tribunal administrativo de antioquia sala quinta de
TRANSCRIPT
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA QUINTA DE DECISIÓN
MAGISTRADO PONENTE: JORGE LEÓN ARANGO FRANCO
Medellín, seis (6) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
RADICADO 05001 23 33 000 2021 01438 00
ACCIONANTE ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ Y OTROS
ACCIONADO MUNICIPIO DE ITUANGO, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA Y OTRAS
ACCIÓN Tutela
INSTANCIA Primera
TEMA Naturaleza de derechos vulnerados. Derechos colectivos
procede su defensa a través del Medio de Control para la
Protección de los Derechos e Intereses Colectivos.
Improcedencia de la acción de tutela.
DECISIÓN Declara Improcedente
SENTENCIA N° 5
Las señoras Isabel Cristina Zuleta López y Lina María Olaya Urbina, esta
última actuando en nombre propio y en calidad de agente oficioso de: Luis
Alfredo Henao, Rosa María George, José Aladier Henao George, Luz
Albella David Cristian, Alexis Giraldo David, Francisco Luis Torres, Anyi
Marllely Torres Graciano, Ángela María Zapata, Yeliza Andrea Zapata,
José Alonso Graciano, Nubia Pérez, Deiber Alexander Graciano, Dolly
Eliana Pérez, Oriana Yelina Graciano, Henry Giovanny George, Alexandra
Torres, Felipe George Torres, Rubén Darío Ferrao Espinal, Alba Luz
Zapata, Luis Alfredo Graciano, Marina López Castro, Carlos Andrés
Graciano López, Jorge Hernán Graciano López, Oscar Darío Graciano,
Efraín Chavarría, Luz Mery Graciano, Elcy Yurany Graciano, Diomer Alexis
Chavarría Graciano, Denis Albany Graciano, Jairo Elías Zábala, Martha
Oliva Hincapié, Gloria Uviter Graciano, Yojan Esbeider Graciano, Yeimer
Julián Graciano, Mónica Yuliana Graciano, Sory Valentina López Graciano,
Dadian Andrés Graciano, Mercedes Graciano, Yolanda Andrea Graciano,
María Camila Zalas, Nubia Graciano, Yeferson Graciano, Juan David
Graciano, Cristian David Graciano, Caren Sofía Graciano, Ximena
Graciano Solano, Antonio Graciano, Lucila Margarita Álvarez, Edwin
Andrés Graciano, Maribel George, Yorleison Quiroz George, Juan Diego
George, Yolder Arbey George, Victor Alfonso Pérez, Juan George
Graciano, Davinson Darío George, Gloria Porras, Maryury Callejas, Dorian
Humberto George, María Dolly Chavarría, Anderson George Chavarría,
Santiago George, Daniela George Chavarría, Adriana George, Ferney
Pérez Ayany George, Ana Isabel George, Emiliano Pérez, Luisa Fernanda
Pérez, Nataly Michel Pérez, Julia Pérez, Alfonso George Graciano, Julia
Barrera Jaramillo, Alejandra Graciano, Gustavo George, Dubia
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
2
Sepúlveda, Horacio Graciano, María Eloísa Correa, Leidy Andrea
Graciano, Lisdey Adriana Graciano, Luz Amanda George, Nidia Yhanet
George, Luz Morela Chavarría, Luis Ángel Gil, Rafael María Gil Chavarría,
María Aracelly Betancurt, Delfer Eliecer Gil Betancurt, Héctor Alberto Gil
Betancurt, Yeifer David Gil Betancurt, Claudia Yhanet Betancur, Evelin
Dahiana Pérez Betancurt, José Medardo George, Dora Elcy George, Yency
Paulina George, Yoerly Andrea George, Wilder Leandro George, Gerónimo
George George, Jairo Elías Quiroz, Beatriz Elena George, Yesica Paola
Quiroz, Giobanny Elías Quiroz, Dora Emilcen Graciano, Iván Albeiro
Quiroz, Dana Leany Quiroz, Cristian Humberto Wuiroz, Matías Quiroz,
Diana Lucía Guzmán, José Albeiro George, Yeny Tatiana George, Neider
Arley George, Yuly Banesa George, Dora Lilia Piedrahita, Maicol Graciano
P, Edi Sebastián Graciano, Deisy Liliana Torres, Mateo Torres, César de
Jesús Graciano, Neida Licencia Zapata, Yair Andrés Zapata, Ana Valeria
Zapata, Orlando Arango, Yelisa Chavarría, Taliana George, Nataly Yaly
Chavarría, Elmerson Chavarría, José María Zapata, Hermilda Lucía
George, Fredy Andrés Zapata, Disney Adriana Zapata, Denis Yulieth
Zapata, Pedronel Graciano, Martha Correa, Deison Correa, Didier Alexis
Graciano, Liced Yhoana Graciano, Carlos Emilio Correa, Juan Carlos
George, Doris Yanet George, Juan David George, Jaiber Alonso Graciano,
Doris Adriana Chavarría, Wilmer Alexandra Graciano, Wilson Graciano,
Ofelia George, Wilmar Sepúlveda, Adan Graciano, Dairo García, Neisy
López, Omer de Jesús García, Genaro Graciano, Luis Alfonso Graciano,
María Celmira Carvajal, César Chavarría, Wilmar Chavarría, Iván Correa,
Ana Mazo, Luis Alfredo Correa, Germán Darío Correa, Lina Yancely
Correa, Yudy Marcela Correa, Kelly Yuliza Correa, Yureiny Correa, Luis
Arturo García, Javier George, Germán Darío Graciano, Eugenia George,
Yenifer George, Juliana George, Kevin George, Luciana George, Kelly
George, Norbey Callejas, Deisy David Meneses, Andrey Callejas David,
Carlos Enrique Graciano, Ejidio Graciano, Gloria Emilcen George, James
Graciano, Yonatan Graciano, Luz Mariela Graciano, Antonio de Jesús
George, Cenón Flórez, Flor María Pérez, Leidy Jhoana Cardona Zabala,
Jorge Manuel Torres Berrio, Dora Elena Gil, María Eugenia Sánchez, Yenis
Adriana George, Luz Dary Ramírez, Rosa Delia Sucerquia, Blanca Cecilia,
Amanda Arango Zuleta, María Lorena Pérez Arango, Leidi Mairu Barrera,
Ana Flórez, Carolina Ruíz, Lina María Zuleta, Juan David Zapata Giraldo,
Cristian Camilo Correa Zapata, y Juan Camilo Tamayo; presentó acción de
tutela en contra el MUNICIPIO DE ITUANGO, el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, la UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
3
VÍCTIMAS —UARIV—, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE ANTIOQUIA, la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITUANGO; el MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, el MINISTERIO DEL INTERIOR, el ALTO
COMISIONADO PARA LA PAZ, y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por
considerar que le están vulnerando el derecho fundamental de petición, conforme
a los siguientes:
I. HECHOS
Señalan las accionantes, que desde el año 2017 posterior a la Firma del Acuerdo
Final de Paz (AFP), se vienen presentado disputas entre actores armados ilegales,
los cuales afirma se dan por la negligencia de las autoridades públicas para
controlar el territorio, atender las demandas socioeconómicas de las comunidades
y garantizar la no repetición de la violencia asociada con el conflicto armado.
Expresan, que desde el año 2018 la Defensoría del Pueblo ha advertido de los
riesgos que se presentan en el Departamento de Antioquia, el municipio de
Ituango y otros territorios, en razón de la precaria implementación del AFP, por
lo que emitió las alertas tempranas 029 de 2018 y 004 de 2020, en las cuales
realizó varias recomendaciones a diferentes autoridades, para adoptar medidas
tendientes a prevenir violaciones de los derechos fundamentales, así como la
adopción de medidas de protección para garantizar los derechos que estaban
siendo afectados por el escenario de confrontación bélica que se presenta en la
región.
Refieren, que los habitantes del municipio Ituango vienen soportando toda una
serie de violaciones graves a los derechos humanos, que se ven reflejadas en los
constantes desplazamientos forzados que desde hace más de 3 años se presentan
de forma reiterada, generados por el control que tiene los actores armados
ilegales que hacen presencia en el territorio, lo que, a pesar de la presencia de la
fuerza pública en algunos territorios, no denota mayor voluntad en proteger a la
población.
Indican, que el último evento que reviste una alta gravedad, es el desplazamiento
masivo que se viene presentado desde el pasado 21 de julio, que supera las cuatro
mil personas (4.000) desplazadas provenientes de diferentes veredas y
corregimientos, en donde la población campesina empezó a salir de sus lugares
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
4
de residencia y, hasta el momento, no para el éxodo de pobladores hacia el casco
urbano.
Afirman, que en la actualidad las comunidades alojadas en diferentes instituciones
educativas improvisadas como albergues, están pasando situaciones de penuria y
temor, debido a la ausencia de una estrategia clara de atención humanitaria que
garantice el acceso a alimentos, medicamentos, vestuario y demás bienes y
servicios destinados a satisfacer los derechos fundamentales; pasando más de
ocho días del desplazamiento para comenzar a llegar las ayudas humanitarias.
Manifiestan, que de las diferentes declaraciones rendidas por el Ministro de
Defensa Nacional, el Ejército y la Policía Nacional, se observa una intención de
configurar procesos de retorno forzado, sin cumplir los mandatos convencionales,
constitucionales, y legales que regulan este tipo de procesos.
Aunado a lo anterior, expone que la ola invernal ha generado derrumbes en las
vías de acceso terrestre al municipio, evidenciando el mal estado y la falta de
mantenimiento de estas; igualmente, narra que aún son varias las personas del
municipio de Ituango que están pendiente por recibir las dosis de vacunación para
el COVID-19, las cuales se encuentran hacinadas en los sitios improvisados que
se dispusieron para atender a la población desplazada.
Finalmente, expresan que de la falta de medidas de prevención y protección que
garanticen el derecho a la seguridad de la población, se derivan afectaciones a
otros derechos como: la falta de una adecuada, oportuna y pertinente atención
humanitaria de emergencia, el mínimo vital, y los derechos humanos.
Como sustento de lo anterior, aportó en anexos (i) copia de la Alerta temprana
No. 004-2020 emitida por la Defensoría del Pueblo, (ii) Comunicado del
Movimiento Ríos Vivos frente a la situación de crisis humanitaria en el municipio
de Ituango, (iii) Comunicado del proceso social de garantías frente a la
crítica situación humanitaria en el municipio de Ituango, (iv) Fotografías del
estado de las vías y de las condiciones de hacinamiento de la población,
(v) Listado con la relación de los derrumbes que incomunican al municipio
de Ituango, (vi) Pronunciamiento del Ministro de Defensa vía twitter
impulsando el retorno de la población, y (vii) Pronunciamiento del Brigadier
General Juvenal Díaz induciendo al retorno de la población.
II. PRETENSIONES
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
5
Con fundamento en lo narrado, la parte accionante solicita:
“En materia de prevención y protección:
1. Ordenar al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, la adopción de todas y cada una de las recomendaciones
establecidas en los informes de Alertas Tempranas 029 de 2018 y 004 de 2020 de la
Defensoría del Pueblo, estableciendo un mecanismo de verificación con participación de
líderes y lideresas de la comunidad del municipio de Ituango.
2. Ordenar al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Ejército Nacional y a la
Policía Nacional realizar las acciones necesarias encaminadas al control del territorio en
aras de posibilitar el retorno en condiciones de seguridad de la población actualmente
desplazada en el caso urbano de Ituango.
3. Ordenar al Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación,
adelantar las acciones necesarias para judicializar a los máximos responsables de las
reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos de la población del municipio de
Ituango.
4. Ordenar al Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación, adelantar las investigaciones internas, penales y
disciplinarias a que haya lugar en contra de los miembros de la Fuerza Pública que se han
denunciado o señalado como conniventes con los actores armados ilegales en la región.
5. Ordenar a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Ituango y la UARIV, ajustar el
plan de contingencia de forma urgente e inmediata para atender de forma adecuada la
actual emergencia.
6. Ordenar a la UARIV adelantar las acciones tendientes al establecimiento del Plan de
Atención, Asistencia y Reparación Integral, para garantizar la asistencia humanitaria de
forma oportuna, las medidas de prevención y protección, el restablecimiento de derechos
y la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas.
7. Ordenar a la UARIV verificar la voluntariedad de la población para cualquier tipo de
proceso de retorno. En caso de existir la decisión libre y voluntaria de las personas para
retornar, iniciar la formulación del Protocolo para el Acompañamiento a Retornos y
Reubicaciones en el Marco de la Reparación Integral a las Víctimas del Desplazamiento
Forzado.
En materia de atención humanitaria:
1. Ordenar a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Ituango y la UARIV, en virtud de
los principios de subsidiariedad y concurrencia, ofrecer de forma inmediata toda la
atención humanitaria de emergencia que la población afectada por el desplazamiento
forzado en el municipio de Ituango requiera.
2. Ordenar a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Ituango, desarrollar de forma
inmediata las acciones encaminadas a la recuperación de las vías terrestres del municipio
de Ituango, para garantizar la libre circulación y el ingreso de los bienes y servicios para
evitar un desabastecimiento en el municipio.
3. Ordenar a las autoridades sanitarias del orden nacional, departamental y local, adoptar
de forma inmediata un plan masivo de vacunación contra el Covid-19 en los albergues y
demás sitios de alojamiento de la población actualmente desplazada, para evitar el
agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad.”
De forma conjunta, al momento de presentar la presente acción de tutela
solicitaron como medida provisional:
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
6
“1. Ordenar a las autoridades con competencia para ello, garantizar el envío de atención
humanitaria de emergencia por vía aérea, de forma permanente, a fin de evitar un
desabastecimiento de alimentos y medicamentos en el municipio de Ituango. Para ello,
que las autoridades garanticen los recursos económicos necesarios para, además de
enviar la atención humanitaria, asegurar el transporte aéreo permanentemente.
2. Advertir a todas las autoridades abstenerse de promover procesos de retorno forzados
o sin haberse verificado las condiciones de seguridad”.
III. TRÁMITE
La acción de tutela fue instaurada el 28 de julio de 2021 y recibida en esta
Corporación el día 29 de julio de la anualidad, fecha en la que fue admitida y
notificada a las entidades accionadas mediante correo electrónico1.
IV. CONTESTACIÓN A LA TUTELA
4.1. El municipio de Ituango2 allegado vía electrónica el 02 de agosto de los
corrientes, manifestando que dio cumplimiento a la medida provisional ordenada
conformando una mesa integrada por las entidades accionadas, y liderada por la
Gobernación de Antioquia – Secretaria de Gobierno, Paz y Noviolencia – Dirección
de Derechos Humanos.
Manifiesta que es cierto lo relativo a las dificultades de orden público que
históricamente ha padecido la población Ituanguina, no sólo desde la firma del
Acuerdo Final de Paz suscrito por el Estado Colombia con la organización FARC-
EP, y que esa municipalidad ha procurado cumplir siempre con sus funciones
constitucionales y legales, entendiendo que las problemáticas existentes
desbordan la capacidad del ente territorial y ameritan la intervención articular de
todos los niveles y estamentos del Estado Colombiano.
Indica que es cierto lo relativo al desplazamiento masivo que se ha presentado
desde el 21 de julio de 2021 en el Municipio de Ituango en el cual se registró
según el censo oficial un total de 1.632 familias y 4.152 personas desplazadas,
hecho que fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
Relata que ha brindado, gracias a la articulación con las entidades
Departamentales, Nacionales, Fuerza Pública, Cruz Roja, ONU, entre otros, la
asistencia humanitaria de emergencia a la población desplazada garantizando sus
derechos fundamentales disponiendo albergues temporales dignos, provisión de
1 Archivo “17Notificacion” del expediente digital. 2 Archivo “19ContestacionMunItuango” del expediente digital.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
7
alimentación, atención en salud y condiciones de seguridad, lo cual ha sido
registrado y evidenciado en actas del Comité de Justicia Transicional, máxima
instancia desde la cual se ha coordinado y definido toda la atención del
desplazamiento.
Expone, que según información oficial entrega por la Secretaria General de
Gobierno del Municipio de Ituango las personas desplazadas se encuentran
regresando de manera voluntaria a sus sitios de origen, enunciando un total de
3.100 personas al 2 de agosto a quienes se les han garantizado todos sus
derechos, habiendo sido acompañados en el proceso por la Defensoría del Pueblo,
la Cruz Roja, la Unidad Nacional Para las Victimas, la Dirección Departamental de
Derechos Humanos, y la Personería Municipal, entre otras. Seguidamente
argumenta que las personas restantes ya manifestaron su voluntad de regresar
al territorio, por lo que estiman que el proceso culminará el 3 de agosto de 2021.
Enfatiza que la decisión de regreso de la población ha sido plena y absolutamente
voluntaria, y que dicho aspecto puede ser constatado por la Defensoría del Pueblo,
la Cruz Roja Internacional, la Personería Municipal y otras organizaciones.
Refiere, que en los albergues transitorios dispuestos, se instauraron medidas
básicas de bioseguridad por entornos familiares y veredas, las cuales han sido
acompañadas por Técnicos de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia y las autoridades de salud municipales, al igual que las condiciones
sanitarias y en general para la preparación de alimentos garantizando su
inocuidad y calidad de agua suministrada.
Expresa que ha ejecutado claras y contundentes acciones en materia de salud y
específicamente en el tema de vacunación contra el COVID-19, habiendo aplicado
bajo los directrices del Plan Nacional de Vacunación a la fecha 1144 dosis.
Manifiesta, que las afectaciones sufridas por la ola invernal han sido atendidas de
manera articulada por el municipio a través de la CMGR y Departamento
Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia – DAGRAN,
Gobernación de Antioquia – Secretaria de Infraestructura Física y otras entidades,
brindando atención humanitaria inmediata a la población afectada y definiendo de
manera articulada un Plan de Acción Especifico para conjurar la crisis generada
que según estimación inicial, asciende a la suma de $20.196.182.400 es cual se
buscará ejecutar de manera progresiva en el tiempo y una vez se viabilicen las
distintas fuentes de financiación de recursos.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
8
Las anteriores manifestaciones son acompañadas de un informe ejecutivo con las
principales acciones desplegadas para la atención del evento, con corte el 31 de
julio de 2021, consolidado por la Secretaria General y de Gobierno, en los
siguientes términos:
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
9
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
10
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
11
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
12
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
13
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
14
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
15
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
16
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
17
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
18
Indica, que a la fecha todas las entidades continúan atendiendo de manera
articulada el desplazamiento, estando garantizado los albergues, la alimentación,
atención en salud y condiciones generales de seguridad a la población que aún
permanece en el casco urbano, hasta tanto se materialice el regreso efectivo
voluntario a sus sitios de origen, por lo que debe negarse la presente acción de
tutela, al no existir un hecho que le sea imputable a esa municipalidad,
constitutivo de vulneración y/o amenaza de los derechos humanos y
fundamentales de que son titulares la población desplazada.
Finalmente, argumenta que a acción de tutela no es mecanismo para procurar el
restablecimiento de eventuales perjuicios, para cuyos efectos bien podrán,
quienes se crean afectados en sus derechos y/o bienes, hacer uso de las acciones
correspondientes ante la Jurisdicción competente.
Conjuntamente con el escrito de contestación allegó: (i) copia del Decreto No. 18
del 17 de febrero de 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ
TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANCISIONAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO –
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
19
ANTIOQUIA, SE DEFINE SU ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONAMIENTO, PARA
GARANTIZAR LA PREVENSIÓN, ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL
MUNICIPIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES” (ii) copia del Decreto No. 045
del 02 de mayo de 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL COMITÉ
TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO –
ANTIOQUIA”, (iii) copia de escrito dirigido al Fiscal seccional de Ituango, mediante
el cual efectua denuncia del desplazamiento masivo y forzado ocurrido durante
los dias 21 a 23 de julio de 2021, (iv) copia de los listados de asistencia al comité
extraordinario de Justicia transicional, y (v) copia del Decreto No. 076 del 23 de
julio de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA Y DECLARA LA URGENCIA
MANIFIESTA PARA ARBITRAR RECURSOS DE MANERA URGENTE PARA ATENCIÓN
DE POBLACIÓN DESPLAZADA”
4.2 La Fiscalía General de la Nación, mediante escrito3 allegado vía electrónica
el 2 de agosto de 2021, en respuesta a la presente acción de tutela expuso que
ese ente no es competente para conformar la mesa interinstitucional ordenada en
la medida provisional por cuanto la asistencia humanitaria, el abastecimiento
alimentario y la atención en salud requerida por la población del municipio de
Ituango como objeto de la medida provisional, no hacen parte del ejercicio de la
acción penal y limitan la competencia y actuación del ente investigador en el
citado cuerpo colegiado que se conforme.
Refiere, que sin perjuicio de lo anterior se encuentra a la espera que la Unidad
para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas - UARIV como autoridad
líder en emitir directrices respecto atención humanitaria cite la instalación de la
aludida mesa interinstitucional, con el propósito de participar en ella, en
cumplimiento de la orden judicial.
Expone, que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez
que las accionantes no acreditan haber agotado los mecanismos ordinarios para
la protección de los derecho fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia conforme la Ley 906 de 2004, tales como la
presentación de denuncias, entre otros; y que esa entidad ha tramitado de
manera oportuna y conforme a la ley todas las denuncias y noticias criminales por
los hechos ocurridos en el municipio de Ituango- Antioquia.
3 Archivo “27ContestacionFiscalia” del expediente digital.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
20
Considera, que las accionantes no reclaman la protección transitoria de un
derecho que en caso de no tutelarse se exponga a un perjuicio irremediable, ni
que el ejercicio transitorio de la acción de tutela responda a la posibilidad de
verificarse un daño de las características advertidas por la Corte Constitucional de
inminencia, gravedad, y urgencia.
Pone presente, que la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación
no pueden ser exigibles dentro del ámbito de la acción de tutela, pues suponen la
invasión injustificada de la competencia asignada a la jurisdicción ordinaria en
materia penal.
Por otro lado, expresa que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva,
como quiera que el presente asunto se debió vincular a la Fiscalía General de la
Nación y no del Fiscal General de la Nación a título personal; aunado, a que esa
entidad no tiene a cargo la garantía de la asistencia humanitaria, el
abastecimiento alimentario y la atención en salud requerida por la población del
municipio de Ituango, por lo que debe desvincularse del presente trámite
constitucional.
Indica, que esa entidad se encuentra adelantando investigaciones desde el año
2018 donde existen afectaciones en contra de defensoras(es) de derechos
humanos y ex–combatientes en proceso de reincorporación, incluyendo además
población civil en genera, conforme al proyecto Antioquia, el cual ha arrojado
diversos resultados positivos, información reservada, lo que permite establecer
que el objeto perseguido por las accionantes con sus pretensiones, en principio,
está siendo atendido con las medidas investigativas adoptadas, pues estas
responden a los propósitos que buscaba la presente acción de tutela.
Manifiesta, que las víctimas indicaron que habrían recibido órdenes de miembros
del GAOR 18 para desplazarse a la zona urbana del municipio, razón por la cual
inició la noticia criminal identificada con el N°053616000337202100132,
investigación fue asignada al GAULA, experto en la investigación de este tipo de
delitos y se trasladó un equipo de investigadores del CTI al lugar de los hechos
para adelantar labores investigativas tendientes a su esclarecimiento.4
4.3. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional5, el 3 de agosto
de 2021, aporta escrito manifestando que este Tribunal carece de competencia
4 Archivo “80Alcance” del expediente digital. 5 Archivo “33ContestacionPolicia” del expediente digital.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
21
para conocer la presente acción de tutela conforme lo establecido en el numeral
12 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, que dispone:
“Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República,
incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones
administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades,
organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos
ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado.”
Argumentando, que la situación fáctica descrita en la acción de tutela se encuentra
dentro del contexto de la defensa y seguridad nacional, el cual abarca las
personas, bienes, armamento, instalaciones, y servicios profesionales enlazados
para defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo.
Refiere, que al interior de las personas desplazadas hay un promedio de 47
personas, entre ellas, 19 menores de edad pertenecientes al resguardo indígena
de Jai -dukama / Jaidezavi de la comunidad Emberá – Katio; y que fue convocada
por parte de las autoridades territoriales Consejo de Seguridad Extraordinario en
el municipio de Ituango, donde se activaron las rutas de apoyo y atención a
víctimas, y se establecieron estrategias de seguridad para lograr intervenir la zona
rural afectada.
Igualmente, expone que los días 29 y 31 de julio de 2021 se realizó Comité de
Justicia Transicional en la localidad del municipio de Ituango – Antioquia con la
participación del Alcalde municipal, el Secretario de Gobierno, la Comisaria de
Familia, la Gobernación de Antioquia, la Inspección de Policía, la Personería, la
Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, Empresas Públicas de Medellín, y 15
líderes de los campesinos, donde se consignó:
Indica, las actividades que ha efectuado en cumplimiento de la misionalidad de la
institución de convivencia y seguridad ciudadana; que se dispuso de forma
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
22
articulada y coordinada con las fuerzas militares un fortalecimiento del
componente de talento humano para la atención de la población desplazada.
Finalmente, considera que la presente acción de tutela no cumple con el requisito
de subsidiariedad, toda vea que el mecanismo judicial de la acción popular, es el
instrumento válido para los fines pretendidos con la acción de tutela.
4.4. El Departamento de Antioquia - Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo de Antioquia 6, el 3 de agosto de 2021 vía electrónica se
pronunció sobre el particular, exponiendo que desde el 21 de julio cuando la
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia departamental fue informada sobre la
intención de desplazamiento masivo en el municipio de Ituango, y dentro del
marco de sus competencias y atribuciones ha brindado la atención humanitaria
inmediata a las víctimas y prestado el acompañamiento necesario al municipio de
Ituango, articulando la institucionalidad para brindar una atención integral a las
personas afectadas por el desplazamiento masivo y la ola invernal, para lo cual
dispuso de los siguientes componentes:
Transporte humanitario de emergencia, autorizó el pago del transporte
que trasladó a las personas desde las veredas hasta el casco urbano,
minimizando el riesgo de los afectados, en ese sentido asumió el costo de
25 trayectos de bus escalera.
Alimentación, garantizó el suministro de alimentos a través de olla
comunitaria para la totalidad de personas durante los días 22, 23, 24, 25 y
26 de julio.
Así mismo, el 28 de julio ingresaron seis (6) toneladas de alimentos no
perecederos por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, y restan por ingresar 36 toneladas más que se encuentran
en hidroituango; y se encuentra gestionando alimentos perecederos para
lo cual se realizó la atención los días 28 y 29 de julio.
kits de aseo, entregó 900 kits, lo cuales se autoabastecieron desde los
proveedores del casco urbano de Ituango.
6 Archivo “35RespuestaGobernacion” del expediente digital.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
23
De igual manera, entregó el día sábado 24 de julio, kits de bioseguridad
materializados en 1600 tapabocas aproximadamente.
Mencionar que, EPM apoyó con algunos kits de albergue y la UARIV envió
200 colchonetas.
Refiere, que la Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia Departamental a través
de la Dirección de Derechos Humanos, ha participado de cada uno de los Comités
de Justicia Transicional Municipales realizados, con el fin de hacer seguimiento al
cumplimiento de los componentes de atención y escuchar las necesidades de los
líderes sociales de cada una de las veredas; e igualmente ha dispuesto un
profesional con el fin que verifique la activación del plan de contingencia.
Indica, que la secretaria de Infraestructura Física del Departamento remitió
informes y presentaciones que dan cuenta del (1) seguimiento a los eventos
ocurridos en las vías, con ocasión a la emergencia actual que padece el municipio;
(2) apoyos que en la historia reciente ha realizado la entidad y (3) acciones que
ha realizado esa para la atención de los cierres de vías, logrando el
restablecimiento del tránsito desde el pasado 28 de julio de 2021.
Comunica, que la Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia ha
desplegado las siguientes intervenciones, (1) el plan de atención desde el área de
salud pública para población en situación de desplazamiento; (2) la relación de
insumos y medicamentos dados a la población en situación de desplazamiento en
el municipio de Ituango; (3) la planilla de asistencia a la mesa técnica
interinstitucional en el municipio de Ituango, y (4) el informe de la situación
sanitaria en albergues del municipio de Ituango.
Por otro lado, expone que en cuanto al derecho constitucional a la paz el máximo
Tribunal constitucional ha considerado que este, es un derecho social respecto del
cual existen otras vías judiciales distintas a la acción de tutela para su protección,
toda vez que no se trata de un "Derecho Natural" cuyo cumplimiento inmediato
pueda demandarse de las autoridades públicas o de los particulares a través de
la acción de tutela.
Aunado a lo anterior, refiere que el Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo de Desastres de Antioquia –DAGRAN, remitió informe exponiendo
que su competencia se limita de manera subsidiaria y concurrente con respecto a
la emergencia ocasionada por la ola invernal de los últimos días en el municipio
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
24
de Ituango, más concretamente el día 22 de julio de 2021; y que no es cierto que
dicha emergencia evidencie un mal estado y falta de mantenimiento de las vías
de acceso terrestre al municipio, toda vez que ello no se dio por factores
antrópicos, intencionales o no intenciones, sino que los movimientos en masa y
avenidas torrenciales que se registraron, movilizaron cantidades bastantes
significativas de material, estresando las vías hasta el punto de fracturarlas y
arrasar con ellas; para lo cual ya se dispueso el acompañamiento técnico al
municipio, con profesionales en geología, a fin de evaluar las condiciones del
terreno, y garantizó el traslado de recursos desde el Fondo Departamental de
Gestión del Riesgo, a la cuenta del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, para la
adquisición de aceites y combustibles necesarios para el funcionamiento de la
maquinaria amarilla que se está empleando para habilitar completamente la vía
de acceso terrestre al municipio.
Como sustento de lo anterior, aportó: (i) Plan de atención desde el área de salud
pública para población en situación de desplazamiento (por la presencia de grupos
armados ilegales y las afectaciones climáticas-ola invernal) del municipio de
Ituango, (ii) relación de insumos y medicamentos dados a la población en
situación de desplazamiento en el municipio de Ituango, (iii) informe de la
situación sanitaria en albergues del en el municipio de Ituango, (iv) listado de
asistencia a la Mesa interinstitucional realizada el día 02 de agosto de 2021, en
cumplimiento de la medida provisional ordenada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, (v) presentación que da cuenta de las acciones que ha realizado la
Secretaria de Infraestructura Física para la atención de los cierres de vías,
logrando el restablecimiento del tránsito desde el pasado 28 de julio de 2021, (vi)
archivo en Excel que da cuenta del seguimiento a los eventos ocurridos en las
vías, relacionados con la emergencia actual que padece el municipio, y (vii)
presentación (PDF) del SERES DE INFRAESTRUCTURA, HABITAT y
SOSTENIBILIDAD, sobre los diferentes apoyos que en la historia reciente ha
realizado la entidad, al municipio de Ituango.
Posteriormente, mediante comunicación allegada el 04 de agosto de 2021
presentó informe del cumplimiento de la medida provisional ordenada en el auto
admisorio, lo cual apoyó aportando copia del acta de conclusiones de la mesa
interinstitucional llevada a cabo el 2 de agosto de 2021, donde se expusieron las
actividades a realizar para la debida atención de la población del municipio de
Ituango7.
7 Archivo “75InformeCumplimientoDtoDeAntioquia” del expediente digital.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
25
4.5. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República8,
se pronunció sobre el particular indicando que la oficina del Alto Comisionado
para la Paz para el cumplimiento y seguimiento de la Alerta Temprana ha
realizado articulación con diferentes entidades dentro del marco de sus
competencias, para dar respuesta a la situación presentada en la Alerta Temprana
029 de 2018, presentando entre otros, propuesta de implementación de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación al Desempeño del Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de la Política, adelantando una sesión del Comité
Operativo de la IAN con el fin de recibir los comentarios de las entidades respecto
de la propuesta de lineamientos para la estructuración de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación al Desempeño y el Sistema de Planeación, Información
y Monitoreo, realizando a la fecha sesenta y ocho (68) sesiones de la Comisión
Nacional de Garantías de Seguridad, presentado los lineamientos de política
pública y su respectivo plan de acción.
Finalmente, indica que las pretensiones señaladas en el escrito de la demanda
se encuentran en función propiamente de las entidades en quienes recae la
responsabilidad de temas relacionados con la seguridad, la política de defensa
y el control frente a las situaciones de riesgo que se vienen generando en dicho
departamento, en aras de salvaguardar la convivencia pacífica de los
habitantes de las distintas regiones en general.
4.6. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas9, mediante escrito aportado el 03 de agosto de 2021
informa que consultado el Registro único de Víctimas – RUV para las accionantes,
consta que la señora Isabel Cristina Zuleta López se encuentra con estado de
inclusión por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, mientras que la
señora Lina María Olaya Urbina no figura dentro del mismo, es decir, no cuenta
con calidad de víctima.
Argumenta, que en la presente acción se presenta una falta de legitimación en la
causa por parte de la abogada Lina María Olaya Urbina quien dice actuar como
agente oficiosa de una serie de personas relacionadas en un listado, pero de
quienes no puede predicarse la incapacidad para reclamar por sí mismos sus
derechos, máxime cuando la situación en el municipio de Ituango es generalizada
y está siendo atendida por las autoridades.
8 Archivo “44RespuestaPresidencia” del expediente. 9 Archivo “65RespuestaUARIV” del expediente
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
26
Por otro lado, indica que desde el momento en que fue informada del
desplazamiento ocurrido en el municipio de Ituango el 21 de julio de 2021, ha
movilizado recursos y personal, para asistir a la población, particularmente aquella
que es víctima del conflicto armado que sufre la región.
Expone, que el día 23 de julio, participó en el Comité Territorial de Justicia
Transicional en el que se analizaron las circunstancias de modo, tiempo, lugar de
los posibles hechos victimizantes y se definieron los componentes de atención
según lo contempla el Plan de Contingencia y la articulación Nación-Territorio
contemplada en la sección 1 del capítulo 2 del libro 2 del Decreto sectorial 1084
de 2015.
Refiere, que ha enfocado su estrategia para atender la emergencia en dos
vertientes, por una parte, las verificaciones del Registro Único de Víctimas y, por
otra, la entrega de ayudas humanitarias en virtud del principio de
corresponsabilidad.
Manifiesta, que el 29 de julio se realizó un tercer CTJT, en el que se manifestó la
voluntariedad de regreso de algunas veredas, y que las familias empezaron a
regresar el 30 de julio.
4.7. El Ministerio de Interior10, allegó escrito vía electrónica el 04 de agosto de
2021, indicando que el mecanismo de funcionamiento de la Secretaría Técnica de
la CIPRAT, cuentan con dos componentes, uno de Alerta Temprana a cargo de la
Defensoría del Pueblo, que tiene como propósito principal advertir oportunamente
los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad; libertad y
seguridad personal, libertades civiles y políticas, e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario. Y un componente de Respuesta Rápida en cabeza del
Ministerio el Interior, quien ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión
Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, en adelante
CIPRAT, encargada de articular interinstitucionalmente, a las entidades nacionales
y autoridades territoriales, de manera rápida y oportuna para la respuesta y
reacción ante los riesgos advertidos.
Expone, que la CIPRAT conoció de las Alertas Tempranas No.029 y 004 de 2020
relacionadas por los accionantes, las cuales atendidas por la Secretaría Técnica
10 Archivo “67InformeMinInterior” del expediente digital.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
27
de la CIPRAT bajo los términos dispuestos del Decreto 2124 del 2017; y ha venido
adelantando de forma continua actuaciones de coordinación y articulación de las
Entidades para que éstas tomen las acciones pertinentes para la atención de los
acontecimientos de forma adecuada.
Indica, que no existe vulneración de derechos fundamentales por parte de ese
Ministerio, ya que es la Entidad Territorial, y los demás entes los llamados a definir
y ejecutar de forma directa acciones de prevención o ayuda humanitaria a los
ciudadanos y atender la solicitud de los accionantes, respecto de lo cual dicho
ministerio solo le compete crear los espacios y promover las acciones de
coordinación.
Por lo anterior, solicita su desvinculación de la presente acción ante la falta de
legitimación en la causa por pasiva, y la inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales por parte de ese ministerio.
Como sustento de lo anterior aportó: (i) Copia de la Resolución y Acta de posesión
del jefe de oficina asesora de Jurídica. (ii) Copia del Decreto 580 de 2021. (iii)
Copia de Resolución 777 de 2021. (iv) Acta de seguimiento Alerta Temprana
No.029. y (v) Acta de Seguimiento Alerta Temprana No.004.
V. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Este Tribunal es competente para conocer la acción de tutela en virtud de lo
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, los artículos 1 y 37 del Decreto
2591 de 1991, y el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
2. CUESTIÓN PREVIA.
De conformidad con los hechos y pretensiones planteadas por los accionantes,
encuentra la Sala dos circunstancias, la primera, es que si bien el instrumento
constitucional fue instaurado con el fin que se protejan los derechos
fundamentales a la vida, la integridad -física, psíquica y moral-, la igualdad, el
libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la libertad, la seguridad
personal y publica, el mínimo vital, el patrimonio económico, la propiedad, la
tierra, el trabajo, la libre circulación, a escoger libremente lugar de domicilio la
convivencia, la paz, a la salud, la educación; los derechos de los niños, de las
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
28
mujeres cabeza de familia, de las personas en situación de discapacidad y de los
adultos mayores, todas estas presuntas vulneración tiene su génesis común, en
dos hechos, (i) el desplazamiento forzado que se produjo a partir del 21 de julio
de 2021, y (ii) la afectación de la infraestructura física por la ola invernal.
Bajo este contexto, se tiene que las pretensiones formuladas en la presente acción
de tutela se dividen a su vez en dos grupos, a saber, “En materia de prevención
y protección” y “En materia de atención humanitaria”; mismas que buscan
la emisión de ordenes generales, más no específicas o concretas respecto a
personas determinadas, sino por el contrario respecto de todo el grupo poblacional
del municipio de Ituango – Antioquia.
Finalmente, la segunda circunstancia, consiste en que el caso bajo estudio podría
ser susceptible de intervención por el juez ordinario, en los términos de la Ley
472 de 1998, razón por la cual previo al estudio del caso en concreto, deberá la
Sala estudiar el requisito de subsidiariedad, respecto de cada grupo de
pretensiones.
3. LA SUBSIDIARIEDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA.
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta
a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento
preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión en que incurra cualquier autoridad pública, o los
particulares, en los casos en los que así se encuentre autorizado.
Dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela sólo procede cuando no existen
otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales
invocados, o en su defecto, siempre que ello sea necesario, para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección, por ende, ante la posible existencia de otro
medio de defensa, le corresponde al Juez de tutela verificar si ese medio es idóneo
y eficaz para proteger los derechos fundamentales, habida cuenta de las
condiciones especiales de cada caso, de forma que pese a existir el mismo no
resulte desproporcionado.
En este orden de ideas, cabe indicar que la Ley 472 de 1998 “Por la cual se
desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
29
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”
modificada por la Ley 1425 de 2010, estableció los mecanismos para obtener la
protección de los derechos e intereses colectivos, así, las acciones populares para
evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado
anterior cuando fuere posible, y las acciones de grupo cuando un número plural o
un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una
misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas; esta último
solo con el fin de obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los
perjuicios.
Así las cosas, bajo el marco de la acción popular es de resaltar que dicho
mecanismo, puede ser invocado ante la mera expectativa de que pueda
eventualmente concretarse un daño11, y con el fin que se adopten las medidas
necesarias para la ocurrencia del mismo, por lo que conforme lo establece el
artículo 9 de la referida norma, procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar
los derechos e intereses colectivos.
El H. Consejo de Estado ha indicado que12:
“(…) Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo
indeterminado de personas, como lo señaló la Sección Tercera de esta Corporación en
sentencia AP- 527 del 22 de enero de 2003: “Los colectivos son intereses de
representación difusa, en la medida en que suponen la reivindicación de derechos cuyo
titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, en potencia, pueden
ser, incluso, todos los que integran una comunidad. Por eso ha dicho la Corte
Constitucional que, es imposible enmarcar el interés colectivo en un ámbito meramente
subjetivo o particular, pero que cualquier persona perteneciente a un grupo o una
comunidad puede acudir ante los jueces para exigir la defensa de tal colectividad, con lo
cual logra simultáneamente proteger su propio interés (…)”
He igualmente que “(…) la titularidad es del colectivo y no de la suma de cada uno de los
derechos individuales (…)”13
Aunado a esto, se cuenta con que dicha acción goza de un trámite preferente que
obliga al juez a impulsarla de manera oficiosa y proferir una decisión de mérito,
además dentro de la misma se pueden decretar medidas cautelares para prevenir
un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado14, tales como la
de ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta
11 Ver Sentencias C-215 de 1999 y del 2 de septiembre de 2004, rad. 2002, 2693-01 (AP); del 20 de enero de 2011, rad. 2005-00357-01; y del 4 de septiembre de 2018, rad. 2007-00191-01(AP) SU del Consejo de Estado. 12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2011, rad. 2005-00357-01 (AP); reiterada en la sentencia de unificación del 4 de septiembre de 2018, rad. 2007-00191-01(AP) 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28 de marzo de 2014. Rad. 2001-90479-01. También consultar el artículo 19 de la Ley 472 de 1998 14 Artículo 25 de la Ley 472 de 1998.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
30
potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del
demandado; y en caso que se trate de una amenaza por razón de una omisión
atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el
cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará
un término perentorio.
El artículo 4 de la Ley 472 de 1998, define cuales derechos e intereses colectivos
son propios de la acción popular, así:
“(…) a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución,
la ley y las disposiciones reglamentarias;
b) La moralidad administrativa;
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas
de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas,
así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente;
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
e) La defensa del patrimonio público;
f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
i) La libre competencia económica;
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares
o tóxicos;
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes;
n) Los derechos de los consumidores y usuarios.
Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución,
las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.
PARAGRAFO. Los derechos e intereses enunciados en el presente artículo estarán
definidos y regulados por las normas actualmente vigentes o las que se expidan con
posterioridad a la vigencia de la presente ley. (…)”
De lo anterior, es claro que la acción popular es un mecanismo judicial principal,
idóneo y eficaz para reclamar ante los jueces la protección de derechos e intereses
colectivos, a través de un proceso donde el operador judicial puede adoptar
medidas cautelares y cuenta con un amplio rango de acción para decretar pruebas
y en la sentencia emitir las órdenes necesarias para detener o conjurar la
afectación real, concreta e inminente, ya sea para prevenir el daño, volver las
cosas al estado anterior o, excepcionalmente, disponer la indemnización de
perjuicios15.
15 Sentencias T-390 de 2018; SU-649, T-592, T-596, T-592 y T-428 de 2017; T-306 y T-080 de 2015; y T-362 de 2014
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
31
Sin embargo, existen casos en los cuales eventualmente es procedente la acción
de tutela en lugar de la acción popular, en cuyo ámbito ha indicado la
jurisprudencia que16:
“(…) Desde la sentencia SU-1116 de 2001 la Corte ha enfatizado que cuando se instaura
una acción de tutela para reclamar la protección de derechos o intereses colectivos
conexos con un derecho fundamental, es necesario demostrar que la acción popular no es
idónea para ampararlos. Este Tribunal17 sistematizó los criterios para juzgar por un lado
la eficacia de la acción popular y, por otro, el juicio material procedente del recurso de
amparo, respecto del primero estableció:
(a) la conexidad, es decir que la trasgresión del derecho fundamental sea consecuencia
inmediata y directa de la perturbación de una garantía colectiva.18
(b) la afectación directa, referida a que el actor acredite -y así lo valore el juez- la
vulneración de su derecho fundamental -y no otro o el de otros- derivado de la acción u
omisión que se invoca.19
(c) la certeza, entendido como la necesidad de que la violación al derecho fundamental
sea real y cierta, no hipotética.20
(d) la fundamentalidad de la pretensión, lo cual significa que la petición de amparo debe
perseguir la protección del derecho fundamental y no del derecho colectivo en sí mismo
considerado.21
74. Por otra parte, en cuanto a los presupuestos materiales de procedencia, la Corte
estableció que es viable la solicitud de amparo cuando: (i) el trámite de la acción popular
ha tardado un tiempo considerable22; (ii) se han incumplido las órdenes adoptadas en la
sentencia emitida por el juez popular23; (iii) a pesar de alegar la violación simultánea de
derechos fundamentales y colectivos, se evidencia una vulneración del derecho
fundamental independiente del derecho colectivo24; y (iv) existe necesidad de ofrecer una
respuesta judicial eficaz por la presencia de sujetos de especial protección constitucional25.
Por el contrario, ha determinado que es improcedente cuando la controversia suscita un
debate probatorio especialmente complejo, dado que el trámite popular es posible
adelantarlo, enfrentando, por ejemplo, posibles dudas técnicas sobre la afectación a
derechos e intereses colectivos.26(…)”
Cotejado lo anterior, con los hechos y pretensiones enunciadas en la acción de
tutela encuentra la Sala que en el presente asunto, como se indicó en precedencia,
si bien el instrumento constitucional fue instaurado con el fin que se protejan los
derechos fundamentales a la vida, la integridad -física, psíquica y moral-, la
igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la libertad, la
seguridad personal y publica, el mínimo vital, el patrimonio económico, la
propiedad, la tierra, el trabajo, la libre circulación, a escoger libremente lugar de
16 Sentencia T-196 de 2019 17 Sentencia SU-1116 de 2001, reiterada en los fallos T-390 de 2018; SU-649, T-592, T-596, T-592 y T-428 de 2017; T-306 y T-080 de 2015; y T-362 de 2014, entre muchos otros. 18 Sentencias T-390 de 2018, T-596 de 2017, T-1451 de 2000 y T-415 de 1992 19 Sentencias T-028 y T-231 de 1993 y T-574 de 1996 20 Sentencias T-390 de 2018 y T-244 de 1998 21 Cfr. Sentencias SU-1116 de 2001, reiterada en las sentencias T-390 de 2018; y T-596, T-592, T-574, T-596 y T-601 de 2017. 22 Sentencia T-343 de 2015 23 Sentencia T-197 de 2014 24 Sentencia T-099 de 2016 25 Sentencias T-306 de 2015 y T-218 de 2017 26 Sentencia T-362 de 2014.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
32
domicilio la convivencia, la paz, a la salud, la educación; los derechos de los niños,
de las mujeres cabeza de familia, de las personas en situación de discapacidad y
de los adultos mayores, todas estas presuntas vulneración tiene su génesis
común, en dos hechos, (i) el desplazamiento forzado que se produjo a partir del
21 de julio de 2021, y (ii) la afectación de la infraestructura física por la ola
invernal, aspectos que permiten concluir fácilmente que lo que se busca es la
protección de derechos colectivos presuntamente vulnerados no en razón de su
naturaleza propia e individual, sino de forma consecuencial al hecho generador, y
de naturaleza colectiva, lo cual se ajusta a la definición del elemento de conexidad
enunciado con antelación.
Así mismo, se desprende que la presunta vulneración alegada se pregona de todo
el grupo o colectivo de personas que se vieron afectados por el fenómeno del
desplazamiento, por la presunta omisión de las entidades accionadas, no siendo
posible establecer de forma directa y discriminada, respecto de cada uno de los
accionantes, cuáles y de qué forma en particular, se configura la vulneración de
los derechos fundamentales.
En cuanto al requisito de la certeza de la afectación al derecho fundamental,
estima la Sala que está plenamente reconocido por las partes el hecho de que en
la municipalidad de Ituango, se dio un desplazamiento masivo y forzado de las
zonas rurales a la urbana, lo cierto es que del material probatorio allegado al
plenario no se cuenta con elemento alguno que permita establecer con certeza un
hecho (s) especifico (s) generador (es) de dicho acto, ni tampoco que las
entidades accionadas no hayan desplegado dentro del marco de sus competencias
todas las acciones para mitigar las consecuencias, o se hayan reusado a prestar
determinado tipo de asistencia que evidencia la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
En otros términos, si bien se establece la circunstancia del desplazamiento de la
población, también queda plenamente acreditado el hecho de que las autoridades
han desplegado diferentes acciones tendientes a asistir a las personas afectadas
por dicho acontecimiento, en forma tal que no puede atribuirse una inactividad de
la institucionalidad.
Finalmente, en cuanto al último elemento, se tiene que las pretensiones
formuladas en la acción de tutela están encaminadas a que se ordene a cada una
de las entidades accionadas a cumplir con su objeto misional, y realizar acciones
propias de la naturaleza de cada institución; todo ello bajo el enunciado general
de una serie de derechos que en sentir de los accionantes, afectan a la población
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
33
rural del municipio en sus derechos fundamentales, pero que en sí mismo, no se
determina respecto de alguna persona o personas en particular, el derecho
conculcado, por lo que escapa al juez constitucional emanar una medida orientada
a la protección específica de un derecho fundamental, como lo exige este amparo
excepcional.
Así las cosas, la presente acción de tutela se torna improcedente en razón de los
elementos antes analizados, la naturaleza de los derechos enunciados, la ausencia
de una determinación concreta respecto de cada uno de los afectados, así como
por la existencia de otros mecanismos ordinarios.
Adicionalmente, se debe precisar que la solicitud de amparo tampoco se torna
procedente, como quiera que no se acreditó que con antelación se estuviera
tramitando alguna acción popular que buscara obtener el mismo resultado
(ordenes), y que la misma estuviera tardando más del tiempo considerable, o que
producto de la misma se estuviera omitiendo el acatamiento de la (s) orden(es)
allí impartida; además que tampoco se logra establecer que se esté en presencia
de una vulneración de un derecho fundamental que no sea consecuencial del
derecho colectivo.
Adicionalmente, estima esta colegiatura que dada la complejidad del caso y el
alcance que pueden tener las ordenes solicitadas, es indispensable efectuar todo
un desarrollo probatorio que permita contar con el suficiente conocimiento para
establecer si se están afectando los derechos colectivos, por la omisión alegada
por los actores.
Todo lo anterior, lleva a concluir que en el presente asunto no se desvirtuaron los
criterios de eficacia de la acción popular ni se satisfacen los presupuestos
materiales de procedencia de la acción de tutela, pues no se acreditó que se
hubiere activado el mecanismo principal, ni la vulneración de algún derecho
fundamenta independiente del colectivo, ni se acreditó que fuera inminente la
ocurrencia de un daño irreparable, que suscitara la emisión de una orden
transitoria.
Como consecuencia de la no configuración del elemento de subsidiariedad, debe
la Sala por consiguiente levantar la medida cautelar decretada con la admisión de
la tutela; advirtiendo a los accionantes que la misma puede volver a ser solicitada
si opta por activar el mecanismo de la acción popular, teniendo en cuenta que el
H. Consejo de Estado cuenta con posición unificada sobre la materia, en el sentido
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
34
que las órdenes que se profieran en desarrollo de dicha acción deben guardar
relación con la causa petendi de la demanda y atacar la fuente de la amenaza o
vulneración del derecho o interés colectivo.27
Por otro lado, se advierte que el Magistrado, Doctor DANIEL MONTERO
BETANCUR, manifestó su impedimento para conocer de la presente acción,
señalando que su esposa Maritza Sosa Ortiz, es contratista del Grupo de defensa
Judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, razón por la cual, se configura la causal de impedimento
consagrada en el artículo 56-1 del Código de Procedimiento Penal, y en
consecuencia debe ser separado del conocimiento del proceso. A su vez, la
Doctora VANNESA ALEJANDRA PÉREZ ROSALES, se encuentra ausente por
incapacidad.
Por las anteriores razones, se dispone la integración de la Sala de Decisión dentro
del presente asunto, al verse afectada la mayoría decisoria de la Sala, siendo
necesario dar aplicación a lo preceptuado en el parágrafo del artículo 115 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que
consagra:
“(…) PARÁGRAFO. En los Tribunales Administrativos, cuando no pueda obtenerse la
mayoría decisoria en sala, por impedimento o recusación de uno de sus Magistrados o por
empate entre sus miembros, se llamará por turno a otro de los Magistrados de la
respectiva corporación, para que integre la Sala de Decisión, y solo en defecto de estos,
de acuerdo con las leyes procesales y el reglamento de la corporación, se sortearán los
conjueces necesarios.”
En consecuencia, la mayoría decisoria para resolver la presente acción de tutela,
se integra con el Magistrado que sigue en turno en esta Sala, la Dra. SUSANA
NELLY ACOSTA PRADA de la Sala Quinta de Oralidad de esta Corporación.
Sin más precisiones al respecto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, SALA QUINTA DE DECISIÓN, Administrando Justicia en nombre
de la República y por autorización de la Ley,
27 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de Unificación, Expediente No. 25000-23-15-000-2006-00190-01(AP)REV-SU de 5 de mayo de 2020.
Acción de Tutela 05001 23 33 000 2021 01438
Declara Improcedente
35
FALLA
PRIMERO: INTEGRAR SALA DE DECISIÓN con el Magistrado que sigue en
turno en la Sala Quinta de Oralidad de esta Corporación, Dra. SUSANA NELLY
ACOSTA PRADA.
SEGUNDO: ACEPTAR el impedimento del Magistrado Daniel Montero Betancur,
y, por lo tanto, se le separa del conocimiento del presente asunto.
TERCERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones
antes expuestas.
CUARTO: LEVANTAR la medida cautelar decretada con la admisión de la tutela,
conforme se indicó anteriormente.
QUINTO: Notifíquese por el medio más expedito a las partes, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1.991, advirtiéndoles que
contra la presente decisión se puede interponer el recurso de impugnación, dentro
de los tres días siguientes a la notificación.
SEXTO: Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de la oportunidad legal,
envíese al día siguiente a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La providencia se estudió y aprobó en Sala de la fecha.
Los magistrados,
JORGE LEÓN ARANGO FRANCO
SUSANA NELLY ACOSTA PRADA
(ausente con excusa)
VANNESA ALEJANDRA PÉREZ ROSALES