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"IMPLICACIONES TRIBUTARIAS DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES OTORGADAS AEMPLEADOS"
CAMPUS CENTRAL
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JULIO DE 2013
ROBERTO CARLOS AVILA DEL CIDCARNET44997-92
TESIS DE POSGRADO
MAESTRÍA EN ASESORÍA EN TRIBUTACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALESUNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
"IMPLICACIONES TRIBUTARIAS DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES OTORGADAS AEMPLEADOS"
EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN ASESORÍA EN TRIBUTACIÓN
PREVIO A CONFERÍRSELE
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, JULIO DE 2013
CAMPUS CENTRAL
ROBERTO CARLOS AVILA DEL CID
POR
TESIS DE POSGRADO
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
MAESTRÍA EN ASESORÍA EN TRIBUTACIÓN
DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECER, S. J.
DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
DR. EDUARDO VALDÉS BARRÍA, S. J.
LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DELORENZANA
SECRETARIA GENERAL:
VICERRECTORADMINISTRATIVO:
VICERRECTOR DEINTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:
VICERRECTOR DEINVESTIGACIÓN YPROYECCIÓN:
P. ROLANDO ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA:
RECTOR:
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANO: MGTR. PABLO GERARDO HURTADO GARCÍA
SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. AIDA DEL ROSARIO FRANCO CORDÓN
TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓNMGTR. EDGAR ORLANDO MENDOZA GARCÍA
DR. JUAN CARLOS CASELLAS GÁLVEZ
MGTR. JORGE GONZALO CABRERA HURTARTE
LIC. ÁNGEL ESTUARDO MENÉNDEZ OCHOA
RESUMEN
Para la presente monografía se planteó como pregunta de investigación: ¿Cuáles
son las implicaciones tributarias de las Opciones sobre Acciones otorgadas a
empleados?. Con base en dicha pregunta se trazaron los objetivos de determinar las
incidencias tributarias de dicha figura, proponiendo un marco jurídico general que la
regule.
Las Opciones sobre Acciones proporcionan a su titular el derecho a adquirir un
número determinado de acciones ordinarias de la compañía que las emite a un
precio prefijado y en una fecha determinada.
Ante su creciente aplicación y la carencia de normativa que discipline la figura de las
Opciones sobre Acciones, es que resulta de singular importancia el análisis de las
implicaciones fiscales de las mismas en cuanto atañen tanto al patrono como al
empleado.
El presente estudio desarrolla en primer término la remuneración del empleado en
general, en cuanto a la institución del salario y con énfasis en el sistema de pago en
especie.
También se define la figura de la Opción sobre Acciones, explicando su naturaleza
jurídica, ventajas y desventajas e hitos temporales.
La operatoria contable y financiera de la figura objeto de estudio se desarrolla sobre
todo al estudiar la Sección 26 - Pagos Basados en Acciones - de las Normas
Internacionales de Información Financiera -NIIF- de observancia para tales efectos.
Se determinan las implicaciones fiscales de la figura en cuanto al Impuesto sobre la
Renta; y, contribuciones al régimen de seguridad social.
Luego se analizan cuatro sentencias del Tribunal Supremo de España que
conciernen a las Opciones sobre Acciones.
Como Anexo se acompaña un modelo de Anteproyecto de la Ley Marco de las
Opciones sobre Acciones Otorgadas a los Trabajadores, el que bien podría
emplearse como base para una normativa nacional en la materia.
INDICE
Introducción
CAPITULO I. SALARIO Y OPCION SOBRE ACCIONES
A. Definición de Salario 5
B. Sistemas de Pago 7
C. Definición de Opción sobre Acciones 9
D. Ventajas 11
E. Desventajas 15
F. Hitos Temporales 15
CAPITULO II. OPERATORIA CONTABLE
A. Consideraciones Preliminares 19
B. Contabilidad y Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados 19
C. Adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad
Financiera -NIIF- 20
D. Sección 26 - Pagos Basados en Acciones 21
CAPITULO III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CONTRIBUCIONES AL
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
A. Consideraciones Preliminares de Orden Constitucional 28
B. Aspectos Generales del Impuesto sobre la Renta 29
C. Hecho Generador 34
D. Afección 36
E. Determinación y Pago 36
F. Deducibilidad del Gasto 40
G. Ganancias de Capital 43
H. Aspectos Internacionales 45
I. Definición de Seguridad Social 50
J. Naturaleza Jurídica 54
K. Hecho Generador 54
L. Afección 59
CAPITULO IV. PRESENTACION, DISCUSION Y ANALISIS DE
RESULTADOS
ANALISIS JURISPRUDENCIAL (ESPAÑA)
A. Definición 61
B. Naturaleza 61
C. Afección Tributaria 63
Conclusiones 74
Recomendaciones 76
Referencias 77
Anexo 82
1. Anteproyecto de la Ley Marco de las Opciones sobre
Acciones Otorgadas a los Trabajadores
2. Cuadro de Cotejo
[2]
INTRODUCCION
Para la presente monografía se planteó como pregunta de investigación: ¿Cuáles
son las implicaciones tributarias de las Opciones sobre Acciones otorgadas a
empleados?. Con base en dicha pregunta se trazaron los objetivos de determinar las
incidencias tributarias de dicha figura, proponiendo un marco jurídico general que la
regule.
Las Opciones sobre Acciones – stock options (empleando la terminología
anglosajona de amplio uso) proporcionan a su titular el derecho a adquirir un número
determinado de acciones de la compañía que las emite a un precio prefijado (el
precio de ejercicio) y en una fecha determinada.
La idea que subyace en este incentivo es que los empleados a los que se les
reconozcan hagan todo lo posible para que las acciones de la compañía aumenten
de valor en el mercado, de tal manera que si logran que el precio de las acciones en
la fecha de vencimiento de las opciones sea superior al precio de ejercicio de éstas
últimas, será esa diferencia la ganancia obtenida por acción.
Las Opciones sobre Acciones, como instrumento financiero, desempeñan un
importante papel en el fomento del espíritu empresarial, en cuanto concilia los
intereses del capital, los directivos y los empleados; incentiva la productividad de la
planilla y vincula al personal clave para la compañía, entre otros.
Aunque originalmente las Opciones sobre Acciones se reconocieron únicamente en
grandes compañías transnacionales, actualmente son habituales en muchas de
pequeño y mediano tamaño, especialmente en los sectores de la alta tecnología y
en particular en las emergentes.
Es por lo antes indicado y la carencia de normativa jurídica que discipline la figura de
las Opciones sobre Acciones, que resulta de singular importancia el análisis de las
implicaciones fiscales de las mismas en cuanto atañen tanto al patrono como al
empleado.
[3]
Es así que el presente estudio en primer término (Capítulo I) aborda la remuneración
del empleado en general. Dentro de este capítulo se desarrollaron los principales
aspectos de la institución del salario, con énfasis en el sistema de pago en especie.
En éste también se desarrolla la figura de las Opciones sobre Acciones otorgadas a
los empleados. Primero se define la misma, para luego desarrollar las ventajas y
desventajas que representa para las partes involucradas. En ese mismo apartado se
estudian los distintos hitos temporales que se realizan en la misma.
El Capítulo II, concierne a la operatoria contable de la figura objeto de estudio. Se
parte de la existencia de la obligación legal de los comerciantes de llevar
contabilidad y aplicar en ella principios de contabilidad generalmente aceptados -
PCGA-. Luego se estudia como estos principios llegan a ser observados a través de
la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-. Se
concluye este capítulo con el análisis de la Sección 26 - Pagos Basados en Acciones
de las NIIF que se ocupan de dar los lineamientos para el registro contable y
financiero de las Opciones sobre Acciones.
En cuanto a las implicaciones fiscales de las Opciones sobre Acciones, el Capítulo
III desarrolla las incidencias en relación con el Impuesto sobre la Renta. En el mismo
se analiza tanto la parte del ingreso (renta) para el empleado, como del gasto
(deducibilidad) para el empleador, a la luz de la normativa aplicable.
En este capítulo también se incluyó el estudio del Impuesto sobre la Renta aplicable
a operaciones de capital. Asimismo y reconociendo la relevancia transfronteriza del
impuesto, también se desarrolló lo relativo a las implicaciones internacionales de
éste en el reconocimiento de las Opciones sobre Acciones a empleados que migran
en el desempeño de sus labores.
En este mismo capítulo se explican las implicaciones de las contribuciones a la
seguridad social en relación con la figura objeto de estudio. En este tema también el
principal fundamento del análisis lo constituyó la normativa de la materia.
En el capítulo IV se analizan cuatro sentencias del Tribunal Supremo de España que
conciernen a las Opciones sobre Acciones. Con base en las mismas se define la
[4]
figura; se determina la naturaleza jurídica; y, se desarrolla la afección de éstas al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ISRPF).
Como Anexo se acompaña un modelo de Anteproyecto de la Ley Marco de las
Opciones sobre Acciones Otorgados a los Trabajadores, el que bien podría
emplearse como base para una normativa nacional en la materia, así como el
Cuadro de Cotejo empleado para el análisis jurisprudencial.
[5]
CAPITULO I. SALARIO Y OPCION SOBRE ACCIONES
A. Definición de Salario
Por remuneración hemos de entender según Martínez Vivot1, la contraprestación
que percibe el trabajador, por haber puesto su capacidad de trabajo a disposición del
empleador, según el contrato de trabajo que celebraron. Normalmente, señala ese
mismo autor, se usa para designar este pago la expresión remuneración, pero
pueden también encontrarse a su respecto y utilizarse como genéricas, las
expresiones de sueldo, salario, retribución y jornal que, aunque tienen sinonimia, en
particular poseen un significado distinto.
Continúa manifestando que, en principio, la expresión sueldo se refiere a la
remuneración que el trabajador percibe mensualmente, en tanto que por jornal debe
entenderse una forma de retribución que toma como modelo al efecto tiempos
menores de trabajo, la hora y el día, aunque su pago se hace normalmente por
períodos mayores, que acumulan los distintos jornales acreditados.
Salario tal vez sea la designación más antigua, pero a su respecto pueden hacerse
distinciones como la referencia al salario bruto, neto, social, indirecto, diferido y
previsional. Nos seguiremos refiriendo a esa acepción y modalidad, la de salario, por
ser ésta la de mayor difusión y aplicación.
Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo -OIT-2 señala que el término
salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o
método de cálculo siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o
por legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un
contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o
deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.
1 Martínez Vivot, Julio J. Elementos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Argentina.Astrea. Cuarta edición. 1994. Pág. 2092 Organización Internacional del Trabajo. Convenio 95. Artículo 1. 1952. Pág. 1
[6]
La Corte de Constitucionalidad3 del país, en la sentencia de marras, manifestó que al
interpretar el Convenio Sobre la Protección del Salario (Convenio 95 de la
Organización Internacional de Trabajo), argumentó que: a) fue ratificado por
Guatemala el trece de febrero de mil novecientos cincuenta y dos; b) cobró vigencia
el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos; y c) su artículo 1º.
señala: “…A los efectos del presente Convenio, el término salario significa
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda valuarse en efectivo…”, por lo que de conformidad con el artículo
relacionado, advierte que dentro de la denominación de salario deben incluirse todas
aquellas retribuciones que sean recibidas por el trabajador, sea como parte del
salario ordinario, como del extraordinario y, siendo que el Convenio mencionado es
ley de la República con carácter cosntitucional de conformidad con el artículo 46 de
la Constitución Política de la República, el mismo tiene preeminencia sobre el
derecho interno y debe ser aplicado.
Señala Franco López4 que el salario constituye la totalidad de los beneficios que el
trabajador obtiene por su trabajo y tiene su origen en la contraprestación que está a
cargo del empresario en reciprocidad a la cesión del producto de su actividad por el
trabajador.
En similares términos se expresa el Código de Trabajo de Guatemala al definir, en
su artículo 88, salario o sueldo como la retribución que el patrono debe pagar al
trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de
trabajo vigente entre ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio prestado
por un trabajador a su respectivo patrono, debe ser remunerado por éste.
3Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Apelación de Sentencia de Amparo. Expediente 1066-
2010. Consulta: 24 de abril de 2013.
4 Franco López, César Landelino. Derecho Sustantivo Individual del Trabajo. Guatemala. EditorialEstudiantil Félix. 2006. Pág. 53
[7]
B. Sistemas de Pago
Martínez Vivot5 señala que si bien, en principio, la remuneración se manifiesta en
una suma de dinero, que compone la retribución principal del trabajador, el salario
puede ser pagado también en especie o en otras prestaciones.
Salario en Dinero
Al respecto del primer sistema indica ese autor que desde los primeros tiempos se
insistió en la necesidad de que el salario se pagara en moneda de curso legal
corriente. Sin embargo, se ha reconocido que lo importante es que el pago en dinero
sea la parte principal de la remuneración, y que lo demás pueda comportar fórmulas
accesorias, que no afecten la disponibilidad que el trabajador debe tener del
resultado de su trabajo, que es precisamente el salario.
Este es definido por Cabanellas6, como el abonado íntegramente en numerario de
curso legal. Se opone al salario en especie, integrado con valores que no son
moneda y al salario mixto, el compuesto por dinero y cosas o derechos de contenido
económico. Menciona incluso que en algunos textos constitucionales (Guatemala,
Honduras, México) se establece la obligatoriedad del pago en dinero.
Salario en Especie
El segundo sistema, ese autor considera que consiste en un pago por entrega de
bienes o de algún beneficio evaluable en dinero. El pago en especie sólo se admite
como integrante parcial, dentro del monto total de la remuneración pertinente. Queda
en claro, sigue indicando el autor, que estas prestaciones integran la remuneración,
porque en su evaluación dineraria, habrán de ser tenidas en cuenta a los efectos de
determinar las consecuencias de la relación laboral, como pago de vacaciones, pago
de indemnizaciones, o a los fines de la seguridad social.
5 Martínez Vivot, Julio J. Op. cit. Pág. 213.6 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario de Derecho Laboral. Argentina. Editorial Heliasta.1998. Pág. 517.
[8]
Cabanellas7, por su parte define por salario en especie el que se paga en valores
que no son moneda. No pierde su denominación si prevalece en valor la retribución
no monetaria.
Nuestra legislación se refiere someramente al salario en especie. En el artículo 90
del Código de Trabajo, dispone, señala Echeverría Morataya8 que los trabajadores
campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden recibir el
pago de su salario, hasta en un treinta por ciento (30%) del importe total del mismo
como máximo, en alimentos y demás artículos análogos destinados a su consumo
personal inmediato o el de sus familiares que vivan y dependan económicamente de
él, siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo o menos.
Por otra parte, el artículo 93 de ese mismo cuerpo legal, en su parte conducente
indica que, siempre que se puedan pactar legalmente salarios en especie y no se
haya estipulado la proporción entre éste y el salario en dinero, debe entenderse que
se ha convenido pagar en especie un treinta por ciento del salario total.
Con base en lo antes expuesto puede inferirse que las Opciones sobre Acciones
tienen por naturaleza jurídica la de salario en especie. Esto puesto que constituyen
la retribución no dineraria que se reconoce al empleado por el desempeño de sus
labores (esta conclusión es válida en el supuesto que las acciones sobre las que se
reconoce opción correspondan a la misma compañía que funge legalmente como
patrono).
Pese a lo antes afirmado, es de suma importancia llamar la atención sobre el hecho
que existen criterios contrarios a reconocer a las Opciones sobre Acciones como
salario en especie del trabajador. Al respecto, Barros García9, señala que el Tribunal
Supremo Español concluye que la entrega de opciones sobre acciones a empleados
7 Cabanellas de Torres, Guillermo. Op. cit. Pag. 529.8 Echeverría Morataya, Rolando. Derecho del Trabajo I. Guatemala. Formatec. Cuarta Edición. 2009.Pág. 269 Barros García, Mario. Doctrina Jurisprudencial sobre la Entrega de Opciones sobre Acciones aEmpleados: Estado de la Cuestión. Uría Menéndez.http://www.uria.com/es/abogados/MBG?iniciales=MBG&seccion=publicaciones&id=1689&pub=Publicacion. Consulta: 17 de mayo de 2010.
[9]
ha de calificarse como salario en metálico, con independencia de la caracterización
que en otros ámbitos del ordenamiento jurídico se le conceda, entrando así, en
abierta contradicción con la normativa fiscal que conceptúa estos beneficios como
rendimientos del trabajo en especie.
C. Definición de Opción sobre Acciones
Nuestro Código Civil (a falta de otra normativa jurídica nacional que se ocupe de
ello), define en su artículo 1674 en cuanto al contrato de promesa que “se puede
asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro”. El contrato de
promesa unilateral se denomina opción y en él, una sola parte (el beneficiario u
optante), puede exigir el cumplimiento del contrato definitivo, en tanto que la otra (el
promitente), no tiene derechos y sólo la obligación de otorgar el contrato definitivo,
cuando el beneficiario se lo requiera, sin poder revocar la promesa que ha hecho.
Viteri Echeverría10 indica al respecto que, vemos así la unilateralidad clara del
contrato: una sola parte obligada por el contrato promisorio (promitente) y otra parte
(beneficiario u optante), para la que el contrato promisorio representa sólo derechos
y es la que decide unilateralmente y según su exclusiva conveniencia, obligar o no al
promitente a la celebración del contrato prometido.
Según Echaiz Moreno11, bajo la óptica del Derecho Laboral, la opción es aquella
posibilidad que se otorga a los trabajadores de la compañía para poder adquirir
acciones de ésta. En este orden de ideas, los trabajadores cuentan con la alternativa
de convertirse en propietarios de la compañía, aunque minoritarios.
Así, al poseer acciones, si es que ejercitaron su opción de compra, los otrora
simplemente trabajadores se convierten ahora también en accionistas y, como tales,
10 Viteri Echeverría, Ernesto Ricardo. Los Contratos en el Derecho Civil Guatemalteco (ParteEspecial). Guatemala. Serviprensa. 1992.11 Echaiz Moreno, Sandra Violeta. Las Stock Options como Incentivo Laboral para los Trabajadores
en la Empresa. 2008.
http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/La%20cogestion%20laboral.pdf. Consulta: 26 de
febrero de 2011.
[10]
poseerían los mismos derechos que los originales accionistas, tales como participar
en el reparto de utilidades, votar en las juntas de socios, participar en la adopción de
acuerdos y, finalmente, ser titulares de un paquete accionario, todo lo cual los
integra más a la compañía, haciendo que los trabajadores se identifiquen con ella,
laboren con mayor ahínco, se comprometan con la organización corporativa y los
resultados de la misma, busquen la prosperidad económica de la compañía en
procura de beneficios para ellos mismos, ya que no sólo son trabajadores sino
además accionistas de la compañía.
Ocupándose de la definición específica, Torres12 cita a su vez al Comité Fiscal
Internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), quien define las Opciones sobre Acciones (stock options) indicando que las
mismas proporcionan a su propietario el derecho, mas no la obligación, de adquirir
un número determinado de opciones convertibles en acciones de la compañía que
las emite a un precio previamente acordado, el cual generalmente es inferior al valor
de mercado, siempre que se hayan reunido los requisitos de permanencia del
empleado en la compañía establecidos en el plan de Opciones sobre Acciones.
Continúa indicando ese autor que las Opciones sobre Acciones representan el
derecho de adquirir a futuro acciones a un precio más bajo que el de mercado, lo
cual permite que el empleado obtenga una ganancia en la fecha de adquisición. Es
común que el empleado al adquirir las acciones las enajene inmediatamente a efecto
de materializar la ganancia en una cantidad líquida. Sin embargo, también existen
casos en donde el empleado adquiere las acciones y decide esperar para
enajenarlas, es entonces que se generan dos beneficios cuando la acción se
revalúa: uno al momento del ejercicio de la opción y el otro, al momento de la venta.
Se infiere de esto que, el empleado tendrá una plusvalía entre el precio determinado
al momento de otorgarle la opción (option price) y el valor del mercado a la fecha de
la adquisición y/o venta (fair market value).
[11]
Por su parte, la Comisión Europea13 señala que, en general, una opción sobre
acciones es un instrumento financiero que representa el derecho a comprar (opción
de compra) o vender (opción de venta) un valor determinado, como acciones de una
compañía, a un precio fijado durante un período previamente establecido,
independientemente de los cambios del precio del valor en el mercado. El propietario
de la opción tiene derecho a decidir si ejercitarla o no. Si no la ejercita durante el
período acordado, la opción queda vacía de contenido.
Continúa indicando esa Comisión que en cuanto a las Opciones sobre Acciones
entregadas a los trabajadores, las mismas son opciones (de compra) que una
compañía entrega a sus empleados en concepto de retribución por su trabajo.
Las acciones subyacentes a las opciones son participaciones en la compañía donde
trabaja el empleado o en una estrechamente relacionada con ella. Aparte de los
fines ligados a la retribución directa, las opciones tienen el objetivo de introducir la
participación del trabajador en el capital y en los resultados de la compañía.
D. Ventajas
La Comisión Europea14 describe como ventajas de las Opciones sobre Acciones, las
siguientes:
Por la Compañía
Motivación y Productividad
12 Torres, Damián Cecilio. Aspectos Generales de las Stock Options. Impuestos Internacionales.Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.consultoriofiscalunam.mx/enviar.php?type=2&id=1126. Consulta: 19 de mayo de 2010.13 Comisión Europea. Dirección General de Empresa. Las Opciones sobre Acciones paraTrabajadores. El entorno jurídico y administrativo de las opciones sobre acciones para trabajadoresen la UE. Informe final del grupo de expertos. 2003.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/stock_options/final_report_stock_es.pdf.Consulta: 26 de mayo de 2010.14 Comisión Europea. Op. cit.
[12]
Las Opciones sobre Acciones entregadas a los trabajadores crean en éstos un
fuerte sentimiento de implicación, les implican más en el valor y el buen
funcionamiento de la compañía, les inducen a trabajar más, mejoran el flujo de
información y contribuyen al desarrollo del espíritu empresarial.
Existe una evidencia empírica de que las corporaciones que han introducido algún
sistema de participación financiera obtienen, en promedio, mejores resultados.
También hay pruebas de que la productividad y los índices de crecimiento de las
compañías que cuentan con planes de opciones dirigidos a un espectro más amplio
de trabajadores son superiores. En ese mismo orden de ideas, la teoría económica
ortodoxa predice que los empleados que participan en el éxito de la compañía
estarán mejor motivados que los que reciben un salario fijo.
Contratación y Retención del Personal
Probablemente, el papel que desempeñan las Opciones sobre Acciones a la hora de
atraer y mantener al personal (clave) es más importante que el de actuar como
incentivo general para los empleados.
Por distintas razones, las compañías más pequeñas pueden resultar menos
atractivas para los empleados: las grandes compañías tienen mejor reputación que
las pequeñas y suelen ofrecer mejores oportunidades profesionales y paquetes de
remuneración más atractivos. Además, existe la creencia de que las grandes
compañías ofrecen puestos de trabajo más seguros. En los últimos años las
pequeñas y medianas compañías han considerado que la escasez de trabajadores
cualificados constituye una limitación notable, tal vez la más importante, del
crecimiento empresarial. Las Opciones sobre Acciones entregadas a los
trabajadores de una compañía pequeña pero emergente pueden marcar una
diferencia fundamental capaz de atraer a trabajadores muy cualificados, que optarán
por ella y dejarán de lado a las grandes.
[13]
Las Opciones sobre Acciones consiguen mantener al personal de la compañía, pues
por lo general la entrega no se realiza hasta pasados varios años y las opciones
suelen quedar invalidadas si el trabajador abandona la compañía en contra de los
deseos del empresario. Si la tendencia del precio de las acciones es alcista, la
pérdida indudable de beneficios potenciales frenará a los “desertores”. Incluso si el
abandono de la compañía no invalida las opciones, sino que se limita a obligar al
empleado a ejercitarlas en un período breve, cuando las opciones se conceden de
modo recurrente pueden tener un efecto de incentivo a la permanencia.
En el caso de las pequeñas compañías emergentes, la función de vinculación que
ejercen las opciones resulta de particular importancia. A menudo, la organización y
la cultura de tales compañías dependerán de sus diferentes miembros y de la
composición de todo el personal. El éxito de toda la compañía podría depender de
cada uno de sus miembros, especialmente cuando la creatividad es importante. En
tal caso, las opciones sobre acciones pueden ser útiles para asegurarse de que el
equipo no se disgregue fácilmente.
Capital y Liquidez
Las Opciones sobre Acciones entregadas a los trabajadores ofrecen a la compañía
una posibilidad de retribuir a los empleados sin una pérdida inmediata de activos
líquidos, en especial si las acciones entregadas al trabajador en el ejercicio de su
opción proceden de un aumento del capital de la compañía. Sin embargo, incluso si
la compañía ha de comprar sus propias acciones en el mercado, al menos la pérdida
de liquidez se demora en comparación, por ejemplo, con un salario en efectivo.
Además, la compañía tiene la posibilidad de aprovechar los altibajos del precio de
las acciones y adquirirlas cuando esté relativamente bajo.
En el caso de las compañías emergentes, las consideraciones relativas a la liquidez
son de gran importancia. Podría darse el caso de que estas compañías dependieran
de los conocimientos técnicos de determinados especialistas a los cuales no podrían
pagar inmediatamente salarios competitivos. De hecho, las Opciones sobre
[14]
Acciones entregadas a los trabajadores constituyen un instrumento ideal para las
compañías jóvenes obligadas a competir por personal móvil muy cualificado.
Cuando se ejercitan las Opciones sobre Acciones, se produce una entrada de
capital. Pero dicha entrada es inferior a la que se habría conseguido vendiendo las
participaciones en un mercado abierto. Por tanto, el beneficio que obtiene el
empleado se refleja en un coste de oportunidad de la compañía. Sin embargo, tal
coste no tiene su resultado en una salida de efectivo. Dependiendo de la
reglamentación en materia de contabilidad, el coste de oportunidad se podrá deducir
del beneficio imponible, con lo que la carga fiscal de la compañía se vería reducida.
Por el Empleado
Las Opciones sobre Acciones entregadas a los trabajadores se ofrecen al empleado
como remuneración por su trabajo, y son, por lo tanto, constituyen salario (en
especie, según el criterio que se plantea). Sin embargo, al aceptar las Opciones
sobre Acciones el empleado decide ahorrar una parte de sus ingresos (pues no
puede consumir el valor de la opción de forma inmediata) y toma una decisión de
inversión determinada.
Si las opciones, son un extra que se suma al salario normal, la inversión está
básicamente exenta de riesgos. No hay costes directos pues, por lo general, el
empleado no tiene que pagar por las opciones, ni tampoco coste de oportunidad,
pues el empleado no espera cobrar un salario en efectivo si rechaza la opción.
Aparte de estar libre de riesgos, los ingresos procedentes de las opciones también
podrían resultar atractivos por gozar de ventajas fiscales o porque las opciones
podrían ir acompañadas de condiciones preferenciales disponibles únicamente para
los empleados.
Cuando las opciones constituyen una parte más considerable del salario, a la hora
de aceptar las opciones sobre acciones se impondrán otros razonamientos. Pese a
la concentración del riesgo, la decisión de inversión como tal debe ser sólida, pues el
[15]
trabajador inversor podría esperar un rendimiento superior al de otras inversiones
que pudiera realizar.
E. Desventajas
Según Echaiz Moreno15, las stock options presentan ciertas desventajas:
a. Su carácter aleatorio. Por lo tanto los trabajadores nunca estarán seguros si
llegarán a concretizar su derecho de opción sobre dichas acciones, sólo lo
ejercerán si es que las acciones han aumentado su valor.
b. Si bien se presenta a la generalidad de los participantes de la compañía, en la
realidad no se otorga a todos los trabajadores, no habiendo igualdad debido a
que no todos poseen la capacidad adquisitiva para poder comprar las
acciones, o a que sólo se quiere proveer de éstas a los trabajadores claves
(desde la óptima de los directivos de las compañías).
c. Si bien se considera a las stock option como incentivo laboral que va a
generar retribución al trabajador, no podemos pensar que éstas
exclusivamente constituyan la totalidad del salario del trabajador. Esto puesto
que el empleado quedaría perjudicado si éstas bajan su valor.
d. Todo debe realizarse dentro de un marco de transparencia, desde la
cotización de las acciones, hasta el otorgamiento de éstas, de lo contrario la
percepción negativa podría hacer fracasar la negociación.
F. Hitos Temporales
Según Torres16 las Opciones sobre Acciones se realizan en distintas etapas o
momentos, los que se desarrollan a continuación:
15 Echaiz Moreno, Sandra Violeta. Op. cit.
[16]
Otorgamiento o “grant”
Esto ocurre cuando el participante ha cumplido con los requisitos para ser admitido
en el plan; es decir, la fecha de otorgamiento de la opción corresponde al momento
en que el participante tiene el derecho a adquirir acciones de la compañía en el
futuro una vez que haya transcurrido un determinado número de años.
Plazo para cumplir los requisitos (“vest” o “vesting period”)
Generalmente se considerará que la opción sobre acciones ha cumplido con los
requisitos para ser ejercida (convertida en acción) cuando todas las condiciones
para que pueda ser ejercida han sido satisfechas. A este momento también se le
conoce como liberación de restricciones. La típica condición que debe cumplirse,
antes que el empleado pueda ejercer las opciones, es que continúe trabajando para
el empleador durante un cierto período de tiempo. Cabe llamar la atención sobre el
hecho que la opción puede haber cumplido los requisitos para ser ejercida. Sin
embargo, la decisión del participante puede ser ejercida en una fecha posterior.
Ejercer las stock options (“exercise”)
Este el momento en que el empleado adquiere las acciones, por lo general, a un
precio inferior al valor de mercado. Es en ese momento cuando el participante
convierte sus Opciones en Acciones y por lo tanto se convierte en el propietario de
las mismas incrementando su patrimonio.
Vender la acción (“sale”)
La venta ocurre cuando el empleado enajena la totalidad o una parte de las acciones
que posee. Una vez que las acciones han sido adquiridas es cuando incrementan su
valor, tal incremento se ve materializado al momento de la venta de las mismas al
valor de mercado.
16 Torres, Damián Cecilio. Op. cit.
[17]
La realización de esos hitos puede ilustrarse con el ejemplo siguiente:
La compañía Worldbyte, S.A. establece en su plan de Opciones sobre
Acciones para empleados que 20,000 Opciones sobre Acciones serán
otorgadas en partes iguales a 20 directivos de la compañía que tengan una
antigüedad igual o mayor a 5 años.
El valor para ejercer la opción para el empleado se ha fijado en 15 dólares por
cada una.
El empleado podrá disponer de las acciones siempre que haya permanecido
con la compañía por lo menos 3 años contados a partir de la fecha en que se
otorguen; es decir, el empleado tendrá que permanecer con la compañía
hasta el año 2014 para que las opciones otorgadas en 2011 se conviertan en
acciones y pueda beneficiarse con la compra y venta de dichas acciones.
El valor de mercado de la acción al momento de ejercer la opción es de 25
dólares.
De lo anterior se desprende que una vez transcurrido el plazo de tres años, el
empleado podrá ejercer las opciones al valor previamente pactado (15 dólares). Sin
embargo, el valor real de las acciones evidentemente es mayor (25 dólares) al valor
que el empleado pagaría por las acciones ya que habrán transcurrido tres años y
generalmente el valor de la acción se habría incrementado; por lo tanto, la ganancia
por el ejercicio de la opción sería $25 - $15 = $10 por acción.
Una vez que el empleado ejerce la opción de compra de las acciones; es decir, una
vez que se convierte en el propietario de las acciones, puede venderlas a un precio
mayor si las condiciones del mercado le son favorables. Al vender las acciones
tendrá una ganancia o pérdida que será la diferencia entre el precio de venta
(generalmente el valor de mercado) y el valor en que éstas hayan sido ejercidas.
[18]
Continuando con el ejemplo, el valor de mercado al momento de vender la acción en
2014 es de 45 dólares. Sin embargo, recordemos que el valor de la acción al
momento del ejercicio fue de 25 dólares, por lo tanto, para determinar la ganancia
(venta de acciones) se deberá comparar el valor de la acción al momento de la venta
(45 dólares) y el valor de la acción al momento del ejercicio (25 dólares).
Bajo este escenario, el ejecutivo de la compañía obtendría una ganancia de 20,000
dólares al momento de vender sus acciones.
Dividendos
Este provecho se derivaría después de ejercer la opción y se refiere a la
participación en las utilidades de la compañía a través del pago de dividendos que el
empleado podría recibir como accionista. Los beneficios para el empleado se
generan, en primera instancia, cuando ejerce la opción de adquirir cierto número de
acciones de su compañía pagando por ellas un monto menor al de mercado.
Posteriormente obtiene otro beneficio en la venta de dichas acciones; o, en su caso,
durante el período de tenencia de las acciones cuando éstas pueden generar
dividendos.
[19]
CAPITULO II: OPERATORIA CONTABLE
A. Consideraciones Preliminares
La gran mayoría de los patronos en Guatemala se organiza bajo alguna figura
mercantil. Es así que la proporción más significativa de los patronos está organizada
bajo la figura de sociedad anónima; otros constituyen comerciantes individuales; y,
también los hay organizados bajo la figura de la sociedad de responsabilidad
limitada.
Partiendo de la premisa antes señalada, resulta necesario desarrollar la aplicación
del Código de Comercio a esas compañías que para su operación contratan
empleados a quienes retribuyen bajo distintas modalidades, en las que se incluye la
opción sobre acciones.
El artículo 1 del Código de Comercio preceptúa que los comerciantes en su actividad
comercial, los negocios jurídicos mercantiles y las cosas mercantiles se rigen por las
disposiciones de ese cuerpo legal. En este Código se regulan las obligaciones que
concernien a los comerciantes, entre las que se incluye la concerniente a operar
registros contables.
B. Contabilidad y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
Conforme el artículo 368 del Código de Comercio, los comerciantes están obligados
a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida
doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados.
Para ese efecto deberán llevar, los siguientes libros o registros: 1. Inventarios; 2.
Primera entrada o diario; 3. Mayor o centralizador; y, 4. Estados Financieros.
Además podrán utilizar los otros que estimen necesarios por exigencias contables o
administrativas o en virtud de otras leyes especiales.
[20]
En similar sentido se pronuncia la Ley que contiene el Impuesto sobre la Renta, la
que en su artículo 53, preceptúa que los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio, deben cumplir con las
obligaciones contenidas en dicho código, en materia de llevar libros, registros y
estados financieros.
Los contribuyentes deben preparar y tener a disposición de la Administración
Tributaria el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y
el estado de costo de producción, este último cuando se lleve contabilidad de costos;
todos a la fecha de cierre de cada período de liquidación definitiva anual. Dichos
estados financieros deben debidamente auditados cuando corresponda.
C. Adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad Financiera -
NIIF-
Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala
(CCPAG)17 adoptó como los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
Guatemala a que se refiere el Código de Comercio, el Marco Conceptual para la
Preparación y Presentación de Estados Financieros y las Normas Internacionales de
Información Financiera -NIIF- (en inglés, International Financial Reporting Standards
-IFRS-), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en
inglés, International Accounting Standards Board -IASB), expresión que comprende
las Normas Internacionales de Contabilidad -NIC- y sus interpretaciones.
Ese mismo Colegio18 adoptó como parte de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados en Guatemala, la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades -NIIF- para las PYMES (en inglés,
The International Financial Reporting Standard for Small and Medium Sized Entities -
IFRS for SMEs-), emitida en julio de 2009 por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (en inglés, International Accounting Standards Board -IASB-).
17 Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Resolución publicada en el DiarioOficial del 20 de diciembre de 2007.
[21]
Son las NIIF pues, las que deben observar los patronos que reconozcan Opciones
sobre Acciones a sus empleados, en el registro contable de las mismas.
D. Sección 26 - Pagos Basados en Acciones
En principio podría pensar que es la sección 28, Beneficios a Empleados, la que
regula la materia de las Opciones sobre Acciones otorgadas a empleados. Sin
embargo, la propia sección en la parte introductoria indica que se aplica a todos los
beneficios a los empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos
basados en acciones, que se tratan en la Sección 26 Pagos Basados en Acciones.
Alcance
Esta Sección desarrolla la contabilidad de todas las transacciones con pagos
basados en acciones incluyendo:
a. Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con
instrumentos de patrimonio, en las que la entidad adquiere bienes o servicios
como contraprestación de instrumentos de patrimonio de la entidad
(incluyendo acciones u Opciones sobre Acciones).
b. Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo,
en las que la entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos con
el proveedor de esos bienes o servicios, por importes que están basados, en
el precio (o valor) de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de
patrimonio de la entidad; y,
c. Transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y
los términos del acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor de esos
bienes o servicios, la opción de liquidar la transacción en efectivo (o con otros
activos) o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio.
18 Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Resolución publicada en el Diario
[22]
Las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo
incluyen los derechos sobre la revaluación de acciones. Por ejemplo, una entidad
podría conceder a los empleados derechos sobre la revaluación de acciones como
parte de su remuneración, por lo cual los empleados adquirirán el derecho a un pago
futuro en efectivo (en lugar de un instrumento de patrimonio), basado en el
incremento del precio de la acción de la entidad a partir de un nivel especificado, a lo
largo de un período de tiempo determinado. O una entidad podría conceder a sus
empleados un derecho a recibir un pago futuro en efectivo, mediante la concesión de
un derecho sobre acciones (incluyendo acciones a emitir al ejercitar las Opciones
sobre Acciones) que sean rescatables, ya sea de manera obligatoria (por ejemplo al
cese del empleo) o a elección del empleado.
Reconocimiento
Una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una
transacción con pagos basados en acciones, en el momento de la obtención de los
bienes o cuando se reciban los servicios. La entidad reconocerá el correspondiente
incremento en el patrimonio, si los bienes o servicios que hubiesen recibido en una
transacción basados en acciones que se liquida con instrumentos de patrimonio, o
un pasivo si los bienes o servicios fueron adquiridos en una transacción con pagos
basados en acciones que se liquida en efectivo.
Cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos
basados en acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como
activos, la entidad los reconocerá como gastos.
Reconocimiento Cuando Existen Condiciones para la Consolidación (Irrevocabilidad)
de la Concesión
Si los pagos basados en acciones concedidos a los empleados se consolidan
inmediatamente, no se requerirá que el empleado complete un determinado período
Oficial del 13 de julio de 2010.
[23]
de servicio antes de que adquiera incondicionalmente el derecho sobre esos pagos
basados en acciones. En ausencia de evidencia en contrario, la entidad supondrá
que se han recibido los servicios prestados por el empleado como contraprestación
de los pagos basados en acciones. En este caso, la entidad reconocerá
íntegramente en la fecha de concesión, los servicios recibidos con el
correspondiente incremento en el patrimonio o pasivos.
Si los pagos basados en acciones no se consolidan hasta que el empleado complete
un período de servicio especificado, la entidad supondrá que los servicios se van a
prestar por el empleado durante el período para la consolidación (irrevocabilidad) de
la concesión, como contraprestación de los pagos basados en acciones que recibirá
en el futuro. La entidad contabilizará esos servicios a medida que sean prestados
por el empleado durante el período de consolidación (irrevocabilidad) de la
concesión, junto con el correspondiente incremento en el patrimonio o en los
pasivos.
Medición de Transacciones con Pagos Basados en Acciones que se Liquiden con
Instrumentos de Patrimonio
En las transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con
instrumentos de patrimonio, una entidad medirá los bienes o servicios recibidos y el
correspondiente incremento en el patrimonio, al valor razonable de los bienes o
servicios recibidos, a menos que ese valor razonable no pueda ser estimado con
fiabilidad. En ese caso medirá su valor, así como el correspondiente incremento de
patrimonio, por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio
concedidos. Para aplicar este requerimiento a transacciones con empleados y
terceros que suministren servicios similares, la entidad medirá el valor razonable de
los servicios recibidos por referencia al valor razonable de los instrumentos de
patrimonio concedidos, ya que habitualmente no será posible estimar de manera
fiable el valor razonable de los servicios recibidos.
[24]
Para las transacciones con empleados, el valor razonable de los instrumentos de
patrimonio se determinará en la fecha de la concesión.
Una concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al
cumplimiento por parte de los empleados de determinadas condiciones para la
consolidación (irrevocabilidad) de la concesión relacionadas con el servicio o el
rendimiento. Por ejemplo, una concesión de acciones o de Opciones sobre Acciones
a un empleado habitualmente está condicionada a que el empleado siga prestando
sus servicios en la entidad a lo largo de un determinado período de tiempo. También
podrían existir condiciones de rendimiento que deben satisfacerse, tales como que la
entidad alcanzara un crecimiento específico en sus beneficios (una condición para la
consolidación -irrevocabilidad- no referida al mercado) o un determinado incremento
en el precio de las acciones de la entidad (una condición para la consolidación -
irrevocabilidad- referida al mercado). Todas las condiciones para la consolidación de
la concesión, relacionadas exclusivamente con el servicio de empleados o con una
condición de rendimiento no referida al mercado, se tendrán en cuenta al estimar el
número de instrumentos de patrimonio que se esperan consolidar. Posteriormente,
la entidad revisará esa estimación, si fuera necesario, por si nueva información
indica que el número de instrumentos de patrimonio que se espera consolidar difiere
de las estimaciones previas.
En la fecha de consolidación de la concesión, la entidad revisará la estimación para
igualar el número de instrumentos de patrimonio que finalmente queden
consolidados.
Opciones sobre Acciones y Derechos sobre la Revaluación de Acciones que se
Liquidan con Instrumentos de Patrimonio
Una entidad medirá el valor razonable de las Opciones sobre Acciones y de los
derechos sobre la revaluación de acciones que se liquidan con instrumentos de
patrimonio (y de los bienes o servicios relacionados recibidos) utilizando la siguiente
jerarquía de medición basada en tres niveles:
[25]
(a) Si hay disponible un precio de mercado observable para los instrumentos de
patrimonio concedidos, usará ese precio.
(b) Si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor
razonable de las Opciones sobre Acciones y de los derechos sobre la
revaluación de acciones concedidos utilizando datos de mercado observables
que sean específicos de la entidad, tales como el apartado (a) para una
transacción reciente en las Opciones sobre Acciones.
(c) Si no hay disponible un precio de mercado observable y obtener una medición
fiable del valor razonable según el apartado (b) resulta impracticable, medirá
indirectamente el valor razonable de las Opciones sobre Acciones o de los
derechos sobre la revaluación de acciones utilizando un modelo de valoración
de opciones. Las variables utilizadas en el modelo (tales como el precio
medio ponderado de la acción, el precio de ejercicio, la volatilidad esperada,
la vida de la opción, los dividendos esperados y la tasa de interés libre de
riesgo) deberían usar datos de mercado tanto como sea posible.
Modificaciones a los Plazos y las Condiciones en los que se Concedieron los
Instrumentos de Patrimonio
Si una entidad modifica las condiciones para la consolidación (irrevocabilidad) de la
concesión de una forma que resulta beneficiosa para el empleado, por un ejemplo,
con una reducción del precio de ejercicio de una opción o una reducción del período
para la consolidación de la concesión, o una modificación o eliminación de una
condición de rendimiento, la entidad tendrá en cuenta las condiciones modificadas
para la consolidación de la concesión en la contabilidad de la transacción con pagos
basados en acciones.
[26]
Cancelaciones y Liquidaciones
Una entidad contabilizará la cancelación o la liquidación de los incentivos con pagos
basados en acciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio como una
aceleración de la consolidación de la concesión y, por tanto, reconocerá
inmediatamente el importe que, en otro caso, habría reconocido por los servicios
recibidos a lo largo del período de consolidación de la concesión restante.
Transacciones con Pagos Basados en Acciones que se Liquidan en Efectivo
Para las transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo,
una entidad medirá los bienes o servicios adquiridos y el pasivo incurrido, al valor
razonable del pasivo. Hasta que el pasivo se liquide, la entidad volverá a medir el
valor razonable del pasivo en cada fecha sobre la que se informe, así como en la
fecha de liquidación, con cualquier cambio en el valor razonable reconocido en el
resultado del período.
Transacciones con Pagos Basados en Acciones que dan Alternativas de Liquidación
en Efectivo
Algunas transacciones con pagos basados en acciones dan a la entidad o a la
contraparte la opción de liquidar la transacción en efectivo (o con otros activos) o
mediante la transferencia de instrumentos de patrimonio. En este caso, la entidad
contabilizará la transacción como una transacción con pagos basados en acciones
que se liquidan en efectivo, a menos que:
(a) La entidad haya seguido en el pasado la práctica de liquidación mediante la
emisión de instrumentos de patrimonio; o,
(b) La opción no tenga carácter comercial porque el importe de la liquidación en
efectivo no guarda relación con el valor razonable del instrumento de
[27]
patrimonio y es probable que dicho importe sea inferior al valor razonable del
instrumento.
Planes de Grupo
Si una controladora concede incentivos con pagos basados en acciones a los
empleados de una o más subsidiarias del grupo, y la controladora presenta los
estados financieros consolidados según las NIIF para las PYMES o las NIIF
completas, se permite reconocer a estas subsidiarias y medir el gasto de pagos
basados en acciones (y la aportación de capital relacionada por la controladora)
sobre la base de una distribución razonable del gasto reconocido del grupo.
[28]
CAPITULO III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CONTRIBUCIONES AL
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL
A. Consideraciones Preliminares de Orden Constitucional
Previo a estudiar el marco tributario especial deviene necesario hacer una referencia
sobre el Derecho Constitucional Tributario. Esto puesto que por jerarquía normativa
es a la Constitución y a los principios tributarios que desarrolla, a los que deben de
sujetarse las leyes reguladores de las bases de recaudación de los tributos.
Robles Moreno 19 citando a Rodolfo Spisso, señala que el derecho constitucional
tributario es el conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la
tributación. Es la parte del derecho constitucional que regula el fenómeno financiero
que se produce con motivo de detracciones de riqueza de los particulares en favor
del Estado, impuestas coactivamente, que hacen a la subsistencia de éste, que la
Constitución organiza, y al orden, gobierno y permanencia de la sociedad cuya
viabilidad ella procura.
Por su parte ese mismo autor define que en la actualidad el derecho constitucional
tributario lo entendemos como el conjunto de normas y principios que surgen de las
constituciones y cartas, referentes a la delimitación de competencias tributarias entre
distintos centros de poder (nación, provincias, estados) y a la regulación del poder
tributario frente a los sometidos a él, dando origen a los derechos y garantías de los
particulares, aspecto, este último, conocido como el de garantías de los
contribuyentes, las cuales representan, desde la perspectiva estatal, limitaciones
constitucionales del poder tributario.
La Constitución Política de la República desarrolla, aunque someramente, los límites
o principios al ejercicio de la potestad tributaria. Son a éstos a los que deberán
19 Robles Moreno, Carmen del Pilar. Reflexiones sobre Derecho Tributario y Derecho Constitucional.http://blog.pucp.edu.pe/item/30553/los-principios-constitucionales-tributarios. Consulta: 19 de abril de2013.
[29]
sujetarse en primer término las leyes ordinarias objeto de estudio en esta
investigación.
B. Aspectos generales del Impuesto sobre la Renta
Según la Comisión Europea20 existen dos aspectos de la fiscalidad de las Opciones
sobre Acciones de especial interés para el trabajador: en primer lugar, la cuestión
básica relativa a qué tipo de impuesto tendrá que pagar, y en segundo lugar, cuándo
deberá abonar esos impuestos.
Continúa indicando esa Comisión que los impuestos aplicables a las Opciones sobre
Acciones entregadas a los trabajadores dependerán de si los beneficios se
consideran rentas del trabajo o un rendimiento del capital.
Las rentas del trabajo están sujetas a impuestos sobre la renta y, en principio, a
cotizaciones sociales. Por lo general, estos impuestos son más elevados que los que
gravan el rendimiento del capital. Normalmente se consideran rentas del trabajo las
que se entregan a alguien como retribución por su trabajo de acuerdo con un
contrato laboral. En este contexto, no importa si el ingreso es en efectivo o en
especie.
Dado que las Opciones sobre Acciones para trabajadores se conceden de acuerdo
con un contrato laboral y que su concesión puede estar sometida a ciertas
condiciones relacionadas con el empleo, las Opciones sobre Acciones concedidas a
los trabajadores cumplen la definición de rentas de trabajo. Pese a la naturaleza algo
confusa de las Opciones sobre Acciones para trabajadores, en la mayoría de los
sistemas tributarios éstas se consideran rentas del trabajo.
20 Comisión Europea. Op. cit.
[30]
En ese mismo orden de ideas, los beneficios que se derivan de los planes de
Opciones sobre Acciones pueden establecerse bajo alguna de las siguientes
variantes (según Torres)21:
Opciones de acciones (compra de acciones a un precio inferior al de
mercado).
Opciones con acciones condicionadas (adquirir acciones con un precio de
ejercicio de cero).
Planes de desempeño de acciones.
El equivalente en efectivo para cualquiera de las opciones arriba
mencionadas.
Por consiguiente, en general, la entrega de Opciones sobre Acciones a empleados
debe considerarse, como se indicara anteriormente, salario en especie y para
efectos tributarios, rentas del trabajo.
La determinación del valor o ingreso para el empleado deberá determinarse
comparando el valor de mercado de las acciones el día de su adquisición y el precio
pagado por el empleado.
Para esos efectos, los momentos en que se generan los beneficios se pueden
identificar como:
1. Cuando la opción es ejercida: el empleado adquiere la acción a un precio por
debajo del valor de mercado y el beneficio corresponde a la diferencia entre el
precio pactado y el valor de mercado en ese momento.
2. Cuando las acciones son vendidas: se da siempre que las acciones
incrementen su valor después de ser adquiridas; este incremento puede ser
obtenido simplemente vendiendo las acciones al valor de mercado.
21 Torres, Damián Cecilio. Implicaciones Fiscales de las Stock Options. Impuestos Internacionales.Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.www.consultoriofiscalunam.com.mx/enviar.php?type=2&id. Consulta: 19 de mayo de 2010.
[31]
Aunque ese autor y en general se consideran esos momentos en los que se generan
los beneficios, la Comisión Europea22 reconoce como momentos en los que puede
surgir una obligación fiscal, los siguientes:
a. Concesión;
b. Entrega de la opción;
c. Ejercicio de la opción;
d. Entrega de las participaciones; y,
e. Venta de las participaciones.
Concesión de la Opción
Sigue indicando esa Comisión que muchos países gravan en el momento de la
concesión las opciones negociables que se pueden valorar sin demasiados
problemas. De este modo quedan garantizadas la transparencia y la equidad del
sistema tributario, pues los otros instrumentos financieros que se podrían utilizar
para retribuir a un empleado por su trabajo (como las participaciones en la
compañía) se gravan también, por lo general, en el momento de la concesión.
Por definición, en el caso de las opciones no negociables el mercado no existe y
resulta difícil establecer el valor de la opción. Los modelos estadísticos generales
que se aplican para valorar las acciones negociables (por ejemplo, la fórmula “black-
scholes” o el modelo binomial) se pueden modificar para valorar las Opciones sobre
Acciones concedidas a los trabajadores. Otro sistema, más simple, sería establecer
el valor de la opción como porcentaje del valor subyacente en el momento de la
concesión.
El modelo “black-scholes” aunque puede considerarse complicado, también es el
más avanzado que propone cálculos más precisos y el más empleado. Este toma
como principales factores, según Thorley Hill y T. Stevens, citados por Echaiz
22 Comisión Europea. Op. cit.
[32]
Moreno23: el valor justo de mercado en la fecha de concesión de opciones, el precio
de ejercicio, la volatilidad de la rentabilidad de las acciones de la compañía, el tipo
de interés exento al riesgo, el plazo de la opción y la rentabilidad por dividendo.
Cabe llamar la atención sobre el hecho que, por lo general, si las acciones se
cotizan por debajo del precio del ejercicio de la opción, el impuesto abonado sobre
ellas no se reembolsa.
Dados el riesgo adicional que supone la tributación en el momento de la concesión y
la reticencia al riesgo que se presume en la mayor parte de los trabajadores, en los
países donde las Opciones sobre Acciones se gravan en el momento de la
concesión, probablemente su uso sólo se extenderá si el tipo impositivo efectivo es
suficientemente bajo.
La tributación en el momento de la concesión de las opciones conlleva asimismo un
problema de liquidez, pues con frecuencia las opciones no se pueden vender y el
efectivo necesario para el pago ha de proceder de otra fuente.
Entrega de la Opción
Asimismo, indica la Comisión Europea24 que por lo general, los trabajadores no
entran en posesión de las Opciones sobre Acciones en el momento de la concesión.
Normalmente la entrega es gradual. Aparte de ese lapso, el derecho a ejercitarlas
puede estar sujeto a condiciones como la satisfacción de ciertos indicadores de
éxito, una relación laboral continua y otras.
Una opción entregada al trabajador constituye una ventaja económica concreta. Se
puede ejercitar, y si las participaciones se pueden vender inmediatamente, se puede
convertir en efectivo. Por eso no hay razonamientos relacionados con el sistema
tributario en contra de la tributación en el momento de la entrega.
23 Echaiz Moreno, Sandra Violeta. Op. cit.
[33]
Sin embargo, en relación con la valoración, si la tributación se realiza en el momento
de la entrega existen numerosos problemas similares a los que plantea si se realiza
en el momento de la concesión.
Ejercicio de la Opción
Continúa manifestando esa Comisión que en la mayor parte de los países, la opción
sobre acciones destinadas a los trabajadores se grava en el momento de su
ejercicio, es decir, cuando se paga el precio de ejercicio y se obtiene la acción. Por
lo general no hay problemas de valoración, al menos en el caso de las acciones que
cotizan. La cantidad gravada es igual a la diferencia entre el valor de mercado de las
acciones y el coste de su obtención, es decir, el precio de ejercicio pagado (valor
diferencial o intrínseco) más cualquier cantidad que el trabajador pueda haber
pagado para obtener las opciones.
La principal ventaja que presenta para el trabajador la tributación en el momento del
ejercicio es que la opción es una inversión sin riesgo. Sólo se han de pagar
impuestos si las opciones llegan a generar beneficios.
Entrega de las Participaciones
Algunos planes de opciones, indica la Comisión Europea25, prevén un período de
bloqueo de las participaciones que el trabajador adquiere a partir del momento del
ejercicio de sus opciones. Esto significa que durante un tiempo no puede vender sus
acciones. Con estas cláusulas se intenta proteger a los inversores de las
manipulaciones que los directivos puedan hacer del precio de las acciones. También
son importantes para las pequeñas compañías que cotizan en bolsa. En estos
casos, a veces el precio de las acciones sube considerablemente durante un período
muy breve. Sin embargo, si los trabajadores cobran sus beneficios inmediatamente,
se puede poner en peligro la evolución del precio.
24 Comisión Europea. Op. cit.
[34]
Cuando se entregan las participaciones, hay dos modos posibles de calcular los
beneficios imponibles. En primer lugar, el beneficio imponible podría ser igual a la
diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de la acción en el momento del
ejercicio. En segundo lugar, el beneficio imponible podría ser igual a la diferencia
entre el precio de ejercicio y el precio de las acciones en el momento en que se
pueda disponer de las participaciones.
Venta de las Participaciones
Esa Comisión Europea26 señala también que como muy tarde, las obligaciones
fiscales surgirán cuando las acciones adquiridas con una opción se vendan por
dinero en efectivo.
Aunque sólo haya un pago, se podrá distinguir entre las rentas del trabajo
(rendimiento entre la concesión y el ejercicio) y los rendimientos del capital
(rendimiento entre el ejercicio de la opción y la venta de las participaciones).
Por lo tanto, como mínimo hay dos modos de calcular la obligación fiscal: el primero
podría ser la tributación sobre la retribución del trabajo que simplemente se difiere
hasta que también se realiza el rendimiento del capital; el segundo sería la
tributación sobre el rendimiento total conforme a las normas de la tributación sobre el
rendimiento del capital.
C. Hecho Generador
En general se reconoce que este impuesto ha de gravar las rentas, entendidas por
tales las ganancias que produce una inversión o la rentabilidad de un capital.
La ley que regula el Impuesto sobre la Renta – Libro I de la Ley de Actualización
Tributaria - , define en el hecho generador o imponible dependiendo de la naturaleza
de la renta.
25 Comisión Europea. Op. cit.
[35]
Es así que la ley que regula el Impuesto sobre la Renta en su artículo 10 se refiere a
las actividades lucrativas, indicando que el hecho generador lo constituye la
obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter
habitual u ocasional por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios,
residentes en Guatemala.
En cuanto al trabajo en relación de dependencia, es el artículo 68 de la ley citada la
que define por hecho generador, la obtención de toda retribución o ingreso en
dinero, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que provenga del trabajo
personal prestado en relación de dependencia, por personas individuales residentes
en el país.
Por otra parte, en relación con las rentas de capital, es el artículo 83 del cuerpo legal
citado que define por hecho generador, la obtención de rentas de capital y la
realización de ganancias y pérdidas de capital, en dinero o en especie y que
provengan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, bienes o derechos,
cuya titularidad corresponde al contribuyente.
Concerniente a los no residentes, el artículo 97 de la ley citada define por hecho
generador, la obtención de cualquier renta gravada según los hechos generadores
de las demás clases de renta, por los contribuyentes no residentes que actúen con o
sin establecimiento permanente en el territorio nacional. También constituye hecho
generador de este impuesto, cualquier transferencia o acreditación en cuenta a sus
casas matrices en el extranjero, sin contraprestación, realizada por establecimientos
permanentes de entidades no residentes en el país.
Es oportuno hacer énfasis en que el Impuesto sobre la Renta está limitado por el
principio de territorialidad. Derivado de ello y en estricto sentido, las ganancias a que
se refiere el presente documento, podrían no estar gravadas con el impuesto de
referencia, pero todo el desarrollo del estudio está basado en doctrina y prácticas
generalizadas en los países exportadores de capitales.
26 Comisión Europea. Op. cit.
[36]
D. Afección
Bajo los conceptos de hechos generadores del Impuesto sobre la Renta antes
desarrollados, se entiende que los ingresos que al empleado percibe en retribución
de los servicios que presta en relación de dependencia, se encuentran afectos a ese
impuesto.
Como se desarrollara anteriormente, se sigue el criterio que la opción sobre
acciones otorgada a los empleados tiene por naturaleza la de sueldo o salario en
especie, por lo que como tal se encuentra gravada con el Impuesto sobre la Renta.
Esta conclusión es válida mientras resulte cierta la premisa de que las acciones
sobre las que se reconoce la opción corresponden al patrono (y no a una tercera
sociedad por lo común extranjera); o, que correspondiendo las acciones a una
tercera sociedad distinta al patrono, se ha reconocido un cargo de regreso (charge
back) entre el patrono y esa tercera sociedad.
Cabe preguntarse en cuál de los hitos de las opciones sobre acciones es que la ley
que regula el Impuesto sobre la Renta considera realizado el hecho generador. Al
respecto puede decirse que los empleados deben considerar como un ingreso
salarial la diferencia resultante entre el valor de mercado y el precio de adquisición
de las acciones al momento de ejercer la opción de compra. Esto únicamente en el
caso en que se realice la premisa indicada en el párrafo precedente.
E. Determinación y Pago
La ley que regula el Impuesto sobre la Renta desarrolla un régimen para la
determinación del impuesto a cargo de las personas individuales que prestan
servicios personales en relación de dependencia.
Este régimen está principalmente desarrollado en el artículo 68 de la ley, indicando
que constituye hecho generador del impuesto, la obtención de toda retribución o
ingreso en dinero, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que provenga
[37]
del trabajo personal prestado en relación de dependencia, por personas individuales
residentes en el país.
Continúa señalando dicho artículo que, en particular, son rentas provenientes del
trabajo: los sueldos (en las que incluimos las Opciones sobre Acciones),
bonificaciones, propinas, aguinaldos, viáticos no sujetos a liquidación o que no
constituyan reintegro de gastos.
Es importante subrayar el hecho que el artículo citado conceptualiza por hecho
generador del impuesto en este régimen, la obtención de toda retribución en dinero.
Como se desarrolló anteriormente, la opción sobre acciones no constituye una
retribución en metálico (dinero), si no que al ejercerse, deviene en un incremento
patrimonial resultado de la diferencia entre lo pagado por el empleado y el valor del
mercado de la acción (especie).
Al sentido literal de la norma pudiera interpretarse que dicha utilidad obtenida por el
empleado con ocasión de la prestación de sus servicios en relación de dependencia,
podría no ser considerada afecta a este impuesto.
Sin embargo, el artículo 2 de la ley que contiene el Impuesto sobre la Renta, al
desarrollar las distintas categorías de rentas (entre las que incluye las de trabajo),
señala expresamente que las regulaciones correspondientes a cada categoría de
renta se establecen y el impuesto se liquida en forma separada, conforme a cada
uno de los títulos de ese libro.
La ley de la materia al referirnos a la cédula específica de las rentas de trabajo, nos
obliga a determinar el impuesto según las reglas de la misma. Al desarrollar dicha
cédula, el legislador obvió definir el salario para efectos tributarios. De dicha cuenta
y por el principio de unidad del Derecho, hemos de acudir a la definición de salario
que desarrolla la legislación laboral nacional e internacional, la que como se ha
[38]
venido indicando, incluye en ella, la retribución en especie como lo es la opción
sobre acciones.
Es por ello que se infiere que la utilidad derivada de la opción sobre acciones tiene
por naturaleza la de renta del trabajo; y, por ende, se encuentra afecta al Impuesto
sobre la Renta bajo las reglas de determinación que se desarrollan.
Con base en las reglas de cálculo dispuestas en este artículo, la renta imponible de
los empleados la constituirá esa renta neta menos las deducciones listadas en el
mismo y que resumidamente consisten en:
a. Mínimo vital de cuarenta y ocho mil quetzales (Q48,000.);
b. Hasta doce mil quetzales (Q12,000.) por Impuesto al Valor Agregado pagado
en gastos personales, por compras de bienes o adquisición de servicios;
c. Cuotas pagadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y al Instituto
de Previsión Militar y al Estado y sus instituciones;
d. Donaciones otorgadas a favor del Estado, municipalidades y sus empresas;
asociaciones, fundaciones e iglesias; y,
e. Primas de seguros de vida para cubrir riesgos en caso de muerte
exclusivamente del trabajador, siempre que el contrato no devengue suma
alguna por concepto de retorno o rescate.
Una vez determinada la renta imponible del empleado habrá de aplicar la tarifa que
le corresponda a la misma según la escala progresiva de tarifas establecida en el
artículo 73 y que se detalla a continuación:
Renta
ImponibleImpuesto a Pagar
De más de a Importe fijo MásSobre el excedente
de
Q0.00 Q300,000.00 Q0.00 5% Q0.00
Q300,000.01 en adelante Q15,000.00 7% Q300,000.00
[39]
El impuesto a pagar se determinará sumando al importe fijo, la cantidad que resulte
de aplicar el porcentaje correspondiente al excedente de renta imponible de cada
intervalo, según la escala anterior.
Nuestra legislación no contempla ninguna forma de evitar este perjuicio fiscal al
empleado. Sin embargo, la Comisión Europea27 plantea como medidas que pudiera
emplearse para ello:
a. Realizar la tributación en el momento de la concesión, especialmente si se
emplea un método de valoración que de lugar a un valor esperado
actualizado. El gravamen con un valor actualizado (es decir, con una base
inferior) tiene en cuenta de forma implícita que el beneficio se acumula a lo
largo de un período más prolongado y, por tanto, reduce el efecto de las
escalas de gravamen progresivas.
b. Gravar como si se tratara de rendimiento del capital. El rendimiento del capital
se suele gravar a un tipo inferior al correspondiente al rendimiento del trabajo.
c. Normas especiales para determinar el promedio de ingresos. Normalmente,
los ingresos que se acumulan a lo largo de varios años se dividen primero por
ese número de años o por un factor normalizado. A continuación se calcula el
tipo impositivo de la parte resultante de la suma de los ingresos más los
ingresos normales. El tipo impositivo resultante se multiplica entonces por el
número de años para obtener la carga fiscal definitiva.
Si bien en general estas reglas benefician a los contribuyentes, también hay
que tener en cuenta que complican los sistemas fiscales.
d. Reducción de la base imponible. Ejemplo de ello es el cuarenta por ciento
(40%) de reducción que permite la ley española del impuesto sobre la renta.
La reducción se aplica a los ingresos generados durante más de dos años
que no se obtengan de forma recurrente.
27 Comisión Europea. Op. cit.
[40]
F. Deducibilidad del Gasto
Régimen sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas
Conforme el artículo 19 de la ley de la materia, el contribuyente que se encuentra
bajo este régimen deben determinar su renta imponible, deduciendo de su renta
bruta las rentas exentas y los costos y gastos deducibles de conformidad con dicha
ley y debe sumar los costos y gastos para la generación de rentas exentas.
Una vez obtenida la renta imponible se aplica a ésta la tarifa correspondiente, siendo
ésta del 25%. Sin embargo, para el presente período impositivo (enero a diciembre
de 2013), las disposiciones transitorias de la ley materia (artículo 172) contemplan
una tarifa del 31% (que se reducirá gradualmente en los siguientes períodos).
El artículo 21 de dicho cuerpo legal señala que se consideran costos y gastos,
siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o
conservar la fuente productora de rentas gravadas, entre otros, (numeral 4) los
sueldos, salarios, aguinaldos, bonificaciones, comisiones, gratificaciones, dietas y
otras remuneraciones en dinero.
Sin embargo, estas deducciones pueden desconocerse (según el artículo 22 de la
ley de la materia), cuando quienes perciben dichas retribuciones no figuran en la
planilla de las contribuciones a la seguridad social presentada al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, cuando proceda.
Bajo la premisa que la opción sobre acciones constituye una retribución salarial en
especie, el desembolso que el contribuyente efectúe bajo ese concepto deviene
deducible en el cálculo del Impuesto sobre la Renta. Toda vez que el gasto se
efectuaría al momento en que el empleado ejerce la opción, será dentro de ese
período impositivo cuando el mismo se reporte como deducible. Es oportuno resaltar
que este gasto será deducible en la medida en que el patrono (contribuyente) haya
[41]
reconocido un cargo de regreso (charge back) a la compañía de quien se reconoce
la opción de acciones; y, únicamente por el precio de adquisición de las acciones.
Al respecto cabe señalar también que aunque conceptualmente el gasto resulta
deducible, habrá que cuidar aspectos formales para evitar que éste sea desconocido
como tal por la Administración Tributaria. Es el artículo 23 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta que indica que no pueden deducirse de la renta bruta los costos y
gastos no respaldados por la documentación legal correspondiente o que no
correspondan al período anual de imposición que se liquida.
Con base en lo antes indicado se concluye que para asegurar la deducibilidad del
gasto incurrido en el otorgamiento de Opciones sobre Acciones no basta su
conceptualización como retribución salarial, si no también deberá estar registrado
contablemente y reportado al fisco dentro del período impositivo que corresponde,
así como documentado legalmente.
A este respecto, la ley obvia definir que debe entenderse como documentación legal.
Sin embargo, considerando correcta la práctica corriente en la documentación de
esta figura, podríamos decir que se debería considerar respaldado por la
documentación legal correspondiente, el gasto que cuente con:
a. Plan de Opciones sobre Acciones (stock option plan), que contenga las
condiciones en que se otorgan éstas;
b. En el caso que el patrono cumpla con su obligación de tener disponibles las
acciones solicitadas a través de la recompra de participaciones, deberá
contarse con evidencia del desembolso efectuado en tal concepto (a través
de la banca); y,
c. Recibo extendido por el empleado sobre las acciones que le son entregadas.
d. Inclusión en la planilla de contribuciones al régimen de seguridad social.
[42]
La Comisión Europea28 reconoce la complejidad de responder a la cuestionante de
si es deducible el costo de las Opciones sobre Acciones. Al respecto señala que al
conceder Opciones sobre Acciones, el empresario se compromete a que cuando el
trabajador ejercite sus opciones el número de acciones solicitadas esté disponible.
Esta obligación, continúa indicando, se puede cumplir de varias formas, entre otras:
1. Recompra de participaciones (en el momento de la concesión en el del
ejercicio o entre ambos).
2. Emisión de nuevas participaciones.
En caso de recompra de participaciones, continúa manifestando esa Comisión, si la
nueva compra no se realiza hasta que el trabajador ejercita la opción (el gasto se
equiparará al beneficio generado por el trabajador), la compañía que concede las
opciones soporta un coste real.
Por otro lado, si la nueva compra se produce en el momento de la concesión, existirá
por lo menos un coste de oportunidad, pues el empresario tendrá que repartir las
participaciones por menos de lo que hubiera obtenido vendiéndolas en el mercado.
Si la compañía opta por la segunda alternativa, es decir, si las participaciones
entregadas al empleado acaban de ser emitidas, no se genera un coste directo para
la compañía, sino simplemente uno indirecto para sus propietarios, dado que sus
derechos en dicha compañía se verán socavados.
La práctica más común es que el coste de las participaciones recompradas sea
deducible a efectos del impuesto sobre la renta de la compañía que las otorga,
mientras que no existe ninguna deducción fiscal para las participaciones que acaban
de ser emitidas.
28 Comisión Europea. Op. cit.
[43]
Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas
Bajo este régimen (artículo 44 de la ley de la materia) el Impuesto sobre la Renta se
calcula aplicando a la renta imponible las tarifas según la escala siguiente:
Rango de renta
imponible mensual
Importe fijo Tipo impositivo de
Q0.01 a Q30,000.00 Q0.00 5% sobre la renta imponible
Q30,000.01 en adelante Q1,500.00 7% sobre el excedente de
Q30,000.00
Renta imponible (artículo 43 de la ley de la materia) constituye la diferencia entre la
renta bruta y las rentas exentas.
Concerniente a la tarifa a aplicar, cabe indicar que conforme las disposiciones
transitorias de la ley de la materia, la que aplica por el presente período es del 6%
(artículo 173).
Es decir que el contribuyente afiliado a este régimen tan sólo puede deducir en el
cálculo del Impuesto sobre la Renta, las rentas exentas. De dicha cuenta el gasto en
que pudo haber incurrido por el otorgamiento de Opciones sobre Acciones a sus
empleados no se reconocería como deducible en el cálculo del impuesto.
G. Ganancias de Capital
Definición
La Comisión Europea29 llama la atención sobre el hecho que se ha de distinguir
entre el gravamen de una opción sobre acciones o las ganancias que de ella se
deriven y el de los beneficios derivados de las acciones adquiridas en el ejercicio de
la opción.
29 Comisión Europea. Op. cit.
[44]
Si se pueden vender las acciones adquiridas al ejercer la opción manteniéndolas
(después de ser gravadas como renta del trabajo), se trata de una decisión de
inversión por parte del trabajador similar a la compra de acciones con un salario en
efectivo. En este caso, cualquier beneficio adicional procedente de un aumento del
valor de las acciones será un rendimiento del capital y, como tal, estará sujeto a la
fiscalidad aplicable al rendimiento del capital. Normalmente, la base imponible
marcará la diferencia entre el valor de realización de la venta de las acciones y el
valor de las acciones en el momento del ejercicio.
La ley reguladora del Impuesto sobre la Renta (artículo 43) define por ganancia o
pérdida de capital los resultantes de cualquier transferencia, cesión, compra-venta,
permuta u otra forma de negociación de bienes o derechos, realizada por personas
individuales, jurídicas, entes o patrimonios cuyo giro habitual no sea comerciar con
dichos bienes o derechos.
Determinación y Pago
En cuanto a la base imponible, ese mismo cuerpo legal indica en su artículo 89, que
lo constituye el precio de la enajenación de los bienes o derechos menos el costo del
bien registrado en los libros contables.
Para determinar la ganancia o pérdida de capital, la Ley que contiene el Impuesto
sobre la Renta admite deducir del valor de la enajenación los gastos para efectuar
la transacción, tales como: comisiones de compra y de venta, gastos notariales, de
registro y otros, deducción que se limita como máximo al equivalente del quince por
ciento (15%) del valor de la enajenación.
Se infiere de lo antes desarrollado que, el empleado que transfiera a título oneroso
las acciones adquiridas con una opción, deberá considerar el resultado de dicha
operación como de capital. Es decir, asumiendo, que el resultado sea una ganancia,
sobre la misma deberá satisfacer el Impuesto sobre la Renta. Para ello se
considerará como valor de la operación el convenido por las partes.
[45]
Para efectos de la determinación del impuesto a pagar tan sólo podrá deducir el
costo de la acción entendido éste como el valor en libros, y los gastos de
transacción. Estos gastos no podrán exceder el quince por ciento (15%) del valor de
la enajenación.
Al resultado de deducir al valor de la enajenación el costo y gastos relacionados, se
aplica un diez por ciento (10%) como tarifa del Impuesto sobre la Renta por
ganancias de capital (conforme el artículo 92 del cuerpo legal citado).
H. Aspectos internacionales
Conforme Torres30, en materia internacional, el hecho que los beneficios que percibe
un trabajador de las Opciones sobre Acciones sean gravados a diferentes tiempos y
en diferentes países es materia de dificultades al momento de determinar el
gravamen. En efecto, puede existir un desfasamiento al momento de gravar los
beneficios:
Cuando la opción es otorgada por el empleador (grant date).
Cuando la opción está en condiciones de ser ejercida (se han cumplido
ciertas condiciones).
Cuando se ejerce; es decir, cuando se compra.
Cuando se enajenan las acciones.
Debido a estos diferentes momentos en que se puede generar el ingreso en distintos
países, existe la posibilidad de que dos países graven este beneficio en diferentes
momentos. Un ejemplo sería cuando el país de residencia considera el ejercicio de
las opciones como un salario y el país de la fuente grava la enajenación de acciones
como una ganancia de capital.
30 Torres, Damián Cecilio. Op. cit.
[46]
Cuando diferentes países gravan los beneficios de un plan de Opciones sobre
Acciones en diferentes momentos surge un problema de doble tributación, ya que el
país de residencia y el de la fuente no gravan el beneficio al mismo tiempo (estos
problemas son parcialmente resueltos mediante el acreditamiento de los impuestos
pagados en el extranjero).
En algunos casos, el gravamen en diferentes momentos puede causar que un país
niegue el acreditamiento de impuestos debido a que el ingreso se obtuvo en
diversos momentos, lo cual llevaría inevitablemente a una doble tributación.
Esta diferencia de tiempos puede también cuestionar soluciones para el ingreso,
existiendo casos en los que se da un doble gravamen o una doble exención.
El Comité Fiscal Internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), ha agregado comentarios al artículo 15 de su convenio modelo
a efecto de aclarar los posibles conflictos entre países miembros, en relación con los
ingresos obtenidos como consecuencia de la aplicación de los planes de opciones.
Dicho artículo 15 permite al país de fuente gravar no sólo el ingreso por salarios
pagados sino cualquier otro ingreso obtenido o realizado antes o después de la
presencia de la persona física si es derivado de servicios desempeñados en el país
de fuente. La condición en este artículo para gravar los ingresos en el país de fuente
es que el ingreso correspondiente sea derivado del empleo en ese país, sin importar
cuándo el ingreso fue pagado.
Por lo tanto, nuestro país estaría en posibilidades de gravar un ingreso derivado de
Opciones sobre Acciones cuando dicho ingreso se haya generado por realizar o
desempeñar un empleo en el país.
En ese mismo orden de ideas, la Comisión Europea31, señala que las cuestiones
relativas a la fiscalidad transfronteriza se deciden normalmente con arreglo a un
31 Comisión Europea. Op. cit.
[47]
sistema de convenios sobre doble imposición firmados por los países. La mayoría de
esos convenios (bilaterales) se basan en el Modelo de Convenio de la OCDE. Pero
este modelo no aborda específicamente el problema de la tributación de un
instrumento relativamente nuevo como son las Opciones sobre Acciones en
situaciones transfronterizas, a pesar de que los Estados miembros ya lo estaba
utilizando.
En el caso de nuestro país en particular, Guatemala, cabe señalar que no ha
suscrito ningún convenio sobre doble imposición con algún país. De dicha cuenta el
análisis del riesgo de incurrir en doble imposición internacional se encuentra limitado
a lo que disponga la legislación fiscal en cada país involucrado en la transacción.
Esa Comisión desarrolla algunas interpretaciones del Convenio de la OCDE dirigidas
a solucionar los problemas relativos a la tributación transfronteriza.
Definición del Tipo de Ingresos
El Modelo de Convenio de la OCDE32 distingue entre distintos tipos de ingresos que
conllevan, a su vez, tratamientos fiscales distintos. En el contexto de las Opciones
sobre Acciones entregadas a los trabajadores existen dos tipos de ingresos que
pueden ser de interés: los rendimientos del trabajo (artículo 15) y las ganancias de
capital (artículo 13).
Según el Modelo de Convenio de la OCDE33, el Estado que, en principio, grava los
rendimientos del trabajo, y por consiguiente el rendimiento del capital, es el de
residencia. No obstante, el artículo 15 y el artículo 23 del Modelo de Convenio
prevén que en los casos transfronterizos el país en el que se desarrolla la actividad
laboral tenga derecho a gravar la remuneración obtenida por dicha actividad. Para
evitar la doble imposición, el Estado de residencia podrá eximir del pago de los
32 Organization for Economic Co-Operation and Development. Centre for Tax Policy andAdministration. Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio. Cross-borderIncome Tax Issues Arising from Employee Stock Option Plans.http://www.oecd.org/dataoecd/35/53/33700277.pdf. Consulta: 24 de mayo de 2010.33 Organization for Economic Co-Operation and Development. Op. cit.
[48]
impuestos correspondientes a los ingresos de cualquier tipo de gravamen o bien
conceder un crédito fiscal para los impuestos abonados en el país de trabajo.
En general se considera que los rendimientos procedentes del empleo por cuenta
ajena son los que un individuo recibe en concepto de remuneración por parte de un
empresario en cuyo negocio está integrado y del que recibe órdenes. Para decidir si
un determinado beneficio es rendimiento del trabajo, resulta fundamental conocer la
relación funcional entre el beneficio y los servicios prestados. No debería importar la
forma en que se obtiene el beneficio (verbigracia: si se concede en efectivo o
mediante Opciones sobre Acciones), ni tampoco cuándo se paga o se devenga. El
trabajador puede recibir el beneficio resultante de una relación laboral una vez
finalizado el trabajo o bien antes de empezarlo.
Cada país establece la línea divisoria entre los rendimientos del trabajo y las
ganancias de capital en los diferentes momentos del ciclo de la vida de la opción que
considera adecuado, lo que puede causar problemas en el contexto internacional.
En atención a los siguientes extremos: a) una opción condicional de la que el
trabajador no puede disponer sólo representa la promesa de unos beneficios futuros;
b) resulta muy complicado valorar las Opciones sobre Acciones entregadas a los
trabajadores; c) la tributación sobre los beneficios totales de las opciones como
ganancia de capital no se basa en principios, sino que se considera un método
sencillo de conceder una ventaja fiscal; y, d) la mayoría de los países considera que
el ejercicio de una opción es el momento decisivo para distinguir entre rendimientos
del trabajo y ganancias de capital; es que se infiere que el ejercicio de las opciones
es el momento que, en el contexto internacional, marca el cambio de rendimientos
del trabajo a ganancias de capital.
Aunque en principio las normativas nacionales y las internacionales podrían ser
distintas, han de ser compatibles. Así pues, si bien a escala nacional podría ser
preferible la tributación en el momento del ejercicio, en los casos transfronterizos no
se debería prever la tributación en el momento de la concesión o de la entrega,
[49]
pues, con frecuencia, en el momento de la concesión no se puede prever si se
llegará a plantear un caso transfronterizo.
Período al que se Asigna el Beneficio
La Comisión Europea34 continúa indicando que en la mayoría de los casos, las
Opciones sobre Acciones se conceden como un incentivo, es decir, con vistas a
futuro. Pero en ocasiones también se conceden a modo de recompensa por
servicios prestados en el pasado, o, por motivos diversos, mirando en parte hacia el
pasado y en parte hacia el futuro.
Es imposible determinar a priori qué periodo laboral corresponde a las Opciones
sobre Acciones, pues depende de las condiciones concretas de cada plan.
Si la cantidad de opciones que se conceden está supeditada a ciertos indicadores de
éxito que miden un rendimiento pasado y los trabajadores entran en posesión de las
Opciones sobre Acciones sin condiciones en el momento de la concesión, es
probable que éstas se consideren una recompensa por servicios prestados en el
pasado.
Si las Opciones sobre Acciones se conceden a un individuo a su entrada en la
compañía, está claro que son un incentivo.
Cuando dos jurisdicciones fiscales distintas asignan períodos diferentes a las
Opciones sobre Acciones, es posible que se produzcan solapamientos y dobles
imposiciones.
Dado que el momento del ejercicio representa la línea divisoria más práctica para
diferenciar entre rendimientos del trabajo y ganancia de capital, las opciones podrían
considerarse una remuneración del trabajo entre la concesión y el ejercicio.
34 Comisión Europea. Op. cit.
[50]
Dado que esa fórmula podría también generar dificultades en su determinación, el
período laboral asociado a las opciones podría ser, en principio, el tiempo
transcurrido entre la concesión de las opciones y el momento en que el trabajador
entra en posesión de las mismas. En caso de que entre esos dos momentos el
empleado trabaje en más de un país, la base imponible se debería prorratear entre
dichos países.
Momento de la Imposición
Si en todos los países se aplicaran los principios antes relacionados (continúa
manifestando la Comisión Europea)35, que sugieren dividir entre rendimientos del
trabajo y ganancia de capital para asignar los ingresos a determinados períodos, la
tributación en momentos distintos no tendría que conducir, en teoría, ni a una doble
imposición ni a la falta de tributación.
La movilidad de los trabajadores va en aumento. Cada vez será más usual, por
ejemplo, que un trabajador se traslade temporalmente a filiales de su compañía en
otros países. Por tanto, también será cada vez más importante encontrar soluciones
a las dificultades que puedan surgir por las diferencias en la fiscalidad de las
Opciones sobre Acciones destinadas a los trabajadores.
Concluye al respecto, la Comisión Europea, que si se siguieran los principios antes
desarrollados sobre los impuestos transfronterizos y el uso de los convenios en
materia de doble imposición basados en el Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE,
se evitarían los problemas de la doble imposición y la falta de tributación.
I. Definición de Seguridad Social
Cabanellas36 define el seguro social (o seguridad social, para efectos del presente
estudio) como cada uno de los sistemas previsionales y económicos que cubren los
riesgos a que se encuentran sometidas ciertas personas, principalmente los
35 Comisión Europea. Op. cit.
[51]
trabajadores, a fin de mitigar al menos, o de reparar siendo factible, los daños,
perjuicios y desgracias de que puedan ser víctimas involuntarias, o sin mala fe, en
todo caso. Cuando todos los riesgos y todas las contingencias personales, familiares
y económicas se agrupan en un solo régimen de aseguración, entonces el seguro
social es el que ampara cualquier eventualidad adversa para el asegurado.
Por su parte, Martínez Vivot37 citando a la OIT, señala que por seguridad social se
entiende el conjunto de medidas adoptadas por la sociedad a fin de garantizar a sus
miembros, por medio de una organización apropiada, una protección suficiente
contra ciertos riesgos a los que se hallan expuestos y que les originan gastos
imprevistos. La misma se propone pues asegurar a cada trabajador o persona a su
cargo, por lo menos, medios de subsistencia que le permitan hacer frente a cada
contingencia que origine la pérdida involuntaria de ingresos del trabajador o que los
reduzca de tal manera, que no pueda cubrir las necesidades de su familia.
La Comisión Europea38 indica que los dos riesgos específicos para el trabajador
consisten en quedarse sin trabajar (paro forzoso) y el de sufrir alguna lesión física o
psíquica por la prestación de sus servicios (el accidente del trabajo o la enfermedad
profesional, e incluso los de una y otra especie sin origen laboral genuino). Por
extensión, los seguros sociales cubren riesgos o situaciones comunes a la
generalidad de las personas; tal la muerte, la invalidez y la maternidad (ésta por los
gastos que origina y la pérdida de jornadas que el alumbramiento impone a la madre
trabajadora), pero visto desde la peculiar posición del que trabaja y deja de ganar
para sí y para los suyos.
Establecidos con carácter público y asistencial, los seguros sociales se proponen
proteger a quienes viven de su trabajo o del ajeno, y que se encuentran en situación
de indefensión, sin considerar la debilidad económica momentánea del beneficiario.
Mediante el pago de una suma, por el sujeto asegurado, por el empresario
36 Cabanellas de Torres, Guillermo. Op. cit. Pág. 57637 Martínez Vivot, Julio J. Op. cit. Pág. 63338 Comisión Europea. Op. cit.
[52]
asegurador o por el Estado, se garantiza al beneficiario, frente a eventuales
disminuciones o pérdidas de su capacidad de trabajo, de su posibilidad de ganancia.
La seguridad social puede clasificarse de diversas índoles. Para efectos de este
trabajo interesa la que hace referencia a su financiamiento, dividiéndola en: a)
patronal, cuando la carga económica recae sólo en el sector empresarial; b) obrero-
patronal, si al desembolso del patrono se añade uno igual o menor del trabajador; c)
mixto, si a la contribución empresarial, o a la adicional obrera, se agrega la del
Estado.
Como se desarrollará en el apartado siguiente, la seguridad social guatemalteca se
encuadra, según esta clasificación, en la mixta, en cuanto a la contribución
empresarial y obrera, se agrega la del Estado.
Continúa manifestando el autor citado que para que los seguros sociales puedan
hacerse efectivos, a favor de los beneficiarios se precisa que los organismos
aseguradores, sean públicos o privados cuenten con recursos suficientes; por tanto,
hay que determinar las fuentes de ingresos y quiénes han de contribuir y en qué
proporción o cuantía.
Ante todo se concreta si el beneficiario del seguro ha de aportar. Aunque se alegue
que en parte se convierte en su propio asegurador, no deja de fomentar un sentido
de responsabilidad, sobre todo cuando el sujeto pasivo puede en determinados
límites facilitar o reducir las contingencias aseguradas. Menores vacilaciones se
suscitan acerca de la aportación empresarial, sin excepción impuesta donde el
seguro social rige obligatoriamente.
La aportación del Estado es sui géneris (única en su género), ya que los recursos
que lleve a la seguridad social tiene que haberlos extraído por el impuesto; por
explotar las fuentes naturales de riquezas vedadas a los particulares; de la masa
general de la población, a la que revierten luego de esa forma indirecta.
[53]
Los recursos estatales se consideran imprescindibles para completar las
contribuciones restantes, escasos por lo general, salvo gravando en exceso a los
empresarios, que cuentan con el expediente de recargar los precios; o, a los
trabajadores, que no encuentran víctima a quien trasladar los descuentos que se les
hagan por este concepto.
Para redimir o eximir al trabajador de toda contribución a los recursos de la
aseguración social se cita que el salario posee naturaleza alimenticia; por
consiguiente, no deben introducirse mermas en sumas que poseen un destino
personal y familiar preferente y hasta exclusivo.
Prevalece comúnmente el régimen que se apoya en las aportaciones de
empresarios, trabajadores y Estado, como interesados cada uno en los seguros
sociales, por el beneficio particular que los primeros obtienen, por la solidaridad que
cabe recabar de los segundos en su preservación económica e individual y por el
significado de una producción mejor y mayor para el Estado, junto con la paz social
interna derivada de una población con conciencia de su seguridad frente a
necesidades, penurias y desgracias.
En cuando al origen de los recursos destinados a financiar los sistemas de
seguridad social, Martínez Vivot39, los distingue en contributivos, cuando los
llamados a aportar o contribuir son los propios interesados o terceros directamente
vinculados con ellos, propios de los seguros sociales, y no contributivos, cuando los
recursos provienen de las rentas generales del Estado o de la afectación de alguna
fuente especial, y caracterizan a los seguros más asistenciales.
Sin embargo, en muchos países persiste un sistema mixto, con financiación de
origen contributivo en muchas contingencias mientras que en otras la respuesta es
dada por el Estado, que al atiende con recursos fiscales.
39 Martínez Vivot, Julio J. Op. cit. Pág. 659
[54]
J. Naturaleza Jurídica
El Código Tributario de Guatemala no incluye a las contribuciones al régimen de
seguridad social dentro del listado de las prestaciones al Estado que se consideran
tributos.
Dada esa aparente exclusión legal, cabe estudiar la naturaleza jurídica de esas
contribuciones a fin de determinar su adecuadamente tratamiento.
Sobre este tema, Ortiz Meyer40 señala que actualmente existen diversas teorías que
pretenden explicar la naturaleza jurídica de las contribuciones de seguridad social.
Sin embargo, todas coinciden en reconocer que las mismas son tributos y
pertenecen al Derecho Público. Esta concepción, continúa indicando, concuerda con
los principios jurídicos vigentes en Guatemala.
Dentro de las diferentes teorías se otorga la calificación a las cuotas de seguridad
social de impuestos, contribuciones especiales y contribuciones parafiscales.
Dicho autor indica que dentro del sistema jurídico guatemalteco, las contribuciones
de seguridad social pagadas por los patronos y por los trabajadores constituyen una
categoría distinta de tributos.
En virtud de que las cuotas de seguridad social implican la obtención de beneficios
para quienes las pagan, deben ser consideradas como contribuciones especiales.
K. Hecho Generador
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, se crea una institución autónoma, de derecho público, con
personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
40 Ortiz Meyer, Juan Pablo. Aplicación Supletoria de las Normas del Código Tributario a lasContribuciones Obligatorias al Régimen de Seguridad Social, Universidad Rafael Landivar.Guatemala. 1997.
[55]
obligaciones, cuya finalidad es la de aplicar en beneficio del Pueblo de Guatemala y
con fundamento en el artículo 63 de la Constitución Política de la República (la
promulgada en el año 1945, correspondiendo al artículo 100 de la vigente), un
régimen nacional, unitario y obligatorio de Seguridad Social de conformidad con el
sistema de protección mínima. Dicha institución se denomina “Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social”.
Conforme la parte conducente del artículo 27 de la referida ley, todos los habitantes
de Guatemala que sean parte activa del proceso de producción de artículos o
servicios, están obligados a contribuir al sostenimiento del régimen de Seguridad
Social en proporción a sus ingresos.
A efecto de llevar a la práctica el objetivo final ordenado, el Instituto goza de amplia
libertad de acción para ir incluyendo gradualmente dentro de su régimen a la
población de Guatemala, de conformidad con la regla, entre otras: debe empezar
sólo por la clase trabajadora; debe procurar extenderse a toda la clase trabajadora
en todo el territorio nacional, antes de incluir dentro de su régimen a otros sectores
de la población; y, los reglamentos deben determinar el orden, métodos y planes que
se han de seguir para aplicar correctamente los principios.
En ese orden de ideas, el artículo 38 de esa misma ley señala que el régimen de
Seguridad Social debe financiarse, durante todo el tiempo en que sólo se extienda y
beneficie a la clase trabajadora o a parte de ella, por el método de triple contribución
a base de las cuotas obligatorias de los trabajadores; de los patronos y del Estado.
Por su parte, el artículo 39 de la ley citada señala que los reglamentos deben
determinar en cada caso, el monto de las cuotas o contribuciones, de acuerdo con el
costo total que para los respectivos beneficios establezcan las estimaciones
actuariales, así como la manera y momento de cobrar o de percibir aquéllas y el
procedimiento o normas que se deben seguir para calcularlas.
[56]
Dentro del costo total, quedan comprendidos el pago de prestaciones, los gastos
administrativos y la capitalización de obligaciones. En la etapa prevista en que el
régimen se extienda y beneficio a la clase trabajadora o a parte de ella, se deben
observar las siguientes reglas: las tres partes deben contribuir a sufragar el costo
total de los beneficios que en determinado momento se den, en la siguiente
proporción:
a. Trabajadores: 25%
b. Patronos: 50%
c. Estado: 25%.
Sin embargo, dichas proporciones pueden ser variadas si se trata de la protección
contra riesgos profesionales, de trabajadores que sólo devenguen el salario mínimo;
o si se trata de trabajadores que por su elevado nivel de salarios tienen mayor
capacidad contributiva que el promedio de trabajadores.
Las cuotas de los patronos no pueden ser deducidas de los salarios de los
trabajadores y es nulo ipso jure (de pleno derecho) todo acto o convenio en
contrario.
El Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen de Seguridad
Social41, establece las normas para recaudar las contribuciones que deben pagar los
patronos, los trabajadores y el Estado, para financiar los Programas de cobertura del
Régimen de Seguridad Social (según el artículo 1 del mismo).
En cuanto a la modalidad de pago de dichas contribuciones, ese Reglamento indica
(artículos 3 y 4) que el patrono está obligado a descontar las contribuciones de
seguridad social a sus trabajadores, para enterarlas al Instituto junto con la
contribución patronal.
41 Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Acuerdo 1118. Reglamento sobreRecaudación de Contribuciones al Régimen de Seguridad Social.
[57]
El patrono deducirá a cada trabajador, en el momento de pagar su salario, el importe
de la cuota que le corresponde.
Lo que resulta importante resaltar es lo que consigna ese Reglamento en cuanto a la
base de cálculo de dichas cuotas. Al respecto indica (artículo 4) que el cálculo
recaerá sobre el salario total del trabajador.
Posteriormente define salario total, indicando que se entiende por tal, a la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijado por acuerdo o por la ley y debida
por un empleador a un trabajador, en virtud de un contrato o relación laboral, por el
trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya
prestado o deba prestar.
Se exceptúan los pagos que se hagan a la terminación del contrato o relación de
trabajo en concepto de indemnización y compensación de vacaciones en dinero, el
aguinaldo que se paga anualmente a los trabajadores, así como la bonificación
incentivo.
Tampoco está afecto a las contribuciones del Régimen de Seguridad Social, el
salario que el patrono pague a sus trabajadores en concepto de complemento al
subsidio por incapacidad temporal reconocido por el Instituto, por accidente o por
enfermedad.
Las cuotas de trabajadores que por cualquier motivo no hayan sido descontadas
oportunamente de sus salarios, serán de cargo exclusivo del patrono.
De acuerdo al procedimiento de recaudación antes descrito y la definición de salario
antes desarrollada, contemplados ambos en el Reglamento sobre Recaudación de
Contribuciones al Régimen de Seguridad Social, se infiere que el patrono ha de
retener del salario total de sus trabajadores las cuotas que les corresponden y
enterarlas junto con las propias.
[58]
Bajo la premisa que las Opciones sobre Acciones conforman el salario, las mismas
formarán parte de la base de cálculo de las prestaciones al Régimen de Seguridad
Social. Para ello se tomará en cuenta la retribución obtenida por el empleado al
ejercer la opción. Es decir que el resultado del ejercicio de la opción sobre acciones
estaría sujeto a retención del aporte laboral al Régimen de Seguridad Social y se
tomaría como referencia para el aporte patronal. Resulta necesario señalar
nuevamente el hecho que sólo se reconocerá ingreso gravable para el empleado el
precio de adquisición de las acciones al momento de ejercer la acción; y,
únicamente en los casos en que el patrono haya reconocido un cargo de regreso
(charge back) a una tercera compañía a quien corresponde las acciones.
Las contribuciones se determinarían aplicando sobre los salarios totales el percentil
de 4.83 para el aporte laboral, 10.67 para el aporte patronal y 2.5 (más un 25% del
total de los pagos efectivos por concepto de prestaciones otorgadas según el
Reglamento sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia) para el
aporte estatal. Sobre este último cabe señalar que se calcula tanto sobre el total de
salarios de los trabajadores de patronos particulares como de los propios.
Dichos porcentajes son el resultado de sumar los correspondientes a cada programa
de protección del Régimen de Seguridad Social, de la manera siguiente:
Programa de Enfermedad y Maternidad
Conforme el artículo 62 del Acuerdo 410 del Reglamento sobre Protección Relativa a
Enfermedad y Maternidad42, las contribuciones se computan en las proporciones
siguientes:
a. Patronos particulares y el Estado como patrono: 4%
b. Trabajadores: 2%; y,
c. Estado como tal: 7%
[59]
Programa de Accidentes
De acuerdo al artículo 46 del Reglamento sobre Protección Relativa a Accidentes43,
las contribuciones para cubrir el costo se computan en las proporciones siguientes:
a. Patronos particulares y el Estado como patrono: 3%
b. Trabajadores: 1%; y,
c. Estado como tal: 5.5%
Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia
El Reglamento sobre Protección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia44, por su
parte indica que las contribuciones se computan en las proporciones siguientes:
a. Patronos particulares y el Estado como patrono: 3.67%
b. Trabajadores: 1.83%; y,
c. Estado como tal: 5.5%.
L. Afección
Bajo la premisa de que la opción sobre acciones constituye parte integral del salario
y este a su vez viene a ser la base de cálculo de las cuotas de seguridad social, se
concluye que determinada la ganancia obtenida sobre la opción se calculará sobre
ésta la carga correspondiente (cuota patronal y del trabajador).
Sin embargo, a este respecto cabe una aclaración: nuestra legislación reconoce una
modalidad de retribución al empleado que busca incentivar su productividad y que se
encuentra exenta de las cuotas de seguridad social. Esta modalidad ya se reconoce
42 Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Acuerdo 410. Reglamento sobreProtección Relativa a Enfermedad y Maternidad.43 Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Acuerdo 1002. Reglamento sobreProtección Relativa a Accidentes.44 Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Acuerdo 1124. Reglamento sobreProtección Relativa a Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.
[60]
en algunos casos como el concepto bajo el cual se otorga a los empleados Opciones
sobre Acciones.
Como el presente trabajo no pretende ser una guía tributaria de aplicación general,
determinar si esa exención aplica corresponderá a la interpretación de la norma
aplicable al caso concreto.
[61]
CAPITULO IV. PRESENTACION, DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS
ANALISIS JURISPRUDENCIAL (ESPAÑA)
A. Definición
Echaiz Moreno45 indica que la sentencia 3295/2000 del Tribunal Supremo de España
del 24 de octubre de 2001 menciona que las stock options son un “derecho que, de
forma onerosa o gratuita, confiere el empresario al empleado para que éste, en un
plazo determinado, pueda adquirir acciones de la propia compañía o de otra
vinculada, estableciéndose para ello un precio, frecuentemente el valor de la acción
en bolsa el día que se otorga el derecho”.
Como puede observarse, esta definición judicial comparte la línea de las antes
desarrolladas.
B. Naturaleza
Afirma la jurisprudencia española, de acuerdo a Barros46, que la naturaleza de las
Opciones sobre Acciones es la de salario.
Aunque las sentencias que han versado sobre al asunto reconocen que no cabe
hacer un tratamiento único e indiferenciado para la gran diversidad de situaciones y
el entramado de derechos y obligaciones que pueden surgir entre las partes con
motivo de la suscripción de planes de opción sobre acciones, todas ellas confirman
el carácter salarial de la entrega de Opciones sobre Acciones a empleados. Según
ese mismo autor, los argumentos en los que el Tribunal Supremo de España
fundamenta esa conclusión son los siguientes:
45 Echaiz Moreno, Sandra Violeta. Op. cit.46 Barros García, Mario. Op. cit.
[62]
Los planes de opciones tienen un marcado carácter retributivo como incentivo
laboral, ya que tienen como objetivo incrementar el compromiso de los
empleados con la compañía y mejorar sus resultados económicos;
Estos planes evidencian la vinculación entre la actividad laboral del empleado,
su esfuerzo y dedicación y la obtención de un beneficio derivado del ejercicio
de la opción;
La incertidumbre respecto al resultado económico del ejercicio de la opción no
desvirtúa la naturaleza salarial de lo que se percibe, si llega a cobrarse, pues
como sucede en el caso de los bonus puede ocurrir que su devengo no tenga
una relación directa con la actividad del trabajador;
La indeterminación y variabilidad de la cantidad resultante del ejercicio de la
opción no le priva de su naturaleza salarial, por cuanto la entrega de las
opciones trae causa de la relación laboral con el empleado; y,
El artículo del Estatuto de los Trabajadores (el equivalente al Código de
Trabajo de Guatemala) que define el concepto de salario, establece algunas
contraprestaciones laborales que quedan excluidas de la calificación como
salario: indemnizaciones o suplidos por gastos, prestaciones e
indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones derivadas de
despidos, traslados o suspensiones de contrato.
Conforme al criterio de ese Tribunal, la entrega de Opciones sobre Acciones
no tiene cabida en ninguna de esas exclusiones; por el contrario, esa entrega
encaja en el artículo del Estatuto de los Trabajadores que hace referencia a
“complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las
condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y
resultados de la compañía, que se calcularán conforme a los criterios que se
pacten”.
[63]
Incluso ese Tribunal llegó a afirmar que “la utilidad patrimonial que obtiene el
beneficiario de la opción está así constituida por la diferencia entre el precio de la
acción en el mercado en el momento de la adquisición y el precio de ejercicio
pactado”. De ello deriva que, aunque las Opciones sobre Acciones tengan un
indudable contenido económico, para que exista retribución, es necesario que el
trabajador ejercite los derechos de opción que le han sido concedidos,
materializándose, entonces, el lucro salarial en la forma indicada.
C. Afección Tributaria
Momento del Devengo / Afección al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas / Aplicación de Reducciones
La sentencia 8/2008 del Tribunal Supremo de España del 30 de abril de 200947,
señala en su parte fundamental que el art. 17.1.2.a) de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su redacción
original aplicable en el ejercicio de 1999 y que se refiere a los rendimientos netos de
trabajo, dispone:
“1. El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento
íntegro en el importe de los gastos deducibles. Los rendimientos íntegros se
computarán, en su caso, previa aplicación de los porcentajes de reducción a los que
se refiere el apartado siguiente.
2. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad,
excepto que les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes:
a) El 30 por 100 de reducción, en el caso de rendimientos que tengan un
período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma
periódica o recurrente, así como aquéllos que se califiquen
47Tribunal Supremo de España. Sala de lo Contencioso. Número de Recurso: 8/2008. Cuestión de
Ilegalidad. Sentencia. Consulta: 26 de febrero de 2011.
[64]
reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el
tiempo.”
En desarrollo de esta disposición, el art. 10.3 del Real Decreto 214/1999, de 5 de
febrero, por el que se aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (este impuesto conocido también por sus siglas IRPF), añade “A
efectos de la reducción prevista en el art. 17.2.a) de la Ley del Impuesto, se
considerará rendimiento del trabajo con período de generación superior a dos años y
que no se obtiene de forma periódica o recurrente, el derivado de la concesión del
derecho de opción de compra sobre acciones o participaciones a los trabajadores,
cuando solo puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su concesión,
si, además, no se conceden anualmente”.
Del art. 17.2.a) de la Ley 40/1998 se deduce que es aplicable la reducción del 30 por
100 sobre los rendimientos íntegros de trabajo cuando se cumplen dos requisitos:
que su período de generación sea superior a dos años y que no se obtengan de
forma periódica o recurrente. De acuerdo con este precepto, los rendimientos que
inicialmente pudieran tener el carácter de rendimiento con un período de generación
superior a dos años perderán la reducción del 30% si se trata de retribuciones que
se “devengan” con una periodicidad determinada o que tienden a repetirse en el
tiempo, aunque no coincida el espacio de tiempo entre una y otra retribución.
Del art. 10.3 del Reglamento del IRPF resulta que los requisitos exigidos en el art.
17.2.a) se consideran cumplidos si el derecho de opción de compra sobre acciones
o participaciones concedido a los trabajadores sólo puede ejercitarse transcurridos
más de dos años desde su concesión, siempre y cuando no se reconozca al
trabajador la posibilidad de resultar beneficiario de la concesión de opciones con
periodicidad anual.
La primera exigencia reglamentaria de que las opciones se ejerciten una vez
transcurridos más de dos años desde su concesión ya ha sido objeto de análisis en
la sentencia de 9 de julio de 2008 (Cuestión de ilegalidad num. 5/2007), que declaró
[65]
que el art. 10.3 del Reglamento del IRPF, es nulo de pleno derecho en el inciso que
establece “… cuando puedan ejercitarse transcurridos más de dos años desde su
concesión”.
Lo que se plantea por la cuestión de ilegalidad promovida por la misma Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, es la no aplicación de la limitación reglamentaria relativa a que las
opciones de compra de acciones no se conceden anualmente, por entender que se
trata de una previsión no contemplada ni en la letra ni en el espíritu de art. 17.2.a) de
la Ley 40/1998, que carece de cobertura normativa, con la consiguiente infracción de
los principios de reserva legal y jerarquía normativa.
Analiza el Tribunal Supremo que los términos del art. 17.2.a) de la Ley antes referida
no dan lugar a duda alguna ya que, tratándose de los rendimientos de trabajo, para
que proceda la reducción se requiere la concurrencia de dos requisitos: a) su
irregularidad, esto es, la generación en un período superior a dos años y b) su
carácter inhabitual, de modo que quedarían fuera de la norma unos beneficios
ganados en plazos superiores pero en intervalos constantes. Hará falta, además,
que en la concesión de las opciones de compra sobre sus acciones a los
empleados, la compañía no reconozca al trabajador el derecho a ser beneficiario de
la concesión de las opciones de compra con una periodicidad anual o por menor
tiempo; es decir, que la posibilidad de resultar beneficiario de la concesión de opción
de compra no se produzca de forma periódica o recurrente.
El art. 10.3 del Reglamento en cuestión precisa esa previsión legal para las
ganancias que emanen de las opciones de compra sobre acciones y participaciones
sociales atribuidas a los trabajadores de una compañía, a los que se les aplica la
reducción del 30% siempre y cuando: a) el derecho de opción sólo puede ejercitarse
transcurrido más de dos años desde su otorgamiento y, además, b) no se concedan
anualmente. En realidad, el Reglamento no añade nada nuevo a la Ley en lo que se
refiere a los dos requisitos citados (ejercicio en un plazo superior a dos años y de
forma inconstante), pero se separa de las previsiones del legislador al añadir una
[66]
exigencia inexistente en la previsión de la Ley, ya que no exige únicamente la
irregularidad en la generación de los rendimientos íntegros de las rentas de trabajo
en especie y el carácter esporádico del ejercicio de la opción, sino, además que no
se concedan anualmente. Una interpretación literal de la dicción del art. 10.3 del
Reglamento podría llevar a entender que la renta se devenga y, en consecuencia, es
imputable en el momento de la concesión, llevándonos al “absurdum”, pues la Ley
40/98 no grava meras expectativas de derechos, sino rentas reales y efectivas.
Continúa considerando ese Tribunal que, en la actualidad, en la medida en que la
Ley 46/2002 reitera que el rendimiento deriva del ejercicio de la opción de compra,
no tendría mucho sentido intentar oponer a la dicción de los arts. 17.2.a) y 44 bis de
la Ley, con arreglo a los cuales el rendimiento deriva del ejercicio de la opción de
compra, la redacción del art. 10.3 del Reglamento del que parece desprenderse que
el devengo de la retribución en especie se sitúa en el momento de su concesión,
sobre todo cuando no hay elementos que permitan sostener que el precepto
reglamentario se refiere a algo distinto de lo contemplado en los preceptos de rango
legal.
El reglamento del IRPF ha ido más allá de la Ley de la materia pues para que las
rentas de trabajo en especie derivadas de una “stock options” puedan beneficiarse
de la reducción no resulta suficiente, como quiere la Ley, que se generen de forma
no periódica ni recurrente en un lapso superior a dos años, sino que, además resulta
menester, por determinación reglamentaria, que los derechos de compra sobre
acciones, no se concedan en años sucesivos. Lo que está haciendo el Reglamento
es regular e introducir “ex novo” una limitación no contemplada por la Ley respecto
de los rendimientos irregulares por período de generación superior a los dos años,
para el supuesto de que se trate de rendimientos derivados del ejercicio de derecho
de opción sobre acciones concedidas por el empleador al trabajador. Consideramos,
continúa manifestando el Tribunal, que esta previsión reglamentaria no está
amparada por la Ley, cuyas únicas limitaciones se refieren al período de generación
o a la limitación temporal que debe incluirse en el ejercicio la concesión. El
fundamento de la irregularidad está centrado por la Ley en el período de generación.
[67]
El exceso reglamentario se hace patente claramente en aquellos casos en que, en
años sucesivos, se otorgaron opciones de compra sobre acciones que los
trabajadores no podían hacer efectivos sino cuando hubiera transcurrido un bienio
desde la respectiva concesión pero en los que la opción se ejercitó de una vez
transcurridos, efectivamente, más de dos años después de su concesión habría que
pensar que en estos casos los rendimientos obtenidos no habían estado sujetos a
periodicidad, con lo que, en principio, se cumplían los requisitos exigidos por la Ley.
Sin embargo, como quiera que las concesiones de los derechos de opción de
compra se otorgaron en años sucesivos, se perdía el beneficio de la reducción como
consecuencia de la limitación reglamentaria objeto de análisis. Y es que el exceso
radica en que el art. 10.3 del Reglamento hace depender, erróneamente, la
reducción de los rendimientos del trabajo de la periodicidad de las sucesivas
concesiones de las opciones y no del ejercicio o materialización de éstas. De este
modo el Reglamento parece olvidar que los rendimientos derivados del ejercicio de
los “stock options” se devengan al tiempo de ejercitarse la opción y adquirirse las
acciones pues es entonces cuando puede saberse si existe rendimiento y la cuantía
exacta del mismo. El rendimiento en los “stock options” no es concesión de la opción
en sí mismo considerada (mera expectativa) sino el que se deriva para el trabajador
en el momento de hacer aquella efectiva. Este criterio es el que ha tenido una
consolidación legal expresa a partir de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre. En
consecuencia, si se otorgan o conceden las opciones en años sucesivos, pero se
ejercitan o materializan de una sola vez, obteniendo unos rendimientos no sujetos a
periodicidad, sería aplicable la reducción del 30%.
En definitiva, ese Tribunal, concluyó que el art. 10, apartado 3, del Reglamento del
IRPF, al añadir para obtener la reducción un requisito no previsto en el art. 17,
apartado 2, letra a), de la Ley, vulnera la reserva de Ley en materia tributaria (arts.
31, apartado 3, de la propia norma fundamental). Adolece, pues, de un vicio de
nulidad (art. 62, apartado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
[68]
Común). En consecuencia, procede declarar la ilegalidad del inciso final “si además,
no se conceden anualmente” del art. 10.3 del Reglamento de constante referencia.
En muy similares términos ese mismo Tribunal falló en la Cuestión de Ilegalidad
cuyo ponente fue Juan Gonzalo Martínez Mico48.
Discriminación en el trato de rentas irregulares procedentes del trabajo
personal, frente a las procedentes de otros conceptos que forman parte del
hecho imponible del IRPF
La sentencia 4705/2003 del Tribunal Supremo de España del 8 de julio de 201049,
fue dictada dentro del recurso de casación presentado en contra de la sentencia
dictada el 23 de junio de 2005, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso administrativo
número 1163/2002.
La cuestión litigiosa giró en torno a las dudas de constitucionalidad que manifiesta la
parte actora respecto de la reducción introducida por la Ley de Acompañamiento
55/19999, que supuso un sustancial límite a la reducción del 30% al reformar el art.
17.2 de la Ley del IRPF. Por lo que a su entender procedía rectificar su declaración
de forma que la reducción del 30% se aplique sobre las cantidades obtenidas por el
contribuyente sin la limitación introducida por la Ley 55/1999. Fundamentó su
demanda en la inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Duodécima, de la
Disposición Final Segunda y del artículo 1.5 de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre,
dada su no adecuación a los principios constitucionales de seguridad jurídica,
capacidad económica y reserva de ley en materia tributaria, por lo que solicita a
tenor de lo dispuesto en el art. 35 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del
48Tribunal Supremo de España. Sala de lo Contencioso. Número de Recurso: 13/2008. Cuestión de
Ilegalidad. Sentencia. Consulta: 26 de febrero de 2011.
49Tribunal Supremo de España. Sala de lo Contencioso. Número de Recurso: 4705/2003. Recurso
de Casación. Sentencia. Consulta: 26 de febrero de 2011.
[69]
Tribunal Constitucional, plantear ante el Tribunal Constitucional cuestión de
inconstitucionalidad de las citadas normas.
El único motivo de casación hecho valer se articula al amparo del art 88.1.d) de la
LJCA. La cuestión se centra en el tratamiento fiscal que corresponde al Programa de
Telefónica España, S.A., de incentivos a directivos, mediante el cual se recibiría una
compensación económica en metálico determinada en función de la apreciación
registrada por las acciones de la entidad, desde la adhesión al programa abril o
primeros días de mayo, antes del 14 de mayo de 1997 a 25 de febrero de 2000.
Las normas cuestionadas son las siguientes, artículos de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:
1) Artículo 1.5 de la citada Ley, que establece:
“Artículo 1. Modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias. Con efectos desde 1 de
enero del año 2000, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias: Cinco. El art. 17.2.a) quedará redactado como sigue:
2. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad,
excepto que les sea de aplicación alguna de las reducciones siguientes:
a) El 30 por 100 de reducción, en el caso de rendimientos que tengan un período
de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o
recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos
de forma notoriamente irregular en el tiempo.
El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se
cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de
fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
[70]
La cuantía del rendimiento sobre la que se aplicará la reducción del 30 por 100 no
podrá superar el importe que resulte de multiplicar el salario medio anual del
conjunto de los declarantes en el IRPF por el número de años de generación del
rendimiento. A estos efectos, cuando se trate de rendimientos obtenidos de forma
notoriamente irregular en el tiempo, se tomarán cinco años.
Reglamentariamente se fijará la cuantía del salario medio anual, teniendo en cuenta
las estadísticas del impuesto sobre el conjunto de los contribuyentes en los tres años
anteriores.
2) En segundo lugar, la disposición transitoria duodécima de la citada Ley, sobre
“Régimen transitorio de la modificación introducida en el art. 17.2.a) de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
otras Normas Tributarias, según el cual
“La modificación introducida en el art. 17.2.a) de la Ley, será aplicable a los
rendimientos devengados hasta el día 1 de octubre de 1999.
A estos efectos, la cuantía del salario medio correspondiente a 1999 será 2.500.000
pesetas.
3) Finalmente, la Disposición Final Segunda, sobre “Entrada en vigor”, a cuyo
tenor “La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero del año 2000”.
Debe advertirse que la Disposición Transitoria Duodécima, tiene transcendencia
respecto de los rendimientos devengados desde el 1 de octubre de 1999, relativos al
ejercicio de 1999. Por lo que queda, como ya se indicó ut supra al margen del caso
concreto sobre el que debe hacerse el juicio de relevancia, en tanto que se trata de
rendimientos devengados en el ejercicio de 2000.
Brevemente para significar que la parte recurrente considera que las transcritas
normas vulneran:
[71]
- Art. 9.3 de la Constitución, la seguridad jurídica.
- Art. 14 de la Constitución, en relación con el art. 31.1 del mismo texto.
- Art. 31.1 de la Constitución, principio de capacidad económica.
- Art. 31.3, 133 y 134.7 de la Constitución, principio de reserva de ley.
Los principales aspectos estudiados por ese Tribunal se resumen a continuación:
El Auto del Tribunal Constitucional 245/2009, de 29 de diciembre, inadmitió la
cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto del expresado art. 17.2 de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, por considerarla notoriamente infundada. Las
cuestiones que se planteaban eran similares, cuando no idénticas, a las propuestas
por la parte recurrente en el presente recurso de casación, al punto que afirma la
parte recurrente que la norma otorga un trato discriminatorio a las rentas irregulares
procedentes de trabajo personal, frente a las procedentes de otros conceptos que
forman parte del hecho imponible del IRPF, proponiendo como términos de
comparación el diferente trato que se recibe respecto de los rendimientos irregulares
procedentes del capital mobiliario e inmobiliario y de las actividades económicas,
discriminación también por el origen o fuente y, por último, diferente trato de los
rendimientos procedentes de las opciones a favor de los empleados y los que
pudieran otorgarse por actividades profesionales.
Dicho auto se pronuncia en el sentido de que -la igualdad “en la ley” impone al
legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en
situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el
punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación
objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación.
Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en definitiva, las desigualdades que
resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y
razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados, por lo que
para que sean constitucionalmente lícita la diferencia de trato, las consecuencias
jurídicas que se deriven de tal distinción deben ser proporcionadas a la finalidad
[72]
perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o
desmedidos-
Rechazando el citado auto la cuestión de inconstitucionalidad planteada porque en
definitiva “No cabe duda de que el límite introducido en la reducción de los
rendimientos del trabajo irregulares no sólo afecta a quiénes muestran una mayor
capacidad económica, siendo, por tanto acorde a este principio, sino que, en la
medida que se aplica por igual a todos los preceptores de rendimientos del trabajo
irregulares, no genera discriminación alguna contraria al principio de igualdad. Y no
lo genera porque no cabe comparar -cual pretende el órgano judicial- situaciones
disímiles, como sería la comparación entre una renta irregular del trabajo y una renta
irregular del capital. El establecer un límite a un beneficio fiscal (la reducción del
30%) por razones de justicia tributaria sobre una misma clase de rentas (irregulares
del trabajo) es una opción legislativa que en modo alguna afecta al principio de
igualdad en la contribución a las cargas públicas, sencillamente, y de un lado,
porque se gravan de forma igual situaciones iguales (rentas del trabajo irregulares) o
de forma distinta situaciones diferentes (renta de ahorro o ganancias patrimoniales);
y, de otro, porque existe una justificación objetiva y razonable que legitima una
medida. No debemos olvidar que la igualdad ante la Ley o en la Ley impone al
legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en
situaciones jurídicas iguales (preceptores de rendimientos irregulares de trabajo),
con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista de la finalidad de la
norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable o resulte
desproporcionada en relación con dicha justificación.
El principio de reserva de ley ha sido precisado en distintas ocasiones por el Tribunal
Constitucional, puede consultarse la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC, por
sus siglas) 221/1992, de 11 de diciembre. La Constitución de España se ha
pronunciado en esta materia de una manera flexible, descartando el establecimiento
de una reserva absoluta, como la existente respecto a otros sectores del
ordenamiento, y ha optado por incorporar una reserva relativa. La citada reserva
comprende la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos
[73]
esenciales o configuradores del mismo, que pertenecen siempre al plano o nivel de
la Ley y no pueden dejarse nunca a la legislación delegada y menos todavía a la
potestad reglamentaria (STC 6/1983 y 19/1987).
La Ley contiene criterios claros y suficientes para realizar la determinación
cuantitativa y no solo criterios genéricos y evanescentes que hagan posible que la
actuación de la Administración se aparte del dictado legal y deriva una actuación
libre desconectada del mandato legal y no sometida a límite alguno. Cuando
reglamentariamente se establece que “Con efectos desde el 1 de enero de 2000, se
añade un nuevo apartado 4 al artículo 10 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, … con la siguiente redacción : -4. La cuantía del
salario medio anual del conjunto de los declarantes del Impuesto a los efectos de la
aplicación de la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 17.2.a) de la Ley
del Impuesto será de 2.600.000 pesetas-, no basta para el éxito de la pretensión
actora negarle objetividad o tacharla de indeterminada, puesto que se limita a
cumplir el mandato legal dentro de los márgenes vistos, no necesita más
justificación, puesto que en todo caso el problema se desenvolvería en una cuestión
meramente técnica y probatoria, cual es acreditar que efectivamente la suma fijada
no responde al mandato legal, bien porque supera el margen establecido, bien por
encontrarse lejana a la aproximación que implícitamente se deriva de los términos
legales.
[74]
CONCLUSIONES
A. En el Derecho guatemalteco no existe norma jurídica alguna que discipline el
régimen de concesión a empleados de derechos de opción sobre acciones.
Sin embargo, el aspecto técnico contable sí es regulado por la Sección 26 -
Pagos Basados en Acciones de las Normas Internacionales de Información
Financiera -NIIF- para Pequeñas y Medianas Empresas -PYMES-, estas
últimas, adoptadas por el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y
Auditores como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
B. La entrega de Opciones sobre Acciones a empleados ha de calificarse como
salario en especie, dada su naturaleza de retribución no dineraria que se
reconoce al empleado por el desempeño de sus labores. Esto bajo el
supuesto que el patrono es a su vez la compañía a la que corresponden las
acciones; o, que el patrono reconoció un cargo de regreso (charge back) a
una tercera compañía a quien corresponde las acciones.
C. Las implicaciones fiscales de las Opciones sobre Acciones otorgados a
empleados en cuanto al Impuesto sobre la Renta, consisten en:
1. Que el ingreso obtenido por el empleado por ejercer la opción de compra de
las acciones será gravable por el Impuesto sobre la Renta al momento del
ejercicio y de acuerdo a la base progresiva de tarifas estatuida para el
régimen aplicable. La base gravable será la diferencia entre el valor de
mercado y el costo de adquisición de las mismas.
2. Que el ingreso obtenido por el empleado al enajenar las acciones adquiridas
será gravable al impuesto como una ganancia de capital. La tarifa aplicable
en tal caso dependerá del régimen al que se encuentre afiliado a ese
momento.
3. Que el gasto incurrido por el empleador por el otorgamiento de Opciones
sobre Acciones a sus empleados, será deducible en el cálculo del Impuesto
[75]
sobre la Renta, siempre que se cumplan los requisitos aplicables al cálculo y
retención de dicho impuesto; se paguen las contribuciones de seguridad
social correspondientes; esté documentado legalmente; esté registrado
contablemente; y, se encuentre reportado al fisco dentro del período
impositivo que corresponda.
D. Mientras Guatemala no suscriba convenios sobre doble imposición, podría
introducir modificaciones a la ley que regula el Impuesto sobre la Renta
tendientes a evitar la doble imposición internacional en las Opciones sobre
Acciones.
E. La implicación fiscal de las Opciones sobre Acciones en cuanto al régimen de
seguridad social consiste en que el ingreso obtenido por el empleado al
ejercer la opción de compra, derivado de su naturaleza salarial, estaría sujeto
a la cuota patronal y del empleado de contribución al régimen.
F. Por ultimo cabe concluir que en la práctica y por lo general, las empresas que
reconocen esta modalidad de remuneración cuentan con su propia política y
que en muchas ocasiones definen la parte fiscal, independientemente de las
legislaciones locales.
[76]
RECOMENDACIONES
A. Se decrete una Ley Marco de las Opciones sobre Acciones Otorgadas a
Empleados, para propiciar la constitución de estos planes dentro de un marco
legal y proteger los distintos intereses de las partes involucradas.
B. La inclusión específica en el Código de Trabajo de las Opciones sobre
Acciones como modalidad de pago del salario a empleados.
C. Mientras el Estado de Guatemala no suscriba convenios internacionales
sobre doble imposición, que introduzca modificaciones a la ley que regulael
Impuesto sobre la Renta tendientes a evitar la doble imposición internacional
en las Opciones sobre Acciones.
D. Que se modifique la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de que preceptúe
el procedimiento a seguir en la determinación del impuesto a cargo del
empleado cuando la renta que éste obtenga se origine de Opciones sobre
Acciones; e, incluya dentro de los gastos deducibles en el cálculo del
impuesto que corresponde a empleadores, los incurridos en el otorgamiento
de Opciones sobre Acciones a sus empleados.
E. Que las autoridades del ramo laboral se preparen para asesorar a empleados
y empleadores en la implementación de las Opciones sobre Acciones como
parte de su esquema remunerativo.
F. Que se incluya en los pensum universitarios de Derecho Laboral y Tributario,
el estudio de las Opciones sobre Acciones, sus ventajas e implicaciones.
G. Que se cree un marco jurídico general de las Opciones sobre Acciones
tomando como referencia para el efecto el modelo de Anteproyecto de la Ley
de las Opciones sobre Acciones para los Trabajadores que se acompaña
como Anexo.
[77]
REFERENCIAS
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[81]
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[82]
ANEXO50
ANTEPROYECTO DE LA LEY MARCO DE LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES
OTORGADAS A LOS TRABAJADORES
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Finalidad de la Ley
La presente ley tiene por finalidad ofrecer una regulación jurídica integral de las
Opciones sobre Acciones, a efectos de propiciar la constitución de estos planes
dentro de un marco legal adecuado y, asimismo, proteger los diferentes intereses
involucrados.
Artículo 2.- Participación de los Trabajadores en la Compañía
El Estado promoverá la participación de los trabajadores dentro de la compañía a
través de tres modalidades: participación en las utilidades, participación en la gestión
y participación en la titularidad, a fin que con esta gestión conjunta, se vea reflejado
de manera positiva en los resultados de la compañía.
Artículo 3.- Control Estatal
La compañía actuará con la libertad al momento de otorgar las Opciones sobre
Acciones a sus trabajadores. Sin embargo, el Estado intervendrá como último
recurso, cuando los derechos de éstos se vean realmente afectados.
CAPITULO II: LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES
Artículo 4.- Definición
Las Opciones sobre Acciones constituyen derechos para adquirir acciones a futuro,
donde se ven involucrados el titular de la compañía quien ofrece este derecho de
opción al trabajador, todo estipulado en un contrato de opción, en el que se señala
50 Echaiz Moreno, Sandra Violeta. Op. cit. (modificada para que se ajuste a la normativa nacional).
[83]
un plazo determinado para ejercer la opción y la fórmula para calcular el valor de la
acción a ese momento.
Artículo 5.- Finalidad
Comprometer e involucrar a los trabajadores con la compañía y motivarlos a que se
desenvuelvan de una manera eficiente y productiva y así recibir estas Opciones
sobre Acciones.
Artículo 6.- Carácter Salarial
Las Opciones sobre Acciones constituyen remuneración salarial en especie.
Artículo 7.- Sujetos Intervinientes
Las Opciones sobre Acciones son suscritas por el empleador y por el trabajador; con
lo cual refleja su carácter intransferible. Ante supuestos excepcionales, tales como
muerte, invalidez u otros, un tercero puede ejecutar este plan pero solo dentro de un
plazo determinado.
Artículo 8.- Distribución de Opciones a los Trabajadores
Es también potestad del empleador poder distribuir las opciones a su libre albedrío,
pudiendo configurarse las siguientes modalidades:
a. El mismo número de opciones a todos los trabajadores.
b. Diferentes cantidades de opciones para cada nivel de responsabilidad, pero
que todos los trabajadores de cada nivel de responsabilidad reciban el mismo
número de opciones.
c. Retribución específica a cada empleado según su aportación a la compañía.
d. Retribución global, evaluando salario, prima y opciones, de acuerdo a las
condiciones de contratación del trabajador.
Artículo 9.- Financiamiento
En caso que el trabajador no posea el efectivo líquido para poder pagar las
Opciones sobre Acciones, la compañía debe financiarle, otorgarle facilidades y
ayudar al trabajador para que éste vea realizado su derecho de compra de acciones.
[84]
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- Aplicación supletoria
En aspectos específicos, rigen supletoriamente las normas que no se opongan a lo
dispuesto por la presente ley.
[85]
CUADRO DE COTEJO / ANALISIS JURISPRUDENCIAL (ESPAÑA )
Tema: Implicaciones Tributarias de las Opciones sobre Acciones Otorgadas a Empleados.
Unidades de Análisis
Indicadores STC 3295/2000 STC 8/2008 STC 13/2008
Definición
Define como “derecho que, de forma onerosa o
gratuita, confiere el empresario al empleado para
que éste, en un plazo determinado, pueda adquirir
acciones de la propia compañía o de otra vinculada,
estableciéndose para ello un precio frecuentemente
el valor de la acción el día que se otorga el derecho”.
No se pronuncia al respecto. No se pronuncia al respecto.
Naturaleza
La entrega de opciones sobre acciones encaja en el
artículo del Estatuto de los Trabajadores que hace
referencia a “complementos salariales fijados en
función de circunstancias relativas a las condiciones
personales del trabajador, el trabajo realizado o a la
situación y resultados de la compañía, que se
calcularán conforme a los criterios que se pacten”.
No se pronuncia al respecto. No se pronuncia al respecto.
Devengo No se pronuncia al respecto.
Los rendimientos derivados del ejercicio de las “stock
options” se devengan al tiempo de ejercitarse la
opción y adquirirse las acciones pues es entonces
cuando puede saberse si existe rendimiento y la
cuantía exacta del mismo.
No se pronuncia al respecto.
[86]
Reducciones No se pronuncia al respecto.
La reducción del 30 por 100 aplicable a los
rendimientos del trabajo está sujeta únicamente a que
los mismos tengan un período de generación superior
a dos años y que no se obtengan de forma periódica o
recurrente, salvo que califiquen reglamentariamente
como obtenidos de forma notoriamente irregular en el
tiempo.
Adolece de nulidad el Reglamento de la Ley IRPF al
pretender imponer requisitos adicionales a los
establecidos en la ley de la materia.
Se pronuncia en igual sentido.