado de capital privado, retoma la idea del triángulo de Sábato: Universidad-Empresa-Estado[5], como alianza estratégica que permita asegurar los esfuerzos financieros del sector privado para la competitividad. Bajo esta modalidad se le otorga a la universidad el único papel de productora de conocimientos cuyas investigaciones en ciencia y tecnología estén financiadas y orientadas por la empresa privada, en una relación mediada por el Estado como ente de control. Para Colombia, se resalta el modelo estadounidense de la postguerra en el que el vínculo entre “las instituciones educativas y el sector productivo es tan estrecho que los currículos académicos están estrechamente adaptados a los requerimientos de las posiciones que los graduados asumirían”[6] en la empresa. En Colombia este proyecto comenzó a materializarse en el año 2003 cuando la Universidad de Antioquia, en sus políticas de extensión, creó el comité Universidad-Empresa-Estado cuyo “objetivo más importante era buscar una vinculación de la universidad con las empresas, (...) fundamentado en la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, en el que las universidades tienen capacidades fundamentadas en los grupos de investigación y las empresas tienen necesidades en las demandas del mercado para generar nuevos productos o servicios o mejorar los ya existentes”[7].

El triángulo de Sábato se da en Bogotá a partir del 2005 con la participación de 11 universidades con un accionar enmarcado en la creación de corredores productivos para la Región Andina del país[8]. Las Instituciones de Educación Superior (IES) participantes son la Universidad Nacional de Colombia, que hace la secretaría técnica desde la creación del comité, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Escuela de Administración de Negocios (EAN), Pontificia Universidad Javeriana, Escuela Colombiana de Ingeniería, Politécnico Grancolombiano, Jorge Tadeo Lozano, Sergio Arboleda, Universidad de la Salle, Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA y la Universidad de la Sabana. Por parte del sector productivo se han vinculado cerca de 150 empresas entre las que figuran: IBM, Bayer, Codensa, el Foro de Presidentes, la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Acaire, Admicro, Aviatur, Curtizams, LOGyca, Printer Colombiana S.A., Syngenta y TEAM S.A, entre otras. Y por el Estado, interviene la Secretaría de Desarrollo Económico, de Planeación y de Hacienda de Bogotá y la Secretaría de Competitividad del Gobierno de Cundinamarca.

A nivel mundial, la investigación desarrollada mediante este tipo de convenios es llevada a cabo por las grandes corporaciones internacionales, pero a nivel nacional son las universidades, financiadas con recursos públicos, las que realizan la labor. Los convenios institucionales hacen que, en la práctica, la extensión solidaria se convierta en extensión remunerada, siempre con el trabajo de las instituciones universitarias dedicadas a la investigación básica y aplicada, pero bajo el direccionamiento del sector privado de la economía.

El rol de las IES, bajo esta relación, es lo que se conoce como la universidad de tercera generación[9]. En este marco, los teóricos y formalizadores han planteado que “las universidades han empezado a experimentar una etapa de transformación interna consistente en el abandono de su ámbito local y en la conquista de nuevos espacios regionales e internacionales no solo desde la construcción de más infraestructura física, sino también desde el diseño de carpetas robustas con programas de pregrado y posgrado de enorme interés académico, los cuales son ofrecidos a públicos en otros países ”. Simultáneamente, postulan cuatro requisitos que debe cumplir el sistema educativo superior para insertarse en esta dinámica: el primero es la investigación en temas fundamentales (áreas básicas y aplicaciones), la segunda es la creación de programas o cursos en idioma inglés, la tercera es la creación de programas académicos especiales para los estudiantes considerados brillantes, y la cuarta es la colaboración con la industria local y foránea. Lo anterior se traduce en una universidad pensada de manera exógena, desligada de las condiciones sociales que la posibilitan y, por tanto, ajena a su responsabilidad social y participación democrática, interna y externa, en su devenir académico.

Este tipo de políticas han influido, de manera contundente, en los programas de extensión solidaria de las universidades, que se constituyen en el único medio real a través del cual las IES responden a la sociedad. El gobierno considera a la extensión universitaria como una función subsidiaria inherente a las instituciones, es decir, como el garante de la autofinanciación de las universidades en la medida que posibilitan la ejecución de “contratos de asociación y mejoramiento del servicio educativo y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos”[10], de tal manera que hoy esta actividad le reporta a las universidades alrededor del 50% del ingreso para su funcionamiento[11].

Actualmente, las universidades públicas celebran contratos en la modalidad de prestación de servicios de investigación con empresas pertenecientes al sector productivo privado, así como con las Fuerzas Armadas y de Orden Público. Por ejemplo, al respecto de los contratos con el sector educativo, los oficiales del la Fuerzas Armadas encargados del asunto han llegado afirmar situaciones como: “Yo no creo que el sector universitario sea un potencial aliado, yo creo que ya es un aliado. La academia colombiana, al igual que en muchos otros campos, es un aliado del desarrollo del país”[12]. Plantean lo anterior porque los convenios de investigación con la Industria Militar (Indumil) han sido tan favorables para ésta última que también han afirmado: “Nuestros proyectos de investigación y desarrollo propios, al igual que los proyectos que realizamos en asocio y colaboración con las universidades, nos han permitido abrir nuevas líneas de producción. Entonces, por ejemplo, la Industria ya está fabricando, además del fusil y el revólver, los morteros, lanzadores de granadas, escopetas y, en el futuro cercano, empezará a

fabricar pistolas. Las capacidades de producción han crecido de forma sustancial y en los últimos seis años hemos triplicado nuestra producción”[13].

Aunque en la práctica la relación Universidad-Empresa en Colombia es incipiente, si se le compara con países de la región como Brasil y Chile, los términos político-administrativos y el marco jurídico de Propiedad Intelectual (PI) ya se encuentran listos para permitir la profundización del esquema. Además, hay un panorama favorable para esta relación, bajo las actuales condiciones de desfinanciación estatal hacia las universidades públicas, propiciado por la actitud acrítica que hacia aquella presentan la mayor parte de los rectores y administrativos de estas instituciones. Consideran conveniente el vínculo con la empresa privada, llevados por el espíritu de la inmediatez en la consecución de recursos, aún cuando para esto deban omitir, deliberadamente, el impacto que trae la relación sobre la autonomía académica, gobernativa y presupuestal de las universidades.

Que la investigación al interior de las universidades se haya dado históricamente en estrecha relación con la producción económica, no es fundamento para afirmar, como lo hace el neoliberalismo, que hoy la actividad académica deba enmarcarse dentro de los lineamientos del sector privado de la economía. Las IES son responsables de educar a sus pueblos y garantizar su bienestar, con el compromiso de adecuar sus sistemas educativos e investigativos a la dinámica social nacional, para que ese diálogo permanente universidad-sociedad genere su propio sentido y evolución. Luego, la responsabilidad de las instituciones de educación superior debe tener una orientación y un carácter públicos.

Las actuales condiciones en las que se da la relación de la universidad con su entorno puede verse de la siguiente manera:

Primero, una relación Universidad-Estado caracterizada por la disminución progresiva de la participación democrática directa e incidente por parte de la comunidad académica en la definición del rumbo y manejo de la universidad, y el aumento de la influencia política gubernamental en los órganos administrativos de las mismas. Esto ha desembocado en la reorientación de los fines misionales y en la filiación institucional al discurso oficialista del Ejecutivo.

Segundo, una relación Universidad-Sociedad, que, como consecuencia de lo anterior, se caracteriza por el progresivo distanciamiento y desentendimiento mutuo, pues la participación social en las políticas educativas e investigativas de la universidad es nula, mientras las instituciones están cada vez más inmersas en una cotidianidad académica alejada de la realidad social del país.

Elementos Propositivos

Entonces, bajo las actuales condiciones de la universidad, como territorio en disputa por parte de los intereses del mercado y los intereses sociales, es necesario construir una relación universidad-sociedad que:

1) Geste un proyecto de Nación propio, pensado en la solución de los problemas sociales y ambientales históricos que han afectado, y continúan afectando, al país, y que delineen y consoliden un modelo de sociedad sustentable y solidaria. Con una universidad con una autonomía lo suficientemente sólida que le permita mantener al margen intereses privados, pero lo suficientemente flexible para posibilitar la participación social directa en su quehacer. Con una universidad que cree proyectos y programas investigativos y prácticos que lleguen a la sociedad a través de programas de extensión solidaria, pero que, previamente a su trabajo intelectual, haya escuchado y aceptado las necesidades y propuestas sociales que lleguen a su seno.

Se propone además:

2) La creación del Consejo Universidad-Sociedad, que defina la política pública académica e investigativa adecuada a los propósitos de bienestar general, constituido en cuatro partes con igual capacidad participativa y decisoria, así: primero, por representantes de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y trabajadores); segundo, por representantes del Estado; tercero, por representantes del sector productivo público del país; cuarto, por representantes de la sociedad (organizaciones sociales, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, asociaciones de usuarios, sindicatos de trabajadores, etc).

3) Que la universidad sea, hacia el interior, centro de gestación pensamiento y conocimiento políticos críticos, creadores y transformadores, y, hacia el exterior, generadora de opinión pública en los siguientes puntos clave para la realidad nacional:

• Solución Política al Conflicto Social y Armado.

• DDHH en Colombia, resaltando su necesidad e importancia, y apuntando a generar una “cultura” de los derechos humanos.

• Recuperación y reconstrucción de la memoria histórica del movimiento social y de los sectores sociales del país.

Igualmente, se propone:

4) Que la universidad, como centro de investigación, controle, influya y valore la generación de políticas públicas y legislación en relación a:

• Biodiversidad.

• Patrimonio Histórico, arqueológico, geológico e inmaterial.

• Minorías Étnicas.

• Salud.

• Educación.

• Desplazamiento Forzado.

• Acompañamiento y apoyo a movimientos sociales.

• Ciencia y tecnología.

• Demás aspectos de políticas públicas.

Frente a la tensión entre la investigación con carácter privativo y la soberanía nacional, se propone:

5) Que la investigación de la universidad, en materia de recursos estratégicos, incida también en su manejo, preservación y sensata explotación, inclusive en su no explotación, para beneficio público y no del interés privado, en áreas como:

• Fuentes Naturales

• Información Genética

• Saber Tradicional y Ancestral

• Agricultura endógena

• Industria

Frente a las actividades de extensión de las universidades se propone:

6) Privilegiar la extensión solidaria de la universidad, que como prerrequisito tiene la plena financiación estatal de la educación superior, de tal manera que:

• La universidad acompañe los procesos de formación educativa en primaria y secundaria para, en un primer momento, favorecer y suplir las falencias del sistema educativo, y luego contribuir a la formación integral de los estudiantes. Esto pasa por una condición indispensable: la necesidad de una política de bienestar universitario que garantice el acceso, el mantenimiento y la equidad e igualdad, teniendo en cuenta el papel de la Universidad en la construcción de una sociedad basada en la justicia social.

• La universidad debe ser comprometida, critica, constructiva, dinámica, beligerante, de carácter público y sus fines misionales deben ir encaminados a responder al modelo de Nación sustentable y solidaria, eliminando la desigualdad, la pobreza, las limitaciones educativas, etc, con pleno apoyo estatal. A su vez, el Estado debe responder de la misma forma a la sociedad, así como reconocer a la universidad como centro del conocimiento critico y fuente de transformación social.