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OPININ

FRANCISCO RUBIO LLORENTE 8 OCT 2012 - 00:02 CET

Si el nuevo

Parlamentorespalda la

consulta debe

presentar una

LA CUARTA PGINA

Un referndum para CataluaSi desea la independencia una minora territorializada no se pueden oponer obstculos formales. Pero

hay que averiguar la existencia, amplitud y solidez de esta supuesta voluntad popular

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Es difcil no compartir la opinin del Gobierno sobre la inoportunidaddel momento elegido por el presidente de la Generalidad, msguiado por la rauxaque por el senyi,si no se quiere hacerle elagravio de pensar, como algunos, que lo ha movido el deseo de queen el nimo de los votantes pesen ms los sentimientos identitariosheridos que el descontento con las consecuencias sociales de laausteridad presupuestaria o el juicio sobre los errores de la polticaeconmica y fiscal etc.

Pero ni la inoportunidad de la iniciativa, ni la mayor o menor torpezade las razones que la mueven, permiten al Gobierno ignorarla, ni lodispensan de tomar a su vez las medidas necesarias paraencauzarla pacficamente, y hasta ahora no ha hecho gesto algunoen ese sentido. El sosiego de la primera respuesta de su presidenteha ido debilitndose, y aunque no se ha cado todava en la

tentacin de esgrimir la amenaza del artculo 155 de la Constitucin,a la que tanta aficin tienen algunos miembros de su Partido, dentroo fuera del Gobierno, se ha recordado enfticamente que este tienela posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para impedir lacelebracin de un referndum convocado por la Generalidad.

Este recordatorio tampoco ha sido oportuno. El nico efecto evidente de recordar lojurdicamente obvio es el muy perjudicial de daar la imagen del Tribunal, ya bastante daadapor el uso que de l se ha hecho en estos ltimos aos. Pero adems, y esto es lo peor,transmite la errnea idea de que, si no logra disuadirle para que la abandone, lo nico que elGobierno tiene que hacer en relacin con la iniciativa del presidente Mas es impedir que la

ponga en prctica.

No es as. Si la iniciativa se mantiene, es deber del Gobierno contribuir a la bsqueda de vasque permitan llevarla a cabo de la manera menos traumtica para todos sin violar laConstitucin, pero sin negar tampoco la posibilidad de reformarla si es necesario hacerlo. Siesa necesidad se presenta no ser sin embargo sino dentro de algunos aos, y solo en lamedida exigida por el acuerdo que se alcance sobre el modo de satisfacer las aspiracionescatalanas. Lo urgente, lo inaplazable, es verificar la solidez y el contenido de esasaspiraciones y para esto no hay otro camino que el del referndum.

Muchos piensan, o pensamos, que este debera hacerse aunque laGeneralitat no lo hubiera pedido. Hace algunos meses en EL PAS ypocos das en La Vanguardia,dos intelectuales distinguidos y nadasospechosos de simpatas nacionalistas, Ruiz Soroa y Francesc deCarreras, han reclamado la convocatoria de un referndum, en elPas Vasco el uno y en Catalua el otro, para verificar si la voluntadde independencia existe, desarmar a los nacionalistas si esa

EVA VZQUEZ
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proposicin de ley

orgnica

Una decisin de

esta naturaleza

requiere una

mayora muy

cualificada, no una

mayora simple

voluntad no tiene la amplitud y solidez que ellos le atribuyen y sobretodo para abrir un debate que, antes de decidir, ilustre a losciudadanos sobre el significado real de la independencia, susventajas y sus inconvenientes. Pero si lo ha pedido es inexcusablehacerlo, por dolorosa que sea para muchos espaoles (entre los que desde luego me cuento) la idea de una Espaa sin Catalua.

Si una minora territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, comosucede en algunos pases del Este de Europa, sino concentrada en una parte definida,

delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirseen Estado, desea la independencia, el principio democrtico impide oponer a esta voluntadobstculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitucin lo impide habr quereformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar la existencia, y solidez deesa supuesta voluntad. Una doctrina que hoy pocos niegan y cuya expresin ms conocidapuede encontrarse en el famoso dictamen que la Corte Suprema de Canad emiti en 1999sobre la legitimidad de la celebracin de un referndum en Quebec (que, dicho sea de paso,los independentistas perdieron por poco ms de 50.000 votos).

La Generalidad de Catalua no puede convocar un referndum, pero nada le impide pedirlo eincluso colaborar en su convocatoria.

De acuerdo con la Constitucin, esta ha de ser hecha por el Rey, apropuesta del presidente del Gobierno, previa autorizacin de lasCortes, que en el presente caso ha de ir enmarcada en un conjuntode normas que den respuesta a las muchas cuestiones que no latienen en la Ley Orgnica sobre modalidades del referndum, queno contempla una modalidad de esta naturaleza. Hay que precisar,entre otras cosas, cul es la mayora indispensable para consideraraprobada la propuesta, quines pueden votar, cul ser lacircunscripcin (nica o provincial) en que se har el escrutinio, culel contenido de la pregunta que se formula y cul el procedimiento a seguir en caso de que

sea aprobada. Como ya dijo la Corte Suprema de Canad en la sentencia que antes cit, unadecisin de esta naturaleza requiere algo ms que una mayora simple ha de ser unamayora muy cualificada, aunque no tal vez hasta el punto de considerarla indestructible,como al parecer el propio presidente de la Generalitat ha dicho recientemente. Y la preguntaha de ser clara e inequvoca, lo que a mi juicio no implica necesariamente que haya de sernica en alguno de los proyectos preparados para el referndum sobre la independencia queel Partido Nacionalista Escocs se propone convocar en 2014 se hacen hasta cuatropreguntas distintas, pero a mi juicio en nuestro caso sera preferible hacer una pregunta quepermitiese sin embargo llegar a soluciones distintas al trmino del procedimiento largo ycomplejo que en todo caso habr de abrirse para satisfacer la voluntad de los votantes, quetambin podra inspirarse en el que el Tratado de Lisboa para la separacin de la Unin. Un

texto no muy lejano al que figura en la Resolucin aprobada por el Parlamento de Catalua apropuesta de CiU.

No es mi propsito, sin embargo, adelantar ahora ideas sobre estas cuestiones, sino subrayarla conveniencia de que sea precisamente el Parlamento de Catalua el que propone larespuesta que se le ha de dar, utilizando para ello la facultad de iniciativa legislativa que laConstitucin le concede. La autorizacin para convocar el referndum requiere, por lasrazones que antes he dicho, una ley orgnica y en nuestra actual situacin poltica no pareceposible que esta nazca de un proyecto del Gobierno e improbable que venga de unaproposicin de ley. Pero no solo por esta razn, o por la necesidad de patentizar que quienesdesean la independencia de Catalua (o alternativamente, una modificacin sustancial del

marco de relaciones con el resto del Estado) quieren llegar a ella aprovechando todas las vasque la Constitucin ofrece y sobre todo, para participar as en la convocatoria de unreferndum que constitucionalmente las instituciones catalanas no pueden hacer, esindispensable a mi juicio que, si dado el resultado de las elecciones, el nuevo Parlamento deCatalua respalda las resoluciones que el que ahora se disuelve acaba de aprobar, lo haga a


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travs de un proposicin de ley orgnica de autorizacin de este referndum.

Antes de enzarzarnos en la discusin sobre las ventajas e inconvenientes de las distintasmetas, hay que reflexionar sobre el modo de comenzar el camino.

Francisco Rubio Llorentees catedrtico jubilado de la Universidad Complutense y director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto

Universitario Ortega y Gasset.

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