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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
TEMA:
LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, EL PRINCIPIO
DE OPORTUNIDAD, MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL Y LA
RESPONSABILIDAD ESTATAL.
AUTOR: Luis Miguel Lluglla Llerena
ASESOR: Ab. Mario Aguilar Martínez
AMBATO – ECUADOR
2015
CERTIFICACIÓN DEL ASESOR
Abogado MARIO AGUILAR MARTÍNEZ, en mi calidad de tutor del presente trabajo de
tesis, certifico: que el tema “LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, EL
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL Y LA
RESPONSABILIDAD ESTATAL”, elaborado por el señor LUIS MIGUEL LLUGLLA
LLERENA, portador de la cedula de ciudadanía número 180472603-0, previo a la
obtención del Título de ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, fue
revisado y aprobado, al haber cumplido con las normas legales y reglamentarias de la
institución universitaria; además de haber cumplido con el objetivo planeado y por haber
comprobado la necesidad de la propuesta, en consecuencia autorizo su sustentación.
Ambato, Noviembre del 2015
--------------------------------------
AB. MARIO AGUILAR MARTÍNEZ
ASESOR
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
LUIS MIGUEL LLUGLLA LLERENA, por mis propios derechos y en pleno goce de mis
facultades, declaro que el contenido del presente trabajo de tesis, sobre el tema: LA
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, EL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD, MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL Y LA RESPONSABILIDAD
ESTATAL”, es de mi absoluta responsabilidad, respetando las normas legales y
reglamentos correspondientes, en tal virtud expreso que los conceptos, conclusiones, ideas,
opiniones y recomendaciones del mismo, son creación plena del autor y por ella otorgo
toda potestad a la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, para que
emplee el trabajo de culminación de estudio como bibliografía para futuras
investigaciones relacionadas con el tema planteado.
DEDICATORIA
Dedico esta tesis a un ángel, un ser especial, mi
fortaleza y mi guía en mi vida, quien lleno cada
uno de mis días de alegría y felicidad, lo más
sublime de mi existencia mi hija SHANYK
BERENICE, en el lugar que se encuentre este
logro va por ti con todo mi amor.
A uno de mis pilares fundamentales en mi vida,
a mi madre Sonia, quien ha sido mi fortaleza, mi
ejemplo a seguir y gracias a su ayuda constante a
lo largo de todo mi proceso académico,
permitieron que hoy mis esfuerzos realizados se
vean reflejados en el cumplimiento de uno de
mis primeros logros anhelados.
A mi hermano Alex, más que un hermano eres y
serás como mi padre, tu apoyo constante en mi
vida son de vital importancia para seguir
adelante.
A mis sobrinas Emily, Damaris y mi cuñada
Geoconda, quienes con sus palabras de aliento y
optimismo, me ayudaron a culminar este
proceso.
A mi amiga fiel, confidente y esposa Andrea,
por ser mi compañía día tras día y ser una de las
personas me apoyado siempre.
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por todo lo que ha realizado
en mi vida, por permitirme despertar un día
más rodeado de todas las personas que me
quieren.
A mi madre y a mi familia por brindarme su
apoyo incondicional, en todos mis momentos
de alegrías o tristezas en mi vida.
Agradezco a mis maestros, quienes con sus
conocimientos, aportes y experiencias
impartidas en clase, consiguieron llevarme a
un nivel de experiencia y sabiduría
fundamental para mi vida profesional. A
quienes más que maestros me brindaron su
amistad y su apoyo en los momentos que más
necesite mi gratitud hacia todos ellos.
A mis amigos, conocidos y demás familiares
que con sus palabras de aliento, optimismo y
superación permitieron que siga adelante con
mi gran objetivo.
ÍNDICE Pág.
CERTIFICACIÓN
AUTORÍA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….. 1
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN……………………………….. 1
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA……………………………………………… 2
PROBLEMA CIENTÍFICO……………………………………………………. 4
OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN………………... 4
IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN………………. 5
OBJETIVOS…………………………………………………………………… 5
OBJETIVO GENERAL………………………………………………………… 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………....... 5
IDEA A DEFENDER………………………………………………………… 6
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN……………………………..……… 6
CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.-LA PENA Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA………….. 7
1.1 LA PENA …………………………………………………………………. 7
1.1.1 DE LA PENA Y SUS TEORÍAS EXPLICATIVA…………………… 8
1.1.1.1 Teorías Absolutistas……………………………………………………. 9
1.1.1.2 Teorías Relativas………………………………………………………... 10
1.1.1.2.1 Prevención General………………………………………………….... 10
1.1.1.2.1 Prevención Especial……………………………………………….....
1.1.1.3 Teorías Mixtas O De La Unión………………………………………….
1.1.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN………………………………………………
1.1.2.1 Periodo Primitivo………………………………………………………..
1.1.2.1.1 Tabú…………………………………………………………………..
1.1.2.1.2 Venganza Privada…………………………………………………….
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1.1.2.1.3 Expulsión……………………………………………………………..
1.1.2.2 Primeras Limitaciones a la Venganza………………………………….
1.1.2.2.1 Ley del Talión………………………………………………………..
1.1.2.2.2 La Composición……………………………………………………..
1.1.2.2.3 Composición Tarifada………………………………………………..
1.1.2.3 Instauración de la justicia política. Sistema de pena pública…………..
1.1.2.4 La Ilustración y su influencia sobre la evolución de las ideas penales…
1.1.3 CONCEPTO……………………………………………………………..
1.1.4 CLASES DE PENA……………………………………………………..
1.1.4.1 Penas Corporales……………………………………………………….
1.1.4.1.1 Tortura………………………………………………………………..
1.1.4.1.2 Pena de Muerte……………………………………………………….
1.1.4.2 Penas Infamantes……………………………………………………….
1.1.4.3 Penas Privativas de Derechos…………………………………………..
1.1.4.4 Penas Privativas de Libertad……………………………………………
1.1.4.4.1 Prisión…………………………………………………………………
1.1.4.4.2 Arresto Domiciliario………………………………………………….
1.4.5 Penas Pecuniarias……………………………………………………….
1.2 SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA…………………………
1.2.1 Generalidades……………………………………………………………..
1.2.2 Requisitos.……………………………………………………………..….
1.2.3 Procedimiento……………………………………………………………..
1.2.4 Condiciones……………………………………………………………….
1.2.5 Control y Extinción………………………………………………………..
2. LA REPARACIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL…………………
2.1 La Reparación………………………………………………………………
2.1.1 Generalidades y Concepto………………………………………………..
2.2 LA REPARACIÓN INTEGRAL………………………………………….
2.2.1 Antecedentes y Evolución…………………………………………………
2.2.2 Concepto…………………………………………………………………..
2.2.3 Mecanismos de reparación integral……………………………………….
3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LA RESPONSABILIDAD
ESTATAL………………………………………………………………………
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3.1 Principios Constitucionales…………………………………………………
3.1.1 Principio de Mínima Intervención………………………………………..
3.1.2 Principio de Oportunidad…………………………………………………
3.1.2.1Trámite………………………………………………………………….
3.2 Responsabilidad Estatal……………………………………………………
4. DERECHO COMPARADO………………………………………………
4.1 La Suspensión de la Ejecución de la Pena en la Legislación Colombiana...
4.1.1 Requisitos y causales de exclusión……………………………………….
4.1.2 Obligaciones derivadas de la figura y consecuencias de su
incumplimiento…………………………………………………………………
4.1.3 Conclusiones……………………………………………………………..
CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO………………………..
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CAPITULO II
MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA
PROPUESTA
MÉTODOS…………………………………………………………………….. 39
TÉCNICAS…………………………………………………………………… 40
HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN…………………………… 40
Diseño de la investigación de campo………………………………………… 41
Población……………………………………………………………………….. 41
Muestra de la investigación…………………………………………………………… 41
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN…………… 42
RECOMENDACIONES……………………………………………………… 50
CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO………………………… 50
CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO
PROPUESTA……………………………………………………………………
52
CONCLUSIONES…………………………………………………………….
RECOMENDACIONES……………………………………………………….
55
56
ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS
Cuadro #1……………………………………………………………………… 42
Gráfico #1……………………………………………………………….…….. 42
Cuadro #2……………………………………………………………………… 43
Gráfico #2……………………………………………………………………… 43
Cuadro #3……………………………………………………………………… 44
Gráfico #3……………………………………………………………………… 44
Cuadro #4……………………………………………………………………… 45
Gráfico #4……………………………………………………………………… 45
Cuadro #5……………………………………………………………………… 46
Gráfico #5……………………………………………………………………… 46
Cuadro #6……………………………………………………………………… 47
Gráfico #6……………………………………………………………………… 47
Cuadro #7……………………………………………………………………… 48
Gráfico #7………………………………………………………………………
Gráfico #8………………………………………………………………………
Cuadro #8………………………………………………………………………
48
49
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RESUMEN EJECUTIVO
En un Estado constitucional de derechos y justica son necesarios mecanismos legales
eficaces que cumplan con el objetivo para los cuales fueron creados, si bien es el caso de la
Suspensión Condicional de la Pena mecanismo alternativo establecida dentro del Código
Orgánico Integral Penal, mecanismo legal otorgado previo cumplimiento de ciertos
requisitos, dejando a criterio del Fiscal el otorgamiento o rechazo de este.
Uno de los aspectos a resaltar es que la legislación comprende la reparación integral del
daño, es decir la reparación de todas las consecuencias causados a la víctima, dentro de la
Suspensión Condicional de la Pena se considera a este aspecto como una condición, siendo
este una arista que debería reformarse, ya que se debería contemplar como uno de los
requisitos fundamentales la reparación del daño ocasionado, garantizando consigo
principalmente en lo posible la satisfacción total de la víctima y evitando efectos
contraproducentes que causaría el no otorgamiento de la Suspensión Condicional de la
Pena en la persona sentenciada.
Con la reforma de este aspecto se lograría un adecuado goce efectivo y pleno de los
principios de Oportunidad, Mínima Intervención Penal y evitando su vulneración, de la
misma forma la Responsabilidad Estatal que causaría al Estado la inversión de recursos
económicos en la rehabilitación varias personas privadas de la libertad a quienes se les ha
negado la Suspensión Condicional de la Pena.
EXECUTIVE SUMMARY
In a constitutional state of rights and justice are necessary the legal and effective
mechanisms that meet with the objective so which they were created. We have the case of
the suspension of the conditional punishment. This was done by the Integral Criminal Code
such as a legal alternative but serving some requirements, in that case is only the fiscal
who with his or her criterion bestows or refuses.
An important aspect is that the legislation includes is the integral damage reparation that
was brought on in the victim with all consequences. In the Conditional Punishment
Suspension is this aspect considered like a condition but this is an edge that should be
reforming; it has to look at such as a fundamental requirement the reparation of damage
caused principally ensuring in the victim the total satisfaction and avoiding
counterproductive effects that could cause of the suspension conditional of the punishment
doesn`t do in the sentenced person.
With this reform would obtain a right and effective enjoyment of values, Minimum
Criminal Intervention and avoiding its violation in this form the Governmental
Responsibility that would cause at the State the investment of founds in the rehabilitation
of some people deprived of their liberty that have been denied the Conditional Punishment
Suspension.
-1-
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
La función primordial del Derecho Penal es regular los conflictos que surgen entre víctima
y victimario, de tal manera que la pena no este matizada por venganza, o que sea aplicada
de manera selectiva o excesiva, menos aún que sea una expresión de poder. Si no como
una respuesta previamente establecida, para mantener el orden social; en la mayoría de los
casos nos encontramos ante dos personas, que se vinculan por la afectación de los derechos
de una por parte de la otra. Frente el surgimiento de un conflicto, el Derecho intenta
proponer soluciones para dar por terminado el mismo y volver las cosas al estado anterior
de una manera ágil; siendo la mejor opción llegar a esas soluciones sin la intervención del
sistema procesal, usándolas denominadas medidas alternativas; en otros casos y de manera
más frecuente, la solución se busca a través de la administración de justicia, la misma que
los últimos años se ha visto saturada por miles de causas que quizá de manera
indiscriminada han sido judicializado temas que por otras vías podrían resolverse de
manera más ágil y adecuada.
La suspensión condicional de la pena, cabe decir, que tiene origen en la probation
anglosajona. Casi simultáneamente, a mediados del siglo XIX, se desarrolló en Estados
Unidos (al comienzo por iniciativa privada) y en Inglaterra (mediante la práctica judicial),
la renuncia a la condena del procesado, luego de declararlo culpable, acompañada de su
sometimiento a un control durante un plazo de prueba.
En los países de Europa continental la probation no fue recepcionada como tal y solo, en
las últimas décadas, se ha acentuado su introducción de manera diversa por parte de los
legisladores preocupados en adecuarla a sus realidades y necesidades particulares. La
suspensión de la ejecución de la pena, bajo la denominación de condena condicional, fue
también uno de las formas de recepcionar la idea de probation anglosajona. Primero tuvo
lugar en Bélgica mediante las leyes de 1888, y luego en Francia en 1891.1
1 https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1997_10.pdf
-2-
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
La suspensión condicional de la pena se fundamenta y se respalda en la prevención
especial de manera que se pueda evitar los efectos negativos de las penas cortas privativas
de libertad, de modo que viendo desde el enfoque de este elemento es prudente decir que
su objetivo es procurar que se siga dando la reincidencia, además teniendo como base un
fin resocializador mediante el cual se garantiza tratamientos y ayuda al sujeto que delinque,
en efecto se dan serias críticas referente a estas penas cortas no siendo factibles en su
configuración ya que facilitan el contagio criminológico, por el contacto que se da con
otros delincuentes y tratándose sobre todo de delincuentes primarios. A consecuencia de
esto, es mucho más difícil poder ayudar a estas personas a resocializarse y generar en ellas
un cambio de perspectiva.
Se introdujo por primera vez en la legislación, teniendo como fin primordial, siguiendo
el modelo suizo, el evitar la aplicación efectiva de las penas cortas privativas de libertad de
corta duración. Por esta razón, su aplicación fue limitada a las penas privativas de libertad
no mayores de cinco años de duración.
Dada la culpabilidad del agente por el hecho cometido, es necesario que se someta
respectivamente a los siguientes requisitos para poder tener acceso a la suspensión,
teniendo en cuenta lo que establece el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal que
indica:
“Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena privativa de libertad
impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte en la
misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que
concurran los siguientes requisitos:”
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya
sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
-3-
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la
modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad de la
ejecución de la pena.
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el
sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se
establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el período que dure la
suspensión condicional de la pena.
Es preciso decir, que se apunta a una valoración general sobre la personalidad del agente,
de manera que se tenga en cuenta sus antecedentes como: su vida anterior, tomando en
consideración los delitos que cometió ya sea de la misma naturaleza o de otra; las
circunstancias de su delito, es decir, los fines y la motivación que tuvo para causarlo y
hacerlo realidad, su comportamiento tras haber cometido el delito, siendo una forma de
reparar el daño causado y además viendo el arrepentimiento que lo envuelve ante su
cometido; sus circunstancias vitales, haciendo referencia si en caso tuviera configurada
una familia, una profesión o también factores familiares que engloban parte importante en
poder acceder a la suspensión y los efectos que se esperan de la suspensión, siendo un
punto clave ya que determina la ayuda que se le brindar al sujeto durante el periodo de
prueba teniendo el fin de resocializarlo.
Por otra parte el Principio de Mínima Intervención Penal prescrito en el artículo 195 del
texto constitucional vigente, sienta como principios rectores de las actuaciones de los
fiscales a la oportunidad y a la mínima intervención penal, que al fin de cuentas se resume
en el postulado del Derecho Penal de ultima ratio, que parte de la necesidad de restringir
al máximo posible y socialmente tolerable, la intervención de la ley penal, reservándola
única y exclusivamente para los casos de violaciones graves a las normas de convivencia
social, que no pueden ser contenidas y resueltas por otros medios de control social menos
formalizados y rigurosos; es decir que, dejar en el ámbito de lo penal a las conductas más
lesivas para la sociedad y que no pueden ser resueltas por otras ramas del Derecho, que sin
entrar a reprimir a través de la imposición de penas, lograrían la reparación del daño
-4-
causado. Este principio dentro de la suspensión condicional de la pena juega un papel muy
importante, ya que si aplicamos el mismo para los casos señalados por la ley dentro de la
suspensión condicional de la pena, lograríamos evitar otros efectos negativos que acarrea
la imposición de una pena corta por mencionar algunos el aumento de personas privadas de
la libertad, hacinamiento en los centros penitenciarios del país, facilitación del contagio
criminológico por contacto con otros delincuentes; por lo que resultaría mucho más difícil
la terea de poder resocializar a esta persona que se le impone una sanción corta y poder
reinsértalo en la sociedad. A consecuencia de esto, la responsabilidad del Estado y el gasto
estatal que genera del tratamiento penitenciario que se le daría a cada una de estas personas
seria en vano puesto que al imponerle la sanción se corre con el riesgo que el sentenciado
en vez de rehabilitarse, salga del mismo más contaminado; de tal manera que es aquí que
resulta pertinente la presente investigación para poder establecer como un requisito la
reparación integral del daño ocasionado dentro la suspensión condicional dela pena,
logrando evitar los efectos negativos del no otorgamiento de la suspensión condicional de
la pena y evitar vulnerar los principios establecidos dentro del ordenamiento jurídico.
PROBLEMA CIENTIFICO
Al no establecer a la Reparación Integral de la Pena como requisito para la Suspensión
Condicional de la Pena, deja en manos del Fiscal y al libre albedrío del Juzgador el aceptar
o no la solicitud del procesado para acogerse a una medida alternativa para la solución de
conflictos.
OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN
- Objeto de investigación
Segundo Libro del Código Orgánico Integral Penal
- Campo de acción
Suspensión Condicional de la Pena
-5-
IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Retos, perspectivos y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en el Ecuador
- El ordenamiento jurídico ecuatoriano, presupuestos históricos, filosóficos y
constitucionales.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un Ante Proyecto de Ley Reformatoria al artículo 630 del Código Orgánico
Integral Penal, en el cual se establezca como requisito Fundamental la Reparación Integral
de Daño Ocasionado, para garantizar el Principio de Oportunidad, Mínima Intervención
Penal y la Responsabilidad Estatal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fundamentar jurídica y doctrinariamente la pena, suspensión condicional de
la pena, la reparación integral.
Determinar los Principios Oportunidad, Mínima Intervención Penal y la
Responsabilidad Estatal.
Elaborar los componentes del Ante Proyecto de Ley Reformatoria al
artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se establezca
como requisito Fundamental la Reparación Integral de Daño Ocasionado, para
garantizar el Principio de Oportunidad, Mínima Intervención Penal y la
Responsabilidad Estatal.
-6-
IDEA A DEFENDER
Con el Ante Proyecto de Ley Reformatoria al artículo 630 del Código Orgánico
Integral Penal, se establecerá como requisito Fundamental la Reparación Integral del Daño
Ocasionado para garantizar el Principio de Oportunidad, Mínima Intervención Penal y la
Responsabilidad Estatal.
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
- VARIABLE INDEPENDIENTE
Ante Proyecto de Ley Reformatoria al artículo 630 del Código Orgánico Integral
Penal a fin de establecer como requisito Fundamental la Reparación Integral del Daño
Ocasionado.
- VARIABLE DEPENDIENTE
Evitar la vulneración de los Principios de Oportunidad, Mínima Intervención Penal y
Responsabilidad Estatal.
-7-
CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1. LA PENA Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA
1.1. LA PENA
Al plantearse un gran tema como es la pena dentro del ámbito del derecho penal como tal,
nos remontamos a una serie de acontecimientos históricos que han suscitado a lo largo de
toda la vida y la historia en el mundo entero, por ende nos encontramos con un tema de
vital importancia para poder sobrellevar esta investigación planteada y aún más con el
tema que se ha planteado.
A groso modo se empezará por manifestar que uno de los principales medios que posee o
dispone el Estado como reacción frente al delito es la pena, dicho esto en virtud que está
enfocado en el sentido de la restricción de derechos del responsable, en el marco de las
convenciones sociales y sus consecuencias cobra especial énfasis en materia jurídico
penal la Teoría de la Pena, ya que a partir de la determinación de una sanción , el común de
las personas parecen confundirla con los fines de lo justo y lo injusto, por ello es que
decimos que la labor de individualización de una pena particular y específica adecuada al
índice de reprochabilidad, constituye también la redacción de un discurso que debe resultar
igualmente legitimado por la sociedad, estas cuestiones se ven enfocadas a que la antigua
proposición de que una pena es el mal que se le impone al causante de otro mal; esto ha
quedado superado con los nuevos conceptos preventivos de manera especial y general.
Es así que para poder decretar las penas correspondientes a los delitos, dicha labor
corresponde únicamente al legislador, pues son quienes representan a toda la sociedad
unida por virtud del famoso contrato social, pues aquí podemos encontrar la base de lo
manifestado en el anterior párrafo que posteriormente se verá reflejado en la labor
específica de una Función Judicial, quienes actúan a través de sus organismos y órganos
respectivamente que hacen la delicada tarea de administrar justicia, es decir aplicar lo que
la ley establece mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión de un delito.
-8-
Por otra parte desde la antigüedad se discute acerca del fin de la pena desde tres
concepciones que en sus variadas combinaciones continúan hoy caracterizando la
discusión, estas teorías que parten de puntos de vista retributivos o preventivos, puros o
mixtos; estas teorías conllevan a un solo objetivo mencionado esto, ya que se encargan de
fundamentar de diverso modo y explicar los presupuestos que condicionan el ejercicio del
“ius puniendi” y la finalidad perseguida por el Estado con la incriminación penal.
En la actualidad se podrá decir que el Derecho Penal moderno aboga un aspecto principal
la proporcionalidad entre el delito y la pena. En muchos países las corrientes garantistas
han influido a que los cuerpos normativos procuren mayoritariamente la protección de
derechos, en este ámbito nuestra legislación no es la excepción, además en la actualidad se
busca que la pena o sanción impuesta sirva para la rehabilitación del criminal, lo cual
notoriamente excluye la aplicación de penas como la pena de muerte o cadena perpetua.
Para terminar con este enfoque general sobre la pena me permito transcribir muy
brevemente la idea propuesta por Cesare Bonesana, Marques de Beccaria, en su difundida
obra Tratado de los delitos y las penas: “¿Queréis evitar los delitos?... Haced que las
leyes sean claras y simples, y que toda la fuerza de la nación este empleada en
defenderlas, ninguna parte en destruirlas…”
1.1.1 DE LA PENA Y SUS TEORÍAS EXPLICATIVAS
Desde los inicios teóricos del derecho penal a fines del siglo XVIII, uno de los problemas
que más preocupó a los autores fue justamente la pena. Problema que ha estado ligado al
carácter de derecho público del derecho penal subjetivo. Precisamente por ello se liga la
teoría de la pena a la concepción del Estado2, porque, evidentemente nos podemos dar
cuenta, que en lo referente a la pena va a existir ciertos cambios debido al enfoque del
Estado en el que se esté, no es lo mismo concebir la pena en un Estado absoluto que en un
Estado de derecho y ni siquiera pensaríamos que resulta igual dentro de las diversas formas
evolutivas que ha tenido el Estado de derecho.
2 BUSTOS, Juan -HORMAZÁBAL, Hernán, “Pena y Estado”, en Papers, Revista Sociología 13(1980),
Barcelona, Edit. Península, págs. 98-128.
-9-
Así, NOZICK, Refiriéndose a una concepción de Estado de derecho estrictamente liberal,
ha señalado que le Estado (mínimo, según su planteamiento) aparece legitimado, y con ello
la pena, cuando se circunscribe a las funciones mínimas de protección contra fuerza, robo,
fraude, etc., y que n cualquier otro caso su actividad, y la pena, aparece injustificada como
cuando usa su aparato coercitivo para lograr lo que algunos ciudadanos ayuden a otros, o
para obtener que ellos omitan acciones que perjudicarían los intereses del Estado3. Es decir
que la situación de la pena va a ser reflejada desde la noción en la cual se vea enfocado el
mismo.
1.1.1.1 Teorías Absolutistas
Al tratar de estas teorías absolutas se refiere, su contenido esencial aparece ya plasmado en
el pensamiento de dos grandes filósofos de la cultura europea, KANT y HEGEL la pena es
la negación de la negación del derecho, porque según sea la intensidad de la negación del
derecho, así también será la intensidad de la nueva negación que es la pena, podemos
entender esto que claramente se cumple con un papel restaurador o retributivo. Para
KANT, la pena es retribución a la culpabilidad del sujeto, ese es su único fundamento. Por
ello señala que si el Estado se disuelve tiene que preocuparse de que la culpabilidad quede
retribuida, pues de otra manera el pueblo se haría participe de ella (encubridor) y recaería
tal culpabilidad también sobre este.4
En el mismo sentido se expresaron los más importantes representantes de la escuela clásica
tanto italiana y alemana. Así, para CARRARA, la pena solo tiene un fin en sí misma, que
no es otro que el restablecimiento del orden externo de la sociedad5, como podemos
evidenciar, la formulación es semejante a la de HEGEL.
En conclusión se las conoce como teorías absolutas porque considera a la culpabilidad el
fundamento de la pena, a esta con un fin en sí misma, que al imponer una pena no se busca
fines prácticos, sino realizar la justicia. Es decir que en esta teoría se ve reflejado una
expresión de las antiguas concepciones del talión, solo que ahora ejercida por el Estado.
3 NOZICK, Robert, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Brazil Blackwell, 1974. 4 BUSTOS, Juan, “Introducción al Derecho Penal” 3ª Edición, Bogotá, Edit. Temis, 2005. 5 CARRARA, Francesco, “Programa de Derecho Criminal”, Parte general, vol. II, Bogotá, Edit. Temis, 1972.
-10-
1.1.1.2. Teorías Relativas
Las teorías relativas o de la prevención se preocupan no del fundamento de la pena, sino de
para qué sirve la pena. En forma amplia se puede decir que dos son las corrientes
principales estas son la Prevención general y la prevención especial.
1.1.1.2.1 Prevención General
Este tipo de prevención está enfocada a que es una advertencia a todos para que se
abstengan de delinquir de tal forma de tratar de prevenir de forma general los delitos, esto
es mediante una intimidación o coacción sociológica respecto de todos los ciudadanos. Es
decir que esta teoría debate dos ideas entre la utilización del miedo y la valoración de la
racionalidad del hombre. 6
1.1.1.2.1. Prevención Especial
La prevención especial es la actuación sobre el delincuente mismo ya sea enmendándolo
para que en el futuro no vuelva a delinquir, o bien impidiéndolo de una actividad delictiva.
Esta prevención se puede llevar a cabo de tres formas: asegurando a la generalidad frente
al autor penal mediante su encierro, intimidando al autor mediante la pena para no
comisión de otros hechos punibles, y mediante su mejoramiento, protegiéndolo de la
reincidencia.
Para concluir se dirá que la teoría de la prevención especial es una teoría relativa, porque
está referida a la finalidad d la evitación del delito.7
6 Así señala por ejemplo, ROXIN:”…el punto de partida tiene de modo totalmente general una tendencia al
terror estatal. Pues quien quiere intimidar mediante la pena, tenderá a reforzar este aspecto castigando lo más
duro que sea posible” 7http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/penal/Inocencia-Alfonso-Teor%C3%ADa-de-la-pena.pdf
-11-
1.1.1.3 Teorías Mixtas o de la Unión
Un tercer grupo de teorías está compuesto por las llamadas teorías de la unión. Tratan de
combinar los principios legitimantes de las teorías absolutas con las relativas en una teoría
unificadora. Por lo tanto se trata de teorías que procuran justificar la pena en su capacidad
para reprimir (retribución) y prevenir (protección) al mismo tiempo.8 Es decir que, la pena
será legítima en la medida en que sea a la vez justa y útil. Los valores justicia y utilidad,
que en las teorías absolutas resultan excluyentes, y que en las relativas son contemplados
solo a través de la preponderancia de la utilidad, resultan unidos en estas teorías.
Las teorías preventivas tradicionales se han apoyado en consideraciones empíricas que no
han podido hasta ahora ser demostradas. La prevención por la coacción sociológica o por
medio de la resocialización son firmes que no se pueden verificar como verdaderamente
alcanzables, además, del desánimo ante la idea de lograr la resocialización de los presos.
Los autores Muñoz Conde y García Pablos9. Esta teoría nace debido a las fuertes críticas y
polémicas existentes entre las teorías absolutas y relativas de la pena, debido a que
ninguna de las concepciones agota el fundamento para su explicación. Por ende nace la
teoría mixta o de unión procurando articular una síntesis entre las doctrinas en pugna,
siendo un punto neutral entre las dos tratando de configurar una combinación de fines
preventivos y retributivos.
Existieron fórmulas mixtas en las cuales se plasmaron los fundamentos de esta doctrina y
una de ella es que plantea el carácter esencialmente preventivo del derecho penal e intenta
unir prevención general con prevención especial, dando mayor preponderancia al criterio
de prevención general. Esta idea se plasmó en el proyector Alternativo alemán 1966, para
el cual las penas y las medidas tienen por fin la protección de los bienes jurídicos y la
reinserción del autor en la comunidad jurídica. Es decir el derecho penal sirve para
mantener el orden de paz de derecho, necesario para los hombros y por ello hay que
conformar sanciones de tal modo que permitan si es necesario y posible, la reinserción del
condenado, y en eso no se encuentra diferencias entre penas y medidas.10
8 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/870/5.pdf 9 En la doctrina española destacan Francisco Muñoz Conde con su artículo “La resocialización del
delincuente, análisis y critica de un mito”, en Cuadernos de Política Criminal, Madrid, 1979; y de Antonio
Gracia Pables” La supuesta función resocialización del derecho penal: utopía, mito y eufemismo”, en anuario
de Derecho Penal y Ciencias Penales, septiembre-diciembre, 1979. 10 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/870/5.pdf
-12-
Para conclusión se dirá que mediante una combinación de las tres ideas fundamentales de
las teorías anteriores, pretende llevar a la práctica lo positivo de cada una de ellas
eliminando sus aspectos negativos. Es decir que la pena ha de ser limitada por el grado de
reproche del autor, por lo motivos de prevención general o especial no pueden llevar a
imponer a nadie una pena más grave que la que se corresponda con la del hecho cometido,
conocido e incluido en nuestra legislación como el principio de proporcionalidad que debe
existir entre el delito y la pena. Es el en grado de reproche del tipo penal cometido donde
se pueden perseguir los distintos fines de la pena.
1.1.2 ORIGEN Y EVOLUCIÓN
En lo referente al origen y evolución de las penas vamos a analizar lo más relevante y
esencial de cómo ha evolucionado el instituto de las penas en el marco histórico, pudiendo
denotar la importancia que tuvieron y las características que aportaron para llegar a lo que
ahora conocemos.
1.1.2.1 Periodo Primitivo
Las primeras manifestaciones se dieron en los tiempos primitivos, pues en este tiempo no
existían penas estructuradas y preestablecidas, sino que había toda una serie de
prohibiciones basadas en conceptos mágicos y religiosos, cuya violación traía
consecuencias no sólo para el ofensor sino también para todos los miembros de su familia,
clan o tribu. En lo referente al periodo primitivo tenemos una clasificación que tratamos a
continuación.
1.1.2.1.1 Tabú
El tabú se trataba de una serie de prohibiciones basado en creencias religiosas y mágicas. A
quien violase el tabú le correspondía una pena, en la cual el ofensor quedaba a merced de
la víctima y sus parientes, quienes lo castigaban causándole a él y a su familia un mal
mayor.
-13-
El hombre primitivo pensaba que si cometía ciertos actos debía sufrir inevitablemente,
ciertas consecuencias. Es decir las aceptaba sin exigir que la relación de causa y efecto
tuvieran un contenido lógico.
1.1.2.1.2 Venganza Privada
Cuando se hacía víctima de un delito o acto criminal a un individuo de otro grupo, la
víctima y sus parientes castigaban por mano propia al autor y a su grupo familiar, causando
un mayor que el recibido. Es decir en este caso no existía una proporción entre la ofensa y
el castigo, la magnitud era limitada.
1.1.2.1.3 Expulsión
Similar al destierro, es decir que el autor del delito era expulsado de su grupo y privado de
la protección familiar, dejándolo a merced de la venganza del ofendido y sus parientes.
Antiguamente, era una pena muy común, y se utilizaba como la pena inmediatamente
inferior a la pena de muerte. El incumplimiento de la pena de destierro se sancionara con la
muerte.
1.1.2.2 Primeras Limitaciones a la Venganza
1.1.2.2.1 Ley del Talión
La ley del talión establecía limitaciones a la venganza, aparece como método de castigo
con el Código Hammurabi, la Leu de las XII Tablas y la Ley Mosaica, por primera vez en
la historia se intenta establecer una proporcionalidad entre el daño producido y el castigo.
1.1.2.2.2 La Composición
La composición consistía en remplazar la pena por el pago de una suma pecuniaria es decir
dinero. En principio fue voluntaria y luego paso a ser obligatoria, no pudiendo la victima
-14-
recurrir a la venganza. Se considera a este aspecto como el antecedente de la actual
indemnización.
1.1.2.2.3 Composición Tarifada
Una vez que las composiciones adquieren un carácter de obligatorio y su monto ya es
fijado por el Estado. Como ejemplo tenemos a un viejo delito del Derecho Romano que
preveía que la pena ante la mutilación de árboles seria de 23 ases.
1.1.2.3 Instauración de la justicia política. Sistema de pena pública
El sistema de pena pública supone que el Estado desplaza totalmente a los particulares en
el derecho de impartir justicia; quedándose así con la exclusividad de imponer penas. Un
claro ejemplo de lo mencionado podemos evidenciarlo en la Ley de las XII Tablas pues
vemos como implícitamente se distingue entre la pena pública y la pena privada. Dentro de
la pena publica se incluía los crimina o ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo
romano, como el perduleio o traición al pueblo romano y de los ilícitos más graves como el
parricidium.
En el derecho penal romano referente a la monarquía, se hace la distinción entre los delitos
públicos Crimina Publica, que eran los que vulneraban el orden público; y delitos privados
Delicta Privata, estos eran castigados por el Parter Familia.11
1.1.2.4 La Ilustración y su influencia sobre la evolución de las ideas penales
Durante el siglo XVII imperaba el absolutismo monárquico con despotismo y
arbitrariedad, las penas eran torturas, mutilaciones y pena de muerte agravada por crueles
suplicios. La prueba más utilizada era la confesión mediante la tortura. Es decir en este
aspecto existía desproporción entre el delito y la pena.
11 http://es.scribd.com/doc/68437020/Evolucion-Historica-de-Las-Penas-Tp#scribd
-15-
Esta arbitrariedad desencadeno la reacción y surgieron nuevas ideas basadas en el derecho
natural y la razón, esto se concretó en el movimiento filosófico de la Ilustración donde
sobresalieron Montesquieu, Rousseau y otros.
En conclusión estas nuevas ideas propugnarían un profundo cambio, basándose en la
racionalidad, legalidad de las leyes, igualdad y proporcionalidad de las penas y critica la
pena de muerte.
1.1.3 Concepto
Del latín poena, una pena es la condena, la sanción o la punición que un juez o un tribunal
impone, según lo estipulado por la legislación, a la persona que ha cometido un delito o
una infracción.12
De acuerdo con Núñez citado por el Dr. Guillermo Hassel, manifiesta que “la pena es un
mal consistente en la pérdida de bienes como retribución por haber violado el deber de no
cometer un delito” 13
1.1.4 Clases De Pena
A continuación se tratará de forma concreta los diversos tipos de pena, ya que las penas
pueden ser de formas diferentes y no necesariamente dolorosas, diremos esto en virtud que
se debe a la función del tipo de sanción que quiera imponer el Estado y de acuerdo a la
ideología del mismo serán los diversos tipos de sanción existentes.
1.1.4.1 Penas Corporales
Las penas corporales en sentido estricto y de forma general, diremos que afectan a la
integridad física de las personas, pues esta pena tiene una clasificación que tratamos a
continuación.
12 http://definicion.de/pena/ 13 HASSEL, Guillermo, Introducción y Teoría de la Ley Penal”, Publicaciones de la Universidad Católica de
Santa Fe, Argentina, 2013.
-16-
1.1.4.1.1 Tortura
La Tortura Significa todo acto por el cual se inflige intencionadamente un intenso dolor o
sufrimiento, físico o mental, por, o a instigación de, un funcionario público, a una persona
para fines finales tales como obtener de ella o de una tercera persona una información o
confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla a ella o a otras personas.14
1.1.4.1.2 Pena de Muerte
Por otra parte como segunda clasificación de las penas corporales se encuentra la pena de
muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por el
Estado, como castigo por un delito establecido en la legislación; los delitos por los cuales
se aplica esta sanción suelen denominarse delitos capitales.
Una acotación relevante en este aspecto que en lo referente en nuestra legislación no se
contempla las penas corporales, ya que nuestra legislación está enfocada a la protección de
los derechos y en especial el derecho a la vida como se lo establece en el artículo 66
numeral 1). Dice: “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.”15
Po otra parte se establece en los distintos tratados y convenios Internacionales de los cuales
forma parte el Ecuador, siendo así que dentro de la Declaración Universal de Derechos
Humanos en su artículo 3. Dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la
seguridad de su persona.”16; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político también
protege a la vida en el artículo 6. Dice: “El derecho a la vida es inherente a la persona
humana. Este derecho está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida
arbitrariamente.”17
14 Artículo I de la Declaración contra la Tortura 15 Articulo 66 numeral 19 Constitución de la República del Ecuador 16 Articulo 3 Declaración Universal de Derechos Humanos 17 Articulo 6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
-17-
Lo establecido anteriormente es referente a nuestra legislación, ya que existen sus
excepciones en otros países con respecto a sus legislaciones quienes contemplan las penas
corporales como una de las penas.
1.1.4.2 Penas Infamantes
Las penas infamantes son aquellas que afectan el honor de la persona, es decir que
producen infamia a quien la sufren como un efecto difuso o extralegal de la pena, Así
como se consideraba en el pasado la horca, la argolla, los azotes y la exposición a la
vergüenza pública.
1.1.4.3 Penas Privativas de Derechos
Las penas privativas de derechos son aquellas que impiden del ejercicio de ciertos
derechos generalmente estos derechos son políticos como el voto o familiares como la
patria potestad.
Son de muy variado contenido y existe una tendencia a su expansión. Se trata en la
actualidad de una categoría residual abierta que se define por ser aquellas penas distintas
de privación de libertad y multa. Una consideración que se resalta es que propiamente
hablando de forma general podemos darnos cuenta que toda pena priva de algún derecho.
1.1.4.4 Penas Privativas de Libertad
Las penas privativas de libertad se denomina así ya que es emitida por un juez como
consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad
personal ambulatoria, es decir su libertad para poder desplazarse por donde desee, además
que a la persona que se le impone este tipo de pena queda recluido en un establecimiento
especial para tal fin, llamado comúnmente como cárcel , aunque cada ordenamiento
jurídico le dé un nombre concreto ya sea correccional, establecimiento penitenciario,
centro de reclusión.
-18-
Debemos tener en claro que la pena privativa de libertad, consiste en privar de la libertad
de tránsito al individuo sentenciado; se diferencia de la prisión preventiva por que la pena
privativa es el resultado de una sentencia y no de una medida transitoria como sucede con
aquella.
1.1.4.4.1 Prisión
La prisión es una institución autorizada por el gobierno donde son encarceladas las
personas consideradas por la ley como autores de una determinada infracción, en las cuales
se contemple a la prisión como sanción.
1.1.4.4.2 Arresto Domiciliario
El arresto domiciliario es una pena que figura, como accesoria de otras o como principal,
es decir que la privación de la libertad de un condenado o acusado se cumple fuera de los
establecimientos penitenciarios, bien en el propio domicilio, bien en otro fijado por el
tribunal. Este arresto se emplea en situaciones singulares en la que el condenado o acusado
no debe ingresar en prisión.
1.4.5 Penas Pecuniarias
Las penas pecuniaria es aquella que afecta al patrimonio del penado, dentro de las penas
pecuniarias tenemos la multa, comiso y la caución; estas penas se caracterizan porque
recaen directamente como lo dijimos sobre el patrimonio, imponiendo al delincuente la
obligación de pagar una suma de dinero a favor del Estado o entregar sus bienes u objetos
materiales utilizados en la comisión del delito o los obtenido como producto del mismo.
1.2 SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA
1.2.1 Generalidades
-19-
El rasgo más llamativo de la evolución de los sistemas penales actuales es la previsión en
ellos de mecanismos tendentes a evitar la aplicación de penas privativas de libertad no
absolutamente necesarias y en este aspecto nuestra legislación no ha sido la excepción
contemplando dentro del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 630. Dice: “La
ejecución de las pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se
podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las
veinticuatro horas posteriores”18. Además como consecuencia de la progresiva
humanización de las ideas penales, la privación de la libertad aparece hoy en día como una
pena que resulta excesiva en muchas ocasiones, ya que existe una fuerte tendencia a evitar
las penas cortas de prisión.
Lo mencionado al final del párrafo anterior tiene que ver con razones fundamentales que se
las describe a continuación. La primera si se habla de penas privativas de libertad de corta
duración, antes de favorecer la resocialización y la reeducación del sujeto penado, provoca
una fuerte desocialización, ya que permiten el contagio del pequeño delincuente al entrar
en contacto con delincuentes más avanzados, y en cambio no posibilitan el tiempo
necesario para conseguir un tratamiento eficaz; la segunda razón tiene que ver con que las
penas cortas de prisión están previstas para delitos poco graves, para los cuales bastaría
penas menos traumáticas, en estos casos para poder evitar lo mencionado anteriormente
sería factible poder aplicar este mecanismo alternativo de la suspensión condicional de la
pena agregándole un plus fundamental adicional como un requisito fundamental la
reparación del daño ocasionado. El doctor Geraldo de Carvalho considera “que las penas
breves no ejercería su función preventiva especial por carecer de fuerza intimidatoria”19.
Como conclusión relevante, las penas breves no cumplirían con un fin determinado, es
decir en vez de contribuir a la reinserción se estaría recurriendo al riesgo de un
adaptamiento rápido a la cárcel del condenado; además el breve lapso de permanencia en
la prisión no daría al Estado la oportunidad de tentar a la recuperación social del
condenado, lo que además le significaría un gasto económico en vano.
1.2.2 Requisitos
18 Articulo 630 Código Orgánico Integral Penal 19 CARVALHO, Geraldo, “ La suspensión Condicional de la pena” disponible en
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1415/29.pdf
-20-
Los requisitos que deben concurrir para el otorgamiento de la Suspensión Condicional de
la Pena están establecido en el artículo 630 de Código Orgánico Integral Penal y son los
siguientes:
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni
haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la
modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no exista necesidad
de la ejecución de la pena.
Aquí cabe resaltar que la Suspensión Condicional de la Pena no procederá en los siguientes
casos:
1. Casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva y;
2. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
1.2.3 Procedimiento
Si la persona que desea acogerse a este medio alternativo de solución de conflictos reúne
los requisitos establecidos, la o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con
intervención de la o el fiscal, el sentenciado, lao el defensor público o privado y la victima
de ser el caso, en la cual se establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante
el período que dure la suspensión condicional de la pena.
1.2.4 Condiciones
Con respecto a las condiciones para la Suspensión Condicional de la Pena lo establece el
artículo 631 del Código Orgánico Integral Penal, el cual la persona sentenciada deberá
cumplir durante el tiempo que dure la suspensión, siendo los siguientes:
1. Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del
mismo a la autoridad competente que establezca la o el juzgador.
2. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas
3. No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías penitenciarias.
-21-
4. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza.
5. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente realizar
trabajos comunitarios.
6. Asistir a algún programa educativo o de capacitación.
7. Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de reparación
integral o garantizar debidamente su pago.
8. Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el juzgador y en su
caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
9. No ser reincidente.
10. No tener instrucción fiscal por nuevo delito.
Con respecto al numeral siete me permito realizar una acotación, contemplando a la
reparación integral del daño ocasionado como un requisito fundamental para el
otorgamiento de la Suspensión Condicional de la Pena, se lograría consigo la satisfacción
de la víctima o resarcir en lo que fuere posible el daño causado a la misma, motivo
considerado como criterio personal como vital para el otorgamiento de este medio
alternativo de solución de conflictos; de tal forma que al establecer lo mencionado
anteriormente cumpliríamos con el objetivo propio de la Suspensión Condicional de la
Pena, evitando consigo los efectos negativos establecidos con anterioridad del no
otorgamiento de este medio alternativo.
1.2.5 Control y Extinción
El control del cumplimiento de las condiciones se encuentra a cargo de la o el juzgador de
garantías penitenciarias. Debemos tener en cuenta que cuando la persona sentenciada
incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o transgreda el plazo pactado, la o el
juzgador de garantías penitenciarias ordenara inmediatamente la ejecución de la pena
privativa de libertad.
Por otra parte la extinción de la Suspensión Condicional de la Pena se da una vez que la
persona sentenciada haya cumplido dos cosas:
1. Las condiciones.
2. El plazo establecido en la Suspensión Condicional de la Pena.
-22-
Cumplido estos dos aspectos la condena quedara extinguida, previa resolución de la o el
juzgador de garantías penitenciarias.
2. LA REPARACIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL
2.1 LA REPARACIÓN
2.1.1 Generalidades y Concepto
La justicia reparadora que se inicia en el Congreso Internacional de Budapest de 1993 tuvo
ya las nociones de incluir la reparación como una medida a favor de las víctimas; se
consolida en simposios internacionales de victimología en 1994, 1997 y 2000, pero fue las
Naciones Unidas que dio el inicio al respecto de los derechos de las víctimas.
Por otra parte, la Corte IDH en lo concerniente a la reparación la ha definido como “una
consecuencia jurídica de la violación al derecho humano determinando que esta primera
sea consecuencia de la naturaleza y características de la segunda20. Las reparaciones, como
el termino lo indica consiste en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de
las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto depende del daño ocasionado en los
planos tanto material como inmaterial.”21
Como se evidencia la reparación está enfocada de forma general, que es considerada como
uno de los mecanismos o medidas por los cuales se pretende restituir o subsanar en la
medida de lo posible al estado anterior de la comisión del hecho y por otra parte que esta
reparación satisfaga a la víctima.
20 Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párr. 89; en
el mismo sentido, Caso Tibi, párr. 225; caso “Instituto de Reeducación del Menor”, párr. 261; y Caso Ricardo
Canese, párr. 196. 21 Corte IDH Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie Con. 144, Párr. 175.
-23-
2.2 LA REPARACIÓN INTEGRAL
2.2.1 Antecedentes y Evolución
Los grandes avances de las instituciones jurídicas que se han dado tras las exigencias de
los constantes cambios sociales, económicos o momentos de Crisis y Conflicto por lo que
ocasionalmente atraviesan los Estados.
Es así que el concepto de la reparación que inicialmente se materializa solo con la
indemnización como forma de resarcimiento, fue insuficiente ante los daños de grande
proporciones que se ocasionaron producto de la Segunda Guerra Mundial. El anterior
acontecimiento marco un hito en la historia reciente; no solo marco en lo referente a este
aspecto, pues este acontecimiento ha sido uno de los más representativos en todos los
ámbitos de la humanidad, en especial del derecho ya que por medio de esto surgió lo que
ahora es el Derecho Internacional, lo que trajo consigo una nueva idea de la
responsabilidad de los Estados por violaciones a derechos humanos, donde relación ya no
se centra entre los Estados; sino que, por un lado, surge la obligación del aparato estatal
frente a las personas de respetar los derechos y libertades y por el otro, las personas tienen
el derecho de exigir su cumplimiento.22
En consecuencia de lo anterior, es que, el objeto de protección cambia ya no son meros
deberes entre los Estados, sino que el objeto de protección son las personas, y en efecto, el
compromiso del Estado es total, lo que implica una obligación de resultado y obligación de
garantizar cuando la responsabilidad internacional se trata; o dicho esto en otra palabras, el
Estado debe garantizar la eficacia de los derechos y libertades consagrados en los
instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos, a riesgo de
ser declarado responsable, esto constituye la responsabilidad objetiva de los Estados.23
Bajo este escenario, el deber de prevención adquiere un carácter especial, en el sentido en
que el Derecho Internacional busca advertir las violaciones, y no simplemente designar la
sanción, por ello es un derecho de prevención, antes que un derecho de sanción.
22 PIZARRO, Andrés-MENDEZ, Fernando, “Manual de derecho internacional de los derechos humanos,
Panamá, Universal Books, 2006, pág. 29. 23 GUZMAN, Diana- SANCHEZ, Nelson-YEPES, Rodrigo, Colombia, Fundación para el Debido Proceso
Legal, Las víctimas y La justicia transicional ¿Están cumpliendo con los estándares internacionales?,
Washington, DC, Fundación para el Debido Proceso Legal, 2010, pág. 95-126.
-24-
Po otra parte con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en América sucedió un
hecho que trascendería la memoria jurídica en materia de derechos humanos, y es así que
en el año de 1948 en la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, se
creó la Organización de los estados Americanos (OEA) y se promulgo la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, meses después la Organización de las
Naciones Unidas promulgaría la declaración Universal de Derechos Humanos,
constituyéndose así en las declaraciones más influyentes en materia de derechos humanos.
Posteriormente con la creación de la OEA se da origen a lo que es la comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En más de dos décadas de desarrollo jurisprudencial, producto de la competencia
contenciosa, la Corte IDH ha creado una verdadera doctrina en materia reparatoria que va
mucho más allá de la simple reiteración de las medidas indemnizatorias tradicionales.24
Por consiguiente, se encuentra que la reparación evolucionó con el propósito de satisfacer
las nuevas exigencias que implicaron las violaciones a los derechos humanos, hacia una
justicia que tiene como objetivo la restauración de los derechos vulnerados y no solo la
indemnización.
En Ecuador la reparación integral tiene su aparición en la Constitución de 2008 y
posteriormente en el Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
las cuales consagran como fin último de un proceso la obligación de reparar integralmente
cuando exista una vulneración a los derechos humanos.
2.2.2 Concepto
Se empezará por analizar aspectos relevantes para el caso, la palabra reparar proviene del
latín reparare, que significa “remediar o precaver un daño o perjuicio”, y la palabra integral
proviene del latín integralis y significa “global, total.”25 Es decir que se puede deducir con
24 RAMIREZ, Sergio García, “ La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
materia de reparaciones”, en Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Corte Interamericana de
Derechos Humanos en cuarto de Siglo 1974-2004, San José de Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 2005, Pág. 3. 25 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe, 2011.
-25-
facilidad que la reparación integral, supone remediar totalmente un perjuicio o daño
causado.
Con respecto a la reparación integral, se puede argumentar que esta ha sido concebida
como un principio,26 que supone que la medida de la reparación corresponde al daño
causado, dejando fuera otra consideración, es decir atendiendo al “principio de
equivalencia de la reparación con el perjuicio27
Sin embargo, a pesar de que el concepto de reparación ha sido manejado desde varios
siglos atrás,28 podemos determinar que a lo largo del desarrollo mismo del derecho el
añadir la noción de integral, que además supone un aporte reciente en nuestro
ordenamiento jurídico, en gran medida, deviene de la jurisprudencia de la Corte IDH.
El artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal establece a la Reparación Integral y dice:
La reparación integral radica en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la
medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima,
cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto depende de las
características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado.29
Sin duda, el suceso que llevo a que la Corte IDH evolucionara su concepto de reparación,
es la gran cantidad y variedad de conflictos enviados a su jurisdicción, los mismo que
exigieron que la necesidad de instaurar disposiciones de reparación con un sentido general,
es así que en un primer momento se pensó el resarcimiento de daños como
indemnizaciones compensatorias para luego ser reparación integral comprendido todo el
conjunto de medidas que puede utilizar un Estado para hacer frente a las violaciones
propiciadas, ampliando de esta manera sus efectos.
2.2.3 Mecanismos de reparación integral
Constitución de la República del Ecuador en su artículo 78 que indica:
26 Corte IDH, De la Cruz Flores Vs. Perú, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, serie C No. 115, párr. 139. 27 MONRROY, Marco, Derecho Internacional Público, Santiago de Chile, Temis, 1986, 2ª ed., Pág. 272. 28 CANCADO, Antonio, “El deber del Estado de proveer reparación por daños a los derechos inherentes a la
persona humana: génesis, evolución, estado actual y perspectivas”, Buenos Aires, 2013. 29 Articulo 77 Código Orgánico Integral Penal
-26-
“Protección a las víctimas.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección
especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y
valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de
intimidación. Se adoptaran mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin
dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización,
rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.”
Con este antecedente se establece en el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal
dichos mecanismos, son:
1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad,
de la vida familiar de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de
residencia anterior, la recuperación del empleo o de la propiedad así como al
restablecimiento de los derechos políticos.
2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas medidas ante la
atención médica y psicológica así como a garantizar la prestación de servicios
jurídicos y sociales necesarios para esos fines.
3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales; se refieren a la
compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción
penal y que sea evaluable económicamente.
4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de la decisión
judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento
público de los hechos y de las responsabilidades, las conmemoraciones y los
homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica.
5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de infracciones penales y
a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se
identifican con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas
sean afectadas con la comisión de nuevos delitos del mismo género.
-27-
Refiriéndose al numeral 3 de estos mecanismos; la indemnización es consecuencia de la
imposibilidad de restituir el derecho lesionado, ligándose de manera directa al daño, sea
este material o inmaterial.30
En lo concerniente al daño material este se encuentra constituido por dos aspectos: daño
emergente y lucro cesante, el primero que se refiere a las consecuencias patrimoniales que
derivan de la violación, en forma directa: un detrimento y/o una erogación más o menos
inmediata y en todo caso cuantificables, mientras que la segunda se refiere a lo que se dejó
de percibir por la pérdida de ingresos y la reducción de patrimonio familiar, la expectativa
cierta que se desvanece, como consecuencia, así mismo directa, de la violación cometida.31
Uno de los factores que más ha traído problemas a la hora de determinar es el lucro cesante
cuando la víctima había fallecido, era preciso hacer una estimación prudente de ingresos
posibles de la víctima durante el resto de su vida probable32, este mimo razonamiento se
aplicaba para quien había caído en incapacidad como resultado de violación a sus derechos
humanos. Para lo cual se estableciendo inicialmente varios datos orientadores para precisar
el cálculo del lucro cesante como: edad de la víctima, años por vivir conforme a la
expectativa vital, ingreso (salario real o mínimo vigente), inclusive adiciones legalmente
previstas e intereses que permiten actualizar el valor del ingreso, una vez establecido el
monto se realizaba una diferencia del 25% de gastos personales de la víctima.33 Los
criterios anteriormente señalados trajeron dificultades probatorias, por lo que, la Corte IDH
cambio su jurisprudencia optando por fijar el daño emergente y la pérdida de ingresos.34
El daño inmaterial, proviene de las afectaciones psicológicas sufridas como consecuencia
de la violación a los derechos humanos, comprendiendo de esta manera tanto los
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, y el
30 GARCIA FALCONI, Ramiro, “Código Orgánico Integral Penal Comentado”,2ª Edición, Quito, Latitud
cero Ediciones, 2014. 31 OLÁSOLO ALONSO, Héctor-GALAIN PALERMO, Pablo, “ La influencia en la Corte Penal Internacional de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de acceso,
participación y reparación de víctimas”, en AMBOS, Kai-MANDARINO, Ezequiel- ELSENER,
Gisela(eds.), “Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal, Montevideo,
2010. 32 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, sentencia de 22 de febrero de 2002, (Reparaciones y
Costas) párr. 51. 33 Corte IDH. Caso del Caracazo Vs. Venezuela, Sentencia de 29 de agosto del 2002 (Reparaciones y
Costas), párr. 88; Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Sentencia de 26
de mayo de 2001(Reparaciones y costas9, Párr. 81. 34 Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros, párr. 106 a 113; De la Cruz Flores, párrs. 152 a154, Tibi, párrs.
236 y237; caso “Instituto de Reeducación del Menor”, párrs. 289, 290 y 290; entre otros.
-28-
menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones de
carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.
3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LA RESPONSABILIDAD ESTATAL
3.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
El 20 de Octubre del 2008, entra en vigencia la Constitución de la República y por
consiguiente nuevos lineamientos y características que han permitido que el ordenamiento
jurídico interno tome un nuevo giro. De la misma manera con la constitución el derecho
actual está establecido por reglas y principios, las primeras son normas legislativas,
mientras que las segundas, son normas constitucionales de derechos y justicia35. Según
Robert ALEXY “los principios son normas que ordenan algo que se ha realizado en la
mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes”; dándoles
un carácter de “mandato de optimización”.36 La constitución incorpora estas normas de
carácter general para l aplicación e interpretación de los derechos. De acuerdo al artículo
11 de la misma, son parte del ordenamiento legal ecuatoriano.
Con el antecedente en la presente investigación se analizará dos principios rectores de la
Suspensión Condicional de la Pena, siendo estos el Principio de Mínima Intervención y el
Principio de Oportunidad.
3.1.1 Principio de Mínima Intervención
En la actualidad el Principio de Mínima Intervención se concibe como una garantía legal y
constitucional frente al poder punitivo del estado, es por lo tanto el fundamento de los
ordenamientos jurídico penales de los Estado de Derecho. En razón de este principio “el
Derecho Penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes
35 ZAGREBELSKY, Gustavo, “El derecho Dúctil, 10ª ed., Trotta, Madrid, 2011. 36 ALEXY, Robert, “Teoría de los Derechos Fundamentales”, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2012, Pág. 67.
-29-
jurídicos más importantes”37. Es decir que siempre existirán otros medios diferentes para la
defensa de los derechos individuales, estos mecanismos deben ser aplicados por ser menos
lesivos; en otras palabras, dejar en el ámbito de lo penal a las conductas más lesivas para la
sociedad y que no pueden ser resueltas a través de otras ramas del Derecho, que sin entrar a
reprimir a través de la imposición de penas o sanciones, lograrían la reparación del daño
causado. Por lo que la propuesta del presente trabajo investigativo tiene aún más sentido, al
establecer a la Reparación Integral del daño causado como requisito fundamental para el
otorgamiento de la Suspensión Condicional de la Pena.
Por otra parte lo que pretende el mencionado principio es limitar la intervención del Estado
con su poder de coerción penal, para sancionar únicamente aquellas conductas antisociales
de lesividad intolerables, es decir que al Derecho Penal se debe acudir, cuando fallan
otras formas jurídicas y sectores de Derecho.38
En los últimos años los Estados han introducido en sus legislaciones sistemas de
enjuiciamiento penal que garantice la vigencia de los derechos fundamentales, es decir que
se dejó un lado la idea inquisitiva de mirar al delincuente como un mero objeto de
presunción penal, sino a un individuo que goza plenamente de derechos a lo largo de un
proceso iniciado en su contra; así, el Ecuador no ha sido la excepción en el año 2001
incorpora totalmente, el sistema penal acusatorio39, y en la constitución actual vigente, a
través del numeral 6 del artículo 168, se determina que la administración de justicia, en el
cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará entre otros, el
criterio de que “ la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y
diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acurdo con los principios de
concentración, contradicción y dispositivo”.40
Lo anotado anteriormente, va de la mano con lo prescrito en el artículo 195 del texto
constitucional, que sienta como principios rectores de las actuaciones de los fiscales a la
oportunidad y a la mínima intervención penal.
37 MUÑOZ CONDE, Francisco- GARCIA ARÁN, Mercedes, “Derecho Penal, parte General”, Valencia,
Quinta Edición, Ed. Tirant lo Blanch, 2002, pág. 72. 38 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón, “Litigación Penal en el Ecuador, Acorde al Código Orgánico
Integral Penal COIP”, Ed. Carpol, 2014. 39 Artículo publicado en la Trilogía de material de estudio de la Escuela de Fiscales y Funcionarios de la
Fiscalía General del Estado, Tomo I “Introducción al rol de Fiscal”, pág. 31-36. Disponible en
http://www.araujoasociados.net/index.php/articulos/93-derecho-penal-minimo-y-garantista 40 Articulo 168 numeral 6) Constitución de la República del Ecuador.
-30-
Ahora bien, del Principio de Mínima Intervención Penal se extraen dos característica
fundamentales del Derecho Penal que son: de ser de Subsidiariedad de y Fragmentariedad
o Ultima Ratio , por lo que de tal manera se justifica que en materia penal el Estado debe
intervenir solo única y exclusivamente cuando aquello resulte necesario para el
mantenimiento de sus organización política dentro de un sistema democrático, ya que la
transgresión de este principio configura “autoritarismo y agresión a los principios
democráticos de un Estado”.41
Una de las acotaciones relevantes de Cesare BECCARIA en relación a este principio en su
obra “De los Delitos y de las Penas” manifiesta “es mejor prevenir los delitos que punirlos.
Este fin principal de toda buena legislación, que es el arte de conducir a los hombres al
máximo de felicidad, o al mínimo de infelicidad posible, por hablar según todos cálculos
de los bienes y de los males de la vida. Prohibir una multidad de acciones indiferentes no
es prevenir los delitos que de ellas pueden nacer, sino crear otros nuevos: es definir
caprichosamente la virtud y el vicio, que nos ha sido predicados como eternos individuales
e inmutables.”42. Es decir en esta afirmación se puede notar claramente que ya se
vislumbran los fundamentos de un Sistema Penal Garantista y limitador del poder punitivo
y defiende la idea de reducir las leyes penales a las mínimas necesarias y que lo mejor
resulta prevenir los delitos.
En este punto es menester referirnos a dos características de este principio anotado en
líneas anteriores:
La Ultima Ratio del Derecho Penal, se refiere en recurrir a este únicamente en los casos en
que otras medidas menos graves resulten insuficientes, es decir, “cuando fracasan las
demás barreras protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del Derecho.”43
La subsidiariedad del derecho penal, este solo puede ser considerado el último recurso al
que se debe acudir a falta de otros menos lesivos y graves que los penales, pues si la
protección social puede conseguirse con medios menos graves y lesivos, no es preciso ni
tampoco se debe acudir al derecho penal. Donde basten los medios del Derecho Civil, del
41 BUSTOS RAMIREZ, Juan J.- HORMAZÁBAL MALARRÉE, Hernán, “Lecciones de derecho penal,
volumen I”, Madrid, Ed. Trotta, 1997, págs. 65-66 42 BECCARIA, Cesare, “ De los Delitos y de las penas”, Madrid, Ed. Aguilar, 1976, pág. 180 43 MUÑOZ CONDE, Francisco- GARCIA ARÁN, Mercedes, “Derecho penal, parte general”, Quinta
Edición, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2002, pág. 73.
-31-
Derecho Público o incluso medios extrajurídicos, no se justifica la intervención del
derecho penal44.
Por ende al Derecho penal le compete imputar las sanciones más graves porque existe un
grave ataque a los derechos, es decir a los bienes jurídicos protegidos, por esto y lo anotado
con anterioridad se puede decir que el Derecho Penal se convierte en subsidiario del resto
de normas del Ordenamiento Jurídico. Por esto MUÑOZ CONDE considera que el
Derecho Penal debe ser considerado como la Ultima Ratio, lo que significa para él “cuando
el ataque no sea muy grave o el bien jurídico no sea tan importante, o cuando el conflicto
pueda ser solucionado con medidas menos radicales que las sanciones penales propiamente
dichas, deben se aquellas las aplicables.”45
El carácter fragmentario se lo reconoce al Derecho Penal, según el cual este no ha de
proteger todos los bienes jurídicos, ni penar todas las conductas lesivas de los mismos, sino
solamente los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes46. Sobre este
punto específico ZAFFARONI hace una distinción, quien recalca que lo fragmentario no
es el derecho penal como saber penal, sino el ejercicio del poder punitivo, y por ende, la
legislación penal, sino el ejercicio del poder punitivo, y por ende, la legislación penal que
lo habilita. Aun mas, este autor encuentra tensión entre el derecho penal y el ejercicio del
poder punitivo, al cual el primero limita y regula.47
Como conclusión la mínima intervención nos propone la necesidad de la pena, donde esta
no puede ser interpuesta mientras no se hayan agotado todos los medios de intervención y
transformación social que tiene el Estado y la determinación de los bienes jurídicos más
relevantes en los que el Derecho Penal debe activarse, es decir es el paraguas que abarca el
principio de subsidiariedad y fragmentariedad.
3.1.2 Principio de Oportunidad
44 LUZON PEÑA, Diego, “Curso de Derecho Penal. Parte General”, Universitas, Madrid, 2004, Pág. 82. 45 MUÑOZ CONDE, Francisco, “Derecho Penal. Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. 46 LUZON PEÑA, Diego, “Curso de Derecho Penal” 47 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., Ediar Buenos Aires, 2002, Pág97.
-32-
Para Gimeno Sendra – citado por ZAMBRANO Alfonso, el principio de oportunidad
significa “la facultad que al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo
determinadas condiciones, de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la
existencia de un hecho punible contra un autor determinado”.48
Gran parte de la doctrina considera que la aplicación del Principio de Oportunidad vulnera
los principios tales como: el de Legalidad y Obligatoriedad, comprendiendo el primero
como la obligación que tiene el Fiscal de iniciar, inmediatamente tenga conocimiento de la
noticia criminis, la acción penal. Mientras tanto otra parte sostiene que el Principio de
Legalidad no debe ser aplicado de manera restrictiva dentro de una modelo procesal
acusatorio y garantista como es el caso de nuestra legislación, ya que corresponde a la
fiscalía una vez que tiene conocimiento de un hecho delictivo ponderar y considerar el
aplicar mecanismos alternativos de solución de conflicto penal de ser el caso, pero siempre
respetando la legislación vigente.
Por lo tanto el Principio de Oportunidad es una excepción al Principio de Oficialidad y
Legalidad Procesal, que se ha incorporado a nuestra legislación penal sobre todo política
criminal, a través del cual el Estado se abstiene de perseguir determinadas conductas, con
la finalidad de simplificar y acelerar la administración de justicia penal, impidiendo con la
aplicación de esta institución los efectos criogénicos de las penas cortas privativas de
libertad.
Considero que al aplicar el Principio de Oportunidad se tiende a ponderar de entre los
casos más complejos y simples delitos comunes; es decir que este principio se convierte en
un excelente mecanismo para racionalizar el uso del poder punitivo, además de evitar
responsabilidad al Estado en cuanto a erogaciones innecesarias de recursos estatales
destinados al tratamiento y rehabilitación de la persona que ha sido privada de la libertad,
pudiéndose aplicar mecanismos alternativos de solución de conflicto penal de ser el caso.
Con este antecedente queda más claro y evidente que la propuesta del presente trabajo
investigativo es de vital importancia, con lo manifestado con anterioridad del principio de
Mínima Intervención y complementado con el Principio de Oportunidad consolidan a que
se establezca a la Reparación Integral del Daño Ocasionado como uno de los requisitos
48 ZAMBRANO PASQUEÑ, Alfonso, “Estudio Introductorio al Código Orgánico Integral Penal. Referido al
Libro Segundo. Código de Procedimiento Penal”, Tomo III, Quito, Corporación de Estudios Y publicaciones,
2013.
-33-
fundamentales, para el otorgamiento de la Suspensión Condicional de la Pena y que dichos
principios no sean objeto de vulneración. Logrando descongestionar los Juzgados y
Tribunales, contribuyendo a una mayor eficiencia en la tarea de administrar justicia;
disminuyendo en gran medida la cantidad de Personas Privadas de la Libertad (PPL) y
logrando la inversión de los recursos estatales a cuestiones necesarias y vitales.
En nuestra legislación al igual que el Principio de Mínima Intervención Penal, el Principio
de Oportunidad se encuentra consagrado en la Constitución de la República como en el
Código Orgánico Integral Penal en su artículo 412 y se refiere a la facultad que tiene el
Fiscal como titular de la acción penal de abstenerse o desistir de la investigación ya
iniciada cuando la infracción no comprometa el interés público, no vulneren los intereses
del Estado y tenga una sanción de pena privativa de libertad de hasta cinco años; o en
aquellas infracciones culposas cuando el investigado o procesado sufra un daño físico
grave que le imposibilite llevar una vida normal.
No se puede aplicar el Principio de Oportunidad en los siguientes casos:
1. Delitos por graves violaciones a los derechos humanos.
2. Delitos contra el derecho internacional humanitario.
3. Delitos contra la integridad sexual y reproductiva.
4. Delincuencia organizada.
5. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
6. Trata de personas.
7. Tráfico de migrantes.
8. Delitos de odio.
9. Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y;
10. Delitos contra la estructura del Estado constitucional de derechos y justicia.
3.1.2.1 Trámite
El trámite a seguir para la aplicación del Principio de Oportunidad, se lo realizará a pedido
de la o el fiscal, el juzgador convocará a una audiencia en la que las partes deberán
demostrar los requisitos legales exigidos. La victima será notificada para que asista a esta
audiencia. Su presencia no será obligatoria.
-34-
En caso de que el Juez no esté de acuerdo con la apreciación del fiscal o constate por sí
mismo que no cumple con los requisitos, dentro de los tres días siguientes enviará la causa
al Fiscal superior, para que este último ratifique o revoque dicha decisión en el plazo de
diez días contados desde la recepción del expediente.
Si la decisión se revoca no se podrá solicitar nuevamente la aplicación del principio de
oportunidad y el caso pasará a conocimiento de otro Fiscal, para que continúe con su
tramitación.
Si de ser el caso de que la decisión del Fiscal sea ratificada por su superior, se remitirá lo
actuado al Juez para que declare la extinción del ejercicio de la acción penal.
Finalmente la extinción del ejercicio de la acción penal por los motivos previstos en la ley,
no afecta, limita ni excluye el derecho de la víctima a exigir por la vía civil el
reconocimiento y la reparación integral de los perjuicios causados.
3.2 RESPONSABILIDAD ESTATAL
El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados
en la Constitución y en lo referente a este aspecto se establece los Derechos de las Personas
y Grupos de Atención Prioritaria y dentro de estos específicamente en el artículo 51 se
establece los derechos de las Personas Privadas de la Libertad, resaltando los numerales 4
y 5 del texto constitucional, que se refieren a contar con los recursos humanos y materiales
necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad, del
mismo modo la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales,
alimenticias y recreativas.49 Por otra parte a partir del artículo 201 Ibídem se establece los
lineamientos del sistema de rehabilitación.
El Código Orgánico Integral Penal con los antecedentes anotados en líneas anteriores
establece en el artículo 12 los Derechos y garantías de las personas privadas de la libertad,
los mismos que gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la
49 Articulo 51 numerales 3 y 4) Constitución de la República del Ecuador.
-35-
República y los instrumentos internacionales de derechas humanos, en los cuales se
enumeran 16 derechos esenciales.50
Es evidente que de acuerdo lo establecido anteriormente el Estado es responsable por las
personas privadas de la libertad en cuanto a su rehabilitación, a través del Ministerio de
Justica, Derechos Humanos y Cultos, este a su vez a través de su órgano rector de la
rehabilitación social el Consejo Nacional de Rehabilitación Social. El Estado tiene que
destinar recursos económicos, materiales y humanos para el cometimiento de su fin, que es
lograr la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de su libertad.
La inversión de estos recursos se las realiza a través del desarrollo de políticas públicas
destinadas a hacer efectivo el pleno goce de los derechos de las personas privadas de la
libertad y lograr la rehabilitación y reinserción de los mismos; es así que en los últimos
años dentro de las políticas que se ha desarrollado es la inversión en la construcción de
centros de rehabilitación social en el país, áreas educativas, productivas y de
entretenimiento, actividades laborales, alimentación, entre otras.,
En este contexto y con mención al objetivo propuesto en la presente investigación, al no
otorgarse la suspensión condicional de la pena, significaría para el Estado la erogación de
más recursos detallados con anterioridad y el crecimiento de la población penitenciaria.
Se podría destinar dichos recursos a situaciones graves, esto va de la mano con lo
analizado acerca de los Principios de Mínima Intervención Penal y Oportunidad, teniendo
en cuenta q si se trata de penas cortas privativas de libertad no se llegaría al fin esencial
que busca el Estado a través de sus organismos y órganos, es decir en este caso la
rehabilitación y reinserción social de la persona privada de la libertad. Los recursos
destinados para esta persona serían destinados en muchas ocasiones en vano o no
cumplirían con su fin, lo que significa una responsabilidad estatal que no está cumpliendo
lo predestinado.
Por ende es necesario y radica aquí la importancia que si ya contamos con mecanismos
alternativos de solución de conflictos en este caso penales, aplicarlos conforme los
determina la ley garantizando lo establecido en la constitución y precautelando la inversión
adecuada de los recursos estatales cuando estos si sean necesarios.
50 Articulo 12 Código Orgánico Integral Penal.
-36-
4. DERECHO COMPARADO
4.1 La Suspensión de la Ejecución de la Pena en la Legislación Colombiana
En la legislación ecuatoriana se la conoce con el nombre de Suspensión Condicional de la
Pena; por otra parte en la legislación colombiana se la conoce el nombre de la Suspensión
de la Ejecución de la Pena, en claro este aspecto se analizará los aspectos generales sobre
la misma.
La suspensión de la ejecución de la pena es una figura jurídica que permite a quien ha sido
condenado a una pena privativa de libertad que se suspenda por un determinado periodo la
sanción de privación de la libertad impuesta por el juez. Es decir, permite que, en lugar de
ser llevado a prisión inmediatamente pueda seguir en libertad, aspecto que tiene gran
relación con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.
En lo referente al marco normativo la suspensión de la ejecución de la pena, antes llamado
suspensión condicional de la ejecución de la pena, se encuentra en el artículo 63 del
Código Penal (Ley 599 de 2000). Este artículo mencionado se reformó recientemente a
través del artículo 29 de la ley 1709 de 2014. El mismo que dice “la ejecución de la pena
privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia segunda o única instancia,
se suspenderá por un periodo de (2) a cinco (5) años de oficio o a petición del
interesado.”51
4.1.1 Requisitos y causales de exclusión
De acurdo con el artículo 29 de la ley 1709 de 2014, los requisitos para la suspensión de la
ejecución de la pena son los siguientes:
1. Que la pena de libertad impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.
2. Cuando quien ha sido condenado no tiene antecedentes penales por un delito
doloso dentro los cinco años anteriores y además de esto no ha sido condenado por
51http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201709%20DEL%2020%20DE%20EN
ERO%20DE%202014.pdf
-37-
alguno de los delitos excluidos de beneficios, es decir Delitos dolosos contra la
Administración Pública.
3. Cuando quien ha sido condenado si tiene antecedentes penales por un delito doloso
dentro de los cinco años anteriores, para la concesión el juez analizará que los
antecedentes sociales, familiares y personales no expresan la necesidad de la
ejecución de la pena de privación de libertad.
4. A partir de la reforma que introdujo la Ley 1709 de 2014, ya no es un requisito
para la concesión de este mecanismo el pago de la multa en consonancia con la
jurisprudencia constitucional, por la cual el juez deberá otorgar el subrogado y
establecer un acuerdo de pago de la multa con el condenado beneficiario de la
medida.52
4.1.2 Obligaciones derivadas de la figura y consecuencias de su incumplimiento
Las obligaciones derivadas de la suspensión de la ejecución de la pena, también
exigidas para la libertad condicional, están establecidas en el artículo 65 del Código
Penal, Ley 599 de 2000 y son los siguientes:
1. Asistir a los requerimientos que establezcan por parte de las autoridades.
2. En el caso de salida del país solicitar autorización del juez.
3. Reparar la totalidad de los daños causado por el delito, salvo que se demuestre que
el condenado es insolvente.
4. Informar cualquier cambio de residencia.
5. Observar buena conducta mientras esta en el periodo de libertad condicional.
6. Todas estas obligaciones deben estar garantizadas por caución. 53
4.1.3 Conclusiones
En las dos legislaciones tanto para la suspensión condicional de la pena, como
para la suspensión de la ejecución de la pena, los principios rectores son los de
52https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/sala%20de%20prensa/documentos/Cartilla%20Subrogados%20Pe
nales.pdf 53 Ibídem
-38-
mínima intervención penal y de oportunidad, destinados a las cuestiones que
hemos detallado anteriormente.
Son considerados como mecanismos alternativos de solución de conflictos
penales sustituyendo la pena privativa de libertad, tendientes a acelerar la
administración de justicia y logrando precautelar y garantizar los derechos
humanos, dentro del Estado garantista.
En las dos legislaciones las condiciones que se establece para acceder a estos
mecanismos son similares, además de que su control se encuentra a cargo del
Juez.
Con respecto a los requisitos son similares con excepción del tiempo de pena
privativa de libertad que se impone en los cuales se establece como mínimos
para poder acceder a este mecanismo, es decir en nuestra legislación se
establece que la pena de prisión no exceda los cinco años; mientras que en la
legislación colombiana la pena no debe exceder los cuatro años.
En la legislación colombiana se establece que se suspenderá la ejecución de la
pena privativa de libertad por un periodo de dos (2) a cinco (5) años; mientras
que nuestra legislación no establece un tiempo determinado que podrá durar la
suspensión condicional de la pena, sino se indica que se tratará de un
determinado periodo determinado tiempo pactado entre las partes con la
supervisión del juzgador.
CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO
- Estableciendo a la reparación integral del daño ocasionado como un requisito
fundamental para el otorgamiento de la Suspensión Condicional de la Pena, se
lograría consigo la satisfacción de la víctima o resarcir en lo que fuere posible el
daño causado a la misma, motivo considerado en lo personal como vital para el
otorgamiento de la suspensión condicional; de tal forma que al establecer lo
mencionado anteriormente cumpliríamos con el objetivo propio de la Suspensión
Condicional de la Pena, ser efectivamente un mecanismo alternativo de solución de
conflictos penales, evitando consigo los efectos criminógenos de las penas cortas
privativas de libertad.
-39-
- Queda claro y evidente que la propuesta del presente trabajo investigativo es de
vital importancia, con lo manifestado con anterioridad del principio de Mínima
Intervención y complementado con el Principio de Oportunidad consolidan a que se
establezca a la Reparación Integral del Daño Ocasionado como uno de los
requisitos fundamentales, para el otorgamiento de la Suspensión Condicional de la
Pena y que dichos principios no sean objeto de vulneración. Logrando
descongestionar los Juzgados y Tribunales, contribuyendo a una mayor eficiencia
en la tarea de administrar justicia; disminuyendo en gran medida la cantidad de
Personas Privadas de la Libertad (PPL) y logrando la inversión de los recursos
estatales a cuestiones necesarias y vitales.
CAPITULO II
MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA
La base de la presente investigación es la bibliográfica y la documental, ya que la fuente de
la investigación son libros relacionados al tema, complementándose con la investigación de
campo con un contacto directo con la realidad, ya que se obtiene información significativa
para poder reforzar los objetivos propuestos.
En la investigación se emplea procesos metodológicos como la interpretación del
Derecho. Se recurre a la interpretación del Derecho auténtico o con autoridad el
momento en que se visibiliza la posición del legislador; otro método aplicado es la
interpretación jurisprudencial sobre todo en la aplicación práctica aparecen los
argumentos emitidos por Jueces o Tribunales en el momento de la aplicación de la
Ley, no se descarta el uso del método de interpretación del derecho doctrinal o privada
en enfoques o miradas filosóficas sobre todo positivistas en oposición de las
naturalistas, propias del derecho consuetudinario.
La interpretación de derecho en el presente trabajo de investigación se ha utilizado
desde la postura exegética, es decir el uso de argumentos jurídicos sin alterar en
absoluto lo que la norma literalmente expresa, se ha necesitado el método jurídico de
la libre investigación científica de donde se ha logrado incluir información de fuentes
-40-
reales y formales para tributar a la norma expresa; el método teleológico o finalista es
de gran importancia en el desarrollo de ésta tesis ya que se recurre a la norma como
expresión de libertad, se puede ver con claridad el fin social de la norma, su
impacto en la sociedad.
MÉTODOS
Inductivo – Deductivo
Método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares .Se
caracterizan por la observación, registro de todos los hechos, el análisis, la derivación
inductiva de una generalización a partir de los hechos y la contrastación.
Analítico - Sintético
Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio de cada una de
sus partes con el fin de estudiarlas en forma individual y luego de forma holística e integral
para observar las causas, la naturaleza y los efectos, lo cual permite realizar una
valoración del objeto de transformación para lo que se realizará un análisis general sobre
lo que es la pena y su aplicación.
Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos
distinguidos por el análisis, por tanto es utilizado en todas las ciencias experimentales ya
que mediante esta se extraen las leyes generalizadoras; se trata en consecuencia de hacer
una explosión metódica y breve.
Histórico – Lógico
Se complementan mutuamente, permiten descubrir las leyes fundamentales de los
fenómenos, en el cual se basan en los datos históricos y la descripción de los hechos que
descubre la lógica objetiva del desarrollo de la investigación ,por tanto se analiza los
hechos, ideas del pasado de la pena y su situación actual con la Suspensión
Condicional de la Pena y sus beneficios en el presente.
-41-
TÉCNICAS
Se utilizará la encuesta, a través de la cual se obtienen informaciones de la fuente del
problema y su posible solución, la cual se realizará a Jueces de la Unidad de Garantías
Penales, Fiscales, y Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Ambato.
HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN
Cuestionario.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
POBLACIÓN Y MUESTRA
En la presente investigación se desarrolló teniendo como universo el cantón Ambato,
provincia de Tungurahua, para determinar criterios de Jueces de la Unidad de Garantías
Penales, Fiscales y Abogados en libre ejercicio profesional del Foro del Consejo de la
Judicatura , en la ciudad de Ambato.
Obteniendo la muestra de la siguiente forma:
ESTRATOS UNIVERSO MUESTRA
Fiscales 18 18
Jueces Unidad Garantías
Penales
7 7
Abogados Libre Ejercicio 2010 95
TOTAL 2035 120
Para extraer la muestra del estrato de Abogado se aplicará la siguiente fórmula:
n= Muestra
N=Población
E=Error Máximo Admisible
n= N
(E)² (N-1)+1
-42-
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
1. ¿Conoce Ud. Que es la suspensión condicional de la pena?
CUADRO # 1
VARIABLES PERSONAS PORCENTAJE
Sí 120 100%
No 0 0%
TOTAL 120 100%
GRÁFICO # 1
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces de Garantías Penales y Fiscales
Elaborado por: Luis Miguel Lluglla Llerena
100
0
QUE ES LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA
SÍ
NO
n= 2010
(0.1)² (2009)+1
n= 95.3
-43-
Interpretación y Análisis
En la pregunta sobre SI Conoce Ud. Que es la suspensión condicional de la pena el
100 % de encuestados manifiesta que SI conoce que es, lo cual indica un
conocimiento general del tema preguntado ya que existe suficiente difusión a cerca
de este tipo de mecanismo de solución de conflictos y por el principio de publicidad
de la Ley.
2. ¿Sabe en qué casos procede la suspensión condicional de la pena?
CUADRO # 2
VARIABLES PERSONAS PORCENTAJE
Sí 118 98%
No 2 2%
TOTAL 120 100%
GRÁFICO # 2
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces de Garantías Penales y Fiscales
Elaborado por: Luis Miguel Lluglla Llerena
98%
2%
CUANDO PROCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA
SÍ
NO
-44-
Interpretación y Análisis
En lo que respecta a Saber en qué casos procede la suspensión condicional de la pena su
mayoría es decir el 98 % indican si saben en qué casos procede ya que al ser un
mecanismo actual para solucionar conflictos, se está utilizando con frecuencia, frente
a un 2 % que indican no saber
3. ¿Estima Ud. Que los requisitos establecidos en el COIP para la suspensión de
la pena son suficientes para concederla?
CUADRO # 3
VARIABLES PERSONAS PORCENTAJE
Sí 32 25%
No 88 75%
TOTAL 120 100%
GRÁFICO # 3
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces de Garantías Penales y Fiscales
25%
75%
REQUISITOS SUFICIENTES PARA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA
SÍ
NO
-45-
Elaborado por: Luis Miguel Lluglla Llerena
Interpretación y Análisis
El 75% de los encuestados responden que no consideran que los requisitos establecidos
en el COIP para la suspensión de la pena sean suficientes para concederla ya que
existe un daño que se debe reparar a la víctima, frente a una 25 % que indican que
si hay una investigación eficiente.
4. ¿Conoce Ud. Que es la reparación integral del daño ocasionado?
CUADRO # 4
VARIABLES PERSONAS PORCENTAJE
Sí 120 100%
No 0 0%
TOTAL 120 100.%
CUADRO # 4
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces de Garantías Penales y Fiscales
Elaborado por: Luis Miguel Lluglla Llerena
100%
0
REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO CAUSADO
SÍ
NO
-46-
Interpretación y Análisis
En la pregunta 4 acerca de que si Conoce que es la reparación integral del daño
ocasionado el 100% responde afirmativamente a la pregunta ya que es una figura
jurídica que se utiliza en varias materias.
5. ¿Considera Ud. Que se debe reparar el daño ocasionado de Forma Integral para
acogerse a la suspensión condicional de la pena?
CUADRO # 5
VARIABLES PERSONAS PORCENTAJE
Sí 120 100%
No 0 0%
TOTAL 120 100%
CUADRO # 5
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces de Garantías Penales y Fiscales
Elaborado por: Luis Miguel Lluglla Llerena
100%
0
REPARACION DEL DAÑO OCASIONADO
SI
NO
-47-
Interpretación y Análisis
El 100% de la población, considera que si se debe reparar el daño ocasionado para
acogerse a la suspensión condicional de la pena ya de esta manera se resarciría en
parte el daño ocasionado a la víctima.
6. ¿Considera Ud. que en las penas de corta duración causaría efectos negativos
en la persona que ha sido privada de su libertad, al no concederle la suspensión
condicional de la pena?
CUADRO # 6
VARIABLES PERSONAS PORCENTAJE
Sí 95 79%
No 25 21%
TOTAL 120 100%
CUADRO # 6
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces de Garantías Penales y Fiscales
Elaborado por: Luis Miguel Lluglla Llerena
Interpretación y Análisis
79%
21%
PENAS DE CORTA DURACION
SÍ
NO
-48-
Si se considera en un 79% que en las penas de corta duración causaría efectos
negativos en la persona que ha sido privada de su libertad, al no concederle la
suspensión condicional de la pena ya que puede ocasionarle daños de varias índoles,
físico, psicológico y emocional, frente a un 21% que considera que no.
7. ¿Considera Ud. que al no contemplarse la reparación integral del daño
ocasionado como requisito fundamental para conceder la suspensión condicional
de la pena vulnera los principios de oportunidad, mínima intervención penal y la
responsabilidad estatal?
CUADRO # 7
VARIABLES PERSONAS PORCENTAJE
Sí 112 93%
No 8 7%
TOTAL 120 100.%
CUADRO # 7
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces de Garantías Penales y Fiscales
93%
7%
VULNERACION DE DERECHOS
SI
NO
-49-
Elaborado por: Luis Miguel Lluglla Llerena
Interpretación y Análisis
El 93% Considera Ud. que al no contemplarse la reparación integral del daño
ocasionado como requisito fundamental para conceder la suspensión condicional de la
pena SI vulnera los principios de oportunidad, mínima intervención penal y la
responsabilidad Estatal, ya que el Estado debe seguir causas de mayor conmoción
social, y el Estado tendrá que erogar los gastos que ocasione el privado de libertad;
frente a un 7% que indican que no hay vulneración.
8. ¿Considera Ud. Que un ante Proyecto de Ley Reformatoria al artículo 630 del
Código Orgánico Integral Penal, en el cual se establezca como requisito fundamental
la reparación integral de daño ocasionado, garantizaría el principio de oportunidad,
mínima intervención penal y la responsabilidad estatal?
CUADRO # 8
VARIABLES PERSONAS PORCENTAJE
Sí 120 100%
No 0 0%
TOTAL 120 100.%
CUADRO # 8
100%
0%
REFORMA AL ART. 630 COIP
SI
NO
-50-
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces de Garantías Penales y Fiscales
Elaborado por: Luis Miguel Lluglla Llerena
Interpretación y Análisis
El 100 % de encuestados responden afirmativamente que un ante proyecto de ley
reformatoria al artículo 630 del código orgánico integral penal, en el cual se establezca
como requisito fundamental la reparación integral de daño ocasionado, garantizaría el
principio de oportunidad, mínima intervención penal y la responsabilidad estatal, ya que
se garantizaría el bienestar de la víctima y del autor de un delito de pena corta.
CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPITULO
- En base a los resultados obtenidos en las encuetas realizadas se evidencia clara y
notoriamente que la presente investigación y propuesta posee una relevancia
importante para el campo del Derecho Penal, sin duda los principios de oportunidad
y mínima intervención penal juegan un papel vital para el otorgamiento de la
Suspensión Condicional de la Pena y aún más con los datos reflejados en cada una
de las preguntas realizadas.
- Al considerarse a la Reparación Integral del daño ocasionado como requisito
fundamental para otorgar la Suspensión Condicional de la Pena, lograríamos de
manera significativa la protección de los Derechos y principios establecidos en la
Constitución, logrando el mejoramiento y fluidez de la administración de justicia.
- La población encuestada considera que las penas de corta duración causan efectos
negativos, es así que la propuesta realizada en el presente trabajo de un Proyecto de
Ley Reformatoria al artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, tiene mayor
validez al establecer como requisito fundamental la Reparación Integral del daño
ocasionado que garantizará los principios de Oportunidad y Mínima Intervención
Penal y la Responsabilidad Estatal.
-51-
CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO
PROPUESTA
ANTECEDENTES:
La evolución de los sistemas penales actuales es la previsión en ellos de mecanismos
tendentes a evitar la aplicación de penas privativas de libertad no absolutamente necesarias
y en este aspecto nuestra legislación no ha sido la excepción contemplando dentro del
Código Orgánico Integral Penal en su artículo 630. Dice: “La ejecución de las pena
privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a
petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas
posteriores”. Además como consecuencia de la progresiva humanización de las ideas
penales, la privación de la libertad aparece hoy en día como una pena que resulta excesiva
en muchas ocasiones, ya que existe una fuerte tendencia a evitar las penas cortas de
prisión.
Las penas breves no cumplirían con un fin determinado, es decir en vez de contribuir a la
reinserción se estaría recurriendo al riesgo de un adaptamiento rápido a la cárcel del
condenado, además este corto lapso de permanencia en la prisión no daría al Estado la
oportunidad de lograr su objetivo principal la recuperación social del condenado, lo que le
significaría un gasto económico en vano.
-52-
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
TEMA: ANTE PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 630 DEL
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN EL CUAL SE ESTABLEZCA COMO
REQUISITO FUNDAMENTAL LA REPARACIÓN INTEGRAL DE DAÑO
OCASIONADO, PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, MÍNIMA
INTERVENCIÓN PENAL Y LA RESPONSABILIDAD ESTATAL
CONSIDERANDO
Que La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 195, indica que la Fiscalía
dirigirá de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal;
durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y
mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las
víctimas. De hallar merito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e
impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 78, prescribe: Las víctimas de
infracciones penales gozaran de protección especial, se les garantizara su no
revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las
-53-
protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. “Se adoptaran,
mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones el conocimiento de
la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no
repetición y satisfacción del derecho violado”. Se establecerá un sistema de protección y
asistencia de víctimas, testigos y participantes procesales.
Que, el artículo Art. 169, de la Constitución de la república, indica que: EI sistema
procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán
los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía
procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por
la sola omisión de formalidades.
Que, el Código Orgánico Integral Penal, manifiesta: Art. 3. PRINCIPIO DE MÍNIMA
INTERVENCIÓN PENAL.- “La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea
estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso,
cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales”. Para cumplir sus funciones, la
Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de
medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y
policial; dirigirá el sistema de protección de víctimas, testigos y participantes en el proceso
penal y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.
Que, es facultad del Estado garantizar la seguridad jurídica y hacer respetar el precepto
constitucional de la República del Ecuador.
En ejercicio de sus facultades y atribuciones, que le confiere el numeral 6) del Art. 120 de
la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:
LEY REFORMATORIA AL ART. 630 DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL
PENAL.
Art.1.- refórmese el Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal, por el siguiente que
diga:
Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena privativa de
-54-
libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte
en la misma audiencia de juicio o dentro de las veinticuatro horas posteriores, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.
2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni
haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la
modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no existe necesidad
de la ejecución de la pena.
4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva,
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
5. La reparación integral del daño ocasionado, el cual se evidenciará mediante
acta transaccional debidamente legalizada.
La o el juzgador señalará día y hora para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el
sentenciado, la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se
establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el período que dure la
suspensión condicional de la pena.
DISPOSICIONES GENERALES
Quedan expresamente derogadas todas las disposiciones legales y reglamentarias que se
opongan a la presente Ley Reformatoria al Art. 630 del Código Orgánico Integral Penal.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ley reformatoria entrará en vigencia en la fecha de su publicación en el
Registro Oficial.
Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de
sesiones de la Asamblea Nacional, a los 25 días del mes Octubre del 2015.
-55-
Gabriela Rivadeneira
PRESIDENTA ASAMBLEA NACIONAL
CONCLUSIONES
- Uno de los principales medios que posee el Estado como reacción frente al delito es
la pena, dicho esto en virtud que está enfocado en el sentido de la restricción de
derechos del responsable, en el marco de las convenciones sociales y sus
consecuencias cobra especial énfasis en materia jurídico penal. Siendo el principal
medio al cual se debe acudir, pero siempre y cuando sea notoriamente necesario y
de existir otros medios alternativos establecidos aplicarlos garantizando derechos y
principios protegidos.
- Al establecer a la Reparación Integral del daño ocasionado como requisito
fundamental para el otorgamiento de la Suspensión Condicional de la Pena, se
garantiza de forma fundamental Derechos y Principios tanto de la persona afectada
o víctima; como el Principio de Oportunidad y Mínima Intervención Penal
principios rectores de este medio alternativo de solución de conflictos penales,
además se evita efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad y
erogaciones económicas innecesarias por parte del Estado que no cumplirían con su
fin primordial la rehabilitación del ser el caso en que no se otorgue la Suspensión
Condicional de la Pena.
- El ante proyecto de Ley Reformatoria al artículo 630 del Código Orgánico Integral
Penal, en el cual se establece como requisito fundamental la Reparación Integral
del daño ocasionado, garantiza los principios de Oportunidad, Mínima Intervención
-56-
Penal y la Responsabilidad Estatal, afirmando un Estado constitucional de derechos
y justica.
RECOMENDACIONES
- Es necesario incluir a la Reparación Integral del daño ocasionado como uno de los
requisitos fundamentales para el otorgamiento de la Suspensión Condicional de la
Pena y evitar la vulneración de los principios de Oportunidad y Mínima
Intervención Penal.
- Velar por el cumplimiento de los Derechos y Principios establecidos en la
Constitución es de vital importancia y aún más dentro del campo del Derecho Penal
en el cual se produce la mayor cantidad de vulneraciones a los Derechos, en este
caso la Fiscalía y el Juzgador están obligados a velar por el cumplimiento de
aquello.
- Si la Ley contempla mecanismos alternativos de solución de conflictos penales y
como el caso de la Suspensión Condicional de la Pena, esta debe ser aplicada
cumpliendo con todo lo prescrito y como plus adicional con la reforma de Ley
propuesta se estaría reparando el daño ocasionado en forma integral desde un
principio logrando tanto la satisfacción de la víctima y garantizando Derechos.
BIBLIOGRAFÍA
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Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012, Pág. 67.
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10.- Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre
de 2004, párr. 89; en el mismo sentido, Caso Tibi, párr. 225; caso “Instituto de
Reeducación del Menor”, párr. 261; y Caso Ricardo Canese, párr. 196.
11.- Corte IDH Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie Con. 144, Párr.
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12.- Corte IDH, De la Cruz Flores Vs. Perú, Sentencia de 18 de noviembre de 2004, serie
C No. 115, párr. 139.
13.- Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, sentencia de 22 de febrero de
2002, (Reparaciones y Costas) párr. 51.
14.- Corte IDH. Caso del Caracazo Vs. Venezuela, Sentencia de 29 de agosto del 2002
(Reparaciones y Costas), párr. 88; Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y
otros) Vs. Guatemala, Sentencia de 26 de mayo de 2001(Reparaciones y costas9, Párr. 81.
15.- Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros, párr. 106 a 113; De la Cruz Flores, párrs. 152
a154, Tibi, párrs. 236 y237; caso “Instituto de Reeducación del Menor”, párrs. 289, 290 y
290; entre otros.
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22.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuarto de Siglo 1974-2004, San
José de Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, Pág. 3.
23.- MONRROY, Marco, Derecho Internacional Público, Santiago de Chile, Temis, 1986,
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37.- ZAVALA EGAS, Jorge, “Derecho Constitucional Neoconstitucionalismo y
Argumentación Jurídica”, Guayaquil, Edilex S.A., 2010.
38.- Así señala por ejemplo, ROXIN:”…el punto de partida tiene de modo totalmente
general una tendencia al terror estatal. Pues quien quiere intimidar mediante la pena,
tenderá a reforzar este aspecto castigando lo más duro que sea posible”
39.- En la doctrina española destacan Francisco Muñoz Conde con su artículo “La
resocialización del delincuente, análisis y critica de un mito”, en Cuadernos de Política
Criminal, Madrid, 1979; y de Antonio Gracia Pables” La supuesta función resocialización
del derecho penal: utopía, mito y eufemismo”, en anuario de Derecho Penal y Ciencias
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40.- Artículo publicado en la Trilogía de material de estudio de la Escuela de Fiscales y
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pág. 31-36. Disponible en http://www.araujoasociados.net/index.php/articulos/93-derecho-
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2.- Código Orgánico Integral Penal, Ediciones Jurídicas el Fórum, Quito, 2015.
3.- Artículo I de la Declaración contra la Tortura.
4.-Artículo 3 Declaración Universal de Derechos Humanos.
5.- Artículo 6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
6.- Artículo 51 numerales 3 y 4) Constitución de la República del Ecuador.
7.-Artículo 66 numeral 19 Constitución de la República del Ecuador.
8.- Artículo 168 numeral 6) Constitución de la República del Ecuador.
9.- Artículo 12 Código Orgánico Integral Penal.
10.- Artículo 77 Código Orgánico Integral Penal.
11.- Artículo 630 Código Orgánico Integral Penal.
LINKOGRAFÍA
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2.-http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/penal/Inocencia-Alfonso
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3.- http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/870/5.pdf
4.- http://es.scribd.com/doc/68437020/Evolucion-Historica-de-Las-Penas-Tp#scribd
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6.http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201709%20DEL%20
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7.https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/sala%20de%20prensa/documentos/Cartilla%20
Subrogados%20Penales.pdf
ANEXOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS ANDES
“UNIANDES”
ENCUESTA
Instrucciones: Señale con una X la respuesta que considere correcta
1. ¿Conoce Ud. Que es la suspensión condicional de la pena?
SI NO
2. ¿Sabe en Qué casos procede la suspensión condicional de la pena?
SI NO
3.¿ Estima Ud. que los requisitos establecidos en el COIP para la suspensión de
la pena son suficientes para concederla?
SI NO
4. ¿Conoce Ud. Que es la reparación integral del daño ocasionado?
SI NO
5. ¿Considera Ud. Que se debe reparar el daño ocasionado de Forma Integral para
acogerse a la suspensión condicional de la pena ?
SI NO
6. ¿Considera Ud. Que en las penas de corta duración causaría efectos negativos
en la persona que ha sido privada de su libertad, al no concederle la suspensión
condicional de la pena?
SI NO
7. ¿Considera Ud. Que al no contemplarse la reparación integral del daño
ocasionado como requisito fundamental para conceder la suspensión condicional
de la pena vulnera los principios de oportunidad, mínima intervención penal y la
responsabilidad estatal?
SI NO
8 .¿ Considera Ud. Que un ante proyecto de ley reformatoria al artículo 630 del
código orgánico integral penal, en el cual se establezca como requisito fundamental la
reparación integral de daño ocasionado, garantizaría el principio de oportunidad,
mínima intervención penal y la responsabilidad estatal?
SI NO
Gracias por la colaboración