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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES
TRABAJO GRADO TITULADO:
ESPACIO PÚBLICO Y DERECHO A LA CIUDAD, ANÁLISIS DE LAS VENTAS
INFORMALES AMBULANTES DEL CENTRO DE BOGOTÁ
PRESENTADO POR:
SANDRA CAROLINA QUINTERO GOMEZ
JONATHAN ESCUDERO HERRERA
DIRIGIDO POR:
DIANA MARCELA GÓMEZ NAVAS
BOGOTÁ DC.
2015
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Tabla de contenido
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 4
1. CAPITULO I
1.2. ESPACIO Y TIEMPO A ESTUDIAR ............................................................. 8
1.3. SISTEMA DE PREPOSICIONES ................................................................ 11
1.3.1. PREGUNTA PROBLEMA ....................................................................... 11
1.3.2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................
1.3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................. 11
1.4. ESTADO DEL ARTE .............................................................................................. 12
1.4.1. PRESENTACIÓN .......................................................................... 12
1.4.2. DERECHO A LA CIUDAD - ESPACIO PÚBLICO .................................. 12
1.4.3. ESPACIO PÚBLICO – VENTAS AMBULANTES INFORMALES ........... 15
1.4.4. DERECHO A LA CIUDAD – TRABAJO INFORMAL ............................. 18
1.5. MARCO TEORICO ................................................................................................ 23
1.5.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ............................................................. 23
1.5.2. CONFLICTO URBANO .......................................................................... 25
1.5.3. DERECHO AL TRABAJO ..................................................................... 28
1.6. MARCO METODOLOGICO ... ……………………………………………………………..
1.6.1. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL DE SEGÚNDO ORDEN.........................32
1.6.2. LA ENCUESTA……………………………………………………….……..…33
1.6.3. LA ENTREVISTA…………….. ……………………………………………….34
1.6.4. LA REVISIÓN DOCUMENTAL…………………………………………..…..36
2. CAPITULO II…………………………………………………………………………….......38
CONTEXTO HISTORICO- ECONOMICO
2.1. EL NEOLIBERALISMO Y LAS CONSECUENCIAS DE SUS POLÍTICAS
EN COLOMBIA…………………………………………………………………………………40
2.2. UN ACERCAMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO..……………………………………….……45
3
2.3. LA VISIÓN INSTITUCIONAL DEL ESPACIO PÚBLICO:
CONTINUIDADES Y RUPTURAS……………………………………………………………56
3. CAPITULO III…………………………………………………….…………………………..57
EL MODELO NEOLIBERAL: REPERCUSIONES EN LA CONDICIÓN DE LOS
TRABAJADORES Y SU RELACIÓN CON EL FENOMENO DE LA VENTA INFORMAL
AMBULANTE
4. CAPITULO IV ............................................................................................... 67
CRECIMIENTO SIN EMPLEO: EL ESCENARIO DEL TRABAJO INFORMAL
4.1. DIMENSIONES ESTRUCTURALES DEL EMPLEO INFORMAL……….67
4.2. LOS VENDEDORES INFORMALES EN BOGOTÁ...................................72
5. CAPTULO V ........................................................................................................... 74
ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ: TENSIONES Y DISPUTAS.
5.1. LO PÚBLICO Y LO COMÚN; ¿NUEVAS APROPIACIONES Ó
PRIVATIZACIONES DE LOS ESPACIOS COLECTIVOS DE LA CIUDAD?..79
5.2. VENTAS INFORMALES Y SU IMPACTO EN LOS ENCUENTROS Y
DISPUTAS POR EL CENTRO URBANO EN BOGOTÁ…………...……………..85
5.3. POLÍTICAS DE RENOVACIÓN Y USOS DEL SUELO EN EL CENTRO DE
BOGOTÁ……………………………………………………………………..…………90
5.4. EL PLAN CENTRO Y EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL
ESPACIO PÚBLICO………………………………..……………….………………...93
6. CAPITULO VI .......................................................................................................... 99
VENDEDORES AMBULANTES; DERECHO A LA CIUDAD Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. RETOS Y PERSPECTIVAS
6.1. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA………99
6.2. VENDEDORES INFORMALES ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ
PARTICIPAR?...................................................................................................102
4
6.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DERECHO A LA CIUDAD; UNA
RELACIÓN INCIPIENTE………………………………………………….…………105
7. CAPITULO VII
EL DERECHO A LA CIUDAD: TENSIONES EN TORNO AL DERECHO AL ESPACIO
PÚBLICO Y EL DERECHO AL TRABAJO………………………………………………..110
CONCLUSIONES ...................................................................................................... 120
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 126
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
“ESPACIO PÚBLICO Y DERECHO A LA CIUDAD, ANÁLISIS DE LAS VENTAS
INFORMALES AMBULANTES DEL CENTRO DE BOGOTA” surge en el marco del ciclo
de innovación “Protesta social urbana y derecho a la ciudad (Bogotá 1990-2010)”
dirigido por la profesora Diana Gómez Navas, con el cual los autores optan al título de
licenciados en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
Teniendo en cuenta que la ciudad es el lugar central del desarrollo de la sociedad
capitalista, este proyecto de investigación se llevó a cabo a partir de un trabajo teórico y
de campo buscando dar cuenta de su configuración espacial y el carácter político que
éste reviste en el marco del derecho a la ciudad. La configuración del espacio en la
ciudad responde a políticas o intereses de diversa índole y de determinados sectores de
la sociedad, los cuales a través del gobierno impulsan medidas que aseguran el
eficiente funcionamiento del sistema de acumulación. En tal sentido la adopción de la
doctrina neoliberal por parte de los diferentes Estados ha jugado un rol determinante en
la configuración de la ciudad, lo que ha generado una serie de luchas sociales
reclamando el derecho a ser parte en la construcción de ciudad, es decir el derecho a la
ciudad.
En este contexto la ciudad como estructura social requiere un análisis que dé cuenta de
las diferentes contradicciones propias del sistema capitalista, entre las que se encuentra
la problemática acerca del uso del espacio público. Para esta investigación se
estableció la ciudad de Bogotá, como quiera que la problemática del uso del espacio
público ha ocupado parte de la agenda de las diferentes administraciones sin lograr aún
consenso acerca de las repercusiones de las medidas tomadas a lo largo de ocho años
comprendidos entre 2002 y 2010.
El estudio se centró en el análisis de la relación mercado-Estado-sociedad buscando
visibilizar cómo las políticas neoliberales implementadas antes y durante el periodo
propuesto han impactado la condición laboral de los trabajadores en Colombia, razón
por la cual un grupo de habitantes urbanos ha decidido hacer uso del espacio público
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para garantizar su subsistencia, despojando a su vez al espacio público de la facultad
política propia de su rol dentro de la construcción de ciudad. Esta problemática ha
impulsado tanto a la comunidad de vendedores informales como a la administración
distrital a buscar un espacio de diálogo que permita encontrar soluciones a esta
coyuntura, visibilizando en primer lugar la existencia de un conflicto urbano que se
presenta en la mayoría de ciudades capitales a nivel mundial que ha obligado a los
vendedores informales a organizarse y, a través de la participación ciudadana exigir el
derecho al trabajo como forma de reclamar el derecho a la ciudad.
El espacio escogido para este análisis fue la localidad de La Candelaria en el centro de
la ciudad de Bogotá, en el trayecto comprendido entre la carrera séptima entre calles 10
y 19, vale la pena aclarar que esta problemática se encuentra presente igualmente en la
mayoría de localidades de Bogotá, sin embargo el nodo centro ha sido el epicentro de
los grandes cambios a nivel urbanístico en las últimas dos décadas, lo que lo convierte
en un espacio ideal para el análisis propuesto.
La importancia de un proyecto de investigación de esta naturaleza radica entonces en la
necesidad de analizar las diversas problemáticas urbanas en las cuales se ven
involucrados diferentes actores presentes en la ciudad, teniendo en cuenta además las
políticas neoliberales como eje transversal en el desarrollo de las ciudades modernas.
De esta forma la ciudad se muestra como un campo dinámico donde factores como el
espacio público son motivo de luchas por su control y distribución haciendo de la ciudad
un campo propicio para la aparición de procesos de resistencia y protesta social urbana.
A nivel metodológico pensar e indagar la ciudad desde una perspectiva conjunta en la
que el conocimiento interactúe con la realidad, requiere de la adopción de un modelo
metodológico integral que refleje de manera coherente las expectativas teóricas
planteadas, por esta razón se aborda el problema de investigación desde una
perspectiva metodológica cualitativa, siendo la investigación cualitativa de segundo
orden la que permita establecer relaciones de orden epistemológico y axiológico con la
población de estudio, la interacción estrecha entre conocimiento y realidad social
permite establecer una actitud coherente y reflexiva entre la teoría y la metodología. El
trabajo de campo dio cuenta de las problemáticas sociales de los vendedores
ambulantes del centro de la ciudad por medio de revisiones documentales (Análisis de
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archivos, libros, artículos científicos, consulta de referencias electrónicas bases de datos
estadísticas), esta revisión determinó la base teórica que organizó y dotó de sentido la
construcción y análisis de otros recursos de recolección de información, como
entrevistas no estructuradas e historias de vida, elementos de registro y encuestas a
vendedores ambulantes y líderes del gremio a fin de evidenciar las condiciones
socioeconómicas que problematizan la realidad de los vendedores ambulantes, las
luchas constantes que se generan en el acceso y uso del espacio público como espacio
de trabajo y las propuestas de participación ciudadana que emergen de la defensa de
sus derechos y de la manifestación de las inconformidades y exigencias que les permite
pensar la ciudad desde una visión compleja y propositiva hacia la integración de este
sector en la construcción de ciudad.
Lo que encontrará el lector
Este trabajo se encuentra dividido en seis capítulos los cuales dan cuenta tanto de la
construcción del problema de investigación, los fundamentos teóricos y el diseño
metodológico, así como los resultados encontrados a lo largo de la investigación. El
primer capítulo está dedicado a la construcción teórico-metodológica del problema de
investigación, además aparecen allí el estado del arte, la construcción de las principales
categorías a nivel teórico, y por último el diseño metodológico. El segundo capítulo
corresponde al contexto social, económico y político a nivel nacional y local a partir de la
implementación del modelo neoliberal y su influencia sobre las políticas en materia
laboral, una reseña histórica de la localidad de la candelaria, y un resumen de las
diferentes medidas adoptadas por la administración distrital en materia de renovación
del espacio público.
En los siguientes capítulos el lector encontrará los resultados arrojados por la
investigación. El capítulo III hace una revisión de las principales modificaciones en la
ley laboral a partir de la implementación de las políticas neoliberales en Colombia y el
impacto en la condición socioeconómica de los trabajadores. En el capítulo IV se
presenta un análisis de la condición estructural del empleo informal en Bogotá basado
en cifras de entidades de carácter oficial en contraste con lo que dicen los propios
vendedores informales acerca de la realidad de su situación a través de su diario vivir.
El capítulo V da cuenta de las tensiones que se presentan a partir del uso del espacio
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público por parte de los vendedores ambulantes y su relación con los nuevos conflictos
urbanos acerca del uso cotidiano del mismo. El capítulo VI presenta los procesos de
participación y organización ciudadana de este grupo de habitantes urbanos para dar
solución a la problemática acerca del uso del espacio público. El capítulo VII hace un
análisis de las tensiones que se dan entre el derecho al trabajo reclamado por los
vendedores ambulantes y el derecho al espacio púbico reclamado por el Estado
colombiano en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por último se presentan las
conclusiones extraídas del ejercicio completo de investigación.
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1. CAPITULO I
ANDAMIAJE TEÓRICO METODOLÓGICO
1.2. ESPACIO Y TIEMPO A ESTUDIAR
Las crecientes problemáticas sociales surgidas a raíz de la desigualdad económica
presente en las grandes ciudades del mundo, permiten evidenciar la necesidad de
investigaciones que logren analizar las complejas realidades a las que se enfrentan los
habitantes urbanos a diario. En este orden de ideas el presente trabajo se propone
analizar las condiciones económicas, sociales y políticas que confluyen en el continuo
crecimiento del trabajo informal y el usufructo del espacio público en Bogotá, situación
que ha afectado de manera directa las dinámicas de apropiación, construcción y uso del
espacio en la ciudad. Este análisis habrá de permitir el acercamiento a las apuestas
políticas de participación y resistencia que los vendedores ambulantes del centro de la
ciudad desarrollan con el fin de exponer el abandono del Estado a la hora de garantizar
sus derechos.
Debido al auge y crecimiento constante del sector informal en la ciudad se ha elegido el
centro histórico para desarrollar el presente trabajo de investigación, la delimitación
comprende una pequeña parte de La Candelaria por la carrera 7 entre calles 10 y 19,
este espacio permite el encuentro del centro histórico con el tránsito de la Av Jiménez,
recogiendo gran parte del sector comercial del centro de la capital que contrasta con la
oferta cultural del centro histórico.
Administrativamente la alcaldía local de La Candelaria fue creada bajo el acuerdo 7 del
4 de diciembre de 1974 del Concejo de Bogotá como bandera del programa de
restauración del centro histórico a cargo de la Corporación la Candelaria creada en
1970. Esta alcaldía tiene bajo su control el espacio comprendido entre la calle 4ta hasta
la Av. Jiménez entre la Av. circunvalar y la carrera decima formando parte de la
Localidad de Santa Fe (solo en términos espaciales) La Candelaria como localidad se
establece con el objetivo de revitalizar el centro histórico de la ciudad e incentivar el
turismo y el reconocimiento de su importancia como referente fundacional de la capital
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colombiana. Bajo este contexto son múltiples los intereses económicos y políticos que
recaen en el espacio público de esta parte de la localidad.
Es importante recalcar que la localidad de La Candelaria está hace parte de la localidad
3º de Santa Fe, estigmatizada fuertemente por sus agudas problemáticas sociales como
la inseguridad, el consumo y venta de estupefacientes, marginalización e invasión del
espacio público, los problemas de movilidad, entre otros. La complejidad de este sector
radica en la multiplicidad de escenarios presentes a lo largo de su territorio debido a su
rol histórico dentro del desarrollo de la capital. La localidad de Santa Fe fue creada
administrativamente en 1972, sin embargo su historia es la historia misma de la ciudad
de Bogotá, en sus calles se puede encontrar las instituciones en las que descansa el
poder político del país y de la ciudad como por ejemplo el Capitolio Nacional, el Palacio
de Justicia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Contraloría Nacional, la Procuraduría
Nacional, y muchas más instituciones de orden político. También se encuentran parte
de los mayores estandartes del poder financiero como el centro internacional
acompañado de varias corporaciones bancarias. El poder clerical también hace
presencia en la localidad que cuenta con el mayor número de monumentos religiosos a
nivel distrital.
El valor cultural e histórico de esta localidad está implícito en el desarrollo de la ciudad
por ser cuna de la misma, su expansión ha quedado grabada en todas sus calles. Esta
localidad acoge a cerca de 105 mil habitantes, y a un gran volumen de población
flotante (Veeduría Distrital, 2006). Su población varía entre estratos 1, 2 y 3
principalmente. De acuerdo con estudios del DANE1 presenta el más bajo índice de
calidad de vida, cerca del 16 % de sus habitantes registra necesidades básicas
insatisfechas.
Por otra parte la delimitación temporal responde a la importancia de la consolidación del
modelo económico neoliberal en Colombia desde la entrada con más fuerza en 1990
bajo el gobierno de Cesar Gaviria, no obstante el camino allanado desde el gobierno de
Lleras Restrepo en 1967. En este sentido autores como Javier Ocampo entre otros han
coincidido en que las pocas medidas de corta duración asumidas por el gobierno Lleras
1 Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
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marcaron el futuro de las políticas económicas del país, ya que si bien algunas medidas
que protegían la economía nacional demostraron irrefutablemente un factor positivo
para la economía del país, posteriormente fueron aplastadas bajo la presión de
organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
que influyeron desde diversos sectores para implementar de forma contundente el
modelo neoliberal en el país.
Bajo el gobierno de César Gaviria se ejecutaron reformas económicas drásticas y se
abrieron las puertas definitivamente a la lucha desigual del libre mercado a las
compañías extranjeras, reduciendo aún más la economía nacional a un estado de
dependencia. El proceso de apertura económica sería el camino por el cual las políticas
de liberalización de la económica se encargarían de garantizar la inversión extranjera en
el país por medio de leyes y reformas que transformarían principalmente las
condiciones laborales de los trabajadores colombianos, primando la competitividad y la
rentabilidad de las empresas privadas por encima de los derechos de los trabajadores,
lo que ha desembocado en la actual condición de pauperización de las condiciones
laborales de los trabajadores colombianos.
Este trabajo se convierte en una herramienta para analizar los conflictos y
reivindicaciones que desde el año 2002 a la fecha viven los vendedores ambulantes del
centro de la ciudad, 12 años que representan la reafirmación y fortalecimiento de un
proyecto económico donde priman los grandes capitales y la transformación de un
espacio especialmente representativo como lo es el centro de Bogotá.
Bajo este marco de referencia se encamina el presente proyecto de investigación que
da cuenta de las dinámicas de trabajo informal y participación que se dan en el centro
de la ciudad, matizando las relaciones económicas y políticas que sostienen los
habitantes urbanos con los espacios públicos de la ciudad, permitiendo que sobresalgan
iniciativas de apropiación no institucional de los espacios, iniciativas que defienden las
economías paralelas o del rebusque como una vía de ruptura a las desiguales
condiciones económicas en las que tienen que sobrevivir miles de habitantes urbanos.
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1.3 SISTEMA DE PREPOSICIONES
1.3.1. Pregunta problema
¿Cuál ha sido el impacto de las políticas neoliberales en las condiciones laborales en
los últimos 12 años en Colombia en la generación de nuevas formas de empleo,
organización y participación ciudadana de los vendedores ambulantes reclaman que el
derecho a ser parte de la ciudad?
1.3.2. Objetivo General
Analizar el fenómeno de la venta informal ambulante en el marco de las relaciones
conflictivas que se desarrollan en el centro de la ciudad, a propósito del uso del espacio
público, las propuestas y proyectos de participación ciudadana y de la defensa del
derecho al trabajo como derecho en disputa.
1.3.3. Objetivos Específicos
Reconocer el impacto de las medidas económicas más relevantes en materia
laboral implementadas a partir de la inserción del modelo Neoliberal en Colombia
en la transformación del mundo laboral y su relación con la aparición de un
fuerte fenómeno de informalidad.
Establecer las relaciones que se suscitan entre el incremento del trabajo informal
y su desarrollo en el espacio público de la ciudad con la aparición de nuevos
conflictos urbanos que ponen en disputa diferentes nociones e intereses sobre el
uso del espacio.
Caracterizar los procesos organizativos que los vendedores ambulantes del
centro de la ciudad construyen como alternativas de participación ciudadana
para manifestar y/o solucionar los conflictos y disputas con el Estado y el
mercado frente al uso del espacio público.
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Identificar las conexiones y tensiones que se tejen entre la reivindicación del
derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y su apuesta por ser parte de
la ciudad al demandar un uso legítimo del espacio público.
1.4. ESTADO DEL ARTE
1.4.1. Presentación
La construcción teórica de este ejercicio de investigación permite establecer la relación
entre categorías de análisis definidas desde una realidad abstracta y compleja que será
además asumida como problemática y cambiante. Desde esta posición la apuesta por
una ruptura epistemológica permitió evidenciar las tensiones entre las categorías base
de la investigación (ventas ambulantes informales, espacio público y derecho a la
ciudad) cada una de ellas referenciando un espacio determinado dentro de los
parámetros metodológicos de la investigación (contexto, problema y enunciado). La
interacción de estas categorías analizadas desde las perspectivas teóricas de varios
autores permitirá entonces establecer las categorías analíticas de la investigación,
entendidas como el punto donde convergen y fluctúan las categorías relacionales. Las
categorías analíticas son desglosadas posteriormente en el marco teórico, definidas y
especificadas con el fin de delimitar el contexto epistemológico desde el cual se trabajó.
1.4.2. Derecho a la ciudad- Espacio Público
La producción teórica al respecto de esta relación nos acerca a las precisiones
conceptuales que desde algunos autores se desarrollan con el fin de producir nuevos
discursos sobre los procesos de urbanización, de esta manera encontramos que la
ciudad representa un escenario de acción colectiva que se materializa en el espacio
público, dicho espacio es transversal en tanto contiene el derecho a la ciudad como eje
axiomático, es decir que el derecho a la ciudad es de alguna manera el derecho a
construir el espacio público (Carrión, s.f), en este contexto emerge la categoría analítica
“participación ciudadana”, producto de la revisión bibliográfica a partir del análisis
relacional de la categoría enunciado- “derecho a la ciudad” y la categoría contexto-
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“espacio público”. En esta categoría se evidencia los análisis estructurales sobre el
espacio público y las dinámicas socio-políticas que lo organizan y transforman.
Son diversos los estudios y autores que plantean la necesidad de los ciudadanos de
manifestar sus problemáticas y propuestas en el marco del espacio público, ya que
como espacio político lleva a la consolidación y proyección de la participación
ciudadana. Uno de ellos es Jordi Borja reconocido sociólogo y profesor de la
universidad de Cataluña que en su libro “La ciudad conquistada” (2003) resalta el valor
de la ciudadanía activa como elemento clave en la construcción social de la ciudad. El
autor enfatiza en que la ciudad debe ser entendida como espacio público amplio y
complejo que desde una perspectiva participativa y cultural haga frente a los desafíos
de la globalización como fenómeno estructural de la desarticulación del espacio público.
La participación ciudadana afirma Borja es una conquista permanente para ejercer las
libertades en la ciudad, en donde la voluntad por transformar se vuelve indispensable.
Fuera de toda ideología militante, la acción y la intervención en los conflictos urbanos es
indispensable para revitalizar la ciudadanía activa, la anhelada participación ciudadana.
En una postura similar se ubica Fernando Carrión quien en su obra Espacio público
punto de partida para la alteridad (s.f.) aborda la categoría de Espacio público desde un
balance de interrelaciones, en donde la producción de voluntades, la conflictividad
social y el encuentro colectivo redefinen un espacio público que es cada vez más
disperso y difuso. Su análisis se inclina por una caracterización de las concepciones
dominantes del espacio público (jurídica, urbanista operacional y filosófica) a las que
critica por ser no solo visiones parciales sino funcionalistas ya que corresponden a
producciones hegemónicas de la realidad, según Carrión el espacio público es el lugar
para la formación y expresión de la ciudadanía que necesita a su vez de una base
política eficaz como herramienta ineludible de la nueva construcción de ciudad. Su
apuesta teórica rescata el uso de centralidades polivalentes que precisan de nuevas y
transformadas identidades colectivas, producto de la relaciones ciudad-mercado y
mercado-políticas públicas. Sumado a lo anterior resalta la concentración de la
propiedad privada y la penetración de capitales trasnacionales en desmedro del
pequeño capital nacional y la reducción del compromiso de la población con la zona; es
decir de la erosión del sentido de ciudadanía (Carrión, s.f).
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En esta misma línea de análisis se encuentran los planteamiento del profesor Julio
Alguacil Gómez doctor y profesor de sociología, quien exalta en su artículo de
investigación Espacio público y espacio político. La ciudad como el lugar para las
estrategias de participación. El valor de la participación como derecho y necesidad, de
tal forma la praxis urbana basada en la teoría de las necesidades humanas está
configurada en lo que Alguacil ha denominado ocho necesidades esenciales
(subsistencia, protección, afecto, comprensión, creación, recreo, identidad y libertad,) de
esta manera la participación se convierte en el medio que converge y posibilita las
demás como nexo que asocia lo público y lo político. Los sujetos y el colectivo requieren
entonces de una nueva cultura política fundamentada en la habilitación de los
ciudadanos para que accedan a la información que permita el análisis de sus
condiciones de vida, y por consiguiente obtengan la capacidad de decisión en aquellos
aspectos que les afectan directamente, en definitiva, a la satisfacción de las
necesidades humanas, así la participación aparece como procedimiento inalienable.
(Alguacil, 2008)
Con base en lo anterior se expresa la categoría analítica participación ciudadana
después de una revisión bibliográfica que permitió no solo reconocerla sino además
contextualizar la relación de categorías (contexto- enunciado) este análisis es posible
solo en el marco de un proyecto colectivo y social de ciudad. Quien vive la ciudad
participa activamente de ella, aun entendiendo que los procesos de apertura económica
venden la ciudad como espacio fragmentado destinado a la especialización y
zonificación de los procesos sociales. Es posible entonces la construcción de una
propuesta de democratización en los procesos de renovación y planeación urbana,
donde los habitantes urbanos de Bogotá como los vendedores ambulantes hagan
visible la problemática social de la cual hacen parte y a través de sus exigencias logren
solucionar sus necesidades, no solo en proyectos urbanos de inclusión y
reconocimiento, sino además se conviertan en actores activos en la construcción de
una ciudad de la cual hacen parte en su desarrollo económico.
Se entiende entonces que la “participación ciudadana” como proceso transversal entre
la apropiación del espacio público y las apuestas ciudadanas por participar de las
trasformaciones urbanas es planteada desde diversos enfoques. Una reflexión que
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posibilite su enriquecimiento deberá entonces apoyarse en el análisis de las prácticas
sociales enmarcadas en las políticas públicas de renovación y planificación urbana, ya
que estos procesos inciden permanentemente en la apropiación del imaginario acerca
espacio público construido individual y colectivamente por los ciudadanos.
3.3 Espacio Público – Ventas Ambulantes Informales
El crecimiento de la economía informal como forma de escape a la precarización de las
condiciones laborales se presenta en gran medida debido a que en los últimos años los
países latinoamericanos han venido replicando un modelo de crecimiento de acuerdo a
condiciones vinculantes de dominación con los países desarrollados (Castells, 2006).
Pese a la importancia de dicho fenómeno en el desarrollo de las dinámicas urbanas,
son pocas las investigaciones que se han realizado específicamente acerca de este
tema. Es así como el análisis debe partir atendiendo a una u otra categoría (espacio
público o ventas ambulantes informales). Con estas precisiones los textos revisados se
pueden clasificar en dos grupos de acuerdo al enfoque que desarrollan. El primero, del
cual hacen parte varios textos que apuntan a un análisis funcionalista del espacio
público, en tanto espacio colectivo que debe ser protegido del ánimo de lucro buscado
por diversos actores individuales motivados por el desarrollo de una actividad
económica de corto y fácil acceso, lo que implica la ocupación del espacio público bajo
la problemática del mercado informal (García, Rocha y Sánchez, 2009). Los análisis de
tal carácter precisan el espacio público como un espacio neutral en el cual se insertan
diferentes elementos para su configuración, desconociendo que las dinámicas
conducentes a las ventas ambulantes informales no proceden en espacios neutrales o
vacíos, sino que traen consigo toda una serie de disposiciones políticas para su uso, las
cuales son el resultado precisamente de dinámicas económicas que progresivamente
aumentan la desigualdad y la brecha social.
En segundo lugar están los documentos, artículos y trabajos de investigación que desde
posturas críticas y/o interpretativas del orden de la sociología urbana de corte marxista y
pos-estructural, plantean las condiciones por las cuales el sistema económico actual
deja a merced de la autogestión y la autonomía individual el desarrollo de actividades
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económicas que no aportan en materia tributaria al desarrollo económico de
determinado territorio. Estos análisis develan una crítica al urbanismo hegemónico que
planea y organiza la ciudad a partir de intereses de determinados sectores sociales, y
desconocen no solo las fuerzas estructurales de los modos de producción, sino además
desvirtúan las grietas de un capitalismo industrial que con su evolución en los países
subdesarrollados ha traído procesos de desarticulación social, además de complejas
relaciones que sitúan el desarrollo económico local en contradicción con las
expresiones globales (Castells, 2006)
En este orden de ideas la revisión teórica se nutre con aportes como los de Setha M
Law en los cuales los espacios públicos urbanos son presentados por los planificadores
y administradores como espacios diseñados para el “bien común”, sin embargo en
realidad estos promueven actividades excluyentes. Con frecuencia los motivos
económicos que guían el diseño del espacio público urbano suelen estar más
relacionados con la intención de incrementar el valor y el atractivo de las propiedades
circundantes, (Law, 2009 citando a Manuel Castells) plantea el conflicto urbano como
un conjunto de procesos mediante los cuales las personas buscan reafirmar su
identidad, organizar sus comunidades, y generar sentido de pertenencia de los espacios
significativos para la comunidad, añade que el uso del espacio público por parte de los
actores que participan en su construcción como los vendedores ambulantes, no puede
ser desconocidos por los diseños urbanísticos organizados desde los flujos económicos,
ya que cuando esto sucede son excluidos y posteriormente trasladados, sometiéndolos
a una situación de desarraigo que condiciona su forma de habitar la ciudad y produce
relaciones conflictivas por el uso y apropiación de dicho espacio.
Por otra parte Verónica Gago desde el análisis de la Feria de la Salada en Argentina
(2011), apuesta por el rescate de lo subalterno mediante un cambio de producción de
sentido en torno al trabajo informal, mostrando estas economías como no marginales,
capaces de un trato íntimo con la heterogeneidad metropolitana (modalidades que van
del autoempleo al comercio ilegal), y especialmente centrales en tanto despliegan un
dilema en torno a su visibilización como elementos característicos de las ciudades
latinoamericanas. El espacio público se reconfigura y entra en pugna por los conflictos
que implican la informalidad permeada por lo ilegal y lo callejero como estigma (Gago,
18
2011). Esta manera de abordar el conflicto urbano precisa la importancia del mercado
informal como marca indeleble y paralela de una modernidad avasallante, en donde hay
una proliferación de formas de consumo, producción de imágenes, negociación de
reglas y construcción de una visibilidad determinada. El conflicto surge cuando los
marginados y/o excluidos se hacen tangibles por medio de una irrupción en el régimen
de lo visible. Son las clases populares o los pobres de las ciudades quienes desafían a
la ciudad y sus estrechos márgenes de organización y producción, muchas veces
luchan por producir situaciones de “justicia urbana” conquistando un nuevo “derecho a
la ciudad” que les permite ser partícipes de su construcción.
Bajo un marco de análisis de lo social que sobrepasa lo económico en el tema de las
ventas informales está el texto escrito por Alexander Pérez, quien en su texto Maniobras
de sobrevivencia en la ciudad, territorios de trabajo informal infantil y juvenil en espacios
públicos del centro de Medellín (2003), realiza un acercamiento conceptual a las
dinámicas sociopolíticas que problematizan el espacio público en la ciudad. Su análisis
se centra en los jóvenes y niños venteros (término utilizado por el autor) ambulantes que
ejercen esta actividad económica en las plazas y parques de la ciudad de Medellín.
Pérez sostiene que el espacio público tiene una importancia significativa para lo urbano
dado que es allí donde se manifiesta con más fuerza la crisis que la ciudad vive, en
tanto tránsito de flujos de información, mercancías, políticas, actores etc. De allí que se
haya asumido como laboratorio o como punto sensible de la acción pública institucional
a la hora de impulsar políticas de “hacer ciudad en la ciudad” (Pérez, 2003). De esta
manera se expresan en el espacio público nuevas realidades humanas, generalmente
que se salen del margen convencional de análisis, definiendo nuevos territorios y
centralidades además de diversas formas de habitar la ciudad generalmente divergente
o subversora. El conflicto urbano aparece entonces como expresión de dichas formas
de lucha por la sobrevivencia de los vendedores ambulantes, de los niños y niñas que
en diferentes condiciones desafían la visión jurídica, neutral y funcional del espacio
público para desempeñar la actividad económica que les permite sobrevivir. Sumado a
lo anterior los actores configuran su visión del espacio público de acuerdo a una serie
de necesidades a satisfacer, la identidad que desarrollan como vendedores ambulantes
se da a propósito de la manera en que perciben su práctica, de acuerdo a tramas de
existencia que son propias del intercambio no solo económico sino social y afectivo que
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se configura desde la acción colectiva, y las redes sociales que estos habitantes tejen
para vivir la ciudad de acuerdo a su interacción con la misma.
El conflicto urbano nace de la tensión espacio público-ventas informales y se manifiesta
en la institucionalización de determinados usos sobre este y del proceso de
invisibilización que desde la política pública se ha generado sobre los vendedores
ambulantes, desconociendo que su aparición y posterior crecimiento está adscrito a la
inequidad existente en las relaciones del mercado y el Estado con la sociedad.
1.4.4. Derecho a la ciudad - Trabajo informal
Con base en la revisión bibliográfica realizada para el presente trabajo fue posible la
emergencia de la categoría derecho al trabajo, este planteamiento se basó en la
revisión de la producción teórica de varios autores que han profundizado en la
problemática resultante entre; el derecho al espacio público y el derecho al trabajo en el
contexto del derecho a la ciudad.
El rastreo bibliográfico evidenció en primer lugar que la literatura producida a propósito
de esta problemática presta importancia tanto al derecho al trabajo como al derecho al
espacio público, no existe consenso en la prevalencia de uno sobre el otro. En lo que
respecta a la legislación colombiana han sido decisivas las sentencias de la corte
constitucional en la mediación de este conflicto, que no solo se presenta en las calles de
la capital colombiana sino que hace parte de la cotidianidad de muchas capitales a nivel
mundial, razón por la cual se ha incluido literatura de países diferentes a Colombia para
evidenciar la magnitud de este conflicto, de manera que fueron seleccionados varios
textos que analizan esta coyuntura.
La economista Diana Silva (2007) sostiene que el derecho al disfrute del espacio
público entra directamente en conflicto con el derecho al trabajo. De acuerdo con este
planteamiento el conflicto por el espacio público es el reflejo de un problema social aún
más profundo entre lo público y lo privado, a partir del cual se generan políticas acerca
del uso del espacio público que explicitan relaciones de poder en las que un grupo de la
20
población excluye a los demás, limitando una posible acción colectiva y privándoles del
derecho a ser parte de la construcción de ciudad.
En el trabajo del profesor Gian Carlo Perone (2005), se exponen varios argumentos que
sostienen que el derecho al trabajo es necesario para la comprensión del derecho a la
ciudad, en su texto trabajo sumergido y derecho al trabajo. A partir de un riguroso
análisis sobre la evolución de los derechos laborales en Venezuela, tanto en su aspecto
individual como colectivo, este autor logra identificar una serie de transformaciones
sociales y políticas en la estructura del mercado laboral las cuales vienen haciendo
sucumbir las formas tradicionales de empleo. Lo mismo pasa con la vulneración de los
derechos laborales que se habían ganado a través de las diferentes luchas obreras. Lo
que se traduce en una reducción alarmante en las condiciones de bienestar de los
trabajadores vinculados al sector formal, y ha generado el volcamiento de un amplio
sector de la población activa laboralmente a trabajar en las calles. Bajo estos
argumentos el autor hace un llamado urgente a la revisión de las políticas públicas en
materia de empleo, e invita al análisis de las implicaciones de la puesta en marcha de
políticas netamente neoliberales sobre los trabajadores. Para Perone es necesario
generar un amplio marco jurídico que proteja la actividad informal, debido a la ineficacia
del Estado para garantizar el derecho al trabajo.
En esta misma línea se inscribe el trabajo del sociólogo chileno Pablo Loyola (2007) en
el cual se evidencia cómo las acciones represivas por parte de la autoridad municipal a
través de la policía no logran de ninguna forma diezmar o controlar el problema de la
venta informal ambulante, por el contrario estas acciones estimulan la organización de
los vendedores ambulantes quienes con base en el derecho al trabajo emprenden la
lucha para el reconocimiento de su labor y dignificación de su papel en el desarrollo de
la ciudad, como actor económico, social y político en su construcción.
Por otra parte el abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Oscar
Parra Vera (2006), expone la importancia de ahondar en los compromisos que
adquieren los sujetos por ser ciudadanos. Para él es claro que si bien estos deberes
son ineludibles, no pueden partir de la base de la inequidad puesto que nos es posible
exigir deberes a una parte de la población como los vendedores ambulantes, cuando
aún no se han asegurado el cumplimiento de sus derechos, en tal sentido antes de
21
generar una política de represión en pro de lo que él considera el “buen ciudadano que
respeta el espacio público”, es imperioso que la cultura ciudadana empiece por
restablecer los derechos sociales de la población menos favorecida, y se aminore la
brecha social de inequidad impulsada por el neoliberalismo. (Parra, 2006). Con el
restablecimiento de los derechos, según el autor, se da paso a la construcción de una
verdadera cultura cívica, participativa y real, en concordancia con un verdadero estado
social de derecho y una sociedad democrática capaz de hacer efectivo el derecho a la
ciudad.
Esta revisión se ha enriquecido con el trabajo de campo adelantado por la Alcaldía de
Teusaquillo, Ventas callejeras en Bogotá, el caso de la localidad de Teusaquillo. Perilla,
Leonor (2005) Investigación que intenta visibilizar el gremio de los vendedores
ambulantes en confrontación con la posición de la administración local. A partir de los
resultados obtenidos en dicha investigación se busca impulsar políticas en un primer
momento locales, pero tendientes a convertirse en políticas de carácter distrital y
nacional, en las cuales se humanice al vendedor ambulante y se incluya sus
necesidades en las políticas de restitución del espacio público. Acerca de las
investigaciones realizadas en este sentido, fue valioso el aporte desde una posición
más tecnicista del estudio de la cámara de comercio de Bogotá titulado Efecto de las
ventas callejeras sobre establecimientos de comercio en cuatro zonas de la ciudad
(2005) el cual muestra el impacto de la ventas informales sobre la economía formal y su
dinámica en varios sectores de la ciudad, termina por hacer varias recomendaciones a
la administración distrital en procura de la regularización de esta labor, que según lo
recogido impacta notablemente la economía nacional.
El derecho al trabajo surge como un aspecto vital para el desarrollo de cualquier tipo de
política de intervención del espacio público, sin embargo es indispensable aclarar que si
bien existe un sujeto de derechos, igualmente debe existir un espacio físico donde se
ejerzan, se debatan, y se compartan los derechos adquiridos a lo largo de la historia con
el resto de la comunidad. Este espacio es el espacio público el cual reviste un nivel de
importancia tan alto que ha sido elevado a la categoría de derecho, razón por la cual es
pertinente abordar literatura al respecto.
22
Para el caso colombiano fue importante la revisión del ordenamiento jurídico en cuanto
al uso del espacio público permitiendo insertar en la discusión otro aspecto de la
problemática. El abogado constitucionalista Andrés Belalcázar (2011) a través del texto
“Defensa constitucional del espacio público” enriquece la discusión defendiendo el
espacio público como lugar de igualdad y espacio para la deliberación política primordial
para cualquier forma de democracia, priorizando el derecho al espacio público sobre las
ventas informales. En este texto se reconoce al ciudadano como el principal actor y
creador de lo público, y el espacio público como el lugar para todos, en igualdad de
condiciones, oportunidades y derechos, el “derecho a tener derechos”.
Desde esta perspectiva el espacio público es constitutivo de la ciudad y constituyente
de la ciudadanía; entendiendo que los ciudadanos no son solo habitantes de la ciudad
sino también actores y participes de ésta (Perilla 2004). El Espacio Público es el
escenario donde se reivindican ejercen los derechos humanos, sin espacio público la
sociedad pierde el derecho a manifestarse, a expresar lo que necesita, piensa y anhela;
de ahí la vigencia e importancia del tema (Belalcázar, 2011). Bajo estas condiciones
resulta innegable la trascendencia del espacio público para la democracia participativa,
en la medida que ésta se posibilita gracias a espacios abiertos que propicien la reunión,
organización y deliberación de las personas.
Otro punto importante de la discusión es el análisis de la frecuencia con la que el
derecho al espacio público es objeto de acciones populares y la tutela para su
protección. Así se evidencia la investigación de la Universidad del Rosario (Benavides,
2005) en la que se señala que el espacio público después del medio ambiente, la
seguridad y salubridad pública, es el derecho colectivo cuya defensa más se solicita, y
en cuanto a su protección, ocupa el tercer lugar en garantía por parte de los jueces y
tribunales del país. El citado estudio igualmente muestra la estadística de derechos
vulnerados por regiones, ocupando “el goce del espacio público y su defensa”, para el
caso de Bogotá, el primer lugar con un porcentaje del 22.3%, seguido por el derecho a
la seguridad y salubridad pública con el 20.2% y el goce de un ambiente sano con el
17%. Demostrando la importancia del espacio público en las demandas de la
ciudadanía.
23
Con base en los textos referenciados se hace evidente el conflicto presente entre el
derecho al espacio público y el derecho al trabajo. En este sentido es posible abordar
dicha problemática desde diversos ámbitos como: El jurídico en cuanto a su
ordenamiento legal. El político en cuanto a la base del “civismo” desde el cual nacen
todas las disposiciones legales. El cultural que junto con el político implican una
reflexión inclusive desde la sociología para intentar develar el trasfondo de dicha
condición social la cual se presenta no solo en la capital colombiana si no también,
como quedo consignado con el aporte bibliográfico de otros países como Argentina y
Venezuela. Esta problemática se encuentra presente en el diario vivir de las ciudades
modernas inspiradas por el auge avasallante de las políticas neoliberales.
Para el caso de esta investigación con base en el aspecto social y humano del grupo de
ciudadanos que representan los vendedores ambulantes, se considera que el estudio
del derecho al trabajo es necesario para comprender las consecuencias de las
políticas neoliberales adoptadas por el gobierno nacional y en consecuencia por la
administración distrital, ya que este derecho es un factor primordial para el disfrute de
cualquier otro tipo derecho.
24
1.5. MARCO TEÓRICO
1.5.1. Participación ciudadana
Las constantes muestras de inconformidad y escepticismo de la ciudadanía ante las
políticas que benefician inequitativamente a exclusivos sectores de la sociedad, dan
cuenta de las apuestas políticas que los ciudadanos emprenden para defender el
territorio y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales que son
vulnerados indiscriminadamente por ideas sesgadas de crecimiento y desarrollo
impulsadas por los gobiernos nacionales y distritales para defender el auge de los
centros económicos urbanos.
En este sentido la participación ciudadana podría entenderse en palabras de Carlos
Yory (2007) desde dos perspectivas, la primera se refiere a la planificación de la
participación por medio de las estructuras del Estado que tienen como objetivo legitimar
y garantizar la estabilidad de un orden político e ideológico a través de la democracia.
Bajo esta perspectiva la participación ciudadana se institucionaliza y apela a la figura
aletargada de la representatividad. Sin embargo, también es posible entender la
participación cómo el horizonte de acción que debe apropiar la ciudadanía para cambiar
el orden imperante desde el cual se produce la ciudad y construir alternativas de
gobernabilidad que contemplen la relación sociedad-estado de forma inclusiva y
efectiva.
Apelando a esta última reflexión, es necesario asumir la participación ciudadana como
una expresión del anhelado derecho a la ciudad que precisa entonces un entramado de
posibilidades y derechos entre ellos el de la ciudadanía activa, expresado de gran
manera en las iniciativas locales, comunitarias y gremiales que plantean demandas que
van desde el abastecimiento de los servicios públicos hasta la inclusión en los planes de
vivienda, organizando sus peticiones y necesidades en un plano político que
problematiza las estructuras tradicionales de participación y que apela a espacios de
debate y discusión más directos y no exclusivamente representativos. Sin embargo es
necesario resaltar que la acción colectiva organizada que nace como materialización de
la inconformidad ciudadana con distintas instituciones estatales y situaciones de
exclusión, no son el común denominador que caracteriza o manifiesta la participación
25
ciudadana, por el contrario el uso de este tipo de herramientas es poco constante y
atraviesa por un momento de ambigüedad, en tanto si bien hay constantes focos de
conflicto alrededor de la ciudad y se generaliza un descontento en las condiciones de
vida de muchos pobladores urbanos, la participación activa a la que se refiere Borja se
debate entre la falta de compromiso por parte de los habitantes que no se atreven por
distintas razones a reclamar su derecho a participar, y la desconfianza en la obtención
de beneficios reales y duraderos exigidos a través de la organización social.
Bajo estas problemáticas la participación ciudadana como sostiene Jordi Borja precisa
el cambio, los ideales, la acción individual y colectiva, y la transformación de los
mecanismos de participación mediados por la demagogia y el clientelismo; sumado a
esto la participación ciudadana activa deberá ser la condición gubernamental
democrática de la ciudad del siglo XXI (Borja, 2003) De aquí que la participación
ciudadana como construcción social tenga la necesidad de reconocer las prácticas que
están al margen de los procesos jurídicos instituidos de renovación y modernización,
prácticas que resignifican el espacio y en concreto el espacio público como espacio
político, espacio de debate, de diálogo y conflicto.
En síntesis la participación ciudadana está constituida por dos nociones inseparables, la
ciudadanía activa como muestra de la conquista del espacio urbano y la utopía urbana
que piense las libertades individuales y colectivas en un marco de discusión e
interacción, en donde las conflictividades urbanas sean excusas para la creación y la
innovación política fortaleciendo el tejido social.
La visión funcionalista y jurídica que da cuenta de la conceptualización lineal y del
espacio público requiere una revisión no solo teórica sino además ideológica. Para lo
cual es pertinente el enfoque dialectico e integral que propone Jordi Borja (2003) donde
rescata los conquistadores y revitalizadores de la ciudad que emergen de los conflictos
y contradicciones que suscita las practicas urbanas mediadas desde un determinadas
nociones de orden. De esta manera es importante resaltar que las consideraciones y
restricciones hechas al espacio público con la excusa de un disfrute colectivo y
moderado, están mediadas por referencias jurídicas y económicas, estas últimas
conectadas con la modernización de las estructuras físicas urbanas, en el afán por
establecer espacios de dominio “colectivo” que instrumentalizan la ciudad,
26
sometiéndola a un proceso de estandarización. Los planes de desarrollo urbano son
una clara muestra de la intención por homogenizar lo urbano en un conjunto de
prácticas que propenden en el papel por altos niveles de vida, acceso a propuestas
culturales y mejora en los servicios públicos, pero excluyendo las formas en las que los
habitantes urbanos resignifican la ciudad, quienes mezclan y tensionan los espacios
públicos de acuerdo con una trama de relaciones que los llevan a incidir de forma
directa o indirecta en su construcción simbólica y social. De aquí que la participación
ciudadana tenga la necesidad de reconocer las prácticas que están al margen de los
procesos jurídicos instituidos de renovación y modernización, prácticas que resignifican
el espacio y en concreto el espacio público como espacio político, espacio de debate,
de diálogo y conflicto.
1.5.2. Conflicto urbano
La ciudad como el escenario cumbre de la modernidad se ha convertido en punto de
encuentro de múltiples realidades y contradicciones, permitiendo que sean inevitables
los focos de tensión y disputa entre sus pobladores, el conflicto urbano desde hace
algunas décadas se ha convertido en referente de múltiples investigaciones y análisis
que intentan develar el carácter urbano que diferencia las luchas sociales y económicas
de las grandes ciudades de otros conflictos sociales, políticos, culturales.
Sin embargo, y pese a las constantes investigaciones, las ciudades del tercer mundo no
pueden ser analizadas bajo la misma producción teórica y discursiva que aborda la
urbanización en los países desarrollados, el incipiente proceso de industrialización y la
aguda dependencia económica de los países latinoamericanos con los países del
primer mundo definen otro tipo de relaciones y fuerzas económicas que históricamente
han transformado las condiciones de pobreza y desigualdad social en un elemento
contingente y desafortunado que “define” los países del tercer mundo2. La condición de
segregación urbana en la que viven gran parte de los habitantes de países
subdesarrollados está presente no solo como un síntoma de la ausencia del Estado
como agente garante del bienestar de la población, sino además de la ineficacia de las
2Para Castells la naturalización de las condiciones y comportamientos propios de lo “urbano” es una
herramienta ideológica de la modernidad que enmascara las contradicciones sociales urbanas que naturalizan y legitiman el modo de producción hegemónico.
27
políticas de urbanización que deberían suplir las necesidades del amplio espectro de la
población. Latinoamérica está cargada de múltiples desafíos pues en ciudades como
Bogotá no existe un macro proyecto urbanizador común que catalice los intereses de
las elites y menos los intereses de los excluidos.
En este primer acercamiento contextual es Manuel Castells quien de forma más
completa se acerca al análisis histórico de las conflictivas relaciones sociales que
definen las estructuras urbanas de los países latinoamericanos, Castells ofrece no solo
un arduo trabajo sobre la influencia de los flujos de información en la construcción de
las sociedades contemporáneas sino que, además logra profundizar en las
contradicciones y crisis urbanas que viven las ciudades latinoamericanas, crisis que son
explicadas desde el enfoque de la dependencia con los países desarrollados pero que
no olvida la experiencia y transformación histórica de la región.
De ahí que el proceso de urbanización latinoamericano sea el resultado de la sucesión histórica de las distintas formas de dependencia sobre el espacio específico de cada sociedad, precisando que esas formas de dependencia incluyen las características propias de cada sociedad y que, por consiguiente no se trata de la aplicación mecánica del dominio externo del espacio, sino que las formas urbanas resultantes de la interacción entre las sociedades dependientes y la sociedad dominante en cada coyuntura histórica (Castells, 1981: 4)
Este análisis permite situar los conflictos urbanos como producto de las relaciones
asimétricas de desarrollo y riqueza, relaciones que en la ciudad están mediadas por la
concentración del crecimiento industrial y de servicios en unos pocos polos, forzando a
el éxodo de campesinos y pobladores rurales que advierten el crecimiento de la ciudad
como una fuente de oportunidades.
Para el caso de la venta informal ambulante se considera que el conflicto se materializa
en las contradicciones propias del modelo económico neoliberal, medidas de
flexibilización y precarización laboral han permitido la creación de economías paralelas
que determinan un solo tipo de inclusión en las prácticas de mercado, llevadas a cabo
en la ciudad bajo informalidad, expresadas a través de la espontaneidad en los servicios
y productos ofertados, acompañadas del uso de un espacio común privatizado para
desempeñar esta actividad; el espacio público.
El carácter orgánico que tienen las tensiones económicas en el campo de construcción
de lo urbano son quizás el elemento de análisis más importante para entender el
28
conjunto de tensiones que se dan en el universo político de la ciudad, para Castells, la
cultura y el espacio urbano no pueden ser entendidos fuera de las fuerzas estructurales
de los modos de producción y de la política urbana que orienta los intereses de clase
hacia beneficios reales que son producidos y reinvertidos en el espacio urbano.
Goméz y Serna resaltan la especificidad de los conflictos urbanos en las
contradicciones propias de los mercados, contradicciones que están acompañadas de
acciones sociales encaminadas a recuperar la participación en los rumbos de la
construcción de ciudad, es decir que las contradicciones del mercado habrían de
suscitar la expresión de las demandas de la sociedad civil en pro de la acción del
Estado dinamizando la relación Sociedad-Estado-Mercado.
La configuración del campo teórico específicamente orientado a los conflictos urbanos solo se reconocerá desde los años ochenta, cuando diferentes estudios se dieron a la tarea de interrogar la relación entre las formas de estructuración económica y las formas de construcción del universo político en la ciudad, de tal modo que el conflicto urbano abarcaría el conjunto de fenómenos que derivados de las contradicciones propias del comportamiento de los mercados, afectarían el movimiento político y con ello, favorecerían estrategias de acción o movilización colectivas de los pobladores de la ciudad. Siendo así no todas las manifestaciones contradictorias y conflictivas de la ciudad entrarían en el conflicto urbano, sino solamente aquellas donde la incidencia de los factores económicos afectara de tal manera el interés general que implicaría la movilización de la sociedad civil y la intervención del Estado. (Gómez y Serna, 2012, p.51)
Bajo estos argumentos se hace notoria la expresión de conflictividad que define la
relación espacio público-ventas ambulantes informales, en tanto las presiones del
mercado por renovar la ciudad de acuerdo a intereses económicos de organización
(Setha, 2009) entran en pugna con el desarrollo de la actividad informal en los espacios
públicos de la ciudad, materializándose los intereses económicos que desde uno u otro
actor reclaman un uso legítimo del espacio público.
Con estos presupuestos se concreta la base conceptual del conflicto urbano como
categoría analítica y transversal, teniendo en cuenta que las condiciones
socioeconómicas de los vendedores ambulantes son producto en gran medida de las
contradicciones del modelo económico implementando con más fuerza desde la década
de los 90 en el país, el neoliberalismo como eje pragmático del cambio en las relaciones
de producciones genera las tensiones que problematizan los espacios urbanos (…)
29
Los debates sobre el conflicto urbano han girado básicamente en torno al impacto de los modelos económicos sobre el desarrollo de la ciudad pero sobre todo alrededor de las formas de intervención de las agencias del Estado y de las actitudes, prácticas y estrategias desplegadas para la movilización social por parte de los pobladores urbanos (Gómez y Serna, 2010 p.67)
1.5.3. Derecho al Trabajo
El conflicto que se presenta entre el derecho al disfrute del espacio público por parte de
todos los ciudadanos y la necesidad del usufructo de este espacio por parte de un grupo
de la población, los vendedores informales, arroja como resultado la reivindicación del
Derecho al trabajo como forma para salvaguardar la actividad económica de la cual
dependen.
La referencia de este derecho hace obligatorio remitirse a su carácter jurídico, no
obstante su connotación requiere además un análisis político y social de la condición del
sujeto en medio de la sociedad moderna. El concepto del derecho al trabajo exige
entonces una contextualización del amplio aparataje jurídico que reposa en diversos
acuerdos.
El derecho al trabajo es un derecho humano consagrado, tanto en su dimensión
individual como colectiva, así ha quedado plasmado en múltiples instrumentos del
Sistema Internacional de los Derechos Humanos. La Constitución Política colombiana
de 1991 en su artículo 25 reconoce también el trabajo como principio, como deber y
como derecho. A partir del sistema normativo internacional y nacional se presenta un
concepto de trabajo que, desde una perspectiva de derechos humanos, debe ser digno.
(CPC 1991. Art. 1) En esta dirección, con base en lo señalado por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General No.18 sobre el
derecho al trabajo, se identifica el contenido básico de este derecho y se refieren
algunas obligaciones jurídicas del Estado para su efectiva realización.
Se debe aclarar que el derecho al trabajo tiene dos dimensiones, una individual y otra
colectiva. La primera se refiere al trabajador individualmente considerado, a que tenga
disponibilidad de trabajo, que pueda acceder a él y que pueda desarrollarlo en
condiciones justas, satisfactorias y dignas. La segunda dimensión se concentra en el
30
grupo de trabajadores, los cuales tienen derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al de su
elección, a negociar colectivamente y a ejercer el derecho de huelga.
Así la definición del trabajo se puede extraer de la Constitución Política de Colombia de
1991 en concordancia con los pactos internacionales, desde el mismo preámbulo del
artículo 1º del cual se entiende que el derecho al trabajo es uno de los fines esenciales
del Estado social de derecho, tan importante como los principios de dignidad humana,
solidaridad y prevalencia del interés general.
Sumado a lo anterior con respecto al carácter formal o informal de la actividad laboral se
presenta la Sentencia T-475 de 1992 la cual hizo una precisión importante en el sentido
de que “no solo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho
fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma
independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al
trabajo. La Constitución, más que al trabajo como actividad abstracta, protege al
trabajador y su dignidad”. Esto significa que las garantías constitucionales deben ser
aplicadas tanto a los trabajadores que tienen una relación contractual o reglamentaria
de trabajo, como a los trabajadores que realicen su labor de manera independiente o sin
subordinación.
En este contexto la facultad humana de poder exigir lo que la ley establece a saber “el
derecho” hace necesario definir lo que se entiende por trabajo, en este caso se definirá
como “una actividad útil para el ser humano y para la sociedad, pues le permite
garantizar su supervivencia con la satisfacción de necesidades básicas individuales y
familiares. Además, es un medio de bienestar, de desarrollo personal y social y de
reconocimiento en la comunidad” (Higuera, 2007, p. 62). En concordancia el derecho al
trabajo se convierte así en una obligación del Estado para con todos los integrantes de
la sociedad sin ningún tipo de distinción.
Por otro lado el derecho al trabajo reviste igualmente una connotación política ya que
como es sabido los derechos humanos son un entramado de acuerdos que al ser
analizados uno por uno develan una correlación entre sí, lo que advierte la necesidad
31
de su interpretación de forma integral, ya que el incumplimiento de uno impide la
realización de los demás. Es así como el derecho al trabajo contiene en su interior una
facultad política plasmada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en el inciso segundo del artículo 6º cuando señala que las medidas que
adoptadas por los Estados para alcanzar la plena efectividad del derecho al trabajo
deben asegurar condiciones que garanticen “las libertades políticas y económicas
fundamentales de la persona humana”
Con base en lo expuesto es obligación del Estado dar cumplimiento a este derecho, su
deber entonces es legislar y adoptar medidas que garanticen el acceso al trabajo y la
capacitación en condiciones de igualdad. Las medidas específicas para aumentar la
flexibilidad de los mercados laborales no deben restar estabilidad al empleo o reducir la
protección social del trabajador.
Es necesario en este punto hacer una aclaración en cuanto al sentido individual del
derecho al trabajo, ya que existe diferencia entre el derecho al trabajo y los derechos
del trabajador una vez inicia un contrato, así se establece que este último es el derecho
laboral cuestión que no se abordará en esta ocasión. Sumado a lo anterior es
importante comentar que la ilegalidad o legalidad de un trabajo no es un criterio que
determine por sí mismo que el trabajo sea digno, ya que pueden existir trabajos que
siendo lícitos violen normas laborales y vulneren los mínimos de dignidad del trabajador.
Bajo este análisis el acercamiento teórico del derecho al trabajo estará orientado por las
condiciones jurídicas que se dan con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía,
pero además denotará el carácter participativo que involucra las demandas sociales de
los habitantes urbanos que promueven acciones de reivindicación de los derechos que
sienten vulnerados. El derecho al trabajo se convierte entonces en el eje trasversal que
tensiona la relación Sociedad- Estado, permitiendo que un elemento de carácter
normativo que ha sido desatendido por el Estado sea apropiado por un grupo de
ciudadanos para generar procesos de resistencia ante el deterioro de sus condiciones
de vida.
32
1.6. MARCO METODOLOGICO
Pensar e indagar la ciudad desde una perspectiva conjunta en la que el conocimiento
interactué con la sociedad para lograr una interpretación adecuada, requiere la
adopción de un modelo metodológico integral, que refleje de manera coherente y real
las expectativas teóricas planteadas, por esta razón se enfocará el problema de
investigación desde una perspectiva metodológica cualitativa. La investigación
cualitativa de segundo orden permite establecer relaciones de orden epistemológico y
axiológico con la población de estudio, como afirma Julio Navarrete la interacción
estrecha entre conocimiento y realidad social permite establecer una actitud coherente y
reflexiva entre la teoría y la metodología. No sólo la elaboración de teorías y modelos
son una tarea principal en la sociología, también es importante conocer la influencia que
tiene el conocimiento en la propia constitución de la sociedad (Navarrete, 2001) este
enfoque será aplicado a través de un ejercicio de triangulación utilizando recursos de la
investigación cualitativa; creación, recolección, interpretación y sistematización de
información.
La revisión documental (análisis de archivos, libros, artículos científicos, consulta de
referencias electrónicas, bases de datos estadísticas etc.) determinó la base teórica que
organizó y dotó de sentido el análisis de los resultados encontrados en esta primera
indagación. El trabajo de campo utilizó herramientas de recolección como entrevistas no
estructuradas, historias de vida, encuestas a vendedores ambulantes y líderes
gremiales, las cuales fueron utilizadas como elementos de registro a fin de evidenciar
las condiciones socioeconómicas que rodean la realidad de los vendedores informales
ambulantes.
En este contexto las luchas que se generan por el acceso y uso del espacio público
como lugar de trabajo, y las propuestas de participación ciudadana que emergen de la
defensa del derecho al trabajo, le permiten a este grupo de habitantes urbanos pensar
la ciudad desde un enfoque complejo y propositivo.
1.6.1. La investigación social de segundo orden. Una aproximación metodológica
La investigación en ciencias sociales ha girado en torno a la crítica asidua del modelo
de investigación positivista que relativizaba y objetivaba las dinámicas sociales y las
33
posiciones de los sujetos que participan de ellas. La hermenéutica logró consolidarse en
medio de este largo proceso de transición, a pesar de la constante búsqueda de
alternativas metodológicas que permitiesen relacionar los datos y la información
cuantitativa con las múltiples voces emergentes detrás de los análisis y observaciones
primarias.
Metodológicamente la investigación social de segundo orden es un enfoque reciente de
investigación que apunta a la observación participante, pero además a la recolección y
análisis de datos que favorece la construcción de nuevos puntos de vista teóricos
divergentes y críticos. Este tipo de enfoque reinventa el papel del investigador como
sujeto activo e interesado en encontrar nuevos referentes de observación, a la vez que
aporta sus propios recursos interpretativos en la reducción de la complejidad que se
presenta en la producción de categorías analíticas.
La observación de segundo orden se caracteriza por ser auto reflexiva (autorreferencial) en la cual cada reingreso de información configura un elemento que entra en relación dentro del propio proceso con los demás, haciéndola evolucionar autopoieticamente. Es por lo tanto una operación compleja y parte de esta complejidad puede incrementarse para asegurar la estabilización del conjunto de la investigación. (…) (Molina, 2001)
En este sentido la presente investigación se planteó como un horizonte de significado
que potenció la verificación de hipótesis, lo que permitió ampliar el espectro desde
donde se analizó el impacto del modelo económico neoliberal en las condiciones
laborales y sociales de las clases menos favorecidas en la ciudad, encontrando en la
revisión documental y las herramientas de recolección de información en campo, la
ampliación de posibilidades para reinventar y contrastar las hipótesis planteadas en
principio. La interpretación de la información jugó un papel fundamental en el campo
metodológico de la investigación ya que el apoyo en el enfoque hermenéutico3 ayudó a
comprender las situaciones conflictivas que se dan en el espacio público y las
posiciones de los diferentes sujetos en medio de estas relaciones. De esta manera se
hizo énfasis en un enfoque integral que contribuyera a repensar las categorías de
análisis.
3 El paradigma mencionado se sustenta en la idea de que los elementos externos determinan en gran
medida el modo de pensar y actuar de los individuos que pertenecen (como agentes constituidos y constituyentes) a una organización social determinada.
34
1.6.2. La encuesta
La encuesta es un proceso que permite obtener datos e información de un conjunto de
individuos, objetos o hechos con la finalidad de probar una o varias hipótesis de
Investigación. (…) se utiliza para captar información acerca de un cierto grupo o
población de objetos. Las encuestas son mediciones en un momento determinado, por
lo que no puede establecerse que sus resultados sean indicadores precisos de lo que
ocurrirá meses después. Su calidad está condicionada por un gran número de factores
que pueden afectar su grado de predicción (Pimienta, 2000)
En esta investigación la encuesta jugó un papel decisivo en la producción, recolección y
análisis de la información la cual fue obtenida a partir del reconocimiento de los sujetos
y de sus aportes discursivos a la misma. Aunque desde el enfoque de la investigación
de segundo orden se crítica y problematiza el uso de esta herramienta por ser “un
producto de orden ideológico que permite las visiones sesgadas y jerárquicas de la
realidad”, los errores en la construcción, aplicación y lectura de esta son constantes
pues es un proceso de selección que termina siendo excluyente y obvia ciertas
condiciones y situaciones que pueden enriquecer la investigación sin embargo
igualmente son enormes las cualidades y virtudes que puede ofrecer la encuesta.
Es de suma importancia que este proceso se haga bajo la lupa de la complejidad, lo que
permitirá no caer en reduccionismos, lo que hace imprescindible contar con un sistema
de vigilancia epistemológica para depurar el orden de lo común del orden científico.
Dicho de otra forma este sistema hará posible que los prejuicios e ilusiones de los
contextos comunes sean sometidos a la crítica, y no harán falta definiciones rigurosas
sino un esquema de interpretación capaz de decantar lo cotidiano, tradicional y cultural
del lenguaje común que se configuran como prenociones inconscientes del discurso
sociológico.
La encuesta fue usada como motor de reconocimiento de los conflictos urbanos que los
comerciantes y vendedores ambulantes asumían en sus prácticas cotidianas y en su
relación con el espacio público de la ciudad. Las encuestas aplicadas permitieron
caracterizar y problematizar las diferentes posturas y discursos que genera la ocupación
del espacio público por parte de los vendedores ambulantes en la ciudad, visibilizando
35
nociones y aversiones generadas en la ciudadanía producto de las apuestas e
iniciativas por reivindicar determinadas transformaciones sociales o económicas.
Para la presente investigación se realizaron cincuenta encuestas diseñadas según los
objetivos planteados, y se aplicaron de forma aleatoria entre hombres y mujeres desde
los 18 a 62 años de edad, en tres sesiones en diferentes horarios a vendedores
informales ambulantes ubicados sobre la carrera séptima y sus alrededores en el sector
delimitado anteriormente.
1.6.3. La entrevista
La entrevista se ha convertido en un elemento indispensable dentro de las
investigaciones de carácter cualitativo, su eficacia radica en la posibilidad de
acercamiento y comunicación entre el entrevistado y el entrevistador, permitiendo
lecturas poco convencionales de la realidad. Para este fin el investigador debe recurrir a
planteamientos epistemológicos que enfoquen el problema de investigación dentro de
un sistema complejo de relaciones.
La entrevista brinda múltiples alternativas de acercamiento con el sujeto y su realidad,
diferentes modelos de entrevista han sido desarrollados para el apropiado uso de cada
investigación, sin embargo la entrevista a profundidad es quizás la más popular pues su
riqueza discursiva permite descubrir los significados y significantes que hay detrás del
relato.
Por otra parte las entrevistas cualitativas a profundidad son otra alternativa a la hora de
recolectar información. Consiste en reiterados encuentros cara a cara entre el
investigador y los entrevistados, encaminados hacia la comprensión de las perspectivas
que tienen los entrevistados respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, descritas
con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una
conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas
(Taylor, 1992).
La entrevista a profundidad es un gran avance en el diseño de la metodología cualitativa
pues la cercanía que se genera entre entrevistado y entrevistador revela la importancia
del lenguaje como nivelador de la carga discursiva, es decir que el entrevistado puede
36
hacer su relato de forma despreocupada y amena. El lenguaje y la reflexión del sujeto
sobre su propio quehacer hacen de la entrevista a profundidad un dialogo constante del
entrevistado con su experiencia de vida, permitiendo al sujeto tomar conciencia del rol
que ocupa en determinadas situaciones, y de la complejidad de las relaciones sociales,
políticas y económicas que lo rodean. La entrevista a profundidad es para el
investigador una oportunidad de observar detalladamente su entorno permitiéndole
contrastar las hipótesis que en determinado momento aseguraba como ciertas.
El manejo de la información es crucial para entender el acto de investigar como un
proceso de abstracción, ya que, de forma autoritaria selecciona la realidad para
entenderla en un marco específico de análisis.
La entrevista como una situación específica preparada por el entrevistador presenta
grandes obstáculos, uno de ellos parte de la necesidad que tiene el investigador en
decantar los contenidos de la narración que pueden o no sobresalir del relato.
En la presente investigación la entrevista a profundidad permitió apreciar el arraigo
construido por los vendedores informales con su lugar de trabajo, lo que convirtió a la
entrevista en una valiosa herramienta para descubrir el carácter conflictivo de la relación
espacio público ventas informales, además de identificar igualmente las relaciones
desiguales que impulsa el modelo económico neoliberal entre los habitantes urbanos.
Las entrevistas fueron realizadas con el ánimo de reflejar situaciones o experiencias
imposibles de rastrear utilizando métodos tradicionales de recolección de información, y
se enfocaron en buscar diversas posiciones y voces participes del conflicto por el
espacio público. Bajo este principio se entrevistó en dos ocasiones en su lugar de
trabajo a la señora Berta Gaitan de 57 años de edad y 18 años de experiencia en el
sector informal todos en el centro de la capital. La señora Berta a lo largo de su
experiencia en las ventas informales ha sido parte de numerosos intentos por organizar
a este gremio, por lo que su aporte representa un valioso registro histórico acerca de la
efectividad de las políticas distritales en este campo. La posición escéptica de esta
vendedora muestra la cara de la situación real de este gremio, que experimenta un
proceso avanzado desgaste en la relación de los vendedores informales con la
administración distrital.
37
Otra de las entrevistadas en dos ocasiones en su lugar de trabajo fue la señora Yubelly
Herrera de 32 años de edad y 8 años de experiencia en la venta informal ambulante
igualmente en el sector centro. Su relato aporta pistas acerca de las limitadas
posibilidades que tienen los jóvenes sin formación profesional, quienes encuentran en el
espacio público una forma de sustento, acepta la necesidad de organizar este gremio,
sin embargo su escepticismo en las políticas púbicas demuestran la dificultad que
representa abandonar esta actividad para varios de los jóvenes que se han habituado a
estas condiciones.
Por su parte el señor Victor Julio Cortes de 59 años de edad 19 de ellos trabajando en
el sector informal hace parte de las personas que han iniciado una lucha constante por
salvaguardar los derechos de este gremio, dedicando varios años de su actividad en
organizar a sus colegas además de agotar todos los medios legales para que se les
reconozca el derecho al trabajo. Este vendedor aporta igualmente un importante punto
de vista teniendo en cuenta que ha sido uno de los pocos vendedores informales que ha
intentado organizar este gremio y que a la fecha continúa su trabajo desde la
informalidad.
1.6.4. La revisión documental
La búsqueda de archivos y documentos que dieran sustento al planteamiento teórico del
problema de investigación fue crucial para maximizar los resultados obtenidos de otros
estudios e investigaciones que se han producido alrededor de la problemática del
trabajo informal. Esta información ayudó a caracterizar los conflictos presentes a la hora
de buscar espacios de participación ciudadana por parte de los trabajadores informales,
quienes permanecen en las calles del centro de la ciudad a la espera de nuevas y
mejores oportunidades de empleo.
Los motores de búsqueda y publicaciones digitales fueron de gran relevancia para la
investigación, el análisis de la información publicada por revistas y universidades de
carácter nacional e internacional colgados en la red permitieron dar cuanta de nuevas
experiencias y enfoques en torno al problema de investigación. La revisión documental
es un elemento primordial para la investigación social de segundo orden ya que
38
proporciona una observación crítica y propositiva de los elementos históricos que
dinamizan el problema de estudio.
Cada momento histórico elabora su objeto de conocimiento científico, que no sólo tiene una existencia real, sino que es producto de la acción de los paradigmas teóricos vigentes y de las problemáticas planteadas por la comunidad científica a la realidad social (Navarrete, 2001)
Como estrategia de recolección de información la revisión documental es quizás la
herramienta metodológica más completa dentro de la investigación social de segundo
orden, el análisis de documentos de primera y segunda mano dan cuenta de la
relevancia del problema de investigación tanto para los sujetos directamente
involucrados como para la comunidad en general, lo que permite distinguir la
complejidad en las observaciones de lo cotidiano para posteriormente pasar el plano de
lo estructural.
El investigador de segundo orden, provisto de herramientas conceptuales y técnicas, es capaz de reconstruir teóricamente la realidad social. El objetivo del investigador, observador de segundo orden, es buscar con este procedimiento lo latente y sus estructuras. La distinción permite llegar a la latencia, al lado oscuro del primer orden fenoménico. En el primer orden el observador se desenvuelve en un mundo cotidiano, una experiencia concreta, inmediata y fenoménica, donde no puede observar el marco de distinción que lo hace posible, como no lo puede distinguir, por ello permanece latente. (Navarrete, 2001)
39
2. CAPITULO II
CONTEXTO HISTÓRICO Y ECONÓMICO
Deterioro y recuperación del espacio público en el centro de la ciudad
El centro como hito fundacional de la ciudad acoge a miles de personas diariamente, ya
sea con el ánimo de hacer turismo o por la oferta de bienes y servicios que este ofrece.
Está compuesto por las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires, su
arquitectura de tipo colonial es uno de sus mayores atractivos turísticos, esta condición
le otorga un interés particularmente importante, ya que la organización, proyección y
expansión de este sector responde al carácter patrimonial que organizó por décadas la
vida de los bogotanos. Sin embargo este sector entraría en una decadencia notoria a
principios de los años 30 en los que cobrarían importancia nuevos sectores
residenciales, industriales y de negocios que se sumarian a las políticas de
modernización que pretendía la administración local (Cardeño, 2005).
A medida que se fortalece el crecimiento urbano se genera igualmente una expansión
de la ciudad (Aponte y Rubiera, 2008) lo que genera nuevas centralidades que
potencian la construcción de sectores residenciales, comerciales o industriales. Esta
situación hizo de Chapinero un sector de gran influencia para la ciudad, lo que llevó a
que el centro histórico (La Candelaria) perdiera parte de su carácter residencial. El
impacto de estos cambios se traduciría en una constante segregación urbana que tiene
como causas la inversión financiera en zonas de valorización y de oferta de servicios
que el centro no ofrecía de forma eficiente.
A comienzos del siglo XX la segregación espacial se manifiesta con la construcción de los barrios obreros en la periferia de la ciudad; a mediados del siglo la segregación toma otro rumbo: la huida de la élite local hacia el norte de la ciudad, cuya oferta inmobiliaria ho-mogeniza el territorio por clase social (costo de inmuebles y reglamentación urbana). Está dinámica hizo que las elecciones individuales y grupales en pequeña escala (dejar el centro) generaran configuraciones territoriales de mayor escala (una fractura urbana por segregación socio-espacial) (Rubiano, 2010).
Con la transformación del sector inmobiliario e industrial en Bogotá se disminuyó el
precio del suelo en la capital, de acuerdo con las siguiente tendencia de desplazamiento
territorial: en la década de los sesenta hacia la carrera 7ª y avenida Jiménez; en la
40
década de los setenta hacia la calle 19 con carrera 7ª, a finales de los setenta hacia el
Centro Internacional; en los años ochenta hacia la avenida Chile; en los noventa hacia
la calle 100, Unicentro y Santa Bárbara, y en los últimos años hacia el eje occidental
Aeropuerto Internacional-Centro Internacional (Jaramillo, 2006).
Estos cambios impactaron el estado del centro urbano de Bogotá que para 2006
contaba con el 4% de la población total de la ciudad (Veeduría Distrital, 2006) esta
situación ilustra la finalidad que encierran los planes de recuperación y revitalización
(incluyendo el plan zonal centro) que el Gobierno Nacional con ayuda de la Alcaldía
Distrital promueven desde hace más de 24 años, subrayando el valor que representa el
uso del suelo con fines turísticos, negocios y comerciales en esta zona de la ciudad.
La recuperación del espacio como común denominador de los planes de ordenamiento
territorial y de urbanización (Thierry, 2008) en Bogotá tienen varias características, entre
las que se resaltan las iniciativas estatales que invitan a la intervención del sector
privado en la recuperación de ciertos espacios de la ciudad (oferta inmobiliaria y de
servicios que requieren de empresas constructoras y promotoras comerciales en dicha
recuperación), para establecer centros estratégicos que no se restrinjan solo al centro
histórico para jalonar los procesos de renovación y revitalización de las zonas
residenciales, sino que además necesita un cambio en la percepción de seguridad para
su consolidación.
Se considera que la política estatal no puede limitarse a lo que se ha definido como Centro Histórico, debe reconocerse la dimensión de lo que funcionalmente opera hoy como centro de la ciudad. (Se plantea que incluso para tener efectividad sobre la Candelaria como centro histórico debe operarse sobre un conjunto espacial más amplio) (Jaramillo, 2006: 22)
Estas características son claves a la hora hacer un balance del impacto real de los
planes distritales en la recuperación del centro de Bogotá y su incidencia en la vida de
los capitalinos, pero en mayor medida de los habitantes y trabajadores más cercanos a
este sector, lo que hace indispensable a futuro integrar al estudio la condición social y
económica en la que vive la población de los barrios como La Peña, el Guavio y Santa
Rosa entre otros, los cuales tienen problemas de pobreza, desempleo, inseguridad y
riesgos ambientales (dado su situación de invasión en los cerros), habrá que
41
replantearse entonces el acercamiento a estos procesos no solo en aras de la
comprensión de sus estrategias y alcances sino, de la incidencia en las condiciones
sociales, culturales, económicas y políticas de la población que vive y participa de este
sector de la ciudad.
2.1. El neoliberalismo y las consecuencias de sus políticas en Colombia
En 1971 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) utilizaría por primera vez de
manera oficial el término trabajo informal para referirse al grupo de actividades
económicas que se caracterizaban por condiciones de flexibilidad y mercados no
regulados en las ciudades S.I.U. (Sector Informal Urbano)
La evolución del sector informal responde a las diferencias en el acceso de los recursos productivos, licencias y estímulos para operar legalmente que existen en diversos países. Al mismo tiempo las diferencias con el sector formal surgen a partir de la concentración del poder político y gubernamental en torno a éste. (O.I.T. 1972.)
Bajo este panorama los gobiernos de diversos países pondrían su atención sobre el
fenómeno de la informalidad que poco a poco tomaba más fuerza en las ciudades
principalmente del tercer mundo, sin desconocer su presencia en los países
desarrollados. Para comprender el crecimiento de este fenómeno resulta necesario
analizar la influencia de los procesos de urbanización y las transformaciones
socioeconómicas en la configuración social del trabajo en las ciudades producto de la
implementación del neoliberalismo.
A mediados de la década de 1970 inició un proceso de desnacionalización y
transnacionalización de la economía. Las políticas de los diferentes gobiernos buscaban
generar las condiciones propicias para el florecimiento de la economía bajo las premisas
del neoliberalismo, esto se traducía en: La desregulación del mercado, flexibilidad
arancelaría para las compañías extranjeras, recorte del gasto público en inversión
social, privatización de las empresas estatales en concordancia con la necesidad del
achicamiento de las funciones del Estado en materia económica (Estrada, 2009).
Como consecuencia de la desregulación del mercado y el desplazamiento del control
del Estado sobre la producción se dio paso a la competencia desigual con la frágil
industria nacional, lo cual generó la entrada al país de compañías extranjeras que
42
ofertaban sus productos a un precio similar a los nacionales pero con altos índices
debido al elevado nivel de industrialización y tecnología empleados en su elaboración.
Esta situación produjo una oleada masiva de despidos con un detrimento en las
condiciones laborales de los trabajadores colombianos, lo que desencadenó en el
abaratamiento del costo de la mano de obra. El trabajo formal se convirtió en una
condición de pobreza, más aún cuando la tecnificación en la producción se encontraba
muy lejos del nivel de las empresas internacionales.
La necesidad de mano de obra calificada para el cumplimiento de labores cada vez más
técnicas se hizo notoria, a este nivel la demanda laboral adquirió una relación estrecha
con el nivel educativo, lo que hizo que los habitantes urbanos menos capacitados
tuvieran menores posibilidades de ingresar al mercado laboral y mantenerse allí.
La incidencia del neoliberalismo desde la década de los noventa cuando tuvo su
máximo esplendor impulsado desde el poder ejecutivo por el ex presidente Cesar
Gaviria (1990-1994) se convertiría en un punto de inflexión en la configuración del
nuevo orden económico en Colombia (Estrada, 2006). La necesidad de modernizar las
instituciones estatales en materia económica con un nuevo aparataje arancelario, crear
las leyes necesarias para el desmonte de algunos derechos adquiridos por los
trabajadores, y en general, crear las condiciones que permitieran la sincronización con
la políticas neoliberales en correspondencia con el escenario internacional y proyectar el
país como un lugar prospero a la inversión extranjera, serían entonces los ideales de los
gobiernos posteriores, cobijados por una plataforma jurídica que precedía los cambios
necesarios para tal modernización.
En el ámbito internacional las condiciones de un capitalismo exacerbado encontrarían el
vehículo propicio para su expansión en todo el mundo a través del neoliberalismo. Uno
de los rasgos característicos de este modelo económico fue la transnacionalización que
generó nuevas posibilidades en la pretensión de una homogeneización en la política, al
menos en los países de la periferia capitalista, es decir el conjunto de países
tercermundistas que exportan materias primas en mayor medida y se someten al poder
de las grandes potencias dadas las limitadas capacidades en el campo económico,
43
como parte de un proyecto más integral y complejo: la construcción de un nuevo
sistema de poder transnacional (Estrada, 2006).
Colombia no sería la excepción, la ola de trasformaciones que procuraban la no
intervención estatal en las actividades económicas y el libre intercambio comercial entre
países con el fin de acelerar el crecimiento industrial y los monopolios mercantiles se
convirtieron en las nuevas coordenadas de la economía y la política mundial, el
capitalismo liberal repotenciado en el neoliberalismo norteamericano no solo se
proyectó como paquete de medidas económicas sino además como ideología y forma
de gobierno.
En Colombia las reformas constitucionales en materia laboral de acuerdo con las
nuevas condiciones impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) no se hicieron esperar aún más cuando la industria cafetera se debilitó en relación
con otros mercados, prosperó entonces la necesidad de presionar las reformas
estructurales que incentivaran la creación de nuevas industrias en el país. Las medidas
que acompañaron este propósito abarcaron los diferentes mercados en los que estaba
organizada la economía: mercado laboral, mercado de bienes y servicios y mercado de
capitales. Las medidas impuestas a estos mercados fueron en realidad una expresión
de las profundas trasformaciones en las relaciones de producción nacional.
El abandono del Estado de la función regulatoria del mercado conllevaría a una
redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo. Las transformaciones en
materia laboral fueron canalizadas a través de la llamada ley 50 de 1990 con la que se
pretendió aumentar el número de personas empleadas bajo condiciones de flexibilidad
laboral, que consistía en la precarización del empleo formal consiguiendo para el
empleador múltiples beneficios como la exención de impuestos, la generación de mano
de obra barata, la especulación con los precios de los productos ofertados, la
posibilidad de despidos masivos entre otros.
Por otra parte para el empleado se generaron condiciones desfavorables que
desmontaron las medidas paliativas que se habían conseguido anteriormente, lo que se
tradujo en la imposibilidad de agremiación, el estancamiento del salario mínimo en
comparación con los precios de los productos básicos, legalización de la contratación a
44
término por períodos menores a un año, el establecimiento de la jornada alternativa de
36 horas a la semana sin recargos por trabajo nocturno, festivo o dominical,
especialmente para las nuevas empresas que operasen de forma continua, creación del
“salario integral” que se convirtió en una forma de evadir las obligaciones del empleador
en materia prestacional, eliminación de la acción de reintegro, entre otras medidas
impuestas por el Gobierno de Cesar Gaviria para producir mano de obra “barata”,
paralela a las condiciones de apertura económica que intensificaron el modelo
neoliberal en varios países de la región, y en general un escenario de pauperización de
las condiciones de las clases trabajadoras.
Con la reforma laboral (ley 789 de 2002) continuó el proceso de flexibilización del
mercado laboral en concordancia con el acuerdo “stand by” pactado con el FMI “esta
reforma debería reducir los costos laborales mediante la prolongación de la jornada de
trabajo y la reducción de los costos por concepto de pago de horas extras e
indemnizaciones por despido” (FMI, Ministerio de Hacienda, 2002: 14); de esa forma se
buscó canalizar los esfuerzos del gobierno para enfrentar la dramática situación de
desempleo (más empleo, pero más barato y precarizado). Sin embargo las cifras de
desempleo que han logrado estabilizarse en un solo digito, no se compadecen de las
paupérrimas condiciones laborales del empleo colombiano. A esto cabe añadir el bajo
poder adquisitivo persistente en los salarios lo que ha ampliado la brecha social, entre la
clase rica del país y las clases menos favorecidas. Si bien en los gobiernos de Ernesto
Samper y Andrés Pastrana se tomaron medidas para proceder de forma efectiva con el
desarrollo del libre mercado, es bajo la incidencia del marco legal que cambiarían las
prácticas laborales.
Los acuerdos firmados desde 2002 con el FMI a fin de garantizar pactos bilaterales con
multinacionales en todo el mundo, generaron una situación en los trabajadores formales
(entendidos como trabajadores asalariados adscritos a unos regímenes de salud,
pensión y seguridad social) de profunda crisis. La fuerza de las nuevas reformas
laborales subordinaría a los trabajadores a lógicas empresariales que en muchos casos
dadas las difíciles circunstancias resultarían insuficientes e incoherentes con las
necesidades de los trabajadores (lo justo no es lo legal) y las prácticas laborales
empujarían irremediablemente a la informalidad.
45
Las prácticas de economía informal evaden según lo estipulado por la ley, una o varias
normas en relación con la legislación fiscal. Cabe aclarar que como lo sostiene Gian
Carlo Perone:
La economía informal consiste en actividades cuyo desarrollo no obedece necesariamente a intentos evasivos, al deliberado propósito de irrespetar o deformar las normas que regulan las actividades mismas, aun cuando estas actividades vengan a colocarse en plano distinto de aquél de las actividades económicas formalmente disciplinadas (Perone, 2005).
No se trata entonces de una decisión para evadir la ley, sino que responde a la escasas
de posibilidades de inclusión y reconocimiento en las dinámicas del mercado por parte
de las entidades gubernamentales. El fenómeno de la informalidad se agudiza en las
ciudades debido a la desregulación del mercado, que encierra en sí misma una
contradicción, puesto que el Estado debe propiciar escenarios de apertura económica
por medio de acciones constitucionales y/o jurídicas, lo que demuestra la dependencia
del neoliberalismo en la intervención del Estado. Surge entonces un interrogante acerca
de ¿Cuál es el lugar que ocupa en la economía nacional las actividades económicas
paralelas (no formales) que se desarrollan en clara oposición a las políticas oficiales de
legalidad esbozadas desde el gobierno?
No existe una relación antagónica entre el sector formal e informal como se ha querido
mostrar desde diferentes posturas, por el contrario se ha generado una relación de
interdependencia entre ambos sectores que ocupan un renglón importante en la
economía nacional. Esta hibridación es el resultado de un proceso de reestructuración
económica poco cuidadoso y bastante azaroso que desató profundas contradicciones,
entre ellas la privatización de las ganancias y la socialización de las perdidas.
La socialización de dichas pérdidas en el valor acumulativo de la población
mayoritariamente pobre, abre paso al rol de la venta informal ambulante en la economía
urbana, esta imposibilidad de acumulación aumenta la brecha entre la enorme
capacidad de acumulación excesiva propia de las grandes empresas y su contraparte
los empleados (Estrada, 2009).
Como afirma Samuel Freije en lo que se refiere al trabajo informal actual son múltiples
las causas de su crecimiento, las regulaciones excesivas que obstaculizan la creación
46
de empresas formales, los sobrecostos de nómina y capacitación que dejan de ser
asumidos por muchos empleadores, la ausencia de una acertada planificación espacial
y la no aplicación de las leyes laborales por parte del gobierno hacen parte del abanico
de variables que se presentan a la hora entender el trabajo informal, aun así las
contradicciones propias de un sistema económico que constantemente se reinventa,
hacen parte esencial de la comprensión de este fenómeno.
La población excluida del sistema formal de empleo por una u otra circunstancia debe
hacer uso de las grietas del sistema para abrirse paso en los espacios productivos no
convencionales (la calle, el separador, los parques) la constante búsqueda de formalizar
cualquier tipo de actividad se traduce en las medidas policivas que asumen las
diferentes administraciones a nivel local, desconociendo las expresiones vivas de la
desigualdad económica que trae consigo las políticas neoliberales.
2.2. Un acercamiento a las políticas públicas de recuperación del espacio público
Los gobiernos distritales de oposición que se consolidarían en la administración
capitalina durante los últimos 9 años representan un giro sustancial en la forma de
entender y proyectar las dinámicas urbanas de la ciudad, dentro de las cuales se cuenta
la política de espacio público. Las administraciones anteriores como las de Antanas
Mockus y Enrique Peñalosa propusieron un marco político y normativo para la
regulación del espacio público planteada desde una visión progresista, que se
consolidaría con la elección de Luis Eduardo Garzón, una de las figuras políticas más
reconocidos del Polo Democrático Alternativo.
La discusión en torno al uso del espacio público fue incluida en la agenda política como
un punto relevante desde el Gobierno de César Gaviria, a partir del cual el poder
ejecutivo hace un llamado a los alcaldes de manera explícita en el art 85 del decreto
presidencial 1421 de 1993 para velar por la recuperación y mantenimiento del espacio
público (Donoven, 2008).
En 1998 es elegido por voto popular Enrique Peñalosa quien se interesará de manera
notable en la estructura física que compone el espacio público de la ciudad, con la idea
de que si la ciudad cambia lo mismo ocurrirá con sus ciudadanos. Peñalosa pondrá en
47
marcha un plan de gobierno proyectando lo público desde la comodidad y la calidad de
los espacios físicos, partiendo de la base de la cultura cívica construida de forma
insistente por su antecesor.
El Fondo de Ventas Populares impulsado por su gobierno para recuperar el espacio
público, se encargaría de garantizar el derecho al espacio público por encima del
derecho al trabajo dejando como resultado la exclusión de los actores sociales que se
beneficiaban económicamente de él. Desde su plan de gobierno se argumentó en su
momento que una ciudad más humana requería incrementar la calidad y cantidad de los
espacios públicos para la interacción social, libre y espontánea de sus habitantes, y que
el civismo, la pertenencia y la seguridad debían estimularse mediante la creación de
espacios colectivos y recreativos (Rivera, 2002).
Del mismo modo se redoblaron esfuerzos en el tema de seguridad ciudadana como eje
relacional del espacio público, lo que llevó a reforzar el número de policías que
custodiaban los lugares más “peligrosos” de la ciudad, además se enfatizó en la
aplicación de pautas de buen comportamiento para el mejor uso del espacio público
(Gómez y Murillo, 2005). Otras medidas fueron la instalación de alrededor de 10 mil
bolardos en las aceras de calles principales, el desalojo de la calle del cartucho y la
puesta en marcha de proyectos de largo alcance como Transmilenio y las ciclorutas.
En general las políticas promovidas desde la administración Peñalosa para definir y
regular el uso y cuidado del espacio público apuntaban a una Bogotá en orden, que
tuviese los equipamientos modernos en materia turística a la altura de las grandes
capitales mundiales. Embellecer la ciudad se convierte en el eje no solo de las políticas
que proyectan cambios en el espacio público sino además en un horizonte de gobierno4.
Los alcances de estas iniciativas sin embargo resultarían muchas veces superficiales al
momento de centrar la atención en los conflictos que aquejan a los habitantes urbanos.
La desigualdad social y la escases de oportunidades de empleo para las clases menos
favorecidas fueron supeditadas por políticas superficiales tendientes a elevar el nivel de
vida de los capitalino a partir del embellecimiento de la ciudad.
4 Reorganizar la ciudad con mayor número de espacios públicos; recuperar el espacio público de los
andenes y parques recreacionales, recuperar el centro histórico de la capital a través de la Corporación la candelaria, y en general ejecutar un amplio presupuesto en el sistema de espacio público de la ciudad con miras a proyectar una ciudad más organizada y segura para los que la visitan.
48
Con la llegada de Antanas Mockus 1995-1998, posteriormente reelegido 2001-2003 a la
alcaldía distrital se vuelve indispensable el compromiso discursivo hacia el análisis de
elementos intangibles que componen el espacio público (relaciones personales y
colectivas que se dinamizan y convergen en el espacio público de la ciudad, que están
mediados por reglas formales e informales, además de acuerdos que regulan la
convivencia entre los ciudadanos). Mockus implementó acciones pedagógicas de
concientización para permitir a los ciudadanos construir un sentido apropiado del uso
del espacio público, acompañado de proyectos de reubicación de mercados informales
que habían ocupado de manera indebida el espacio público. Durante su mandato se
adelantarían cerca de 23 de estos proyectos en el centro de la ciudad (ausencia de
datos exactos para el resto de la ciudad (Donoven, 2008)
Se haría evidente que la administración distrital estaba decidida a reubicar a los
habitantes urbanos que usufructuaban el espacio público principalmente del centro de la
ciudad, con la idea de mejorarla a partir de pequeños sacrificios. El urbanismo
funcionalista y regulado jurídicamente de acuerdo a expectativas de embellecimiento
arquitectónico se materializaría en la restauración de parques, calles y plazas de Bogotá
(Donoven, 2008).
La regulación e intervención del espacio público que antecedía a los gobiernos
provenientes de partidos de izquierda, progresistas o alternativos elegidos
posteriormente (Garzón, Rojas y Petro), pretendía un carácter sancionatorio que
apostaba por una cultura cívica fuerte y la confianza en el apego a las normas por parte
de los ciudadanos como forma controlar los desórdenes que operaban en las calles y
plazas bogotanas. La apuesta por regular el trabajo informal definiría en gran medida
los programas con miras a mejorar la calidad del espacio público, a partir de los cuales
las ventas informales ambulantes se convertirían en un referente de acción cuando se
analizaban los problemas de la capital.
Las tres últimas administraciones no difieren mucho de su visión acerca del espacio
público, quizás precisamente por la cercanía de sus posiciones políticas, además
porque en 2005 se establecería de manera formal un marco legal y normativo para la
organización, uso y renovación del espacio público en Bogotá, el plan maestro del
espacio público “P.M.E.P” en este sentido y teniendo en cuenta la delimitación temporal
49
de este trabajo, se analizaran los programas y medidas que los gobiernos de Luis
Eduardo Garzón, Samuel Moreno Rojas y Gustavo Petro.
Luis Eduardo Garzón (2004-2007)
En 2004 es elegido por voto popular Luis Eduardo Garzón5, un fuerte representante del
partido político Polo Democrático Alternativo que se ha caracterizado por ser una
coalición de varios sectores de la sociedad colombiana que hacen oposición en el país,
a partir de este periodo se instalaría como ineludible referente político en la ciudad de
Bogotá. Su amplia trayectoria en el activismo sindical en la que se incluye Ecopetrol, la
unión sindical obrera (USO), hasta la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores
de Colombia (CUT), le daría respaldo a su discurso político con claras bases marxistas
adaptadas al contexto colombiano.
En 2005 bajo su mandato se firma el Plan Maestro de Espacio Público (PMEP) con el
fin de establecer a largo, mediano, y corto plazo las políticas necesarias para mejorar
los espacios públicos de la ciudad, dicho plan se convertirá en referente obligatorio para
cualquier política o medida en este sentido. Sin embargo cada alcaldía ha impuesto su
sello particular en la forma de entender no solo el espacio público sino además los
problemas y actores que intervienen en este.
En la administración de Garzón se establece el espacio público dentro de un sistema
general bajo el cual la ciudad adquiere un horizonte común que deberá valorar las
necesidades de los más desprotegidos y velar por su bienestar apegándose a los
proyectos del “PMEP” (Murillo Y Gómez, 2005). Es posible hallar un cambio en las
políticas de espacio público respecto a las anteriores administraciones, mientras que en
procesos pasados se dio prioridad a temas diferentes a lo social, en la administración
Garzón el tema social es preferente. Durante las alcaldías inmediatamente anteriores
los vendedores ambulantes eran sometidos a diversos desalojos.
5 Político y activista sindical colombiano, actualmente se desempeña como ministro consejero para el
Diálogo Social, siendo la primera persona en ocupar este cargo. Garzón fue Alcalde Mayor de Bogotá entre 2004 y 2007; candidato presidencial en 2002 y precandidato por el Partido Verde para las elecciones presidenciales de 2010, después de haberse retirado del partido político Polo Democrático Alternativo en mayo de 2009, Garzón se unió a los ex alcaldes de Bogotá Antanas Mockus y Enrique Peñalosa y juntos adhirieron al Partido Verde en septiembre del mismo año.
50
Las medidas tomadas por la administración distrital se basan en conceptos emanados
del PMEP, por ejemplo el espacio público es definido como: “el conjunto de inmuebles
públicos y elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados
por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los intereses privados de los
habitantes” (PMEP 2005) Bajo esta perspectiva se publican una serie de documentos
que sientan las bases para la reflexión en torno al tema de espacio público. Quizás el
más significativo sea el que se construyó junto con UNHABITAD y fue titulado “Habitad
y Espacio Público, el caso de los vendedores ambulantes en el espacio público físico de
Bogotá” (Alcaldía Mayor De Bogotá, 2007). En este se recoge una amplia gama de
conceptos políticos, económicos y hasta de carácter sociológico que posteriormente se
convertirán en parte fundamental de la política del espacio público de esta
administración.
De allí se rescata primordialmente el carácter conciliador, en concordancia con el
ordenamiento jurídico que obliga a la alcaldía como sujeto de poder ejecutivo a velar por
el bienestar colectivo de los ciudadanos, sin desconocer las sentencias de la Corte
Constitucional que son claras en lo que respecta a la labor de los vendedores
ambulantes quienes ocupan el espacio público, y tienen según la corte, derecho a un
trabajo que procure las condiciones necesarias para el disfrute de una vida digna.
Esta administración firmaría además en 2007 el Plan Zonal Centro de Bogotá (PZCB)
que pretendía la consolidación del centro de la ciudad como espacio estratégico de
inversión público-privada, a lo cual debían sumarse proyectos de intervención
urbanísticas que revitalizarían tres localidades representativas de la ciudad (Los
Mártires, La Candelaria y Santa fe), bajo este panorama serían propuestas una serie de
reformas que habrían de definir y especializar el uso del suelo en el centro de la ciudad,
basadas en la valorización, la oferta de bienes y servicios y la modernización del centro
como referencia turística y comercial. Este gran proyecto reafirmaría el PZCB como
figura administrativa y urbanística que permitiría la intervención de agentes privados en
el desarrollo de proyectos de renovación urbana por medio de la adjudicación de
licencias que requerían cuantiosas sumas de dinero y grandes grupos de inversores.
51
Las alianzas público-privadas al margen de la opinión pública, serán la evidencia de la
escasa participación real que habrán de tener los habitantes urbanos en dichos
proyectos. El PZCB se convertiría no solo en un reto en materia urbanística para las
próximas administraciones distritales, sino además en un punto clave de contraste con
la gestión de Luis Eduardo Garzón que en materia de espacio público había mostrado
un notable alcance social. El papel del Estado a este nivel tomaría cada vez más
relevancia en lo que a planeación y desarrollo urbano se refiere, la tendencia a la
descentralización de sus funciones conllevaría a la pérdida de capacidad de decisión en
las acciones e intervenciones urbanísticas, encargándose únicamente de delegar
funciones administrativas y de control a entes particulares regidos por intereses
naturalmente propios del mercado.
Samuel Moreno (2008-2010)
Siguiendo con las políticas planteadas por el gobierno de Luis Eduardo Garzón, en 2008
asume la alcaldía Samuel Moreno6, quien sería el protagonista del escándalo de
corrupción más grande en la historia de la alcaldía de Bogotá, denominado “el carrusel
de la contratación”, por lo que su mandato se vería interrumpido y los temas de su
administración lógicamente correrían con la misma suerte.
La administración Moreno propondría una ciudad más inclusiva, democrática y moderna
para conseguir un crecimiento “sostenible” y competir con las grandes ciudades
latinoamericanas sin perder la dignificación que debería acompañar el desarrollo de la
mano de un incremento en la participación ciudadana en los procesos de planeación y
ejecución de los proyectos de la alcaldía, con el fin de descentralizar las acciones
políticas y mejorar de paso su funcionamiento.
6 Político colombiano, titulado como abogado y economista. Nació el 11 de febrero de 1960 en Miami,
Estados Unidos durante el exilio de sus padres y de su abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla.1 Después de pasar varios periodos como senador de la República, fue elegido Alcalde de Bogotá como candidato del Polo Democrático Alternativo para el periodo 2008-2011. El 3 de mayo de 2011 el procurador Alejandro Ordóñez lo suspendió por un lapso de 3 meses por investigaciones en el escándalo de la contratación de obras públicas la ciudad de Bogotá. A causa de estos hechos, en septiembre de 2011 fue expulsado del Polo Democrático Alternativo y detenido por un juez de la República al considerársele responsable de irregularidades referentes a la contratación pública.
52
Este proyecto político anunciaba el compromiso por una ciudad con miras hacia la
oferta de espacios para una economía en crecimiento, que debía integrar a los sectores
más pobres en el desarrollo de la ciudad. Bajo estas premisas se pretendía recuperar
espacios físicos de la ciudad ocupados indebidamente por los vendedores informales
ambulantes.
La alcaldía publicaría en compañía de UNHABITAT el informe Espacio público y
derecho a la ciudad. La política de espacio público físico y la venta informal en Bogotá.
(Alcaldía Mayor, 2008). Este trabajo expondrá los elementos prácticos y conceptuales
que habrían de encaminar las políticas y acciones para la recuperación del espacio
público, teniendo en cuenta la situación de los trabajadores informales desde una visión
en particular denominada “desarrollo humano” que habrá de trabajar en las condiciones
políticas y sociales necesarias para que los habitantes urbanos puedan afirmar su
libertad (Alcaldía Mayor, 2008).
Desde este enfoque se pretendía dar continuidad a las visiones y políticas expresadas
por la alcaldía inmediatamente anterior (Bogotá sin indiferencia) las cuales proponían
una ciudad de derechos y un análisis de las problemáticas que rodeaban las ventas
informales, como la precarización del mercado laboral y la reproducción de las
condiciones de pobreza presentes en las ciudades de los países en vías de desarrollo.
Sin embargo, y aun con el derecho a la ciudad como eje orientador de la política de
Samuel Moreno, existían incongruencias entre la retórica y la acción que se desglosaba
en su agenda de gobierno. La concentración del alcalde y su gabinete sobre la
sostenibilidad tornaron su discurso en algo confuso, ya que a pesar que en el plan de
desarrollo se propone una ciudad moderna e inclusiva, no se hace notoria la relación de
la sostenibilidad, entendida como un proceso equilibrado entre el crecimiento y
desarrollo con los planes de construcción, contaminación y expansión que han de
gestarse en la ciudad.
Bajo estos parámetros la administración de Samuel Moreno recupera 154.294 metros
cuadrados de espacio público según el IRCB (Informe de Rendición de Cuentas de
Bogotá) en acciones denominadas como entrega voluntaria, sin precisar los procesos
53
de negociación dentro de los cuales fueron entregados estos espacios y mucho menos
en manos de quien se encontraban
Es difícil pasar por alto la poca importancia que esta administración dedicó en su
informe de rendición de cuentas (2012) al problema de la recuperación del espacio
público, y en general el mantenimiento de todo el sistema de espacio público, para
Samuel Moreno y su equipo de trabajo sus obras más importantes se enfocarían en el
sector de salud y de educación en donde se apostaría por inclusión y calidad.
Por otra parte en el debate político para la reconfiguración del espacio público no se da
importancia a la participación ciudadana, y mucho menos a la convergencia de
posiciones y propuestas que permitan recuperar la confianza en las instituciones y en
las políticas distritales.
Los esfuerzos de la administración distrital se centraron en la capacitación para crear
jóvenes emprendedores, con miras a la formalización de empleos. Durante el año 2008
se formaron para ser insertos en el sector formal un total 3.156 personas del sector
informal, lo que corresponde al 20% del total programado. En el año 2009 se formaron
un total de 3.910, lo que corresponde al 44% del total programado en el Plan Distrital de
Desarrollo (PDD). Así mismo, durante el año 2010 se formaron para la generación de
ingresos un total de 6.810 personas del sector informal, para un total acumulado de
13.876.
Los resultados producidos por estas políticas no impactaron de forma considerable en la
reducción del número de personas que a diario se suman a las prácticas laborales
informales, debido a la equivocada confianza en el proceso de formalización
encaminado hacia programas de integración de los vendedores informales al sistema
económico formal.
Gustavo Petro (2012-2014)
La llegada de Gustavo Petro7 máximo líder del partido político Progresista a la
administración Distrital se convertiría en un hecho de gran relevancia para la capital,
7 Economista de la Universidad Externado de Colombia, ocupó varios cargos administrativos en el
municipio de Zipaquirá, hizo parte de la guerrilla del M-19. Posteriormente fue electo senador en
54
pues la continuidad de las ideas progresistas en la alcaldía serían muestra del respaldo
de los bogotanos, que pese a los escándalos de corrupción en la administración de
Samuel Moreno aún mantenían la credibilidad en el Polo Democrático Alternativo
partido político del cual hizo parte Petro.
En materia de espacio público su política se orientó a fortalecer el papel del Estado
como referente jurídico y administrativo para la recuperación y regulación del espacio
público. En 2013 se expide el Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico del
Espacio Público en Bogotá, bajo el cual se estipulan las disposiciones y facultades de
los entes distritales para “cobrar” por el uso del espacio público a los particulares.
En este punto surge un interrogante ¿son las disposiciones de aprovechamiento
económico del espacio público conferidas por la alcaldía Distrital un instrumento de
privatización y mercantilización de los espacios colectivos de la ciudad? El
aprovechamiento económico que plantea la alcaldía de Gustavo Petro se convierte en
una invitación a la instrumentalización de los recursos físicos con que cuenta la ciudad,
asumiendo que el espacio público es un lugar de paso y no un referente de participación
de los asuntos públicos que le conciernen a la ciudadanía (Habermas, 1967).
Las disposiciones distritales en materia de espacio público responden a la regulación y
gestión emanadas por el gobierno nacional, en este sentido la alcaldía distrital plantea
que: El documento CONPES 3718 de 2012 en el marco DNP Visión Colombia 2019,
establece los lineamientos para la construcción de la Política Nacional de Espacio
Público, y dispone como objetivo central la disminución del déficit cuantitativo y
cualitativo de espacio público en los entes territoriales, establece como uno de los
objetivos específicos la generación de instrumentos de financiación y aprovechamiento
económico de dicho espacio es decir el Marco Regulatorio de aprovechamiento
Económico del Espacio Público (MRAEEP, 2013) por otra parte El Consejo Nacional de
Política Económica y Social establece una política nacional de espacio público que
orienta a las autoridades departamentales y municipales a asumir los retos que en
representación del polo Democrático Alternativo. Renuncio a su curul para presentarse a las contiendas electorales para la presidencia en 2010, en las cuales fue derrotado por el hoy presidente de la republica Juan Manuel Santos. Finalmente en 2011 fue elegido como Alcalde Mayor de Bogotá en representación del partido Progresista hasta la actualidad.
55
materia de recuperación, calidad, generación y construcción del espacio público, sin
olvidar los lineamientos generales que plantea el gobierno nacional.
Con base en el análisis descrito anteriormente es posible identificar una contradicción
entre las disposiciones legales de la alcaldía y el discurso político que las sostiene. Se
hace evidente el despojo a la ciudadanía del derecho al disfrute del espacio público,
puesto que el Estado en calidad de garante de las condiciones económicas y políticas
de los ciudadanos no puede incentivar el usufructo de un bien público, que debe estar
excluido de cualquier tipo de interés económico por su propia naturaleza. Por el
contrario está obligado a desligar el sistema de espacios públicos de la capital con
cualquier sentido económico.
El auge económico propio de la ciudad permite a las empresas particulares estar en
capacidad de pagar por el usufructo del espacio público en diferentes actividades que
revisten obviamente un beneficio económico, lo que consolida al Estado como máximo
garante del crecimiento capitalista en la ciudad, proyectándolo además como el
proveedor por excelencia de insumos físicos e inmateriales requeridos por la empresa
privada. Esta situación se convierte en un reflejo de las rutas de gobierno que ha
definido la izquierda en la ciudad, rutas que se configuran bajo la incoherencia, la
retórica y la demagogia que se creía habían apropiado principalmente los extremos más
conservadores y tradicionales de la política en el país.
2.3. La visión institucional del espacio público: Continuidades y rupturas
La visión institucional que se ha configurado alrededor de lo que debe significar el
espacio público de Bogotá está cargado de presiones y conflictos que son el resultado
de los intereses económicos presentes en las elaboraciones discursivas defendidas por
las diferentes administraciones distritales acompañadas de acciones administrativas
durante los últimos 10 años. Varias administraciones han tratado el problema del
espacio público sin embargo han sido bastantes similares pese a sus aparentes
diferencias (cobros, conciliaciones, formalización, etc.) los puntos de encuentro han
logrado profundizar la brecha existente entre espacio público y espacio político de la
ciudad. A saber
56
1. El espacio público está previsto entre otros aspectos para la movilidad de la
ciudadanía, bajo esta premisa todo elemento que obstaculice el derecho a circular
de manera libre y segura por la ciudad, atenta contra el espacio público y los
derechos colectivos, la movilidad se convierte en el elemento que define el espacio
público en la ciudad y la excusa propicia para atribuir a los vendedores informales
su deterioro, desatendiendo la responsabilidad del Estado sobre su cuidado y
mantenimiento, además de pervertir de forma estructural el sentido político del
espacio público, devastado por los determinantes del mercado y la propiedad
privada que poco a poco ha corroído los espacios de encuentro y organización
social.
2. El espacio público por su carácter colectivo debe ser administrado por el Estado
y es bajo ésta consigna es que no puede concebirse lo público por fuera del aparato
estatal, por esta razón las acciones de los ciudadanos en relación al uso y cuidado
del espacio público debe estar regulada por órdenes gubernamentales pese a sus
contradicciones y vacíos, en otras palabras es un espacio colectivo solo en la
medida en que el Estado lo dispone de esta manera pues la construcción colectiva
de sus usos, sentidos, imaginarios y construcciones está limitado por un orden
estatal que la ciudadanía puede no compartir pero debe aceptar.
Bajo estas premisas la ciudadanía no adquiere un papel protagónico en la construcción
de los planes de renovación y recuperación del espacio público, bajo las tres
administraciones el eje de la participación ciudadana funcionó dentro de las llamadas
veedurías públicas a las cuales asiste un porcentaje poco significativo de ciudadanos
que en primera instancia posee serias dudas sobre la efectividad de los mecanismos de
participación y que además se siente apático a los espacios de debate y socialización
dentro de la ciudad (Brewer-Carías, 2010)
Con este acercamiento a los últimos tres gobiernos distritales es posible apreciar que si
bien el tema del espacio público es un tema que ha ocupado la agenda política del
distrito, no ha revestido la importancia que se merece convirtiéndose en una
problemática en lista de espera para ser atendida en forma directa y efectiva, siendo un
tema que se hereda de alcaldía en alcaldía, mientras cientos de personas se suman
año tras año convirtiendo a esta problemática en una bomba de tiempo para la ciudad.
57
58
3. CAPITULO III
EL MODELO NEOLIBERAL: REPERCUSIONES EN LA CONDICIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON EL FENÓMENO DE LA
VENTA INFORMAL AMBULANTE.
“Entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, prácticamente todos los países latinoamericanos adoptaron los programas de estabilización y de ajuste estructural prescritos por el Fondo Monetario Internacional. Estos programas están basados en el paquete de reformas económicas y políticas que caracterizan el modelo neoliberal: apertura completa de las economías al mercado y al capital internacional, recorte del gasto público y eliminación de los subsidios sociales, privatización de las empresas estatales y, en general, el establecimiento del clima más propicio para la inversión extranjera” (Ahumada, 2002:145)
El análisis de la situación de la clase trabajadora en el país y su relación con la
agudización e incremento del fenómeno de la venta informal ambulante requiere
abarcar una multiplicidad de aspectos propios del contexto colombiano, entre los que se
pueden incluir: el desplazamiento forzado, la persecución a las organizaciones
sindicales por parte de grupos al margen de la ley, la relación de dependencia con otras
economías a nivel mundial, el abandono de la industria nacional, las reformas al
estatuto laboral, la falta de inversión social, y en general además del conflicto armado
interno, todo los aspectos de la vida nacional que han sido afectados por el paquete de
medidas económicas nombrado por Ahumada (Ahumada 2002). Estas políticas
responden a los principales postulados del liberalismo, retomados por el neoliberalismo
como estrategia de imposición y dominación del mercado a nivel mundial y con mayor
fuerza en los países considerados del tercer mundo.
Una herramienta conceptual para el análisis de estas políticas y los cambios que ha
desencadenado en Colombia es la teoría de la dependencia propuesta por Immanuel
Wallerstein (1989) muy adecuada por demás para lograr el objetivo de este apartado.
Un vistazo inicial tanto de los principales postulados del neoliberalismo como la teoría
de la dependencia será útil para desentrañar las bases de esta problemática, partiendo
de la noción de que todo proceso económico, político y social debe examinarse en el
contexto más amplio de la situación internacional, más aun en las condiciones actuales
de globalización y modernización.
59
En palabras del filósofo alemán Bruno Bauer el amor entre los hombre se volcó hacia
un dios en este caso el Dios judío a saber el “Dinero”, este es el signo en los
planteamientos del liberalismo clásico. El liberalismo deifica el mercado haciendo
prevalecer el interés por la acumulación de capital sobre las demás condiciones
necesarias de equidad social, a lo cual Marx llamaría la fetichización de la mercancía y
Lukacs la reificación, que no es otra cosa que la exacerbación del individualismo, la
defensa jurídica radical de la propiedad privada y el desinterés por el bienestar
colectivo. La expansión de esta idea a nivel mundial fue impulsada con la férrea idea de
que el modelo neoliberal era el camino a seguir por todas las naciones del mundo,
cuyos máximos defensores fueron Milton y Rose Friedman.
Sin embargo esta afirmación restó importancia a los monopolios, a los que decidieron
llamar anomalías del sistema, y basados en las ventajas comparativas estudiadas por
David Ricardo forjaron toda una teoría alrededor del mercado, la especialización en la
producción de un bien no fue un impedimento para que las potencias mundiales
inundaran el mercado con sus productos relegando a las naciones periféricas a ser
simples importadores de productos de alta calidad y exportadores de materias primas,
convirtiendo la ventaja comparativa en una ventaja absoluta desarticulando de paso
cualquier idea de un equilibrio tácito en la economía y mostrando cómo las grandes
corporaciones multinacionales aplastan y asfixian a su paso todo tipo de economía
local.
Una explicación a este fenómeno fue expuesta por Immanuel Wallerstein con la teoría
de la dependencia en su obra “El moderno sistema mundo (1989)” en la que muestra
una perspectiva bajo la cual existe una relación entre el centro (las naciones con
amplios mercados) y la periferia (naciones exportadoras de materias primas con poco
valor agregado) haciendo las veces de satélites de estos amplios mercados generando
una suerte de dependencia económica, política y social entre los grandes emporios
trasnacionales y las pequeñas economías locales. Esta teoría permite analizar la
situación de América latina y su obediencia abnegada a las políticas de las entidades
trasnacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que
representan los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales. Las políticas
internas de los países del tercer mundo como Colombia en términos de la relación
60
centro- periferia obedecen inevitablemente a estas presiones y marcan el camino a
seguir en todos los sentidos del orden local y regional.
Tomado como referencia esta teoría en resumen este apartado se propone demostrar
que el modelo neoliberal en Colombia irrumpió al igual que en otros países
considerados del tercer mundo o subdesarrollados, a mediados de los años sesentas,
(sus repercusiones solo se empezarían a notar partir de los noventas con la apertura de
la economía nacional) respondiendo a presiones de entidades trasnacionales como el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, poniendo a disposición del mercado
internacional la precoz industria nacional y utilizando para este propósito el aparato
Estatal, lo que ha generado un autoritarismo Estatal que ha sumido al país en un estado
de mayor dependencia y ha acrecentado la inequidad social reflejadas en las
condiciones de pobreza de las clases trabajadoras, en total contradicción con los
discursos de libertad, pluralidad, inclusión, e igualdad publicitados por el Estado
Colombiano como un Estado Social de Derecho.
En este contexto aparece la ciudad como espacio icono de la sociedad capitalista
moderna, convirtiéndola en el escenario de las más agudas contradicciones que suscita
el capitalismo, materializadas a través de las desigualdades económicas que se
evidencian en aspectos como la vivienda, educación, salud, justicia, entre muchos otros,
estos se configuran como vectores inequívocos de la desfavorables consecuencias que
trae la imposición del modelo neoliberal. Esta situación ha generado un efecto colateral;
la agudización y crecimiento de un fenómeno social como la venta informal ambulante.
Este trabajo intenta evitar caer en esquemas y en la simplificación de la venta informal
ambulante como un tema de orden urbanístico que requiere medidas de carácter
policivo y cívico hacia la preservación del espacio público, tal como ha sido tratado por
las diversas administraciones distritales.
Se trata entonces de analizar la interacción que presentan todos estos elementos y
determinar cuál ha sido el peso específico de las políticas neoliberales en los cambios
de las condiciones laborales a partir de su irrupción en Colombia. Este análisis debe
incluir ineludiblemente un repaso de los principales hechos en materia laboral que
permitan identificar los cambios en la política nacional en materia económica
61
Las condiciones de los trabajadores en Colombia, un acercamiento histórico
Un referente en el repaso de la historia laboral colombiana puede ser considerado la
masacre de las Bananeras en 1928 acontecimiento que marcó un punto de inflexión en
la lucha de los trabajadores colombianos. A partir de ese momento y bajo las presiones
ejercidas por las organizaciones sindicales el Estado debió convertirse en un mediador
entre los trabajadores y los patronos dándole un carácter social a estas luchas antes
que policivo, obligando más adelante a gobiernos como el de Enrique Olaya Herrera o
Alfonso López Pumarejo a introducir beneficios para los trabajadores en las leyes
colombianas, otorgándole un sentido legal y legítimo a la protesta social, producto de
esta coyuntura se creó el antiguo código laboral.
El primer acercamiento del neoliberalismo al país se produjo en el año de 1968 durante
el gobierno de Carlos Lleras Camargo quien a través de diferentes decretos confiscó a
los trabajadores varias prerrogativas que habían ganado durante largos años de intensa
lucha social, decretos que terminaron por eliminar varios derechos en temas como la
organización y la huelga sindical. Según Libardo Botero (1992) durante los decenios de
1970 y 1980 varias administraciones pusieron en práctica todo un conjunto de políticas
laborales regresivas que deterioraron por completo la calidad del empleo productivo y
redujeron drásticamente el salario real. A nivel internacional, esta tendencia hacia el
deterioro progresivo de las condiciones laborales respondió al llamado proceso de
restructuración económica global, que incentivó el desplazamiento de las
multinacionales hacia los países del tercer mundo como Colombia en busca de mejores
condiciones de inversión y de acumulación. Al respecto es de gran ayuda la afirmación
que hace Consuelo Ahumada:
La puesta en práctica del modelo neoliberal en Colombia ha traído cambios significativos en la situación de los trabajadores. Diversas reformas Estatales han tenido como objetivo facilitar la movilidad y la “flexibilidad” de la fuerza laboral, de acuerdo con las premisas de la llamada internacionalización de la economía. La aplicación de este modelo de desarrollo descansa en la existencia de una mano de obra abundante y barata, en concordancia con la idea de que unos reducidos costos laborales son la “ventaja competitiva” de los países latinoamericanos. (Ahumada, 2002:154)
Este rasgo característico de la “redemocratización” como se le ha conocido al proceso
de liberalización de la economía en Latinoamérica en casos como Argentina y Chile,
solo ha sido una fachada para utilizar el término “democracia” en un sentido más amplio,
62
y dejar de lado temas como la separación del poder público y el control político sobre
ellas, para generar un estado de hibridación entre los intereses privados que utilizan la
mal llamada democracia y conseguir el control del aparato estatal para acrecentar sus
utilidades de forma legal.
En el gobierno de Virgilio Barco se dio otro paso hacia la consolidación de este modelo
en el país a través de una estrategia ideológica que logró hacer creer a los colombianos
en la necesidad de la apertura económica. Pero fue su ministro de Hacienda César
Gaviria Trujillo elegido presidente en el año 1990 quien haría de la economía
colombiana el lugar ideal para la consolidación de este modelo. Ese mismo año el
gobierno a través de la ley 50 inició su ofensiva hacia la consolidación del modelo
neoliberal en Colombia. En palabras del ministro de trabajo Francisco Posada de la
Peña y el ministro de justicia Jaime Giraldo Ángel:
La Reforma Laboral responde a la necesidad de un reajuste estructural orientado a adaptar los principios laborales a la realidad contemporánea y a la modernización e internacionalización de la economía. Es necesario hacer más flexible el régimen laboral, con el fin de volver más competitivo nuestros productos, promover la inversión y aumentar la creación de empleo” (Giraldo, 1991:69)
Lo que en la realidad responde por otro lado a la implementación de los principios del
neoliberalismo, los cuales culpan a los sindicatos y organizaciones obreras de la poca
competitividad de la industria nacional y de los demás males de la economía capitalista,
entre los que se cuenta la diferencia de la productividad local en comparación con las
cifras de economías internacionales, sin embargo es una afirmación errada, ya que
como es ampliamente conocido las empresas ensambladoras trasnacionales o maquilas
producen hasta en un 85% más que las empresas ubicadas en los países de origen.
Un ejemplo del trasfondo de la llamada modernización aparece en uno de los artículos
que en un principio habría sido pensado para la regulación de los sueldos que
sobrepasaran los diez salarios mínimos y que paulatinamente se introdujeron solo a
uno, fue el artículo 18 de esa misma ley, el cual presenta por primera vez la figura del
salario integral, su intención era integrar las prestaciones sociales al salario de forma
anticipada, haciendo ver el salario más alto de lo que en realidad era y distorsionando el
sentido de la compensación por el poco monto del salario mínimo y producir un efecto
63
paliativo sobre el impacto de la inflación anual en el costo de la canasta familiar y demás
gastos cotidianos.
Otra reforma en contra de los trabajadores descrita por el economista Yesid García
(1991) muestra como los rubros destinados para los viáticos desparecieron debido a la
inclusión de los artículos 15 y 16, además de la eliminación del participación de los
trabajadores sobre las ganancias de las empresas que se liquidaba al finalizar el
periodo contable a través de negociaciones entre los sindicatos y los empresarios. Este
tipo de políticas encausaron la negociación únicamente hacia los sindicatos. Los cuales
más adelante buscarían acuerdos sectoriales o regionales antes que sociales dejando a
un lado a la mayoría de trabajadores no agremiados.
Otra de las medidas adoptadas por el gobierno Gaviria fue la eliminación total de la
retroactividad de las cesantías, quizás el logro prestacional más alto de los trabajadores
colombianos, el cual consistía en la cesantía que se le pagaba al trabajador al cesar su
actividad laboral con el empleador o antes si este decidía invertir en vivienda, de
cualquier forma el empleador debía pagan un interés del 12 por ciento sobre el valor de
lo ahorrado. Esta prestación constituía una forma de ahorro o para muchos la única que
servía como apoyo en invalidez o vejez. Con la aparición del Fondo Nacional del Ahorro
en 1968, estas cesantías se consignaban a una cuenta privada del empleado. Para el
sector privado la retroactividad desaparecería por completo en 1991 a causa de las
recomendaciones de las entidades financieras internacionales. Con esta medida el
empleador logró pagar el 12 por ciento en el primer año y los siguientes pagar un
interés no mayor al interés legal de un certificado de depósito a término fijo (CDT) lo que
representa una desmejora sustancial en las prestaciones sociales de los trabajadores.
Por ultimo en lo concerniente a algunas de las reformas más relevantes introducidas por
el gobierno Gaviria en materia laboral, se contempla la posibilidad de los despidos
masivos, en tanto que la nueva ley mantiene la obligatoriedad del periodo de
autorización8 al gobierno, pero los criterios para dicha autorización son tan flexibles que
cualquier razón puede ser excusa para este tipo de medidas, una de ellas incluida en la
8 Señalemos que la vieja legislación contemplaba distintos procedimientos para la autorización de
despidos colectivos o para la terminación de contratos de empleo de forma masiva, ningún despido colectivo podía efectuarse sin la debida autorización del ministerio del Ramo (Trabajo)
64
reforma como causal, fue la necesidad de la actualización tecnológica, que en la
realidad representó reemplazar varios trabajadores por una máquina.
Los resultados de estos cambios muestran que hasta el año de 1993 se contabilizaba
según el DANE un 53 por ciento de la población ocupada en la informalidad. Además
se consolida la tercerización a través de las empresas que otorgan empleos temporales,
generando una diferencia considerable entre los empleados contratados directamente
por la empresa y los contratados por las temporales con una amplia desventaja tanto en
el salario como en las prestaciones. Situación que ha generado una rotación constante
en los empleos que obstaculiza cualquier intento de estabilidad laboral para el
empleado.
En cuanto a la organización sindical, los logros en relación a la negociación del salario
mínimo son escasos, ya que durante los primeros tres años del gobierno Gaviria el
aumento en el salario mínimo fue definido por decreto. Por otra parte la selección de los
voceros sindicales se hizo a través del voto privado de los trabajadores, sin embargo los
habitantes de sectores rurales rara vez tenían la oportunidad de participar de las
asambleas, lo que a la postre desplazó el poder y la influencia de las organizaciones
sindicales las empresas del sector público y se debilitó casi que por completo la
organización sindical en el sector privado.
Por otra parte la ley 100 de 1993 más conocida como Reforma a Salud y a la Seguridad
Social tal como había ocurrido tres años antes con la Reforma Laboral, se basó por
completo en un proyecto presentado por el ejecutivo. El nuevo sistema introducido
estaba también dentro de los lineamientos básicos de las políticas neoliberales, cuya
columna vertebral fue el debilitamiento del papel del Estado como proveedor de
servicios sociales y la privatización de las empresas públicas. Otra ley que acompaña el
abandono de las responsabilidades del Estado fue la ley 60 de 1993 ley de
Competencias y Recursos, la cual transfiere a los municipios la responsabilidad de
proveer los servicios básicos, lo que en realidad logra una desproporción en la
administración de recursos ya que la distribución de riquezas por regiones genera
índices de inequidad al no contar todas las regiones con los mismos recursos.
65
En un periodo más cercano bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez el
rumbo avasallante del neoliberalismo siguió su camino empeorando aún más la
situación de los trabajadores. Con base en las leyes 50 y 100 del gobierno Gaviria de
las cuales fue ponente el entonces senador Uribe, en el país se fortalecieron las
modalidades contractuales más irregulares, entre ellas las correspondientes a las
cooperativas de trabajo asociado, los contratos a término fijo y los civiles, alcanzando el
gobierno su objetivo estratégico de abaratar al máximo los costos laborales. La Ley 789
de 2002 impuso la disminución de las indemnizaciones por despido injusto, redujo los
pagos por concepto de recargo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, e
igualmente dispuso que en los pagos por concepto de salarios caídos su reclamación
cubra tan sólo dos años.
La negociación colectiva fue constreñida a tal punto que menos de 70.000 trabajadores,
de un total aproximado de 850.000 sindicalizados, está cobijado por convenios
colectivos. Para los trabajadores al servicio del Estado el gobierno dispuso el no
acatamiento de los Convenios Internacionales suscritos por Colombia y la conversión de
la Ley 411 en pieza de museo, para que el vasto sector de servidores públicos no
alcance sus propósitos reivindicativos, lo que se expresa de manera particularmente
grave en el magisterio colombiano y en su sindicato más importante, la Federación
Colombiana de Educadores, FECODE.
En el aspecto pensional La Ley 797 de 2003 y el Plan Nacional de Desarrollo aprobaron
la edad para pensionarse: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, desde
2014. Más semanas de cotización: 2005, 50 semanas adicionales; desde 2006, 25
semanas adicionales anuales hasta alcanzar 1.300 semanas en 2015. Mayor monto de
las cotizaciones: aumentan 2,5% entre 2004 y 2008. Menor valor de las pensiones del
Instituto del Seguro Social ISS, primeras mil semanas, igual al 65% del ingreso base de
liquidación. Cada 50 semanas adicionales aumenta 2% hasta máximo 80% (Ley 100/93
hasta 90% del último salario). El resto, según ahorro en Fondos de Pensiones. Aporte
adicional de 1% para el Fondo de Solidaridad Pensional. Supresión de regímenes
especiales. Plan Nacional de Desarrollo: Maestros nuevos se pensionan con 57 años,
con los mismos requisitos generales y 3 puntos más para el Fondo del Magisterio.
66
Un vistazo a la economía nacional muestra las consecuencias de la irrupción del modelo
neoliberal. Según el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Colombia (IEPRI) en el último quinquenio, el PIB industrial
creció a una tasa superior al conjunto de la economía, cosa no vista desde 1977.
Durante la década del 90, la tasa anual de crecimiento promedio del sector
manufacturero fue de sólo 0,43% frente a un PIB global que creció a una tasa promedio
anual de 3,2%, mientras en el lapso 2000-2004, la industria manufacturera creció a una
tasa promedio anual de 5,6% frente a un crecimiento global de la economía del 3,0%.
Este logro se ha alcanzado con un menor volumen de empleo, que pasó de 630.588, en
1997, a 587.300, en el 2005. Al mismo tiempo que la reducción del empleo, la
participación de los salarios en el valor agregado cae casi 10 puntos y la remuneración
real de los trabajadores se estanca mientras la productividad laboral aparente se
multiplica por 2,62
Los altos niveles de producción no se han traducido en nuevos empleos por los fuertes
crecimientos en productividad que se han presentado en estas industrias e incluso en
buena parte de ellas se ha visto una reducción en las tasas de ocupación. La drástica
reducción de la participación de la industria metalmecánica en el PIB manufacturero
(41%) a lo largo de la última década ha sido el resultado de la desaparición de muchas
de las firmas pertenecientes a la fabricación de electrodomésticos, maquinaria y equipo,
calderería metálica. Es un sector claramente expulsor de mano de obra calificada. Esta
mutación en la estructura industrial explica las razones por las que los mayores
volúmenes de producción no han ido acompañados de más y mayores empleos, sino de
todo lo contrario, de un menor empleo y de reducciones de los salarios reales de una
gran parte de los trabajadores industriales.
La apertura económica llevada a cabo en medio de la revaluación debido a la drástica
reducción de las tasas de crecimiento del sector manufacturero dio lugar a profundas
transformaciones del sector productivo. Los productores de bienes transables de mayor
intensidad tecnológica (metalmecánica, equipo de transporte, maquinaria y equipos) se
vieron obligados a remplazar valor agregado interno por valor agregado externo,
importar insumos y componentes y especializarse en una pocas líneas de producción.
67
Esto llevó a muchos a abandonar el sector y a otros, a convertirse en ensambladores y
en no pocas ocasiones, en importadores de los bienes que antes producían.
Tal mutación se ha traducido en procesos de desintegración vertical que se reflejan en
una reducción del valor agregado en el producto industrial y un mayor valor de insumos
importados en el total de insumos utilizados. Las industrias transformadoras de insumos
agropecuarios remplazaron en gran medida los insumos nacionales por insumos
importados. En síntesis, la transformación de la industria manufacturera a raíz de la
apertura ha dado lugar a una disminución del empleo en el sector manufacturero, rápida
expansión de las industrias transformadoras de recursos naturales caracterizadas por
empresas de menor tamaño de carácter oligopólico que utilizan tecnologías de punta y
niveles elevados de productividad. Frente a una marcada tendencia a incrementar sus
exportaciones el mercado interno pierde importancia para las empresas
transformadoras de recursos naturales.
Ante estas condiciones económicas disonantes con las necesidades del amplio número
de trabajadores colombianos es evidente la inoportuna imposición del modelo
económico neoliberal tanto a nivel local como regional debido a las amplias diferencias
en materia tecnológica y económica con las potencias mundiales, situación que ha
venido desencadenando en el estancamiento de la economía nacional y en el
agotamiento de la paquidérmica industria nacional. En este contexto el Estado
colombiano se ha caracterizado por tomar medidas paliativas en pro de defender los
intereses de los grupos económicos enquistados en la política nacional, dejando caer
todo el peso de años de atraso económico sobre las espaldas de los trabajadores
colombianos.
68
4. CAPITULO IV
CRECIMIENTO SIN EMPLEO: EL ESCENARIO DEL TRABAJO INFORMAL
4.1. Dimensiones estructurales del empleo informal
Con el análisis de las principales medidas tomadas por el Estado colombiano para la
implementación del modelo neoliberal, se abre un amplio abanico de cuestionamientos
acerca de si fenómenos socioeconómicos como la venta informal ambulante son de
carácter urbanístico o responden a problemas estructurales de la economía nacional.
De otra parte se encuentra la obligación del Estado colombiano, quien a través de las
diferentes instituciones locales debe garantizar la realización efectiva del derecho a la
ciudad, además de hacer partícipes en la construcción de la ciudad a los habitantes
urbanos que conforman este grupo.
La introducción de la ciudad como espacio, y el fenómeno de la venta informal
ambulante como una práctica socioeconómica, muestran la complejidad de dicha
problemática, ya que uno de los componentes esenciales del modo de producción
capitalista y del discurso de la modernidad es la ciudad, este espacio en particular que
aglomera gran cantidad de personas, las cuales son atraídas y arrastradas a su vez por
la necesidad de entrar en sintonía con las condiciones socioeconómicas globales.
Es así como finalmente aparece el fenómeno de la venta informal ambulante como una
actividad que se ha convertido en un medio propicio para hacer oposición a las
condiciones de pobreza, y una alternativa capitalizada por un grupo de habitantes
urbanos como los vendedores ambulantes que han despojado de paso al espacio
público de cualquier sentido político, y encuentran en él un bien material transable igual
que el dinero, convirtiéndose irremediablemente en su único medio para subsistir. Sin
embargo, no son solamente ellos los que han transformado al espacio público en
mercancía, también procesos como la conurbación y la gentrificación han convertido el
espacio público a través del gobierno distrital en una de las condiciones urbanísticas
claves para poner a la capital colombiana a la altura de las demás urbes mundiales con
el fin de incluirla en el mapa del neoliberalismo y consumo exacerbado propios del
modo de producción capitalista.
69
Estas condiciones laborales son el caldo de cultivo para la informalidad que para el caso
de Bogotá ocupa a un 1.5 % de la población activa según cifras del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Mientras que a nivel nacional según el
DANE para el año 2013 Colombia contaba con un 49% de ocupación laboral en la
informalidad, es decir casi la mitad de los colombianos activos laboralmente. Pese a la
contundencia de esta cifra emanada de una fuente oficial, este fenómeno es tratado
como un problema de tipo urbanístico, y así ha quedado demostrado por los resultados
de los planes en materia de recuperación del espacio público en la capital, los cuales no
han logrado reducir el número de vendedores ambulantes, sino que por el contrario este
grupo ha estado en aumento.
Según cifras del Instituto para la Economía Social (IPES) se tienen registrados
alrededor de 60 mil vendedores ambulantes, sin embargo estimaciones de esta misma
entidad señalan que pueden ser alrededor de 150 mil los vendedores ambulantes. La
mayoría concentrados en las localidades de Santa fe, Mártires, Candelaria, Kennedy,
Chapinero y Usaquén. Esta situación demuestra que sin una atención integral a este
grupo de habitantes urbanos este fenómeno tiende a crecer.
El trabajo de campo de esta investigación permite dar argumentos sólidos a la tesis
expuesta al principio de este apartado. Para este fin se realizaron 40 encuestas y varias
entrevistas a vendedores ambulantes tomados como muestra y establecidos en el
centro de la ciudad, ubicados entre las calles 10 y 17 con carrera séptima, a quienes se
les preguntó por varios aspectos importantes al momento de analizar esta situación.
Además se entrevistaron varios de los líderes de este gremio para indagar acerca de la
situación actual de este grupo de ciudadanos en materia organizacional. Lo que se
encontró en cada uno de los encuestados o entrevistados refleja una parte de la
profunda crisis por la que atraviesan los trabajadores en Colombia.
Con base en la metodología planteada se realizaron encuestas a un grupo de muestra
está conformado por una población predominantemente femenina con un 55% que
cuenta con un promedio de edad entre los 40 y 60 años. Cifra que demuestra que este
grupo de población estaría fuera del promedio de edad ideal para la contratación formal,
entre los 25 y 35 años de edad en Colombia, a diferencia de los países europeos que
oscila entre los 35 y 45 años, según el Centro Nacional de Consultoría datos
70
suministrados para la revista dinero en abril de 2013. Esta condición se configura como
una de las más importantes a la hora de preguntar el porqué de la ocupación en la
actividad informal, sin embargo no es la única.
Por otra parte el nivel de escolarización es bajo en este grupo, lo que contrasta con el
esfuerzo para frenar la deserción escolar emprendido por la alcaldía distrital, según
cifras oficiales en promedio 37.000 estudiantes abandonan los colegios oficiales cada
año. Para el 2012 esta cifra descendió a 28.000, lo que permitió que la educación oficial
retuviera a 877.000 estudiantes, frente al promedio nacional la ciudad ha avanzado en
este tema ya que la tasa nacional de deserción está en 4.3 %
Otro índice que midió el censo realizado por el DANE tuvo que ver con la tasa de
reprobación escolar que también bajó al pasar de 10 puntos a 8,3 entre el 2010 y el
2012 Cifra que indica que mientras hace tres años 90.000 estudiantes reprobaban el
año, durante 2012 este número de estudiantes se redujo a 75.000. Sin embargo estas
cifras se convierten en datos ambiguos por varias razones. En primer lugar la tasa de
deserción como afirma la Alcaldía Distrital no es un dato fiable ya que a partir del 2 de
febrero del 2002 ningún colegio público pudo hacer repetir el año a más del cinco por
ciento de los estudiantes de acuerdo al decreto 230 de 2002 desde entonces la
mediocridad en la educación secundaria se hizo evidente. En segundo lugar para
contrastar el exitismo de la alcaldía distrital están las pruebas del Programa de
Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa), que hace la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que evalúa los desempeños
académicos de los escolares de quince años en diferentes países. Este es realmente el
termómetro de la educación a nivel internacional, y en el cual Colombia ocupó uno de
los últimos puestos. Según esta organización las pruebas no están directamente
relacionadas con las áreas del conocimiento sino con los conocimientos del entorno
socioeconómico, en este orden de ideas las pruebas arrojaron como resultado que los
estudiantes colombianos no pueden realizar operaciones bancarias simples, y solo
están limitados a acciones de acción y repetición.
Estos últimos datos parecen estar por fuera de la discusión acerca de la informalidad,
sin embargo tal cual como se indicó en un principio este análisis requiere de un contexto
amplio y estructural. Continuando mientras que para Finlandia el país que ocupa el
71
lugar número uno en las pruebas PISA la educación merece gastar 7 por ciento del
producto interno bruto, Colombia apenas llega al 4.2 y las cifras en educación superior
aún son más alarmantes, mientras que en estos países la educación superior es
completamente gratuita en Colombia solo cada 20 de 100 estudiantes que culminan la
educación escolar logran ingresar a la educación superior y la mitad de estos llegan a
terminar sus estudios superiores según cifras del Instituto para el Fomento de la
Educación Superior (ICFES), es decir que los avances en tecnología de producción
como motor de la economía están lejos de ser alcanzados, y más cuando el gasto en
investigación disminuyó en un 30 por ciento para el 2015 según estimaciones de
COLCIENCIAS. En conclusión en materia económica con base en la educación e
investigación como vectores de desarrollo la nación colombiana está encaminada
únicamente a ser una economía periférica importadora de materias primas, según el
acomodo de la libre competencia impulsada por el modelo neoliberal.
Por otra parte, las quejas acerca del monto del salario mínimo calificado como
insuficiente y mezquino recogen el sentir del 60 % de la sociedad colombiana que
dependen de un salario mínimo según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
lo cual podría tener mayor acerbo en los estudios adelantados por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) según los cuales Colombia ocupa
el lugar número 3 entre los 10 países del subcontinente con los salarios más bajos.
En lo concerniente al trabajo de campo según las encuestas realizadas cerca del 90 %
de los encuestados asegura tener un ingreso mensual superior a los dos salarios
mínimos, lo que convertiría a la venta informal ambulante en una ocupación mucho más
rentable que cualquiera de las vacantes ofrecidas por el sector formal en lo que
respecta al salario mínimo, y mejor aún si se tiene en cuenta que el nivel de
escolarización y preparación para la vida laboral se encuentra tan limitado.
De acuerdo con los datos recogidos por las encuestas solo alrededor de un diez por
ciento entre hombres y mujeres llegarían a tener estudios técnicos o tecnológicos, y
menos del treinta por ciento han logrado terminar la secundaria. Sin embargo estas
cifras en materia de educación ocupan un segundo plano en la lógica estatal, debido a
que al ser una economía dependiente y por ende adaptable a las condiciones impuestas
por el modelo económico neoliberal, tendencias como la subcontratación y los empleos
72
temporales introducidos por la reforma económica no requieren mayor preparación, lo
que ha sido agudizado por los tiempos de rotación en cada puesto, que por el contrario
requieren preparación específica para su desempeño, esto último ha dejado fuera de la
dinámica laboral a los habitantes urbanos que no logran actualizarse permanentemente.
Según las encuestas, el periodo de tiempo laborado por este grupo de vendedores en el
espacio público se encuentra alrededor de los 8 a 20 años, haciendo virtualmente
imposible ingresar a las filas de empleo formal bajo las condiciones actuales del
mercado laboral, y mucho menos cuando la expectativa del salario sobrepasa la oferta
de la formalidad.
Sumado a lo anterior se evidencia la poca influencia que tiene el sector sindical
colombiano que puja por la reivindicación de las clases populares. Con la entrada del
modelo neoliberal en Colombia estas organizaciones sociales han visto diezmada su
influencia en las política laborales en comparación con otros países, donde el
sindicalismo ha tenido mayor acogida e influencia, por el contrario los logros
conseguidos antes de la irrupción de estas políticas han comenzado a extinguirse,
llevando al desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores, sin tener en cuenta
las graves consecuencias del conflicto interno, que ha cobrado la vida de un
considerable grupo de dirigentes sindicales además del desplazamiento forzado.
Bajo estas políticas evidentemente el contexto social colombiano se ha convertido en un
ambiente ideal para la inversión de las grandes multinacionales, con todos los
problemas que esto implica para el desarrollo de la economía nacional, consecuencias
que recaen directamente sobre los sectores menos favorecidos, generando un ambiente
de miseria y pobreza que se ha concentrado en las ciudades como icono del modo de
producción capitalista, y que a su vez ha desencadenado en multiplicidad de fenómenos
sociales, entre los que se cuenta la venta informal ambulante.
Bajo este análisis la venta informal ambulante no puede ser abordada de ninguna forma
como una problemática de tipo urbanístico ni mucho menos policivo o de orden público,
como ha venido siendo tratada por diferentes administraciones de orden local, a través
de planes de reubicación o emprendimiento. Por el contrario este fenómeno responde
precisamente a un efecto colateral de las políticas neoliberales que ha permeado la
73
estructura misma de la sociedad colombiana, llevando a este grupo de habitantes
urbanos a despojar al espacio público de cualquier sentido político y convertirlo en una
forma de hacer frente a la situación de pobreza en la que se encuentra la mayoría de la
sociedad Colombiana.
La forma de manutención de este grupo de habitantes urbanos se ha convertido en una
manera de hacer resistencia y tomarse por su cuenta el derecho a la ciudad y a ser
partícipes de su construcción, además de hacer de su actividad una forma de protesta
real ante las medidas tomadas por el Estado Colombiano para hacer de la pobreza una
condición cíclica que permita mantener el statu quo en Colombia a pesar de los
discursos de la mal llamada democracia que abundan en los oradores oficialistas de
esta nación.
4.2. Los vendedores informales en Bogotá
La historia de los habitantes urbanos dedicados a esta actividad es la historia de la
mayoría de los trabajadores colombianos que intentan sobrevivir en un Estado
distorsionado y alejado de las bases democráticas que se pregonan a nivel mundial.
Para el caso de la capital colombiana este fenómeno sigue en aumento
exponencialmente y aún no encuentra solución en la política distrital, ya que como se ha
expuesto a lo largo de esta investigación el problema responde a factores estructurales
que están lejos de ser resueltos debido a la realidad política, social y cultural de esta
nación, basta con leer atentamente las historias de algunos de los entrevistados en esta
investigación para comprender que las medidas tomadas por la administración distrital
son ineficaces comparadas con las verdaderas exigencias de este sector para
abandonar su condición de informalidad, exigencias que no superan los mínimos
básicos de cualquier sujeto que haga parte de un Estado Social de Derecho.
Una de las preguntas indispensables para analizar este fenómeno es la razón por la
cual se han dedicado a esta actividad informal, habiendo oportunidades de emplearse
de manera formal. En este sentido es importante el aporte de una de las vendedoras
informales entrevistadas para esta investigación. Yubelly Herrera, 32 años, 8 años
trabajando como vendedora informal. Su lugar de trabajo se ubica entre la Plaza de
74
Bolívar y la calle 19. Vende productos alimenticios con la ayuda de un carro fabricado
por ella misma, con el cual recorre varias calles, sus principales clientes son los
vendedores informales y los estudiantes de varias universidades ubicadas en el centro
de la ciudad. Respondió de esta forma:
Las razones, la economía, la plata y el estudio prácticamente. Porque hay mucha gente que no tiene estudio. Hoy en día si usted no tiene una universidad, un grado o un posgrado cosas así, usted no consigue fácil trabajo, porque hasta para barrer el piso le piden a usted ser doctor prácticamente, porque le piden diez mil requisitos para usted ir a barrer un piso. La edad digamos si una persona es menor de 25 años no tiene experiencia, pero si es mayor de 30 ya está muy viejo para ejercer alguna labor, ellos dicen hay trabajo, pero piden una cantidad de requisitos que uno no cumple. Digamos hay personas que son bachilleres, o hay personas que ni siquiera terminaron un bachiller, ¿Dónde van a conseguir trabajo? Toca vender, toca rebuscársela porque uno que más hace
9
Así como lo corrobora esta vendedora ambulante, al no haber educación, no hay
oportunidad de empleo, pero el análisis no solo queda en este punto, al preguntársele
por la remuneración que recibe de su labor esto contestó:
Pues uno gana más que un salario mínimo, por eso es bueno la venta ambulante, no todos los días es igual, porque todas las ventas son diferentes, hay días que son buenos o hay días que son malos, hay días que llueve, hay días que la policía molesta cosas así, pero en rentabilidad se puede decir que es bueno. Si una persona digamos, tiene que sustentar su familia y no encuentra un trabajo estable que le sea rentable, que sea rentable para una familia, usted con un mínimo no hace nada, con un mínimo se sostiene mas no progresa, ósea uno sobrevive como se dice comúnmente, apenas le alcanza para pagar el arriendo, hacer algo de mercado y comprar por ahí alguna cosita que medio pueda, pero de resto no le alcanza a uno para absolutamente nada, sí, y entonces si una persona ve que un mínimo no le sirve entonces dígame cómo se va meter a trabajar, sí.
10
Sumado a las pocas oportunidades de educación, se encuentra la escasa posibilidad
que tiene este grupo de habitantes urbanos para adquirir vivienda propia, ya que
alrededor de veinte por ciento de los encuestados cuenta con casa propia pero solo
después de muchos años de dedicarse a esta actividad, así lo afirma una de las
mujeres entrevistadas para esta investigación, Berta Gaitán de 57 años, residente en la
localidad de Usme y con 18 años de labor en la calle. Es vendedora informal, su
producto son las obleas, su lugar de trabajo habitual es la Carrera 7º con calle 11 en la
Plaza de Bolívar en la esquina del museo de la independencia.
9 Entrevista realizada a vendedora ambulante el 3 de Abril de 2014
10 Ibíd.
75
“De aquí he sacado para mi casa, en este mismo pedacito, de mis obleas de eso vivo, he pagado arriendo, de eso vivía y de ahí saqué para mi casa”
11
Acerca de las posibilidades de emplearse en el sector formal una de las trabajadoras
informales afirmó:
“Sí me toca buscar otro lado en donde trabajar, sigo trabajando en la calle, porque si yo no consigo algo que sea bueno, un puesto donde yo me vaya a ganar ochocientos mil pesos no me lo van dar. Para sostener tres personas la casa servicios todo eso, uno necesita por ahí bajito bajito novecientos mil o un millón de pesos bajito, porque solamente ponga comida servicios y lo demás entonces uno no puede irse a dar el lujo de trabajar por un mínimo viendo que al mes va a estar colgado en deudas”
12
En resumen las indagaciones tanto teóricas como de campo permiten evidenciar que las
condiciones laborales presentes en Colombia generan un ambiente de pobreza que
obliga a varios habitantes urbanos a buscar oportunidades de subsistencia digna en el
espacio público. Por otra parte es claro que las políticas adoptadas por la administración
distrital para atender las necesidades de este grupo y frenar el crecimiento de esta
actividad han sido infructuosas debido al carácter macroeconómico de las
consecuencias surgidas a raíz de la implementación del modelo neoliberal en el país. Lo
que ha desencadenado a su vez en un escepticismo progresivo en torno a las políticas
distritales de espacio público y la radicalización de este grupo de habitantes urbanos en
mantenerse en el espacio publico mientras son condiciones socioeconómicas no
mejoren.
11
Ibíd. 12
Entrevista realizada a vendedora ambulante el 3 de Abril de 2014
76
5. CAPITULO V
ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ: TENSIONES Y DISPUTAS
El orden de las relaciones de interacción que se dan entre los habitantes de las grandes
ciudades, responde entre otros a la influencia del mercado en la definición de las
apuestas colectivas e individuales de distintos proyectos de ciudad. El esquema de
producción capitalista necesita de la ciudad para afianzar sus inversiones y reinvertir los
capitales excedentes, pero la reinversión de estos capitales tiene la única función de
multiplicarse y generar nuevos horizontes de inversión que permitan explorar escenarios
rentables y productivos para el reducido sector de propietarios e inversionistas privados.
La desigualdad, producto de este proceso de crecimiento capitalista genera
principalmente tensiones en el ámbito público, donde paradójicamente tienden a
concentrarse y manifestarse los asuntos privados, cuando estos intereses sobrepasan
a los intereses del colectivo, o peor aun cuando los intereses del sector privado se
convierten en intereses públicos. Frente a este panorama conflictivo el espacio público
como espacio de encuentros permite evidenciar las contradicciones del sistema
económico, contradicciones que revisten en sí mismas un alto grado de importancia al
convertirse en caminos de resistencia tomados por los mismos pobladores ante las
difíciles situaciones que son obligados a solventar diariamente.
Los conflictos urbanos se definen por un conjunto de prácticas conscientes, puestas en
marcha por los habitantes urbanos con el fin de expresar sus denuncias y demandas,
estas denuncias deben ser dirigidas a una instancia que garantice los derechos y
facultades de la ciudadanía, esta instancia no es otra que el Estado. Bajo estas
prácticas de reivindicación la ciudadanía busca el reconocimiento del Estado y de su
acción oportuna y eficaz para atender sus demandas, la constante búsqueda de este
reconocimiento permite evidenciar la inoperancia de las acciones estatales y la
inconformidad de los ciudadanos ante su labor. La tensión que producen las
manifestaciones de inconformidad expresadas por los pobladores urbanos puede
entenderse desde diversos enfoques; sin embargo bajo el análisis de la relación
Sociedad-Estado-Mercado, esta tensión tiene dos puntos de problematización
constantes a saber, en primer lugar la ineludible acción del sistema económico sobre la
77
construcción del Estado moderno con lo cual las bases del poder estatal estarían
supeditadas a las estrategias económicas encaminadas a proveer los recursos
necesarios para el funcionamiento del mismo, no solo para contribuir al crecimiento
interno de la economía, sino que además toda economía nacional deberá competir y
participar de los órdenes mundiales de producción13. En segundo lugar, la obligación del
Estado en la regulación de la competencia y el trabajo, en la cual debe ser arbitro de las
situaciones de tensión entre el mercado y la sociedad y además proporcionar los bienes
públicos o infraestructura sin la cual el sistema económico no podría funcionar. Sin
embargo, bajo este panorama el Estado como garante neutral del bien colectivo no es
más que un ideal mientras este siga garantizando los intereses productivos de una
minoría.
Al analizar particularmente estas contradicciones en la relación sociedad-Estado-
mercado en el marco de los conflictos generados por el uso del espacio público, es
común encontrar conceptos parcializados para resolver los conflictos del colectivo
permeados por los intereses estatales a favor del crecimiento económico, que a su vez
requiere atraer inversión privada hacia los nichos urbanos de producción (sean
comerciales, turísticos, industriales, residenciales y/o financieros), en este sentido lo
público no puede entenderse como lo estatal, ya que sería entenderlo igualmente como
lo económico. Por el contrario, lo público parte de los vínculos comunes que se
establecen en determinadas prácticas y territorios permitiendo la aparición de acciones,
tensiones, luchas y apropiaciones.
En este contexto el interés de un grupo de habitantes urbanos como los vendedores
ambulantes por utilizar los espacios públicos como espacios de trabajo responde a las
profundas erosiones que traen consigo las lógicas del mercado por sobre las relaciones
de trabajo contemporáneas. Una de ellas es la apuesta por privatizar espacios comunes
a partir de diferentes prácticas, sin duda dadas por las necesidades insatisfechas de los
habitantes urbanos que determinan salidas ante las adversidades económicas que
13
Las nuevas esferas de actividad económica que son apropiadas por el capitalismo mantienen la contradicción constante de la aniquilación del espacio por el tiempo, mientras para el capitalismo las estructuras espaciales se convierten en obstáculos para la expansión y apropiación de nuevos mercados ,pretendiendo a toda costa reducir tiempos de producción y circulación también necesita establecer interdependencia entre territorios para generar procesos de acumulación que permitan la penetración de las relaciones capitalistas en todos los aspectos de producción e intercambio en el mundo.
78
viven, pero aun así es evidente la coherencia de estas salidas en relación a tres de las
tendencias hegemónicas de producción desarrolladas por el capitalismo, a saber, la
concepción asidua y defensiva de los derechos del individuo y la individualidad, la
necesidad de garantizar el derecho a la propiedad privada, y por último, establecer el
dinero como nivelador del intercambio y referente de estimulación y éxito. Estas
condiciones operan constantemente en la ocupación del espacio público, y son
apropiadas como nuevas formas de empleo por parte de la ciudadanía; sin embargo, las
ventas informales no son prácticas reducidas del capitalismo, pero aun así estas se han
desarrollado bajo principios de competencia, ocupación y privatización que se
convierten en vectores indispensables del modelo económico imperante.
La legitimidad o no del uso del espacio público por parte de los vendedores informales
se convierte en el vector más problemático de este fenómeno. Las estrategias de
trabajo que se tejen en medio de las profundas crisis del sistema laboral en Colombia
son el reflejo de dos problemáticas principales.
1. El trabajo asalariado se consideraba una fuente de homogeneidad social, de
solidaridad y seguridad. En contraste, el nuevo régimen del escenario económico
considera que la relación salarial es un nuevo dilema a resolver, porque se ha
vuelto inestable y heterogéneo, diferenciado y diferenciador, se ha convertido en
una fuente de fragmentación y precariedad. Esto se evidencia en varias
condiciones como lo son la multiplicación de situaciones de empleo ficticio o
fáctico, impuestos como condiciones para recibir una ayuda social, la
proliferación de empleos flexibles, de tiempo parcial o de horarios variables, los
contratos de duración predeterminada que implican una cobertura social y
médica reducida o inexistente, las escalas salariales diseñadas según el
rendimiento y la fecha de contratación, la reducción media de los empleos y
aumento correlativo de la tasa de rotación de los asalariados, la naturalización
del maltrato (Waqcuant, 2007), por mencionar algunas de las erosiones más
notables de la “estabilidad salarial” que daba una pequeña esperanza a la
incertidumbre económica.
79
2. Las incoherentes acciones definidas por el Estado para mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores colombianos, así como la casi nula eficacia de las
mismas para atender a las necesidades reales de los ciudadanos más pobres y
segregados (Waqcuant, 2007), contribuyen al surgimiento de economías
paralelas que tienden a asumir los problemas de oferta laboral del sistema
formal, estas economías creadas por los trabajadores contemplan nuevas
formas de ocupación, que tratan de reintegrar a la población marginada al
sistema de producción.
Otro de los puntos de discusión a propósito del uso del espacio público por parte de los
vendedores ambulantes es la relación con la hegemonía del modelo económico a
escala del desarrollo urbano. La transformación del espacio público en contenedor de
las demandas comerciales que no son suplidas por el comercio o lo hacen
contemplando elevados precios. Las ventas informales se han encargado de reducir los
costos de operación de los productos dispuestos a la venta, gracias al no pago de renta,
impuestos y demás obligaciones tributarias, este modalidad contempla además la
circulación de cuantiosas mercancías de contrabando que representan un esfuerzo
adicional en materia arancelaria.
Sin embargo no son exclusivamente los vendedores ambulantes quienes han utilizado
el espacio público como escenario de comercio, son múltiples, las empresas privadas
de telecomunicaciones y productos de consumo alimenticio que se han dedicado a
vender sus productos en la calle, este fenómeno podría dinamizar la discusión del uso
del espacio público a partir del análisis de dos importantes tensiones. La primera de
ellas daría cuenta de la infortunada concepción del espacio público que se está
generalizando y naturalizando debido a las nuevas prácticas de consumo presentes en
torno a los espacios “abiertos” de la ciudad, las metrópolis latinoamericanas como
Bogotá han tendido a crecer de manera acelerada dejando pocos espacios de la ciudad
para el encuentro de la ciudadanía, por esta razón los senderos peatonales, andenes,
plazas y parques se han convertido en centros de interés económico para la oferta de
vendedores informales, al igual que para la competencia privada que explora nuevas
80
alternativas de precarización laboral y aniquilación de las barreras espaciales,
alternativas que se dan gracias a la despolitización 14 del espacio público bogotano.
Por otra parte la discontinuidad de las políticas de recuperación del espacio público que
han contemplado las diferentes administraciones distritales ha permitido que se tracen
líneas de acción incongruentes frente a las problemáticas del espacio público de la
ciudad. La tendencia a formalizar las ventas ambulantes ha sido la constante pero las
experiencias reales de esta formalización no han sido las esperadas, por eso resultan
ineficaces las políticas transitorias de carnetización, reubicación y/o formalización, ya
que no existen las garantías sociales y económicas para determinar que estos
vendedores no retoman la actividad informal, o peor aún que aparezcan nuevos
vendedores donde ha sido recuperado el espacio público. Es posible afirmar entonces
que los nuevos vendedores que están apareciendo en la ciudad son precisamente
actores privados que ven en la debilidad de las políticas del Estado una fuente de
oportunidades de inversión para aprovechar la concurrencia del espacio público y
redefinir las esferas de rotación y venta de determinados productos y servicios aun
cuando en estos escenarios el producto pierda cualquier referencia de exclusividad y/o
autenticidad15.
Con el rastreo de las políticas distritales de recuperación y uso del espacio público se
hace evidente las constantes apuestas políticas por renovar los centros urbanos que se
han establecido gracias a las alianzas público-privadas, permitiendo el beneficio de
ciertos actores en la construcción de la ciudad. De esta forma las medidas
administrativas bajo las cuales se amparan los desalojos de los vendedores en
determinados lugares de la ciudad como el centro histórico, responden en mayor
14
En este contexto entendemos la despolitización del espacio público como una forma sistemática de despojar al espacio público de su poder coercitivo y de interacción que este le confiere a la ciudadanía a favor de la organización política en torno a la lucha por el reconocimiento del derecho a la ciudad y a hacer parte activa en su construcción. 15
Si bien la mercancía puede perder valor gracias a la llegada al mercado callejero, este comportamiento típico de transpolar diferentes mercancías a nuevos escenarios de rotación corresponde a uno de los comportamientos claves del capitalismo a la hora de enfrentar las crisis de sobreacumulación. “La penetración del capital en nuevas esferas de actividad (1) organizando las formas de actividades preexistentes conforme a los métodos capitalistas (…) ó (2) ampliando los puntos de intercambio dentro del sistema de producción y diversificando la división del trabajo (surgen negocios especializados que se ocupan de algún aspecto de la producción que en otro tiempo se efectuaba dentro de la misma fábrica o empresa). Véase en (Harvey, 2001).
81
medida a las demandas turísticas y comerciales que focalizan determinados espacios
urbanos. La inserción del capital privado en la administración pública de recursos y
proyectos viabiliza la transformación de la racionalidad del espacio público imponiendo
la generación de ganancia y la acumulación de capital como los motores de explotación
del espacio.
Con este extenso panorama se hace necesario precisar algunos apartes de las
tensiones que sobresalen del uso del espacio público por parte de los vendedores
informales y del panorama político y económico que problematiza su labor.
5.1. Lo público y lo común; ¿nuevas apropiaciones o privatizaciones de los
espacios colectivos de la ciudad?
La dicotomía entre lo público y lo privado, establece además de otros encuentros el de
la sociedad civil y el mercado tendiente a establecer referentes y rangos de acción de
diversos espacios en donde no se han establecido valores de propiedad, la
determinación de estos valores estará dada entonces por el Estado quien se encarga de
administrar los recursos, proyectos y bienes de la sociedad civil en general. De esta
manera, lo público se convierte en un asunto de la ciudadanía que debe ser apropiado
por el Estado para garantizar el interés colectivo por sobre el interés individual. Lo
público bajo esta perspectiva no es un simple lugar de interés, lo público habría de ser
entonces el conjunto de condiciones y expresiones materiales o no que tienen en
común los ciudadanos, lo público podría ser a riesgo de exageraciones un vínculo
político que determina los asuntos comunes por los cuales la sociedad deberá
preocuparse. Sin embargo no hay que ir muy lejos para establecer las grandes
distancias de este concepto con las determinaciones reales que enmarcan la noción de
lo público y lo privado en la actualidad.
La reducción de la noción de lo público a simples espacios abiertos que se convierten
en bienes estatales posibilita los análisis parciales y sesgados desde los cuales se
reivindica lo público como una esfera separada de las relaciones sociales cotidianas,
aun cuando lo público es la esfera de integración del individuo con la sociedad, lo que
habrá de permitirle un status político dentro de la comunidad de la que hace parte. Para
82
el caso de la ciudad bajo estos argumentos el espacio público sería un segmento
urbano que no está encausado al uso privado, es decir que no debería contemplar
intereses económicos ni particulares en su base física e inmaterial16.
El espacio público bogotano se encuentra bastante lejos de responder a estos
referentes pues su imagen, uso y concepción se ha reorientado al fortalecimiento de las
lógicas del mercado inscribiendo su contenido político en un recipiente de intereses e
inversiones de orden económico, que se manifiestan gracias a la especulación
financiera realizada en función a los usos de suelo y sus correspondientes valores.
A continuación un pequeño acercamiento a las principales actividades o usos que se
desarrollan en el espacio público del centro de Bogotá para entender los intereses en el
suelo urbano de esta zona de la ciudad.
Cuadro 4.
Usos del espacio público en el centro de Bogotá.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ACTORES PRESENTES (relacionados
directamente)
Ventas informales Vendedores informales particulares
y privados que ofrecen y venden
sus productos en la calle.
Impulso y marketing Empresas y/o organizaciones que
promueven la publicidad de
diversos productos y/o servicios en
zonas de afluencia y encuentro de
multitudes.
Encuentros culturales y/o políticos Grupos artísticos y/o políticos que
16
Esta aproximación no es más que un intento por redefinir las nociones de lo público naturalizado como un espacio de antagonismos e incertidumbres, el análisis de lo público en esta investigación parte de la preocupación por ser “especie en la ciudad” (Lefebvre, 1970) es decir, de adueñarse de las crisis y condiciones de lo urbano para posibilitar miradas que posibiliten nuevas formas de entender y vivir la ciudad.
83
promueven actividades de
reconocimiento de determinados
sujetos, situaciones y/o demandas
ciudadanas
Actividades culturales políticas y/o
económicas promovidas desde
entes gubernamentales
Instituciones estatales que
promueven determinadas
actividades (lúdicas, artísticas,
educativas, de reconocimiento de
minorías, políticas. Etc.)
Mendicidad Ciudadanos avocados a pedir
determinadas ayudas económicas
con el fin de suplir necesidades
insatisfechas (por lo general se
constata algún tipo de invalidez y/o
condición de vulnerabilidad.
17
La persistencia del mercado por redistribuir mercancías y estrategias de
aprovechamiento y aniquilación del espacio, en este caso del espacio “público”18, ha
establecido nuevos actores que definen las relaciones económicas en relación con las
calles del centro de Bogotá. En relación con los conflictos que se presentan por el uso
del espacio público, los vendedores informales manifiestan que las principales tensiones
y problemas se dan con la policía pero reconocen que no son las autoridades quienes
establecen las condiciones de desalojo, afirman que la alcaldía local ejerce la presión
para desalojarlos constantemente. Sin embargo, existe un desconocimiento casi total de
las políticas de recuperación del espacio público por parte de los vendedores
informales, lo que genera predisposiciones a interpretar estas políticas como negativas
aun sin conocerlas, pues no hay confianza en los servidores públicos ni en la
17
Este cuadro fue realizado con base a observaciones frecuentes de las actividades más recurrentes percibidas en el espacio público del centro de la ciudad, estas actividades no incluyen las de tránsito y movilidad que se presentan de manera regular pero no definen actores específicos en su realización. Están organizados por orden de importancia y/o frecuencia. 18
Comillas a propósito de la ambigua relación que existe entre el espacio público en Bogotá y la politización de los espacios comunes a lo que debería apuntar una verdadera concepción de lo público.
84
funcionalidad de los proyectos de ley que promueven, debido a los agudos escándalos
de clientelismo y corrupción que manchan a diario la forma de hacer política en el país.
[…] todo sigue igual, todos dicen una cosa y hacen otra. Porque digamos ahorita Petro que dijo que iba a ayudar a los vendedores, que iba a sacar más empleos, y no sé qué, y no ha hecho absolutamente nada. Porque hicieron los del IPES, y para uno ir a lo del IPES tiene que llenar diez mil requisitos, para poder ser un postulado si se puede decir de un quiosco. Los quioscos son las casetas que ellos hicieron sobre la séptima, supuestamente formales o sobre varios lugares diferentes de la ciudad. Pero usted va a mirar y la mayoría está cerrado, muchos están cerrados, porque los pusieron en un lugar donde no hay movimiento de gente. Los pusieron donde hay peligro para las personas, para los vendedores y todo eso, entonces hay muchos que no se quedan, ya hay otros quiscos que los mantienen cerrados porque no encuentran a quien colocar ahí, habiendo tanta gente para trabajar y las encuentran. Una vez fui a preguntar por un quisco de esos, y me tocaba pasarle una cara al alcalde local, para que aceptara que yo era vendedora informal, después de que aceptara que yo era vendedora informal, y luego volver otra carta para lo mismo
19.
Esta posición respecto a las políticas del gobierno distrital que agudizan las
problemáticas sociales ha tendido a generalizarse, creando una pérdida gradual de la
fuerza de las iniciativas de resistencia y defensa de los derechos que en momentos de
crisis tienden a emerger desde los sectores más olvidados de la ciudad. Entre los
vendedores informales persiste la idea de que la administración distrital debe garantizar
el buen uso y estado de los espacios públicos de la ciudad, aun cuando una tercera
parte de ellos afirma que quienes deben establecer los usos del espacio público debe
ser la ciudadanía en general. El abandono del espacio público se debe a dos fuertes
tendencias económicas que se refuerzan con políticas paralelas que fortalecen la
participación de la propiedad privada como figura de autoridad en los temas de
renovación urbana y modelos de ciudad.
1. La tendencia a fragmentar los espacios de encuentro y socialización en espacios
cerrados, esta fragmentación está ligada a la estimulación de lo privado como el
espacio ideal de desarrollo humano, espacio que rivaliza con el espacio público
que se convierte en un lugar incómodo y caótico para la intimidad a la que se
está acostumbrado el individuo.
2. La estimulación de la competencia como referente del éxito en diferentes escalas
(personal, profesional, académica, política), posibilita la rivalidad como principio
19
Entrevista realizada a vendedora informal el 3 de Abril de 2014. Ver anexos
85
del ímpetu empresarial hace que la antipatía se convierta en la base de la
socialización de la vida práctica (Simmel, 1986). La posibilidad de descubrir un
lenguaje común que organice las diferentes necesidades de los habitantes
urbanos por re-habitar el territorio de una forma más justa requiere la ruptura de
las barreras sobre la competencia y definir el espacio público como un lazo
común de resistencia.
La competencia es una constante entre los propios vendedores, los cuales establecen
conductas de segregación hacia otros vendedores, estas conductas pasan por el
sentimiento de peligro y desconfianza que generan nuevos productos y el aumento de la
demanda que puede desfavorecer las ganancias que obtienen de su labor. Sin
embargo cuando se superan estas barreras (de acuerdo a los testimonios de los
mismos vendedores, sucede cuando los sujetos que se quieren establecer en
determinados espacios para ofrecer y vender sus productos, resisten ante las actitudes
hostiles de los vendedores más antiguos quienes intentan persuadirlos de trasladarse a
otro lugar) los actores tejen redes de apoyo que buscan la adaptación al entorno y la
colaboración en momentos de presión de las autoridades o dificultades personales, mas
no así la consolidación de organizaciones políticas propiamente dichas. Es importante
resaltar que lo cotidiano y personal debe ser la base de cualquier cambio político, por lo
que la expresión de estas redes o lazos de apoyo es una potencialidad expectante a la
transformación de los lugares en territorios de solidaridad.
En otro campo de tensión se encuentran los vendedores y comerciantes del sector
quienes llevan una relación de intereses económicos basada principalmente en la
competencia, en cuanto a la recuperación del espacio público, los comerciantes
asienten ante la necesidad de aumentar los desalojos para garantizar la movilidad y el
tránsito de los visitantes y residentes del sector. La tendencia a asumir la problemática
de la informalidad como un asunto del Estado u otras instituciones es una muestra del
poco interés que existe por parte de la ciudadanía y los actores que la componen de
participar en las decisiones y propuestas que pudiesen dar otro rumbo a la inmediatez
de las políticas de desalojos. Las razones de este desinterés pueden variar de acuerdo
a diferentes causas que tendrán lugar para la reflexión posteriormente.
86
De esta manera un gran número de comerciantes del sector afirman que el principal
problema que enfrenta el espacio público de la ciudad es el de las ventas ambulantes,
teniendo una visión negativa de las mismas, esta posición es justificada en dos grandes
problemáticas que según los comerciantes acarrean las ventas callejeras, el primero es
la privatización del espacio público por parte de los vendedores y la segunda es la
circulación de mercancías de contrabando que llegan al consumidor final en gran parte
gracias a la intermediación de los vendedores no formales. Adicionalmente los
propietarios de locales comerciales ven disminuidas sus ventas por la presencia de
vendedores en el sector que al no pagar ciertas obligaciones tributarias y de renta
pueden ofrecer productos más económicos, productos que de entrar al país de forma
ilegal resultan aún más baratos.
Los asuntos públicos no pueden seguir permaneciendo en la esfera privada pues de ser
así las prácticas democráticas continuarían agrietándose y permitiendo que los
autoritarismos y las contradicciones de las políticas públicas de renovación y
ordenamiento definan el rumbo de la ciudad. Los retos contemporáneos de la
ciudadanía activa serán construir nuevos espacios de interacción política, que se nutran
de las asociaciones locales presentes en diferentes contextos de conflicto y que
desarrollan nuevas formas de resistencia ante el impacto negativo del modelo
económico en sus formas de vida y organización. La esfera de lo público contemplara
así un escenario que no dependa de la acción gubernamental para funcionar y que
revitalice la confianza de los ciudadanos en las luchas políticas por reinventar la ciudad.
5.2. Ventas informales y su impacto en los encuentros y disputas por el centro
urbano en Bogotá.
El análisis de los usos del suelo del centro de la ciudad puede denotar la importancia de
la recuperación de los centros urbanos como referentes del triunfo del capital sobre la
construcción de la ciudad. Reinvertir en estos espacios representa un paso hacia la
consolidación de rentas y patrimonios estables por un periodo de tiempo considerable.
Los actores que confluyen en las actividades que definen el centro como un foco de
87
interés se encuentran en permanente interacción, por lo que continuamente se
revitalizan y trasforman diferentes lugares y/o actividades.
Cuadro 4.2.
Usos del suelo en el centro de Bogotá, actores y actividades.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ACTORES PRESENTES (relacionados
directamente)
Administrativas de orden
gubernamental
Funcionarios y trabajadores de las
diferentes instituciones establecidas en el
centro.(población recurrente) Ciudadanos
que desarrollan y esperan tramites de
orden administrativo y legal, (población
flotante)
Académicas
Estudiantes, docentes y funcionarios de
universidades, bibliotecas y centro de
estudios.
Turística-histórica Turistas, trabajadores y comerciantes que
responde a la oferta y demanda del centro
histórico.
Entretenimiento Ciudadanos, turistas y visitantes que
recurren a centro de interés como bares,
cafés o restaurantes. Dueños y empleado
de locales comerciales dedicados a la
oferta de servicios de entretenimiento
Culturales Propietarios, administradores (incluido el
Estado) y trabajadores de teatros, cines
etc que ofertan servicios de interés cultural
como conciertos, obras de teatro,
presentaciones literarias etc Ciudadanos,
88
turistas y visitantes que recurren a estos
sitios de interés.
Comerciales Propietarios y trabajadores de actividades
comerciales diferentes a las ya nombradas
que ofrecen determinados productos y/o
servicios a la población recurrente y/o
flotante que acoge el centro de Bogotá.
20
Bogotá se caracteriza por tener un único centro urbano reconocido de manera simbólica
y geográfica por sus ciudadanos, pese al crecimiento que ha tenido la ciudad, el centro
(administrativo, histórico y comercial) de Bogotá no ha tenido grandes variaciones de
extensión, aun cuando su área de influencia haya crecido. Los usos del suelo en el
sector son bastante diversos y están mediados por la demanda de servicios que ofrece
el mismo, su notable importancia referencial en la ciudad lo ha convertido en un lugar de
contrastes económicos y de constantes inversiones de renovación y recuperación por
parte de diferentes sectores políticos, pues la rentabilidad comercial de su suelo lo
convierten en un nicho de oportunidades para la inversión de grandes y pequeños
capitales. Es por esta razón que la centralidad se convierte en un elemento
indispensable en el análisis de los contenidos sociales de las ciudades que se
desdoblan hacia funciones estratégicas integradoras, el desplazamiento de actividades
económicas precisas a sectores circundantes o periféricos es una muestra de la
intención de trasladar espacios de inversión a determinados puntos de la ciudad para
asociar las cualidades físicas (artificiales y naturales) del espacio a estilos, funciones y
connotaciones especificas del entramado urbano como lo son los negocios, el ocio, la
vivienda, el comercio (los productos y precios también están mediados por el uso
racional del suelo) etc.
20
Este cuadro fue realizado en base a observaciones frecuentes de las actividades económicas y/o productivas más recurrentes percibidas en el centro de la ciudad, estas actividades no incluyen las de transporte que no reflejan condiciones definitivas y/o características de esta zona de la ciudad.
89
La discusión por el uso del espacio público en el centro de Bogotá está mediado
irremediablemente por los intereses económicos de diferentes sectores, incluyendo por
supuesto a los vendedores ambulantes, es por esta razón que los debates gruesos que
se dan no son necesariamente debates por la transformación del espacio o las
condiciones del mismo sino por la continuidad de las condiciones que permiten que
determinados actores se lucren de la actividad y los negocios que ampara el centro
bogotano, es decir que las nociones y posiciones que tienen principalmente los
comerciantes y transeúntes del sector acerca de las ventas ambulantes en el espacio
público advierten que la problemática es observada como un asunto de incomoda
aceptación que obstaculiza el desarrollo de la ciudad, que aumenta la ilegalidad, la falta
de movilidad y la percepción de inseguridad, de esta forma las ventas informales han
pasado de ser un manifiesto latente de las contradicciones y desigualdades que se da
en medio del modelo neoliberal en Latinoamérica, para convertirse en una condición o
respuesta que termina resolviendo de manera precaria las necesidades de empleo de
los sectores más desamparados de la ciudad, sin traer una ruta de acción que posibilite
un cambio radical en las realidades laborales que enfrentan los colombianos a diario,
su crecimiento ha traído también que la ciudadanía reaccione de manera negativa ante
este fenómeno sin percatarse que el crecimiento constante del trabajo informal es el
resultado de la normalización de una problemática ignorada convenientemente por el
Estado al cual le resulta bastante fácil establecer discursos de inclusión y oportunidades
cuando en realidad las políticas laborales siguen apuntando a la pauperización del
trabajador y de sus posibilidades de participación en los asuntos públicos de la ciudad.
Las ventas ambulantes se han convertido en un marco dinámico, donde diversos
actores desafían los aspectos legales y normativos, la apertura de mercados en las
calles bogotanas ha puesto a la ciudadanía en un dilema, pues pese a las condiciones
que llevan a los habitantes a ejercer su labor en las calles, son notables los
desacuerdos que expresa la ciudadanía por la ocupación que hacen los vendedores del
espacio público, las posturas al respecto están mediadas por dos referentes principales.
1. El cuidado de la calle como un lugar de tránsito, la calle es la expresión por
excelencia de la sociabilidad urbana, su proyección como lugar de tránsito la
convierte en un ambiente que excluye la conflictividad propia de los encuentros
90
de la ciudadanía, la visión generalizada de establecer la calle como un recipiente
que contiene la función de conducir a diferentes ambientes privados, determina
la necesidad de mantener un imperativo de orden en su imagen para facilitar los
traslados y conexiones entre lugares de trabajo y residencia (Lefebvre, 1968). La
calle bogotana es quizás un reto a estos tránsitos y conexiones, pues si bien la
tendencia a rehabilitar los espacios públicos en el marco de una ciudad
moderna, ha marcado el rumbo de los constantes desalojos de las autoridades
hacia los vendedores informales, la ausencia de condiciones laborales ha
trocado las posibilidades de insertar a los trabajadores informales que se
encuentran volcados en las calles a un mercado laboral legalmente constituido.
2. El conocimiento que tiene la ciudadanía de las desigualdades socioeconómicas
por las que atraviesa la ciudad, que han sido agudizadas por programas de
gobiernos inconexos y poco coherentes con las necesidades reales de la
ciudadanía, la falta de credibilidad que han enfrentado los gobiernos de turno
hacen que el problema del trabajo informal y la ocupación para tal fin que hacen
los vendedores informales del espacio público, sea entendido como un proceso
normal de rebusque, aceptando que estas formas de subsistencia son resultado
de la falta de empleo y de la aguda pobreza que viven millones de bogotanos,
bajo esta perspectiva es normal que se interprete el tema de los vendedores
informales como un problema de nunca acabar.
Estos dos horizontes de interpretación recogen las grandes percepciones que se
encontraron en la pregunta por el espacio público y su uso como lugar de trabajo
dentro del centro de Bogotá a los ciudadanos que participaron de esta indagación, las
ventas informales se han convertido en un tema recurrente entre las agendas políticas
de los gobernantes y entre transeúntes y comerciantes que se debaten entre el apoyo al
desalojo, la reubicación y el laissez faire, laissez passer.21
21
Expresión francesa que significa «dejen hacer, dejen pasar», refiriéndose a una completa libertad en la economía, transposición hecha a propósito de la indiferencia que genera trabajo informal en la ciudad.
91
5.3. Políticas de renovación y usos del suelo en el centro de Bogotá
La crisis de gobernabilidad que se ha manifestado en las últimas tres administraciones
en la capital, ha traído a la discusión el alcance de los programas políticos que desde
las diferentes alcaldías se han intentado ejecutar, la propaganda política y el
ausentismo de estrategias reales que permitan la construcción de una ciudad incluyente
han puesto bajo Bogotá el velo de la incertidumbre política y administrativa. Con este
panorama vale la pena analizar las estrategias de recuperación y renovación del
espacio público que se adelantaron en Bogotá en los últimos 12 años. Este tema ha
estado incluido en los planes de gobierno desde hace más de una década, sin embargo,
las ventas informales continúan en ascenso y son pocos los indicios que demuestren un
camino de ruptura frente a esta problemática. Estas políticas han estado ligadas a
enfoques e intereses económicos que determinan las acciones y posiciones políticas en
la ciudad y que han producido en gran medida los proyectos de reformas y renovación
urbana.
El potencial turístico y comercial del suelo urbano del centro de Bogotá ha determinado
los planes de desarrollo e intervención del espacio público en esta parte de la ciudad,
los proyectos urbanísticos intentan cumplir con objetivos claros, sirven para revitalizar
zonas urbanas en deterioro, generar renta, empleo y valorizar zonas y construcciones
aledañas, objetivos claves para impulsar el diseño de marketing urbano22.
Bajo la perspectiva planteada por la alcaldía, el diseño, recuperación y renovación de
los espacios colectivos o abiertos de la ciudad bajo los cuales sobresale un sentido
referencial o representativo, debe dotarse de dos caracteres, uno que compete a la
conservación patrimonial como elemento de conservación de la riqueza arquitectónica
que ayuda en la consolidación de hitos turísticos que pueden ser explotados desde
diferentes sectores de la economía urbana. El otro hace referencia a la capacidad de las
instituciones distritales que encaminan los procesos de reforma y proyección territorial a
convertir los hitos referenciales potenciales de la ciudad en verdaderos referentes de
producción y valorización económica, el impacto de los espacios recuperados y
22
Término utilizado por el profesor Elkin Rubiano quien relaciona las prácticas de renovación y planeación urbana con un proceso de mercadeo que tiene como objetivo impulsar la ciudad como una marca y/o producto.
92
revitalizados debe ser tal que los precios se encaminen a un alza que ayude a la
valorización y demanda de servicios inmobiliarios, comerciales, turísticos y
decididamente tributarios.
La relación entre el elemento patrimonial y su entorno no ha sido la más adecuada,
dado que en ocasiones no se ha entendido la conservación del patrimonio como un
proceso dinámico que forma parte del desarrollo de la ciudad” (A.M.B, 2007). Es decir,
la definición del patrimonio cultural no solo debe interesarse por el legado histórico y la
memoria colectiva. La economía de la cultura, por ejemplo, muestra que el valor cultural
puede generar valor económico y generar externalidades: los emplazamientos arqueoló-
gicos, los museos en edificaciones con alto contenido simbólico, los museos de sitio y el
patrimonio inmaterial resultan hoy en día atractivos para el turismo cultural y clave para
el diseño de marketing urbano, sirven para revitalizar zonas urbanas en deterioro,
generar renta, empleo y valorizar zonas y construcciones aledañas. (Rubiano, 2010)
Con este panorama el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se convierte en el primer
y más importante instrumento de planeación territorial que orienta los ejes de desarrollo
urbano en aras de consolidar las dinámicas de competitividad de la ciudad, sacando
provecho económico a mediano y largo plazo de la productividad expectante de los
espacios públicos y privados de la ciudad, así como de su estructura en relación a
referentes culturales, inmobiliarios, comerciales etc. El POT en consonancia con las
tendencias imperantes que a nivel internacional promueven la modernización de las
ciudades capitales y de sus centros urbanos23 bajo el principio del establecimiento de
centralidades24 crea proyectos complementarios que permitan la revitalización de
aquellos espacios propicios para la inversión de capitales nacionales y extranjeros que
hagan réditos de la renovación urbana y de sus constantes producciones económicas.
El plan zonal centro se consolida como un proyecto complementario de reestructuración
espacial de Bogotá, preocupándose por la organización del mismo en zonas de
influencia que impacten de manera positiva los flujos de capital dentro de la ciudad, está
23
Véase el caso de restructuración del espacio público de Guayaquil analizado por Xavier Andrade a propósito de las perspectivas de competitividad que plantean la necesidad de la renovación urbana. 24
Unidades especiales que agrupan vivienda, servicios, infraestructura vial, servicios públicos y además se constituyen como puntos de interconexión entre zonas neurálgicas de la ciudad, descomprimiendo los principales centros de comercio y de servicios presentes en la ciudad.
93
influencia esta mediada por la capacidad del sector para crear sus propias pautas de
valorización e inversión, lo que implica que el centro bogotano necesita una nueva cara
que mostrar y muchos retos estructurales para su redefinición.
5.4. El plan centro y el aprovechamiento económico del espacio público
El plan centro es el instrumento de planeación zonal más importante formulado en la
última década en Bogotá, constituido gracias al decreto 492 de 2007, influyó dentro de
los posteriores planes de renovación urbana definiendo el horizonte de la recuperación
del centro como un referente de competitividad y negocios no solo a nivel distrital sino
también nacional.
Su impacto comprende no solo la redefinición de los usos de la propiedad privada en el
sector, sino además la intervención del espacio público como un lugar estratégico para
la consolidación de enclaves comerciales que estén conectados y permitan la movilidad
de los habitantes y visitantes del sector, y por ende, la cercanía como elemento de
integración entre este y otros sectores de potencial crecimiento económico.
Esta visión empresarial del espacio público llevó a la consolidación de un proyecto
político expresado en un plan de acción a largo plazo para convertir el centro de Bogotá
en un centro de negocios, turismo y cultura (…) el espacio público es vital en el equilibrio
social, en la medida que contribuye al uso equitativo de la ciudad. Al hacer uso del
espacio público, en igualdad de condiciones, se revitaliza la actividad económica en las
zonas intervenidas. Además, se transforma la cultura ciudadana y la apropiación
colectiva de la ciudad, dándole una marca internacional (CCB, 2005).
Esta marca internacional es la capacidad de la ciudad para integrarse de manera
eficiente con las prácticas económicas de competitividad imperantes, permitiendo la
generación de nuevos espacios que el mercado habrá de apropiar en aras de la
reinversión del capital urbano en proyectos que usen la sectorización para concentrar
capitales en determinados espacios estudiados con antelación y pensados en una
compleja modificación de todos sus alrededores, formas y funciones.
El plan centro se pensó haciendo énfasis en la producción de servicios, el
fortalecimiento del turismo en la zona, de una región de negocios y de un nicho de
oportunidades inmobiliarias para las clases sociales más altas. Es evidente que este
proceso de reconstrucción del centro urbano debía tener un respaldo económico que
94
materialice este proyecto, para tal fin se concentraron esfuerzos en la atracción de
inversión extranjera y del sector privado local, esta intención es expresada mediante los
planes parciales definidos como:
Los instrumentos que articulan de manera específica los objetivos de ordenamiento
territorial con los de gestión del suelo concretando las condiciones técnicas, jurídicas,
económico - financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los
soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación de los espacios
urbanos previamente existentes, asegurando condiciones de habitabilidad y de
protección de la Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y
políticas del Plan de Ordenamiento Territorial. (SDPB, 2004)
La materialización de los planes parciales se hará gracias a la intervención de terceros o
agentes privados, quienes en alianza con el Estado se encargarán de garantizar las
condiciones económicas y rentables (capital mínimo que respalde el proyecto) de los
proyectos de renovación, estos particulares son por lo general grandes empresas que
saben que la inversión en este tipo de zonas favorecerá a mediano y largo plazo la
valorización del suelo, posibilitando el incremento de las rentas y la especialización del
suelo en determinadas actividades económicas que revitalizan los precios e incentivan
la demanda de bienes y servicios. El Estado deja de establecerse entonces como un
actor protagónico en la consolidación de los planes de reestructuración y desarrollo
urbano para delegar funciones e inversión al sector privado, a grandes inversionistas en
capacidad de solventar tanto capital como para transformar las capacidades y funciones
previas de un lugar o sector de la ciudad.
La consolidación del centro de Bogotá como foco estratégico para el desarrollo de la
competitividad, comprende además un proyecto de desarrollo de movilidad, vivienda,
turismo y negocios que revitalicen las funcionalidades del sector, estas funcionalidades
han acarreado un proceso de deterioro, causado entre otras cosas por el crecimiento de
zonas periféricas que fueron absorbiendo determinadas actividades y capitales que
antes eras exclusivas del centro. Sin embargo, y pese a la notable inversión que en
teoría debería realizar el sector privado para hacer del centro un lugar estratégico para
el flujo de capitales, es el Estado quien debe correr con la mayoría de estos costos, un
ejemplo de esto es la implementación del proyecto de un sistema de transporte masivo
para Bogotá, Transmilenio, que en la primera etapa del mismo recibió una inversión del
Distrito de cerca de $5 billones mientras que la empresa privada invirtió algo menos de
95
$1 billón, aun así el 64,5% (Foro internacional, espacio público y ciudad, 2005) del
producido bruto, es decir de las tarifas que pagan los usuarios del servicio, está
destinado a los concesionarios, las empresas operadoras que para el 2005 eran seis,
esto no incluye las empresas alimentadoras que recaudan cerca del 20% de las
ganancias (el sector público financia el 80% de la inversión que se requiere, para que el
sistema opere, y recibe el 4% del producido total. El sector privado invierte el 20% y
recibe el 75%. Si se incluye el 20% que reciben las empresas de alimentadores, se está
hablando del 95% del producido para el sector privado (CCB, 2005). Lo anterior muestra
la capacidad del sector privado para acaparar proyectos de gran magnitud para el
desarrollo estructural de la ciudad, tal como es el único sistema de transporte masivo
de la ciudad, la inversión fue definitivamente un porcentaje irrisorio si se le compara con
los dividendos obtenidos en cerca de 10 años de operación del sistema.
En un panorama más reciente, en los últimos tres años bajo la administración del
Alcalde Gustavo Petro se ha hecho evidente la urgencia por parte de las entidades de
consolidar esta zona de la ciudad como un nicho de oportunidades de inversión, con un
gran proyecto de fortalecimiento productivo del centro de la ciudad que busca rediseñar
el espacio para aumentar su competitividad así como su nivel de absorción y creación
de capital según cifras de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) más de 600.000 mil
millones de pesos serán destinados a favorecer la credibilidad de la inversión privada en
proyectos distritales.
La estructuración financiera, legal y técnica, tendrá un plazo de tres meses para
realizarse. “En tres meses, hay que salir a buscar los inversionistas. Nuestra apuesta es
que en 10 meses arranque la ejecución de este proyecto”. (Corso, 2015)
Bajo este panorama y según los cálculos (ERU), la primera etapa del proyecto estaría
culminando a finales del año 2017, y abarcaría la construcción de complejos
empresariales, grandes edificaciones destinadas a acoger las sedes de empresas
propias y extranjeras. Un porcentaje adicional se invertirá en vivienda de interés no
prioritario que tendrá junto con las oficinas que generar la rentabilidad necesaria para
continuar con la fase dos y tres del proyecto que piensa la misma inversión pero en
sectores colindantes con la localidad de Chapinero.
96
Al terminarse la primera etapa, que se articulará además con un complejo sistema de
integraciones de las estaciones del sistema Transmilenio ubicadas en el sector,
proyecta, según los cálculos de la ERU, que cerca de 18.193 metros cuadrados del
proyecto podrán venderse con fines comerciales.
La segunda etapa que contempla el plan parcial de renovación urbana, propone la
ejecución de 220 viviendas de interés prioritario y de 40 de reposición en un área
perteneciente al barrio Santa Fe, en la cual existen edificios desocupados y también,
algunas bodegas. En cuanto a la construcción de vivienda social en esa zona del centro
de la capital, Roberto Moreno, presidente de la constructora Amarillo explicó que es
posible hacerla teniendo en cuenta los valores del suelo y cómo se subsidia esta
iniciativa: “Hay que hacer una integración social adecuada y también, un trabajo con la
comunidad. Que los servicios públicos no tengan costos elevados en esa zona”.
De esta forma se pretende configurar todo un entramado urbanístico que tenga como fin
el desarrollo particular de un sector que presenta un atractivo previo de inversión, para
lo que el centro de Bogotá como un lugar de múltiples contrastes y gran flujo de
actividades económicas se convierte en un lugar propicio de exploración y articulación
de proyectos público-privados que se traducirán a mediano plazo en un incremento de
las ganancias potenciales de los inversionistas en relación al uso del suelo del sector y
del carácter de exclusividad que adquiera con las trasformaciones antes descritas.
En consonancia con lo anterior la Alcaldía Distrital y la Defensoría del espacio público
(DADEP) establecen como punto de interés primordial del centro de Bogotá el corredor
vial más antiguo de la capital, la carrera séptima, esta vía principal que comunica el
suroriente con el norte de la ciudad, se deberá ajustar según los planes previstos por
estas instituciones a un plan de mejoramiento estructural que implica su remodelación y
posterior peatonalización que va desde la calle 10 hasta la calle 26. La carrera séptima
se convertirá de acuerdo a estos planes en un corredor limpio y seguro para la ciudad
que brinde un ambiente moderno y que permita a los ciudadanos moverse dentro del
centro de Bogotá. La congestión e inseguridad que perciben los ciudadanos en esta
zona y en especial en los espacios públicos de la misma, de acuerdo a la encuesta
realizada, dejan ver como para los proyectos urbanísticos es de suma importancia
cambiar esta imagen negativa por medio de la transformación física de estos espacios,
97
confiando en que las remodelaciones de los inmuebles físicos del espacio público como
andenes, zonas verdes, vías, etc. transformen de forma paralela la percepción de
seguridad y agrado que tienen los habitantes hacia ciertos sectores de la ciudad.
Preguntarse por las necesidades reales de los pobladores y por las practicas socio-
culturales que establecen con su territorio y que definen el sentido del mismo para cada
comunidad es un reto para el proyecto de ciudad de las futuras administraciones, reto
que no presenta muchas esperanzas de realización de continuar con las prácticas de
privatización tendenciosas que precisan los planes de renovación urbana.
Es así como aúna esfuerzos para el control y defensa del espacio público del eje
correspondiente a la carrera 7 entre calles 10 y calle 26, zona que está declarada como
recuperada, ubicada en las localidades de Candelaria y Santa Fe. Con un con un grupo
de profesionales el DADEP desarrolla acciones pedagógicas y de análisis etnográfico,
tendientes a mitigar el impacto que se genere con ocasión de los operativos de control
sobre el Espacio Público y así prevenir futuras ocupaciones indebidas sobre el área de
influencia de la carrera Séptima entre Calles 10 y 26 (DADEP, 2014).
Las ocupaciones indebidas mencionadas por el DADEP son precisamente el punto
clave de estudio de los diferentes planes de mejoramiento del espacio público de la
ciudad que centran su trabajo en contener el aprovechamiento económico del espacio
público por parte de los vendedores informales, concertando en la necesidad de
reubicarlos y revitalizar los lugares recuperados, potenciando la capacidad de los
mismos para adaptarse e integrarse a las condiciones de competencia que se calculan
para el sector.
Todo lo anterior expresa la constante en los procesos de renovación urbana, el Estado
da las garantías e infraestructura para que el sector privado tome en sus manos los
beneficios económicos de los nuevos proyectos de urbanización de los cuales obtiene
no solo el aval de intervención sino además los recursos necesarios para producir y
transformar la ciudad a razón de la mercantilización del espacio público, es por este
motivo que la planificación territorial se ha convertido en un espejo de las relaciones de
desigualdad que contiene el sistema económico, ampliando cada vez más su deuda
social y olvidando que la equidad territorial debería ser el objetivo de todo plan de
desarrollo urbano.
98
El papel principal que desarrolla el mercado en la formulación y ejecución de las
políticas públicas que buscan intervenir no solo el centro de la ciudad sino diferentes
zonas de interés, se traduce en un deterioro de las prácticas de participación directa
que involucran a la comunidad con su entorno y con los proyectos que allí se ejecutan,
el papel de la ciudadanía en estos proyectos se ve relegado al de un simple espectador
que se acomoda a las nuevas condiciones urbanas que son impuestas de manera
constante y paulatina por la privatización del espacio público en la ciudad, los procesos
de movilización no solo están debilitados sino que han sido reinterpretados por el
sistema económico llevando a que la razón principal de protesta y manifestación por
parte de la ciudadanía en ciudades como Bogotá sea precisamente el de una
reivindicación de los derechos económicos que le permitan participar y competir de la
racionalidad del mercado operante.
99
6. CAPITULO VI
VENDEDORES AMBULANTES; DERECHO A LA CIUDAD Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. RETOS Y PERSPECTIVAS
La incidencia de la ciudadanía en las prácticas políticas y de empoderamiento de la
ciudad se encuentra actualmente en un momento crítico, la participación ciudadana se
ha materializado como un falso proyecto de democratización dejando a la vista los
graves vacíos de representación e integración en países como Colombia. Esta situación
se ha agudizado con los procesos de apertura económica que experimenta la región
desde hace algunas décadas25. La escasa o inexistente participación de la sociedad civil
en los asuntos públicos se ha convertido en un referente de crítica al modelo de
representación política que en teoría pretende la consecución de la participación directa
como horizonte, aun cuando en realidad las herramientas para lograrlo corresponden a
un modelo de desarrollo que no recoge las necesidades de la ciudadanía en la toma de
decisiones. Las nuevas formas de organización social y de resistencia que trascienden
la institucionalización aparecen hoy como el nuevo escenario de debate frente a la
legitimidad debilitada de las instituciones y los partidos políticos, sin embargo las
tensiones e intereses que allí se generan requieren ser analizadas bajo el marco de la
conflictividad que contiene la lucha por el reconocimiento al cual le apuestan diferentes
sectores o actores sociales.
6.1. Institucionalización de la participación ciudadana
El discurso político que se teje alrededor del uso de los mecanismos de participación
diseñados oficialmente para orientar las intervenciones de la ciudadanía en el rumbo de
los asuntos políticos y sociales de cada ciudad, ha sido determinado por la
racionalización de la participación como estrategia de legitimación de las acciones del
Estado, logrando encausar los intereses ciudadanos en proyectos políticos que llevan a
un discreto pero eficaz control de las prácticas de representatividad. Estos proyectos
25
La apertura económica como proceso de liberación de las economías latinoamericanas traería consigo la llegada de grandes multinacionales y con esto la preponderancia del interés económico por sobre los proyectos de participación social y de empoderamiento de la ciudadanía
100
tienen como base tres principios característicos para que el sistema de participación
institucional se mantenga fiel a sus prioridades:
1. El elemento carismático del liderazgo.
2. Participación en la designación de los representantes electos, quienes como en
otras formas de participación promueven entre los participantes el sentido de
responsabilidad por las relaciones que resulten incluso cuando la influencia
sobre estas decisiones es en realidad muy pequeña.
3. La racionalidad de la burocracia profesional que garantiza que las agencias del
Estado sean administradas por personal calificado y que sus prácticas sean
gobernadas por expertos relevantes (Restrepo, 2007).
Bajo estos elementos el sistema democrático inscribe las prácticas participativas en
proyectos burocráticos que terminan no representando los intereses colectivos pero si
haciendo uso de los mismos para abanderar sus campañas y promesas. La
personalización de la política como rasgo característico del sistema de representación
colombiano, ha contribuido a que estos proyectos generen todo un escenario mediático
frente a un par de figuras relevantes, ocultando las verdaderas intenciones que hay
detrás del partido o asociación a la que representan.
La personalización política con que se construyen los cimientos de la singular
democracia colombiana, es clara muestra de la importancia que tiene el juego de la
política electoral que supera la democracia participativa. En medio de la fragilidad
estructural de la democracia que erosiona sus ideales en ciudades como Bogotá, el
poder se ha refugiado en la representatividad encarnada en figuras o funcionarios
públicos. Esta personalización tiende a debilitar cualquier intento por generar
verdaderas políticas de equidad y participación, pues la toma de decisiones expresa un
poder central y jerárquico que está en manos del Alcalde para el caso urbano, y que no
permite generar proyectos de ciudad encaminados por líneas de acción paralelo, por el
contrario, lo que se producen son propuestas de cambio inconexas, puestas en marcha
bajo gobiernos transitorios que intentan borrar lo hecho por el gobierno anterior o
simplemente ignorarlo.
101
No solo el tema electoral y de representación simboliza las tensiones del modelo
democrático, los mecanismos de participación creados con el fin de permitir a la
ciudadanía la expresión de denuncias, protestas y propuestas de transformación urbana
han sido objeto de ataques por parte de poderes gubernamentales que han convertido
estos mecanismos en conceptos amorfos y poco prácticos, que aumentan los niveles de
desconfianza de los ciudadanos hacia los medios de expresión y de denuncia que se
plantean oficialmente.
Un ejemplo de ello es el control social, escenario de participación donde los ciudadanos
pueden en teoría regular e incidir en el manejo de la administración pública,
posibilitando la transparencia y las condiciones necesarias para que la socialización del
Estado presionada desde la población civil se convierta en un hecho tangible. La
materialización efectiva del control social esta mediada por dos estructuras de
oportunidad que de acuerdo con Fabio Velásquez (2004) en Colombia están
gravemente desarticulas, a saber:
1. Clima institucional propicio, que sostenga las bases jurídicas y normativas del
sistema de participación, posibilitando la acción civil organizada desde los
marcos institucionales en Colombia la falta de confianza en los procesos
administrativos necesarios para entablar determinada petición o intervención,
refleja entre otras cosas que la demora en los tramites y procedimientos
necesarios para recibir una respuesta del Estado ante determinadas situaciones
está directamente ligado con un sistema de justicia débil y por defecto
inoperante.
2. Existencia de sujetos o colectivos interesados en ejercer el control social,
dotados de las capacidades y recursos para hacerlo. Cuando estos ciudadanos
no tienen las condiciones socioeconómicas para acceder a los proyectos de
participación y reconocer los problemas y construir las soluciones, estamos ante
un sistema democrático ineficiente. El desinterés de los ciudadanos frente al
rumbo y funcionamiento político de la ciudad es resultado de una enorme brecha
social que se abre cada vez más y que aumenta también la asimetría de poder
entre grupos sociales.
102
Los mecanismos de control social no solo encuentran barreras en su ejecución sino
además y principalmente en la obtención de resultados reales que despierten en la
ciudadanía el interés por participar en los procesos de gestión y control que se
argumentan desde la institucionalidad.
6.2. Vendedores informales ¿Por qué y para qué participar?
Las iniciativas ciudadanas encaminadas a la búsqueda de soluciones inmediatas y
definitivas ante problemáticas de alto impacto en la escena del espacio público como las
ventas informales en la ciudad han encontrado en la práctica varios problemas, uno de
ellos es la tensión que se produce en la relación Espacio público-Derecho al trabajo,
relación que se ha vuelto de difícil manejo para la administración distrital y para el
aparato judicial que desde diferentes posturas han inclinado la balanza hacia uno u otro
eje. No hay concordancia entre las sentencias y disposiciones emanadas de la Corte
Suprema de Justicia que reivindica el derecho al trabajo que poseen los vendedores
ambulantes y las políticas de desalojos o los planes de intervención del espacio público.
Los vendedores desconfían de las promesas de funcionarios y líderes comunitarios que
presentan proyectos de organización, financiación o reubicación, manifestando que hay
intereses económicos y burocráticos detrás de estas iniciativas. Mientras el trabajo
informal crece y recoge a miles de personas que no encuentran otra opción laboral,
ninguna institución gubernamental o privada interviene para frenar el crecimiento u
ofrecer alternativas reales y rentables de reubicación. Sin embargo escasean también
las iniciativas locales de resistencia y transformación, el 48 % de los vendedores
encuestados afirma promover el dialogo y la comunicación entre los vendedores
cercanos, pero solo el 6 % de los encuestados hace parte de alguna organización social
y/o política que les permita organizar sus propuestas y transformarlas en mejoras
efectivas a sus condiciones de trabajo y de vida en general. La apatía ante cualquier
apuesta por estructurar sus ideas de una ciudad más equitativa es quizás el
denominador común en la débil relación que existe entre vendedores y participación, los
niveles de desesperanza son tales que quizás suenen cínicos pues no existen ningún
103
tipo de empoderamiento político por parte de esta población pero si muchas
expectativas de cambio y transformación.
Este panorama puede suscitar un verdadero fracaso de la participación
institucionalizada dentro de los vendedores informales y un efecto de desconfianza en
cualquier tipo de organización interna que aspire a formalizarse. Un poco más del 50 %
de la población encuestada no ha recurrido a mecanismos de participación tradicionales
como el derecho de petición, la acción popular o la demanda, aquellos que han puesto
sus esfuerzos en estas herramientas se han encontrado con grandes barreras y largos
trámites que no se traducen en soluciones inmediatas ni en compromisos ya sea del
Estado o de particulares.
Somos muy pocos a los que nos interesa lo que pasa con nosotros, de pronto es porque saben que muchas veces todos nuestros esfuerzos se quedan en promesas y lo que hacemos a veces es perder el tiempo, cada vez que hacemos una solicitud a la defensoría o estamos en alguna reunión con alcaldes locales o ediles perdemos 2 o a veces 3 días de trabajo y la gente no puede dejar de llevar plata a la casa, además uno se cansa de tanto papeleo hay que estar leyendo y buscando documentos que le ayuden a uno a proponer cosas y ha no comer entero y eso quita mucho tiempo. Las buenas intenciones no alcanzan para estar en esto hay que trabajar arto
26.
Durante los procesos de indagación no se encontraron grupos u organizaciones fuertes
que lideren procesos de participación en donde los vendedores informales expresen y
promuevan el debate y la reflexión de sus posturas con respecto a sus problemáticas y
necesidades, pese a esto existen lazos de unidad que son construidos con el fin de
resguardar y defender su actividad laboral.
Las redes de solidaridad que se tejen en medio de los conflictos por el uso del espacio
público denotan otro tipo de prácticas de resistencia que no necesariamente implican la
organización de los individuos en torno a un proyecto de reivindicación de sus
condiciones sociales, por el contrario, la cotidianidad se convierte en el lazo de
resistencia que permiten enfocar la defensa de su puesto de trabajo en medio de las
jornadas de desalojo o de los problemas de inseguridad presentes en la calle, las
diferencias y tensiones existentes entre los mismos vendedores, dificulta de alguna
forma que se establezcan lazos de confianza y que trasciendan las iniciativas e ideas
26
Entrevista realizada el 20 Agosto de 2014 a vendedor informal, miembro de la federación nacional de artesanos y miembro de la casa del vendedor. Ver anexos
104
que promueven “el habitar” real de los espacios públicos. Las carencias económicas
que estos trabajadores tratan de superar a diario, ocasionan un deterioro estructural de
los procesos de participación, la falta de herramientas educativas y de formación
influyen de manera directa en la forma en que los sujetos inciden en su realidad o
simplemente la reproducen, la recurrente urgencia de salvaguardar su única fuente de
ingresos deteriora las luchas políticas de los vendedores. Como afirma Darío Restrepo
el problema va más allá de un asunto de representación política.
Ninguna ampliación de la democracia logra la igualdad de condiciones para que todas las clases y grupos sociales participen en la toma de decisiones colectivas y en el reparto de la riqueza socialmente producida. Además, la desigualdad económica y social corroe continuamente la igualdad política y, por tanto, mientras existan esas diferencias no habrá un pleno ejercicio democrático. La contienda ideológica se limita a perfeccionar las reglas y procedimientos formales. El eslabón más importante para el fortalecimiento democrático parece quedarle grande a las expectativas más optimistas sobre la democracia participativa, cuya vocación no es resolver el profundo precipicio entre democracia e igualdad (Restrepo, 2007:58)
Los vendedores informales de la ciudad, se resisten a las condiciones laborales que en
Colombia están en detrimento de los derechos de los trabajadores, las largas jornadas
laborales, la falta de estabilidad laboral, los bajos salarios y la falta de garantías de
seguridad social y salud son algunas de las razones por las cuales los vendedores no
ven en la formalidad una salida a sus problemas económicos y de legalidad. Sin
embargo y pese a oponerse a estas condiciones, la calle no ofrece un horizonte más
alentador. El 60 % de los vendedores encuestados gana entre 1 y 2 salarios mínimos y
trabaja entre 8 y 10 horas al día, del 40 % restante cerca de un 22% gana menos de un
salario mínimo: teniendo en cuenta que entre dos y cuatro personas dependen de estos
ingresos es compresible que no solo se esté heredando a las nuevas generaciones la
tradición del trabajo en la informalidad sino además todas las ausencias económicas
que trae esta labor.
La autonomía y flexibilidad que ofrece el trabajo informal logra atraer a los
desempleados quienes buscan en esta modalidad de empleo un refugio temporal que
se termina convirtiendo en una forma de subsistencia permanente, los bajos niveles
educativos no solo han hecho que esta población se estanque y no participe de un
mercado que se tecnifica de manera acelerada, sino que afecta de manera directa la
forma en la que los vendedores logran apoderarse de sus problemáticas y la de su
105
entorno inmediato, relegándolos al papel de receptores pasivos de la información que
reciben y de los cambios políticos que acontecen.
Los tradicionales modelos y mecanismos de participación se convierten en una
racionalización de la democracia que asume que el trato igualitario que debe el Estado
a los ciudadanos es también un acceso igualitario a los recursos socioeconómicos para
entender y apropiar estos mecanismos, no hay en poblaciones como la de los
vendedores ni siquiera información básica de la forma de operar de estos mecanismos,
no existe la voluntad política de participar porque desconocen los beneficios de hacerlo,
porque en realidad estos beneficios son cada vez más escasos y estériles. Mientras no
existan medidas reales que atiendan las necesidades de empleo de los sectores más
pobres de la ciudad y mientras el desarrollo económico del país no esté acompañado
también de una defensa de los trabajadores colombianos, los vendedores seguirán en
aumento y totalmente apáticos a la organización, pues la verdadera necesidad de esta
población es la de un empleo digno, el de un Estado que de forma integral atienda las
demandas sociales y educativas que por años han sido descuidadas, la participación
deberá en ese momento fortalecer el capital social, es decir, el fortalecimiento de la
organización social que posibilite una participación activa y un papel determinante en
las decisiones que conciernen a los temas de lo urbano.
En medio de los conflictos que se generan por el uso del espacio público y el
crecimiento del trabajo informal llevado a las calles de Bogotá son varias las preguntas
que habrán de plantearse para establecer una ruta que conduzca estos conflictos a
procesos de deliberación constantes. ¿Quiénes deben asumir la responsabilidad del
abandono político que degrada el espacio público? ¿Existe realmente un proyecto de
participación que integre a los vendedores ambulantes con la formulación y ejecución
de proyectos urbanísticos? ¿La participación institucionalizada ha despolitizado o
burocratizado las luchas sociales? ¿Qué herramientas políticas están ausentes en la
falta de organización de los vendedores? ¿Cuál es la ciudad que debemos defender y
cuál es el verdadero papel del ciudadano contemporáneo? El verdadero derecho a la
ciudad parte de un análisis profundo de estos y otros interrogantes y de acciones
conjuntas que permitan reivindicar las voces marginadas que desean otro modelo de
urbanización, otro modelo de desarrollo. El derecho a la ciudad y la participación
106
ciudadana deberán entonces converger en una práctica única, aunque llena de matices,
que produzca relaciones de apoyo y cooperación entre diferentes grupos sociales,
buscando la idea de una ciudad para la ciudadanía.
Sin embargo, existen grandes abismos que separan las prácticas de participación
ciudadana actual con los retos que enmarcan el verdadero derecho a la ciudad. Las
irresolubles contradicciones del sistema de participación han hecho que se vuelva difícil
también la politización de la ciudadanía, descuidada desde las políticas distritales, la
ciudadanía activa como el umbral de efectividad de la acción política sobre las
disposiciones económicas no es para Bogotá un asunto pendiente sino una necesidad
básica que debe fortalecer si desea afianzar el proyecto democrático.
Aunque son muchos y diversos los problemas que impiden que Bogotá sea un espacio
de inclusión y participación política, es necesario resaltar los más relevantes y bajo los
cuales se cimienta la decadencia del sistema democrático en la ciudad.
Los procesos de segregación que se gestan por la marginalización de determinadas
poblaciones y territorios de la ciudad han producido discursos y prácticas culturales
ligadas a la estigmatización de ciudadanos que llegan a Bogotá huyendo de la violencia
o en busca de oportunidades, estas prácticas crean tensiones que limitan y erosionan
las redes de solidaridad y organización, la ciudadanía ha generado barreras invisibles
que condicionan las acciones y percepciones que tienen hacia diferentes grupos
sociales (desplazados, reinsertados, etc) la segregación espacial producida por un
modelo de ciudad hegemónico incide directamente en estas percepciones y en la
creación de tales barreras.
Los espacios de participación locales se han convertido en espacios desprovistos de
carácter deliberativo, las administraciones locales siguen tomando decisiones sin
preocuparse por cuál es la voluntad de los ciudadanos o cuáles son sus necesidades
reales en temas como la educación, la juventud, la seguridad etc. El clientelismo y el
pago de favores marcan desde la llegada del alcalde local (que en Bogotá es elegido de
forma administrativa) hasta la administración de presupuestos y priorización de
proyectos.
107
La fragilidad de los análisis discursivos y políticos de organizaciones sociales alrededor
de los proyectos urbanísticos y de los planes de desarrollo de la ciudad, aunque existen
múltiples asociaciones dedicadas a la defensa de derechos económicos y políticos de
determinadas poblaciones, frente a los grandes planes de intervención del suelo urbano
son escasos. Esta ausencia esta mediada por las luchas localizadas que de alguna
forma obvian el panorama macro que sostiene los procesos hegemónicos de
apropiación y transformación urbana.
Este vistazo a los obstáculos estructurales que limitan la consolidación del derecho a la
ciudad como base de la participación ciudadana en la esfera pública local y distrital,
sugiere que mientras se continúe con las prácticas tradicionales de participación estas
jamás se traducirán en prácticas de emancipación y empoderamiento urbano, las
reivindicaciones tendrán que trascender el naturalizado discurso que defiende los
derechos económicos por sobre las garantías sociales.
En la actualidad es evidente que el derecho a la ciudad esta cohesionado por la
influencia de las lógicas económicas que permean los procesos de urbanización en
Bogotá, sin embargo es posible afirmar que hay grandes expectativas de transformación
en la ciudadanía bogotana, que por años ha exigido la transparencia y efectividad de las
políticas públicas que orientan la ciudad, recibiendo tan solo amplias propuestas,
densos discursos de cambio, e insuficientes herramientas efectivas de participación.
Una muestra de ello es la actual peatonalización de la carrera séptima, que se adelanta
desde el año 2012 pero que empezó obras el pasado mes de octubre, proceso del cual
los vendedores ambulantes han sido los más afectados, perdiendo sus espacios
cotidianos de trabajo y no encontrando más que la puesta en marcha de planes de
intervención que no han establecido diálogos o mediaciones que eviten el desalojo de
los vendedores y les permita otros espacios de trabajo.
La participación de la ciudadanía en la democratización del espacio público parte de la
idea de socializar también los planes que implican un cambio en las actividades que
ejercen los ciudadanos, sin embargo este no es un objetivo de ningún plan de gobierno,
la ausencia de la gente que vive a diario la calle en la formulación de procesos de
transformación como la peatonalización de una de las calles más importantes de la
ciudad permite distinguir el camino autoritario y acomodado que siguen los proyectos
108
urbanísticos y que desde ninguna postura permitirían un verdadero derecho ciudadano
a ser y transformar la ciudad.
De acuerdo con la respuesta de la secretaría de movilidad donde se especifica la
definición del proyecto de peatonalización de la carrera séptima como parte de la
revitalización del centro de la ciudad, dicha peatonalización busca generar un espacio
apto para el desarrollo de diversas actividades de esparcimiento y económicas. En 2012
el Consejo de Estado le ordeno a la Alcaldía Mayor de Bogotá organizar el espacio
público en la ciudad entre las calle 11 y 24 a lo largo de la Carrera Séptima. Para tal fin el
IPES llevó a cabo un censo que permitió la carnetización y reubicación de los
vendedores ambulantes, antes de iniciar el programa de peatonalización. El trabajo con
los vendedores ambulantes ha sido continuo y se han llevado a cabo programas de
carnetización con el fin de reubicarlos en centro comerciales con el fin de reubicarlos en
centros comerciales con el fin de garantizar las condiciones del espacio público que es
una función de la Alcaldía. Para mayor información sobre estos programas se puede
consultar con el IPES entidad adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico.(SDE,
2014).
Este documento fue realizado por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico en
respuesta a la solicitud de un ciudadano que manifiesta su preocupación por la voz y
participación de los vendedores en el proyecto de peatonalización de la carrera séptima,
la respuesta emitida oficialmente por parte de esta entidad asegura que los vendedores
recibieron toda la información respectiva en el año 2012, siendo encuestados,
carnetizados y reubicados, sin embargo los vendedores manifiestan que este proceso
se adelantó de manera paulatina y sin socializar los impactos y acciones que se
adelantarían.
Cuando empezaron a peatonalizar empezamos a tener problemas con la policía porque
era difícil mantenernos en los andenes, eso fue al principio, pero después nos dejaron
trabajar tranquilos por un tiempo, aunque llegaron muchos vendedores de otras partes
porque sabían que había más gente para vender cosas por la séptima, ahorita en
Octubre que empezaron a romper desde la plaza de Bolívar ningún funcionario de la
alcaldía vino a poner la cara ni a decir nada, ellos iban a hacerlo y nosotros de malas, así
que nos tocó buscar otros lugares para poner el puesto, no sabemos qué va a pasar
cuando terminen las obras porque creo que van a mandar más policía para que nos
quitemos, pero eso no lo sabemos porque nadie ha querido darnos información27.
27
Entrevista realizada a Oscar Iván Rodríguez a líder comunitario que representa a los vendedores (artesanos) de la Localidad de la Candelaria.
109
Sin embargo y pese al descontento de los vendedores, estos se acomodaron a las
nuevas condiciones urbanísticas, llevándolos a ocupar otros corredores viales,
explorando nuevos espacios de subsistencia pero no así manifestaciones de resistencia
o de acciones colectivas que llevasen a romper con los cursos normales de ejecución
de estos proyectos de renovación.
Los procesos de resistencia esporádicos que llevan a cabo los vendedores ambulantes
no se convierten en estructuras de reivindicación reales del derecho a la ciudad, pues
no hay un proceso de reflexión al modelo de desarrollo urbano existente en la ciudad,
las iniciativas que subyacen de la marginalización de su labor tienen como objetivo ser
integrados en el sistema de empleo formal o ser respetados como sujetos de derechos
permitiéndoseles el libre acceso y uso del espacio público, no existen articulaciones
discursivas ni reflexivas entre las disputas y manifestaciones que hacen los vendedores
con las prácticas de urbanización que se adelantan desde las administraciones
distritales y los intereses empresariales.
El derecho a la ciudad jamás será posible desde las prácticas gubernamentales sino a
partir del debate de las mismas y de la valoración de la ciudadanía activa como fuente
de las transformaciones sociales. Quizás por esta razón la incipiente relación entre el
derecho a la ciudad y la participación ciudadana no se fortalece, porque la racionalidad
del mercado presente en los modelos de urbanización se ha manifestado también en las
condiciones y estructuras de participación repercutiendo en un álgido interés por las
ganancias y dividendos que determinados grupos sociales quieren obtener de los
recursos públicos y de las futuras inversiones privadas, convirtiendo en procesos
residuales aquellas iniciativas responsables y comprometidas que forja la ciudadanía.
110
7. CAPITULO VII
EL DERECHO A LA CIUDAD: TENSIONES EN TORNO AL DERECHO AL ESPACIO
PÚBLICO Y EL DERECHO AL TRABAJO
El espacio público reviste un carácter político como lugar de encuentros y diferencias
propicio para hacerse participe de la ciudad, para la expresión y el debate, además de
la construcción de una ciudadanía activa que reclame para si el derecho a la
configuración de una ciudad que incluya el amplio espectro de posibilidades culturales
que la habitan. Tal relevancia en el aspecto político hace de este tema un punto crítico
al momento de analizar la configuración del espacio en la ciudad.
Las tensiones que suscitan las políticas de recuperación del espacio público
emprendidas por las más recientes administraciones distritales acogiendo los
lineamientos del urbanismo moderno que reclaman el monopolio sobre el espacio, se
han convertido en fenómenos sociales que ilustran en mayor medida los procesos de
resistencia alrededor del derecho a la ciudad.
La tergiversación del sentido de lo público en el espacio, tanto por el sector oficial como
por la sociedad civil, acompañada de las condiciones sociales propias de la capital, han
convertido al espacio público en un escenario de confrontación, de lucha y resistencia
activa.
La intervención del espacio público ha generado una tensión entre la administración
distrital que ha utilizado el aparato jurídico en pro del derecho al espacio público como
inalienable de los ciudadanos bogotanos por una parte, y por otra se encuentran los
vendedores ambulantes que defienden su actividad a través del derecho al trabajo
consagrado en la constitución colombiana, argumentando que la venta informal
ambulante se ha convertido en su única forma de subsistencia por años.
Este grupo de habitantes urbanos encuentra en el espacio público un elemento
generador de valor, por lo cual el sentido político del espacio púbico como espacio de
concertación, discusión, encuentro y desencuentro entre los habitantes urbanos ha
perdido tal dimensión, para elevarse al nivel de un bien comercial privatizable tanto por
111
ellos como por las diferentes administraciones distritales que han omitido otorgarle un
sentido realmente público en tanto político.
El espacio se convierte en un bien preciado en la nueva configuración del mundo y los
procesos de urbanización que de manera constante dinamizan y transforman las
grandes ciudades demuestran que de ninguna forma estos procesos son naturales ni
mucho menos espontáneos, detrás del crecimiento y la modernización acelerada de las
metrópolis urbanas, se materializan los intereses económicos de un mercado capitalista,
que renueva constantemente las formas de reinvertir los excedentes que se producen
en un ambiente rentable (la ciudad), con el fin de reproducir las condiciones de
producción y acumulación (Harvey, 2009).
El carácter económico que privilegia las renovaciones y proyectos urbanísticos del
espacio público, se convierten en el común denominador de los procesos de
transformación a los que está expuesta la ciudad. Bajo este horizonte aparece la
necesidad de realizar cambios en la estructura física y cultural de la ciudad que se
adecuen a las expectativas turísticas e inversionistas de las elites locales que trabajan
en los proyectos de urbanización (Andrade, 2006). Estos cambios se articulan
institucional y jurídicamente a planes de renovación y regulación desde las
administraciones distritales y nacionales, planes que revelan el imperativo económico y
político detrás de la transformación de la urbes modernas, que en la mayoría de los
casos visibilizan y agudizan las fuertes desigualdades sociales, económicas y de
participación que viven los habitantes de las ciudades.
El espacio público se convierte entonces en un campo de lucha de diferentes órdenes e
intereses que confluyen en un punto; el carácter político de lo público, que es en
esencia un espacio colectivo y por tanto habrá de ser entonces el escenario del
empoderamiento de la ciudadanía, un instrumento que permita a las personas sentirse
participes en la construcción de los procesos de urbanización, sentirse dueños de la
ciudad que habitan y compartir con los demás habitantes, sentirse “ciudadanos” (Borja,
2003).
El análisis histórico de estas tensiones para el caso de la capital parte en la década de
los noventa cuando la administración distrital en concordancia con la apertura
112
económica propuesta por el gobierno Gaviria lanzó un ambicioso plan de recuperación
del espacio público con el fin de modernizar la ciudad en materia urbanística e insertarla
en el mapa del mercado mundial. En 1998 los proyectos urbanos de la administración
de Enrique Peñalosa le darían un nuevo giro a la administración del espacio público,
planteando una opción radical de transformación urbanística que refleja la proyección
ideológica de lo público liberal en el espacio urbano. En dicha transición socioespacial
se hace evidente una situación en la cual se pasa de una ciudad donde lo privado se
subordina a lo público desde finales del siglo XIX, a otra en donde lo público se
subordina a lo privado a fines del siglo XX. Este plan de recuperación del espacio
público ha generado una problemática de orden social como lo es el incremento de la
venta informal ambulante que a la fecha no ha encontrado una solución real y efectiva.
El contexto colombiano agudiza esta situación, ya que al igual que la mayoría de
capitales en el mundo, Bogotá concentra en sus calles gran parte de la problemática
social del país, factores como la violencia producto del conflicto interno han
desencadenado fenómenos como el desplazamiento forzado, que sumado a la
inexistencia de instituciones estatales solidas en regiones enteras y el abandono del
campo han generado un proceso acelerado de urbanización que se manifiesta en el
trasladado de excedentes en fuerza de trabajo a las ciudades tanto por la necesidad de
encontrar oportunidades laborales, como por la urgencia de huir del conflicto,
excedentes que no han sido absorbidos por la débil economía capitalina.
Varios factores se suman al crecimiento de la venta informal ambulante en Bogotá,
además del desplazamiento forzado, las dinámicas propias del neoliberalismo con los
efectos sobre las condiciones laborales, los problemas en educación, vivienda,
alimentación, servicios públicos entre otros hacen de las calles concurridas de la ciudad
el lugar más propicio para el “rebusque“, y encontrar algo de dinero para sobrevivir. Esta
forma de empleo, que en principio es adoptada por estos habitantes urbanos de manera
transitoria, termina por convertirse en la única forma posible de trabajo para la mayoría
de ellos, se hace carrera en la calle.
En cifras la casa del vendedor ambulante una dependencia del Instituto para la
Economía Social (IPES 2012) tiene registrados alrededor de 60 mil vendedores
ambulantes; sin embargo, estimaciones de esta misma entidad señalan que pueden ser
113
alrededor de 150 mil los vendedores ambulantes, la mayoría concentrados en las
localidades de Santa fe, Mártires, Candelaria, Kennedy, Chapinero y Usaquén; sin
atención integral este grupo de habitantes urbanos tiende a crecer, pese a los
diferentes planes de recuperación del espacio público en Bogotá lanzados en cada una
de las administraciones aún sin solución a la vista. Esto con base en los datos
suministrados por el IPES según los cuales en los últimos 8 años el número de
vendedores ambulantes ha aumentado un 50 por ciento. En lo que respecta al centro de
la ciudad se tienen registrados alrededor de mil vendedores, no obstante según
cálculos extraoficiales pueden llegar a ser alrededor de 4 mil distribuidos entre las
localidades de Candelaria, Mártires y Chapinero.
Las demandas de este grupo específico de población, así como las de la ciudadanía
capitalina en general, son por oportunidades básicas, como condiciones dignas de
empleo, educación, salud y vivienda. De ninguna forma esta actividad puede ser vista
como un capricho o una obstinación por parte de esta población, ya que como bien lo
expresan ellos mismos el trabajo en las calles demanda grandes sacrificios, que sin
embargo están obligados a sortear para subsistir en la selva de cemento.
La respuesta a las demandas de este grupo de habitantes urbanos por parte de la
Alcaldía Distrital son los planes de desalojo producto de los macro proyectos, puestos
en marcha desde el gobierno Peñalosa, lo que ha generado una constante persecución
de las autoridades de policía hacia los vendedores ambulantes, que día a día luchan por
defender su fuentes de ingresos, y que al no ver una opción diferente para subsistir
vuelven al mismo sitio en un ciclo interminable.
Esta política impositiva de represión y reorganización de la ciudad está basada en la
apuesta por dar el salto en materia económica y convertir la ciudad en un punto
obligado para el turismo internacional y atraer mucha más inversión extranjera. Para
este fin se propusieron 21 planes de renovación urbana entre los cuales se encuentra
el nodo centro, que pretende convertir el centro de la ciudad en un atractivo turístico
además de un centro financiero equipado con los adelantos urbanísticos; centros
comerciales, instituciones gubernamentales, núcleos financieros y habitacionales, entre
otros.
114
Con la imposición de un nuevo modelo económico como el neoliberalismo aparecieron
grandes retos a nivel social debido a la ejecución de estos proyectos que desconocieron
por completo el contexto local. Con la apertura económica el nuevo marco constitucional
y jurídico otorgó facultades a los dirigentes locales para interpretar las normas de
acuerdo con una filosofía neoliberal, para lo cual configuró un imperio jurídico además
de una ideología de la ley en torno a la cuestión del espacio público en la ciudad,
orientada a privilegiar intereses particulares. De tal manera que el urbanismo propuesto
para la capital respondió a un urbanismo de clase, un urbanismo con un consumo
dirigido.
En lo que concierne al sector escogido como muestra para esta investigación se
encontró que los planes de intervención del espacio público a través de las diferentes
formas de reubicación y capacitación de los vendedores ambulantes no han generado la
disminución de esta actividad, por el contrario como ya se ha venido señalando el
número de habitantes urbanos dedicados a esta actividad ha venido en aumento. Así lo
aseguran los vendedores del sector que no encuentran en estas políticas ningún tipo de
seguridad laboral, y mucho menos cuando la burocracia ha hecho del proceso de
atención integral un trámite engorroso e ineficaz a la hora de evaluar los costos
beneficios de participar en ellos.
Medidas represivas como los desalojos adelantados por la policía han producido una
reconfiguración de los fenómenos de informalidad y marginalidad presentes en el sector
que no desaparecieron sino que, por el contrario, cobraron otras formas y readaptaron
sus prácticas a las nuevas condiciones del espacio urbano en este sector de Bogotá.
Además el número de habitantes urbanos cansados de las malas condiciones laborales
se arrojan a las calles, sin importar su perfil laboral, ni mucho menos los estudios
realizados, el propósito siempre será escapar de la miseria y luchar por un futuro
próspero que de ninguna manera encuentran en el sector formal, el cual se ha
convertido en una espiral descendente de pobreza.
El urbanismo propuesto para la ciudad que califica la venta informal ambulante como un
problema de carácter policivo antes que socioeconómico y estructural. Ha obligado a la
justicia colombiana a intervenir a través de la corte constitucional para mediar en el
115
conflicto entre dos derechos igualmente vitales para la construcción de una ciudad a la
medida de todos sus habitantes.
La Defensoría del Pueblo a través del observatorio de justicia constitucional ha emitido
conceptos que aclaran que a pesar de ser el espacio público entendido como un
derecho colectivo, el Estado está en la obligación de garantizar el derecho al trabajo de
los vendedores ambulantes, entendiendo el trabajo como ámbito fundamental para la
garantía de cualquier otro derecho. Sus disposiciones en tal sentido han seguido la
línea de la reubicación en condiciones dignas. Disposiciones que han sido
acompañadas por varias sentencias de la corte constitucional de Colombia entre ellas la
C-2657/2002 del magistrado Cepeda, y la T-024/2000 del magistrado Martínez. Emitidas
a favor de la restitución del derecho al trabajo a los vendedores ambulantes.
Bajo estos conceptos se desprende que el manejo del espacio público en las zonas
urbanas influye en el mejoramiento de la calidad de vida y constituye en opinión de la
Corte Constitucional “más que un tema urbanístico, un tema del constitucionalismo con
rasgos humanos” (Corte Constitucional, 2000).
Este ciclo incesante de desalojo y reconquista del espacio público ha convertido a los
vendedores ambulantes en verdaderos ejemplos de resistencia. Muchos de los
vendedores ambulantes y semi estacionarios o los empleados del antiguo comercio
informal instalado hasta 1999 en el sector de la plaza de la mariposa (las galerías
Antonio Nariño) retornaron a la zona para continuar con su actividad, aunque esta vez,
en los bordes o en el perímetro de las plazas y en los andenes ubicados sobre la
Carrera Décima o la Avenida Jiménez. Su permanencia tiene varias razones entre las
cuales se encuentra la remuneración que está alrededor de los dos salarios mínimos
mensuales, como se encontró en las encuestas realizadas donde el setenta por ciento
de los encuestados asegura ganar esta suma y el sesenta por ciento manifiesta estar
conforme con esta remuneración, lo que con el pasar de los años hace de esta forma de
empleo un modo de vida, y genera una identidad propia de la calle que no puede ser
alterada o cambiada de forma abrupta como se ha venido intentando equivocadamente.
Otro de los aspectos relevantes encontrados a lo largo del trabajo de campo es la forma
en que este grupo de habitantes urbanos tiene razones que superan lo económico, en el
116
sentido de interpretar el contexto social del cual son participes. A pesar de lo que se
pueda pensar acerca de la mercantilización del espacio público la apuesta de este
grupo de habitantes es igualmente valida como el resto de los empleados en el sector
formal, es decir los sueños son los mismos, unas mejores condiciones de vida, una
mejor educación, una vivienda propia, etc.
En la calle se vive la verdadera esencia del capitalismo, el individualismo expresado en
el rebusque, una situación aprovechada por las grandes empresas de alimentos y
bebidas que a pesar de coincidir con la línea de la legalidad esgrimida por el Estado
colombiano se lucran y financian esta actividad. En la calle se ven marcas de alimentos
de todo tipo, ropa, utensilios de cocina y en fin todos los víveres que demanda la
creciente población capitalina. Es decir que el fenómeno de la venta informal ambulante
no solamente es una actividad que beneficia a un reducido grupo de habitantes urbanos
que son observados como una minoría por la administración local, sino que por el
contrario responde a toda una cadena articulada de economía paralela real y efectiva a
la hora de hacer los cálculos en el aporte económico para el desarrollo de la capital.
En suma más allá de una condición deseable es una necesidad imperiosa de este grupo
de habitantes urbanos, que se ha adaptado al medio urbano resistiendo condiciones
adversas en las calles, este proceso es en alguna medida un fenómeno propio de la
ciudad que ha estado presente en ella desde su nacimiento, pero que sin embargo con
el urbanismo moderno su actividad ha sido señalada y condenada. A pesar de la forma
en que han sido excluidos en la construcción de la ciudad deseada a los ojos del
capitalismo exacerbado por las políticas inquisidoras del neoliberalismo, esta población
sigue resistiéndose a insertarse en la miseria laboral ofrecida por el sector formal,
además de reflejar en sus opiniones su naturaleza “emprendedora” como ha sido
llamada la necesidad de acumulación. En otras palabras el vendedor ambulante no
representa otra cosa que el mismo espíritu acumulativo del capitalismo con miras a un
futuro próspero habido de bienestar individual, lejos de la organización social, o el
beneficio de todos, como se ha observado en las entrevistas realizadas donde el factor
organizativo ha sido abandonado para responder a ley individual, al beneficio propio, de
ahí la poca confianza en la organización social.
117
Este grupo de habitantes urbanos sigue a la espera de soluciones reales a su situación,
son conscientes de la problemática que ellos mismos encarnan, pero resisten a ser
esclavos de este sistema económico perverso, y anhelan ser incluidos en la
construcción de la ciudad, una ciudad que tenga en cuenta el papel del sector informal
como otro engranaje de las diversas economías paralelas que se cuentan a la hora de
las cifras de desempleo y la hora del cálculo del producto interno bruto, pero que son
perseguidas por no entrar en el juego del monopolio económico tanto privado como
estatal. Sus sueños persiguen el mismo bienestar que cualquiera de nosotros, solo que
los medios son distintos.
La voz del vendedor informal.
¿Cómo es un día en la venta informal?
Hay días que llueve y hay mucha gente que le toca guerrearla con la lluvia, los que venden sombrillas, a pleno aguacero les toca salir a vender a trabajar porque es le ratico de ellos, el cuartico de hora de ellos, y a los otros nos toca seguir con frio y mojados, pero nos toca porque si no como llevamos de comer a la casa. A veces uno se enferma, pero igual toca venir porque si no, no se produce, pero uno prefiere eso a que en cualquier empresa lo humillen a uno por una incapacidad, o lo manden a esas eps que pueden verlo muriéndose a uno y le dan un día de incapacidad y puro ibuprofeno, entonces pues toca mejorarse a punta de ganas y agua de panela
28.
¿Si mañana llegara a trabajar en su puesto habitual y la policía no la dejara y así por
una semana, que se pone a hacer usted?
Nos toca buscar otro lado en donde trabajar, pero sigo trabajando en la calle, porque si yo no consigo algo que sea bueno, un puesto donde yo me vaya a ganar setecientos mil pesos no me sirve. Para sostener tres personas, la casa, servicios, todo eso, uno necesita por ahí bajito, bajito setecientos u ochocientos mil pesos, bajito, porque solamente ponga comida servicios y lo demás entonces uno no puede irse a dar el lujo de trabajar por un mínimo viendo que al mes va a estar colgado en deudas.
29 ¿Y la ciudad?
De la ciudad no hablemos mami porque la ciudad nunca va a cambiar, los vendedores nunca puede acabarlos, porque los vendedores son como la mafia, entre más friegan más salen, ¿Por qué?, por el desempleo, hay gente que son profesionales y están en la calle, no solamente nosotros, que porque piensa la gente que porque está trabajando en
28
Entrevista realizada a vendedora ambulante el 3 de Abril de 2014 29
Ibíd.
118
la calle que porque son ignorantes, que porque no saben hacer nada, no, son gente profesionales que están en la calle, hasta médicos trabajan en la calle, ¿Por qué? Porque no quieren regalarse por un mínimo, hay gente que dice que prefiere trabajar en la calle así sea corriéndole a la policía, hay mucha gente profesional que trabaja en la calle
30
¿Qué es para usted el derecho al trabajo?
Que lo dejen a una trabajar en algún lado libremente, sin estar pensando en que digamos como vendedor ambulante que la policía no lo vaya a joder a uno, que no le vayan a quitar las cosas que no se puede uno hacer en tal lado porque si no a uno le van a quitar el producido, no tanto el producido sino los beneficios, o cosas así.
31
¿Su opinión acerca del espacio público y la manera en que podría abandonar esta
actividad?
Por un lado que los jóvenes les ayuden con el estudio, porque hoy en día el estudio está muy caro, ahora el estudio en la universidad está por las nubes, que den más becas para que por los menos los niños que salen, los muchachos se incentiven a estudiar, pero entonces hay mucha gente pobre y le dicen: “para una universidad son tres millones de pesos o cuatro un semestre” En las universidades públicas hay muchos que no tienen las capacidades o el ICFES no les alcanza para entra a una distrital o a una nacional o a una universidad que no les cobre mucho, pero entonces hay muchos que quieren estudiar pero no tienen la plata, entonces que les toca hacer, meterse de taxistas de rusos, de vendedores o si no trabajar en un restaurante porque no hay más que hacer. Si es en una empresa le exigen, si es en otro lado le exigen y la universidad está muy cara ahorita, entonces o usted come o usted estudia. Hay dos opciones si usted se pone a trabajar en una empresa a ganarse un mínimo que son seis cientos mil pesos creo póngale eso, y un semestre por bajito por bajito este valiendo tres millones de pesos, en lo más chichipato que usted encuentre, lo peorcito que halla, multiplique seis por seis treinta y seis, si usted paga la universidad usted con que come, con que paga transportes, con que come con que se viste, las personas no pueden o los chinos de hoy en día no pueden, si los papas son los que le van a ayudar y pues también son pobres y tienen recursos limitados, normalito que sobrevivan con que le van a pagar una universidad a un chino, un chino sale con 17 o 18 años a prestar servicio a hacer nada porque no tiene las facilidades de estudio y para las personas que ahora están de vendedores, que les den más facilidades para entrar a un trabajo estable, aunque sea más fácil conseguirlo, para que mucha gente no tenga seguir en trabajando en la calle.
32
¿Y el negocio de la calle?
A nosotros nos echan la culpa de la venta en la calle, pero las empresas que se ganan toda es plata a costillas de nosotros nadie las nombra, lo que es margarita, ramo, coca cola, surten a los vendedores, pues es como todo, ellos tienen que vender, ellos tienen
30
Entrevista realizada a vendedora ambulante el día 3 de Abril de 2014. 31
Ibíd. 32
Entrevista realizada a vendedora ambulante el día 3 de Abril de 2014.
119
que ganar. Nosotros manejamos más mercancía yo creo que una tienda, mucha gente rota mucho, puede ser que no en cantidad diaria pero si multiplique en cantidad y vera que es bastante, porque si solamente un vendedor se venda seis gaseosas al día, multiplique cien vendedores, ya no son seis gaseosas, son seiscientas gaseosas que vende al día, que venden los vendedores, si un supermercado una tienda va a vender diez gaseosas igual uno vende lo mismo más rápido, entonces que para ellos es más rentable o muy rentable venderle a los vendedores. Pero la culpa es de nosotros, a nosotros nos persigue la policía, mientras todos siguen tomando gaseosa y comiendo las mismas papas que nos quitan
33
¿Y su futuro?
Pues a corto plazo me toca seguir trabajando como vendedora ambulante, a largo plazo si me gustaría ahorrar un capital y montar un almacén un negocio que me permita descansar de la congestión de la calle, porque de por sí la calle es muy congestionada, es muy estresante por todo lo que le digo, por las molestias, el clima, los vendedores la gente, hay muchas cosas que lo estresan a uno, que lo mantienen estresado y todo eso, pero si claro a mí me gustaría tener algo más estable, a largo plazo ahorita no se puede, pero más adelante yo sé que se puede.
34
33
Ibíd. 34
Ibíd.
120
CONCLUSIONES
La irrupción paulatina de las políticas neoliberales desde la década de los
noventa ha ido desmejorando la condición de los trabajadores colombianos.
Existe una evidente contradicción entre la versión oficial del Estado colombiano
presa de los intereses privados trasnacionales, y lo consagrado en la
constitución nacional que califica al Estado colombiano como un Estado social
de derecho. Esta contradicción consiste en que mientras la carta magna habla
de un Estado que vela por el bienestar de su pueblo en igualdad de condiciones
para todos, las políticas oficiales de privatización han desmejorado
ostensiblemente las condiciones laborales de la población colombiana. Desde la
década de los noventa el recorte del gasto público en temas como salud,
educación, vivienda, pensiones etc, han recaído sobre las clases trabajadoras
menos favorecidas condenándolas a una condición de pobreza permanente y
hereditaria. La industria nacional ha sufrido el rigor de la competencia desigual
con los emporios internacionales convirtiéndose en importadores productos
altamente calificados y exportadores de materias primas, lo que ha generado un
atraso tecnológico y económico en comparación con las grandes potencias
mundiales, llevando a la economía colombiana a ser una economía periférica
dependiente, y como tal obediente de las políticas de países externos que
salvaguardan sus intereses por sobre los del pueblo colombiano.
En este contexto las alternativas para conseguir una vida en condiciones dignas
con un futuro alentador bajo la legalidad son limitadas. Con poca educación, sin
vivienda, sin un sistema de salud integral y con un salario que se queda corto
para suplir las necesidades básicas algunos habitantes urbanos han buscado en
el espacio público una alternativa para burlar las condiciones de pobreza a las
que están condenados, han encontrado en la venta informal ambulante una
opción laboral que les asegura un futuro más alentador y están dispuestos a
sufrir las condiciones de ilegalidad para no perder el que consideran el único
empleo digno que pueden tener.
Bajo estos argumentos se hace imprescindible un análisis económico, social y
político acerca de las repercusiones de las políticas neoliberales en Colombia
121
tanto en los aspectos que se presentan como positivos por parte del Estado y los
negativos en el desarrollo de la economía nacional que recaen directamente en
la clase trabajadora. Este análisis podría guiar y humanizar las políticas públicas
en materia de recuperación de espacio público en la capital y en el país mismo.
A pesar de las cifras alentadoras publicadas por el DANE en la cuales se aprecia
la reducción del desempleo a un solo digito durante la última década, vale hacer
precisión acerca del porcentaje de la informalidad que ocupa un 48% según esta
misma entidad, lo que implica que este fenómeno sigue siendo una de las
opciones de empleo más utilizada por los colombianos y una forma real de
supervivencia, a pesar de ser perseguida y estigmatizada por las autoridades
locales. La informalidad como opción laboral tiene en la actualidad mayor o igual
validez que un empleo formal hasta tanto no se mejoren las condiciones de los
trabajadores del sector formal y se brinden las herramientas necesarias para
ocupar puestos en la formalidad. Mientras eso ocurre el crecimiento de la
economía colombiana continuara siendo apalancada por un sector no deseado
pero que desde la oscuridad brinda una oportunidad de subsistencia para los
menos calificados y no deseados por los empleadores formales.
La importancia del sector informal visible para el Estado a la hora de publicar las
cifras de desempleo, pero invisible al momento de nombrar las problemáticas de
las ciudades, hacen de la reflexión acerca del amplio número de habitantes
urbanos que se encuentran desarrollando actividades informales un tema vital al
momento de decidir las políticas económicas del país, reconocer la importancia a
este sector en el desarrollo de la economía nacional es una tarea aún pendiente
por el Estado colombiano. Abordando la informalidad con la importancia que
reviste y atendiendo sus necesidades sería posible una real efectividad en las
políticas distritales de espacio público.
La disputa entre el derecho al espacio público denunciado por la administración
distrital y el derecho al trabajo reivindicado por los vendedores informales pone
sobre la mesa la discusión sobre la importancia de ambos derechos. El espacio
público ha sido reconocido por la corte constitucional en varias sentencias al
hacer parte de los derechos humanos de tercera generación es decir que integra
122
un entramado de derechos que en conjunto garantizan la condición de dignidad
de cualquier humano. Mientras que el derecho al trabajo por su parte reviste un
requisito indispensable para el desarrollo de cualquier ser humano.
La discusión acerca de cuál de estos derechos debe prevalecer por sobre el otro
es paradójica hasta tanto no se reconozca lo que realmente reclama cada uno.
Por una parte el espacio público lejos de ser un espacio para caminar y hacer
actividades de recreación, representa además el espacio propicio para la
política, es el lugar donde todos los habitantes urbanos se encuentran en
igualdad de condiciones, en donde cualquier persona sin importar su condición
social, ideológica o de cualquier índole expresa su opinión libremente, lo que
posibilita la interacción social, la discusión, la movilización y en resumidas
cuentas hace posible que los habitantes urbanos hagan parte de la construcción
de ciudad, de una ciudad que los incluya a todos, y que haga de sus derechos
una realidad a través de la política. Por otra parte el derecho al trabajo
representa en sí mismo una necesidad básica, la necesidad de subsistir, la
facultad de desarrollar una actividad que permita la satisfacción de las
necesidades básicas sin las cuales cualquier otro derecho es imposible de
lograr, de ahí su importancia y la urgencia por su protección.
Durante las últimas tres administraciones distritales la discusión sobre el uso del
espacio público ha girado en torno a la recuperación de los espacios propios del
colectivo, sin embargo se ha dejado de lado el factor humano, las necesidades
de los habitantes urbanos que derivan de este su sustento y que reclaman ser
incluidos en la ciudad, ya que la mayoría de soluciones planteadas en las
políticas de recuperación del espacio público no han logrado solventar sus
problemas en la realidad, de ahí que este proceso se haya convertido en un
proceso cíclico que va en aumento y que no avizora solución.
El escepticismo de los vendedores ambulantes acerca de las políticas distritales
en materia de reubicación y capacitación para otras actividades contrasta con el
triunfalismo de la administración distrital que cataloga como un éxito estos
programas. En palabras de los vendedores informales ninguna de las soluciones
planteadas por la administración distrital ha logrado solucionar sus problemas en
123
materia de empleo, lo que ha impedido que abandonen esta actividad. De otra
parte el espacio público como espacio político por excelencia no es percibido así
de ninguna forma por este gremio lo que demuestra en alguna medida que
mientras no haya una política clara en materia de educación que confiera al
espacio público la importancia que se merece es difícil que cualquier medida en
materia de recuperación de espacio público surta efecto.
En resumen ambos derechos en disputan representan elementos esenciales a
la hora de ser integrados en el derecho a la ciudad, sin embargo no se puede
desconocer un eje transversal como las políticas neoliberales que han
desmejorado las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, los
cuales se han visto obligados a buscar alternativas para suplir sus necesidades
básicas y asegurar un futuro promisorio para los suyos en la venta informal
ambulante despojando al espacio público de su carácter político. Esta compleja
situación es la que se vive a diario en las calles de la ciudad de Bogotá, la cual
urge de una solución pronta.
El análisis de la política económica colombiana y su relación con los fenómenos
socio-económicos presentes en la capital muestran las amplias contradicciones
del sistema capitalista que empuja a la fragmentación del espacio público e
impide la emergencia de una ciudadanía consciente de sus facultades políticas,
participativa y arrojada a reclamar el derecho a ser parte en la construcción de
ciudad. La recuperación del espacio público en manos de la administración
distrital y nacional debe partir del restablecimiento de los derechos básicos antes
de reclamar el derecho al espacio público, solo con la satisfacción de las
necesidades básicas es posible generar una cultura de respeto por el espacio
público.
Debido a su tergiversación como escenario comercial el espacio público en la
ciudad recibe millares de personas a diario, y sectores como el centro de la
ciudad resultan ser un inevitable polo de atracción para todos aquellos
habitantes urbanos que derivan su sustento y supervivencia de la actividad
informal. Esto significa que los fenómenos socioculturales de la informalidad y la
marginalidad, lejos de haberse erradicado en el sector, continúan haciendo
124
presencia y se suman a las demás actividades y dinámicas urbanas allí
existentes, aunque bajo formas diluidas, como trayectorias y manifestaciones
estacionarias antes que construyendo formas estables de territorialización,
sociabilidad e identidad. Lo anterior, es síntoma de la segregación socioespacial
que siguen padeciendo los sujetos vulnerables ante los avatares de la escena
urbana en las áreas céntricas de la capital colombiana.
El interés de sectores privados y estatales por intervenir y producir en el espacio
público de Bogotá ha construido toda una producción discursiva alrededor de lo
que significa para la ciudad el espacio público, basado principalmente en la
necesidad de resguardarlo como un escenario de referencia turística y
empresarial, se ha convertido en un espacio desprovisto del carácter político y
deliberativo que deteriora la construcción de una ciudadanía activa y
responsable con el rumbo de la ciudad. El uso que hacen los vendedores del
espacio público como espacio de comercialización de sus productos termina por
imprimir un ambiente de privatización a los lugares colectivos de la ciudad,
erosionando las tensiones y apreciaciones que los ciudadanos construyen en el
imaginario de lo que significa el espacio público. Este imaginario se ha
consolidado bajo el rechazo a aquellos ciudadanos que dificultan la movilidad y
tránsito en lugares específicos de la ciudad, la calle es la expresión por
excelencia de la sociabilidad urbana, su proyección como lugar de tránsito la
convierte en un ambiente que excluye la conflictividad propia de los encuentros
de la ciudadanía.
Los conflictos urbanos presentes en el centro de la ciudad y a propósito de
intereses económicos latentes en la apropiación del espacio público están
mediados por la racionalidad del mercado en la formulación de proyectos de
renovación y en las prácticas cotidianas que son elaboradas por los ciudadanos
esta racionalidad deteriora las apuestas ciudadanas que desde distintas
estrategias buscan reivindicar la acción colectiva como medio de transformación
de la ciudad.
Los vendedores informales se han apropiado de los espacios públicos físicos de
Bogotá pero no existe aún un empoderamiento de los recursos políticos que
125
están presentes en la fluidez y diversidad de la calle como escenario
protagónico en la formación de la ciudadanía activa.
La reformulación del sentido de lo público en Bogotá requiere de un proyecto de
trasformación que coloque a la ciudadanía como el eje orientador de la política
urbana, un proyecto que nazca de la necesidad de recuperar el carácter político
de lo público y en donde se fortalezcan los lazos de confianza entre los
ciudadanos permitiéndoles compartir y reconocerse como iguales en el espacio
heterogéneo y apático que resulta ser la ciudad. Aun cuando desde las
iniciativas institucionales se propongan un dialogo de intereses entre los
habitantes de la ciudad y los órganos administrativos de la misma es de resaltar
que no existe una intención real de que los ciudadanos comprendan, refuten,
debatan y propongan desde otro modelo de ciudad, diferente al moderno
capitalista, sino que es desde la racionalidad económica que se teje el discurso
de la inclusión social, pensar otra ciudad implica inevitablemente pensar el
sistema económico operante bajo el cual los espacios y las relaciones urbanas
se desarrollan, por ésta razón los conflictos urbanos que se dan alrededor del
espacio público de Bogotá y de su indebida ocupación por parte de los
vendedores aún carecen de reivindicaciones reales de sus protagonistas pues la
disputa se ha concentrado en reclamar el legítimo derecho al trabajo que tienen
los vendedores manteniendo las condiciones estructurales de pobreza y
desigualdad que no son examinadas a fondo dentro de los proyectos de
organización y participación ciudadana.
La organización social presenta para el caso bogotano y en particular para la
comunidad de los vendedores ambulantes álgidas tensiones de realización y
confianza, la escases de iniciativas construidas por y para materializar las
necesidades de esta población en propuestas claras de intervención y
participación es el resultado de la desconfianza que genera el sistema de
representación colombiano y de los múltiples trámites burocráticos que se
generan en la apropiación de los mecanismos de participación. Sin embargo
fuera de la participación institucionalizada no se están realizando propuestas
autónomas de gestión que faciliten la vindicación de estos sujetos como sujetos
126
de derechos. La noción de participación ciudadana como un producto de las
herramientas institucionales corroe el verdadero derecho a la ciudad que deberá
nacer de los espacios comunitarios de integración y de reconocimiento
ciudadano, en donde se identifiquen las estrategias urbanísticas que dificultan la
movilización y equidad social, partiendo del conocimiento de los proyectos que
desde el Estado y el mercado se adelantan para rediseñar y adaptar
determinados espacios urbanos como lo es el espacio público de Bogotá.
Los procesos de resistencia esporádicos que llevan a cabo los vendedores
ambulantes no se materializan en estructuras de reivindicación reales del
derecho a la ciudad, pues no hay un proceso de reflexión al modelo de
desarrollo urbano existente en la ciudad, las iniciativas que subyacen de los
vendedores están siempre ligados al reconocimiento de los derechos
económicos que les son vulnerados al excluirlos de la calle, sin complejizar
políticamente el discurso y las acciones a través del análisis de los planes de
desarrollo y de la inversión privada como estrategia hegemónica que impone a la
ciudad determinados exclusiones y comportamientos. La ausencia de estas
reflexiones en los grupos que viven a diario los espacios colectivos de la ciudad
describe el impacto de las despolitización latente en la ciudadanía moderna,
despolitización que augura el éxito de la ciudad capitalista moderna que
construye y piensa la ciudad a razón de las elites políticas más influyentes y
determinantes.
127
Bibliografía
Libros
Ahumada, Consuelo (2002). El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad
Colombiana. Ancora editores, Bogotá, Colombia.
Aponte y Rubiera. (2008) Retos para el crecimiento equilibrado de la ciudad Bogotá. El
declive del centro y el desamparo de la periferia meridional. Investigaciones Regionales,
Cali, Colombia.
Borja, Jordi (2003) La ciudad conquistada. Madrid. Alianza editorial.
Cardeño, Freddy (2007) Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá. (Localidad
de los mártires). Bogotá. Alcaldía mayor.
Carrion, Fernando. (SF) Espacio público punto de partida para la alteridad. Facultad
latinoamericana de ciencias sociales, Flacso-Ecuador.
Castañeda, Alberto y García, Jon (2007). El caso de los vendedores informales en
espacio público físico de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá, .Secretaria de gobierno.
Instituto para la economía social. ONU, Habitat, Bogotá Colombia.
Castells, Manuel. (1979) La cuestión urbana. Madrid. Siglo XXI editores.
Castells, Manuel. (Problemas de investigación en sociología urbana. Siglo XXI
Editores. México.
Estrada, Álvarez, Jairo. (2006). “Las reformas estructurales y la construcción del orden
neoliberal en Colombia.” En publicación: los desafíos de un contexto militarizado.
CLACSO. Consejo latinoamericano de ciencias sociales. Buenos Aires
Estrada Álvarez, Jairo. (2009) “Transnacionalización y Desnacionalización de la
economía colombiana. La neoliberalización del orden jurídico. En: Economía mundial,
corporaciones trasnacionales y economías nacionales. Págs.51-66. Clacso.
Estrada, Jairo. (2006). Las reformas estructurales y la constitución del orden neoliberal
en Colombia: en publicación: los desafíos de un contextos militarizado. CLACSO.
Buenos Aires.
Galvis, Luis Armando (2012). “La informalidad laboral en las regiones de Colombia”.
En: Documentos de trabajo sobre economía informal. Núm. 64. Banco de la Republica.
Goméz, Diana y Serna, Adrian (2010). Cuando la historia es recuerdo y olvido, un
estudio sobre la memoria, el conflicto urbano y la vida urbana en Bogotá.
128
Harvey, David (1977). Urbanismo y desigualdad social. Siglo Veintiuno Editores,
Madrid.
Harvey, David (2012). Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban
Revolution. Verso, London.
Jaramillo, Samuel. (2005) Reflexiones sobre las políticas de recuperación del centro (y
del centro histórico) de Bogotá. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de
Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico -CEDE-.
Law. Setha, (2009) Cerrando y abriendo el espacio público en la ciudad
latinoamericana. En: cuadernos de antropología social. Universidad de Buenos Aires.
Lefebvre, Henrry. (1968). La revolución urbana. Editorial alianza, Barcelona, España.
Lefebvre Henrry. (1973) El derecho a la ciudad. Editorial alianza, Barcelona, España.
Perez, Andrés. (2003) Maniobra de sobrevivencia en la ciudad, territorios de Trabajo
informal infantil y juvenil en espacio público del centro de Medellín. Universidad Nacional
de Colombia. Medellin, Colombia.
Pimienta, Rodrigo. Vera Martha. (2003) Entre lo Cualitativo y lo Cuantitativo en las
Ciencias Sociales. Colección aportes de investigación, México D.F.
Perilla, Leonor (2005) “Ventas callejeras en Bogotá, el caso de la localidad de
Teusaquillo”. Alcaldía Local de Teusaquillo. Bogotá, Colombia.
Rubiano, Elkin (2010) Renovación y conservación en el centro de Bogotá* Un estudio
de caso. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Wacquant Loïc (2007) Los condenados de la ciudad: gueto, periferias, Estado. Siglo
XXI Editores, Buenos Aires.
Yory Carlos (2007) Espacio público y formación de ciudadanía. Pontificia Universidad
Javeriana. Bogotá.
Artículos de revistas.
Alguacil, Jairo. (2008) Espacio público y espacio político. La ciudad como el lugar para
las estrategias de participación, el valor de la participación como derecho y necesidad.
En: revista polis. Universidad Bolivariana de Chile.
129
Andrade, Xavier. (2006). “Mas Ciudad”, Menos Ciudadanía: Renovación Urbana y
Aniquilación del Espacio Público en Guayaquil. Consultar en:
http://laselecta.org/archivos/pdf/mas-ciudad.pdf
Borja, Jordi. (1998) Espacio público y ciudadanía. En: revista del CLAD, Reforma y
Democracia. No.12.
Borja Jordi, Muxi Zaida (2002) Centros y espacios públicos como oportunidades.
Perfiles Latinoamericanos, núm. 19, diciembre, , pp. 115-130, Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales México.
Brewer, Allan. (2010) Sobre los elementos de la democracia como régimen político:
representación y control del poder. En Revista Jurídica Digital. Edición 01, Trimestre 1,
2010-2011,. Caracas, 2010 en http://www.megaupload.com/?d=ZN9Y2W1R
Donoven Michael. (2004) La guerra por el espacio en Bogotá: la "recuperación" del
espacio público y su impacto sobre los vendedores ambulantes Territorios, núm. 12,
julio, pp. 109-146, Universidad del Rosario. Colombia.
Emilio Duhau, Ángela Giglia (2004). Conflictos por el espacio y orden urbano
Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 56, pp. 257-288, El Colegio de México.
México
Gago. Verónica. (2011) Trabajo formal y espacio público. de la invisibilidad del subalterno a la hipervisibilidad de los excluidos. Un desafío a la ciudad neoliberal. Nómadas n° 35, . Universidad Central. Colombia. Harvey, David (2003) El derecho a la ciudad. En : internacional journal or urban and
research, Vol 27, n° 4. Traducido por Gerardo Pisarello.
Jaramillo, Samuel. (2006). “Reflexiones sobre las políticas de recuperación del centro (y del centro histórico) de Bogotá. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE, Facultad de Economía, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
Loyola Pablo. (2011) Desalojos en el espacio público de la ciudad de Buenos Aires
Este trabajo fue presentado en las IX Jornadas de Sociología de la Universidad de
Buenos Aires
Mejia Navarrete, Julio. (2001) Perspectiva de la investigación social de segundo orden.
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/14/mejia.htm.
Molina Higuera Angélica. (2007) Aproximaciones sobre el derecho al trabajo desde la
perspectivas de los derechos humanos Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 9, núm.
Abril, pp. 166-189, Universidad del Rosario Colombia.
130
Molina, Silvia, (2001) La investigación de segundo orden en ciencias sociales y su
potencial predictivo: el caso del proyecto de Identidad y tolerancia Revista Mexicana de
Ciencias Políticas y Sociales, vol. XLIV, núm. 183, mayo-diciembre, pp. 17-46
Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México
Perone, Gian Carlo. Economía informal. Trabajo sumergido y Derecho al trabajo.
(2005). Gaceta laboral. Vol. 13. Numero 002. Universidad de Zulia, Maracaibo
Venezuela.
Parra Vera, Óscar (2006) De la ciudadanía autoritaria a una ciudadanía social
diferenciada y participativa. Apuntes sobre el debate vendedores ambulantes-espacio
público. Estudios Políticos, núm. 28, pp. 31-59 Instituto de Estudios Políticos. Medellín,
Colombia.
Rivera, Gabriel (2002). Una década de gestión del espacio público en Bogotá,
apreciaciones desde la perspectiva de las políticas públicas. En: Revista de estudios
sociales. No.12 Universidad de los Andes.
Rubiano Pinilla, Elkin (2010) “Renovación y conservación en el centro de Bogotá: un
estudio de caso” en Bitácora número 17, pp 13-22 Universidad Nacional, Bogotá,
Colombia.
Rocha, Ricardo, Sánchez Fabio, García Leonardo (2009) Ventas callejeras y espacio
público: efectos sobre el comercio de Bogotá. Desarrollo y Sociedad, núm. 63, junio, pp.
245-268.Universidad de Los Andes Colombia.
Simmel, George, (1986) Las grandes urbes y la vidas del espíritu. En: Cuadernos
políticos, num 45, Mexico D.F, pp 5-10.
Setha, Law. (2009) Cerrando y abriendo el espacio público en la ciudad
latinoamericana. En: cuadernos de antropología social. Universidad de Buenos Aires.
Silva Londoño, Diana (2007) Conflictos por el espacio público urbano y el comercio en
vía pública: percepciones acerca de la legitimidad sobre su uso El Cotidiano vol. 22,
núm. 143, mayo-junio, pp. 48-56, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
México.
Taylor, S.J. y Bogdan R. (1987) Introducción a los métodos cualitativos de
investigación: La búsqueda de significados. Editorial Paidós Básica. pp. 100-132
131
Uvalle, Ricardo (2000) Espacio Público, Misión del Estado y Gestión Pública
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 7, núm. 21, enero-abril,. Universidad
Autónoma del Estado de México.
Capítulos de Libros:
Buen Lozano, Néstor. (1991) Razón de Estado y justicia social, Editorial Porrúa,
México D.F.
Gómez, Victoria y Murillo Gabriel. (2005) Redefinición del espacio público.
Eslabonamiento conceptual y seguimiento de las políticas públicas en Colombia.
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
Habermas Jürgen (1962). Historia y crítica de la opinión pública. La transformación
estructural de la vida pública. Editorial Gustavo Gil. México y Barcelona.
Hernández Andrés (2010). La participación ciudadana en Bogotá, 1990-2010
Discursos, trayectorias, expectativas y limitaciones Colombia Internacional 71, pp 85-
107. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
Pradilla Cobos, Emilio (2009) las políticas y la planeación urbana en el neoliberalismo,
en la ciudad latinoamericana en el siglo XXI, editor Peter Brand. Unal, sede Medellín.
Medellín, Colombia.
Restrepo, Darío (1998) Eslabones y Precipicios entre participación y democracia.
Cuadernos de Economía, v. XVII, n. 28, pp 117-147. Bogotá, Colombia.
Velásquez Fabio (2004). Ciudad e inclusión: por el derecho a la ciudad, gente nueva
editorial. Bogotá. Colombia.
Fabio Velásquez C. Esperanza González R (2006). ¿Qué ha pasado con la
participación ciudadana en Colombia? Fundación Corona, Bogotá, Colombia.
Wallerstein, Immanuel (1989) El moderno sistema mundial. Siglo XXI editores, Madrid,
España.
132
Correspondencia.
Carta dirigida por la secretaría de Desarrollo económico (S.D.E) a ciudadano anónimo el
día 12 de Agosto de 2014.
Documentos oficiales.
.
Alcaldía Mayor de Bogotá (2005) Decreto 215 de 2005. Plan maestro de espacio
público para Bogotá Distrito capital.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 492 de 2007.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2007) “Habitad y Espacio Público, el caso de los
vendedores ambulantes en el espacio público físico de Bogotá”
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2008). “Espacio público y derecho a la ciudad, la política
de espacio público físico y la venta informal en Bogotá”
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2008) Acuerdo 308 de 2008. Plan de desarrollo Bogotá
positiva.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2012) Informe de rendición de cuentas Bogotá Positiva.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2012) Acuerdo 489 de 2012 Plan de desarrollo Bogotá
Humana.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2013) informe de rendición de cuentas Bogotá Humana.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2013) Marco Regulatorio de aprovechamiento Económico
del Espacio Público
Cámara de Comercio de Bogotá. (2005) Foro internacional de Espacio público y
Ciudad.
Constitución Política de Colombia. Artículo 1º. 1991.
Constitución Política de Colombia. Artículo 53. 1991.
DANE. (2009). Medición del empleo informal. En: Boletín Oficial de Prensa. Bogotá DC.
133
Departamento de Planeación Distrital, Resolución 713 de 1992.
Departamento de Planeación Distrital, resolución 442 del 22 de Octubre de 2014.
IPES. (2012.) Caracterización de la población sujeto de atención. Documento Base Foro
de Negociación
Oficina Internacional del Trabajo. (2005) Panorama Laboral en América Latina y el
Caribe. Ginebra.
O.I.T. (1996) El empleo en el mundo. Las políticas nacionales en la era de la
mundialización.
Presidencia de la Republica, Decreto Nacional de 2006.
Secretaría de Desarrollo de Planeación de Bogotá. , Decreto 190 de 2004, Artículo
31.
Secretaría de Planeación Distrital (2011) Monografías por Localidades. Localidad de
Santa Fe.
Veeduría Distrital (2006). Informe de localidades, localidad de Santa Fe. Bogotá.
Alcaldía de Bogotá.
Monografías.
Arguello Bernardo, (1990) Luis Ricardo. “El sector Informal Urbano. Perspectivas
Teóricas”. Monografía de grado. Universidad Externado de Colombia. Departamento de
Economía. Bogotá.
Noticias.
Plan de renovación para centro de Bogotá comenzará este año, fuente:
http://www.portafolio.co/economia/plan-renovacion-centro-bogota-enero-2015