universidad de especialidades espíritu santo facultad de...
TRANSCRIPT
i
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Facultad de Postgrado
Maestría en Derecho Constitucional, I Promoción
Título:
“ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES EN LOS DELITOS FLAGRANTES”
Tesis presentada como requisito previo a optar por el Grado Académico de
Magister en Derecho Constitucional
Autor
Ab. Cesar Byron Suarez Pilay
Nombre del Tutor:
Dr. René Astudillo Orellana, Msc.
Samborondón, enero / 2014
ii
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Facultad de Postgrado
Maestría en Derecho Constitucional, I Promoción
Título:
“ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES EN LOS DELITOS FLAGRANTES”
Tesis presentada como requisito previo a optar por el Grado Académico de
Magister en Derecho Constitucional
Autor
Ab. Cesar Byron Suarez Pilay
Nombre del Tutor:
Dr. René Astudillo Orellana, Msc.
Samborondón, enero / 2014
iii
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DE LA TESIS
Guayaquil, Julio de 2013
Certifico que el trabajo monográfico titulado “ANÁLISIS DE LA
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LOS
DELITOS FLAGRANTES”, ha sido elaborado por el Abogado Cesar Byron
Suarez Pilay, bajo mi tutoría, y que el mismo reúne los requisitos para ser
defendido ante el Tribunal Examinador que se designe al efecto.
___________________________________________
Dr. René Astudillo Orellana, Msc.
iv
ABSTRACT
Noting that the Ecuador is a constitutional state of rights justice implicit is that our
country is founded on solidarity, dignity, at work, and the prevalence of the
general interest which translates into the immediate entry into force of the
constitutional rights, but also in the constitutional sanction to the breach of the
constitutional duties and that a State of Justice this characterized inter alia by just
laws necessary, effective, with penalties commensurate with the offence unlawful
act, well written and that are followed by the society as a whole, this means that
they are not draconian or weak, unnecessary, difficult to understand or confusing,
symbolic or unenforceable. For that reason it is designated to the yearning of all
and all Ecuadorians of Justice responsible, within the reach of any person and
community without distinction or discrimination of any kind but effective and
efficient, participatory, transparent and guarantor of rights. Unfortunately to the
address the the issue of the violation of rights in flagrant offences see with sadness
that these lyrical set forth are not respected by police officers, prosecutors or
judges because each of them in one or another way to trample the rights of the
suspect and no one realizes that while these violations affect both the person itself
and the development of the criminal proceedings that establishing him for the
alleged crime and It is for this reason that the central objective of this research is
to determine the degree of responsibility of who violates these rights and whether
there is or not a sanction for them for these violations. Finally, it presents the
possibility of including certain reforms proposed by the author which are aimed to
achieve respect for these rights constitutionally recognized and protected by
international law.
v
Palabras Claves
Derechos Fundamentales
Delito Flagrante
Vulneración de Derechos
Flagrancia
Omisiones
Estado de Justicia y de Derechos
vi
Dedicatoria
Cuando comenzaba a realizar mi tesis de Maestría, mi querida Mayra tenía 4
semanas de gestación, por ese motivo quiero dedicar este trabajo a mi hija
Alejandra Nayeska, a mi Padre Teófilo por su enseñanzas impartida y a mi
apreciada Madre Juanita Antonia, mujer muy valiosa y luchadora, a la cual admiro
mucho, todos ellos han sido fuente de inspiración para poder desarrollar esta
investigación monográfica.
Cesar Byron Suarez Pilay
vii
Agradecimiento
Al Señor, creador de este Universo por su permanente protección y bendiciones.
A las Autoridades de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en especial
a las que integran la Facultad de Postgrado, prestigiosa Alma Máster del
Ecuador.
Al Señor Dr. René Astudillo Orellana, Msc., tutor de la investigación, por su
valiosa colaboración y guía acertada.
A todos los Profesores de la Maestría de Derecho Constitucional, que impartieron
eficientemente sus conocimientos en cada uno de los módulos.
El Autor
viii
ÍNDICE
Contenido Página
CAPÌTULO I
1. Planteamiento de la Investigación / problema 1
1.1 Antecedentes 5
1.2 Descripción del problema 6
1.3 Alcance y delimitación del objeto de la investigación 7
1.3.1 Alcance de la Investigación 6
1.3.2 Delimitación 7
1.4 Justificación 8
1.5 Preguntas de Investigación 9
1.6 Objetivos generales y específicos 9
1.6.1 Objetivo General 10
1.6.2. Objetivos Específicos 11
CAPÍTULO II
Marco Referencial
ix
2. Fundamentación Teórica 12
2.1.1 El principio de Legalidad 12
2.1.2Indubio Pro Reo 14
2.1.3 Principio Favor Rei 14
2.1.4 El Derecho a ser Informado 14
2.1.5 Nadie puede ser condenado sin juicio previo 15
2.1.6Incoercibilidad del imputado 15
2.1.7 El derecho a ser oído. 16
2.1.8 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable. 17
2.1.9 Derecho a ser juzgado por un Juez natural. 18
2.1.10 Publicidad de los juicios. 19
2.1.11 Nadie puede ser privado de su libertad sino por orden
escrita de juez competente. 19
2.1.12 Nadie puede ser privado del derecho de defensa 20
2.1.13 Presunción de Inocencia. 22
2.1.14 Violación de la inmediación. 22
x
2.1.15 Violación de la igualdad procesal de las partes. 23
2.1.16 Violación que solo el juez juzga y valora pruebas. 23
2.1.17 Violación del mandato constitucional que el juez es el
garante del debido proceso. 24
2.1.18 Violación en la práctica de la norma constitucional de no
exceder 6 meses por delito de prisión y un año por reclusión. 25
2.1.19 El principio de motivación. 26
2.2 Definiciones conceptuales. 27
2.2.1 Derechos fundamentales. 27
2.2.2 Delito Flagrante. 28
2.3 Formulación de hipótesis de trabajo y operacionalización
de las variables.
2.3.1 Formulación de Hipótesis. 29
CAPÍTULO III
Metodología
3.1. Novedad de la Investigación. 30
xi
3.2. Las fuentes y los lugares de recolección de información. 30
3.3 Los métodos y las técnicas utilizados en la investigación. 31
CAPÍTULO IV
SUB-CAPÍTULO I
4.1 Derechos Fundamentales. 32
4.2 Concepto de Derechos Fundamentales. 34
4.3 Antecedentes Históricos de los Derechos Fundamentales. 35
4.4 Derechos Fundamentales en España. 36
4.5 Derechos Fundamentales en América. 37
4.6 Derechos Fundamentales en Ecuador. 39
SUB-CAPÍTULO II
4.2. La detención o aprehensión por un Presunto Delito Flagrante y
la Prisión Preventiva. 40
4.2.1 Concepto de Detención. 40
4.2.2 Delito Flagrante. 41
4.2.2.1 Consumación del Delito Flagrante. 41
4.2.2.2 Presencia de una o más personas. 42
4.2.2.3 Descubrimiento inmediato del Autor. 42
xii
4.2.2.4 Detención o aprehensión del autor con armas, instrumentos,
huellas y documentos relativos al delito recién cometido. 44
4.2.3 Personas que intervienen en la Detención. 44
4.2.4 El Policía Nacional. 45
4.2.5 El Agente Investigador de la Policía Judicial. 47
4.2.6 Los Derechos Constitucionales del Aprehendido o detenido
en un Delito Flagrante. 48
4.2.7 Prisión Preventiva. 48
4.2.8 Características de la Prisión Preventiva. 49
4.2.9 Requisitos de la Prisión Preventiva. 50
4.2.10 Tiempo de la Prisión Preventiva. 50
4.2.11 Medidas alternativas a la Prisión Preventiva. 51
SUB-CAPÍTULO III
4.3.1. Sujetos procesales y partes procesales que interviene
en un Delito Flagrante. 53
4.3.2. El o la Juez de Garantías Penales. 56
4.3.3. Fiscalía General del Estado. 58
xiii
4.3.4. Sospecho, procesado o acusado. 58
4.3.4.1 Sospechoso. 59
4.3.4.2 Procesado. 59
4.3.4.3 Acusado. 60
4.3.5. El Ofendido. 62
4.3.6. La Defensoría Pública. 64
SUB-CAPÍTULO IV
4.4.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 67
4.4.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 69
4.4.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos o
Pacto de San José de Costa Rica. 69
4.4.3.1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 70
4.4.3.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 70
4.4.3.3 Derechos Humanos en el Ecuador 72
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
xiv
5.1. Conclusiones. 75
5.2. Recomendaciones. 76
5.3. Bibliografía. 78
Anexos
xv
Introducción
Al señalar que el Ecuador “Es un Estado constitucional de derechos y justicia” se
implica, que nuestro país se funda en la solidaridad, en la dignidad, en el trabajo,
y la prevalencia del interés general que se traduce en la vigencia inmediata de los
derechos constitucionales, pero también en la sanción constitucional al
incumplimiento de los deberes constitucionales, que la Constitución es la norma
suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, con la única
salvedad de los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el
país, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución,
de manera tal que todas las personas están sujetas a la Constitución; y, los jueces,
autoridades administrativas y servidores públicos, deben aplicar las normas
constitucionales y las de los tratados internacionales pero esto no sucede en la
práctica y es por ello que el objetivo central de la presente investigación es
determinar si los Derechos Constitucionales consagrados en la Constitución de la
República del Ecuador, son respetados dentro de los parámetros establecidos por
ella y principalmente, si estos derechos a los que hacemos referencia no son
vulnerados al momento de la aprehensión de la persona sorprendida en delito
flagrante, no olvidando que la flagrancia en el cometimiento de un delito, conlleva
a una situación de rapidez, celeridad y eficacia en el desarrollo del proceso penal,
que se inicia contra el presunto infractor y que es precisamente debido a la
premura de realizar mayor cantidad de diligencias posibles en torno a ella se
xvi
tiende a vulnerar consciente o inconscientemente los derechos constitucionales de
la persona aprehendida.
La vulneración de los derechos constitucionales en los delitos flagrantes, puede
ser cometida tanto por parte del agente aprehensor, como del Fiscal o del Juez de
Garantías Penales, encargados de determinar el grado de responsabilidad y la
sanción para el presunto delincuente. Para enfocar de la manera más cercana
posible a la realidad estas vulneraciones de derechos para el desarrollo de esta
investigación se recopiló información científica en libros y códigos para conocer,
interpretar, comparar y enfocar criterios, opiniones, conceptualizaciones,
conclusiones o recomendaciones de distintos autores, expertos o especialistas en
el área de la administración de justicia constitucional y penal.
La investigación está dividida en tres capítulos: Capítulo primero denominado
Planteamiento de la investigación / Problema, aborda el alcance de la
investigación y la determinación del área investigada que es la ciudad de
Guayaquil, justificación del trabajo y preguntas sobre las cuales se basó el
desarrollo del mismo, determinación de objetivos generales y específicos. El
capítulo segundo denominado Marco Referencial, trata de la fundamentación
teórica de los Derechos Constitucionales, sus definiciones conceptuales y
fundamentación legal. El capítulo tercero denominado Metodología, resume la
xvii
novedad de la investigación, fuente y lugares de recolección de datos, métodos y
técnicas utilizadas. El capítulo cuatro denominado Investigación, se encuentra
dividido en tres sub-capítulos, de los cuales el primero se refiere al concepto de
derechos fundamentales, sus antecedentes históricos en España, América y
Ecuador, el segundo se refiere a la detención por un presunto delito flagrante, la
prisión preventiva, los derechos constitucionales del aprehendido, características y
requisitos para que esta proceda, su duración y otras medias alternativas a la
misma, el tercer sub-capitulo se refiere a los sujetos y partes procesales que
intervienen en los delitos flagrantes, quien es cada parte procesal, y que es la
Defensoría Pública para terminar con un cuarto sub-capitulo en la cual voy a
referir sobre los derechos humanos. Finalmente a manera de conclusión, señalo la
forma como bajo un modelo garantista los derechos fundamentales de las
personas aprehendidas en delito flagrante son vulnerados de una u otra forma
tanto por el Policía, como por los mismos Fiscales y Jueces que toman
conocimiento del presunto delito y recomiendo ciertas reformas que considero
deberían ser introducidas en el sistema de justicia penal ecuatoriano, para lograr el
cumplimiento efectivo de los derechos establecidos en la Constitución.
xviii
1
CAPÍTULO I
1. Planteamiento de la Investigación / problema
1.1 Antecedentes
Nuestra Constitución del 2008, la cual se encuentra vigente, trae consigo una serie
de Garantías, las mismas que deben regir en un proceso penal que se inicie en
contra de una persona que haya sido detenida y que se encuentre privada de su
libertad. En esta nueva Constitución de Montecristi, en su artículo 178 indica
que” la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos
autónomos”, he señalado este articulo por cuanto al aparecer la Fiscalía como
parte de la Función Judicial, su participación dentro de un proceso sería
constitucional con lo cual se trata de enmendar en cierta forma lo que constaba en
la carta magna de 1998. Sin embargo aun así no puede la Fiscalía administrar
justicia, porque en el Código Procesal Penal, es parte procesal, poniendo en
desventaja a la otra parte, pues este tiene la facultad de dirigir actos pre-
procesales, procesales además decisiones como peticionar al Juez, autorizar al
Juez conversión, acusar o emitir dictámenes según su criterio entre otras cosas.
La constitución del 2008, señala en su artículo 75 “que toda persona tiene derecho
al acceso gratuito de la Justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos”, vemos en este orden, que podemos acceder a la Justicia siempre que
los necesitemos, pero lo importante de este aspecto es que al momento de ir a la
administración de Justicia debe respetarse el debido proceso que realmente se
proclame una Justicia Imparcial y se la efectué sin beneficiar a ninguna de las
2
partes, así mismo esta Constitución en su artículo 77 “ señala las Garantías que
deber de regir en un proceso penal, en el que se encuentra privado de su libertad
una persona, haciendo que se vuelva garantista esta carta magna y que proteja no
solo a las personas que se le ha imputado un delito sino aquel que se le ha
imputado un delito, pues toda persona es inocente hasta que no se pruebe su
culpabilidad. En nuestro medio una vez que se le ha realizado la Audiencia de
Flagrancia a uno o varios detenidos; participes presuntamente de un delito, al
siguiente día son presentados a la Prensa, por parte de la Policía, vulnerando de
alguna forma la Presunción de Inocencia. Pues la Presunción de Inocencia del
imputado, un punto clave puesto que de él se deriva que siempre el Estado debe
probar en un juicio que una persona es culpable para que la pena sea posible.(1)
Recordemos que hace unos años atrás, un Adolescente de apellido Barberán,
hincha del equipo de fútbol El Nacional, fue detenido por la presunta
participación en la muerte de un hincha de la Liga de Quito, el mismo fue
presentado a la prensa como el presunto autor, pero luego después del debido
proceso fue declarado inocente y este recupero su libertad, posteriormente
demando al Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, por el daño moral de haberlo
presentado a la Prensa, sin que exista una sentencia en firme que lo haya
declarado culpable.
Cosas como estas y pese a que tenemos una Constitución Garantista, aún existe
desconfianza en la Administración de Justicia, ya sea por la probidad e
(Arduino, La Justicia Penal, 2007)
3
independencia de la Jueces o la excesiva aplicación de la prisión preventiva en los
casos de Delitos Flagrantes, haciendo caso omiso a lo que establece la Carta
Magna que la aplicación de esta medida debe ser de carácter excepcional. La
Prisión Preventiva es privación de libertad respecto de un inocente, pues por
medio de la prisión preventiva, no respeta el Principio de Inocencia, le quita
valor al procedimiento principal y lesiona sin fundamento jurídico a una persona
(2). Existen procedimientos policiales en los que muchas veces se vulneran
derechos de los sospechosos, pues toda persona al momento de ser privado de su
libertad en un Delito Flagrante, el Agente Aprehensor “informará a la persona
detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una
abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no
pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier
persona que indique””, o lo que se conoce en Estados Unidos como ley Miranda
“la obligación que tienen los miembros los policiales al momento de la detención
de una persona al leerle sus derechos. (Tener un Abogado, una llamada telefónica,
a guardar silencio)”, pero en nuestro medio aún podemos ver que señores Policías
no le dan a conocer su derechos a los detenidos, será porque lo consideran un
enemigo “este individuo no puede disfrutar parcialmente de los beneficios del
concepto de persona, pues quien se comporta como Satán , al menos no podrá ser
tratado como persona en Derecho (3)”, peor aún no le brinda una llamada
telefónica por no gastar su saldo telefónico y esta vulneración de derechos los
vemos muchas veces reflejados documentadamente en los procesos, sin que a la
parte agraviada se le pueda reparar su derecho vulnerado. Jueces, Fiscales y
(Hassemer, Criticas al derecho penal de hoy, 2010) (Kai Ambos, 2010)
4
Defensores Públicos o Privado, al conocer sobre esta vulneración de derechos no
hacen nada, pues esta actitud puede generar una inseguridad jurídica al
sospechoso o imputado en un proceso. Se puede citar como ejemplos versiones
libres y voluntarias o testimonios, que son rendidas sin que la parte a quien se
interroga cuente con un Abogado de su confianza; partes policiales que el acápite
de los Derechos Constitucionales no están firmados por los sospechosos, los
mismos que se niegan a firmar porque no se los dieron a conocer al momento de
sus detención; exámenes médicos legales los cuales muchas veces han certificado
la tortura de la que ha sido víctima el sospechoso o detenido al momento de su
detención y pese a que los Abogados Defensores de la parte agraviante le alega al
Juez de Garantías Penales en la Audiencia de Flagrancia, se hace poco caso o nada
al respecto.
Hoy en la actualidad que los señores miembros policiales son parte del Ministerio
del Interior, es necesario insistir en capacitación constante y actualizada para una
adecuada conducta cuando se toma un procedimiento policial, que hagan conocer
y respeten todos los derechos constitucionales al sospechoso, que es detenido en
la presunta participación de un delito, así mismo hoy las Cortes de Justicia están
siendo integradas por nuevos Jueces, los mismos que son Garantista de Derechos
y velan que estos no sean vulnerados, que cuando llegue a su conocimiento la
vulneración de los mismos, se proceda a las respectivas sanciones, con lo cual se
dejaría un precedente a futuro. Defensores Públicos y Privados también deberían
presentar los respectivos reclamos cuando tengan indicios de la vulneración de
5
derechos de su defendido, ya sea al momento de su detención o en las diferentes
etapas del proceso penal.
1.2 Descripción del problema
Cuando una persona es detenida en un delito flagrante, el Agente Policial tiene la
obligación de darle a conocer sus derechos constitucionales, conforme lo establece
el artículo 77 numeral 4 la Constitución “ en el momento de la detención, la
agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer
en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una
defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo,
y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique (4)”, pero
sin embargo en la actualidad, aún podemos ver que esto no se cumple por parte de
un determina números de policías, y que el sospechoso al desconocer sus derechos
constitucionales estos son vulnerados. Toda persona que es detenida goza ciertos
privilegios que le otorgan la Constitución y la ley, los mismos que deben ser
respetados e inviolables, pero el goce de este privilegio no excluye al sospechoso
de su carácter delictivo de la conducto penal realizada, sino que más bien nos
conlleva a una punibilidad del hecho.
Por eso necesario esta investigación, por cuanto es de conocimiento para el
ejercicio diario y profesional, además que la vulneración de los derechos
(Constitucion, 2008)
6
constitucionales en los delitos flagrantes dentro del proceso penal ecuatoriano,
requiere de un análisis profundo de todas las instituciones que lo integran, por una
serie de explicaciones, ya que muchos autores han dado a este sistema penal
calificativos tanto en pro, como de contra, y con ello se han mencionado algunas
supuestas violaciones a los derechos del hombre en las que incurriría ese proceso
penal; lo cual no debe ser permitido por cuanto un proceso debe ser de acuerdo a
las reglas que se establecen en la Constitución, el Código Penal y conforme a los
Derechos Humanos.
Por esta razón en la presente investigación quiero narrar paso a paso por qué
nuestro proceso penal en lo referente a los delitos flagrantes no es el debido. Así
mismo este proceso ha causado en nuestra sociedad muchas inconformidades,
pues muchas personas que acuden a la justicia en busca de la tutela de sus
derechos, sienten que quedan perjudicados, por la impunidad de los delitos en
algunos casos.
1.3 Alcance de la Investigación y delimitación del objeto de la investigación
1.3.1 Alcance de la Investigación
Con el presente trabajo descriptivo se delimitará la buena aplicación de los
derechos fundamentales y poco a poco acabará con el abuso de parte de los
´`señores Policías, que vulneran derechos de los detenidos, de los Fiscales, Jueces,
Defensores Públicos y/o Privados y demás operadores de Justicia, quienes muchas
7
veces al conocer de estas violaciones de los derechos antes indicado, no hacen
nada por tratar de remediarlos para sentar un precedente. Así mismo este trabajo
servirá para proponer la capacitación constante y necesaria a los Policías cuando
ingresan a los cuarteles a curso de ascenso, a los estudiantes de Derecho en las
aulas de las diferentes Universidades, a los Jueces, Fiscales y demás operadores
judiciales, sobre los derechos fundamentales del sospechoso, para así poder
aplicar el derecho de igualdad ante la Justicia como lo establece nuestra
Constitución.-
1.3.2 Delimitación
El presente trabajo se desarrollara, en el Cantón Guayaquil, de la provincia de
Guayas, ya que en esta provincia se habla de un incremento de la delincuencia de
los últimos años. Para la realización de este trabajo tomaré en cuenta, el
procedimiento que realiza el Agente Policial cuando detiene a una persona en
Delito Flagrante, luego avanzaremos cuando este sospechoso es presentado ante el
Fiscal de Turno y posteriormente llevado hasta una Audiencia de Flagrancia,
frente a un Juez de Garantías Penales. Así mismo indicaré, cual es el rol del
Fiscal, Juez de Garantías Penales, Defensor Particular, operadores de Justicia,
víctima, testigos y sospechoso frente a los Derechos Constitucionales.
1.4 Justificación
8
Considero que es de gran importancia realizar este trabajo sobre la vulneración de
los Derechos Fundamentales de los sospechosos en un Delito Flagrante, por ser
parte de mucha trascendencia dentro de nuestro trabajo diario, enmarcado en el
Campo Penal así como en el Constitucional y más aún para dar un nuevo punto de
vista de estos derechos, ya que muchos ciudadanos que son víctima de un delito
piensan de una manera equivocada, que solo ellos tienen derechos y hasta llegan
a decir que los derechos humanos y los Derechos Constitucionales del
sospechoso, son los derechos de los delincuentes. Además razono que con la
realización de este trabajo, voy a reforzar los conocimientos de los derechos
fundamentales, porque en el mismo voy a desarrollar temas como: el que nadie
puede ser condenado sin juicio previo, El principio de legalidad, Indubio pro reo,
Principio favor rei, El derecho a ser informado, Incoercibilidad del imputado, El
derecho a ser oído, El derecho a ser juzgado en un plazo razonable, Derecho a ser
juzgado por juez natural, Presunción de inocencia, Publicidad de los juicios,
Derecho de contradicción y de los principios constitucionales en todo Proceso.
1.5 Preguntas de Investigación
Para hacer un análisis a la violación de los derechos fundamentales de los
procesados en Delitos Flagrantes, es necesario responderse las siguientes
interrogantes:
1.5.1 ¿Cuáles son los derechos constitucionales, que con más frecuencia son
vulnerados a los presuntos sospechosos, detenidos en un Delito
Flagrante?
9
1.5.2 ¿Cuáles son las medidas que toman los Abogados Patrocinadores, ya
sean estos públicos o privados, de los sospechosos detenidos en
Delitos Flagrantes, cuando tiene conocimiento que a su defendido le
han vulnerado sus derechos constitucionales?
1.5.3 ¿Es necesaria una reforma al Código Penal así como al Código de
Procedimiento Penal, para que se respeten los Derechos
Constitucionales a los sospechosos, detenidos en un Delito Flagrante?
1.5.4 ¿Qué están haciendo los operadores de justicia, agentes policiales,
Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Defensores Particulares, para
que se respeten los Derechos Fundamentales, de un sospechoso
detenido en Delito Flagrante?
1.6 Objetivos generales y específicos
1.6.1 Objetivo General
Como estudioso de la ciencia penal y por ende al estar en contacto con el Derecho
Constitucional, he querido investigar sobre la “violación de los derechos
fundamentales del sospechoso”, por ser de gran connotación en nuestro medio;
actualmente existe mucha delincuencia y lamentablemente esta crece sin detenerse
día a día, por esta razón erradamente se pretende combatir la delincuencia creando
más cárceles, aumentando las penas, nuevos modelos de gestión de juzgamiento,
proyecto de ley para acumulación de penas y hasta se habla ya de una manera
informal en los medios de comunicación, de la implantación de la pena de muerte
10
para las personas que participan en un delito flagrante que cause alarma social a la
sociedad, todo esto sin importar los derechos constitucionales que le pueden
vulnerar al sospechoso.
Ya en la actualidad se habla de un nuevo Código Orgánico Integral Penal para
nuestra legislación en el mismo en unas de sus partes se habla de la
implementación de Tribunales de Delitos Flagrantes en donde al sospechoso
después de realizarle la Audiencia de Flagrancia ante un Juez de Garantías
Penales, pasara en un plazo no mayor a 27 días a ser sentenciado por los
miembros de un Tribunal Penal de Turno, dejando de un lado del derecho al
debido proceso, presentación de pruebas y la presunción de inocencia, en cual se
encuentra estipulado en el artículo 77, numeral 2 de nuestra Constitución de
Montecristi, así como el Código de Procedimiento Penal , en su artículo 4 “Todo
procesado es inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare
culpable”(5)
1.6.2. Objetivos Específicos
1. Analizar casos en que se hayan vulnerados los derechos fundamentales del
presunto sospechoso de un Delito Flagrante.
2. Identificar cuáles son las personas e instituciones comprometidas a velar
que se respeten los derechos fundamentales, del sospechoso en un Delito.
(Penal, 2008)
11
3. Aportar ideas y sugerencias que contribuyan al respeto y cumplimiento de
los derechos fundamentales del sospechoso.
12
CAPÍTULO II
Marco Referencial
2. Fundamentación Teórica
Los derechos fundamentales del hombre que son reconocidos en nuestra
Constitución, los mismos que al referirse en materia penal, se constituye en
normativas limitaciones, por eso es necesario que cuando un Juez de Garantías
Penales, antes de dictar una medida cautelar de prisión preventiva, debe hacer
prevalecer la presunción de Inocencia y el respeto a la Libertad como Garantía
Constitucional legalmente reconocida. Nuestra carta magna, en su artículo 77 nos
habla de las garantías que deben de regir en un proceso donde se encuentre una
persona privada de su libertad, de esta forma se vuelve garantista, haciendo que
no solo se proteja a la persona agraviada sino que también al sospechoso,
procesado o imputado. Así mismo en su numeral 7 nos habla de lo que incluye el
derecho a la defensa, las mismas que deben ser consideradas en un debido proceso
y para que estas verdaderamente existan voy a mencionar las siguientes:
2.1.1El principio de legalidad.- Es el primero de los principios, siendo necesario
que para que una persona sea juzgada por determinado acto, este debe estar
tipificado como delito y deberá constar con la pena correspondiente. “Para poder
perseguir a alguien penalmente es necesario que haya cometido un hecho que esté
definido como delito por una ley dictada por el Congreso (6)” .Este principio es la
(Arduino, La Justicia Penal, entre la Impunidad y el Cambio, 2007)
13
columna vertebral del derecho penal, y es recogido por varias legislaciones como
es el nullum crimen, nullumpoena, sine lege. Nadie puede ser condenado por un
acto que al momento de cometer el delito no era considerado como tal. El
principio de legalidad fue constituido en el Derecho Penal liberal como un
mecanismo para hacer frente a los abusos de los Estados despóticos. El Dr. Percy
García Cavero, nos da a conocer que la doctrina penal acepta de forma
prácticamente unánime que “el Principio de Legalidad tiene cuatro formas de
manifestación: La reserva de ley, el mandato de certeza o determinación, la ley
previa y la prohibición de analogía.(7)”. “Por el principio de legalidad el Estado
garantiza a las personas que mientras no se adecúe su conducta a un tipo penal no
puede ser sujeto de un proceso penal para su juzgamiento.”(8)
2.1.2 Indubio Pro Reo.- Este principio permite al juez determinar la
responsabilidad en base a las pruebas que constan en el proceso, este deberá
absolver al encausado. Sin embargo hay autores que no lo entienden de esa
manera, sino que consideran que ese principio significa que cuando haya dos
leyes que se contrapongan deberá aplicársele al procesado la menos rigurosa y la
que más le favorezca. “In dubio Pro Reo, es muy conocida expresión latina que
significa que en caso de duda, debe de aplicarse la ley en el sentido más favorable
al reo (9)”. Este principio también se encuentra tutelado en nuestra Constitución,
en su numeral 5 del artículo 76 en el cual dispone: En caso de duda sobre una
norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la
(Cavero, 2012) (Zavala, 2002) (Cueva, 2013)
14
persona infractora, así mismo en la parte final del artículo 4 del Código Penal
prescribe: “En caso de duda se la interpretara, en el sentido más favorable al reo”.
2.1.2Principio Favor Rei.- Es un complemento del Indubio Pro Reo, pero de una
manera más amplia, cuando señala que al no haberse podido probar la
responsabilidad del imputado, deberá resolverse a favor de este, pero también las
dudas probatorias en cuanto a la interpretación y aplicación de las normas penales
sustanciales y de procedimiento, es decir, si hay una ley posterior al ilícito deberá
aplicársela si es que es favorable al reo.
2.1.4 El derecho a ser informado.-Para que una persona pueda defenderse,
necesita que se le informe sobre la causa por la que ha sido procesado, de tal
forma que él pueda ejercer su derecho a la defensa, mediante pruebas y alegatos,
pero para ello necesita saber las razones del proceso, y si esta persona ha sido
detenida, el Policía o Agente Aprehensor deberá informársele inmediatamente al
mismo sobre lo que se conoce como la ley miranda, sus derechos los mismos que
son: “derecho a guardar silencio, el derecho a buscar un abogado y en caso de
imposibilidad económica el Estado le proveerá un defensor público, así como el
derecho a una llamada telefónica”. Es necesario que el aparato judicial tenga
traductores, en caso de que se detengan a extranjeros, para que se les informe sus
derechos en su lengua materna y de esa forma se sientan protegidos dentro de la
situación en la que se encuentran.
15
2.1.5 Nadie puede ser condenado sin juicio previo.- Recogiendo esta
afirmación, se desprende que comprende, no sólo la investigación del acto y su
tipicidad, sino también la etapa en que se establece la culpabilidad del procesado,
el cual puede intervenir desde el momento de su iniciación, de manera que es
obvio que para que una persona sea condenada debe existir un juicio previo pero a
su vez dicho juicio debe hacerse observándose las normas del debido proceso. Si
no se lo hace observándose las normas de todo proceso carecerá de validez, para
ello debe todo juez hacer un análisis exhaustivo en todo proceso, pues son ellos
los garantes del proceso.
2.1.6 Incoercibilidad del Procesado.- Esta en una de las garantías más
trascendentales, puesto que es una protección del derecho de defensa, haciendo
referencia a que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo en causa
penal. En nuestra legislación se la recoge como el derecho a no autoincriminarse,
de manera que si una persona se señala como culpable de igual forma hay que
seguir con la investigación y no se tendrá en cuenta esa declaración. En la
Constitución actual, encontramos este derecho plasmado en el artículo 77 numeral
7 que dice: “Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre
asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal”. “Este derecho fue creado
para evitar que el procesado se acuse, cometa perjurio, incurra en desacato o
mienta cuando se rehúse a contestar un interrogatorio” (10).
(Cueva, 2013, pág. 273)
16
2.1.7 El derecho a ser oído.-Este principio recoge la facultad de presentar medios
de pruebas, contradecir las presentadas por la otra parte, así como exponer los
argumentos necesarios en igualdad de condiciones, para que sea realmente
imparcial el proceso. Esto garantiza que el proceso no sea secreto y sin
participación de las partes, es tan importante ya que si una persona es sometida a
proceso y con ello se busca la imposición de una pena debe dársele la oportunidad
de defenderse en igualdad de condiciones. Existen, pruebas de cargo y descargo,
la primera sirve a los fines de la acusación o demanda; y de la defensa o
contestación la segunda. “Devis Echandía distingue entre prueba y medio de
prueba, explicando que en sentido estricto, por pruebas judiciales se entienden las
razones o motivos que sirven para llevar al Juez la certeza sobre los hechos. (11)”
2.1.8 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable.- Este principio toma
fuerza en la disposición constitucional que señala que la prisión preventiva no
podrá exceder de seis meses para los delitos sancionados con pena de prisión, ni
de un año para los delitos sancionados con reclusión ya que al estar una persona
detenida, es decir, habiéndosele limitado el derecho a la libertad, debe el Estado
velar porque se cumpla este plazo que es recogido también por convenios
internacionales.
Este plazo razonable no solo se aplica en primera instancia, sino en instancias
(Sierra, 2005)
17
superiores, esa fue una gran contribución del Comité de Derechos Humanos. Así
mismo nuestro Código de Procedimiento Penal señala los plazos que debe durar la
etapa pre procesal y la etapa procesal penal, todo esto para garantizar la celeridad
de los procesos y esto no puede contraponerse porque caso contrario sería una
violación flagrante a la norma constitucional. Es evidente que cuando una persona
se encuentra privada de su libertad este principio toma mayor fuerza, pero es
necesario recordar que el plazo razonable es en sí para que los procesos se los
efectúe dentro de un tiempo prudencial y no verse afectado por retardos en la
administración de justicia. Al respecto en la constitución se señala que a cargo del
juez de la causa caerá la responsabilidad cuando haya retardo o denegación de
justicia. Esto también lo podemos apreciar en los artículos 7 y 8 incisos 5 y 1
respectivamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos
dice “toda persona detenida o retenida tiene derecho a ser juzgada por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial dentro de un plazo razonable o, de
lo contrario, a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso
penal.” “El derecho a un plazo razonable, tiene como finalidad impedir que los
acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acusación y asegurar que su
tramitación se realice prontamente (12)”. Este principio permite que el proceso
tenga un límite temporal entre su inicio y fin, por lo tanto no puede dárselo como
desconocido, para el autor Víctor García “el derecho a un plazo razonable tiene
como finalidad impedir que los justiciables permanezcan durante largo tiempo en
una situación de indeterminación acerca de su situación jurídica” (13).
(Valenzuela, 2012) (Toma, 2013, pág. 983)
18
2.1.9 Derecho a ser juzgado por un Juez natural.- Esta es una prohibición de
crear Tribunales Especiales para un caso concreto. Por ello, los pactos
internacionales consideran este un rasgo fundamental de la administración de
justicia, a más de que esté establecido por ley, un Tribunal, su competencia debe
determinarse con anterioridad. Al referirnos a un Juez Natural, estamos hablando
de aquel miembro de un órgano jurisdiccional que goza de autoridad y potestad
para resolver una controversia determinada y concreta, como consecuencia de una
previa autorización prevista en la ley, lo cual le permite estar embestido de
potestades derivadas como son la jurisdicción y competencia. Para Cueva
Carrión, “una vez iniciado un proceso debe de ser desarrollado solamente por el
Juez natural del enjuiciado y por nadie más; es decir, por aquel que, de acuerdo a
la normatividad legal vigente, tiene jurisdicción y competencia para hacerlo. (14)”
2.1.10 Publicidad de los juicios.- El Código de Procedimiento Penal, antes
violentaba este principio de derecho de defensa, al mencionar que la Indagación
Previa fuera de carácter “reservada”, inclusive para las partes interesadas, pero el
Congreso Nacional enmendó este quebrantamiento y lo reformó en el sentido que
sea “secreto para el público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido y de
las personas a las cuales se investiga de tener acceso inmediato, efectivo y
suficiente de las investigaciones. Las personas pueden ejercer el derecho a la
defensa, durante todas las etapas del proceso penal, inclusive en la etapa pre-
procesal de Indagación Previa, durante la cual se realizan investigaciones por
(Cueva, 2013, pág. 179)
19
parte de los Agentes de la Policía Judicial, bajo la dirección de un Fiscal de lo
Penal, para determinar si una persona es sospechosa de haber intervenido en la
comisión de un delito, sea como autor, cómplice o encubridor. Bajo ninguna
circunstancia el procesado puede quedar sin la asistencia legal de un Abogado, ya
sea que éste profesional haya sido designado por el procesado como su defensor o
nombrado por el Estado. Es necesario conocer que la publicidad de los procesos
judiciales promueve la consecución de los objetivos siguientes: a.) proteger a las
partes en un proceso de una organización judicial sustraída del control público; y
por ende, proclive a la corrupción o el abuso de poder; b.) Mantener la confianza
ciudadana en la actividad jurisdiccional.
2.1.11 Nadie puede ser privado de su libertad sino por orden escrita de juez
competente.- La doctrina señala al respecto que se consagra la garantía de
defensa en juicio, prohibiendo la detención sin motivos o arbitraria, como
conocemos para que alguien pueda ser detenido debe existir de por medio orden
de juez debidamente realizada, salvo que sea en los casos de delito flagrante
donde se puede detener a la persona y ponerla a órdenes del Fiscal y del Juez.-
2.1.12 Nadie puede ser privado del derecho de defensa.- En ninguna parte del
respectivo procedimiento se puede privar a la persona del derecho de defensa, de
manera que era inconstitucional cuando se determinaba que la indagación previa
era secreta inclusive para las partes porque no les permitía conocer lo que se
efectuaba, coartando de esta manera el derecho de defensa, por lo que resultaba
20
ilegal y arbitrario. “El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca
cuando los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de
ejercer los medios legales suficientes para su defensa (15)”. Nuestro Código de
Procedimiento Penal, en su artículo 11, hace conocer que la defensa del procesado
es inviolable, con lo cual nos da entender que el procesado tiene el derecho a
intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de pruebas,
pues al impedir esto, estaríamos vulnerando uno de los derecho fundamentales del
ser humano, porque este derecho a la defensa siempre debe ser libre, amplio, estar
protegido y garantizado en todo momento por los encargados de administrar
justicia.
2.1.13 Presunción de Inocencia.- Toda persona es inocente hasta que no se
establezca su culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada. El Art. 8 numeral 2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José,
establece, que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. Sin embargo,
en nuestra legislación nos encontramos con una Institución procesal excepcional,
que no destruye la presunción de inocencia, hablamos de la prisión preventiva, la
misma que es una medida cautelar de carácter personal, la cual debe de aplicarse
con criterio restrictivo, cuando un Juez de Garantías Penales, luego de escuchar
los alegatos del Fiscal en Audiencia, observe que es indispensable esta medida,
dada la gravedad del delito, para garantizar la comparecencia del imputado o
(Valenzuela, 2012, pág. 94)
21
acusado al proceso, evitando que el delito se quede en la impunidad, asegurando
el cumplimiento de la pena y asegurando el peligro de fuga. Winfried Hassemer
nos dice “quien lucha contra la Criminalidad en forma prematura, es decir antes
de la sentencia, pasa en autoridad de cosa juzgada, por medio de la prisión
preventiva, no respeta el principio de inocencia, le quita valor al procedimiento
principal y lesiona sin fundamento jurídico a una persona”(16)
Si revisamos nuestra legislación penal, podemos encontrar que existen algunas
inconstitucionalidades en nuestro proceso penal ecuatoriano, de ahí que nace la
necesidad que ciertas partes de nuestro Código de Procedimiento Penal sean
reformadas, ya que estas se oponen a la Constitución y a los Tratados
Internacionales. Nuestra carta Magna, ha establecido normas muy claras para el
proceso penal, pero la ley se contrapone, por eso se considera importante una
reforma. “El derecho a la presunción de inocencia, se configura en tanto que regla
de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser
condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima
actividad probatoria (17)”. “La presunción de Inocencia plantea la responsabilidad
de correlación y actuación a la que se encuentran sometidas las autoridades
estatales, los medios de comunicación masiva y la ciudadanía, de considerar y
tratar como inocente a una persona, en tanto no se dicte contra ella una sentencia
condenatoria dentro de un proceso sustentado con las garantías debidas (18)”.
(Hassemer, Criticas al derecho penal de hoy, 2010) (Valenzuela, 2012, pág. 515)
(Toma, 2013)
22
Para mi criterio en la práctica profesional la presunción de inocencia, es el
principio que diario se vulnera, en esta parte de mi investigación quiero hacer
referencia de un caso sucedido en la nueva Unidad Integrada de Justicia ubicada
en el Cuartel Modelo de Guayaquil, en donde los señores Jefe de la Policía
hicieron la presentación de tres detenidos, que presuntamente habrían participado
en un delito de secuestro expres, sin embargo, a uno de ellos el Fiscal en la
audiencia de Calificación de Flagrancia, que fue posterior a la detención, no le
formulo cargo. Pese a esto, el señor “Chilán” al que el Fiscal no imputo, ya había
sido previamente presentado en todos los medios de comunicación e incluso
quedo registrado en el SIIPNE de la Policía nacional con antecedentes. (Ver
anexos).
2.1.14 Violación de la inmediación.- Este principio es constantemente vulnerado
en el proceso penal y se encuentra establecido en el artículo 169 de la
Constitución del 2008 en vigencia. Esto se da, por cuanto el principio significa
que solo el Juez tiene que percibir directamente las pruebas para poder sacar sus
conclusiones en base a la sana critica. En el proceso penal ecuatoriano, cuando
empieza un proceso, vemos que quien dirige todas las diligencias es el Fiscal, so
pretexto de que tiene que investigar y que igualmente, después en la audiencia de
juzgamiento, se reproducirán todas las pruebas para que adquieran el valor de tal,
pero eso realmente no es así, porque si sirven de base esas pruebas realizadas en la
instrucción fiscal para determinar si hay presunciones, como para llamar a juicio a
una persona o darle un dictamen abstentivo, de manera que esas pruebas le sirven
al fiscal para emitir su dictamen pues valora las pruebas.
23
2.1.15 Violación de la igualdad procesal de las partes.- No existe una igualdad
procesal, porque el Fiscal según el Código Procesal Penal, en su título No. 3 es
parte procesal, y un Fiscal al ser parte procesal pone en desventaja a la otra parte,
no hay una igualdad porque el Fiscal tiene la facultad de receptar versiones, dirigir
diligencias, fijar las fechas para esas diligencias, impulsar la pretensión punitiva, e
incluso hace de juez porque valora los elementos de convicción para según su
criterio determinar si acusa o no a una persona, así mismo, él le peticiona al juez
una prisión preventiva o le puede peticionar que revoque la misma, así como
también él autoriza la conversión de la acción cuando hubiere lugar a ella. Por
estas consideraciones es falso decir que en este proceso penal ecuatoriano hay
igualdad procesal de las partes pues es por demás evidente que el fiscal tiene
poderes diferentes a los que tiene la otra parte procesal. Este es uno de los
principales hechos que deben cambiarse para que haya realmente un proceso penal
igualitario, donde el fiscal investigue y sea el Juez quien decida llamarlo a juicio.
2.1.16 Violación que solo el juez juzga y valora pruebas.- Como ya lo
mencione antes, el Fiscal también valora las pruebas en este proceso penal, lo cual
es inadmisible que se lo haga, este hecho ocurre al momento de emitir su
dictamen; y es necesario un cambio en ese sentido pues solo al juez le
corresponde esa función de la valoración de las pruebas de acuerdo a la sana
critica, y es algo que no debe hacer el Fiscal.
24
2.1.17 Violación del mandato constitucional que el juez es el garante del
debido proceso.- Lo elemental de todo proceso penal, es que el juez debe
garantizar que el proceso se desarrolle contemplando todas las normas y
principios constitucionales, respetando el derecho de ambas partes. Sin embargo
con el Código de Procedimiento Penal esté hecho, se ve enormemente violentado,
por cuanto pone de una manera casi superior al Fiscal, es decir, lo pone a este
sobre el Juez en algunas circunstancias, para mencionar un ejemplo cuando un
Fiscal disponga el archivo de la denuncia, el Juez si no considera procedente ese
requerimiento lo enviará al Fiscal Superior, y si este lo ratifica el Juez notificará el
archivo de la denuncia. Vemos claramente que en este caso la Fiscalía está por
encima del juez y que nada importa si este considera que no se debe archivar la
antes señalada denuncia.
2.1.18 Violación en la práctica de la norma constitucional de no exceder seis
meses por delito de prisión y un año por reclusión.- Aplicación de la norma
interpretativa.- Aunque la Constitución Ecuatoriana señala este principio, en
nuestro proceso penal este hecho no se aplica, pues se ha condicionado el darle la
libertad a una persona siempre y cuando no medien las circunstancias establecidas
en la Ley interpretativa al artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, lo cual
resulta un atentado porque en ningún momento en la Constitución se señala que
existen excepciones o que debe remitirse a la Ley, sin embargo se ha hecho esa
ley interpretativa para frenar que los presos sin sentencia salgan en libertad, pues
se considera con ello que se incrementaría el índice delincuencial, de manera que
volvemos a lo mismo que es que el derecho penal no puede ser usado como un
25
medio para combatir la delincuencia. Ya se efectuó el avance en este sentido
cuando se declaró inconstitucional la detención en firme, de manera que crearon
esa Ley por temor a que salgan en libertad varios presos creyendo que con eso se
detendría la delincuencia, lo cual es falso, además ya no es culpa de la persona
detenida, sino del retardo en la administración de justicia.
2.1.19 El principio de motivación.- Nuestra Constitución del 2008 nos hace
conocer que las resoluciones deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las
resoluciones que no se encuentren debidamente motivadas se consideraran nulas.
Las servidoras o servidores, responsables serán sancionados. También el Código
de Procedimiento Penal, establece que la sentencia dictada por la Jueza o Juez
será motivada y deberá condenar o absolver. Esto en la práctica profesional queda
la duda, por cuanto en la actualidad aún existen muchas resoluciones de Jueces de
la Función Judicial, que no motivan sus fallos, a pesar que la ley los obliga, aún
podemos ver en Audiencia de Calificación de Flagrancia, en la que los señores
Jueces de Garantías Penales, manifiestan que dictan la prisión preventiva porque
el Fiscal la ha solicitado, convirtiéndose esta en la única motivación para dictarla
y también nos podemos encontrar habitualmente con las audiencias de revisión de
medidas, en la que los Jueces en su Resolución simplemente expresan, no procede
otra medida cautelar, por cuanto no ha variado la situación jurídica del procesado.
Un Juez debe tener claro que al hablar de motivación, nos referimos a esa labor
intelectual, critica, lógica, racional y transparente que debe formarse el juzgador
26
para resolver un juicio lógico que justifiqué su decisión judicial y que la misma
tenga un poder de convicción hacia el Abogado defensor, el sospechoso y la
ciudadanía, ya que estas Resoluciones podrán a futuro servir para resolver otros
conflictos. Para el autor García Toma “La motivación escrita de una resolución
judicial, se asume como el de dar causa, argumento o razón del modo de solución
de un litigio. Se trata de explicar y dar a comprender los motivos que ha tenido la
autoridad judicial para fallar de una manera determina (19)”. Así mismo la
doctrina nos enseña que la motivación escrita cumple dos funciones: a.) la
primera es la garantía a la defensa, en donde las partes conocen las razones
jurídicas de la decisión judicial, a efectos de poder promover su impugnación con
elementos argumentativos y supuestamente promotores de reparación del error
cometido; b.) garantía legitimadora, en esta parte la población puede adquirir
confianza en que las decisiones judiciales no son discrecionales sino regladas a
derecho. Pero también la doctrina y la jurisprudencia estiman que solo es
admisible la falta de pronunciamiento expreso por parte del juez en tres
situaciones: a.) en caso de temas ajenos a los puntos controvertidos del caso
contrario; b.) en el caso del contenido de los decretos judiciales, y; c.) en el caso
de motivación implícita.
2.2 Definiciones conceptuales
Para el desarrollo de la problemática debemos definir los conceptos que vamos a
(Toma, 2013, pág. 992)
27
tratar con la finalidad de que se comprenda sustentadamente lo que se va a
explicar.
2.2.1 Derechos fundamentales: Son aquellos derechos que son bienes ínsitos del
hombre, nacemos con esos derechos y se encuentran recogidos en la declaración
de los derechos humanos y cada Estado los reconoce a través de su Carta Magna.
Los derechos fundamentales “tienen como fundamento los atributos de la persona
humana” y emanan de su “dignidad inherente”, estos derechos son reconocidos
por el sistema constitucional, que establece instituciones políticas y jurídicas que
tienen “como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre
(20)”. Pues hablar de “Garantías Constitucionales es hablar del respeto a los
derechos humanos (21).” El autor Juventino Castro, nos dice “que en la tradición
jurídica Mexicana solo excepcionalmente utiliza la expresión derechos humanos,
para referirse a derechos fundamentales que en el nivel constitucional se enuncian
y se destacan, como forma de puntualizar que el orden jurídico constitucional se
basa, entre otras declaraciones el reconocimiento de principios referidos al ser
humano (22).” Para el Doctor Jorge Zavala Egas, los “derechos fundamentales
tienen una identidad esencial que se encuentra en su reconocimiento
constitucional, sus titulares son todas las personas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos y, como tales, gozaran de estos derechos que, por otra
parte son garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales
(23).”
(Humanos C. d.) (Pasquel, 2009) (Castro, 2006) (Egas, 2009)
28
2.2.2 Delito Flagrante: Delito flagrante proviene de la locución latina <<in
fraganti>> que significa en flagrante. En el momento de realizar el delito o apenas
realizado. Es el delito que se comete en presencia de una o más personas o cuando
se lo descubre inmediatamente después de su comisión. El delito es un producto
de conflicto intersubjetivo de intereses. “El delito es un modo de ser de la
sociedad, no del individuo. No hay error en la comparación del delito con la
enfermedad; pero a condición de referir la enfermedad, no al individuo, sino a la
sociedad (24)”. Nuestro Código Penal en su artículo Art. 162.- establece que
“delito flagrante el que se comete en presencia de una o más personas o cuando se
lo descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que haya
existido una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta
comisión hasta la detención, así como que se le haya encontrado con armas,
instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos al delito
recién cometido. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han
transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión del delito y la detención”
2.3. Formulación de hipótesis de trabajo y operacionalización de las
variables.
2.3.1 Formulación de Hipótesis
El análisis para la elaboración de un plan estratégico de capacitación sobre
Derechos Fundamentales, en el que participen los señores de la Policía Nacional,
(Carnelutti, 2005)
29
Jueces, Fiscales, Defensores Públicos o Privados y demás operadores de justicia,
fortalecerá la buena aplicación y respeto de los derechos fundamentales de los
sospechosos, permitiendo que este de ahí comparezca a un juzgamiento en
derecho de igualdad y así poder dar cumplimiento a lo que establece la
Constitución.
30
CAPÍTULO III
Metodología
3.1. Novedad de la Investigación
Que en la actualidad aun en los sujetos procesales, se evidencia un
desconocimiento del Código de Procedimiento Penal, del Código Penal, de la
Constitución y de los instrumentos internacionales, para lo cual es necesario
fortalecer la institucionalidad judicial, y capacitar de una manera eficaz a los
operadores de justicia y Policías, para que su actuaciones sean con conocimiento
de causa, pero también con responsabilidad, ética y compromiso social en la
administración justicia.
3.2. Las fuentes y los lugares de recolección de información
Las fuentes y los lugares de recolección de información del presente trabajo, se
basa en una amplia investigación de libros de varios autores, Declaración de los
Derechos Humanos, Código Penal, Código de Procedimiento Penal,
investigaciones que existan sobre el tema y Constitución del Ecuador, así mismo
para el análisis de un caso, se contará con copias de expedientes que reposan en
el departamento de archivo de la Fiscalía Especializada de Investigación de
Flagrancia, adjunta en el Cuartel Modelo.-
31
3.3. Los métodos y las técnicas utilizados en la investigación
El trabajo de campo se realizara en las siguientes fases:
Primera: Estudio teórico, conceptual y metodológico de la investigación jurídica.
Análisis, ubicación y selección de la materia de investigación.
Segunda: Construcción del marco referencial del proyecto de investigación;
formulación de la problemática, análisis jurídico, situación actualdel problema,
delimitación del objeto de investigación, justificación y objetivos.
Tercera: Construcción del Marco teórico e hipótesis del proyecto de
Investigación, acopio de información, selección de teorías, doctrinas, ubicación de
bibliografía, formulación de la metodología de trabajo de Investigación.
Cuarta: Elaboración del informe y presentación de los resultados de la
Investigación.-
Este trabajo de investigación tendrá como apoyo libros, Tratados Internacionales,
Constitución, Código Penal y doctrina toda referente al tema de Derechos
Fundamentales.
32
CAPÍTULO IV
SUB-CAPITULO I
4.1 Derechos Fundamentales
4.2 Concepto de Derechos Fundamentales
“Los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran incluidos en la
Constitución como norma constitutiva y organizativa del Estado, son considerados
como esenciales en el sistema político y que están especialmente vinculados a la
dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del ordenamiento
jurídico, disfrutan de un status especial en cuanto a garantías de tutela y reforma
(25)”. “Los derechos fundamentales, son definidos como aquella parte de los
derechos humanos que se encuentran garantizados y tutelados expresa o
implícitamente por el ordenamiento constitucional de un Estado en particular
(26)”. “Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados al
status de personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar (27)” Es
necesario indicar que los derechos fundamentales se diferencian de los derechos
humanos, por cuanto los primeros se encuentran reconocidos en las
Constituciones de cada País, mientras que los segundo no.
Los derechos fundamentales lleva implícita la noción asociada de dignidad
humana e historia, ya que de un lado, la primera exige que la sociedad y el Estado
(Valenzuela, 2012, pág. 285) (Toma, 2013, pág. 7) (Bustamante, 2013, pág. 38)
33
respeten la esfera de la libertad, igualdad y desarrollo de la personalidad del
hombre; y del otro, porque a través de los tiempos este descubre y posteriormente
normativiza aquellas facultades que le sirven para asegurar las condiciones de
una existencia y coexistencia cabalmente humanas. Todo derecho fundamental
tiene un contenido jurídicamente determinado, el cual es inmodificable, en caso
sea necesario llevar a cabo una regulación infraconstitucional para posibilitar su
goce y ejercicio en la vida comunitaria.
El autor Víctor García Toma, en su libre Los Derechos Fundamentales, menciona
que Robert Alexy ha determinado las siguientes características de los derechos
fundamentales:
a.-) Gozan de máximo rango; es decir, son creación de la jurisprudencia
constitucional que posee un grado de vinculatoridad pleno o se encuentran
consignados en textos con rango constitucional o superior, por lo que rigen como
normas generales y superiores sobre el resto de disposiciones.
b.-) Poseen máxima fuerza jurídica; es decir, la lectura simbólicamente
programática de los derechos fundamentales debe ser descartada, dado que tanto
los fueros jurisdiccionales, organismos legislativos y administrativos como los
derivados de actos privados, deben observarlos, tutelarlos y promoverlos.
c.-) Poseen grado de máxima importancia del objeto; es decir, no regulan
cuestiones específicas e intrascendentes, sino que rigen para los elementos
estructurales de la sociedad y el hombre (vida, libertad, propiedad, etc.)
34
d.-) Poseen un máximo grado de indeterminación; es decir, la normativa es
bastante escuela en cuanto a las cuales son los supuestos de hecho sobre los cuales
son los supuestos de hecho sobre los cuales han de aplicarse. En efecto, los
derechos son lo que son en virtud a las técnicas de interpretación, lo cual les
otorga la ductibilidad necesaria para adaptarse a todo tiempo y circunstancias.
4.3 Antecedentes Históricos de los Derechos Fundamentales
Los derechos fundamentales se iniciaron con la Revolución burguesa del siglo
XVIII, estas son la Revolución Francesa y la Americana, hasta llegar a la segunda
guerra mundial.
Francia vivía momento históricos y para los Constituyentes Franceses seguir
confiando en las libertades y los derechos a la historia, era seguir ejerciendo
dominio, después de la revolución estaban convencido que con que el proyecto
revolucionario que se desarrollaba, era necesario establecer una contraposición
radical al régimen derrocado, en donde no existían derechos, por ello era
importante implementar nuevos valores constitucionales, en especial los derechos
naturales e individuales y la soberanía de ese país. Fue por eso que esta
Revolución Francesa se vio caracterizada e influenciada por una doctrina
individualista, en donde el ciudadano se centra en el ordenamiento jurídico como
sujeto único de derechos, lo cual era tutelado por el Estado, con la creación de
derechos y libertades de los individuos. Con esto se mantenía uno de los
principales objetivos de esta Revolución, que era destruir el pasado en donde
35
existían muchos privilegios y el particularismo, ya que los mismos impedían al
pueblo conocer y reclamar sus derechos individuales, lo cual se vio concretado en
1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues con
esta Revolución se alcanzaría dar paso a los derechos naturales y a la soberanía de
la nación.
A diferencia de América, en donde no existía ningún régimen que tumbar, pero
ellos para que pudieran hablar de Revolución, tenían que hacer su propia ruptura
con la Madre Patria Inglaterra y proclamar su Independencia. En América los
derechos y libertades del hombre, se encontraban bajo el dominio de la doctrina
individualista y el historicismo, marginando de su panorama al estatalismo, de lo
cual se encontraban orgulloso por las aportaciones de primer orden a la causa de
los derechos y libertades del hombre. Una de las características esenciales de esta
Revolución era que no exista un poder supremo, sino más bien incitaba a que
existieran poderes autorizados por la Constitución y un equilibrio de poderes,
entre ellos, el ejecutivo, legislativo y judicial, en donde se otorgara una serie de
atribuciones y debía de advertirse los modos de control de los unos con los otros,
para lo cual debía existir una observación difusa de la constitucionalidad de los
jueces, lo cual se alcanzaría con la declaración de la Independencia de 1776.
4.4 Derechos Fundamentales en España
Con la declaración de los “derechos del hombre y del ciudadano” en el año 1789,
en la Revolución Francesa, la cual sería después incorporada en su Constitución
36
de 1791, fue la influencia para que se elaboraran las primeras Constituciones de
aquellas épocas, en especial la Española la cual se elaboró en 1812, conocida
popularmente como la Pepa y como la primera Constitución Liberal del País, en
donde se reconocieron los derechos fundamentales, pudiendo apreciar que esta se
caracterizó principalmente por la soberanía de la Nación, la separación de poderes
con la cual vinculo a los legisladores, limitando los poderes del Rey y la igualdad
de los ciudadanos antes la ley, con lo cual se dio fin a los privilegios estamentales.
4.5 Derechos Fundamentales en América
La Universalidad es una característica que ha acompañado a los derechos
fundamentales desde su nacimiento. Con la lectura de los artículos que integran la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pone en evidencia que
sus normas están dirigidas no solamente a los franceses, sino a todas las personas
y que su ámbito de validez racional no se limitaba a Francia, sino que pretendía ir
más allá de sus fronteras, como efectivamente lo hizo (28)”. En Estados Unidos
de Norteamérica, al proclamarse como un Estado Independiente, expide la
primera declaración de derechos que el Estado debía de respetar. Pues siempre se
estimó que el sujeto pasivo de los derechos fundamentales de la persona humana
era el Estado. Con la segunda guerra mundial en el siglo XX, el Derecho
Constitucional reconoció formalmente la existencia de los derechos sociales y los
consagró junto a los demás de la persona humana, este proceso se lo denominó
(Sanchez, 2009)
37
constitucionalismo social y se comenzaron a generar la Constitución Mexicana de
1917, la de Yugoslavia de 1921 y el mayor logro en este siglo fue la Declaración
Universal de los Derechos Humanos aprobada en el año de 1948.
4.6 Derechos Fundamentales en Ecuador
El Estado ecuatoriano garantiza en nuestra Constitución el respeto y goce de los
derechos humanos, pactos, convenios y más instrumentos internacionales, sin
discriminación alguna a todos los habitantes de la Nación. Esta nueva
Constitución se aparta de la clasificación clásica de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) y los reemplaza ahora por los derechos del “Buen
Vivir”, es así que los derechos civiles toman el nombre de “derechos de libertad”;
los derechos colectivos por los “derechos de los pueblos”, los derechos políticos
por los “derechos de participación”, los derechos del debido proceso por los
“derechos de protección”; y los derechos de los grupos vulnerables por los
“derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria”.
El artículo 1 de la Constitución establece “El Ecuador es un Estado constitucional
de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se
gobierna de manera descentralizada.”. Con esta definición pone directamente lo
“constitucional” como centro del acuerdo jurídico político de la sociedad, con lo
que se trata de dar más fuerza entre el Estado y la Sociedad y a la vez profundizar
la vigencia y garantía de derechos. El Estado de Derecho es un sistema donde el
38
derecho regula la vida y actividad del Estado, el funcionamiento de sus órganos y
las relaciones con los individuos, para que exista una plena vigencia del Estado de
Derecho se requiere: la existencia de una sociedad altamente civilizada y
políticamente organizada, regida exclusivamente, por un sistema jurídico
válidamente instituido. Son las normas jurídicas las que reinan y rigen; la
arbitrariedad y el abuso, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida.
En un Estado constitucional, los derechos, la justicia y los derechos
fundamentales se han constitucionalizado junto con los principios y valores
constitucionales. Tiene fuerza jurídica porque vinculan como derecho vigente al
Poder Legislativo con el Ejecutivo y el Judicial. Por ello la doctrina y la
jurisprudencia constitucional han aceptado la fuerza extensiva de los derechos
constitucionales y en lo sustancial los derechos fundamentales que tienen como
finalidad garantizar la dignidad humana y que a veces se les ha identificado como
derechos individuales; hay que indicar que los derechos fundamentales son
derechos constitucionales universales como su protección constitucional, que se
ubican fuera del alcance de la política ordinaria. El Estado constitucional de
derechos tiene como objetivo proteger a los ciudadanos, por lo cual, el hombre y
la mujer no pueden desarrollar su personalidad ni aportar al progreso social si no
ejercen de manera libre y plena los derechos inherentes a su condición de ser
humano. (29).
(Bustamante, 2013, pág. 36)
39
Los derechos fundamentales solo se hacen efectivos mediante las garantías
jurisdiccionales que señala la Constitución:
a.) Acción de Protección.
b.) Acción Extraordinaria de Protección
c.) Acción por Incumplimiento
d.) Acción de Habeas Data
e.) Acción de Habeas Corpus
f.) Acción de Acceso a la Información Pública.
40
SUB-CAPÍTULO II
4.2 La detención o aprehensión por un Presunto Delito Flagrante y la prisión
preventiva
4.2.1 Concepto de Detención
“Detención es la privación de la libertad de quien se sospecha autor de un delito”
(30). Es la captura que se le realiza a una persona, que presuntamente ha
participado flagrantemente en un delito de Acción Publica. El autor Colon
Bustamante, menciona en su obra al jurista García Falconì, quien hace conocer
que la “detención es una privación temporal e inmediata de la libertad física por
decisión de un juez competente, con fines investigativos; en consecuencia la
detención no significa, de ninguna manera, que el ciudadano ha cometido un
delito flagrante.”(31)
4.2.2 Delito Flagrante
Delito Flagrante es aquel que se realiza públicamente contra una persona y este es
descubierto por una o más al momento de su realización. Dicha palabra proviene
del latin “in fraganti”, que significa flagrante. Escriche, ha descrito al delito
flagrante como el que “se ha consumado públicamente y cuyo perpetrador ha sido
visto por muchos testigos al tiempo que lo cometía (32)”. “Delito Flagrante,
Aquel en que el delincuente es sorprendido mientras lo está cometiendo; cuando
es perseguido y detenido sin solución de continuidad con respecto a la ejecución,
(Goldstein, 2010, pág. 223) (Bustamante, 2013) (Osorio, 1990)
41
tentativa o frustración; y cuando es aprehendido en circunstancias tales, o con, o
con objetos, que constituyen indicios vehementes de la comisión del delito y de la
participación del sospechoso.(33)”
Al revisar nuestro Código Penal Ecuatoriano, en su artículo 162 establece que
delito flagrante es aquel que se comete en presencia de una o más personas o
cuando se lo descubre inmediatamente después de su comisión, si el autor es
aprehendido con arma con armas, instrumentos, huellas, o documentos relativos al
delito recién cometido. Pero el operador de Justicia, el Policía Nacional, la
victima debe de conocer que para que exista un delito flagrante, se debe reunir
varios elementos para que este exista como tal, los mismos que a continuación
detallo:
4.2.1.1 Consumación del Delito Flagrante: Considero que es uno de los
requisitos más importante, pues para que exista un delito flagrante este
tiene que haberse consumado, al tener la intención del infractor, se
configura la acción u omisión punible del autor. Pues no se puede
aprehender a una persona que presuntamente haya participado en un delito
flagrante de tipo penal por el simple hecho de la tentativa.
4.2.2.2 Presencia de una o más personas: La no existencia de ninguna otra
persona en el delito flagrante lo anula como tal, por eso es fundamental
(Cabanellas, 2008)
42
que cuando se suscite un delito flagrante, este se haya realizado en
presencia de una o más personas, ya que el observador u observadores
presenciales del hecho cumplen una función pasiva. Pero aquí hay que
tener muy en cuenta algo, este observador, quien después puede
convertirse en un testigo del hecho, si al momento de suscitarse la
infracción, no impidió el cometimiento de ese delito, cuando tiene la
obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo, es decir pasara a
ser un observador de inacción y cuando sea presentado ante un Fiscal se
convertirá en sospechoso del delito.
4.2.2.3 Descubrimiento inmediato del Autor: En esta parte es donde se permite
que el presunto infractor sea detenido por un Policía Nacional de manera
directa o indirecta, pero también esta acción la puede realizar cualquier
persona, que haya descubierto al autor del delito, momentos después de su
cometimiento. Cabe indicar que aquí aparece la inmediatez y la misma se
presta para que se produzcan ciertos abusos por parte del Agente
aprehensor, lo cual hace que se active la vulneración de los derechos
fundamentales del sospechoso. Es peligroso que la ley permita que
cualquier persona particular, pueda detener al infractor del delito, sin que
exista una disposición que lo regule, esto se puede prestar para que
cualquier persona detenga a otra con el pretexto de que ha cometido un
delito flagrante, lo cual origina a que se vulneren derechos fundamentales.
43
4.2.2.4 Detención o aprehensión del autor con armas, instrumentos, huellas y
documentos relativos al delito recién cometido: Es cuando la persona
que participó en el delito, es detenido con las evidencias materiales del
delito, ya sean estas armas, instrumentos, huellas, documentos o
pertenencias de la víctima. Todavía en la práctica podemos ver que cuando
este autor del delito es detenido flagrantemente, por parte del Agente
Policial, después de haber presentado el caso al Fiscal, al momento de
elaborar el parte de detención, en muchas ocasiones las pertenencias del
sospechoso las hacen constar como evidencias, lo cual es muy criticado e
impugnado por los Abogados que ejercen la defensa. Es necesario señalar
que si el autor del delito es detenido, después de transcurrido las 24 horas
de suscitado el hecho, es probable que haya desaparecido las evidencias y
este se convertirá simplemente en un sospechoso del delito. Esto va a
generar que un Agente de la Policía Judicial, lo investigue siempre y
cuando tenga una delegación del Fiscal, que conozca de la denuncia del
hecho, el mismo que solicitara al Juez de Garantías Penales una orden de
detención, siempre y cuando se cuente con los elementos de convicción
necesarios para incriminarlo.
Con estos antecedentes señalados podemos observar, que es
justamente en los delitos flagrantes de acción pública, donde con
mucha frecuencia se vulneran flagrantemente los derechos
fundamentales del sospechoso, detenido o procesado.
44
En nuestro vecino País de Colombia, la definición Flagrancia a
convenido diferentes criterios, en particular la que mantuvo la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, lo cual genero
discrepancias en el sentido y alcance de sus fallos, según ellos, pues
para que puede predicarse la existencia de la flagrancia debe: “a.-) la
persona sea sorprendida y aprehendida al momento de cometer el
delito; o; b.-) la persona es sorprendida o individualizada al momento
de cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por
persecución o voces de auxilio de quien presencia el hecho; o; c.-)la
persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o
huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha
cometido un delito o participado en él (34).”
4.2.3 Personas que intervienen en la Detención
Como ya lo hemos señalado anteriormente cuando una persona es descubierta
inmediatamente después de cometer un delito, este presunto infractor puede ser
detenido por un Policía Nacional de manera directa o indirecta, pero también esta
acción la puede realizar cualquier persona, que haya descubierto al autor del
delito, momentos después de su cometimiento.
4.2.3 El Policía Nacional
(Bolivar, 2009)
45
La Policía Nacional del Ecuador es la encargada de brindar la seguridad pública a
todos los ciudadanos del país, sus principales objetivos son defender la soberanía
nacional, garantizar el orden interno, la seguridad individual y social a través de la
prevención, disuasión y represión; cumpliendo y haciendo cumplir las leyes y
normas jurídicas de la Nación, actualmente se encuentra normada por el
Ministerio del Interior.
La Constitución de Montecristi en su artículo 163 nos da a saber que: La Policía
Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la
seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los
derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.
Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos
humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito
y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la
fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus
funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados
4.2.5 El Agente Investigador de la Policía Judicial
Policías Judiciales son aquellos miembros policiales que ayudan al Fiscal, en las
Investigaciones de Delitos. “Cuerpo independiente de la policía de seguridad cuya
46
función consiste en investigar las infracciones, reunir las pruebas de ellas y
entregar a los autores a los tribunales represivos (35).”La Policía Judicial es un
cuerpo auxiliar de la Fiscalía, integrada por personal especializado de la Policía
Nacional. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones contempladas en la
Constitución de la República, en este Código y el reglamento respectivo, según
los establece el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal. Mientras que en
el artículo 209, se encuentran enumerados los deberes y atribuciones de la Policía
Judicial que son:
1.) Dar aviso al Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia que
tenga sobre un delito de acción pública y bajo su dirección jurídica, aplicar todos
los medios y técnicas de investigación que se requieran para recoger evidencias
respecto de los actos presuntamente delictivos y de los posibles responsables,
conforme a lo dispuesto en el Capítulo de la Prueba Material, lo que incluirá
reconocer lugares, recoger y analizar resultados, huellas, señales, armas, objetos e
instrumentos, aplicando los principios de la cadena de custodia;
2.) Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el juez de garantías
penales;
3.) Proceder a la detención de las personas sorprendidas en delito flagrante, y
ponerlas dentro de las veinticuatro horas siguientes a órdenes del juez de garantías
penales, junto con el parte informativo para que el juez de garantías penales
confirme o revoque la detención de lo cual informará en forma simultánea al
Fiscal;
(Goldstein, 2010, pág. 432)
47
4.) Auxiliar a las víctimas del delito;
5.) Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma establecida en
este Código.
6.) Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la infracción, a
fin de que los peritos puedan reconocerlos y describirlos de acuerdo con la ley: y,
7.) Realizar la identificación de los procesados y enviar a la fiscal o el fiscal, el
registro de detenciones.
4.2.6 Los Derechos Constitucionales del Aprehendido o detenido en un Delito
Flagrante.
“Cuando una persona es detenida no pierde sus derechos, los conserva, porque
sigue siendo persona humana; por lo tanto, nadie puede irrespetarlo, tratando mal,
vejarlo o torturarlo (36).” Esta persona que es detenida la Constitución en su
artículo 77 numeral 4 le reconoce varios derechos que son “en el momento de la
detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a
permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de
una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí
mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique”,
cuando se trate de la detención de un extranjero deberá comunicarse
inmediatamente al representante consular. Estos derechos también se encuentran
tutelados en el artículo 7 de la Convención Americana sobre derechos humanos,
(Cueva, 2013, pág. 265)
48
en su numeral 4 establece: “Toda persona detenida o retenida debe ser informada
de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos
formulados contra ella”.
4.2.7 Prisión Preventiva
“Medida de seguridad adoptada por la autoridad judicial que entiende en el
asunto, a efectos de evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia
que, para ser decretada, requiere la existencia de semiplena prueba de haberse
cometido el delito que se imputa (37).” La prisión preventiva es una medida
cautelar procesal de carácter personal que el Juez de Garantías Penales dicta sobre
el o los Procesados, cuando se realiza la respectiva audiencia, en nuestra
legislación para que esta se pueda dar, se deben reunir los requisitos estipulados
en los artículos 167 y 168 del Código de Procedimiento Penal. “La prisión
preventiva es una medida cautelar, que nace del Juez competente y que limita la
libertad del imputado mientras se tramite el proceso, siempre y cuando se
cumplan ciertos presupuestos legales y constitucionales (38).”
4.2.8 Características de la Prisión Preventiva
Entre las características de la Prisión Preventiva encontramos las siguientes:
a) Facultativa.- Será ordenada por autoridad competente, que es el Juez que
conoce la causa.
(Goldstein, 2010, pág. 450) (Bustamante, 2013, pág. 329)
49
b) Motivada.- Según el Artículo 76 numeral 7 literal i) de la Constitución
toda resolución deberá ser motivada; no habrá tal motivación si en la
resolución no se anunciare normas o principios jurídicos en que se haya
fundado, y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho. Al resolver la impugnación de una sanción no se
podrá empeorar la situación del recurrente.
c) Revocable.- La orden de prisión preventiva solo podrá ser revocada por
el mismo Juez que la dictó. Esta orden es revocable en los siguientes
casos:
1. Cuando se hubieren desvanecido los indicios que la motivaron;
2. Cuando el procesado o acusado hubiera sido sobreseído o absuelto;
3. Cuando el Juez considere conveniente su sustitución por otra medida
preventiva alternativa; y,
4. Cuando su duración exceda los plazos previstos por la ley
4.2.9 Requisitos de la Prisión Preventiva
En el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, encontramos los requisitos
de la prisión preventiva:
1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública;
2. Indicios claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice del delito; y
3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a
un año.
50
4. Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado para
asegurar su comparecencia al juicio.
5. Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son
insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio.
4.2.10 Tiempo de la Prisión Preventiva
La prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses, en las causas por delitos
sancionados con prisión, ni de un año en delitos sancionados con reclusión. Si se
excediera esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la
responsabilidad del Juez que conoce la causa. Por lo cual cumplidos estos plazos,
se ordenará de forma inmediata la libertad, esto se encuentra normado en nuestra
Constitución en el artículo 77 numeral 9 y en el artículo 169 del Código de
Procedimiento Penal.
4.2.11 Medidas alternativas a la prisión preventiva
La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de
libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo
con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley, según lo
estipulado en el artículo 77, numeral 11 de la Constitución de Montecristi.
En la práctica por lo general el Juez de Garantías Penales, cuando caben medidas
alternativas a la prisión preventiva dicta las contempladas en los numerales 4 y 10
51
del artículo 160 Código de Procedimiento Penal, que son: La prohibición de
ausentarse del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juez de
garantías penales o ante la autoridad que éste designare. Sin embargo para que un
Juez de Garantías Penales pueda dictar una medida alternativa, el beneficiado de
esta deberá de presentar un soporte que permita verificar ciertos datos, como por
ejemplo presentar una planilla de servicio básico, escritura pública o contrato de
arrendamiento debidamente legalizado, a nombre de la persona a sustituir la
prisión, ya que en dicho documento se va a demostrar la dirección domiciliaria
exacta del procesado; mostrar certificado de honorabilidad, otorgados por
personas que conocen al imputado, exhibir un contrato laboral, con lo cual va a
demostrar que es una persona que trabaja, de ser posible presentar los certificado
de los tribunales de Garantías Penales en donde se aprecie que no tiene ninguna
causa penal pendiente o que haya sido enjuiciado anteriormente.
52
SUB-CAPÍTULO III
4.3.1. Sujetos procesales y partes procesales que interviene en un Delito
Flagrante.
Para el Doctor Jorge Zavala Baquerizo, es necesario diferenciar entre sujetos
procesales y partes procesales. “Los primeros son aquellas personas que de
manera principal, o accesoria, intervienen en la Constitución, y desarrollo del
proceso penal por ser titulares de una determina potestad, o por tener que cumplir
ciertas funciones particulares y eventuales referidas a un concreto objeto
procesal. Pero el concepto parte procesal es más limitado, pues solo es tal parte
aquella persona que muestra dentro del proceso un interés singular, sea para que
se estime la pretensión punitiva, sea para que se la desestime.(39)” “Los sujetos
procesales son las personas entre las cuales se constituye la relación procesal. De
la relación penal lo son el Ministerio Publico, el imputado y Juez (40)”. Dentro de
los sujetos procesales principales encontramos al Juez, Fiscal y el acusado,
mientras que los sujetos procesales accesorios lo componen aquellos
colaboradores y auxiliares entre los cuales hallamos al Secretario del Fiscal, los
testigos del hecho, los peritos encargados de realizar las diferentes pericias dentro
del proceso, el Agente Investigador, entre otros. Para el Doctor Zavala, desde el
punto de vista del proceso penal “son partes procesales el Fiscal y el Justiciable,
porque el primero exhibe la pretensión punitiva frente al acusado, y el segundo es
la persona frente a quien se exhibe dicha pretensión; por lo que queda fuera del
concepto parte procesal el Juez o Tribunal, los que siendo sujetos procesales
(Baquerizo, 2004, págs. 311 , 312) (Sierra, 2005, pág. 1058)
53
principales, no son parte procesal por carecer de interés particular dentro del
proceso (41)”.
4.3.2 El o la Juez de Garantías Penales
“Juez, persona que esta investida por el Estado de la potestad de administrar
justicia (42)”. El Juez de Garantías Penales, es el encargado de garantizar que los
derechos del procesado y ofendido no sean vulnerados, con lo cual da
cumplimiento a lo establecido en la Constitución del Ecuador y en los tratados
internacionales ratificado por nuestro País.
“Al Juez dentro del ámbito penal corresponde así el análisis de la eficacia del
sistema judicial en el ámbito del control social (43)”. Para Zavala Baquerizo “El
juez es el titular del órgano jurisdiccional penal. Su legitimación surge de las
normas constitucionales y legales (44)”. El Código Orgánico de la Función
Judicial en su artículo 8, establece Las juezas y jueces solo están sometidos en el
ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos
internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son independientes
incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial.
Al revisar el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 27 podemos encontrar
(Baquerizo, 2004, pág. 313) (Goldstein, 2010, pág. 337) (Santos, 2012)
54
que los Jueces o Juezas de Garantías Penales tienen competencia:
1. Para garantizar los derechos del procesado y del ofendido durante la etapa de
instrucción fiscal, conforme a las facultades y deberes de este código. De este
modo, el Juez o Jueza de Garantías Penales se transforma en Juez Constitucional,
para vigilar que se cumplan con las garantías establecidas en la Constitución y en
la Ley; asegurando un trato humano y digno durante el curso del proceso, es decir
haciendo prevalecer el principio de legalidad e inocencia, hasta que en la
sentencia ejecutoriada se lo declare culpable.
2. Para tramitar y resolver en audiencia en la fase de indagación previa y etapa de
instrucción fiscal, la adopción, exención, revisión, fijación de plaza y control de
necesidad de mantención de medidas cautelares;
3. Tramitar y resolver en audiencias las solicitudes de archivo procesal,
desestimaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones, condiciones al
procedimiento y conversiones;
4. Tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de acción privada;
5. Conocer y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia preparatoria;
6. Conocer y, de ser el caso, dictar correctivos en audiencia para subsanar posibles
violaciones o limitaciones a los derechos del procesado, en razón de actuaciones
ilegítimas de la fiscalía o policía;
7. Conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva de
elementos de convicción y otros documentos hasta que se efectúen ciertas
prácticas investigativas;
55
8. Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de los daños y
perjuicios causados, para garantizar la reparación de los ofendidos;
9. Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación económica; y,
10. Las demás previstas en la Ley.
Al revisar el numeral 6 del artículo antes señalado, se encuentra que el Juez es el
encargado dictar correctivos en audiencia para subsanar posibles violaciones o
limitaciones a los derechos del procesado, sin embargo, podemos aun observar
que en las Audiencias de Flagrancia, que cuando el Juez de Garantías Penales al
preguntarle al sospechoso si al momento de su detención le fueron leídos sus
derechos constitucionales, pese a que este responde que no, continua con el
desenlace de la Audiencia. Pues el Juez de Garantías Penales al tener
conocimiento de esto, inmediatamente antes de continuar con la misma, debería
de tomar el correctivo necesario para subsanar ese derecho fundamental
vulnerado, así evitar que este atropello y abuso cometido por los señores Policías
continúe presenciándose en todas las etapas del Proceso Penal.
En el Código Penal Colombiano, no se habla de Juez de Garantías Penales, sino
del Juez de Control de Garantías, al cual “le corresponde tomar medidas que
puedan incidir o afectar derechos fundamentales del sindicado, la víctima o
terceros relacionados con la investigación, a petición del Fiscal General de la
56
Nación o de sus delegados, mediante el mecanismo de las audiencias orales.
(45).”
4.3.3. Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado, es la Institución encargada de dirigir el ejercicio
de la acción penal, e interviene como parte acusadora en todas las etapas del
proceso penal en los delitos de Acción Pública, no tiene ninguna participación en
los delitos de acción privada. Según la Constitución del 2008, “la Fiscalía General
del Estado representa a la sociedad y está encargada de preservar sus derechos
fundamentales (46).”
Revisemos el 65 del CPP Funciones.- Corresponde al Fiscal el ejercicio de la
acción penal en los delitos de acción pública.
Además el Fiscal intervendrá como parte, durante todas las etapas del proceso
penal de acción pública.
No tendrá participación en los juicios de acción privada.
Es obligación del Fiscal, actuar con absoluta objetividad, extendiendo la
investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan
para descargo del imputado. El Catedrático Zavala Baquerizo no comparte este
criterio y más bien nos indica: “Los Fiscales no ejercen la acción penal. Su
Función es la de iniciar ex officio los procesos penales que tienen por objeto un
(Bolivar, 2009, pág. 197) (Fiscalia, 2013)
57
delito cuyo ejercicio de acción es de instancia oficial, o cuando se ha ejercido la
acción penal a través de la denuncia (47)”.
El Fiscal, según lo previsto en la Constitución y Código el Procedimiento Penal
dirige la investigación preprocesal y procesal penal, durante el desarrollo de la
misma, de encontrar elementos acusará al presunto infractor ante el juez de
garantías penales. En la práctica diaria aún se puede ver que Fiscales, habiendo
asumido un caso, sin ninguna prueba, sin existir denunciante al momento de la
Audiencia de Flagrancia, frente al Juez de Garantías Penales, solicita que al
sospechoso se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva, con lo cual se
hace caso omiso a lo establecido artículo 25 del CPP, que dice: el Fiscal de hallar
fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces de garantías
penales. Pero de alguna forma existe una complicidad del Juez, porque el mismo
al percibir que no existen elementos suficientes para dictar una prisión preventiva
debe dar una medida alternativa. La Fiscalía debe de tener una intervención eficaz
y activa dentro del proceso penal, desde que se asume el caso, pues su función
primordial debe centrarse en buscar las pruebas necesarias, que le permitan
solicitar ante un Juez de Garantías Penales la prisión preventiva del procesado y
posteriormente ante un Tribunal la condena del mismo.
En la legislación Colombiana “La Fiscalía General de la Nación, es quien tiene la
carga de la acusación y la carga de la prueba, con miras a destruir dentro de los
(Baquerizo, 2004, pág. 325)
58
marcos legales y a través de las pruebas legalmente obtenidas, la presunción o
estado de inocencia que se le reconoce a todos los imputados o procesados por
conductas consideradas punibles (48)”. En la ley Mexicana al Ministerio Publico:
“le corresponde cuidar, en general, de la legalidad, y en especial del respeto a la
Constitución. Aconsejar al gobierno en materia jurídica. Defender a la
colectividad de los ataques de los individuos, especialmente en materia delictiva
(49)”.
4.3.4. Sospecho, procesado o acusado
Nuestro Código de Procedimiento Penal en su artículo 70 nos dice: se denomina
procesado la persona a quien el Fiscal atribuya participación en un acto punible
como autor, cómplice o encubridor, y, acusado, la persona contra la cual se ha
dictado auto de llamamiento a juicio o contra de la cual se ha presentado una
querella. El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la
Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la
finalización del proceso.
4.3.4.1 Sospechoso
(Bolivar, 2009, pág. 186) (Sierra, 2005, pág. 668)
59
Sospechoso presunto culpable o responsable. (50) Es la persona sobre la cual
existe una duda sobre su inocencia.
4.3.4.2 Procesado
La palabra Procesado es nueva y aparece en el Código de Procedimiento Penal en
la última reforma de Marzo del 2009, pues jurídicamente el procesado aparece
cuando el Fiscal decide dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal y estará como tal
hasta que se ejecute el auto llamamiento a juicio que se haya dictado en su contra
por un Juez de Garantías Penales. Si de esos resultados de la Instrucción Fiscal, la
cual tiene una duración de hasta 30 días si es flagrante, se desprenden
presunciones graves y fundadas sobre la existencia de un delito y la participación
del procesado, el Juez de Garantías Penales puede dictar auto de llamamiento a
juicio este procesado el cual pasa a tomar el nombre de Acusado. Otro medio para
que este procesado se transforme a acusado, es cuando el ofendido presenta una
acusación particular siempre y cuando se trate de un delito de Acción Publica,
mientras que en los casos de acción privada se inicia como ACUSADO desde que
el ofendido presenta la acusación particular o querella ante un Juez de Garantías
Penales, después del respectivo sorteo.
4.3.4.3 Acusado
(Goldstein, 2010, pág. 553)
60
“El acusado en su acepción restringida, es el sujeto pasivo de la etapa llamada
juicio, que es donde se desarrolla el juicio de culpabilidad del justiciable (51).”El
acusado goza de algunos derechos los cuales se encuentran consagrados en la
Constitución y en el Código de Procedimiento Penal. En materia Penal de nuestro
vecino País Colombia, “el imputado adquiere el carácter de tal, desde el mismo
momento en que se le formula la imputación dentro de la Audiencia preliminar
correspondiente. Mientras que a partir de la presentación de la acusación ante el
Juez de conocimiento se convierte en acusado (52).”
4.3.5. El ofendido
Sujeto pasivo de la acción u omisión punible (53). “Es la persona titular del bien
jurídico lesionado por la conducta del agente del delito (54)”. “Personas naturales
o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan
sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto (55)”. Para Juventino
Castro “el Ofendido por el delito es el sujeto paciente del acto ilícito (56)”.
Jurídicamente en nuestra legislación el ofendido goza de algunos derechos, los
mismos que se encuentran establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Penal que dice: El ofendido tiene derecho:
1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular;
(Baquerizo, 2004, pág. 313) (Bolivar, 2009, pág. 190) (Goldstein, 2010, pág. 403)
(Baquerizo, 2004, pág. 342) (Bolivar, 2009, pág. 193) (Castro, 2006, pág. 134)
61
2. A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación preprocesal y de la
instrucción;
3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere
conocido, aun cuando no haya intervenido en él;
4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del agente de
la Fiscalía, en los casos siguientes:
a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue
solicitada;
b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad
investigativa;
c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o la
conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba; y,
d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las obligaciones del
Fiscal;
5. A solicitar al juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de quince
días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción. Para el
ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto previamente la queja a la
que se refiere el numeral anterior y, que ésta no hubiere sido resuelta en el término
de quince días;
62
6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el Fiscal, el
juez de garantías penales y el tribunal de garantías penales adopten para ello los
arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del imputado; y,
7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia
condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya propuesto o no
acusación particular.
4.3.6. La Defensoría Pública
La Defensoría Pública en su página web, nos hace apreciar que su misión es
defender gratuitamente a las personas en estado de indefensión, garantizando su
acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos humanos. Al
estudiar nuestra Constitución en el artículo 191 encontramos que establece lo
siguiente: La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial
cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por
su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan
contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. La
Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y
gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en
todas las materias e instancias. La Defensoría Pública es indivisible y funcionará
de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera;
estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y
contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a
las de la Fiscalía General del Estado. Al revisar el C.P.P. vemos en el artículo 74
63
que la Defensoría Pública Nacional tendrá su sede en la Capital de la República y
competencia en todo el territorio del país: y, se encargará del patrocinio de los
imputados que no hayan designado defensor. Así mismo el Artículo 78 del mismo
cuerpo legal establece que El defensor público está obligado a actuar hasta el
momento en que el procesado designe su defensor privado y éste asuma el cargo.
El defensor privado podrá renunciar a la defensa pero deberá continuar actuando
hasta el momento de ser legalmente reemplazado.
Para mi criterio, es importante revisar el artículo 77 del Código de Procedimiento
Penal, ya que en el mismo se detalla la vigencia del nombramiento de defensor
público, el mismo que textualmente dice: “El defensor público deberá intervenir
hasta la finalización del proceso, sin perjuicio del derecho del procesado a
sustituirlo. El procesado debe ser instruido sobre su derecho a elegir otro
defensor”. Sin embargo en la práctica, esta norma no se cumple, ya que
actualmente en la Defensoría Pública asignada al Cuartel Modelo y que integran
la Nueva Unidad de Flagrancia, se encuentran divididos en dos clases: la primera
de ellos Abogados para delitos flagrantes y los segundos Abogados Públicos de
Procesos, es decir cuando un sospechosos detenido en Delito Flagrante al
momento de realizarle la Audiencia de Calificación de Flagrancia, es asistido por
un Defensor Público que se encuentre de turno, el mismo que lo representa en esa
audiencia y su intervención termina cuando el Fiscal culmine de receptar la
versión libre y voluntaria al procesado, posteriormente el patrocinio de este
imputado es trasladado a un Defensor Público de procesos. Para el Doctor Zavala
Baquerizo, “El defensor público, no es ni sujeto procesal, ni parte procesal y su
64
misión se limita a representar al sujeto pasivo del proceso que no ha nombrado un
defensor particular (58)”. En la ley No. 29360 vigente desde el 01 de Enero del
2010, que opera en el vecino País de Perú, establece que el “Servicio de Defensa
Publica tiene la finalidad de asegurar el derecho a la defensa proporcionando
asistencia y asesoría legal gratuita, a las personas que no cuenten con recursos
económicos y en los casos que la ley expresamente así lo establezca. (59)”
(Baquerizo, 2004) (Toma, 2013, pág. 1075)
65
SUB-CAPÍTULO 4
4.4.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada y proclamada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre de 1948, fue
reconocida por 58 países miembros que constituyen los cuatro quintos de la
población mundial. Pese a que el mundo estaba dividido y existían ideologías
opuestas, sistemas políticos, sociales y económicos diversos, se llegó a un
consenso que permitió calificar universalmente a una serie de criterios que
distingue a lo que hoy llamamos derechos humanos. La declaración universal de
los derechos humanos constituye el reconocimiento mundial de los derechos del
hombre y se convirtió en la piedra angular sobre la cual la Organización de
Naciones Unidas ha elaborado todo un sistema de promoción y protección de los
derechos humanos. Uno de los principios más destacado en esta declaración, es
que “no se puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de
la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos
civiles y políticos, que en conjunto constituyen los derechos humanos”. “Los
derechos humanos aparecen como expresión de reconocimiento y compromiso de
respeto y promoción en los tratados internacionales (59).”
En 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas, consagro su protección
internacional por medio de tres convenciones o tratados, como son:
(Toma, 2013, pág. 8)
66
a) Pacto Internacional de derechos civiles y políticos;
b) Protocolo facultativo de dicho pacto;
c) Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
En lo que respecta a esta investigación debo de destacar dos de los más importante
artículos de la declaración de los derechos humanos: El Art. 8 establece: “Toda
persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o la Ley”. Así como también su artículo 11 que
dice: “ Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio
público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su
defensa.
Los Derechos Humanos que es una declaración universal a los derechos del
hombre, establecen las obligaciones que deben de cumplir los Estados en adoptar
medidas positivas para facilitar la protección de los derechos humanos. Los
Estados al formar parte de los tratados internacionales asumen deberes y
obligaciones en virtud del derecho internacional. La obligación de respetar
supone que los Estados miembros deben de abstenerse de restringir los derechos
humanos o de interferir en su realización. “La protección de los derechos humanos
pretende establecer los diversos mecanismos o instrumentos procesales que
afirmen su vigencia. Ello se refleja a través de diversos procesos constitucionales
que existen en cada sistema de jurisdicción constitucional.”
67
Los derechos humanos reconocidos actualmente tienen las siguientes
características:
Irrenunciables: Ninguna persona puede renunciar a ellos bajo ninguna
circunstancias.
Inalienables: Es decir que no pueden enajenar.
Intransferible: Cada persona dispone de sus propios derechos por el hecho de ser
persona y sus derechos no pueden ser dados o transferidos a otra.
Ilimitables: No se admiten las restricciones o el menoscabo de ninguno de los
derechos fundamentales reconocidos como derechos humanos.
4.4.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esta fue adoptada en 1966, en la misma se enuncian una gran diversidad de
derechos, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la
persona; el derecho a no ser sometido a las torturas, ni a los tratos, y el derecho a
no ser sometido a la esclavitud. Este pacto también comprende los derechos
relacionados con la detención, el encarcelamiento y los procedimientos judiciales;
a la libertad se asociación, de expresión y de religión; al matrimonio; a la no
injerencia en la vida privada, y a la participación en los asuntos públicos así
mismo permite la protección legal internacional de los derechos y libertades
fundamentales, contenidos en su texto mediante las comunicaciones estatales y las
comunicaciones individuales y de su trámite se encarga el Comité de Derechos
Humanos. Es necesario señalar que los Estados que han ratificado el Pacto
68
Internacional de Derechos Civiles y Políticos están obligados a hacer respetar
todos los derechos sin discriminación, basada en raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, esto incluye
también el deber del Estado de proteger a la población de los abusos de estos
derechos que cometan ciudadanos particulares. Entre los derechos tutelados en
este Pacto podemos encontrar:
Integridad Personal
• Derecho a la vida (art. 6)
• Prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7)
• Prohibición de la esclavitud (art. 8)
Libertad
• Derecho a la seguridad (art. 9.1)
• Derecho a no ser sometido a detención o prisión arbitraria (art. 9.2 y 9.3)
• Derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y
con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (art. 10)
• Prohibición de la expulsión arbitraria de extranjeros que se hallen legalmente en
el territorio del Estado (art. 13)
Justicia
• Derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (art. 14.1)
• Un conjunto detallado de derechos relativos a un juicio con las debidas garantías
(art. 14)
• Derecho a medidas de protección especiales para los menores (art. 24)
69
• Derecho a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley (art. 26)
4.4.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José
de Costa Rica.
La admisión de la Convención Americana sobre derechos humanos, se constituyó
en un hecho histórico para el desarrollo de la Institucionalidad del sistema de
protección de los derechos humanos en el Continente Americano. El 22 de
Noviembre de 1969, doce países de la región suscribieron en San José de Costa
Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como
“Pacto de San José”, la misma que entro en vigencia el 18 de julio de 1978, en
donde se dio creación e inicio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
cual se constituía en un órgano de protección junto a la ya existente Comisión
Internacional de Derechos Humanos. El Pacto de San José, siguió el modelo
Europeo en una medida importante, siguiendo al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y al Convenio Europeo sobre derecho y libertades
fundamentales.
4.4.3.1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en el año de 1959, es
un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos,
encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente
Americano. En el artículo 34 de la Convención Americana se establece que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros,
70
que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en
materia de derechos humanos. Su función principal es la de promover la
observancia y la defensa de los derechos humanos en toda América.
4.4.3.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un órgano judicial de la
Organización de los Estados Americanos, que goza autonomía frente a los demás
órganos, que entro en funcionamiento en el año de 1978, con sede en Costa Rica,
está conformada por siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la
Organización, elegidos a título personal entre Juristas de la más alta autoridad
moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, los mismos
serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados
partes de la Convención. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier
caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta
Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan
reconocido o reconozcan dicha competencia (60).
4.4.3.3 Derechos Humanos en el Ecuador
En el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de Ecuador establece, “El más
alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos
que garantiza esta Constitución”. En la actualidad los derechos humanos están
(Humanos C. I.)
71
garantizados por la Constitución y la Ley y avalados por los distintos tratados
internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano.
En nuestro País existen dos organizaciones no gubernamentales de gran relevancia
que velan por el respeto a los derechos humanos como son la Asociación
Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) y la Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos (CEDHU), las cuales se encargan de respaldar a las víctimas
de atentados contra los derechos civiles y políticos y precautelar estos derechos.
Así también tenemos al Ministerio del Ambiente, el cual tiene como principal
misión la protección de los derechos difusos, es decir aquellos que tienen que ver
con la protección del medio ambiente y el derecho de la población a vivir en un
ambiente no contaminado. Estos tres pilares de protección y respaldo dan la pauta
para la lucha y defensa de los derechos de las personas y de los ciudadanos, en
cuanto a derechos civiles y políticos.
Debo señalar que por encima de la ley y del derecho en nuestro País, en algunas
ocasiones las violaciones a los derechos humanos se producen de diferentes
formas y desde distintas esferas, por parte del gobierno al no asignar el
presupuesto suficiente y de manera oportuna para la salud, educación, para el
sistema penitenciario, entre otros; también provienen de la Policía Nacional al
agredir y maltratar a los sospechosos que son detenidos en un delito flagrante; de
los Jueces de Garantías Penales, al no dictar sentencias motivadas y adecuada para
cada caso, al aplicar de manera excesiva la prisión preventiva cuando esta es de
carácter excepcional y también vemos la participación del ciudadano común que
72
ha perdido el respeto a la vida y a la propiedad de las otras personas, lo que ha
originado la proliferación de robo, asesinato, violaciones, secuestro, entre otros.
73
CAPÍTULO V
5. Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones
Podemos concluir el presente trabajo investigativo diciendo que es sumamente
importante no olvidar nunca que la protección de los derechos humanos está
garantizada por el Estado ecuatoriano nacional e internacionalmente desde antes
de 1984. Por tal razón, las violaciones de derechos fundamentales que han sido
objeto de investigación en el presente trabajo, constituyen conductas y actos
repudiados y prohibidos tanto por la Constitución de la Republica como por las
normas de Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos. Al efecto la
Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “el Estado no podrá
argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio non bis in
ídem, así como cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de
su deber de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de los
derechos fundamentales del hombre”.
Es necesario considerar que el Estado ecuatoriano se funda con la nueva
constitución en nuevos valores-derechos, que se consagran en esta Carta Magna y
se manifiestan institucionalmente a través de la creación de mecanismos de
democracia participativa, del control político y jurídico en el ejercicio del poder;
y, sobre todo a través de la consagración de un catálogo de principios y de
derechos constitucionales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento
de la organización política de nuestro país.
74
El Estado de Justicia se caracteriza, entre otros factores, por leyes justas,
necesarias, bien escritas, eficaces, con sanciones proporcionadas al hecho ilícito
tipificado y que sean acatadas por la sociedad en su conjunto, esto quiere decir,
que no sean draconianas ni débiles, innecesarias, difíciles de entender o confusas,
simbólicas o de imposible cumplimiento. Por esa razón se señala que el anhelo de
todas y todos los ecuatorianos de una justicia responsable, al alcance de cualquier
persona y colectividad sin distinciones o discriminación de ningún tipo sino
efectiva y eficiente, participativa, transparente y garante de los derechos, pese a
ello, lamentablemente, en nuestro medio aún podemos ver que los agentes
aprehensores, policías, no le dan a conocer sus derechos constitucionales a aquél
que es detenido en delito flagrante, quizá porque lo llegan a considerar un
enemigo y por ello, a su juicio no merece disfrutar ni siquiera parcialmente de los
beneficios que enmarca el concepto persona, llegando está a ser tan solo una de
las muchas formas de vulneración de derechos a los que son sometidos los
individuos. Otra firma de vulneración es aquella que se refleja en versiones libres
y voluntarias o testimonios rendidos sin que el interrogado cuente con un
abogado, partes policiales en los cuales el acápite de los derechos
constitucionales, no están debidamente firmados por el sospechoso pues éste se
niegan a firmarlo porque nunca se le leyó sus derechos constitucionales al
momento de la detención o aquellos certificado médicos legales que dan cuenta
del maltrato y tortura al que fueron sometidos y lo más lamentable es que tanto
Jueces, Fiscales, y Defensores Públicos o Privados no hacen nada al respecto por
temor a crear inseguridad jurídica en el sospechoso o imputado en un proceso
75
pese a que estas son alegadas por los abogados defensores de la parte acusada en
la Audiencia de Flagrancia y Formulación de Cargos.
5.2. Recomendaciones
Los miembros policiales actualmente forman parte del Ministerio del Interior y
por ello se hace necesario insistir en que se los acápite de una manera adecuada, a
fin de que no vulneren los derechos de las personas detenidas por la presunta
participación en un delito. Efectivamente, en el desarrollo del presente trabajo
investigativo hemos podido observar cómo paso a paso, en el momento de la
detención de una persona, se violan sus derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente; y, esa es la razón por la que sugiero ciertas reformas, que
deberían ser consideradas dentro de nuestra normativa penal, esto es, que si al
momento de la detención de un ciudadano, no le son leídos sus derechos
constitucionales, esa detención sea declarada ilegal, así mismo que toda versión o
testimonio libre y voluntario receptado sin la asesoría de un abogado, no sea
considerada como prueba válida dentro del proceso si es que el abogado público o
privado, la firmó posterior a rendir su declaración. De igual manera los jueces,
que son garantistas de los derechos de las personas, velen porque estos no sean
vulnerados y al momento que tengan conocimiento de la violación de uno o más
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, como son el derecho a
la defensa, la asesoría legal, entre otros, procedan a sancionar como corresponde a
los responsables de dicha vulneración y sentar de esa manera un precedente para
omisiones futuras, que tanto defensores públicos como privados presenten sus
76
respectivos reclamos en cuanto existan indicios de vulneración de los derechos de
su defendido, sea al momento de su detención o dentro de las diferentes etapas del
proceso. Finalmente recomiendo que todos y cada uno de nosotros como
ciudadanos libres ayudemos a que cesen estas vulneraciones de derechos
denunciando oportunamente y ante la autoridad correspondiente al o los
responsables de las mismas.
77
5.3 Bibliografía
Bibliografía Arduino, I. (2007). La Justicia Penal. Buenos Aire-Argentina: Capital Intelectual.
Arduino, I. (2007). La Justicia Penal, entre la Impunidad y el Cambio. Buenos Aires:
Capital Intelectual.
Baquerizo, J. Z. (2004). Tratado de Derecho Procesal Penal (tomo 2 ed.). Guayaquil:
Edino.
Bolivar, C. E. (2009). Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio. Colombia: ediciones
nueva juridica y ediciones radar.
Bustamante, C. (2013). Nueva Justicia Constitucional. Quito: Editorial Juridica del
Ecuador.
Cabanellas, G. (2008). Diccionario enciclopedico de derecho usual (30ava. ed.).
Argentina: Elianista srl.
Carnelutti, F. (2005). El Delito. Bogota-Colombia: Leyer.
Castro, J. C. (2006). Amparo y derecho constitucional. Mexico: Oxford.
Cavero, P. G. (2012). Derecho Penal (Parte General). Lima-Peru: Jurista Editores.
Constitucion. (2008). Carta Magna. Montecristi: Lexis.
Cruz, G. E. (2013). Constitucion y Procesos Constitucionales. Peru: Adrus D&L Editores
S.A.C.
Cueva, L. (2013). El debido proceso. Ecuador: Cueva Carrion.
Egas, J. Z. (2009). Apuntes sobre Neoconstitucionalismo, acciones de proteccion y
ponderacion, acciones de protecion y proceso constitucional.
Fiscalia. (Febrero-Marzo de 2013). Fiscalia Ciudadania. Fiscalia Ciudadania, 08.
Goldstein, M. (2010). Diccionario Juridico Consultor Magno. Colombia: Cadiex
Internacional.
Hassemer, W. (2010). Criticas al derecho penal de hoy. (P. Ziffer, Trad.) Bogota-
Colombia: Universidad Eternado de Colombia.
Hassemer, W. (2010). Criticas al derecho penal de hoy. Bogoto-Colombia: Universidad
Externado de Colombia.
78
Humanos, C. d. (s.f.). Derechos Humanos. Recuperado el 25 de noviembre de 20120, de
http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html
Humanos, C. I. (s.f.). Organizacion de los Estados Americanos. Recuperado el lunes de
julio de 2013, de http://www.oas.org/es/cidh/: http://www.oas.org/es/cidh/
Kai Ambos, t. d. (2010). Derecho Penal del Enemigo. Bogoto-Colombia: Universidad
Externado de Colombia.
Osorio, M. (1990). Diccionario de Ciencias Juridicas. Argentina: Helianista srl.
Pasquel, D. A. (2009). La Prueba Ilicita. Quito: CEP.
Penal, C. P. (2008). Cod. Proc. Penal. Ecuador: Ediciones Legales.
Sanchez, M. C. (2009). Libro derecho y humanidades,. Lima: issn 0716-9825,2011.
Santos, B. d. (2012). Sociologia critica de la Justicia, derecho y emancipacion. Quito:
V&M Graficas, centro de estudio y difusion del derecho constitucional.
Sierra, H. B. (2005). Derecho Procesal. Mexico: Oxford.
Toma, V. G. (2013). Derechos Fundamentales (segunda ed.). Peru: Adrus.
Valenzuela, J. A. (2012). El Juez Penal, principios, deberes y estandares probatorios en la
decision judicial. Peru: Ara Editores.
Zavala, D. J. (2002). El debido proceso penal. Quito: Edino.
79
Anexos
80
Anexo 2
Acta de Audiencia
81
Anexo 3
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.