transformaciones territoriales a travÉs de formas de
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DIRECCIÓN DE POSGRADO FACSO
DIPLOMADO EN DESARROLLO COMUNITARIO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE
AGUA Y SANEAMIENTO (PRIMERA VERSIÓN)
GESTIÓN 2020
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES A TRAVÉS DE FORMAS DE
AUTOGESTIÓN Y GOBERNANZA DEL AGUA: CASO ZONA SUR DE
COCHABAMBA
Estudiante: Jhovana Marisol Orozco Merida
Lucero Challapa Pinto
Noemi Mamani Jachacata
Tutor: Lic. Víctor Perales
COCHABAMBA – BOLIVIA
2020
INTRODUCCION
Los recursos hídricos son un elemento de la primera necesidad para el consumo humano en este
contexto se analizarán las experiencias que atraviesa el municipio de Cochabamba y su entorno,
en relación a la aplicación del modelo de autogestión, gobernanza del agua y la fragmentación
urbana se enfoca en la participación de las organizaciones vecinales donde ellos buscan estrategias
dirigidas a la autogestión cuyo fin es garantizar el acceso de agua de manera equitativa y
permanente.
Sin duda alguna el recurso de agua es uno de los problemas más grandes que agobia a la población
principalmente aquel relacionado a la escases, en la población cochabambina los niveles de
cobertura son muy bajos, por consiguiente se buscan nuevas estrategias como sistemas
autogestionarios que llegan a administrar con sus propios recursos que generan a partir de las
afiliaciones al agua potable, pago de consumo de agua potable y por cuotas que ellos determinan
en plena asamblea de las cooperativas.
En ese sentido la presente monografía estudia las transformaciones territoriales a través de formas
autogestión y gobernanza del agua y su efecto sobre la configuración territorial en la Zona Sur de
Cochabamba, misma que se detalla a continuación.
1. JUSTIFICACIÓN
Según la Constitución Política del Estado, el agua constituye un derecho fundamental para la vida,
en el marco de la soberanía del pueblo. En ese sentido es importante analizar la gobernanza
urbana del agua donde la mayoría de la población sufre la escasez de abasteciendo de agua
potable, ante la limitada capacidad del sector público para dotar de servicios básicos e
infraestructuras al interior del área urbana de Cochabamba, donde muchas organizaciones
vecinales desarrollan prácticas y estrategias encaminadas a la autogestión de diferentes servicios,
entre ellos el agua para consumo humano. Estas estrategias alrededor de la autogestión del
servicio de agua son desarrolladas por una serie de operadores locales de pequeña escala,
pequeñas organizaciones cuyo fin principal es garantizar el acceso a servicios de agua mediante la
administración de pequeños sistemas y redes de servicio de agua.
El municipio de Cochabamba, es uno de los sectores más vulnerables a los escases de agua ya que
existe fuerte crecimiento de las construcciones de viviendas destinada a familias de bajos ingresos
económicos, prácticamente este municipio especialmente la zona sud. sufre la falta intervención
de las autoridades municipales en cuanto al sistema de abastecimiento de agua potable, en tal
sentido la población optó en crear diferentes sistemas de abastecimiento de recursos hídricos
como sistemas comunarios, cooperativas, comités de agua autogestionarios, mediante la
perforación de pozos para luego abastecer la cobertura de las OTB Este tipo de respuestas han
crecido rápidamente en los últimos años de modo que estos sistemas vieron la necesidad de crear
una asociación de sistemas comunitarios de agua potable y satisfacer la necesidad de agua para
consumo humano. Estas formas de autogestión contribuyen a la desintegración de las
infraestructuras, favoreciendo a la fragmentación de la estructura social y material, transformando
la configuración territorial de la ciudad.
2. DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Sin duda alguna el agua es uno de los problemas fundamentales que agobia a la población, donde
no acceden en cantidad suficiente, ni a precio accesible de calidad aceptable, donde existen bajos
niveles de cobertura en las zonas marginales, debido a que el operador principal SEMAPA no
llega a abastecer agua en su totalidad, motivo por el que surgen los sistemas autogestionarios
donde no tienen ningún tipo de respaldo, presencia, asesoramiento y planificación del Estado,
funcionan con sus propios recursos, es la forma que la población encontró de resolver su
problema de acceso al agua. Ante la ausencia del Estado la gestión de los recursos hídricos casi
siempre estuvo en manos de las organizaciones locales “como ser los comités, cooperativas y
asociaciones de agua que definen el derecho de acceso en base a sus usos y costumbres de control,
al hacer uso del manejo de agua se toma decisiones de distribución de los derechos de propiedad
de las fuentes.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Estudiar las transformaciones territoriales a través de formas autogestión y gobernanza del
agua y su efecto sobre la configuración territorial en la Zona Sur de Cochabamba
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar las formas de autogestión del agua, con especial incidencia en el sistema de
abastecimiento de pozos.
Reconocer las relaciones de poder y gobernanza urbana generadas por los
operadores locales en torno al agua
Describir el proceso de fragmentación urbana a través de redes de agua generados por los
operadores locales de pequeña escala.
4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿La escasez o la falta de agua promueven formas de organización social?
¿Las relaciones de poder y de gobernanza en torno al agua transforman la ciudad?
¿El control de las redes de agua y sus formas de abastecimiento genera la desintegración
de la ciudad?
¿Qué impacto tendría la existencia y acción de los Operadores Locales de Pequeña Escala
(OLPE) dirigidas a la obtención de agua para consumo humano en la gestión, gobierno y
configuración del espacio urbano de las ciudades?
¿El agua puede ser “causa” principal de la centralización o descentralización de poder?
I. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
Predominación del mercado y privatización extranjera en una gobernanza neoliberal
Como argumenta Zurbriggen (2011), surge la transformación de un modelo de desarrollo
centrado en el Estado a uno bajo el predominio del mercado. Estos cambios se sintetizaron en el
"Consenso de Washington", el cual resume las recomendaciones de reformas neoliberales de parte
de los organismos internacionales (principalmente por el BM y el FMI) que debían implementar
los gobiernos para retomar la senda del desarrollo: disciplina fiscal, reducción del gasto del
Estado, liberalización financiera y comercial, apertura a la inversión extranjera directa,
privatización de las empresas y servicios públicos, desregulación, fortalecimiento del derecho de
propiedad y descentralización.
Este conjunto de reformas estatales llevadas a cabo a fines de los ochenta ha sido llamado
también "reformas de primera generación", cuyo énfasis estuvo puesto en desregular y reducir el
gasto, el tamaño y la intervención del Estado en la economía y la sociedad.
Zurbriggen 2011 explica también que el modelo de la gobernanza de mercado neoliberal en
América Latina a finales de los años 80, formo parte de una notable redefinición de la
funcionalidad del Estado, que implicó también un conjunto de reformas institucionales basadas en
la creencia que el despliegue del interés privado promoverá adecuadamente el interés público, en
todo caso se le entrega al mercado la gestión de buena parte de provisión de servicios e
implementación de políticas con el argumento que las soluciones privadas a los problemas
públicos tienen mejores resultados. La idea era exponer a los organismos estatales a una
competencia mayor con el mercado, con el fin de incrementar su eficacia y eficiencia, sustituyendo
el modelo de gestión pública jerárquico-burocrático por la Nueva Gerencia Pública, por el cual el
Estado tiene que dejar de ser un proveedor directo para pasar a ser un articulador, un mediador
entre los actores de esa compleja matriz de provisión de servicios públicos. La tarea principal del
Estado se convirtió en solo regular y renegociar los contratos con las empresas privadas ganadas
en las licitaciones, apartándose de su rol central de ser agente del bien público de una comunidad
y garantizar un acceso universal. Esto provocó cambios importantes en el papel del Estado, dando
el mayor lugar de participación al sector privado y las ONGs en provisión de bienes y servicios
públicos, el sector privado se involucró en los servicios de infraestructura, al tiempo que la
sociedad civil lo hizo en programas locales y políticas sociales. Este modelo de gobernanza
impacto grandemente en la provisión de servicios de agua y saneamiento, que favoreció las
desigualdades y servicios y políticas diferenciadas para diferentes categorías de ciudadanos. Se
transformó el rol del Estado con la privatización de los servicios de agua y saneamiento en
América Latina. Es así que el modelo de gobernanza de mercado neoliberal se ha convertido en
una “herramienta alternativa para alcanzar la mejora sustantiva de la gestión en los servicios”.
No se puede dejar de lado a Fernando Calonge Reillo (2016), quien señala que la gobernanza
neoliberal implica transformar las metrópolis en un profuso mercado, lo que quiere decir que se
entregó la responsabilidad del soporte de los bienes públicos al mercado y las ciudades pasaron a
depender de la llegada y el mantenimiento de capitales tanto nacionales como extranjeros, lo que
ha hecho que las ciudades se conviertan en mercados atractivas a los inversores. Según Calonge la
gobernanza “no sólo se trata de que el mercado resuma la agregación política de intereses sino como una forma de
garantizar la mejor provisión de bienes y políticas públicas, en lo sucesivo se transformarán la mayor parte de las
políticas públicas para garantizar un más efectivo funcionamiento del mercado”.
Gobernabilidad y gobernanza del agua
La Asociación Mundial del Agua define la gobernanza del agua como el rango de política, sistemas
sociales, económicos y administrativos que existen para la gestión del agua, los recursos y la
prestación de servicios de agua, en diversos niveles de la sociedad (Global Water Partnership, 2002).
Esta definición, sin embargo, es problemática porque prácticamente la totalidad de la literatura sobre
el agua recaería en aspectos de política, economía, finanzas y regulación. También sufre de un
problema de especificación, porque los mecanismos para desarrollar y gestionar los recursos hídricos
a menudo no están bien especificados, y por lo tanto sus implicaciones operativas para la
investigación y la política de aguas no están claras. Por otro lado, el Fondo para la Gobernabilidad del
Agua ofrece una definición más concreta: argumenta que la gobernanza del agua debe retomar
principios de equidad y eficiencia en los recursos hídricos y la asignación de los servicios, la
administración del agua basada en las cuencas, la necesidad del agua integrada, enfoques de gestión,
y la necesidad de equilibrar el uso del agua entre las actividades socio-económicas y los ecosistemas.
También pide la clarificación de las funciones del gobierno, de la sociedad y del sector privado, y sus
responsabilidades con respecto a la propiedad y la gestión de recursos y servicios hídricos (UNDP
Water Governance Facility, 2013). El concepto, no obstante, ofrece principios rectores e implicaciones
políticas claras, pero no abunda en su utilidad.
Otros autores como Kashyap (2004) hacen referencia a la gobernanza del agua como la cualidad para
desarrollar la capacidad de adaptación. Del mismo modo, Hirsch (2006) argumenta que la gobernanza
debe entenderse como una manera para negociar de forma sostenible, equitativa y productiva. Tropp
(2007), por el contrario, se refiere a la gobernanza del agua en términos de la evolución de las redes
formales e informales, asociaciones, decisiones conjuntas que incluyen el diálogo y los resultados
negociados como mecanismos de dirección de la gobernanza del agua. Mollinga (2008) emplea un
enfoque de la sociología política y argumenta que la gobernanza del agua es un dominio político
controvertido. Este enfoque puede tener valor teórico, pero no abunda sobre la política de los
mecanismos que generan conflictos por el agua, las alternativas para resolverlos y sus implicaciones
para la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad. Pahl-Wostl, Gupta y Petry (2008) definen el término
como el desarrollo y la aplicación de normas, principios, incentivos, herramientas informativas y de
infraestructura para suscitar un cambio en el comportamiento de los actores a nivel mundial en el
ámbito de la gobernanza del agua. Esta definición es similar a la de la Asociación Mundial del Agua y
del Fondo para la Gobernabilidad del Agua, porque se enfoca en aspectos de política, economía,
finanzas y regulación. Biswas y Tortajada (2010) argumentan que el término gobernanza del agua ha
sido sustituido por los términos “gestión del agua sostenible” y “gestión integrada de recursos
hídricos”. Finalmente, Wiek y Larson (2012) resumen algunas de las características clave de la
gobernanza del agua como una perspectiva sistémica, un enfoque de gobernanza en los actores
sociales, un discurso transparente y accesible en valores y metas, y una perspectiva amplia sobre la
sostenibilidad del agua, siendo la definición más amplia de las analizadas.
Modelo de la Gobernanza del agua
En el modelo de gobernanza de Fung y Wright, el enfoque llega para presentarse como una forma
no jerárquica de gobierno, caracterizada por la cooperación con actores no estatales en el interior
de redes de decisión mixtas entre lo público y lo privado, los procesos gubernamentales aluden a
una concepción de buen gobierno en el que se destaca a los actores no gubernamentales y se les
incluye en los procesos de toma de decisión para la producción de políticas públicas y programas
de gobierno. Se supone que un Estado que promueve la participación en este sentido es más
flexible y capaz de descentralizar funciones, transferir responsabilidades y ampliar el universo de
actores participantes, claro que sin que ello implique el abandono de instrumentos de control y
supervisión. Al mismo tiempo, estas nuevas modalidades de gestión de gobierno pretenden
potenciar los derechos de los ciudadanos. La gobernanza se asocia al buen gobierno, porque
además de las preocupaciones sistémicas más fuertes del modelo de la gobernanza (eficacia y
eficiencia en la resolución de problemas), incorpora una dimensión normativa: el gobierno debe
ser a la vez promotor de la profundización de la democracia a través de mejores sistemas de
representación de intereses (Mussetta, 2008).
La gestión de agua implica saber conciliar conflictos de interés de manera tal que fructifique la
organización, que se forje la unidad y se creen, en el proceso, reglas de juego razonables, equitativas
y efectivas. Esto más que ciencia es todo una arte (Chicas, León y Prins , 2008).
En la actualidad, el uso del agua no sólo es determinado por la disponibilidad natural del recurso
(aguas superficiales y subterráneas), sino también por la 7 organización social que define el acceso al
agua y su aprovechamiento. Las condiciones sociales y económicas de los usuarios asentados en una
microcuenca hacen que recurran a diversas acciones para lograr el acceso al recurso. Tales acciones
se expresan como demandas a las instituciones encargadas de la administración del recurso, o como
conflictos entre los usuarios y otras instancias o los mismos propietarios de la tierra (Chicas, León y
Prins, 2008).
La gobernanza trata sobre los procesos y mecanismos de interacción entre los actores
gubernamentales y no gubernamentales, es un concepto dinámico; mientras que la gobernabilidad se
refiere al estado resultante de la aplicación de estos mecanismos y procesos, es un fin de la
administración. Es preferible, cuando se habla de gobernanza referirse al buen gobierno, más allá de
la gestión o manejo, conceptos ligados a la administración. La gobernanza se refiere a los procesos y a
los sistemas a través de los cuales opera la sociedad. Se refiere al amplio método de gobernar, que
incluye, pero no se restringe a la perspectiva más limitada de “gobierno”. Se refiere a la interrelación
de las estructuras formales e informales, a los procedimientos y a los procesos (HOEKSTRA, 2006); a
los sistemas de hacer las reglas, las redes de actores a todos los niveles de la sociedad (de lo local a lo
global), dentro del contexto del desarrollo sustentable (IHDP, 2006). El reto en las Américas es
consolidar la gobernabilidad de los recursos hídricos a través de procesos democráticos (Colegio de
México, 2012).
Según (ASORECH, 2011). La gobernabilidad del agua comprende el conjunto de medidas de política,
legislación y administración del aprovechamiento y protección del agua acordadas por la sociedad y la
capacidad institucional de aplicarlas y cumplirlas en función de dar respuesta a las necesidades y
expectativas de la población. Una organización de agua y saneamiento es la asociación voluntaria
creada por un grupo de personas que representan a la comunidad, dispuestas a desarrollar un
conjunto de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos, que no podrían lograr de actuar
de forma individual
En relación del agua podemos indicar que la gobernabilidad es una serie de sistemas políticos,
sociales, económicos, administrativos que están vinculadas para organizar y normar la gestión de
recursos hídricos, asi para el suministro del agua, para diferentes usos, necesidades en función las
necesidades de la sociedad
Modelo de gobernanza del agua de la Unesco (2006)
Este modelo teórico de la Unesco se enfoca en temas gubernamentales, cuya finalidad es la
formulación de políticas y de su ejecución por parte del Estado (Unesco, 2006). El modelo se
integra por las dimensiones social, económica, de la capacitación política y de la sostenibilidad
medioambiental.
La dimensión social hace referencia a un uso equitativo de los recursos hídricos. El agua no solo
se distribuye de manera heterogénea en el tiempo y el espacio; sino también entre los diferentes
estratos socioeconómicos de una sociedad, tanto en los asentamientos rurales como en los
urbanos. La dimensión económica describe el uso eficiente de los recursos hídricos y el rol del
agua en el crecimiento económico global. Las perspectivas de una fuerte reducción de la pobreza
y de crecimiento económico siguen dependiendo, en gran medida, del agua y de otros recursos
naturales. Los ingresos per cápita y la calidad de la gobernabilidad están reducidamente
interrelacionados de manera positiva en diversos países, debido a esto una mejor gobernabilidad
ejerce un gran efecto en los ingresos per cápita. La dimensión de la capacitación política toma en
cuenta a las partes concernidas y a los ciudadanos, en igualdad de oportunidades democráticas,
para influir y controlar los procesos políticos y sus resultados. Los ciudadanos marginados tanto a
nivel nacional como internacional pueden ser los pueblos indígenas, las mujeres, los habitantes de
barrios marginales, entre otros. Otorgar poder a las mujeres, al igual que a otros grupos
marginales es decisivo para conseguir una gestión equilibrada y eficaz. La dimensión de
sostenibilidad medioambiental explica que una mejor gobernabilidad permite un uso sostenible
del agua y la integridad del ecosistema. Un flujo suficiente de recursos hídricos de calidad es
fundamental para conservar las 26 funciones, servicios del ecosistema y sustentar los acuíferos, los
humedales y otros hábitats naturales (Unesco, 2006).
Modelo de gestión integrada del agua de Guhl (2008)
El modelo teórico de la gestión integrada del agua explicado por Guhl (2008) pretende promover
el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados con el fin de
maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa; sin comprometer la
sustentabilidad de los ecosistemas vitales. La importancia del concepto es que maneja la variable
ambiental, social y económica (Mussetta, 2008). La gestión integrada del agua es un modelo
teórico que tiene tres principios centrales que están de una u otra manera en todas sus
definiciones: equidad, eficacia y sostenibilidad. Además, implica una visión de la relación
sociedad-naturaleza, basada en un marco conceptual orientado a gestionar la búsqueda de la
sostenibilidad y el desarrollo de los recursos hídricos. Lograrla supone que la población cambie las
prácticas insostenibles de consumo y de uso, adquiera una visión de conjunto sobre los efectos de
las acciones individuales y se dé cuenta de que los impactos que causa cada individuo,
aparentemente insignificantes, se agregan a los de los demás amplificándose por millones (Guhl,
2008).
Teoría de recursos de propiedad común
Esta teoría se basa en el reconocimiento de formas de regulación, comportamiento y acción
colectiva del agua en comunidades, como dinámicas sostenibles en determinadas condiciones.
Las teorías de Elinor Ostrom vinieron a contradecir algunos de los paradigmas a los cuales se
aferraban con mayor fuerza los investigadores de finales de los años sesenta y principios de los
setenta.
Los bienes de uso o acceso común (common pool resources) se definen como aquellos cuyo acceso no puede
ser denegado (non-excludable, no excluyentes) pero cuyo consumo es rivalizante (rivalrous), lo cual significa
que el consumo del bien por parte de un agente limita la posibilidad de otro agente de hacer uso del mismo
recurso. La compartición de recursos finitos por parte de actores heterogéneos con intereses egoístas conlleva
el posible agotamiento de recursos de acceso común.
El aprovechamiento de dichos recursos involucra necesariamente interacciones de diferentes
actores, entre los cuales se pueden presentar conflictos por el uso (Andersson y Ostrom, 2008;
Huitema et al., 2009; Ostrom, Gardner y Walker, 1994; Ostrom et al., 2001). Cada actor se
preocupa por su bienestar (de acuerdo con la teoría de elección racional) y, por lo tanto, las
decisiones que toma en materia de gobierno de los recursos son individuales y privilegian el
interés propio sobre el bienestar colectivo. Algunos ejemplos de dichos recursos de uso común,
como los denomina Pedro Álvarez-Icaza Longoria (2006), incluyen los recursos pesqueros, el
agua y los bosques.
El uso de los bienes comunales siempre ha incluido mecanismos de cooperación social que
imponen limitaciones a su uso con el fin de evitar situaciones límites como el agotamiento
(Aguilera Klink, 2006: 118). De hecho, para Hardin hablar de eficiencia no necesariamente implica
hablar de justicia. Es más, claramente prefiere la primera a la segunda:
“Una alternativa a los recursos comunes no necesita ser perfectamente justa para ser preferible.
Elinor Ostrom, otro Premio Nobel de Economía (2009), ha enunciado numerosos ejemplos –
incluso dentro del paradigma de mercado- de cómo el agua puede ser gobernada manteniendo su
carácter de bien común mediante instituciones autogestivas más justas para los miembros de las
comunidades (Ostrom, 2011, pp. 186-249; 356-359). Otros autores más críticos, como Esteban
Castro, apuntan al proceso de mercantilización del agua y otros bienes comunes. Para él se trata
de la asimilación de bienes como privados y cuyo valor de cambio incluye una ganancia que es
apropiada por un agente privado, quien detenta su derecho de propiedad sobre el recurso.
La obra de Elinor Ostrom se insertó en el marco conceptual de la «Nueva Economía Institucional», que a
partir del análisis microeconómico puso su foco en aspectos desatendidos por la teoría economía
convencional, tales como los costes de transacción, el estudio de las reglas del juego, los mecanismos de
control y mantenimiento de los acuerdos sociales. A partir de este enfoque Ostrom logró conciliar desde una
perspectiva económica los conceptos de eficiencia y sostenibilidad, destacando el rol de las instituciones, la
necesidad de atender a la variable temporal, los incentivos al cambio institucional y los costes de
transacción, desde un modelo de racionalidad limitada. Superó así una dicotomía tradicional que asigna a
los bienes privados al ámbito del mercado, de acuerdo a los parámetros del orden espontáneo de Adam
Smith, y por otra parte radica los bienes colectivos al monopolio del «Leviatán» Hobbesiano que entiende
que el orden social descansa sobre la fuerza y no sobre la interacción entre sujetos.
La tesis fundamental de la obra de Ostrom señala que se puede sintetizar en que no existe nadie
mejor para gestionar sosteniblemente un «recurso de uso común» que los propios implicados
(1995: 40). Pero para ello existen condiciones de posibilidad: disponer de los medios e incentivos
para hacerlo, la existencia de mecanismos de comunicación necesarios para su implicación, y un
criterio de justicia basado en el reparto equitativo de los costos y beneficios.
Musgrave (1959) establecio una clasificación introduciendo la variable de exclusividad y el
concepto de bienes «de mérito». La exclusividad es importante porque describe la posibilidad de
apartar del uso o consumo de un bien a quien no paga por acceder a ellos. Un bien es «no
excluible» cuando técnicamente, o por razones de costo, no se puede impedir que quienes no
contribuyan dejen de acceder a él. Esta clasificación no indica necesariamente propiedad estatal o
privada ya ambos casos los puede proveer el sector estatal o un actor privado. Buchanan (1965) va
a matizar la separación tajante entre bienes públicos y privados que estableció Samuelson a partir
de la idea de bienes puros e impuros, que van más allá de la simple descripción del régimen de
propiedad jurídica en que se encuentren actualmente. La intención de Buchanan fue salvar lo que
denominó «la increíble distancia establecida por Samuelson entre el bien puramente privado y el
bien puramente público». (Buchanan, 1964: 1-14) A partir de Buchanan se comenzó a hablar de
bienes públicos «impuros» como una categoría intermedia entre los bienes privados y los bienes
públicos puros.
Bienes comunes como instituciones y recursos de fondo común
En ese marco, Elinor Ostrom (premio nobel de economía 2009) desarrolló una propuesta
conocida como “El Gobierno de los bienes comunes” (2000), donde respondiendo a la pregunta
¿Por qué individuos plenamente racionales, cuando actúan de manera colectiva para aprovechar
ciertos recursos, toman decisiones que conducen a resultados irracionales? reflexiona las
diferentes opciones de propiedad, y sugiere que opciones como la propiedad privada y Estado
controlador serían apenas una parte de la vasta variedad de la experiencia humana, postulando que
la acción colectiva de redes pequeñas sería una tercera vía, es decir la administración colectiva de
Recursos de Uso Común (RUC).
Muchas de estas organizaciones pueden ser consideradas sólidas o “robustas” en el sentido de que
las reglas que regulan sus operaciones cotidianas, han sido diseñadas y modificadas con el tiempo,
de acuerdo con un conjunto de reglas de opciones colectivas y opciones constitucionales (Shepsle,
1989). En otras palabras, estos sistemas han sido sostenibles por largos períodos de tiempo. La
mayoría de los medios ambientes estudiados son complejos e inciertos e interdependientes, en
donde los individuos continuamente afrontaban incentivos substanciales para actuar en forma
oportunista. El problema que abordé en mi libro Governing the Commons (1990), fue cómo los
individuos que utilizan estos sistemas, logran sostenerlos durante períodos tan largos de tiempo.
(Ostrom, 1999)
Un bien común puede ser pequeño y servir a un grupo reducido o puede tener escala comunitaria
o se pueden extender a nivel internacional. Pueden también estar muy acotados y delimitados,
pueden ser transfronterizos o sencillamente no límites claros (Hess-Ostrom, 2006: 4-5). Esta
descripción se complementa al introducir la diferencia entre «sistemas de recursos» y «unidades de
recursos». Ostrom recalca continuamente esta distinción: «Para la comprensión de los procesos de
organización y gobierno de los recursos de uso compartido es esencial distinguir entre el «sistema
de recursos» y el flujo de «unidades de recurso» producidas por el sistema, mientras se reconoce
su interdependencia» (Ostrom, 2011: 77).
La mayoría de recursos de acervo común son lo suficientemente grandes para que varios actores
puedan usar simultáneamente el sistema de recursos y los esfuerzos para excluir beneficiarios
potenciales sean costosos. Ejemplos de recursos de acervo común incluyen tanto sistemas
naturales como sistemas hechos por el hombre, los cuales abarcan: cuencas de aguas subterráneas,
sistemas de riego, bosques, pastizales, computadoras servidores, fondos gubernamentales y
corporativos y la Internet. Ejemplos de unidades del recurso que se derivan de los recursos de
acervo común incluyen agua, madera, pastos, unidades de procesamiento por computadora, bits
de información y asignaciones de presupuesto. (Ostrom, 2002: 2).
Pero la contribución de Ostrom sobre la acción colectiva cooperativa como tercera vía refuerza
no solo las capacidades de autogestión, sino también las de auto gobierno, hecho que des-
estructura la idea unitaria de gobierno, pero también de gobernanza en su sentido general, pues la
“tercera vía” se liga totalmente a la fragmentación y lógicas de autonomía en términos políticos y
administrativos, que tienen indispensablemente efectos en el ámbito espacial a través de
segmentación física en la ciudad.
Desarrollo local
A nivel general, el desarrollo local pretende situar como punto central al ser humano y a los
intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los individuos. Es un
enfoque y una práctica que persigue impulsar el desarrollo endógeno, la auto-organización y el
bienestar social, para lo que requiere tanto de la participación colectiva como de la intervención
individual.
Es un concepto relativamente reciente2, que ha sido considerado desde perspectivas muy
diversas. Desde el punto social se podría tomar como una dinámica que evidencia la eficacia de las
relaciones (no exclusivamente mercantiles) entre las personas para poner en valor las riquezas de
las que dispone (Pecqueur, B. y Colletis, G.; 1995). G. Colletis y B. Pecqueur hicieron aparecer la
territorialidad como recurso estratégico de los actores económicos integrando un espacio de
proximidad (Réquier-Desjardins, D. 1998), eligiendo cuatro elementos que lo fundamentan: el
sentimiento de pertenencia, la transmisión de conocimientos, el efecto permanente y la fuerza de
los actores individuales. A partir de esto, desarrollan el concepto de sistema productivo local
(SPL), asociado a una forma de desarrollo basada en dinámicas endógenas. Otros autores
(Caravaca, 1998:104) valoran el espacio local como elemento único para conseguir un sistema sin
competencia: “el entorno contribuye, pues, a provocar el dinamismo socioeconómico y en la lógica
global de las redes, permite comportarse a determinados espacios como ganadores o emergentes”.
Por tanto, el territorio se eleva al ser un elemento que permite contar con ventajas, que en ningún
caso pueden copiarse; la diferencia persistente, la que no puede modificarse, solamente se puede
derivar del carácter único del espacio, estas son las ventajas competitivas que debe aprovechar
todo espacio local (Benko, 2000).
Las redes urbanas
Ante la evolución de las tecnologías, la sociedad contemporánea se encontraría inmersa en un
proceso que confiere a las comunicaciones y sus técnicas un papel clave. Las nuevas tecnologías
de comunicación habrían creado un universo particular, una relación espacio-tiempo diferente que
afecta de manera decisiva a los vínculos establecidos entre el hombre, el espacio y el territorio.
(Juan Cabrera, 2015)
Castells expresó con acierto este “nuevo” contexto en su libro “La Era de la Información. La
Sociedad Red” (2001) al calificar al mundo actual como una sociedad- red. Y ello, no por la
disponibilidad de las redes de telecomunicación o el acceso a Internet, sino por la transformación
social que lleva aparejada y que operaría un cambio histórico que permite dos axiomas: 1) La
tecnología es sociedad; 2) La tecnología de por sí no determina la sociedad.
En ese marco, Gabriel Dupuy en su libro “L'Urbanisme des réseaux : théories et méthodes”
(1991) cuestiona el papel que el urbanismo y la planificación convencional desempeñan en la urbe
actual, que todavía verían a la ciudad como un sistema dependiente de una estructura (ciudad
zonificada), y de forma menos frecuente como fractal (ciudad fragmentada), proponiendo que
para el análisis de las transformaciones de las ciudades y de las políticas públicas ya no son útiles
esos modelos, sino que es necesario aplicar un nuevo enfoque, a menudo interdisciplinario, en el
que se integren diversas teorías sobre la articulación del espacio urbano, porque estas nuevas
tecnologías serían responsables de la producción de un tipo de ciudad particular.
Siguiendo las primeras proposiciones de Cerdá (1867) el espacio urbano contemporáneo se
encuentra entonces, en opinión de Dupuy, centrado en el concepto de redes que "generan su
propia organización territorial, sin detenerse y evolucionando siempre". La red en la ciudad sería,
no solo un objeto, sino también una idea globalizadora que expresa la nueva organización del
espacio. Para él la idea de red explica mejor que otros enfoques, ciertos tipos de relaciones entre
espacio, tiempo, información y territorio, los mismos que constituyen características esenciales de
las sociedades actuales (posmodernas).
Pero desde la perspectiva de la fragmentación, toca reflexionar sobre aquello referido desde inicio,
la capacidad diferenciadora de la red, que sugiere que existen ciudades o polos al interior de las
ciudades que se constituyen medios productores de innovación y de riqueza, y que son capaces de
integrar tecnologías, sociedad y lograr alta calidad de vida, contra otros que no logran las mismas
capacidades (Finquelievich: 2004). Lo mismo que plantearon De Graham & Marvin (2001), pero a
una escala mayor.
Entonces, las redes constituyen hoy un nuevo principio de organización social y espacial que
pueden desarrollarse a escala barrial como global y pueden condicionar los tipos de relación social
de espacio, tiempo, información y territorio, así como la diferenciación social y espacial.
Pero ¿Cómo se representan estos principios en la perspectiva material? A través de las propuestas
de Graham & Marvin, así como las observaciones desde LATTS referidos en la parte anterior,
damos cuenta de que para entender cómo se representan estos principios en el ámbito físico se
debe hacer referencia a dos dimensiones, la espacial y temporal, porque todas las redes en su
materialización actúan en un espacio y tiempo, ya sea como “aparatos” articuladores o
desarticuladores a escala local o global, y como instrumentos de fragmentación o no a través de
intervenciones que varían en espacio y tiempo, dos sub-dimensiones fundamentales para
comprender la dinámica de las redes.
II. DESARROLLO TEMÁTICO
Formas de autogestión en el sistema de abastecimiento a través de sistemas comunales
de pozos en la zona sur del municipio de Cochabamba.
Las preocupaciones más comunes en el municipio de Cochabamba es el incremento de la
población residente en áreas marginales como es la zona sur de Cochabamba, por lo tanto, el
suministro y cobertura de agua potable y alcantarillado en el Municipio de Cochabamba resulta, en
general, inadecuada, desigual e insuficiente. Según el Censo Nacional (INE, 2001), un 65 por
ciento de los hogares del área urbana cuenta con agua por cañería de red pero sólo 34 por ciento
de los rurales, pero según el Censo del 2012 solo se accede por cañería de red un 64 por
ciento, esto puede ser debido a que se amplió la red pero no así mismo el suministro de agua
donde aparecen las redes muertas del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SEMAPA), esto indica que no todos acceden al agua. Y la población que no accede al sistema
público de agua potable implementa estrategias arriesgadas para garantizar su consumo mediante
la perforación de pozos individual y sobre todo comunal bajo formas de cooperativas,
asociaciones y comités, finalmente se tiene la compra directa de agua de los carros cisterna
"aguateros" y además de utilización de fuentes de agua de ríos, vertientes y tajamares que
funcionan de forma autogestionaria por las Organizaciones Barriales.
Para entender un poco más sobre sobre las formas de autogestión en el abastecimiento de agua a
través de pozos, tenemos un estudio publicado el año 2013, llamada El agua nuestra de cada día de la
PhD. María del Carmen Ledo García, donde coincide que en el municipio de Cochabamba
satisface solo el 50% de sus habitantes y que SEMAPA realiza una categorización de distribución
a la población y que alrededor de la mitad de los hogares cochabambinos carece del servicio
público de agua potable y permanentemente esto obliga a buscar otras estrategias y fuentes de
abastecimiento. Para ilustrar un poco se presentará un mapa de la metrópolis del municipio de
Cochabamba, donde se muestra con una mancha más oscura que representa alrededor del 50% de
su territorio, tiene acceso a la red pública de SEMAPA, el resto de los pobladores deben buscar
auto solucionar sus problemas de manera autogestionaria.
El estudio menciona también que, a mediados del año 2008, se realizó un censo en la zona
de Villa Israel, una Organización Territorial de Base, localizada en el Distrito 9 de la periferia sur,
donde se ha podido generar una impresionante base de datos, que son la plataforma empírica que
contribuye con el esclarecimiento de los mecanismos de sostenibilidad de dichos movimientos. Y
es que resalta en esto es que estos sistemas cuya base de organización fue enteramente
motivada por los movimientos sociales, son los vecinos los que en más del 60% de los casos
tuvieron la iniciativa, estos sistemas autogestionarios de propiedad de los pobladores de los
barrios pobres, han logrado en algunos casos con éxito hacer sostenible sus sistemas, en otros la
falta de control social de las actividades realizadas por sus dirigentes ha significado un fracaso y
colapso de los mismos. Sin embargo, se debe poner en alto, la fortaleza y las imaginativas
estrategias de auto-abastecimiento y almacenamiento del agua, debido a la particularidad social de
su conformación, ya que gracias a ellos se ha logrado mitigar la demanda insatisfecha de alrededor
de 12 mil de los 36 mil hogares, que no cuentan con acceso al líquido elemento.
Situación del acceso al agua potable en el Municipio de Cochabamba
Un servicio básico de primer orden, es el acceso al agua para el consumo humano, se denomina
así al agua que puede ser consumida sin restricción para beber o preparar alimentos. La cobertura
del servicio identificada durante el CNPV-2012, se expresa en el siguiente cuadro:
Cuadro: 01: Acceso al agua para consumo humano
Cochabamba Condiciones de acceso al agua para consumo humano
Cobertura
%
Distribución
Por cañería
dentro la
vivienda %
Por cañería fuera
de la vivienda %
No se
distribuye por
cañería %
65,5 46,6 26,5 26,8
Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral Cochabamba 2016-2020
Estos datos expresan las respuestas de las familias a la hora de responder a la pregunta “tiene
agua”, las formas de provisión/distribución se efectuaron en siguientes preguntas, datos que se
expresan en el cuadro que antecede. La cobertura expresa la disponibilidad de agua sin importar la
fuente o responsable del servicio.
El operador principal en el municipio, es la Empresa Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (SEMAPA), que presta los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario a más o menos 50,08% de la población del municipio, tiene autorización para el uso y
aprovechamiento del recurso hídrico de las fuentes de agua. El Plan Maestro Metropolitano de
Agua Potable y Saneamiento (PMMAPS) ha contabilizado 189 operadores locales de pequeña
escala, conformados por Sistemas Comunitarios de Aguas, Cooperativas, Comités, Asociaciones,
Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) y Empresas Prestadoras de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA’s); 45 de ellos se encuentran afiliados actualmente a la
Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sud, Departamental y Entidades Prestadoras
de Servicios de Agua y Saneamiento y 4, lo están a la Federación de Cooperativas de Agua Potable
y Alcantarillado de Cochabamba.
El sistema principal de SEMAPA cubre más o menos 70 mil conexiones. Sus principales fuentes
superficiales son: Escalerani 217,4; Wara Wara 42,7; Galería Chungara 10,3; Arocagua 9,7;
Misicuni aproximadamente 500 litros/segundo, alcanzando aproximadamente 780 litros por
segundo.
Complementariamente se tiene otro referente importante de un estudio realizado por estudiantes
de la Universidad Mayor de San Simón el año 2015, sobre el funcionamiento de estos sistemas de
abastecimiento y lo interesante de todo esto es que estos aunque muchos no lo veíamos así, son
una realidad para gran parte de la población cochabambina, sistemas autogestionarios que
funcionan con sus propios recursos, que nacen a partir de la necesidad de abastecerse de agua, la
iniciativa parte en cada OTB, las mismas que recurren a técnicos para la perforación del pozo,
cada organización territorial de base designa un directorio que se encargue de la administración
de este sistema, estos sistemas son considerados por muchos autores como un Modelo para
abastecer el servicio de agua, donde la comunidad o en este caso la OTB es dueña del sistema,
cada familia usuaria es socia y por lo tanto co-propietario de la infraestructura, la comunidad
opera y mantiene el sistema.
En este estudio también se puede destacar la información que se tiene, ya que de las 434 OTB
visitadas para la recolección de información, 88 OTBs se abastecían de estos sistemas de pozos,
con 289 pozos detectados. Para ilustrar tenemos este mapa de la ubicación de estos pozos.
Fuente: N. Mamani, O Mamani 2015.
Según este estudio los sistemas de pozos están organizadas en comités, cooperativas o
asociaciones de agua y se encuentra distribuido en los Distritos 1, 2, 3, 4, 7,8 y 9. Que conforma el
17 % de la población que utiliza este sistema. Estos sistemas denominados autogestionarios
funcionan con recursos de la misma OTB, y esta recolección sirve para mantener la
infraestructura. Uno de los problemas aun presentes en este tipo de sistema de agua comunal de
pozo es la falta de personaría jurídica para cada sistema en cada OTB, la falta de reconocimiento
por parte del Estado y las pocas relaciones con instituciones externas.
La organización se la realiza de acuerdo a un consenso entre los mismos vecinos donde se
determinan las decisiones y acciones que se va a tomar y en consecuencia se elige a una directiva
encargada de administrar su sistema de agua, en algunos casos estas personas tienen un sueldo
moderado para movilizarse y hacer las gestiones pertinentes para su sistema. Donde se cuenta con
un presidente del agua, una secretaria para los cobros de tarifas y el plomero que se encarga del
mantenimiento y arreglo de su sistema y el que controla los medidores.
Si bien los Comités, Cooperativas y Asociaciones de agua tienen muchas limitaciones en el
mantenimiento de la infraestructura y la calidad del agua, está demostrado que son eficientes en
el servicio, administración y gestión, por lo tanto, está considerado por las OTB’s, comunidades y
comités como una garantía de acceso al agua y de una gestión más sostenible y transparente que la
gestión municipal. Como menciona el estudio realizado en la UMSS, estos sistemas comunales de
pozos estas organización en tres modelos de gestión de la cual la administración, la gestión del
agua y hasta sus estructura jerárquica son casi similares donde son para uso común y según el
trabajo de campo se pudo identificar que hay más Comités que los otros modelos de
organización de donde los Comités llegan a un 44% del total de OTB’s que cuentan con el
sistema de pozos perforados y seguidamente las Cooperativas con 36 % y las Asociaciones con
solo un 20 % que llegan a cubrir una pequeña parte.
Lo interesante de estos modelos de organización de los sistemas comunales de pozos en el
Municipio de Cochabamba es que las asociaciones que representa un 20 % se encuentran más
concentrados en la zona sud y los comités se encuentran en los límites de los Distritos 3, 4, 7 y
parte del 9 y las cooperativas respectivamente están esparcidas por todas las OTB’s donde están
este sistema de pozos perforados claro en menores proporción.
Quiroz (2006) aporta en su estudio que en Bolivia el término “Comité de Agua Potable” se usa
debido a las intervenciones de apoyo en el sector de agua potable y saneamiento en zonas rurales.
En este sentido para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua comunales era importante
organizar a la comunidades, por ello se gestionó la creación de un Comité o Junta conformado
por miembros de la comunidad, también denominado la directiva. Es así que la conformación de
este comité tenía la responsabilidad de operar y mantener el sistema.
Las asociaciones y comités corresponden a auto-identificaciones por parte de la población, que no
tiene diferencia de situación legal ni de funcionamiento, mientras que las Cooperativas en muchos
casos no son reconocidas por el estado por no contar con la personería jurídica en simple palabras
casi a la mayoría de estos sistemas y organización locales, el estado no los ve como una solución
sostenible al problema de agua y no los respalda. Mientras que las Asociaciones y Comités son
sistemas de abasto de agua para consumo humano construidos y operados por las propias
comunidades, mediante una organización participativa y con una concepción colectiva de la
propiedad.
Sin duda alguna estos sistemas autogestionarios de agua son responsables de cubrir la mayor
parte de la demanda de agua para consumo humano en las zonas rurales y peri-urbanas.
Relaciones de poder, organización social y gobernanza urbana en torno al agua
La gobernanza del agua toma poder a partir de las organizaciones sociales quienes delimitan sus
jurisdicciones a partir de la red de distribución de agua potable. Frente este panorama el Autor
Juan Edson Cabrera Quispe ,2018 que desarrolla lo siguiente: ante la limita capacidad del sector
público en Bolivia para dotar servicios básicos e infraestructura al interior de la ciudad de
Cochabamba, docenas de organizaciones vecinales desarrolla prácticas y estrategias dirigidas a la
autogestión de diferentes servicios, entre ellos está el agua para consumo humano que son
desarrolladas por una serie de operadores locales de pequeña escala, las pequeñas organizaciones
barriales tienen cuyo fin principal garantizar el acceso de agua de manera equitativo y permanente.
Asi mismo la autogestión es un sistema de organizaciones en manos de actores sociales,
comunarios o sociedad civil organizada, que implica la participación directa en la toma de
decisiones en áreas de administración, ejecución de sus recursos para el beneficio colectivo.
Servicios de agua
Para lograr la dotación de agua, cada barrio por medio de su OLPE posee normalmente entre uno
y cinco pozos con profundidades de entre 80 m y 100 m. Estos pozos producen caudales
suficientes para cubrir la demanda a bajos costos, con lo que se alcanzan coberturas de entre el 70
% (más bajo) hasta 100 % de su población, con una oferta de entre 18 y 24 horas/jornada. No
hay racionamientos significativos y los que existen se vinculan con la necesidad de ahorro de
energía eléctrica, ninguna consideración ambiental. El servicio del operador público municipal
tiene un costo bajo (10 bolivianos/mes = 1,3 dólares) y cubre aproximadamente 20 % de la
población con una oferta promedio de cuatro horas por día.
En términos de calidad de agua en Quillacollo, ni los OLPES ni el operador público han logradola potabilización del recurso. El tratamiento más frecuente consiste en que los OLPES vierten cloro al torrente, minimizando su contaminación, mientras que el operador público de la jurisdicción estudiada no logró implementar plantas de tratamiento y hoy otorga agua sin tratamiento a sus consumidores. Estos hechos repercuten directamente en problemas de salud de la población vinculados con EDA (enfermedades diarreicas agudas) en todo el municipio. La situación de los servicios en toda la metrópoli es similar.
Quizás el aspecto más relevante de la autogestión del servicio de agua en este contexto es la generación y administración de recursos económicos para su utilización en el financiamiento de diferentes ítems. Los OLPES obtienen recursos económicos de dos fuentes: (i) la afiliación a la
red de agua que varía entre 250 a 600 dólares por vecino, (ii) y los pagos por el servicio y otros relativos a multas, cuotas específicas y cargas que varían significativamente entre barrios. De acuerdo con esta investigación, la adición de los aportes relativos a la afiliación en los OLPES ha generado montos totales de entre 25 500 dólares, hasta 382 300 dólares; mientras que los ingresos mensuales por pago del servicio se ubican entre 144 dólares hasta 1 647 dólares, por barrio y de acuerdo con la cantidad de conexiones y el costo del servicio, así como la existencia o no de micro medidores. El micromedidor crea una significante frontera entre más o menos la cantidad de recursos económicos que obtienen los OLPES, por lo cual hoy la mayor parte de los barrios busca la implementación de este artefacto. Mientras tanto, los ingresos del Operador Público en Quillacollo no superan los 11 000 o 12 000 dólares por mes, monto insignificante para lograr un buen servicio y mantener la infraestructura en buenas condiciones. “Juan Edson Cabrera Quispe 2018”
Viendo la situación del municipio de Quillacollo y en los municipios circundantes, la autogestión del servicio del agua genera la administración de sus recursos económicos, a partir de dos fuentes: la afiliación a la red de agua, pago por el servicio y otros relativos a multas, cuotas mensuales, que relativamente aplican la mayoría de los OLPES de los municipios que gestiona la distribución del agua.
La configuración del espacio urbano
Este hace referencia a la relación directa entre características físicas de la infraestructura de redes de OLPES, la red de viejos canales de riego existentes en el espacio urbano como marca de su pasado agrícola, la configuración física de la ciudad (estructura y morfología) y la desintegración socioespacial de la ciudad.
De acuerdo con lo observado, la forma de cada barrio, es decir, los límites y su extensión, dependen de la manera de disposición y orden de las partes de su red dentro un barrio. En otras palabras, la estructura de las redes OLPE se traduce en la topología y arquitectura de la red, que depende de la distribución de las partes de la retícula en el subsuelo.
Este resultado considera tres elementos que hacen la red OLPE: (i) el o los pozos, (ii) las redes de ductos (cañerías) y (iii) los micro medidores y/o puntos de conexión. La relación entre estos tres elementos con las estrategias de las organizaciones sociales constituye los aparatos de agenciamiento que determinan la forma urbana. Las formas de las jurisdicciones barriales expuestas en la figura 3, más allá de sus formas regulares, irregulares, compactas, alargadas o mixtas, son resultado de procesos de ocupación física de las redes de agua y el subsuelo de la ciudad. Los tres elementos funcionan como dispositivos de ocupación del territorio.
Las formas de las jurisdicciones de los barrios no tienen relación con la lógica de organización espacial derivada de la planificación racional basada en criterios como accesibilidad, simetría y equidistancia, sino que dependen del agenciamiento de las redes, vinculadas con la demanda del servicio, el mercado, las características geográficas heredadas y las formas organizacionales de los barrios. Así, el descubrimiento principal de la investigación en este ámbito es la relación entre estructura de red técnica y configuración del espacio, como se observa en la figura 4. Esta relación determina la forma de las jurisdicciones barriales primero y luego la estructura general de la ciudad. “Juan Edson Cabrera Quispe 2018”.
Fuente: Juan Edson Cabrera Quispe
La fragmentación urbana
Los hechos arriba indicados exponen un proceso de dislocación y desvinculación de relaciones
sociales de la población, por medio de las formas de gestión de los OLPES; es decir, que estos
operadores locales no solo incentivan el debilitamiento de relaciones entre vecinos de distintos
barrios, sino que mediante de diferentes medidas como la administración de recursos económicos
autogenerados, se mejoran las condiciones de hábitat y se crea un imaginario de propiedad o
tuición sobre aquellas obras o servicios financiados/gestionados por estos.
La solidaridad, el elemento fundamental para la cohesión social, en el escenario denunciado es
permanentemente debilitada al existir un contexto en el cual solo los barrios por medio de sus
pequeñas redes y propios esfuerzos garantizan el acceso al recurso agua a sus socios, convirtiendo
a la acción sobre la gestión y administración del recurso agua, en un elemento de cohesión, pero
elemento de fractura social y espacial con el resto de la ciudad. La dislocación se genera por la
negativa de los vecinos de compartir el recurso agua con otros vecinos y con la población en
general. De a poco esto se traduce en cuatro fenómenos: (i) la negativa de permitir conexiones
“externas” (en algunos pocos casos aceptadas por medio de pago), (ii) la constitución de muros
virtuales alrededor de su jurisdicción que no permiten a la población de otros barrios, la
ocupación de espacio público y uso de infraestructuras (iii) la constitución de una lógica de
autosuficiencia (referencias de autarquía) y autonomía alrededor de la gestión de algunos servicios,
y, finalmente, (iv) la consolidación de lógicas de autonomía alrededor de la regulación social y de
gestión del suelo. . “Juan Edson Cabrera Quispe, 2018”.
Relación entre estructura de red OLPE y forma del barrio
Con los recursos auto generados como OLPES se dan la iniciativa de mejorar la distribuir de red
de agua ya que es un servicio de primera necesidad de la población, asi mismo ven la necesidad de
mejorar sus barrios como las áreas verdes, parques, etc.
Procesos de fragmentación urbana a través de redes de agua generados por los
operadores locales de pequeña escala y su impacto en la configuración del territorio
La fragmentación urbana a través de redes en Cochabamba, es ante todo el reflejo material de las
estrategias de gestión del agua que los operadores locales de este territorio despliegan. Es decir
que la verdadera fragmentación se da gracias a las lógicas de exclusividad, autonomía, des-
solidaridad que se desarrollan al interior de las organizaciones OLPE y se reflejan en la formad de
administración de sus redes. Desde esa perspectiva la dinámica se circunscribe básicamente en tres
dimensiones: la dimensión espacial, la dimensión temporal y la dimensión de territorialidad. La
primera se expresaría a través de la forma de la estructura y cómo las estrategias definen la
morfología del fragmento; la segunda, la dinámica temporal, relacionada con los ciclos de
desarrollo de la red en el tiempo; y finalmente, la tercera, la dimensión territorialidad que
configura la ciudad conforme a los intereses específicos o colectivos de diferentes actores que
articulados o de forma separada pueden influir en las características morfológicas y de estructura
de la ciudad. (Juan Cabrera, 2015)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del PTDI Cbba, 2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos del PTDI Cbba, 2016
En el caso propio de las redes OLPE, las diferentes topologías que adquieren ellas al ocupar el
espacio, son el elemento que determina la delineación jurisdiccional de los barrios. Esto se
materializa a través del seguimiento de la forma y la extensión de la red en su proceso de
ocupación territorial.
Conforme a la cantidad de vecinos y las características de la organización OLPE, como se ven en
los mapas anteriores las fronteras de las jurisdicciones son más o menos regulares y están
limitadas en la mayoría de los casos por la propiedad privada predial, antiguos o actuales canales
de riego (principalmente en zonas perimetrales), espacio público o elementos de la geografía local
(ríos, condiciones topográficas, etc.).
Analizando la relación estructura y forma, se puede ver en el mapa anterior que la influencia de
topologías tipo árbol, malla o lineal, determinan las formas alargadas, estrelladas, rectangulares o
compactas de las jurisdicciones, superponiéndose inclusive a límites urbanos de jerarquía como las
vías estructurantes.
En términos sociológicos, puede decirse que la direccionalidad de la retícula es consecuencia de la
heterogeneidad de la demanda (Jaglin, 2003), resultando éste, un factor que obliga a la red a
contraerse, extenderse o articular a nuevos espacios. La forma de la mayoría de las jurisdicciones
no tiene relación directa con una lógica de organización espacial derivada de la planificación
racional (basada en criterios como accesibilidad, simetría y equidistancia) sino que deviene más
bien de una lógica funcional determinada por (cuándo se articula y por donde se articula) el
mercado y las características organizacionales de los OLPES.
Al tener el OLPE la capacidad de decidir internamente la agregación o articulación de nuevas
conexiones (familias), determina necesariamente la configuración de las jurisdicciones y de la
ciudad.
Si bien Dupuy (1985) indicaba que una red se construye a través de la solidaridad de sus
miembros y/o partes, en algunas redes se ve un caso de fractura o división resultado de procesos
de des-solidarización. En este caso, las redes en proceso de maduración se quiebran buscando
modificar sus espacios y/o jurisdicciones para lograr mejores condiciones costo-beneficio, mayor
acceso a servicios, o simplemente mejores condiciones de hábitat.
III. CONCLUSIONES
El poder de la organización social frente a la gobernanza urbana es entiendo como un sistema de
organización en manos de actores sociales, comunarios o incluso de la sociedad civil organizada,
que implica la participación directa en la toma de decisiones en áreas de administración, ejecución
de sus recursos para el beneficio colectivo que tiene como objetivo principal garantizar el acceso a
servicios de agua mediante la administración de pequeños sistemas y redes de servicio de agua, sin
embargo la estructura de las redes OLPE se traduce en la topología y arquitectura de la red, que
depende de la distribución de las partes de la retícula en el subsuelo. Donde se considera tres
elementos importantes que hacen la red OLPE: los pozos, las redes de ductos (cañerías) y los
micro medidores y/o puntos de conexión. La relación entre estos tres elementos con las
estrategias de las organizaciones sociales constituye los aparatos de agenciamiento que determinan
la forma urbana. Las formas de las jurisdicciones barriales, más allá de sus formas regulares,
irregulares, compactas, alargadas o mixtas, son resultado de procesos de ocupación física de las
redes de agua y el subsuelo de la ciudad. Los tres elementos funcionan como dispositivos de
ocupación del territorio.
Esta mirada a las características de los fragmentos producidos por los OLPES y sus redes, afirma
la idea respecto a que la característica particular de estos fragmentos es que no presentan
elementos de separación física como en otros contextos y no se puede encontrar significativas
diferencias de estratificación social entre ellos, postulando más bien una heterogeneidad
dominante. Sino más bien, la fragmentación se da partir de un conjunto de reglas y normas que
promueven la exclusión y separación espacial y social, principalmente alrededor del acceso al
recurso agua y los beneficios obtenidos mediante el usufructo de este recurso.
El éxito de los OLPEs radica en el compromiso y convencimiento que tiene la comunidad sobre
la necesidad de asegurar un sistema sostenible de agua en términos de acceso. Sin embargo, es
fundamental dar a estas entidades un enfoque de sostenibilidad ambiental ligado al cumplimiento
del ciclo urbano del agua, ya sea ligado al sector público como único ente que garantizaría el bien
colectivo o de manera independiente.
Esta fragmentación es entonces resultado de las condiciones económicas contemporáneas ligadas
al libre mercado que se relacionan con el debilitamiento del Estado respecto a sus competencias y
descentralización de estos a niveles inferiores de gobierno y población civil organizada, así como
la eliminación de regulación a servicios básicos, incluyendo la privatización de los mismos de
acuerdo a los escenarios. Estos repercuten en el ahondamiento profundo de los procesos de
liberalización y desregulación de los servicios básicos que incluyen recursos naturales. En este
escenario el recurso agua es factor de privatización y usufructo, que administrado por un conjunto
de acuerdos localizados (Bornard, 2007) es base fundamental de la fragmentación a partir de
redes.
El modelo de gestión de agua materializado a través de las redes OLPE, tiene la capacidad de
configurar y reconfigurar permanentemente la estructura y forma de la ciudad. En la práctica, la
configuración del espacio urbano depende más de la relación permanente entre los gestores de
agua OLPES y los gestores territoriales OTBs, basados en la capacidad de organización de los
primeros y la capacidad legal de los segundos sobre la disposición de recursos económicos
oficiales.
Alrededor de la dotación del servicio de agua se generan dinámicas que hacen que la actividad se
constituya en un factor de ocupación territorial, fractura y transformación. A partir de su dotación
se amplían o reducen las áreas de acción y gestión, se reconfiguran los espacios
La fragmentación del espacio urbano es resultado de las lógicas de control territorial de los
OLPES y OTBs alrededor de la liberalización del mercado de bienes comunes y servicios en un
escenario de un gran debilitamiento institucional.
Entendiendo que el agua es un bien común y un derecho humano, entonces es un recurso que no
pertenece a nadie y su aprovechamiento debería sostenido y equitativo, cualquier
aprovechamiento privado que imposibilite el acceso libre a éste, estaría yendo contra el principio
del bien común y el de derecho humano. Por lo cual y al calor de las características de los OLPE,
resulta esta una cuestión importante. Sin bien el modelo OLPE garantiza el acceso al recurso agua
a su comunidad y su éxito se funda en la idea de limitar el acceso al agua a sólo un pequeño grupo
de personas organizadas en forma de cooperativa después de haber garantizado la propiedad
privada de la tierra, así como el pago de cuotas de asociación, por lo que es importante promover
un modelo mixto de servicios públicos y OLPEs sin buscar la predominancia del público, sino la
complementariedad.
IV. BIBLIOGRAFÍA
ADRIANA SANDOVAL MORENO, Organización social y autogestión del agua, 2015
AMPUERO, FAYSSE y QUIROGA (2006): “Experiencias de apoyo a la gestión de comités de agua
potable en la zona peri-urbana de Cochabamba” ETREUS Impresores, Bolivia-Cochabamba.
CALONGE F. (2016): “Gobernanza neoliberal, Retos para el ordenamiento de las movilidades urbanas",
Maestría en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio, Universidad de Guadalajara, México.
GAM CBBA (2016), Plan Territorial de Desarrollo Integral Cochabamba 2016-2020.
JUAN CABRERA (2015), fragmentación Urbana por medio de redes de agua, municipio de Quillacollo,
Bolivia
LEDO, C. (2013): “El agua nuestra de cada día” Retos e iniciativas de una Cochabamba incluyente y
solidaria, Bolivia.
MAMANI N. y MAMANI O (2015): “Funcionamiento de los sistemas comunales de pozos en el Municipio
de Cochabamba, Tesis de Grado Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba-Bolivia.
QUIROZ, (2006): “El apoyo a comités de agua potable: Historia y experiencias para lograr su sostenibilidad
Bolivia” ETREUS Impresores, Bolivia.
RUIZ & GEORG GENTES, Retos y perspectivas de la gobernanza del agua y gestión integral de recursos
hídricos en Bolivia, 2008
RAÚL PACHECO-VEGA, 2014; Ostrom y la gobernanza del agua en México.
ZURBRIGGEN, C. (2011): “Gobernanza: una mirada desde América Latina. Perfiles latinoamericanos”,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Distrito Federal, México.
ZURBRIGGEN, C. (2014): “De la Gobernanza neoliberal a la gobernanza del bien público. Los servicios
del agua en América Latina”, Revista Estado y Políticas Públicas Nº 2.