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1 Relatoría: DIÁLOGOS POLÍTICOS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, UAEM

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

Relatoría:

DIÁLOGOS POLÍTICOS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA

Ciudad Universitaria, 15 de mayo de 2014.

Auditorio “Gral. Emiliano Zapata Salazar” de la UAEM


ÍNDICE

1. Documento de introducción

2. Dinámica y formato

3. Palabras de Bienvenida

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM.

4. Aproximación conceptual y delimitación de las condiciones que

determinan y exacerban el fenómeno de la inseguridad y sus

consecuencias.

Dr. Javier Oliva Posada, Presidente del Consejo Directivo del

Patronato de la UAEM

5.- Los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana.


6.- Relatoria de las mesas de Diálogo

a) Mesa 1

Participantes: Diputados, senadores federales y ciudadanía

b) Mesa 2

Participantes: poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo y ciudadanía

c) Mesa 3 Participantes: Presidentes Municipales y ciudadanía

d) Mesa 4 Participantes: Partidos políticos y ciudadanía


7.- Cierre de los Diálogos políticos por la seguridad ciudadana

8.- Anexos

− Bibliografía

− Registro asistentes

4. Documento de trabajo

5. Resumen de propuestas

6. Ponencias escritas escaneadas


1.- Introducción


1.- Introducción

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del Consejo Universitario, decidió emplazar a los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana, con el objetivo de que los funcionarios y representantes populares de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, asumieran una posición respecto del problema de la inseguridad; pero también, para asumir compromisos concretos a partir de los cuestionamientos, críticas y propuestas que hiciera la ciudadanía.

En general, aquellos actores políticos que asistieron, se comprometieron a escuchar a la ciudadanía. Aunque es evidente que eso no implica ninguna obligación a cumplir con lo que se les propone. La participación de representantes de la sociedad civil organizada y no organizada, fue nutrida y las propuestas de lo más variado, tanto que algunas de ellas se contraponen entre sí.

Por ejemplo, se presentaron propuestas como la demanda formal al titular del Ejecutivo federal para que se nombre un “comisionado especial” que dependa de la Secretaría de Gobernación, como ha ocurrido con los casos de Michoacán y Tamaulipas; mientras que otros, demandaron la desaparición de la estrategia del Mando Único policial; en tanto que presidentes municipales aseguraron que sí funciona la estrategia.

Hubo propuestas muy generales o abstractas, como la construcción de espacios para el diálogo entre la comunidad universitaria y la ciudadanía, así como compromisos como la construcción de políticas públicas para “reconstruir el tejido social”, así como para “apoyar a los jóvenes”.

Hubo otros muy concretos, como los programas de vecinos vigilantes y comunitarios, mismos que aquellas personas que los presentaron brevemente, aseguraron que estaban teniendo resultados en sus comunidades.

Lo que se desprende de este documento-memoria del primer foro de los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana es que la sociedad morelense tiene un enorme hartazgo por la situación que padece diariamente y que necesita espacios de expresión del dolor, así como respuestas inmediatas que, por una parte, detengan o disminuyan la intensidad de los delitos; y por otra, reparen la situación de miles de víctimas que se han producido por esta situación de guerra que atraviesa el país.


Pero además, existe una enorme disposición, no solamente a hablar, criticar y proponer, sino también a participar. No es ya una sociedad pasiva que se encierra en sí misma, mientras la clase política-gobernante hace de las suyas. Es más bien una sociedad dispuesta a tomar las calles, pero también a construir propuestas serias y compromisos concretos.

El camino por recorrer es largo, pero hay una sociedad dispuesta a construir propuestas, a presionar para que las autoridades tomen compromisos concretos y participar en las iniciativas que se establezcan de manera conjunta. La UAEM se convirtió en la casa de resonancia y existe una enorme identificación y respeto por las propuestas que desde aquí se generen, creen o establezcan.

Ahora viene el proceso más diíficil, mantener un proceso de diálogo amplio, incluyente y que permita el avance de propuestas claras y que alcancen a todos los actores, respetando sus particularidades. Pero además, evitar el desgaste que ocurre con procesos de esta naturaleza, para que se llegue a buen puerto. La voz es de la UAEM, la palabra de toda la sociedad morelense.


2.- Dinámica y formato


2.- Dinámica y formato.

En un primer momento, el Consejo Universitario, a través de su Presidente, dará un mensaje de bienvenida expresando los motivos sociales que nos llevan a reconocer nuestra co-responsabilidad ante el problema de la inseguridad. En un segundo momento, el Consejo Universitario, a través de un reconocido académico, presentará un documento base, en el cual se propone una aproximación conceptual y una delimitación al fenómeno de la inseguridad. En un tercer momento, en espacios secuenciales, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los legisladores federales, presidentes municipales y los partidos políticos con registro en el estado, expresarán y argumentarán su posicionamiento y compromisos a asumir frente al contenido del documento presentado. Cada actor político dispondrá de no más de diez minutos para expresar lo solicitado en el formato. Al final de cada uno de los cuatro bloques, la ciudadanía presente hará los señalamientos que considere necesarios y pertinentes. En un cuarto y último momento, se presentará la relatoría de la sesión y se definirá la agenda para continuar los diálogos con la ciudadanía para integrar las propuestas que contribuyan a la reconstrucción del tejido social en el horizonte de una sociedad más justa, incluyente y democrática.

PROGRAMA 8:00 hrs. Registro de asistentes. 9:00 hrs. Sesión del Consejo Universitario. PRIMER MOMENTO 10:00 hrs. Inicio. Apertura Rector de la UAEM. Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez (10 minutos). Lo acompañan: Secretario del Consejo, Colegios, Sindicatos, FEUM, Presidente del Patronato, Presidente de la Junta de Gobierno.


SEGUNDO MOMENTO 10:10 hrs. Presentación del Diagnóstico preparado por la UAEM. Dr. Javier Oliva Posada. Presidente del Patronato Universitario (20 minutos). TERCER MOMENTO Moderador: Lic. Mario Caballero Luna. 10:30 Posicionamiento y compromisos del Grupo 1: Legisladores Federales (12 personas: 60 minutos). Participaciones ciudadanas (10 minutos) 11:40 Posicionamiento y compromisos del Grupo 2: Poder Ejecutivo. 10 minutos. Poder Judicial. 10 minutos. Poder Legislativo (cinco fracciones/cinco personas). 5 minutos por persona. Hasta 30 minutos en total. Participaciones ciudadanas (10 minutos) 12:40 a 12:50 RECESO 12:50 Posicionamiento y compromisos del Grupo 3: Presidentes Municipales (cinco personas: 5 minutos cada uno. Hasta 25 minutos en total). Participaciones ciudadanas (10 minutos). 13:25 Posicionamiento y compromisos del Grupo 4: Representantes de Institutos Políticos (ocho personas: 5 minutos cada uno. Hasta 40 minutos en total). Participaciones ciudadanas (10 minutos). CUARTO MOMENTO 14:15 Cierre Presentación de la relatoría de la sesión y definición de la agenda para continuar los Diálogos con los ciudadanos, derivado de los posicionamientos y compromisos de los actores políticos.


3.- Palabras de Bienvenida a los

Diálogos Polítcos por la Seguridad Ciudadana.

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM


3.- Palabras de Bienvenida a los Diálogos Polítcos por la Seguridad Ciudadana. Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM.

Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Voy a pedirles guardemos un minuto de silencio por todas las victimas de nuestro Estado en especial por nuestros colegas universitarios. Una Universidad socialmente responsable, como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es aquella que se apropia de la problemática real y sentida de la sociedad a la que pertenece y hace de ella el objeto de su reflexión. Hoy a los mexicanos y a los morelenses lo que más nos preocupa es el tema de la seguridad. Hoy a los mexicanos y a los morelenses lo que más nos polariza es el debate en torno a la manera en la que debe enfrentarse el tema de la seguridad de los ciudadanos. Hoy a los mexicanos y a los morelenses la violencia visible, la violencia cotidiana, la que cobra victimas visibles e invisibles, nos duele, pero sobre todo nos afecta en la convicción de que un mundo fraterno, solidario, generoso, justo, respetuoso de la dignidad de la persona humana, es posible. Y precisamente porque a los morelenses nos preocupa, nos polariza, nos duele y nos afecta la inseguridad en la que nuestro país y nuestro estado están inmersos, es que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de su máxima autoridad colegiada, el Honorable Consejo Universitario, ha convocado a estos diálogos políticos por la seguridad. No es una ocurrencia de ahora, no es un afán de protagonismo en la coyuntura, es una preocupación profunda de los universitarios, porque los universitarios sabemos, que nos debemos a la sociedad, de la que somos parte. No estamos ni inventando, ni descubriendo el hilo negro, en la historia de la humanidad es claro que el diálogo es la condición de posibilidad para que los seres humanos conquistemos nuevas realidades. Y hoy de cara a la inseguridad, de cara a la violencia, de cara a la descomposición social, que corroe el tejido social, de cara a la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, de lo que se trata es que mirándonos a los ojos todos los actores sociales, intercambiemos nuestra palabra y conquistemos nuevas realidades.


El Estado no es solo la sociedad política, no es solo el gobierno, el Estado es una interrelación que puede ser virtuosa, de sociedad política y de sociedad civil. Y precisamente porque el honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene la firme convicción de que en Morelos esa interrelación puede y debe de ser virtuosa es que convocamos a estos diálogos políticos por la seguridad.

“Las palabras son inciertas y dicen cosas inciertas, pero digan esto o aquello, nos dicen.” afirma Octavio Paz.

Hoy el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de cara a los morelenses, de cara a los mexicanos, de cara a la humanidad, invita a los actores políticos, a los actores sociales, a pronunciar su palabra respecto a la inseguridad y a la convivencia social y que en ese pronunciar nuestra palabra nos digamos todas y todos.

Es un imperativo hoy, decirnos con claridad, con honestidad, con generosidad y es un imperativo porque como bien lo consigna el saber popular: “hablando se entiende la gente.”

Hoy, insisto, de cara a la problemática de inseguridad que nos lastima profundamente, de cara a la violencia que nos arranca partes de nosotros mismos, de cara al miedo y a la zozobra que sentimos, los ciudadanos debemos de dar un paso al frente y ocupar la plaza pública para enriquecerla, para poblarla con nuestro decir y nuestro saber y exigir que ese decir y ese saber se conviertan en políticas públicas.

Los atentados contra la vida, la seguridad, el bienestar, el patrimonio y la dignidad de las personas y, en general, contra los derechos humanos, son hechos sociales y políticos cuyas causas y efectos no son aislados, ni excepcionales, ni se dan fuera del contexto en el que se reproducen y sobre el cual inciden. Conformamos una sociedad donde aún no se funda sólidamente la democracia, donde reina una desigualdad inconcebible, donde los excluidos de los beneficios sociales y políticos son la mayoría de la población. La vivencia del sufrimiento causado por la injusticia, la inseguridad y la violencia de todo tipo, es tragedia cotidiana en nuestro Estado de Morelos. La vivencia del daño injustificado es nuestra experiencia cotidiana del mal radical. Asesinatos, secuestros, robos, asaltos, son manifestaciones visibles de esta experiencia que, en su explicación más profunda, está articulada a la pobreza, al hambre, al desempleo, a la falta de expectativas que, en general, laceran a la mayoría de la población. Frente a este dramático escenario, es que el Consejo Universitario de la UAEM ha emplazado a los actores políticos de la comunidad morelense a un diálogo político, democrático y participativo, abierto a la sociedad, orientado a la búsqueda


colectiva de solución a este terrible mal, en el horizonte de contribuir a la construcción de un nuevo proyecto de estado con justicia social, libre de la inseguridad y la violencia.

El diálogo político es el punto de partida de un proceso de construcción colectiva en el cual esperamos que los ciudadanos jueguen un papel central. Se trata de devolverle a la ciudadanía su protagonismo en la construcción de políticas públicas y en la transformación de la sociedad. Es decir, de reconocerle al ciudadano su capacidad de contribuir a la construcción de nuevas formas de gobierno, democráticas y representativas, y de instituciones renovadas que propicien la reconstrucción del tejido social y del ideal comunitario de vivir en paz, con libertad y justicia social.

“En la medida en que la sociedad civil participe en el debate sobre el diseño y la ejecución de la política pública en materia de seguridad nacional podrá ser corresponsable de esta –afirma el Plan Nacional de seguridad Nacional- al participar en la definición de las prioridades de seguridad nacional la sociedad tendrá mayor certeza de que el gobierno de la república actúa para su beneficio con respeto absoluto a los derechos humanos”.

Por su parte el Programa Nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia establece que para potenciar el impacto de programas, proyectos y acciones es indispensable diseñar e implementar esquemas de participación y corresponsabilidad ciudadana.

Se trata sin lugar a dudas de dos mandatos normativos que enmarcan estos diálogos políticos por la seguridad ciudadana en Morelos.

En este contexto, los “Diálogos políticos por la seguridad ciudadana” que estamos iniciando tienen como propósito: revisar, de cara a la ciudadanía, la estrategia de seguridad implementada en el estado de Morelos en función de tres cuestiones fundamentales: 1) una aproximación conceptual y la delimitación de las condiciones que determinan y exacerban el fenómeno de la inseguridad y sus consecuencias; 2) las transformaciones estructurales que son determinantes para que se garantice un Estado Social de Derecho que favorezca la seguridad integral, y 3) la aproximación a una agenda de auténtica participación ciudadana para la definición de políticas públicas

Lo anterior es el inicio de un proceso cuya finalidad es reorientar las políticas y estrategias para la reconstrucción del tejido social; un proceso que permita recuperar la comunidad perdida, pero superándola.


4.- Aproximación conceptual y delimitación de las condiciones que determinan y exacerban el fenómeno de la inseguridad y sus

consecuencias. Dr. Javier Oliva Posada, Presidente del Consejo Directivo del Patronato de la UAEM


4.- Aproximación conceptual y delimitación de las condiciones que determinan y exacerban el fenómeno de la inseguridad y sus consecuencias.

Dr. Javier Oliva Posada, Presidente del Consejo Directivo del Patronato de la UAEM

I. Delimitación de la problemática. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, aplicada a una muestra representativa de personas mayores de 18 años en el ámbito nacional y de las entidades federativas del país, reporta que a la pregunta sobre los temas que generan mayor preocupación entre los encuestados, el 57.8 % a nivel nacional, contestó que lo que les genera mayor preocupación es la inseguridad. En el ámbito estatal, en Morelos el 63.9% de los entrevistados respondieron que es la inseguridad lo que les genera mayor preocupación (INEGI, 2013). El segundo tema que más preocupa a los entrevistados, tanto en el ámbito nacional como en el estatal, es el desempleo. En el caso nacional, es al 46.5% y en el estatal al 51%.

Destacó que entre la primera preocupación, la relativa a la inseguridad y la segunda, la relativa al desempleo, hay una diferencia a nivel nacional de 11.3 unidades porcentuales y en el caso estatal de 12.9. Ello es relevante, porque nos da una idea exacta de la centralidad que hoy tiene, para los mexicanos y para los morelenses, el tema de la inseguridad.

Esa centralidad inevitablemente nos remite a la visión clásica del Estado de los planteamientos hobssianos sobre el estado de naturaleza y el sugimiento del contrato social.

Esta postura clásica ha dominado la conformación de los Estados Nación liberales. Quienes han estudiado la génesis del Estado nos recuerdan siempre que, en las agrupaciones más primitivas, en las comunidades originarias, es la seguridad lo que lleva al hombre a unirse con otros de la misma especie. Otra manera de narrar esta misma historia es la que nos dice que los hombres, los seres humanos, en aras de tener condiciones de seguridad que hagan viable la conquista de nuestro bienestar, suscribimos un pacto en el que renunciamos a parte de nuestra libertad, a cambio de que ese ente, llamado Estado, que nace precisamente de y por la suscripción de ese pacto, nos brinde seguridad.


En esta narrativa surgen las tesis de Max Weber sobre la dominación y en particular su concepto de Estado como “… aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”.

En la visión de Weber (1964), la clave está en “el monopolio de la violencia física legítima” porque es, precisamente ese monopolio, lo que le da al Estado, en principio, los instrumentos para brindar seguridad a los ciudadanos.

En este sentido, González Fernández (2002:125-126), afirma: “…mediante un acuerdo social, los hombres buscan la defensa de los bienes que consideran fundamentales para su sobrevivencia y posteriormente para su desarrollo como miembros de la comunidad. En la evolución de las comunidades primitivas que nacen de manera natural para la protección y defensa de sus intereses, encontramos el establecimiento de normas que tienen por objeto delegar la función de defensa en los individuos más aptos para tales fines. A estos hombres responsables de la seguridad se les otorga la facultad de usar la fuerza como medio necesario para mantener el orden. Así, son aceptados como vigilantes del bienestar colectivo, investidos con la autoridad necesaria para hacer valer las disposiciones y las necesidades de todos por medio de la fuerza.”

En estos Estados liberales el concepto de seguridad que tradicionalmente se ha asumido es el de seguridad pública, entendida esta como un instrumento para garantizar el orden social como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado por sobre los ciudadanos. Este contexto conceptual, en tanto enfoque clásico dominante, es importante porque permite comprender en su significado esencial el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

En la citada Encuesta (2013), se explora la percepción de la seguridad en la localidad o colonia, en el municipio o delegación, o en la entidad federativa, arroja los siguientes resultados:

En Morelos, el 57.6% de los entrevistados perciben su localidad o colonia como insegura, mientras que a nivel nacional es el 44% el que tiene esa percepción.


En Morelos, el 77.8% de los entrevistados perciben su municipio como inseguro, mientras que a nivel nacional es el 63 % el que tiene esa percepción.

En Morelos, el 86.5& de los entrevistados perciben a su entidad federativa como insegura, mientras que a nivel nacional es el 72.3 % los que perciben a la República Mexicana como insegura.

Otro comparativo importante de los datos que arroja dicha encuesta, para comprender la dimensión de la emergencia en la que nos encontramos, se refiere a la percepción que tienen los entrevistados acerca de la posibilidad de ser víctima de al menos un delito:

A nivel nacional, el 75.6% de los entrevistados se ubica en esa tesitura; en Morelos es el 84.5% quienes así lo perciben.

A nivel nacional, el 71.1% de los entrevistados percibe la posibilidad de ser víctima de un robo o asalto en la calle o en el transporte público. En Morelos es el 81.2% quienes así lo perciben.

A nivel nacional, el 53.4% de los entrevistados percibe la posibilidad de ser víctima de lesiones por una agresión física. En Morelos es el 60.4%.

A nivel nacional, el 44.2% de los entrevistados percibe la posibilidad de ser extorsionado o secuestrado. En Morelos es el 54.2%.

A nivel nacional solo el 23% de los entrevistados no se siente posible víctima. En Morelos el porcentaje desciende a solo 14.1%.

Con lo hasta aquí expuesto es claro que desde la percepción de la gente y en la construcción del imaginario colectivo, se va incubando una profunda insatisfacción con las instancias que por mandato constitucional tienen a su cargo la función de la seguridad pública, esto es, en la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.

Los datos expuestos dejan en claro que en el imaginario colectivo está instalada la idea de que en materia de seguridad ciudadana hay algo que no está funcionando, o está funcionando en sentido inverso al que debería, y es eso lo que nos permite hablar de estados que incumplen con la función que les mandata la constitución.

Ese incumplirles a los ciudadanos en un terreno tan preciado, es precisamente lo que debemos debatir, es eso lo que en un diálogo político de cara a la ciudadanía, los actores políticos están obligados a discutir entre ellos pero también y más importante aún, con los ciudadanos.


Por otra parte, sabemos que percepción no es realidad, pero sabemos también que es la realidad la que alimenta la percepción.

La percepción según diversos autores puede definirse “…como el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos”.

La percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y necesidades. Es resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones.

Con estos elementos enunciados, cabe preguntarnos: ¿cuál es la realidad que alimenta las percepciones que se reflejan en los datos que arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2013”?

¿El 54.2% de entrevistados en Morelos que perciben que pueden ser extorsionados o secuestrados, o el 84.5% de esos mismos entrevistados que percibe que puede ser víctima al menos de un delito, son gente ajena o desconectada de su realidad?

Definitivamente no, antes al contrario, lo que nos revela esa información, al contrastarla con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, es que se trata de personas muy mimetizadas con su entorno y que es esa mimetización la que las provee de información, misma que, al ser procesada a partir de su experiencia y sus conocimientos, les produce esa percepción. Escalante Gonzalbo (2011) apunta que: “en los últimos 20 años, concretamente a partir de 1992 y hasta 2007, ha habido una disminución general, continuada, del número de homicidios en el país. Ése es el contexto en que deben mirarse los datos para cada uno de los estados y regiones del país, porque la tendencia nacional, cualquiera que sea la explicación, es indudable.”

El mismo Escalante (2011) nos dice: “Me encuentro ahora con nuevos números, los que corresponden a 2008 y 2009, de la misma fuente: las actas de defunción capturadas por el INEGI. Y me siento obligado a completar aquel panorama con este otro, aunque el análisis sea todavía tentativo y en algunos extremos difícil de argumentar: El movimiento de los últimos dos años, 2008 y 2009, es absolutamente improbable: rompe con una tendencia sostenida de 20 años, pero rompe con ella además de un modo violentísimo. En dos años la tasa nacional vuelve a los niveles de 1991. Sube un 50% en 2008, y de nuevo 50% en 2009. Eso significa que el tipo de factores que podrían explicar el primer movimiento, ese descenso lento y sostenido de 20 años, no puede servir para explicar el súbito incremento del final del periodo.


Vale la pena, para hacernos una idea más clara de lo que significa el cambio, verlo en números absolutos: en 2008 hubo cinco mil 500 homicidios más que en 2007, y en 2009 hubo cinco mil 800 más que en 2008 y tres mil más que en 1992. Es decir, que 2009 fue, con mucha diferencia, el año con un mayor número de homicidios de nuestra historia reciente. Es obvio, a la vista de los números, que el cambio de tendencia ocurre en el segundo año del gobierno del presidente Calderón y no antes; hay, en números absolutos, un ligero incremento en 2005 y 2006, unos 500 casos más cada año, pero el volumen general es consistente con la tendencia histórica. Lo que ocurre después es muy distinto.”

Nos hemos extendido un poco en esto para dejar claro el contexto en el que tenemos que leer, interpretar y entender los datos que tenemos sobre la inseguridad y la violencia en Morelos.

De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 1997 a marzo de 2014, sobre la incidencia en Morelos de 5 delitos, se concluye lo siguiente:

El crecimiento observado en el promedio mensual de delitos de alto impacto en lo que va del periodo de esta administración, en relación con la administración anterior, es: respecto a homicidios dolosos de un 56.82%, en cuanto al secuestro es de 573.14%, y referente al delito de extorsión es de 3.8%. Por su parte, el incremento en el delito de robo de vehículo con violencia es de 33.09% y en el robo de vehículo sin violencia es de 32.70%.

II. Explicación de la problemática. El problema de la inseguridad debe explicarse en relación con las condiciones de miseria y marginación que han excluido a millones de personas de los beneficios del “desarrollo”.

La exclusión social es un problema de carácter histórico y mundial; la globalización de las economías, al liberar los mercados e imponer normas que regulen, sin distinción, las relaciones laborales, ha propiciado una segregación sin precedentes, que mantiene en la actualidad a cientos de millones de personas en el desamparo, como sobrantes humanos que no merecen ni siquiera ser sujetos de explotación (García, 1996).

El problema no es el neoliberalismo, el problema es que, para el neoliberalismo, son muchos los seres humanos que sobran.


En Estados-nación siempre han existido sectores sociales sin opciones para satisfacer sus necesidades más esenciales, por no ajustarse a las exigencias del desarrollo impuesto por sectores hegemónicos de una determinada sociedad.

El fenómeno de la exclusión se generaliza en la mayoría de las sociedades nacionales, con la expansión del capitalismo en su acepción más radical a mediados del siglo pasado. Este movimiento introdujo una perspectiva desarrollista para definir y orientar la práctica económica mediante categorías tales como: riqueza, evolución, progreso, crecimiento.

Las categorías anteriores se sintetizan en el concepto de desarrollo. En su acepción capitalista el desarrollo es, para la mayoría de los expertos con una orientación tecnócrata, la expresión más elocuente del proceso natural que las sociedades requieren para alcanzar un óptimo de crecimiento económico que permita el bienestar; el cual, ha de ajustarse sin excepción a las siguientes condiciones: inversión, tecnificación, optimización y modernización.

Además de lo anterior, es importante destacar que tal perspectiva considera al subdesarrollo como una constante de las sociedades con un crecimiento económico no favorable, en comparación con las sociedades consideradas como altamente desarrolladas. En consecuencia, es de suponerse que a las sociedades en condiciones de subdesarrollo, se les pretenda someter a un proceso de desarrollo progresivo en fases o etapas.

Tal concepción desarrollista ha buscado generar, en las sociedades dependientes, un proceso acelerado de modificaciones estructurales, para que éstas adopten los modelos de desarrollo de las sociedades avanzadas. Proceso que en su momento se inició sin cuestionar las condiciones de dominación que favorecen la dependencia en el contexto mundial y, asimismo, sin considerar las variables de carácter político que agudizan las tensiones del conflicto de clases en las sociedades no desarrolladas.

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, se ha absolutizado el mito del crecimiento económico, sin imponerle restricciones de ninguna naturaleza, reeditando así en el caso mexicano, la absurda consigna del llamado “desarrollo estabilizador”: primero crecer, para luego repartir.

Esta postura totalizante de la dimensión económica, se justifica mediante un sistema de valores que convierte al crecimiento económico en la condición suprema para garantizar el bienestar, el cual se hace operativo por conducto de las siguientes medidas (Romero, 1997):


• Restringir los mecanismos que tienden a regular la actividad económica para garantizar la igualdad en las relaciones comerciales.

• Limitar o contener los programas de asistencia que

proporcionen oportunidades de bienestar y desarrollo a sectores debilitados.

• Privatizar las empresas del sector público con la finalidad de

limitar la gestión de los gobiernos.

• Eliminar las fronteras que protegen a pequeños productores para facilitar el tránsito de capitales y mercancías de grandes empresas.

• Recortar la inversión en materia social para destinar la mayor

parte de los recursos al pago de la deuda externa.

• Subordinar la complejidad de la hacienda pública a variables globales de la política económica, como equilibrar el presupuesto y reducir la inflación.

• Incentivar la inversión de sectores privados, eliminando las

medidas que protegen a los obreros.

• Liberar de impuestos y obligaciones ambientales a sectores poderosos que contribuyan a la industrialización.

Con las medidas expuestas, se debilita al Estado Nación para generar sin límites un crecimiento económico que eleve el nivel del ingreso per cápita, condición supuesta para resolver la situación de los sectores más rezagados.

Sin embargo, el crecimiento alcanzado no ha contribuido al bienestar de los sectores populares, por el contrario, en la mayoría de las sociedades nacionales que se encuentran en vías de crecimiento, se ha acrecentado gravemente la protesta ciudadana, pues en algunos lugares han vuelto a surgir los movimientos armados que demandan un cambio en el rumbo de las políticas adoptadas, las cuales han agravado la situación de miseria de millones de personas e incrementado la concentración de la riqueza en un porcentaje muy reducido de ellas.

De hecho, la inequitativa distribución de la riqueza y el ingreso, que perpetúa y acrecienta la desigualdad socioeconómica, es la manifestación más contradictoria del desarrollo capitalista en su manifestación neoliberal (Romero, 1997).


Al oponerse drásticamente a la intervención redistributiva del Estado, el desarrollo neoliberal nulifica los intentos para asignar recursos en materia social que privilegien el desarrollo de los sectores más rezagados. Observándose, en las sociedades nacionales más empobrecidas, una lamentable precariedad en su capital social para satisfacer plenamente sus necesidades alimentarias, sanitarias, educativas y de servicios públicos; esto, aunado a una explotación irracional de los recursos naturales, por empresas multinacionales, que degradan el ambiente en detrimento del bienestar de la población en general, de las sociedades mencionadas.

Asimismo, la no intervención del Estado para regular la actividad económica, permite que los beneficios de la producción se concentren en grandes núcleos de acumulación multinacional, negando al pueblo su derecho a retener la riqueza que genera. Sin embargo, las consecuencias más lamentables del desarrollo neoliberal se manifiestan en la degradación sociocultural que radicaliza la ambición del consumismo individualista, sustituyendo la realización de las personas en comunidades que favorezcan la participación y la convivencia solidaria (Romero, 1997).

En un contexto donde el bien común ha perdido sentido, no es de extrañarse que se acentúe el problema de la exclusión que mantiene en la miseria a millones de personas sin derecho a reclamar. Personas consideradas como un obstáculo que bloquea el movimiento de modernización, al no participar en las actividades necesarias para posibilitar el mejoramiento del sistema capitalista. Así, en las sociedades actuales se excluye de cualquier beneficio a personas y grupos, por no formar parte de los sectores productivos que conforman el esquema del desarrollo capitalista en el ámbito mundial.

A decir de George (2001), una economía sin restricciones provoca la propia ruina del sistema social y del entorno natural, ya que produce un número muy reducido de ganadores y demasiados perdedores, propiciando, en consecuencia, una sobreproducción que irrumpe y destruye el equilibrio ecológico, en contraposición con un infraconsumo de grandes mayorías que quedan excluidas de los beneficios del sistema, por no poderse adaptar con suficiente rapidez a las exigencias planteadas por las políticas económicas.

Esta incapacidad para adaptarse y participar de las riquezas, produce en las personas una frustración constante que, por lo general, se expresa en forma de ira dirigida al interior de los sectores excluidos o al exterior de los mismos. Más aún, cuando el número de excluidos alcanza un umbral crítico, los resentimientos provocan una implosión cultural; los no integrados persiguen la venganza organizada en diversas formas de violencia exacerbada y patológica, traducidas en localismos y sectarismos que amenazan la existencia de los sistemas sociales (George, 2001).


En México, las políticas adoptadas en las últimas décadas para producir un crecimiento en la economía nacional, han aniquilado los modelos de producción orientados al autoconsumo doméstico, para imponer un modelo de producción que responda a las demandas crecientes del mercado globalizado.

Asimismo, los drásticos recortes al gasto público en materia social, que se proponen de manera reiterada como alternativa para compensar los desequilibrios económicos de las últimas décadas, están causando un deterioro alarmante en el bienestar de la población en las comunidades de autosubsistencia.

Además, las escasas medidas de atención que han implementado los gobiernos neoliberales, han promovido la dependencia y propiciado un estancamiento en el desarrollo autogestivo de las comunidades tradicionales.

Lo anterior, ha agudizado los procesos de exclusión que mantienen segregados y en la miseria extrema a diversos sectores de la población nacional, sin percibir los beneficios de las riquezas naturales del territorio al que pertenecen; siendo, por lo general, los grupos étnicos de artesanos y/o campesinos, los mayormente afectados por las escasas ofertas de servicios básicos y la ausencia de posibilidades para satisfacer sus necesidades esenciales, los cuales muestran, en consecuencia, los porcentajes más negativos con respecto a los principales indicadores del bienestar poblacional, en comparación con los diferentes sectores de la sociedad nacional.

Por otra parte, las políticas impuestas por los últimos gobiernos han afectado la estructura de las comunidades, en detrimento lamentable de la dinámica familiar y el bienestar psicológico de la mayoría de los individuos.

Así, la desintegración sociocultural es la consecuencia más dramática de la condición de exclusión en que actualmente se encuentran las comunidades más apartadas de la República Mexicana. Siendo los grupos étnicos de artesanos y campesinos los que mayormente abandonan sus comunidades con la esperanza de mejorar su nivel de vida, los cuales emigran en condiciones de vulnerabilidad ante riesgos y abusos que los victiman con frecuencia, afectando seriamente su integridad personal.

Las escasas ofertas de servicios básicos y oportunidades de desarrollo que posibiliten en la actualidad el bienestar de la población e impidan el éxodo masivo de las comunidades indígenas, explotadas y excluidas por la sociedad nacional, no es producto de su aislamiento geográfico e incremento demográfico, sino de una tendencia neoliberal en las políticas públicas, que pretenden aniquilar y suplantar las economías domésticas orientadas al autoconsumo, para incorporar esa fuerza de trabajo en una producción masificada que responda a demandas de un mercado globalizado.


En suma, asistimos a la crisis de la civilización moderna, crisis que trasciende lo económico y trastoca todas las dimensiones de la convivencia humana.

En el inicio del Siglo XXI, cuando el ascenso de la barbarie global parece aun detenible, nos vemos arrastrados hacia un horizonte que se nos quiere imponer como único de la historia, hacia la uniformidad del mundo y la alienación de los individuos en la economía, condenados a moderar sus efectos sin tener contacto con sus causas; alienación cotidiana que se deriva de una confianza ciega en la entidad que, desde Adam Smith, se impone como “la mano oculta del mercado”, la cual, según nos dicen, posee la perspectiva más profunda sobre las posibilidades de reproducción de la riqueza y la que tiene, por tanto, la última palabra (Bauman, 2011).

Lo cierto es que esa “mano oculta ha sido”, esencialmente, la causante de una triple destrucción: del individuo, de la naturaleza y de pueblos enteros. La polarización a escala mundial es quizá la expresión más dramática de esta destrucción asociada a la historia de los cinco últimos siglos. Hemos alcanzado un estado de acumulación salvaje al punto de que la mayor parte de la población mundial se ha vuelto “superflua” para las necesidades del capital (Touraine, 2013).

En el arranque del tercer milenio, hay mil millones de personas que padecen hambre en el mundo y, en nuestro país, en donde la mitad de la población vive en los umbrales de la miseria, millones de jóvenes no tienen acceso ni a la educación ni al trabajo, mientras que una sola persona posee una de las mayores fortunas del planeta. Ciertamente, vivimos en un mundo injusto y peligroso, cuyos signos más visibles y dramáticos son la exclusión social y la destrucción de la naturaleza; la miseria, el hambre, el desempleo, la corrupción, la criminalidad, la violencia y la inseguridad. Si quieres la paz, preocúpate por la justicia, aseveraba la sabiduría antigua. Hoy, igual que hace dos mil años, la ausencia de justicia obstruye el camino hacia la paz (Bauman, 2011; Velázquez, 2012).

El individualismo exacerbado, el debilitamiento de los vínculos humanos expresado en la ruptura del tejido social, y la pérdida de la solidaridad están grabados en una de las caras de la globalización. En su actual forma, puramente negativa, la globalización es un proceso parasitario y predatorio que se nutre de los cuerpos de los Estados nación y de sus súbditos. Hoy, las naciones organizadas en Estados pierden influencia en la marcha general de los procesos de desarrollo y abandonan en manos de la globalización todos los medios para orientar su destino (Marramau, 2013).

La sociedad ya no se siente protegida por el Estado, o por lo menos difícilmente confía en la protección que éste le ofrece; ahora se haya expuesta a la voracidad


de fuerzas que el Estado no controla y que ya no espera ni pretende recuperar o someter. Acotados de esta manera, los gobiernos pasan de un periodo de gestión de crisis a otro, con el único horizonte de mantenerse en el poder tras las próximas elecciones, sin proyectos de solución de fondo para los problemas recurrentes de la nación (Bauman, 2011; Bobbio, 2014). Crecientemente indefenso, el Estado-nación pierde gran parte de su fuerza, que ahora se diluye en el espacio global, y su capacidad política se ve cada vez más relegada a la esfera de la política individual, dirigida a mujeres y hombres individuales.

Este Estado reducido corre el riesgo de convertirse en una especie de comisaría de policía o, a lo más, arreglárselas para constituirse en un Estado de seguridad individual. Parece que hemos llegado al final de un largo proceso de crisis institucional y de debilitamiento de las categorías sociales, sus conflictos y sus actores. Podemos concluir que los actores sociales han perdido importancia, o incluso desaparecen (Heller, 1998; Touraine, 2013; Bobbio, 2014).

En este marco concluyente, que se desprende de los elementos de análisis incluidos en el presente documento, es que se postula el imperativo de impulsar las transformaciones estructurales que permitan enfrentar y superar la actual crisis civilizatoria y, en particular, la crisis del Estado-nación realmente existente. Sólo de esta manera se podrá aspirar a resolver las causas de origen que producen dichas crisis y que se expresan, como ya se ha señalado, en la destrucción del individuo, de la naturaleza y de pueblos enteros; es decir, en una única y trágica paradoja: la deshumanización de la humanidad (Villoro, 2003).

Al afirmar que el Estado ha fallado, que el gobierno no se ha desempeñado adecuadamente en su obligación y función de hacerse cargo de la seguridad pública, no estamos señalando ni personas concretas, ni actores políticos específicos, estamos señalando que son múltiples las evidencias que el modelo de Estado Nación liberal, conceptualizado por los clásicos, y que ha acompañado a la humanidad varios siglos, ha naufragado; y ello es así, porque se alineó del lado de los intereses del gran capital y se subordinó a sus designios, aunado a las prácticas de la tolerancia a la ilegalidad por parte de los ciudadanos.

III. Construcción de alternativas desde los ciudadanos. Una condición de cualquier alternativa de solución al problema implica, necesariamente, la re-conceptualización del fenómeno. Así, ya desde el primer informe de la ONU (1994) en esta materia, se introduce el concepto de seguridad humana:

“El mundo nunca podrá disfrutar de la paz a menos que los seres humanos tengan seguridad en sus vidas cotidianas, tal vez en el futuro los conflictos se den con frecuencia dentro de un mismo país y no entre distintos países y los orígenes de


esos conflictos tal vez estén profundamente enraizados en las crecientes disparidades y privaciones socioeconómicas.”

El nuevo paradigma del desarrollo (ONU, 1994b) nos dice que, para la mayoría de las personas, el sentimiento de inseguridad se debe más a las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al temor de un cataclismo en el mundo. La seguridad en el empleo, la seguridad en la salud, la seguridad del medio ambiente, la seguridad respecto del delito: son estas las preocupaciones que están surgiendo en todo el mundo acerca de la seguridad humana.

Poner en el centro al ser humano y concederle centralidad a la seguridad humana como lo hizo el Informe de Desarrollo Humano 1994, fue en su momento, una revolución cultural que desafortunadamente no permeó en nuestro país.

En muchos países del mundo, una forma concreta en la que la referida revolución cultural impactó, fue desplazando el concepto de seguridad pública por el concepto de seguridad ciudadana. En México, como en otros Estados liberales, seguimos titubeantes en dar ese paso y ello no es casual. Se trata de un asunto nodal, no es solo un cambio nominal, es un cambio de enfoque que tiene que ver con un cambio de paradigma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) afirma lo siguiente: “La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales de los Estados. Indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios hacia los Estados democráticos ha ido evolucionando también el concepto de seguridad. Hoy en día, los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales. Así, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.” El objetivo de la seguridad ciudadana debe ser la protección del ciudadano, y no la defensa del Estado como lo es en el paradigma, ya superado en muchos países del mundo, de la seguridad pública.


El paradigma de la seguridad pública se convierte en antagónico al de la seguridad ciudadana en el momento en el que se le da centralidad al concepto de seguridad humana.

Concluimos este apartado con una última cita de la ONU (1994c): “La lista de amenazas contra la seguridad humana es larga, pero la mayoría de ellas pueden agruparse en siete categorías principales: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad, seguridad política.”

Desde esta perspectiva de la seguridad, planteamos la exigencia de impulsar cambios que deberán enfocarse en aquellos ámbitos que conlleven más potencial para construir globalizaciones contrahegemónicas en las próximas décadas.

Como punto de partida, se proponen cuatro áreas en donde existe un vasto campo de experiencia histórica y emergen como espacios privilegiados desde los cuales enfrentar los desafíos de las crisis referidas. Estas áreas son las siguientes:

3.1. Democracia participativa Junto con el modelo hegemónico de democracia representativa y liberal, siempre han coexistido otros modelos subalternos. Vivimos en tiempos paradójicos: al mismo tiempo que la democracia liberal se reafirma por todo el planeta, se torna menos creíble y convincente, inclusive en aquellos países donde tiene sus más profundas raíces. Las crisis gemelas de la representación y la participación son los síntomas más visibles de dicho déficit de credibilidad y, en última instancia, de legitimidad (Bobbio, 2014; Villoro, 2007). Por otra parte, las comunidades locales, regionales y nacionales en diferentes partes del mundo, emprenden experiencias e iniciativas democráticas basadas en modelos alternativos de democracia, en los que las tensiones entre democracia y “mercado”, se avivan y se convierten en la energía positiva que respalda pactos sociales más justos y abarcadores, no importa qué tan circunscritos sean por el momento (Villoro 2001; Villoro, 2007).

3.2. Sistemas alternativos de producción Una economía de mercado es sólo un curso posible y, dentro de ciertos límites, incluso deseable. Por el contrario, una sociedad de mercado es imposible y, si lo fuera, sería moralmente repugnante e ingobernable. Una posible respuesta a ésta son los sistemas alternativos de producción, así como iniciativas sociales, políticas y culturales de carácter local/global, que implican una producción y una distribución no capitalista de bienes y servicios, sean rurales o urbanas: las cooperativas, las economías sociales, los sistemas de crédito, los proyectos comunitarios ecológicos, las comunidades pesqueras, cajas


de ahorro y bancos ciudadanos, redes de intercambio directo entre productores y consumidores, entre otros. Sistemas alternativos de producción que nunca son exclusivamente económicos en su naturaleza, sino que movilizan recursos culturales y sociales de tal forma que impiden la reducción del valor social a un precio de mercado (Bauman, 2011; Villoro, 2007).

3.3 Justicia y ciudadanías multiculturales La crisis de la modernidad occidental ha demostrado que el fracaso de los proyectos “progresistas” -aquellos que tienen que ver con el mejoramiento de las expectativas y las condiciones de vida de los grupos subordinados dentro y fuera del mundo occidental-, se debe en parte a una falta de legitimidad cultural. La idea de dignidad humana puede formularse en diferentes lenguajes. En vez de suprimir dichas diferencias en nombre de los universalismos, deben traducirse para hacerlas mutuamente inteligibles (Touraine, 2006). Dado que la construcción de las naciones modernas se consiguió la más de las veces negando la identidad cultural y nacional de las minorías (y en ocasiones de las mayorías), el reconocimiento de un multiculturalismo entraña la aspiración a la autodeterminación, es decir, la tendencia a la equidad diferenciada. El caso de los pueblos indígenas es el mejor ejemplo al respecto.

La aspiración de multiculturalismo y autodeterminación asume con frecuencia la forma de una lucha por la justicia y la ciudadanía. Implica el reclamo de formas alternativas de justicia y derecho. A modo de ejemplo, se pueden citar aquellas formas de justicia popular o comunitaria que son un componente central de las iniciativas de democracia participativa, la justicia indígena como componente integral de la autodeterminación y la conservación de la biodiversidad. El concepto de “ciudadanía multicultural” es el lugar privilegiado desde el cual pueden impulsarse alternativas de redistribución y reconocimiento social (Villoro, 2007).

3.4. Biodiversidad y saberes Debido al avance de las ciencias de la vida, sobre todo la biotecnología, la biodiversidad se ha convertido en el más asediado “recurso natural”. Para las firmas farmacéuticas y de biotecnología, la biodiversidad crece como eje del más espectacular y rentable desarrollo de nuevos productos en los años venideros.

En su mayor parte, la biodiversidad es predominante en los territorios históricamente poseídos y ocupados por los pueblos indígenas. Conforme los países desarrollados intentan extender a la biodiversidad los derechos de propiedad intelectual y las leyes de patente, algunos países periféricos, algunos grupos de pueblos indígenas y las redes transnacionales de apoyo a sus causas, intentan garantizar la conservación y la reproducción de la diversidad buscando


se otorgue un estatus de protección especial a los territorios, formas de vida y saberes tradicionales de las comunidades indígenas y campesinas.

Cada día es más evidente que las nuevas diferencias entre el Norte y el Sur se centrarán en la cuestión del acceso a la biodiversidad a escala global (Villoro, 2003; Villoro, 2007).

Ninguna de estas áreas o iniciativas temáticas tomadas por separado, logrará impulsar una globalización contra-hegemónica. Para tener éxito deben traducirse en proyectos concretos, convertirse en redes, expandirse a movimientos sociales híbridos, y estar apoyadas políticamente.

En este momento histórico, lo que está en juego en términos políticos es la reinvención del Estado y de la sociedad civil, en tal forma que la posibilidad de la exclusión social se desvanezca como futuro factible. Esto se tendrá que lograr mediante la proliferación de esferas y políticas públicas locales/globales, donde los Estados-nación sean impulsores importantes, pero no fuentes únicas, de legitimidad y hegemonía.

Ante lo cual, los ciudadanos, preguntamos a los actores políticos: ¿Qué cambios, en materia de políticas públicas, están dispuestos a impulsar en los ámbitos político, económico, cultural, cívico y educativo, para garantizar la convivencia comunitaria en un horizonte de desarrollo más incluyente, solidario, justo y seguro?

¿Están dispuestos a asumir el compromiso de definir con la ciudadanía las propuestas de nuevas políticas públicas, reconociéndole los ciudadanos su carácter protagónico en la construcción de realidad?1

1 La bibliografía de este documento se encuentra en el Anexo I.


Los Diálogos Politicos por la Seguridad Ciudadana,



Los Diálogos Politicos por la Seguridad Ciudadana, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM.

I. Tema y propósito. Vivimos una crisis civilizatoria. La violencia como ideología de libre mercado está barriendo con toda cohesión social. La sociedad está atomizada, inmersa en un proceso de autodestrucción:

Vivimos un parteaguas civilizatorio en el que las construcciones históricas que señorearon el mundo desde la Revolución Francesa: Estado liberal y sus variantes totalitarias – incluido el mercado tal y como hoy los Estados liberales lo conciben y lo protegen – entraron en crisis y se desmoronan como un día se desmoronaron el imperio romano, el mundo feudal, las monarquías absolutas, y esas variantes del Estado hobbseano: el fascismo y el sovietismo. La crisis de esas instituciones es, con sus características particulares, global.

La crisis por la que actualmente pasa nuestro país y en particular nuestro Estado de Morelos, es reflejo de esa crisis global, pero en nuestro caso es más patente porque hemos asistido a la pérdida del proyecto nacional que, desde la Revolución de 1910, prestaba orientación a nuestra vida colectiva. Ahora nos preguntamos: ¿a dónde vamos?.

Conformamos una sociedad donde aún no se funda sólidamente la democracia, donde reina una desigualdad inconcebible, donde el índice de los excluidos de los beneficios sociales y políticos es muy elevado. En nuestra realidad social no son comunes comportamientos consensuados que tengan por norma principios de justicia incluyentes de todos los sujetos; se hace patente su ausencia. Lo que más impacta, al contemplar la realidad a la mano, es precisamente la marginalidad y la injusticia. Si queremos una reflexión ética auténtica, no podemos menos que considerar desde una perspectiva distinta esos fenómenos: en lugar de partir del consenso para fundar la justicia, partir de su ausencia; en vez de pasar de la determinación de principios universales de justicia a su realización en una sociedad específica, partir de la percepción social de la injusticia real para proyectar lo que podría remediarla.

La convocatoria de la UAEM al diálogo con los distintos actores políticos, de cara a la comunidad morelense, parte de una realidad: la vivencia cotidiana del sufrimiento causado por la injusticia, la violencia y la inseguridad por la delincuencia de todo tipo derivadas de ella. El dolor físico o anímico como realidad lacerante de nuestra experiencia cotidiana, en particular, como vivencia cotidiana de un dolor causado por el otro que no tiene justificación. Es decir, parte de la


vivencia de un mal injustificado, inaceptable, gratuito; la vivencia de la inseguridad producto de la violencia derivada de la injusticia y, por tanto, articulada a la pobreza, a la falta de expectativas, a la insuficiencia de la oferta de salud, educación y empleo, a los bajos salarios, y muchos otros problemas que afectan a la mayoría de la población, en el marco de la crisis civilizatoria referida inicialmente.

La injusticia, la violencia y la inseguridad sólo pueden encontrar solución en otro modelo de desarrollo, en otras formas de gobierno democráticas y representativas, y en instituciones renovadas que propicien la reconstrucción del tejido social y del ideal comunitario, y puedan oponerse al desamparo de nuestra sociedad individualista. Las premisas que subyacen al diálogo convocado por la UAEM son: que todos somos responsables del desgarramiento de una sociedad que es, irónicamente, producto de nuestra voluntad; que fenómenos como el hambre, la pobreza, el desempleo, la devastación ambiental, la exclusión social, económica, política y cultural, la obscena concentración de la riqueza, la corrupción, la violencia y la inseguridad, entre otros, no son una fatalidad inevitable, sino consecuencia de un sistema-mundo en crisis, impuesto por el dinero y el poder como única alternativa posible; que es necesario pensar y mirar la realidad desde un ángulo más inclusivo de actores y conocimientos, que posibilite una visión que la muestre en toda su complejidad y dinamismo, dando a todos los actores sociales, económicos y políticos, la posibilidad de encontrarse con ella, tanto en su calidad de producto como de productor, es decir, la posibilidad de incidir verdaderamente en su construcción.

El diálogo al que convoca la UAEM supone, en síntesis, la voluntad política para cambiar los umbrales desde donde vivir y mirar el mundo en general y a nuestro estado en particular, a fin de enfrentar la actual crisis civilizatoria y sus manifestaciones más dramáticas; asimismo, dar cabida a los sujetos sociales en tanto constructores de realidad. En este sentido, el horizonte del diálogo es contribuir a la construcción de un nuevo proyecto de nación con justicia social, un proyecto compatible con las libertades individuales, libre de la violencia y la inseguridad y pleno de libertad que permitan la realización de todos, entre todos, para la construcción de la solidaridad, la paz y, en consecuencia, la comunidad. El Estado de Morelos heredó una larga historia de luchas populares, desde Hidalgo hasta Zapata, que pugnaron por una sociedad con justicia social compatible con las libertades individuales. Nuestra historia sería incomprensible sin esa corriente libertaria. En el marco de esa corriente se ubica la propuesta de diálogo de la UAEM. En este contexto, los “Diálogos políticos por la seguridad ciudadana” que tendrán lugar el día jueves 15 de mayo del presente año, a las 10:00 hrs., tienen como


propósito: revisar, de cara a la ciudadanía, la estrategia de seguridad implementada en el estado de Morelos en función de tres cuestiones fundamentales: 1) una aproximación conceptual y la delimitación de las condiciones que determinan y exacerban el fenómeno de la inseguridad y sus consecuencias; 2) las transformaciones estructurales que son determinantes para que se garantice un Estado Social de Derecho que favorezca la seguridad integral, y 3) la aproximación a una agenda de auténtica participación ciudadana para la definición de políticas públicas. Lo anterior es el inicio de un proceso cuya finalidad es reorientar las políticas y estrategias para la reconstrucción del tejido social; un proceso que permita recuperar la comunidad perdida, pero superándola (…). 2

2 Se presentó en el apartado de Dinámico y formato.


6.- Relatoria de las mesas por el

Diálogo Político por la Seguridad


a) Mesa 1

Participantes: Diputados, senadores federales y

ciudadanía

Senador: Fidel Demedicis Hidalgo,

Diputada Federal: Gisela Raquel Mota Ocampo,

Diputada Federal: Marisela Velázquez Sánchez,

Diputado Federal: Luis Miguel Ramírez Romero, Diputado Federal: Javier Orihuela García,

Diputado Federal: José Francisco Coronato Rodríguez, (en su representación estuvo presente Gabriel Hidalgo)


a) Mesa 1

Participantes: Diputados, senadores federales y ciudadanía

- Senador por el estado de Morelos en la LXII Legislatura, por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, Fidel Demedicis Hidalgo.

1.- Se hace necesario solicitar al titular del Gobierno Federal que brinde el apoyo temporal en materia de seguridad pública a Morelos, a fin de restablecer la seguridad y el orden público.

2.- Propone la integración de la comisión para la seguridad y desarrollo de Morelos como Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

3.- Demandamos al Gobierno Federal a que contribuya de manera eficaz al restablecimiento al orden y la seguridad con la creación de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que cuente con las facultades necesarias, para fortalecer la seguridad del Estado de Morelos, con el apoyo de la fuerza pública federal y para coordinar a las delegaciones de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal que ejercen funciones en nuestra entidad federativa donde el conducto sea el Secretario de Gobernación, por sí y a través de un comisionado federal coordinen y ejecuten las acciones necesarias para el restablecimiento del estado de derecho y la devolución de la paz y tranquilidad de los habitantes y turistas del Estado de Morelos.

- Diputada Federal por el Estado de Morelos en la LXII Legislatura, por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, Gisela Raquel Mota Ocampo.

1.- EI trabajo de inteligencia del estado con el respaldo de la sociedad debe ser el principal insumo para comprender y atacar a las organizaciones del crimen organizado. 2.- Deben establecerse las políticas públicas que permitan reconstruir el tejido social y familiar en Morelos. Mientras los jóvenes no cuenten con la protección de sus familias ni tengan un proyecto de vida digna, seguirán siendo presa fácil de la delincuencia y las conductas antisociales.


3.- Se debe reconocer el problema en su justa dimensión. EI gobierno estatal comete un grave error al pretender minimizar el problema. En su lugar, el ejecutivo estatal y los ejecutivos municipales deben reconocer que requiere del concurso de la sociedad para enfrentar esta situación. 4.- Debe construirse un espacio de diálogo y en lo particular pienso que esta reunión debiera declararse en sesión permanente y darle todos el voto de confianza al rector para que nos convoque a reunirnos frecuentemente. 5.- Debe respaldarse lo aquí acordado con una manifestación que demuestre a quienes aún están reacios a reconocer la situación de emergencia por la que atravesamos, que es necesario que el gobierno estatal y las instituciones involucradas, así como los tres poderes en sus diferentes niveles se abran al diálogo.

- Diputada Federal por el Estado de Morelos en la LXII Legislatura, por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, Marisela Velázquez Sánchez.

1.- Aplicar el presupuesto en materia de prevención del delito para elevar su efectividad y desde la sociedad civil, lograr acercar a la comunidad con las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 2.- Trabajar prioritariamente con los jóvenes que son los que más pueden aportar en beneficio de sus comunidades. 3.- Articular la participación ciudadana para que la denuncia de los delitos esté protegida para la organización de comités vecinales, en un esquema de trabajo social y beneficio comunitario. 4.- Este Foro abra paso a compromisos y acciones concretas que podamos asumir para generar una sinergia que sea efectiva en la lucha contra el crimen en nuestro Estado.

- Diputado Federal por el Estado de Morelos en la LXII Legislatura, por el Partido Acción Nacional, PAN, Luis Miguel Ramírez Romero.

1.- El diálogo sea la plataforma de más diálogos. 2.- El gobierno estatal reciba el apoyo del gobierno federal y se realice trabajo coordinado con las fuerzas federales. 3.- Una Política de la denuncia y vigilancia. 4.- Que la UAEM realice un estudio sociológico profundo y un proyecto preventivo a largo plazo. 5.- Políticas que fortalezcan a las familias.


- Diputado Federal por el Estado de Morelos en la LXII Legislatura, por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, Javier Orihuela García.

1.- La obligación y participación de todos los ciudadanos. 2.- Nueva relación entre el poder y la ciudadanía. 3.- Rehacer el tejido social. 4.- Recuperar la autosuficiencia alimentaria del estado. 5.- Recuperar la biodiversidad. 6.- Escuchar a la gente afectada.

- Diputado Federal por el Estado de Morelos en la LXII Legislatura, por Movimiento Ciudadano, MC, José Francisco Coronato Rodríguez, en su representación participó Gabriel Hidalgo. Propone la revisión de los cuatro conceptos fundamentales de la Seguridad Pública que son:

1.- La prevención del delito, esto es mediante la planeación de operativos, revisiones, mapas criminógenos. 2.- Procuración de justicia, es decir la investigación y persecución de los delitos, los cuales se traducen en la realización de investigaciones con la ayuda de la policía ministerial y de los servicios periciales que tiene bajo su mando y que deben ser perfectamente estructuradas y cimentadas para poder acreditar la comisión de algún ilícito, así como la participación de determinado sujeto, además es fundamental que el centro de justicia alternativa genere la sanación entre las partes en conflicto, esto es entre la víctima y victimario. 3.- Administración de justicia, consiste en la aplicación estricta de la ley, tomando como base la investigación realizada por los fiscales. 4.- La reinserción social, que tiene como fundamento lograr mediante programas especializados y adecuados a cada individuo en contra de quien emitió una sentencia condenatoria por parte del órgano jurisdiccional, una verdadera reinserción a la sociedad y a su familia. 5.- Realizar un diagnóstico de las instituciones en materia de las cuatro áreas de seguridad pública apoyados en la legalidad, la honestidad, la eficiencia y el profesionalismo.


− Participaciones de la ciudadanía 1.- La participación ciudadana es importante y debe prevalecer como parte protagónica en este proceso de discusión. 2.- Dejar de “meter” miedo a la gente. 3.- Menos autoritarismo. 4.- No se está persiguiendo el delito, no se investiga. 5.- Se revise la permanecía del fiscal y comisionado. 6.- La participación de la ciudadanía debe trabajar en combinación. 7.- Los gobernadores deben involucrarse y se sientan responsables, son los resultados de todo lo que se ha hecho anteriormente, que los gobernadores se expresen como ciudadanos. 8.- El futuro de México está en los jóvenes. 9.- La corrupción, negligencia de las autoridades, los corruptos son ellos mismos. 10.- Conciencia ciudadana acciones hace la diferencia, educación responsabilidad y las instituciones violenten los derechos. 11.- Programa vecino vigilante se fortalezca, programas y acciones eficientes que están dando resultados y sumarse a los resultados obtenidos.


b) Mesa 2 Participantes: Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder

Legislativo y Ciudadanía

Poder Judicial: Magistrada: Bertha Leticia Rendón Montealeagre

Poder Ejecutivo:

Poder Legislativo: Diputado: Héctor Salazar Porcayo Diputado: Javier Bolaños Aguilar Diputado: Isaac Rivas Pimentel

Diputado: Fernando Guadarrama


- Magistrada: Bertha Leticia Rendón Montealeagre. Sugiere que las propuestas sean las emanadas de los Diálogos Políticos por la Seguridad.

- Diputado de la LII Legislatura del H. Congreso de Morelos por el III Distrito (Cuernavaca Poniente), Héctor Salazar Porcayo, por el Partido del Trabajo, PT. Propone buscar leyes alternativas que beneficien a la sociedad y plasmar el compromiso abierto para darle seguimiento a los acuerdos dados.

- Diputado de la LII Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, Javier Bolaños Aguilar por el Partido Acción Nacional, PAN Es importante reconocer que existe el problema de la inseguridad. El reconocimiento del gobierno que las cosas están mal cuando antes no se tocaba el tema.

- Diputado de la LII Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, por el XVI Distrito (Ayala) por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Es necesario que exista diálogo entre la ciudadanía y que el gobierno escuche las demandas.

- Diputado de la LII Legislatura del H. Cogreso del Estado de Morelos por el XII Distrito (Yautepec, Oriente), Dip. Fernando Guadarrama por Movimiento Ciudadano. 1.- Conformación estratégica de un bloque de contención con los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana. 2.- La sociedad debe participar de forma organizada. 3.- Se debe hacer valer y legitimar el valor ciudadano con actividades cercanas e incluyentes.


- Participaciones de la ciudadanía 1.- Es necesario que se revise la ley de seguridad. 2.- La sociedad requiere resultados de lo que está pasando en el Estado. El gobierno no ha dado resultados. 3.- Dar a conocer las políticas públicas. 3.- Dejar de pensar en los procesos electorales y atender la necesidad en materia de seguridad. 4.- Hay una descomposición del poder donde hay un vacío entre la relación del gobernante y con los gobernados. Se ha perdido el diálogo. 5.- Se tiene que valorar la estructura de la autoridad. 4.- Es importante recuperar los espacios públicos y la importancia de reconocer la problemática. 5.- No al mando único, no a la militarización, no a la entrada de la marina. La solución está en la ciudadanía organizada.


c) Mesa 3 Participan: Presidentes municipales y ciudadanía

− Hortensia Figueroa Peralta, Presidente Municipal de Jojutla; − Noé Reynoso Nava, Presidente Municipal de Amacuzac;

− José Manuel Tablas Pimentel, Presidente Municipal de Ciudad Ayala.


− Hortensia Figueroa Peralta, Presidente Municipal de Jojutla 1.- Que se sumen cada uno de los esfuerzos, requerimos del trabajo organizado de la sociedad. 2.- Es fundamental prevenir el delito para una reconstrucción del tejido social.

− Noé Reynoso Nava, Presidente Municipal de Amacuzac 1.- Vivir en esta situación es intolerante. Miacatlán y Amacuzac son fronteras utilizadas para realizar funciones ilícitas y nido de delincuentes. 2.- El mando único ayudo a la situación en la que se vivía en Macuzac, pero no para todos funciona igual.

− José Manuel Tablas Pimentel, Presidente Municipal de Ciudad Ayala. 1.- Reconceptualizar el tema de la familia. 2.- Reconocer la tarea de la mujer y apostar a la crianza y la educación de los hijos. 3.- Los padres de familia hemos dejado de preocuparnos por nuestros hijos. 4.- Tener un proyecto de vida en conjunto. 5.- Elaborar una literatura alternativa para fortalecer los valores. 6.- Reconocer las cosas que hacemos bien para seguir haciéndolas y las cosas que hemos hecho mal para recapitular y corregir.

− Participaciones de la ciudadanía 1.- La seguridad y la exclusión que el gobernador da a la comunidad es el problema más grave. 2.- Hacer auditoría a la procuraduría 3.- Hacer una auditoría al gobierno del Estado. 4.- Se remarca la exclusión de la comunidad por parte de las empresas y lo que impone el progreso. 5.- Conformar el frente de autodefensa. 6.- La realidad es omisión, impunidad y frustración al ver que los funcionarios prometen sin resultados. No tenemos respuesta de las


autoridades competentes. Todos somos responsables de lo que estamos viviendo; porque nos hemos quedado callados. 7.- Solicitan reuniones para hacer propuestas colectivas con las organizaciones sociales. 8.- Revisar el 115 constitucional y la policía del mando único. 9.- Crear una comisión para dar seguimiento a los acuerdos abordados. 10.- Se requieren foros con ponentes especializados en materia de justicia. 11.- Faltó la participación de la ciudadanía en una mesa.


d) Mesa 4 Participantes: Partidos políticos y ciudadanía

− Norma Alicia Popoca Sotelo (PAN), − Tania Valentina Rodríguez (PT),

− Francisco Santillán (Nueva Alianza), − Jorge Shafino Insunza (PRI),

− Luis Alberto Machuca Anaya (Convergencia - Movimiento Ciudadano), − Israel Yúdico (PSD)


− Norma Alicia Popoca Sotelo, Partido Acción Nacional, PAN:

1.- Tenemos que reflexionar profundamente sobre la participación de cada uno de nosotros. Debemos formar ciudadanía. Tener un gobierno responsable que nos escuche. 2.- Apostamos a las mesas de trabajo que se requieran. 3.- Necesitamos poner ideas para que sea conocido por la comunidad en general. 4.- No más a la inseguridad y ponen al frente al rector con el apoyo de todos para que todo esto mejore.

− Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Partido del Trabajo, PT:

1.- Se suma y propone el plan estratégico en materia nacional de la UNAM en agosto de 2011. 2.- Seguridad ciudadana. Debe colocar en el centro al individuo y el responsable ejercicio de sus responsabilidades, deberán destinar el mismo presupuesto. 3.- Propuesta de seguridad a las mujeres que tengan que ver la armonización y erradicación de la violencia con los derechos generales que se merecen. 4.- Las autoridades apliquen políticas públicas en juventud. Articular programas que orienten a los jóvenes. Que el instituto de la juventud realice sus funciones. 5.- Sumar y dialogar esfuerzos. Preocupación al diálogo de todas las partes. 6.- Deja copia de elementos para la construcción de una política de estado. 7.- Unir Universidades con gobierno para hacer una estrategia conjunta.

− Francisco Santillán del Partido Nueva Alianza

1.- Tenemos que escuchar y saber el malestar de la gente para cambiar estructuras ya que de lo contrario no se podrá transitar a verdaderas políticas públicas. 2.- Pedimos creación especializadas para los centros escolares (Policía Escolar Especializada) 3.- Mantener el diálogo constante y que se abran y mantengan más espacios a los ciudadanos.


- Jorge Shafino Insunza del Partido Revolucionario Institcional, PRI

1.- Entrega documento sobre la seguridad nacional con 14 objetivos. (Documento que fue entregado a rectoría). 2.- Que el gobierno estatal pida ayuda al gobierno federal.

- Luis Alberto Machuca Anaya de Convergencia por la Demcoracia- Movimiento Ciudadano, MC.

Fortalecer las instituciones, urge tener gente honesta. La ciudadanía es la que puede hacer la transformación.

- Israel Yudico de Partido Socialdemocráta de Morelos.

Que el diálogo se centre en rescatar los valores humanistas.

- Participaciones de la ciudadanía.

1.- Unión de los vecinos para combatir la delincuencia “Vecino vigilante” 2.- Que exista un dialogo permanente. 3.- Dialogo abierto con el gobierno estatal y federal 4.- Proponen la declaratoria Chamilpa, eliminando críticas y proponiendo para que exista una solución.


- 7. Cierre



- 7. Cierre


Agradecemos la participación de todas y todos en esta jornada de diálgo. Para dar continuidad a este encuentro y concretar, desde la UAEM nos comprometemos a realizar mesas ciudadanas que ayuden a abonar para enfrentar y enfrentar la problemática que vive el Estado de Morelos, con el fin de que éstas sean tomadas en cuenta por el gobierno estatal y federal. Se acuerda la continuidad de los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana con la participación de especialistas y ciudadanos.


Anexo 1 Bibliografía

Bauman, Z. (2011). La sociedad sitiada. México: Fondo de Cultura Económica. Bobbio, N. (2014). Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política. México: Fondo de Cultura Económica. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadindice.sp.htm Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 21 de la Constitución. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/

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García, J. (1996). Mundialización, solidaridad y exclusión. En J. Bueno (Dir.), Exclusión e intervención social (101-117). Valencia: Universidad de Valencia.

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Peñaloza, P. y Garza, M. (Coord). (2002). La seguridad publica en México. En: Los Desafíos de la Seguridad Pública en México. México: UNAM. Romero, M. (1997). El neoliberalismo en América Latina. México: Universidad Iberoamericana.

Touraine, A. (2006). Crítica de la modernidad. México: Fondo de Cultura Económica.

Touraine, A. (2013). Después de la crisis. México: Fondo de Cultura Económica. Velázquez, A. (2012). El discurso de la seguridad en México. Revista Espiral, número 54, volumen XIX. México: Universidad de Guadalajara.

Villoro, L. (2001). De la libertad a la comunidad. México: Ariel.


Villoro, L. (2003). El poder y el valor: fundamentos de una ética política. México: Fondo de Cultura Económica.

Villoro, L. (2007). Los retos de la sociedad por venir. México: Fondo de Cultura Económica.

Weber, M. (1964). Economía y Sociedad. México, Fondo de Cultura Económica.


Anexo 2 Lista de asistentes

NOMBRE Y CARGO DEPENDENCIA

1.-‐Marivet Cruz Rodríguez E.T.S

2.-‐Herminio Quaresma F. Universidad la Salle

3.-‐Ximena Román Peralta E.T.S

4.-‐Martha Shirley Reyes Q. E.T.S

5.-‐Sandra Hernández Ortega E.T.S

6.-‐ Angélica Méndez E.T.S

7.-‐ Ada María González R. E.T.S

8.-‐ Yael Huerta Alvarado E.T.S

9.-‐ María Fernanda García E.T.S

10.-‐ Martha Castañeda Prepa. 1

11.-‐ Beatriz Lemus CIDHEM

12.-‐ Diana Arisbeth García E.T.S

13.-‐ Lic. Nicolás Ampuero CONCAAM

14.-‐ Abel Villa Terán UAEM

15.-‐Dalia Vázquez UAEM

16.-‐ Gabriela Vargas F. UAEM

17.-‐ Maribel Espinoza Villalba UAEM

18.-‐ Miguel pineda Barba UAEM

19.-‐ Carolina Buendía Morales COPAC

20.-‐Graciela Perea Avella UAEM

21.-‐ Lucrecia López Zamora UAEM


22.-‐ José María Sendara UAEM

23.-‐ José Arias UAEM

24.-‐Diego Iván Gandara UAEM

25.-‐Abigail Muñoz Sánchez UAEM

26.-‐ Sarai Aburto Jaramillo UAEM

27.-‐ Guadalupe Díaz Quiroz UAEM

28.-‐ Cayetano Hipólito Prieto UAEM

29.-‐ Cristina Cárdenas Cortés UAEM

30.-‐ Samuel Israel Serrano UAEM

31.-‐ Yuriria Tamayo Irazoque UAEM

32.-‐ Alejandro Javier Álvarez UAEM

33.-‐ Nayeli Sánchez Guevara RED POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

34.-‐ Malige Guzmán Puente UAEM

35.-‐Monica Guadalupe Hernández S. UAEM

36.-‐ Erika Marlen Bahena E.T.S

37.-‐ Saray Gómez Serna E.T.S

38.-‐ Jacqueline González V. E.T.S

39.-‐ Asdruwal Alicia Martínez A. E.T.S

40.-‐ José Moreno UAEM

41.-‐ Jesús Omar de la Guerra Fuentes UAEM

42.-‐ Gustavo A. Pozas M. UAEM

43.-‐ Ana María Castro UAEM

44.-‐ Oscar Samario Hernández UAEM

45.-‐ Mario Gil Aguilar Sánchez UAEM


46.-‐Gabriel Leal Bobadilla Representante del Diputado Fco. Coronato

47.-‐ Baudelio López Marban F. de Derecho

48.-‐ Enrique Pérez Salazar UAEM


PARTICIPANTES EN CONSTRUCCIÓN DE LA RELATORÍA

Jaime Luis Brito Vázquez María del Carmen Mañón Pazos

Sergio Sedano Jiménez Sergio Coyote Coyote

Aida Velázquez Jaimes Maribel García Garduño

Paola Yannet Bahena Uribe Brenda Estefania Ayala Ayala

Berenice Ariane Ramírez Ramírez Salma Betbirai Santos José

Ana Fernanda Díaz Ávila Diana Rivas Vivar

Mirna Letet Martínez Román

Ciudad Universitaria, Morelos 15 de mayo de 2014.

universidad autÓnoma del estado de …...una universidad socialmente responsable, como lo es la...

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