tratamiento tributario de la donaciÓn de alimentos 66/pub... · 2019. 1. 3. · - 106 -- 107 - -...

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Cristina Díaz Díaz y sebastián arias romero

institUto CoLombiano De DereCHo tribUtario

tratamiento tribUtario De La DonaCiÓn De aLimentos

eL DereCHo tribUtario y La HaCienDa PÚbLiCa:La VerDaDera LeGisLaCiÓn Para La ProteCCiÓn De Los DDHH

Cristina Díaz Díaz1

Sebastián Arias Romero2

Auxiliar de investigación: Ada López Bayona3

resumen

Todo alimento que se done debe pagar el impuesto al valor agregado (IVA), como si se estuviera vendiendo, sin importar que se trate de excedentes, devoluciones o productos a punto de alcanzar su fecha de vencimiento. Después hay un descuento en el impuesto de renta, que no alcanza a compensar el desembolso inicial. Los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso de catástrofe natural o de otra índole.

Palabras clave

Impuestos, donaciones, incentivos tributarios, Estado social de derecho, derechos humanos, alimentación.

abstract

All donated food has to pay the value added tax (VAT), as if you were selling, no matter what the case of surplus, returns or products nearing its expiration

1 Abogada egresada de la Universidad de Los Andes, especialista en derecho tributario de la Universidad del Rosario. Publicaciones: La jurisdicción coactiva (2008), derechos humanos y ciudad (2009). Historia de un derecho humano: la educación en Colombia (2010). Manual de obligaciones (2012). Correo electrónico: [email protected].

2 Profesional en finanzas y comercio exterior egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Decano facultad de finanzas y comercio internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Docente en varias universidades en tema de transporte internacional. Correo electrónico: [email protected].

3 Estudiante de último semestre de contaduría pública de la Fundación Universitaria San Martín. Correo electrónico: [email protected].

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date. Then there is a reduction on income tax, which is not enough to offset the initial outlay. States have a core obligation to take steps to mitigate and alleviate hunger, even in case of natural disaster or other.

Keywords

Taxes, donations, tax incentives, social State of law, human rights, food.

sumario

1. Introducción; 2. Donaciones en Colombia; 3. Donaciones de alimentos; 4. Iniciativa América Latina y Caribe sin hambre; 5. Conclusiones; Bibliografía.

1. introducción

“El hambre no es solo hambruna: miseria repentina y grave, sino una con-dición persistente y endémica, que obliga a vivir en un estado de desnutri-ción, enfermedad y debilidad. Es silenciosa, mata mucha gente y reduce la esperanza de vida”. Amartya Sen.

¿De dónde surgen los recursos para el financiamiento del Estado? Parece una pregunta obvia, sin embargo es fundamental hacerla frecuentemente, porque las políticas públicas y las funciones del Estado dependen de los recursos y no son solo declaraciones. En la actualidad los países indus-trializados desperdician 670 millones de toneladas de alimentos al año. Cerca de un tercio de los alimentos que se producen anualmente en el mundo para el consumo humano, unas 1.300 millones de toneladas, se pierden o desperdician, según denuncia un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).4

En el informe de la FAO titulado “Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo”5, se distingue entre pérdidas de alimentos (que pueden darse en las fases de producción, recolección, poscosecha o procesado) y desperdicio

4 Es el principal organismo de las Naciones Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre. El trabajo de la FAO consiste en ayudar a los países en desarrollo a modernizar y ampliar su agricultura, silvicultura y pesca, mejorar sus niveles de alimentación y nutrición y aliviar así la pobreza y el hambre.

5 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Global food losses and food waste. [En línea]. [Fecha de consulta: 30, marzo, 2012]. Disponible en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf.

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de los mismos, un problema más presente en los países industrializados, causado en la mayoría de los casos tanto por minoristas como por consu-midores que arrojan víveres en condiciones comestibles a la basura. En Colombia este tema está empezando a estar en el debate, y sobre todo la distribución de los alimentos que no se alcanzan a comercializar.

El 26 de octubre de 2009 se constituyó la Asociación Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco)6, creada y enfocada en construir e implementar un modelo propio de gestión social sustentable en el marco de la seguridad alimentaria buscando sinergias con el sector público, privado y organi-zaciones no gubernamentales, generando así desarrollo en la sociedad colombiana y logrando combatir el hambre y la pobreza.

Como resultado, Abaco ha conseguido reunir esfuerzos desde distintos frentes para lograr mitigar este impacto en el país, logrando en el año 2010 entregar cerca de 20 mil toneladas de alimentos con ayuda de 900 benefactores, 10.600 donaciones y más de 1.880 Instituciones con 1.8 millones de raciones para sus beneficiarios.

Sin embargo, de acuerdo con información del año 2010 suministrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-mentación (FAO), 852 millones de personas padecen hambre crónica y malnutrición a causa de su situación de miseria. La mayoría de estas personas viven en países en vía de desarrollo. Y Colombia hace parte de estos países, como lo muestran las estadísticas (que son bastante limitadas, los datos son incompletos, pero alarmantes), como causas de desnutrición crónica, el 13,2% de niños menores de 5 años sufre retraso en crecimiento y uno de cada 4 niños de 6 a 59 meses presenta anemia. Actualmente Colombia se encuentra por debajo de México, Ecuador y Perú, ocupando el tercer lugar de las prevalencias más bajas entre 12 países latinoamericanos.7

6 Las asociaciones de bancos de alimentos, son entidades legales independientes que representan a los bancos existentes en el país donde operan y cuya razón de ser es apoyar su desarrollo. Estas facilitan la interacción diaria entre los bancos de alimentos y cada una de las ONGs, fundaciones u otras instituciones sin ánimo de lucro que operan en la comunidad del territorio de atención y cuya misión es coadyuvar/contribuir a la seguridad alimentaria. Son un ente articulador entre el sector público y privado.

7 ASOCIACIÓN BANCOS DE ALIMENTOS EN COLOMBIA. El hambre en Colombia. [En línea]. [Fecha de consulta: 30, marzo, 2012]. Disponible en: http://www.abaco.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=56.

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Hoy nuestro tema académico y de debate es “TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA DONACIÓN DE ALIMENTOS”. La pregunta que nos hacemos es: ¿El derecho tributario y la hacienda pública son la fuente de los recursos para el cumplimiento de la protección de los DDHH?

Este artículo requiere ser concreto y enfocarse en las donaciones de alimentos, que es un comportamiento deseado por el Estado. Podemos pensar por lo tanto que: ¿Este crea incentivos para promover este tipo de conductas? El objetivo es cumplir con eficiencia y eficacia con el DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.8

8 El derecho a la alimentación adecuada se reconoce en instrumentos concretos, como la Convención sobre los Derechos del Niño (apartado c) del párrafo 2 del artículo 24 y párrafo 3 del artículo 27), la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (párrafo 2 del artículo 12) y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (apartado f) del artículo 25 y párrafo 1 del artículo 28), si bien su formulación más explícita, a un nivel más general, aparece en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la asamblea general en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1966.

En 1996, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se celebró en Roma. En ella, se pidió que se diese al derecho a la alimentación un contenido más concreto y operativo y, con este objetivo, se recogieron varias iniciativas. En 1999, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano compuesto por expertos independientes que vigila la aplicación por parte de los Estados del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó una observación general (Observación General 12) sobre el derecho a la alimentación.

El 17 de abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos estableció, por Resolución 2000/10, el mandato del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación. Cinco años después, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación del 2002 solicitó que se crease un grupo de trabajo intergubernamental bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el fin de poder preparar una serie de directrices encaminadas a la implementación del derecho a la alimentación. El 23 de noviembre de 2004, los 187 Estados miembros del consejo general de la FAO, adoptaron un “Conjunto de directrices voluntarias con el fin de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”. Estas directrices son un conjunto de recomendaciones que los Estados han aprobado para contribuir a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada. Ofrecen a los Estados orientaciones prácticas sobre el mejor modo de cumplir la obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de respetar el derecho a una alimentación adecuada y asegurar que las personas no padezcan hambre.

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Porcentaje de desnutrición en menores de 5 años

Fuente: Investigación nacional de mobilidad, 1969; Nov. 1982 y 1992; y encuentas de demografía y salud 1995 y 2000.

Dentro de la teoría de la hacienda pública clásica los impuestos tenían una justificación muy precisa: financiar la parte del gasto público que no fuere financiable con otros recursos, tales como los del dominio público o las tasas. En otras palabras, el presupuesto dentro de esta concepción tradicional tenía una finalidad meramente fiscal. Esta época de la hacienda pública coincide en el período en que se preconizaban los niveles mínimos de gasto público y el equilibrio presupuestal; en consecuencia, el nivel de la tributación debía ser lo más reducido posible.

Hoy en día esta concepción se ha modificado; ya existe un consenso más o menos amplio dentro de la teoría fiscal y la economía en el sentido de que los impuestos tienen y deben tener propósitos no solamente fiscales, sino que también constituyen un instrumento de primera importancia para influir sobre las políticas económicas y sociales. Para decirlo en otros términos, los impuestos no han de mirarse exclusivamente como instrumento de financiamiento del gasto público sino como un instrumento de gran utilidad para influir sobre los agregados macroeconómicos.

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insuficiencia ponderal retardo en crecimiento emaciación (Desnutrición global) (Desnutrición crónica) (Desnutrición aguda)

1965-66 1977-80 1986-89 1995 2000

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Colombia tiene unas palabras en su Constitución que lo definen como Es-tado social de derecho, que definen sus funciones y límites como Estado, y dan la base para la lectura económica (libre mercado y protección de la propiedad privada, pero con límites en la función social). En este sentido, con la promulgación de la Constitución Política de 19919, la sociedad avanza en la construcción de un Estado social de derecho en razón de su valor como pacto social y como una propuesta de paz frente a la aguda situación de violencia de la década de los ochenta, debido entre otros factores a la monopolización del poder, la exclusión e intolerancia social y política, la represión estatal y las demandas sociales insatisfechas. Además, la Constitución contiene valores, principios y normas que van a guiar la interpretación de todas las demás normas que se creen y regulen la vida de los colombianos.

Así, antes de la Constitución de 1991, el Estado colombiano estaba con-formado como un Estado de derecho centralizado con sujeción al ordena-miento jurídico, en donde se pretendía garantizar libertades individuales, en detrimento de los derechos sociales y colectivos.

El Estado social de derecho, promulgado por la Constitución de 1991, redefine las relaciones entre el poder central y las regiones, y se convierte en un Estado participativo donde prevalece lo regional sobre lo nacional, se reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación y hay un presupuesto de inversión social. Lo decretado en el artículo 1º de la Carta, ampliado y respaldado a lo largo del texto fundamental, tiene entonces una importan-cia sin precedentes en el contexto del constitucionalismo colombiano, en cuanto incorpora la Nación al llamado constitucionalismo moderno.

La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica del Estado colombiano puede describirse desde dos puntos de vista: cuan-titativo y cualitativo. Lo primero debe tratarse necesariamente bajo el tema del Estado de bienestar y lo segundo bajo el tema del Estado constitucional democrático. Las delimitaciones entre ambos conceptos no son tajantes, pues cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente en los siguientes aspectos:

9 C.P., artículo 1º. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

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• El Estado de bienestar surge como una respuesta a las demandas sociales hechas por todos los movimientos populares en la lucha por las reivindicaciones de sus derechos económicos, políticos, sociales, culturales y civiles. Desde este punto de vista, el Estado social de derecho puede definirse como el que garantiza estándares mínimos de salarios, alimentación, salud, habitación, educación y participación activa asegurados para todos los ciudadanos, con la idea de derechos y no de simple caridad o de servicio.

• Por su parte, el Estado constitucional democrático ha sido la res-puesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores, derechos consagrados por la integridad de los derechos humanos, y se mani-fiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa y de control político y jurídico.

Una de las ideas más frecuentes en el discurso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es aquella que incorpora la cláusula del Estado social de derecho, la cual supuso el tránsito de un Estado liberal, gendarme o de policía, a un Estado social.

Por otro lado, también es visto como un producto del momento constituyente entendido como una ruptura con varios de los elementos de la tradición constitucional construida bajo el amparo de la Constitución de 1886.10

La propuesta constituyente del Estado social de derecho supuso una co-rrespondencia entre el modelo de Estado (su configuración, finalidades y sustrato axiológico), los institutos básicos de una Constitución: los derechos y la distribución de competencias, y una serie de disposiciones que han sido reagrupadas con el nombre de la Constitución económica.11

10 Así por ejemplo, en la Sentencia C-587 de 1992 de la Corte Constitucional (M.P. Ciro Angarita Barón), la Corte consideró: “En Colombia, el Constituyente de 1991 adoptó la fórmula del Estado social de derecho, desarrollada como ha sido descrito, por la mayoría de los Estados constitucionales de occidente. Con ella, introdujo un cambio radical en la teoría de los derechos que prevalecía en la Constitución vigente hasta entonces”. Una idea semejante parece indicar que la Corte entiende el momento constituyente, y el concepto mismo de Estado social de derecho, como una ruptura con un modelo anterior, por lo menos en lo que respecta a una “teoría de los derechos”.

11 Esta relación fue sugerida tempranamente por la Corte. Así, en la Sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) consideró: “7. La unidad normativa de la Constitución y su interpretación sistemática permiten vincular directamente las disposiciones que conforman la llamada “Constitución Económica” —Título XII del Régimen Económico

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Esta correspondencia se advierte en la permanencia de una idea en los tres elementos señalados: la preocupación por la igualdad real y efectiva de los habitantes. Esta finalidad estructurante del Estado social, represen-tada una de las facetas del “orden justo”, recorre el texto de la Constitución desde los principios fundamentales, pasando por la consagración de una amplia y en ocasiones detallada gama de derechos de contenido social y económico, hasta la caracterización de las normas que establecen las relaciones entre el Estado y la sociedad en materia económica.

En la idea de la justicia del modelo tributario, la Constitución ha conservado la tesis de la no neutralidad del sistema tributario y su vocación de herra-mienta para la redistribución del ingreso12 y para la garantía del bienestar. Este diseño no solo se inscribe en una tradición jurídica consolidada en Colombia desde la década de los años treinta del siglo XX, sino que se ha perfeccionado a partir de la dinámica jurisprudencial de los principios del sistema tributario: igualdad, equidad y progresividad.13

y de la Hacienda Pública— con el principio fundamental del estado social de derecho y la efectividad de los derechos constitucionales, en especial, los derechos sociales, económicos y culturales (C.P., arts. 42 a 77)”.

12 Sobre este punto, la Corte en la Sentencia C-776 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda), indicó que: “(...) en relación con las medidas tributarias adoptadas por el legislador, los principios de eficiencia, equidad y progresividad que, según el artículo 363 Superior, rigen el sistema tributario, se derivan directamente de la configuración de Colombia como un Estado social de derecho, en el marco del cual la hacienda pública cumple un propósito claramente redistributivo”. Idea que ya había sido expuesta en la Sentencia C-080 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz).

13 Así por ejemplo, en la Sentencia C-925 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández), la Corte indicó que en virtud de la existencia del deber constitucional de “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”, el legislador, al adoptar las normas tributarias no puede pasar por alto el hecho de que “no todos los asociados pueden ni deben tributar exactamente igual, sino que a la ley corresponde medir y distribuir las cargas”. No obstante, la decisión más importante en esta materia ha sido la declaración de inexiquibilidad de la norma que pretendía extender el IVA con una tasa del 2% a los bienes de la canasta básica. En una sentencia sumamente compleja (la varias veces citada C-776 de 2003), la Corte consideró que una medida semejante desconocía el principio de progresividad del sistema tributario, en concordancia con los principios del Estado social de derecho y de la obligación de garantizar el mínimo vital de los habitantes. En resumen de las consideraciones del fallo es como sigue: “(...) Cuando se extiende la base del IVA para gravar bienes y servicios, que antes habían sido excluidos para promover la igualdad real y efectiva (art. 13 de la C.P.) en un Estado social de derecho (art. 1º de la C.P.), el legislador tributario vulnera los principios de progresividad y equidad que rigen el sistema tributario/arts. 363 y 95-9 de la C.P.), interpretados en consonancia con el derecho fundamental al mínimo

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“La consideración de la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y el elemento esencial del nuevo “Estado social de derecho”, razón por la cual el sistema constitucional de derechos y garantías –máxima expresión jurídica de la dignidad de la persona– contribuye a darle sentido, contenido y fin a esa modalidad de Estado”.14

Porcentaje de personas subnutridas

2. Donaciones en Colombia

A continuación abordamos el tema concreto de las donaciones. El con-cepto de este se encuentra establecido en el Código Civil Colombiano en el artículo 1443, así:

vital (arts. 1º y 13 de la C.P. en concordancia con el artículo 334 C.P.), si (I) de manera indiscriminada (...) se modifica un sistema tributario (II) con graves falencias tanto en el lado de los ingresos provenientes de tributos con diseño progresivo como (III) en el lado del gasto encaminado a cumplir fines redistributivos (IV) mediante la ampliación de la base del IVA a todos los bienes y servicios de primera necesidad (V) de los cuales depende ineludiblemente el goce efectivo del derecho al mínimo vital de un amplio sector de la población del país, dadas las insuficiencias de la red de protección social”.

14 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-571 de 1992.

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“artículo 1443. Definición de donación entre vivos. La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocable-mente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta”.

En ese orden de ideas se presenta la figura de la donación, cuando los bienes corporales muebles se transfieren en forma gratuita, los cuales pueden estar gravados, no gravados, exentos o excluidos del impuesto a las ventas, siendo necesario verificar la clasificación de los bienes para efecto de generar el IVA en la operación económica (donación).

Por consiguiente la donación es un hecho que se considera venta, que puede causar el IVA cuando se donan bienes corporales muebles no exclui-dos, es decir cuando se entreguen bienes gravados que no han constituido activos fijos para el donante, quedando obligado a generar el impuesto a las ventas para ese tipo de operaciones económicas.

3. Donaciones de alimentos

El tema de la donación de alimentos se debatió en el marco de la primera conferencia Latinoamericana de bancos de alimentos, cita en la que hubo presencia de líderes de México, Chile, Ecuador y Estados Unidos.15

Varios de los invitados a la conferencia, coincidieron en que el modelo colombiano no estimula la donación de alimentos, sino que la penaliza. “Desgravar las donaciones sería como pegarme un tiro en la sien”, afir-mó el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Juan Ricardo Ortega, frente a representantes de alto nivel de la Cepal, la FAO y Unicef.

En esta conferencia, la FAO aprovechó para señalar que actualmente en el mundo se destruyen 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, mientras casi mil millones de personas sufren de hambre. Lo anterior resulta inaudito en el contexto colombiano, ya que como se afirmó anteriormente, en nuestro país el tema de las donaciones se penaliza de una manera que genera desestimulo a los potenciales donantes de alimentos.

15 En esta conferencia, se buscaba reunir y compartir en un solo lugar las mejores experiencias y prácticas en modelos de gestión sostenible en América Latina, tendientes a mitigar las consecuencias del hambre y poder fortalecer esfuerzos en el marco de la seguridad alimentaria.

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En Colombia no hay datos consolidados sobre la cantidad de comida que no se aprovecha, pero sí se sabe que el 41% de la población está en situación de inseguridad alimentaria, que unos 5.000 niños mueren por desnutrición cada año y que el 9% de los menores de 5 años padecen este mal, según el ICBF.

Daniel Sarmiento, experto en derecho tributario, dice que, aunque sí existe un incentivo para donaciones —que se descuenta del impuesto a la renta—, no alcanza a superar lo que se paga por IVA. “Si donas un producto que cuesta $ 1.000, debes pagar ya $ 160 de IVA y en un año te descuentan $ 82,5 del impuesto de renta”, explica.

“Si yo desgravo las donaciones, mañana nos volvemos el país más huma-nitario del mundo. Comparto la sensación de injusticia porque toque pagar IVA cuando se quiere ser generoso; el problema es la corrupción”.

Para la DIAN, la evasión seguirá existiendo mientras no se penalice con cárcel. La respuesta de Ortega, que fue la misma que ya le había dado a la Arquidiócesis de Bogotá, que lo citó para discutir el tema, no ha sido bien recibida por parte de las empresas fundadoras de la Red de Bancos de Alimentos del país entre ellas el Éxito, Nutresa, Unilever y Alquería.

“Se está cometiendo una injusticia. No podemos, excusarnos en la co-rrupción, renunciar a garantizar el derecho constitucional a la vida. Si no se come, no se vive”, comentó Germán Jaramillo, presidente de la junta directiva de Abaco.

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y eco-nómico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Por ello, el derecho a la alimentación debe ser entendido de modo amplio, considerando el acceso físico y económico a los alimentos adecuados o a medios para conseguirlos en cualquier momento, y no de un modo restrictivo que se ciña a una dotación de calorías, proteínas y otros nutrientes.

Igualmente, se reconoce que el derecho a la alimentación adecuada tendrá que ser alcanzado de un modo progresivo.

En ciertas circunstancias, los Estados tienen la obligación de suministrar alimentos a aquellos que lo necesiten.

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No se trata solo de ser alimentado, sino también de tener garantizado el derecho a alimentarse, para lo cual no solo es necesario que haya alimentos disponibles (es decir, que se produzcan alimentos en suficiente cantidad para alimentar a toda la población), sino además que sean accesibles, de modo que cada familia disponga de los medios para producir sus propios alimentos o posea suficiente poder adquisitivo para comprar los alimentos que necesite.

Como se reconoce tanto en esas disposiciones como en el derecho inter-nacional consuetudinario, el derecho a la alimentación impone obligaciones a todos los Estados no solo respecto de las personas que vivan en sus respectivos territorios nacionales, sino también de la población de otros Estados. Estos dos conjuntos de obligaciones se complementan entre sí. La realización plena del derecho a la alimentación es posible solo a condición de que se cumplan tanto las obligaciones nacionales como las internacionales.

Las actividades que se lleven a cabo a nivel nacional en ese ámbito se-guirán teniendo un efecto limitado en la lucha contra la malnutrición y la inseguridad alimentaria a menos que la comunidad internacional facilite y recompense los esfuerzos nacionales no solo mediante la asistencia para el desarrollo y la cooperación, sino también mediante regímenes o acti-vidades en materia de comercio e inversión para hacer frente al cambio climático a nivel mundial; a la inversa, la eficacia de cualquier esfuerzo que realice la comunidad internacional para contribuir al logro de esos objetivos dependerá del establecimiento de marcos jurídicos e institucionales a nivel nacional y de la aplicación de políticas debidamente orientadas a promover la realización del derecho a la alimentación en el país de que se trate.16

En este sentido es muy interesante analizar casos puntuales donde el tema de la donación de alimentos ha sido abordado desde una perspectiva diferente.

Entidades como The Global Food Banking, la cual congrega a bancos de alimentos en todos los continentes, ha llegado a la conclusión de que si no existen estímulos lo suficientemente llamativos, será muy complicado aumentar las cantidades de alimentos donados. Casos como el de Estados Unidos, en donde se hace devolución del IVA pagado por los alimentos do-nados y existen otro tipo de exenciones, o el de México en donde aquellos

16 QUINTERO, Jorge. [En línea]. [Fecha de consulta: 30, marzo, 2012]. Disponible en: (http://www.eltiempo.com/economia/bienestar/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9481469.html.

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propietarios de bienes en desuso están exentos del pago de IVA y adicio-nalmente tienen un 5% de devolución, son merecedores de un estudio a fondo, con el fin de determinar su aplicabilidad en Colombia.

Lo que realmente resulta necesario es hacer una reforma al sistema actual, mediante la introducción de una serie de normas las cuales contribuyan no a la penalización de la donación de alimentos, sino por el contrario a su estímulo. De lo anterior serán muchas las empresas y personas que realicen donaciones, lo cual contribuirá en algo a la reducción del hambre en nuestro país.

Desnutrición en zonas urbanas y rurales año 2000

4. iniciativa américa Latina y Caribe sin hambre17

“La iniciativa América Latina y Caribe sin hambre persigue alcanzar el 1er objetivo de desarrollo del milenio (ODM), que es erradicar el hambre, reduciendo a la mitad el número de personas que padecen hambre, hasta el 2015”.

17 INICIATIVA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SIN HAMBRE. La iniciativa ALCSH. [En línea]. [Fecha de consulta: 30, marzo, 2012]. Disponible en: http://www.rlc.fao.org/es/ialcsh/la-iniciativa/.

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En la actualidad, los índices de hambre y desnutrición en América Latina y el Caribe son realmente desalentadores. Según datos de la FAO, en esta región del planeta habitan más de 53 millones de personas quienes no tienen acceso a una alimentación satisfactoria.

Mediante la iniciativa América Latina y Caribe sin hambre, la FAO, cuenta con unos puntos particulares los cuales tienen como objetivo principal reducir los índices de hambre y desnutrición:

1. Asistencia técnica a los países y a las instancias regionales.

2. Cooperación horizontal entre países de la región, con la FAO como catalizador.

3. Comunicación de la iniciativa y de las experiencias de los países.4. Investigación e información sobre seguridad alimentaria nutricional.

5. Sensibilización de tomadores de decisiones y formadores de opinión.

6. Alianzas con otras instituciones regionales, nacionales e internacionales.

7. Movilización social través de ONGs y empresas privadas.

En América Latina y el Caribe existen experimentos exitosos en la lucha contra el hambre como es el caso del Fome Zero de Brasil. De esta ma-nera la FAO ha optado por elegir ciertos parámetros en el marco de las políticas de responsabilidad social empresarial, los cuales contribuyan al desarrollo de planes estratégicos que busquen aportar al tema de la desnutrición.

La iniciativa se lleva a cabo actuaciones en tres frentes, que son:

1. acceso a la alimentación:

Lo que se pretende con este mecanismo es ayudar a familias que padecen de hambre las cuales necesitan soluciones efectivas e inmediatas.

sistema de transferencia de ingresos a familias pobres

Es un programa de transferencia de ingresos destinado a las familias en situación de pobreza, con renta per cápita muy baja.

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alimentación escolar y acceso a la alimentación

Es un programa que ofrece por lo menos una comida al día, con el obje-tivo de atender las necesidades nutricionales de los estudiantes durante su permanencia en la escuela, contribuyendo al crecimiento, desarrollo, aprendizaje y rendimiento escolar, así como a la formación de hábitos alimenticios saludables.

alimentos a grupos poblacionales específicos y al trabajador

Amplía el acceso a los alimentos básicos para los pueblos indígenas, gru-pos de trabajadores rurales acampados, recogedores de basura y otros que están en situación de inseguridad alimentaria y nutricional por medio de la distribución de alimentos.

sistema de subsidios monetarios

Programa que consiste en conceder aportaciones económicas para los casos más radicales de falta de alimentos.

restaurantes populares

Son espacios comunitarios administrados por el poder público que se caracterizan por la comercialización de comidas preparadas, saludables a precios accesibles a la población que se alimenta fuera de su lugar de habitación, pero con poder adquisitivo muy bajo.

bancos de alimentos

Actúan mediante recepción de donativos de alimentos considerados impro-pios para la comercialización, pero adecuados al consumo. Los alimentos son entregados a instituciones de la sociedad civil, sin fines lucrativos, que producen y distribuyen comidas, gratuitamente, a personas en situación de vulnerabilidad alimentaria.

sistema de vigilancia y control de dolencias causadas por la desnutrición

Es una acción de atención básica a la salud que tiene el objetivo de siste-matizar la vigilancia del estado nutricional, describiendo las tendencias de salud y nutrición y situaciones de inseguridad nutricional, a nivel individual o colectivo. La acción produce indicadores para evaluación de políticas

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públicas del sistema único de salud y tiene por objetivo una mejoría de las condiciones de salud de la población.

Distribución de vitamina a

Se destina a prevenir y/o controlar la deficiencia de vitamina A, con vistas a reducir la seriedad de las infecciones y, consecuentemente, a reducir la mortalidad materno-infantil. Está dirigido a niños de 6 a 59 meses y a mujeres en el período post parto inmediato.

Distribución de hierro (salud de hierro)

Es una estrategia dirigida a prevenir y/o controlar la anemia por deficiencia de hierro en los grupos más vulnerables (niños de 6 a 18 meses, gestantes y mujeres 5 en período post-parto), cuyos estudios apuntan prevalencia de 50% en niños y 40% en gestantes, lo que trae serias consecuencias para el pleno desarrollo físico, mental y social desde la infancia hasta la fase adulta.

educación alimentaria y promoción de hábitos saludables

Desarrolla acciones de promoción de la alimentación saludable, buscando estimular a la sociedad, por medio de actividades educativas y de comuni-cación, a combatir el hambre y a adoptar hábitos alimenticios saludables.

exoneración de cesta básica. reducción de impuestos de los alimentos básicos

Consiste en una exención o minimización del gravamen del impuesto sobre los géneros alimentarios de primera necesidad que componen la cesta de la compra, aquellos considerados indispensables para una supervivencia digna.

Fortalecimiento de agricultura familiar y de pesca artesanal

Pretende dar instrumentos, armas y recursos a las familias pobres para que puedan salir de la pobreza generando sus propios ingresos, explotando sus tierras, aprovechando sus materias primas y recursos, buscando que estas familias salgan de la pobreza y vigilen su seguridad alimentaria.

Programa de fortalecimiento de la agricultura

Valoriza y divulga la agricultura familiar como la actividad económica fun-damental para el desarrollo socio-económico sostenible en el medio rural.

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agricultura urbana/Huertas comunitarias

Son desarrolladas en aquellas regiones donde hay concentración de fa-milias y personas con bajo poder adquisitivo y carencia alimentaria, con el objetivo de incentivar y apoyar la implantación de pequeñas unidades de producción de comidas saludables.

Construcción de cisternas

Es una acción desarrollada para la población rural de regiones áridas, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de acceso al agua y fomentar la convivencia sostenible en las regiones.

Garantía de cosechas o seguro-cosecha

Tiene por objeto la tranquilidad y seguridad para el ejercicio de la actividad agrícola posibilitando que el agricultor reciba un beneficio en el período de estación seca y garantice el sustento de la familia durante seis meses. Lo que se pretende es compensar el perjuicio de los pequeños agricultores de los municipios que sean víctimas de situaciones de calamidad, emer-gencia o sequía.

seguro de agricultura familiar

Garantiza la cobertura del 100% del financiamiento más 65% del capital en efectivo esperado por el emprendimiento financiado por el agricultor familiar. Esta innovación busca garantizar un significativo porcentaje de la renta esperada por el agricultor familiar en el momento de contratar sus operaciones de costeo agrícola.

Programa de adquisición de alimentos de agricultura familiar y de la pesca artesanal

Incentiva la producción de alimentos para la agricultura familiar, permitiendo la compra, la formación de estoques y la distribución de alimentos para personas en situación de inseguridad alimentaria. Los productos también son distribuidos en la merienda escolar de niños, en hospitales y entidades de beneficencia.

2. Promoción de procesos de generación de renta

En el desarrollo de este proceso, se pretende que las familias generen su propia renta a través de actuaciones de capacitación: educación, forma-

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ción, cualificación, apoyo al emprendedor con objeto de que mejoren sus condiciones de trabajo y generen su propio ingreso económico.

Cualificación social y profesional

Promueve la cualificación social, ocupacional y profesional del trabajador. Promueve la escolaridad. Promueve diversas actividades para favorecer la integración al mercado laboral.

economía solidaria e inclusión productiva

Pone a disposición de los trabajadores beneficiarios acciones del sistema público de empleo y de acciones de economía solidaria de oportunidades de cualificación social, profesional y ocupacional en articulación con las ac-ciones de microcrédito, generación de empleo y renta y economía solidaria.

Consorcio de seguridad alimentaria y desarrollo local

Es una iniciativa para promoción del desarrollo territorial, en áreas perifé-ricas, con énfasis en la seguridad alimentaria y nutricional y en la gene-ración de trabajo y renta, como estrategia principal para la emancipación socioeconómica de las familias que se encuentran debajo de la línea de pobreza en esas regiones.

educación infantil, alfabetización

Dentro de las actuaciones para crear empleo y renta e incentivar el desarro-llo local, se pretende alfabetizar y escolarizar a todos los niños que vivan en situación de indigencia. Lo que se pretende es erradicar el analfabetismo.

organización productiva de comunidades pobres

Promueve la inclusión social de los desempleados, comunidades pobres, urbanas y rurales y trabajadores de empresas en proceso de desestructu-ración productiva, organizándolos en emprendimientos productivos auto-gestionarios, económicamente viables y sostenibles.

Desarrollo de cooperativas

Apoya la organización sustentable y el desarrollo de cooperativas, en especial a las de recogedores, para separación y reaprovechamiento de

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la basura, en consonancia con nuevo modelo de tratamiento integrado de residuos y la erradicación de los vertederos.

microcrédito productivo orientado

Concede crédito para atender a las necesidades financieras de personas físicas y jurídicas emprendedoras de actividades productivas de pequeño porte, utilizando metodología basada en relacionarse directamente con emprendedores en el lugar donde se ejecuta la actividad económica.

3. articulación, movilización y control social

Esta última fase es crucial porque supone una aceptación social, un trabajo de envergadura de reconocimiento social que involucra al resto de ciuda-danos y poderes públicos y privados. Es un trabajo de sensibilización que se manifiesta en resultados concretos.

Casa de familias - Centro de asistencia social

Es un servicio continuado de protección social básica. Esos centros son espacios físicos localizados estratégicamente en áreas con mayor índice de vulnerabilidad y riesgo social y personal. Prestan atención socio-asistencial, articulan los servicios disponibles en cada localidad, potenciando, coordi-nando y organizando la red de protección social básica entre los diversos sectores con políticas de cualificación profesional, inclusión productiva, cooperativismo y las restantes políticas públicas y sociales, en busca de mejores condiciones para las familias.

educación ciudadana y movilización social. seguridad y calidad de los alimentos

Actúa en la capacitación, logística, elaboración y reproducción de material didáctico-informativo, relacionados con la formación ciudadana. Se pretende conseguir:

• Formación ciudadana en los municipios, empezando por las áreas prio-ritarias donde el hambre es más aguda y continuando con las familias en situación de inseguridad alimentaria, sensibilizando y organizando iniciati-vas de movilización de la sociedad por la seguridad alimentaria y nutricio-nal y priorizando la organización o refuerzo de los Forums de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

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• Formación del taller de educación ciudadana.

Donaciones y ayudas

Con las donaciones se pretende paliar el sufrimiento de los que padecen hambre a diario y no pueden esperar los resultados de las mudanzas pro-fundas en las estructuras económicas y sociales. El acto de donar no va mucho más allá de la oferta de alimentos o dinero. Es importante que la sociedad se involucre en las acciones del programa, que busca atacar las causas estructurales del hambre y de la pobreza. Existen muchas formas de hacer donaciones, sea en dinero, alimentos, o alianzas. Lo mejor para incentivar las donaciones de alimentos es que los donantes reciban algún incentivo fiscal a cambio de la donación.

Colaboraciones con empresas y entidades

Son proyectos que sirven de apoyo a las políticas sociales del Gobierno. Las empresas/instituciones que desean colaborar para combatir el hambre deben actuar prioritariamente desde su estructura interna apoyando la ge-neración de trabajo y renta, acciones de protección social y de seguridad alimentaria y nutricional.

La función del buen Gobierno en la erradicación del hambre

El Banco Mundial define el buen Gobierno como el conjunto de tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país.

Algunas organizaciones como el Instituto Internacional de investigacio-nes sobre política alimentaria (IIPA), mantienen una posición en la cual aseguran que el buen gobierno incluye el dotar en especial a la población vulnerable de bienes públicos esenciales, los cuales van desde el man-tenimiento de la paz y la seguridad hasta la construcción de carreteras y redes eléctricas en zonas rurales. Adicionalmente, algunos defensores del desarrollo basado en los derechos, afirman que las acciones encaminadas al buen gobierno deben abarcar los derechos humanos esenciales, incluido el derecho a la alimentación.

De esta manera las acciones de buen Gobierno son determinantes en la consecución de los objetivos principales en cuanto a reducción el hambre y consecución de la seguridad alimentaria.

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Los mecanismos de buen Gobierno pueden utilizarse para distinguir con notable precisión los países en desarrollo que han conseguido reducir el hambre a niveles relativamente bajos de los que no lo han logrado.

Utilizando algunos de los indicadores como estabilidad política, eficacia del gobierno, imperio de la ley y control de la corrupción, es factible distinguir aquellos países que tienen problemas de hambre y desnutrición.

Sin embargo, estos indicadores del buen Gobierno son mucho menos efi-caces para distinguir entre los países que han avanzado en la reducción del hambre durante el decenio de 1990 y aquellos en que la prevalencia de la subnutrición se ha mantenido inalterada o ha aumentado.

En este sentido, en aquellos países donde ha empeorado la seguridad ali-mentaria fueron también aquellos donde menor fue la estabilidad política, más débil el imperio de la ley y más profunda la corrupción. Muchos eran países en los que el conflicto había desbaratado el tejido político y jurídico del buen Gobierno, como es el caso particular de Colombia.

Únicamente en los países donde las dimensiones del hambre se mantuvie-ron intactas, lograron resultados positivos según los indicadores del buen Gobierno propuestos por el Banco Mundial.

Por lo tanto se concluye que la ausencia de las políticas del buen Gobierno puede llegar a convertirse en un impedimento para reducir el hambre.

Disponibilidad de bienes públicos esenciales

Aquellos bienes públicos esenciales señalados anteriormente como la paz interna, el imperio de la ley, la infraestructura rural y la investigación agraria, son determinantes para lograr aumentar la producción agrícola y por consiguiente para reducir el hambre y la pobreza.

Si las leyes de algún país son débiles, disminuye la productividad agrícola y la seguridad alimentaria, debido a que son efímeros los contratos y la tenencia de la tierra y la inversión no resulta atractiva. Así, en el caso de que no haya carreteras, electricidad o medios de comunicación en zonas rurales, resulta difícil y costoso para los agricultores llevar su producción los centros de distribución.

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La afirmación hecha en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación como derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre manifiesta explícitamente la dimensión del buen Gobierno.

Los efectos del buen Gobierno y la seguridad alimentaria pueden verse en varios países que han reconocido ya un derecho «justiciable» a los alimentos.

buen Gobierno y derecho a la alimentación

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se enfatizó en el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre lo cual evidencia la im-portancia del buen Gobierno. En este sentido se plantea la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Adicionalmente durante el consejo de la FAO en 2004 se plantearon las directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria na-cional, lo cual estableció un instrumento práctico para apoyar los esfuerzos nacionales encaminados a cumplir este objetivo.

5. Conclusiones

El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, ha manifestado su interés de implementar diversos mecanismos encaminados a reducir la elusión o evasión que se presenta en Colombia. Sin embargo es necesario revisar los actuales impuestos de manera que aquellos que están perjudicando a sectores como el de las donaciones, en este caso de alimentos, sean eliminados o en el mejor de los casos replanteados de forma estructural.

Esta es una necesidad apremiante, ya que como se evidencia en este artículo, muchos de los potenciales donantes de alimentos prefieren en muchos casos botar estos a donarlos, ya que literalmente es muy costosa su donación.

Esto no significa una reducción en los ingresos públicos per se. Se requiere es una reforma tributaria estructural ya que la coyuntura actual de Colom-bia así lo demanda. Temas como la falta de infraestructura en momentos en que se acerca la implementación del TLC con Estados Unidos, la Ley de Víctimas, entre otros temas, necesitan de ingresos adicionales para su ejecución.

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Lo que si se necesita son impuestos técnicos los cuales garanticen un mayor flujo de dinero a las arcas del Estado, en donde los contribuyentes estén satisfechos con su contribución y en donde prime el bien común sobre el bien particular.

De esta manera se logrará reducir los índices de inequidad que tanto daño le han hecho al país hasta entrado el siglo XXI.

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