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Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Escuela de Ciencias de la Información
Licenciatura en Comunicación Social
Seminario: Medios y Transformaciones políticas en América Latina
Prof. Cristina Vera de Flachs
Prof. Marilyn Alaniz
“TRANSFORMACIONES DEL PROCESO POLÍTICO
BOLIVIANO Y EL SURGIMIENTO DE NUEVOS
ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS”
Integrantes:
Abraham, Eliana Isabel – DNI: 35677284
Cáceres, Noelia Natalí - DNI: 33371310
Cámara, Ana Jorgelina – DNI: 33752665
Gayo, Dahyana Noelí – DNI: 36220422
Schneider, Lara Denise – DNI: 35525232
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INTRODUCCIÓN
A lo largo del cursado del seminario “Medios y transformaciones políticas en América
Latina”, se propuso entre los meses de agosto–noviembre interiorizarnos en las
problemáticas de un determinado país de dicha región. Es por ello, que como grupo de
trabajo se optó por estudiar Bolivia. La elección se sustenta en el interés respecto al
presidente de ese país: Evo Morales, ya que al ser un político perteneciente a los pueblos
originarios se consideró interesante indagar acerca de las políticas públicas implementadas
en dicho país.
Durante el cursado se identificaron diversas relaciones de poder y actores que influyen en
el Estado Plurinacional de Bolivia. Por medio del análisis de un vasto material documental y
bibliográfico que proporcionó la cátedra y otras fuentes se identificaron relaciones,
vinculaciones, dificultades y diversas transformaciones políticas y sociales en la geocultura
boliviana.
Es por ello, que el siguiente análisis intenta dar cuenta de un proceso realizado por el
grupo de trabajo que destaca la importancia de la aplicación de nuevas políticas públicas
democráticas y sus repercusiones en el espacio público, dando origen a un surgimiento de
nuevos actores sociales y políticos en este proceso.
Es por ello que al abordar Bolivia se propuso realizar una división de temas, a fin de que,
en conjunto se realizara un análisis exhaustivo de dicho país.
Las temáticas abordadas fueron distribuidas en dos ejes: la dimensión política y la
dimensión comunicacional.
En una primera instancia se dará cuenta de algunas características generales repasando
nombre, límites, constitución política, idiomas, población y niveles de descentralización
política.
Posteriormente, se abordarán los conflictos civiles y políticos por los recursos naturales
como la Guerra del Agua y el Gas que se configuran en base para la conformación de la
Asamblea Constituyente.
También, se tratará el problema en Santa Cruz de la Sierra donde interactúan distintos
actores sociales que se identifican con posturas ideológicas encontradas.
En otro momento, se expondrá la conformación de la nueva izquierda boliviana y la
llegada al poder del actual presidente, Evo Morales Ayma.
Luego, se intentará plasmar las modificaciones en el marco regulatorio vinculado a los
servicios de comunicación y, a su vez, se dará cuenta del mapa mediático centrándose en la
prensa gráfica.
Finalmente, se explicará la problemática relación entre los medios y el gobierno y las
medidas gubernamentales implementadas
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POSIBLES PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo se construye el actual mapa de la situación de Bolivia respecto de la
aplicación de políticas públicas, durante el gobierno de Evo Morales y períodos
anteriores, respecto de los medios de comunicación y de los recursos naturales?
¿Cuáles son los efectos y motivos que promueven nuevas políticas?, ¿Cuál es el
carácter de aquellas políticas?
¿Cómo intervienen ante esta situación, los diversos actores sociales (pueblos
originarios y autonomistas) en el espacio público?
¿Qué rol cumple el partido socialista (MAS) desde su creación y funcionamiento
en el espacio público respecto de las transformaciones en las políticas democráticas?
OBJETIVOS
Objetivo General
Caracterizar las transformaciones políticas dadas en períodos de gobierno con
tendencia neoliberal y en el gobierno de Evo Morales.
Objetivos Específicos
Identificar las políticas regulatorias de medios y recursos naturales en Bolivia.
Reconocer los vínculos entre las estructuras gubernamentales y de poder con los
medios de comunicación gráficos.
Reflexionar críticamente sobre el rol de los medios de comunicación en la
construcción de la agenda política en democracia.
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MARCO TEÓRICO
Para comenzar a deslindar el presente trabajo es pertinente explicitar las principales
categorías conceptuales que se abordarán y que servirán de sustento al proyecto de
investigación.
Tomaremos en una primera instancia el concepto de comunicación al que concebimos
como “conjunto de intercambios de sentidos entre agentes sociales, que se suceden en el
tiempo, y que constituyen la red discursiva de una sociedad” (Von Sprecher; 2008: 10).
Esta conceptualización se considera apropiada para el siguiente trabajo ya que prioriza
las nociones de sentido, intercambio y agentes sociales. Ésta mirada permite analizar los
procesos de comunicación destacando el papel activo que desempeña el agente social en la
construcción de sentido.
Asimismo, la construcción de sentidos es realizada por agentes activos que asumen
diversos roles en el espacio público. Es por ello que se tomará la propuesta de Caletti: “En
el espacio de lo público los humanos confrontan sus diferencias, amalgaman sus prácticas,
cuajan los horizontes de lo posible o sus utopías. En el espacio de lo público se carga de los
elementos de la politicidad que la atravesarán al margen y frente a todas las ingenierías de
gobierno. El espacio de lo público constituye al sujeto de la política, sea individual o
colectivo, perdurable o efímero. El sujeto del espacio de lo público es un sujeto de
intervención ya sea por la palabra o la acción y se construye de manera relacional. Esto es,
en la reflexividad, la diferencia y el descentramiento” (Caletti; 2001: 47).
Teniendo en cuenta la perspectiva de Marc Augé es posible mencionar que el espacio
público cumple dos funciones, es decir, le da sentido y forma a la vida colectiva y es
elemento de representación de la colectividad. El espacio público es de todos: en sus
senderos se cruzan todo tipo de personas, de todas clases sociales, de todas edades, de
diferentes etnias, entre otros.
La vida en comunidad supone y requiere una organización de la vida social a través de
procesos de apropiación y organización espacial.
Para definir espacio público es necesario remitirse al concepto de identidad. El uso
común de dicho concepto se relaciona con la forma en que las personas entienden quiénes
son, dando forma a sus características fundamentales como seres humanos. Ahora, entender
la identidad más allá de su definición normativa implica hacerse cargo del proceso a través
del cual ella se forja, en tanto permite que cada individuo se presente y conecte con la
comunidad a la que pertenece. De hecho, la identidad de cada sujeto individual tiene
sentido en la medida en que puede ser reconocida por otro. En el transcurrir del día a día, la
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identidad es el resultado de la mutua determinación de las formas que el tiempo y el espacio
asumen en una comunidad.
Precisamente porque la dinámica entre identidad y reconocimiento es una cuestión
relacional, es que ambas ocurren en el espacio social, un espacio que es producido a través
de esta misma dinámica y que a la vez sirve de anclaje a los sentimientos de identificación
y pertenencia. El espacio es la condición y el marco de experiencias relacionales que
suceden, es lo que conecta el mundo que tenemos en común con cada individuo particular.
"El espacio público es un componente fundamental para la organización de
la vida colectiva (integración, estructura) y la representación (cultura,
política) de la sociedad, que construye su razón de ser en la ciudad, y es
uno de los derechos fundamentales en la ciudad: el derecho al espacio
público como derecho a la inclusión" (Carrión; 1994: 79)
Los espacios públicos son por naturaleza espacios políticos. Precisamente porque se
trata de espacios donde cada sujeto individual se enfrenta cotidianamente con otros
extraños a él/ella mismo/a, es que cada interacción e intercambio que se produce en ellos
contiene un potencial para generar acción política, aun mediada por principios de
reconocimiento e identidad. Ser uno mismo está vinculado, entre otras cosas, con la
elección de los espacios que se ocupa, aquellos que se habitan cotidianamente. Es a través
de este sentido de pertenecer, de habitar un lugar, que las dimensiones pública y privada de
los espacios se correlacionan y constituyen mutuamente. Si se entiende a los espacios
públicos como espacios de encuentro, donde confluye la diversidad social, entonces hay
que preguntar por la forma política más apropiada para que esta diversidad coexista, se
vincule, se respete y reproduzca.
Es por ello que en este contexto se considerará el espacio de lo público como lugar
donde vierten las relaciones de poder e intervienen los diversos actores sociales. Foucault
desnuda en las formas políticas, los sistemas de racionalidad que subyacen en los poderes,
en los saberes y en las prácticas de subjetivación; por tanto, para que se produzca la
liberación, es necesario el ataque a las raíces mismas de la racionalidad política.
Para Foulcault el poder está siempre presente en las relaciones humanas, son por lo
tanto, relaciones que se pueden encontrar en situaciones distintas y bajo diferentes formas.
Estas relaciones de poder son relaciones móviles, es decir, puede modificarse, no están
determinadas y no son concebibles más que en la medida en que los sujetos manejen algún
grado de libertad.
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Pensar la política, entonces, no es posible sin pensar el sujeto de la política. Tomando el
concepto que maneja Caletti de Hanna Arendt donde “el sujeto de la política es por
excelencia un sujeto de incitativa de diferenciación radical, el sujeto de un simple comienzo
que no puede sino contraponerse a lo ya dado para emprender el camino hacia un horizonte
otro” (Caletti; 2001: 45)
En relación con lo enunciado por el autor “no hay política sin sujetos. Y quisiera hoy
añadir que el sujeto de la política y el sujeto de la comunicación son, en último término,
uno y el mismo”. (Caletti; 2001:45)
La comunicación constituye la condición de posibilidad de la política en un doble
sentido: porque la política supone una relación entre los hombres por la puesta en común de
significaciones socialmente reconocidas a través de la palabra y la acción y, en segundo
término, porque es la comunicación lo que habilita precisamente a lo común como
horizonte de aspiraciones constitutivo de la política.
Estas palabras resultan fundamentales para entender que en el siguiente análisis se
contemplan tanto discursos como prácticas de los agentes sociales. Por ello, es posible
entender el sentido que permite ver el lugar desde donde hablan aquellos agentes, sus
intereses, sus valores, sus objetivos, su subjetividad.
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BOLIVIA
Contexto socio-histórico
Bolivia, oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, es un país sin litoral marítimo
situado en el centro-oeste de América del Sur que cuenta con una población de cerca de
10,5 millones de habitantes, según el censo de 2010. El territorio boliviano es el sexto más
extenso de América Latina por lo que comprende distintos espacios geográficos como
la Cordillera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía y el Chaco, siendo así uno de los
países con mayor biodiversidad en el mundo.
Políticamente, Bolivia se constituye como un estado plurinacional, descentralizado y con
autonomías. Se divide en 9 departamentos. Sucre es la capital y sede del órgano judicial,
mientras que La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral.
La ciudad más poblada es Santa Cruz de la Sierra. El 62% de los bolivianos vive en
zonas urbanas y el resto 38% en zonas rurales. La mayor parte de la población del país se
concentra en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que reúnen más del
70% de la población boliviana. Bolivia se caracteriza por tener una población joven, según
el censo 2001 el 54% de los habitantes tiene entre 15 y 59 años, el 39% tiene menos de 15
años y de ellos la tercera parte son menores de cinco años.
En el territorio boliviano se desarrollaron civilizaciones antiguas como Tiwanaku y
la Cultura Hidráulica de las Lomas. Los incas y los conquistadores españoles dominaron el
territorio hasta que el país se independizó. La independencia fue iniciada en mayo de 1809,
declarada en Agosto de 1825 y reconocida en Julio de 1847. Desde la creación de la
Constitución, los pueblos originarios no estaban reconocidos en la misma hasta hace pocos
años cuando fue modificada en 2006.
Bolivia al haber heredado las tradiciones del mestizaje colonial y las culturas
precolombinas es un país multiétnico y pluricultural, rico en la mezcla de tradiciones
y folclore. La composición étnica de Bolivia comprende una gran diversidad de culturas
como así también de idiomas. Actualmente coexisten 37 idiomas oficiales. También hay un
pequeño número de inmigrantes de otros países americanos, como Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, EE.UU, Paraguay, Perú, México, Venezuela, entre otros.
Con respecto a la organización política, se pueden mencionar cuatro niveles de
descentralización política:
Gobierno Departamental: Constituido por una Asamblea Departamental, con
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito departamental. El Órgano
Ejecutivo Departamental está dirigido por el Gobernador que es elegido por sufragio
universal.
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Gobierno Municipal: Constituido por un Consejo Municipal, con facultad
deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito municipal. Su órgano ejecutivo está
presidido por el Alcalde que es elegido por sufragio universal.
Gobierno Regional: Conformado por varias provincias o municipios con
continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales. Se constituye por
una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora
en el ámbito regional.
Gobierno Indígena Originario Campesino: Autogobierno de pueblos indígenas en
territorios ancestrales que actualmente habitan.
“POR UNA LATINOAMÉRICA UNIDA”
Relaciones exteriores
La política exterior de Bolivia refleja una marcada tendencia hacia el cumplimiento de
las metas del milenio como el desarrollo social y la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, la
búsqueda de cooperación externa, la captación de inversión extranjera directa para
modernizar las instituciones y mejorar la infraestructura.
La Constitución boliviana de 2009 establece que Bolivia es un Estado pacifista que
promueve la cultura de la paz, la cooperación entre pueblos y el rechazo a la guerra como
instrumento de solución de conflictos. Se prohíbe la instalación de bases militares
extranjeras en su territorio y, a su vez, se declara en resistencia al Neoliberalismo.
Bolivia es miembro de la ONU y de otros organismos internacionales como el
Movimiento de Países No Alineados, la UIP y la OMC.
En el campo de la integración regional, Bolivia es miembro pleno de la OEA, la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unasur y estado asociado del Mercosur. El país
es miembro de diversos organismos de cooperación regionales.
En materia de integración energética y física, el país aspira convertirse en uno de los
principales centros energéticos de América del Sur.
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“LA UNIÓN ES LA FUERZA”
Activismo ciudadano para la defensa de los recursos naturales de Bolivia
Desde mediados de la década del ‟80 los gobiernos con tendencias neoliberales
comenzaron a gobernar los destinos de Bolivia. A partir de allí, un gran cambio en las
políticas públicas y en las decisiones de gobierno que tendieron a favorecer, principal y de
manera exclusiva, a un sector de la población acomodada. A partir de las decisiones que los
distintos gobernantes tomaron a espaldas del pueblo los principales perjudicados fueron los
ciudadanos bolivianos que se vieron afectados constantemente. Es así, como en tantos
ámbitos donde se tomaron decisiones inadecuadas uno de ellos fue el control de los
recursos naturales. Las legislaciones sufrieron asiduamente modificaciones para poder
disponer de ellos sin el mínimo reparo en las consecuencias que acarrearía para los
pobladores. Es importante destacar que muchos de estos procesos fueron contrarrestados
por la fuerza, la movilización y la capacidad de lucha de los ciudadanos.
Uno de los ejemplos paradigmáticos que sirven a los efectos de ilustrar la capacidad de
la población civil para enfrentar al gobierno y a grandes corporaciones internacionales, en
los distintos atropellos a los que fueron sometidos, es la conocida “Guerra del Agua” en el
año 2000.
En el año 1999 bajo el gobierno de Hugo Banzer Suárez, quien estuvo en el poder entre
1997 a 2001 en su período democrático, se firmó un contrato donde se acordó la creación
del Consorcio “Aguas del Tunari” al que le concedieron el Servicio Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado (Semapa) de la localidad de Cochabamba. Es importante
mencionar que esta ciudad sufre desde hace más de 50 años problemas con la distribución y
obtención de agua potable. El principal accionista del consorcio “Aguas del Tunari” era una
empresa multinacional estadounidense conocida como Bechtel Corp.
Posteriormente, el gobierno boliviano con el afán de legalizar el contrato firmado y
también presionado por entidades financieras internacionales como el Banco Mundial (BM)
y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “A lo largo de los años, estos bancos jugaron
un rol decisivo en exigir, financiar y consolidar una orientación general hacia el mercado en
casi todas las políticas del Estado boliviano” (Kruse; 2005:91). Para facilitar su ejecución,
frecuentemente, era necesario modificar las legislaciones. Es así como en octubre del año
2000 se sanciona la ley 2029 de “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”
conocida simplemente como la “Ley de Aguas” que principalmente legalizaba el contrato
firmado con “Aguas del Tunari”; posibilitaba la concesión de monopolios en la dotación de
agua de una determinada región; obligaba a conectarse a la red del concesionario a las
cooperativas, pozos y otras fuentes de obtención de agua; de esta ley, también se desprendía
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la posibilidad de que el consorcio se podía extender a localidades cercanas a la región de
Cochabamba; también, no permitía que los pueblos campesinos hagan uso del agua como lo
había hecho desde tiempos inmemoriables con lo que eliminaba la tradición campesina en
la forma de administrar el agua para riego; y una de las imposiciones más importantes fue
la imposibilidad de almacenar el agua de la lluvia.
Desde estos cambios, algunos pocos ciudadanos comenzaron a movilizarse por las calles
y la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba desde aquel octubre donde se firmó el acuerdo.
En aquel momento se opusieron miembros del “Comité de Defensa del Agua”, germen de
lo que luego sería la “Coordinadora del Agua y la Vida” con un importante rol en las luchas
civiles.
A partir de estos incidentes comienza a gestarse la “Coordinadora” que estaría integrada
por distintas organizaciones “naturales” de la comunidad, tal como reconoce uno de los
voceros, Óscar Olivera. Por lo tanto, estuvo acompañada por federaciones; sindicatos
urbanos –principalmente fabriles-; juntas de vecinos; grupos universitarios; grupos y
colegios de profesionales; organizaciones territoriales de base; sindicatos campesinos y uno
de los actores más importantes y que más peso tuvo en la organización y que le otorgó más
experiencia a la coordinadora fueron las organizaciones de regantes. Estos últimos ya
habían tenido una experiencia de lucha con la conocida “Guerra de los Pozos”. “(…) Una
disputa de varios años entre el campo (comunidades y organizaciones rurales y semi-
rurales) y la ciudad (SEMAPA y los políticos municipales, departamentales y provinciales),
cuyo nudo conflictivo era el control de las aguas subterráneas del valle central” (Kruse;
2005: 97). Es a partir de esta contienda que surgen los Regantes como un actor social
colectivo de lucha y reivindicación. Luego estarán agrupados en Fedecor –Federación de
Regantes- con Omar Fernández como líder.
Es importante mencionar que la Coordinadora se nutrió de la colaboración y el apoyo de
estos innumerables grupos que defendían el derecho de todos los ciudadanos de poder
acceder al agua potable. Es así que Fedecor se constituyó en la columna vertebral de la
Coordinadora, otorgándole una organización sólida y experimentada. El Comité de Defensa
del Agua, el Comité de Economía Familiar sentaron nuevas pautas tanto como el análisis, la
creatividad, el compromiso, la independencia política y también, formación profesional. La
Federación de Fabriles con Óscar Olivera, como representante, le brindó nuevas formas de
analizar la realidad, de aprovechar los medios de comunicación y de organización del sector
dentro y fuera de las fábricas, y principalmente, le otorgó experiencia comunicacional.
También, de bases técnicas, de colegios de profesionales que asesoraron y gestionaron
alternativas y propuestas que presentaron en las mesas de negociaciones.
Fueron meses de lucha desde aquel octubre del ‟99 que se firmó el contrato, donde
recurrieron a las movilizaciones, también hubo intentos de negociaciones, de trabajo en
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comisiones para la revisión del tarifazo, del contrato con “Aguas del Tunari” y de la Ley
2029. Sin embargo, la terca posición de los gobernantes que no permitieron que las
negociaciones continuaran, las detenciones a los líderes de la coordinadora y las continuas
represiones a los manifestantes llevaron hasta el fatídico abril del año 2000.
La Coordinadora convocó a un paro general indefinido para el 4 de abril que fue
denominada la “Batalla Final”, siendo absolutamente efectivo los primeros días. El
gobierno llamó a la reflexión a la Coordinadora y es así como volvió a la mesa de
negociaciones al tercer día de paro. Los siguientes días fueron de lucha y movilización por
parte de la población de Cochabamba y los alrededores, donde cerca de 600.000 personas
tomaron las calles, las plazas, se levantaron bloqueos de rutas en los distintos accesos a la
ciudad. La violencia en las protestas y la represión por parte de las fuerzas policiales y
militares se endureció, sin embargo, desde el sábado 8 de abril se retiraron a sus cuarteles
quedando los ciudadanos al mando de la ciudad. Definitivamente, el lunes 10 llegó la calma
y el logro de la Coordinadora y los pobladores que lucharon incansablemente todos esos
días. El gobierno finalmente acepta las propuestas de la Coordinadora, es decir, el retiro de
Aguas del Tunari; la conclusión de las modificaciones a la Ley 2029; la liberación de los
detenidos; la indemnización a la familia del muerto y de los heridos en las movilizaciones y
la sanción de una ley modificatoria basada en la propuesta de los regantes en defensa de los
“Usos y Costumbres”.
En base al trabajo de la Coordinadora y a la labor conjunta con distintos sectores de la
comunidad surgieron nuevas estrategias de lucha y protesta. Algunas de las más
importantes:
Presencia visual en la plaza central con una mesa de información para el público.
Desplazamiento a los barrios y asociaciones de manera proactiva con análisis sobre
la realidad.
Atrevimiento de jugar con elementos visuales de gran significación simbólica como
la quema de facturas de agua –al momento del tarifazo-, burlas teatrales, entre otras.
Reapropiación de espacios públicos con la “toma” de la ciudad y con las vigilias en
la plaza 14 de Septiembre.
Nuevos mecanismos de democracia directa como la consulta popular, los cabildos y
asambleas.
Reinvención de formas de movilización como la toma simbólica del Comité Cívico,
las oficinas de Aguas del Tunari, el “cerco” a la Prefectura
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Creación y labores en comisiones de trabajo.
Manejo de manera horizontal, sin estructuras piramidales ni jerárquicas.
Reafirmación de valores como la solidaridad, reciprocidad e igualdad.
Emisión y defensa de un mensaje sencillo y potente que rompe con el instrumento
clásico de las luchas como el Pliego Petitorio Único.
Dos demandas fundamentales: solución a un problema agudo de necesidad básica –como
el acceso al agua potable- y contra la humillación de los políticos a los pueblos silenciados,
sin voz y la no tolerancia a las negociaciones oscuras.
Ha habido otros acontecimientos que revisten consideración y se convierten en un
ejemplo donde la fuerza y disposición de los ciudadanos que no acuerdan con los negocios
turbios y la práctica de entrega a empresas transnacionales para la explotación de los
recursos naturales que le pertenecen a todos los habitantes de Bolivia. Éstos fueron los
incidentes de Octubre de 2003 en las localidades de El Alto y La Paz conocidas como la
“Guerra del Gas”.
En el año 2003 gobernó Gonzalo Sánchez de Lozada, electo en 2002, y que también fue
presidente desde 1993 a 1997 siendo sucedido por Hugo Banzer Suárez. Durante el
segundo período se sucedieron diferentes manifestaciones y enfrentamientos por parte de
la población boliviana con la policía y las fuerzas armadas. Es así que en Febrero de 2003,
conocido como “Febrero Negro”, el gobierno de la coalición decretó un impuesto a los
salarios, lo cual afectó gravemente a los empleados bolivianos por lo que los días 12 y 13 se
movilizaron por las calles de La Paz. Debido a la represión hubo un saldo de al menos 33
muertos y más de 205 heridos por heridas de bala y golpizas. Otros acontecimientos fueron
las movilizaciones del 15 y 16 de Septiembre contra los formularios maya y paya.
En esos días se observó un desdoblamiento de tejidos sociales y culturales para
inmovilizar la ciudad. Y entre la primera y segunda semana de Octubre este hecho se
masificó. Por ejemplo, el paro cívico exitoso realizado el jueves 2 de Octubre en contra de
la masacre de Warisata.
Como antecedentes que llevarían a la “Masacre de Octubre” de 2003 se pueden
mencionar algunos de los radicales cambios legislativos que se produjeron en el primer
periodo de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Por ejemplo, la Ley de Capitalización
(N°1544) promulgada en el primer gobierno de Sánchez de Lozada en 1994 -y que tuvo
vigencia hasta 2005-, por la que YPFB quedó en manos de empresas transnacionales. En
Abril de 1996 “se promulgó la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, que tiene referencias
significativas con relación a los derechos de propiedad de los hidrocarburos. Por una parte
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señala que el Estado es propietario de las reservas de gas natural cuando se encuentran en el
subsuelo; en cambio, cuando éstas son producidas o declaradas campos comerciales, la
propiedad es de la empresa transnacional o contratista” (Villegas Quiroga, 2003:28).
También, el decreto inconstitucional de 1997 N° 24806, que permitía la explotación y la
propiedad de los yacimientos de gas por parte de empresas privadas y que, a su vez,
consolidó los derechos de propiedad a favor de las empresas transnacionales bajo la
supuesta argumentación de incentivar la inversión en las diferentes fases de la cadena
hidrocarburífera.
“Desde 1985 los cuatro gobiernos que se sucedieron en la administración del Estado
boliviano prometieron y ratificaron continuamente la pertinencia y necesidad de un cambio
de estilo de desarrollo. Señalaban que las bases del mismo deberían sustentarse en la
transformación del aparato productivo de manera de orientarlo a la exportación, e inclusive
se selló el eslogan exportar o morir.” (Villegas Quiroga, 2003:27) Bolivia perteneció al
modelo primario exportador, con nuevas características como “la apropiación de los
recursos naturales y del proceso de generación y uso del excedente económico a favor de
las empresas transnacionales. Este es uno de los aspectos que generó un profundo malestar
en la sociedad boliviana, al punto de convertirse en uno de los pilares del movimiento
social de Octubre de 2003. La reivindicación principal giró en torno a la recuperación de
los derechos de propiedad de los recursos hidrocarburíferos a favor del Estado boliviano”.
(Villegas Quiroga, 2003:27-28)
Tal como plantea Villegas Quiroga, los procesos privatizadores de las empresas públicas
se convirtieron en “transferencias de los derechos de propiedad a manos de las empresas
extranjeras, y un fenómeno similar ocurrió con el proceso de generación y uso del
excedente económico. Como resultado de estos hechos, la concentración económica se
acentuó considerablemente” (2003:28).
En Septiembre de 2003 comenzaron masivas movilizaciones, en las ciudades de El Alto
y La Paz, que se pronunciaron en contra del Proyecto de venta de gas a través de un puerto
de Chile, principalmente a Estados Unidos. Ésta se convertiría luego en una de las
principales reivindicaciones por las que bregó la “Coordinadora Nacional de Recuperación
y Defensa del Gas” constituida con el objetivo de exigir la anulación de dicho proyecto y
también, para reclamar la instalación de un sistema industrial que le agregara valor al gas
boliviano y con su venta incrementar el gasto social para atender las necesidades básicas
del pueblo boliviano sumido en la pobreza.
El Alto, principal sede de los reclamos, es una de las más importantes ciudades con
características indígenas populares Aymara del país, por su constitución demográfica,
social, cultural, política, lingüística, y urbanística. En este escenario se empezó a tejer una
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nueva configuración sociopolítica desde los sentidos de una identidad indígena urbana,
agigantada por la agresión municipal y estatal.
“Esta construcción social se manifiesta en las acciones colectivas beligerantes, en el
bloqueo de las avenidas, la toma de las calles, las multitudinarias manifestaciones, y en los
discursos politizados de sus dirigentes en un proceso que la convierte en fuerza alterna al
estado.” (Mamani Rodríguez, 2003: 16)
En las protestas de Octubre de 2003 la Plaza San Francisco de La Paz se colmó de una
multitud politizada y dispuesta a revertir la situación a la que llegaron los gobiernos
neoliberales que asaltaban los derechos y los intereses de los bolivianos. Es así como se
calcula que participaron más de 50 mil manifestantes en la plaza, sin embargo, en los
alrededores se sumaron más de 150 mil personas, sumándose a ellos sectores
tradicionalmente favorecidos o administradores del Estado, la zona sur no indígena,
también llamados los Q‟aras. El descontento con el gobierno de Sánchez de Lozada era
absoluto.
En las manifestaciones que se dieron a lo largo de todo el mes de Octubre de 2003, gran
parte del país se paró para movilizarse y defender la soberanía de los recursos
hidrocarburíferos bolivianos. También, se reclamaba la renuncia de Sánchez de Lozada al
que se acusaba de “gobierno hambreador”, otras de las consignas eran “Goni carnicero”,
“Goni asesino”, “el gas no se vende” y por lo tanto exigían que abandonara inmediatamente
el gobierno. La lucha para lograr ese cometido costó cientos de vidas, desaparecidos y
heridos que hasta la actualidad no se conoce con certeza el número. Siendo el 17 de
Octubre que Sánchez de Lozada presentó y el Parlamento aceptó su renuencia, partiendo
raudamente hacia Estados Unidos.
El vicepresidente, Carlos Mesa, que asumió la presidencia posteriormente se
comprometió en aquel momento con el movimiento social que protagonizó la caída de
Gonzalo Sánchez de Lozada a elaborar una nueva Ley de Hidrocarburos y organizar un
referéndum vinculante acerca de la problemática del gas natural. También, entre los
reclamos más importantes de las protestas de 2003 fue que no se repliquen en el futuro
hechos de esa naturaleza, es decir, se bregó por la toma de decisiones gubernamentales que
recuperen los derechos de propiedad a favor del Estado y porque se apruebe una estrategia
y política hidrocarburífera asociada a los intereses nacionales y no sólo de las empresas
transnacionales.
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La fuerza política de un nuevo actor social
Para entender el proceso histórico social que ha atravesado Bolivia a lo largo de su
configuración, es necesario remontarse a las diversas políticas y formas de gobierno que lo
han delimitado y transformado en lo que es hoy.
Desde su emancipación, Bolivia se sumergió en un estado crónico de revoluciones y
guerras civiles caracterizado por la inestabilidad política y constantes amenazas externas.
Por eso, para entender el gobierno actual de Bolivia, es necesario remontarse al estudio
de la izquierda boliviana en el Siglo XX, que fue la principal fuerza transformadora de lo
que es hoy la realidad política y social boliviana. Es importante también tener en cuenta el
vínculo entre los movimientos sociales y el partido campesino de izquierda de las últimas
décadas, como así también la fuerte crítica en torno a la explotación de las elites locales e
internacionales como ejes de ideología que movilizaron los intereses de aquellos grupos
reprimidos.
La izquierda nace con tres componentes: la idea socialista, la cuestión nacional y la
reivindicación de las raíces étnicas y la historia local prehispánica.
El declive de la izquierda de los años ochenta y noventa fue contrarrestado por un
proceso de reorganización de los sectores populares, iniciado alrededor del año 1985. Este
proceso de reorganización tiene como protagonista principal al sindicalismo campesino,
especialmente representado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTB); cuya conformación responde a un proceso de
consolidación política del “katarismo”, movimiento político de Aymaras que logró la
autonomía del sindicalismo campesino. Este movimiento ha tenido una importante
influencia en la política y la cultura del país, ya que a partir de su surgimiento se evidencia
la existencia de la diversidad étnica y cultural del mismo, como así también la fuerza y
potencia que estos sujetos poseen para transformar su realidad y la concepción que tienen
de ésta, el conocimiento y auto reconocimiento de capacidades y posibilidades políticas y
sociales de disputar el poder político y promover la reforma del estado boliviano.
Creemos importante remarcar el camino por el cual se consolidó este movimiento, para
así comprender la repercusión que tiene el actual presidente Evo Morales Ayma, quien fue
anteriormente líder de las federaciones sindicales cocaleras, de los yungas y del chapare, las
cuales se organizaron en el seno de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia. Otro de los grupos de sindicatos campesinos que también tomó
fuerza en el plano político y social es el MITKA, liderado por Felipe Quispe, quien también
pertenece a la comunidad Aymara.
Evo Morales Ayma ingresó en el sindicalismo cocalero en 1981 y ha presidido las cinco
federaciones del trópico de Cochabamba que dieron lugar a la organización política
16
asamblea por la soberanía de los pueblos, posteriormente “MAS” (Movimiento al
socialismo) (Tapia; 2008: 346).
En las elecciones de 2002 el MAS se consolida como la segunda fuerza electoral del
país, organizándose y conformándose explícitamente como partido.
El actual presidente asumió el poder el 22 de enero de 2006, consagrándose como el
primer mandatario de ascendencia indígena en ser electo presidente de la República por una
mayoría absoluta del 60% de los votos de la elección presidencial general. Asumió
prometiendo nacionalizar los hidrocarburos del país, combatir la corrupción y excesos de
las multinacionales, permitir el mercado legal de coca e intervenir sin la ayuda de Estados
Unidos, repartir mejor las tierras y gobernar para todos, y en este todos incluye a todos los
pueblos indígenas que nunca fueron tomados en cuenta.
Estos cambios en las estructuras de los actores sociales de la política cobran sentido si se
entiende que, “la transformación del sistema de partidos se está induciendo desde la
periferia, esto es, desde el campo hacia la ciudad” (Tapia; 2008: 348)
Esto constituye un nuevo actor social, aquellos que han sido postergados por más de 500
años, aquellos que siempre han resistido y defendido sus tradiciones son hoy los
protagonistas de un histórico triunfo del pueblo Boliviano. Esto significa un duro golpe
para las trasnacionales y organismos internacionales que siempre han querido apropiarse de
los recursos de este país. Por esto, entre las propuestas de este presidente, se puede ver,
como gran eje transversal, la revalorización de sus recursos, esto es, refundar Bolivia desde
sus bases.
“Es el apoyo del pueblo el que presta poder a las instituciones de un país y este apoyo no
es nada más que la prolongación del asentimiento que, para empezar determino la
existencia de las leyes” (Arendt; 1975: 143).
Estas palabras sirven para hacer referencia a la capacidad que tiene el pueblo de
gobernarse. Entonces, cuando se habla de democracia se está hablando de que el pueblo
domine a quien gobierna, porque quien gobierna es justamente el representante del pueblo.
Para caracterizar a este nuevo actor social como ser político recurrimos a la concepción
que tiene Hanna Arendt que resulta adecuada a la situación que atraviesa Bolivia: “lo que
hace de un hombre un ser político , es su facultad de acción, le permite unirse a sus iguales,
actuar concertadamente y, alcanzar objetivos (…)” (Arendt; 1975: 181)
Es por esto que se considera que aquello que permite que el pueblo boliviano pueda
transformar aquella realidad, a la que se vio condenada y que lo definió como desigual e
inferior a lo largo de los años, es su capacidad de acción. Por eso, se entiende que a través
de esta unión, de esta conjunción de objetivos y necesidades comunes, puede lograrse una
transformación.
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Por otro lado, no puede dejarse de lado la incidencia de la comunicación en esta
conformación de nuevos actores sociales. Se considera que es muy importante la toma de la
palabra de estos sujetos, como construcción de sentido de aquellos asuntos que los definen
cultural, social política y económicamente. Esta construcción de sentido, de
representaciones que los une en una identidad colectiva, genera la posibilidad de acción.
Esta acción puesta en práctica en la lucha por transformar la realidad que les fue impuesta
buscando reivindicar sus formas e ideales de vida.
Asamblea Constituyente
El poder transformador del pueblo
La defensa de los recursos como el agua y el gas se convirtieron en catalizadores de la
rabia e indignación acumuladas por tantos años de saqueo, abusos y explotación en Bolivia.
Como resultado de la insurgencia contra estas políticas que atentaron contra los derechos y
la propiedad de los recursos naturales más importantes de Bolivia surge la “Asamblea
constituyente”. Definida, ésta última, como “un espacio de discusión entre diferentes
actores sociales para refundar la nación y con el objetivo de crear instituciones de un
Estado intercultural que apunten hacia la construcción de una democracia libertaria. Esta
etapa representa una experiencia única en América Latina y en el mundo”. (Muñoz Chávez
y Rivera Rosales; 2007: 1) Los marginados, excluidos, los sin voz por primera vez tienen la
oportunidad para transformar y refundar la nación, profundizar la descentralización y
construir las bases para que se reconozcan los plenos derechos de la población indígena ya
sea en la Constitución como en la praxis cotidiana.
Cabe mencionar que la población boliviana se mantiene informada permanentemente
sobre la actividad de la Asamblea Constituyente por medio de la radio y la televisión y que
el ciudadano boliviano tiene un nivel de interés, politización y participación por encima del
ciudadano promedio latinoamericano.
El proceso por el cual los movimientos sociales surgidos de las mencionadas
movilizaciones condujeron a la conformación de la Asamblea Constituyente fue largo y
complejo. Tal es así, que se considera como un espacio que aúna la posibilidad de influir en
los destinos de Bolivia.
Todos los movimientos que participaron en las protestas apoyaron al candidato del MAS
(Movimiento Al Socialismo), Evo Morales, quien se proclamó el primer presidente
perteneciente a un pueblo originario –Aymaras-, lo cual se convirtió en un hecho histórico.
El compromiso ineludible de nacionalizar los hidrocarburos e impulsar la Asamblea
Constituyente fueron motivos que posibilitaron el gran apoyo de la sociedad boliviana. “Así
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la Asamblea Constituyente se fue construyendo gradualmente como un espacio de
discusión de ideas, posturas, necesidades económicas y políticas con el fin de llegar a
acuerdos mínimos para refundar la nación democráticamente”. (Muñoz Chávez y Rivera
Rosales; 2007: 3)
Evo Morales entre algunas de las inmediatas modificaciones legislativas que emprendió
y, también cumpliendo una promesa de campaña, fue en Mayo de 2006 cuando firmó el
decreto supremo 28.701, conocido como decreto supremo en el campo petrolero de San
Alberto, en Tarija, al sur de La Paz por el cual los bolivianos recuperan el control de los
hidrocarburos tal como dice textualmente el propio decreto “el Estado recupera la
propiedad, la posesión y el control total y absoluto» de los hidrocarburos”.
Sin embargo, la Asamblea Constituyente se concentró en estos últimos años en el re-
diseño del Estado del país basada en tres desafíos. “Primero, una nueva forma de
representación política donde coexistan en condiciones de igualdad (en todos niveles de
gobierno) las distintas formas de representación, autoridad y organización. Segundo, una
nueva forma de gestión totalmente descentralizada de los poderes públicos, desde lo
municipal hasta lo nacional pasando por la interfase departamental como espacio donde se
articule la participación y la planificación del desarrollo social. Y tercero, una nueva forma
de control y administración de los recursos naturales, con soberanía y capacidad de
negociación a partir de la renta estratégica”. (Muñoz Chávez y Rivera Rosales; 2007: 5-6)
A manera de conclusión es importante destacar el embrionario pero efectivo poder de
veto de las organizaciones sociales y su capacidad para desorganizar los mecanismos de
reproducción del sistema económico-político.
Es así que estas nuevas formas de expresión y representación política de la multitud al
margen del sistema político partidario y tradicional, están creando una nueva ciudadanía y
sociedad civil.
Xenofobia y autonomía: Santa Cruz de la Sierra
Estudiar los procesos políticos latinoamericanos supone remontarse en el tiempo,
construirnos desde espacios que se forjaron, a diferencia del centro, con un leve dinamismo.
Sin embargo, no corresponde en este apartado de nuestro trabajo analizar cada uno de
ellos, son diversos y particulares en cada uno de sus historias o devenires.
De lo que aquí trataremos implica a una de las directrices que aún continúan inmanentes
y que, al analizarlas con mayor detenimiento en la constitución de las sociedades, forma
parte de su actualidad.
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El conflicto santacruceño en Bolivia desde una perspectiva sociológica y antropológica
implica pensar las estructuras sociales como un continuum de relaciones de poder, de
luchas simbólicas y materiales por la imposición de creencias y formas de objetivación.
“La clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo
tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los
medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los
medios para la producción espiritual, lo que hace que se sometan al propio
tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios
para producir espiritualmente” (Marx y Engels; 1970:50)
La dialéctica materialista instala en la totalidad una dinámica formada por
contradicciones, dos formas de organización en puja que en un determinado momento
histórico consigue llegar a una síntesis (resolución de las contradicciones).
Santa Cruz de la Sierra es uno de los departamentos más ricos en Bolivia, allí se
concentra la mayor parte de la economía del país. Cosmopolita y de gran crecimiento
industrial, integrante de la fértil Medialuna de Oriente con los estados de Pandi, Beni y
Tarija. Junto a este gran desarrollo económico coexiste y pervive una arcaica mirada en la
estructura de las relaciones sociales. En los últimos tiempos, y sobre todo en América
Latina, ha habido un gran avance en materia de derechos humanos de las minorías
originarias de la cual Bolivia no fue excepción.
Sucede particularmente que Santa Cruz de la Sierra conforma un micro cosmos aparte.
La construcción de las identidades sufre procesos de conflictividad de clases, de grupos
sociales antagónicos que imposibilitan una síntesis resolutoria.
La escisión de formas de organización social en Santa Cruz es muy notoria, de alguna
manera para entender estas divergencias materiales es necesario revisar las condiciones
históricas (la dialéctica entre infraestructura y superestructura) y cómo influenciaron en la
disposición de éstas estructuras.
La sociedad cruceñista ha recibido más que ningún departamento boliviano afluentes
inmigratorios, entre ellos encontramos sirios libaneses, alemanes, italianos y yugoslavos.
Familias de inmigrantes que llegaron al país y conformaron sus negocios,
emprendimientos que en la trayectoria fueron creciendo, constituyendo de esta manera la
élite burguesa boliviana. Por otro lado, allí también se conformaron sus principales
dirigentes políticos, quienes encarnaron los “intereses hegemónicos del poder”. El otro
extremo de la díada lo conforman más de quinientos años de historia, de luchas, muchas de
ellas perdidas pero que aún resisten en la adversidad del tiempo, supervivencias culturales.
Esta situación tuvo un giro radical con la asunción de Evo Morales Ayma a la
presidencia de Bolivia, lo cual significó la toma del poder simbólico de las minorías
originarias que lograron encontrar en su figura la manera de plasmar sus problemáticas y
20
materializarlas. Sin embargo, este proceso de cristalización de las subjetividades confluye
en el departamento cruceño con ciertas reticencias.
Denys Cuche en la “Noción de Cultura en las Ciencias Sociales”, denominó
“aculturación al proceso de contacto continuo y directo entre grupos de individuos de
culturas diferentes, y que inducen modificación en la composición de los modelos
culturales de uno de los grupos sociales” (1999: 69).
Si hablamos de la sociedad cruceñista este proceso de aculturación entre los grupos
sociales se realiza de manera forzada. Es un proceso de “aculturación planificado”, se busca
una síntesis que posibilite una integración de ambas culturas, una interpenetración,
búsqueda de consenso que el gobierno a través de sus políticas realiza.
Ante la resistencia de determinados grupos a esta interpenetración cultural, se producen
movimientos de contra-aculturación. Estos son representados por el “Movimiento Nación
Camba” que persigue la búsqueda de la pureza en términos raciales, en las figuras de
Branko Marinkovic o Pablo Klinsky ambos pertenecientes al Partido Autonómico “Pro
Santa Cruz”, o la Juventud Cruceñista protagonista de actos xenofóbicos contra integrantes
de pueblos originarios en 2006.
“Cuando en la sociedad colonial encontramos una clase o un grupo inmovilizado, con
manifiesta tendencia a cerrarse en sí y prolongar su identidad. (…) Una clase o un grupo de
poseedores con esa tendencia manifiesta a la inmovilidad –que llamaremos oligarquía–
surge cuando existe cierto número de individuos que tiene más privilegios para defender”
(Bagu; 1951:73).
Como bien especificaba el sociólogo argentino, esta “inmovilidad” del sector dominante
existe en la resistencia por el mantenimiento del sistema de creencias y representaciones.
En la búsqueda por una identidad sincrética, entendiendo por esto al individuo que comulga
con diferentes culturas y que construye a través de estas contradicciones materiales una
identidad que es “sincrética”, es decir la unión de diferentes sistemas de representaciones.
Para reunir estas diferencias y contradicciones, los grupos utilizan diferentes “estrategias
identitarias”, es decir la identidad para alcanzar un fin determinado. Los Estados
plurinacionales como Bolivia se apoyan en la diversidad de nacionalidades y pueblos como
entidades económicas, culturales, políticos y jurídicos históricamente determinados.
Cuando no existen vínculos estructurales que puedan producir este estadio de
integración, suceden las pérdidas de sentido de los individuos, que se traducen en
momentos de gran conflictividad social y discriminación.
“¿“Son de paz” después de haber recibido a gritos un montón de veces los
calificativos de ¡raza maldita!, invasores, indios, hediondos, cochinos? ¿“Son
de paz” después de haber visto cómo ultrajaban a sus mujeres de pollera que
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quedaban ensangrentadas? ¿“Son de paz” después de que les destruyeron la
sede de los indígenas de los cinco pueblos nativos cruceños?”
Testimonio de víctima de agresiones de la Juventud Cruceñista
En la “autodeterminación” de los sujetos, en la búsqueda de nombrar y ser nombrado, en
este juego de continuidades y discontinuidades la identidad juega un papel principal, esto es
la lucha simbólica por la autodeterminación y la toma de las formas de nominación. Resulta
pertinente destacar que la identidad lleva impresa la historia de las trayectorias sociales, la
memoria como reservorio de experiencias pasadas y que posibilitan la formulación de
acciones a futuro. Bourdieu simplificaba lo enunciado a través de la figura de “habitus” que
“funciona como la materialización de la memoria colectiva que reproduce en los sucesores
lo que se adquirió de los antecesores” (1980 a: 91, nota 4)
Cambiar el orden de las cosas se convierte en urgente, los vejámenes sufridos por años
por comunidades originarias y a sus formas de organización social, están siendo
materializadas en demandas por grupos de resistencia y lucha por los derechos de los
grupos excluidos.
De alguna manera, Bolivia enfrenta procesos de integración, la búsqueda del Sumak
Kawsay (“la vida en plenitud”) entre culturas se construye solo a través de la conciencia de
la historia pasada, de la memoria colectiva de un pueblo oprimido hace más de quinientos
años y la trayectoria social de nacionalidades de otros puntos diferentes del mundo (algunos
escapando de otros sufrimientos como la guerra y las crisis sociales) que confluyeron en un
punto, aquí Santa Cruz de la Sierra.
LEGISLACIONES SOBRE COMUNICACIÓN
Es de importancia en esta instancia hacer referencia al marco regulatorio que respalda
las políticas vinculadas a los servicios de comunicación.
En Bolivia, radios, revistas y canales de televisión concentrados en multimedios han
disparado con noticias deslegitimadoras en las que afirman que los indios no pueden
gobernar porque son “sucios, brutos y revoltosos”.
Pese a que este discurso atenta contra la moral, la convivencia armónica y el respeto
entre las culturas, los medios de comunicación no recibieron ninguna sanción. Los
multimedios de comunicación son parte de un grupo de poder autosuficiente que pasa por
encima las leyes que tutelan las comunicaciones.
En Bolivia la comunicación estuvo desde hace mucho tiempo regulada por el marco
jurídico legal basado en la Ley de imprenta emitida en 1826.
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La antigua Constitución de Bolivia queda contemplada la libertad de prensa en el
artículo 150. Es decir, que todo habitante de Bolivia puede publicar en la prensa sus
pensamientos, siempre que no abuse de esta libertad y teniendo en cuenta que debe acatar
las leyes de su país respetando la vida privada de todas las personas.
A continuación se expone el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos al que Bolivia adhiere:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y opinión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”. (ONU)
Sin embargo, el marco legal boliviano sobre la libertad de expresión se mantiene en la
retaguardia de la jurisprudencia internacional, pues la mayoría de los cambios apuntaron a
limitar o coartar la libre expresión de ideas. Y si se tiene en cuenta que la práctica es muy
distinta a la teoría, y se considera la corrupción, el autoritarismo y el amiguismo político
entre los sectores que detienen el control de la “opinión pública”, se ve limitada aún más la
posibilidad de que exista un real ejercicio de la libertad de expresión.
La comunicación a partir de la nueva Constitución
La Nueva Constitución Política del Estado boliviano establece que los medios de
comunicación social no podrán conformar de manera directa o indirecta, monopolios y
oligopolios. Sin embargo aún no se elaboró la ley de medios correspondiente, que defina en
detalle qué será considerado como monopolio y cómo se regulará a los grupos mediáticos.
Si bien actores políticos de diversos sectores reconocen la necesidad de confeccionar una
ley antimonopólica, la actual legislación no le exige a los medios de comunicación ningún
requisito más que a otra empresa, y no existe una ley que limite la adquisición de medios de
comunicación por capitales extranjeros, ni de regulación antimonopólica.
Varios autores e investigadores de la comunicación aseguran que habría que modificar
muchos aspectos del marco legal para mejorar las condiciones de la prensa en Bolivia: la
actual ley de comunicaciones permite el “pinchazo” o espionaje telefónico pues faculta a
los organismos de seguridad a escuchar conversaciones privadas violando la Constitución
Política del Estado y la Ley de Imprenta. Además, es de conocimiento público que la
“cultura política policial” permite el constante ejercicio de la violencia hacia los periodistas
sin que ninguna acción legal en contra tenga algún tipo de efecto concreto.
La Nueva Constitución Política del Estado garantiza en su artículo 106 el derecho a la
comunicación y a la información, a la libertad de expresión, de opinión y de información, a
23
la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier
medios de difusión, sin censura previa.
El artículo 107 menciona algunos puntos que realmente podrían cambiar el sistema legal
de medios como: la promoción de valores de las diferentes culturas y lenguajes, el respeto a
los valores de veracidad y responsabilidad, el deber del Estado de apoyar la creación de
medios comunitarios y la prohibición de monopolios u oligopolios mediáticos.
Si bien desde la llegada del MAS a la presidencia se ha recuperado la eficiencia en los
medios públicos, como la agencia de noticias ABI y el canal Televisión Boliviana y, se creó
el periódico estatal Cambio y la red de radios comunitarias y campesinas, Patria Libre; los
medios de comunicación privados siguen acaparando el 85% del espectro comunicacional.
Con este escenario, es evidente que debe emitirse una legislación acorde a los tiempos que
corren, que impida la conformación de monopolios para asegurar el acceso y el derecho a la
información al pueblo boliviano, y que además, comprometa a los medios a respetar los
principios de veracidad y responsabilidad. Los medios de comunicación no deberían poder
emitir afirmaciones xenófobas sin ningún tipo de responsabilidad, no deberían poder
afirmar que gente de cierto color y cultura es inferior y que por eso es correcto excluirlos de
participar en la vida social, sin que se pueda juzgarlos por lo dicho según la ley; porque
para construir una sociedad en la que convivan todas la culturas, los medios como cualquier
otro actor de la sociedad, deben ser responsables de sus actos.
MEDIOS GRÁFICOS DE BOLIVIA
Un sector opositor al nuevo gobierno
“Analizar la situación de los medios de comunicación en un país permite hacerse una
idea de las relaciones de poder que lo determinan, y de la sociedad en general. Se presenta
el caso de Bolivia que da uno de los ejemplos más destacables de la región; es el país más
empobrecido de Latinoamérica, uno de los países con más recursos naturales de primordial
interés universal como el gas y el litio, tiene un Estado debilitado por las diversas
dictaduras militares y la aplicación de las políticas neoliberales, los grandes servicios son
de capitales privados extranjeros y la economía se desenvuelve en gran medida
informalmente” (Giavedoni; 2010).
Los medios de comunicación bolivianos siempre se manifestaron y acompañaron las
políticas aplicadas por los gobiernos neoliberales que gobernaron desde 1985, luego de la
recuperación democrática. Es innegable que Bolivia, actualmente, está inmersa en un
proceso de transformación. Muchos sectores sociales apoyan estos cambios, sin embargo,
existen sectores opositores conservadores y en algunos casos ya con tintes
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ultraconservadores que se sirven de los medios, los cuales muchas veces son de su
propiedad, para lanzar duras acusaciones y montar escenarios que obstaculizan las nuevas
medidas de gobierno de Evo Morales. Los medios de comunicación sirvieron como
herramientas políticas desde las que se lanzaron mensajes xenófobos y racistas.
Los mass media en Bolivia están concentrados en multimedios y muchos de ellos
pertenecen a familias tradicionales adineradas ligadas a diversas ramas comerciales y con
fuertes vinculaciones con los gobiernos neoliberales. Es así, que las legislaciones fueron
modificadas por éstos gobernantes y al cabo de los años permitieron la conformación de
monopolios mediáticos y la concentración económica en un sector capitalista que acumula
gran poder.
En particular, la prensa gráfica ha estado ligada a familias tradicionales como los
Carrasco en La Paz y los Rivero en Santa Cruz. A lo largo de los años, ha ido
incrementando su número de publicaciones, siendo la década de los ‟80 en adelante el
momento de fundación de muchos de los diarios de circulación en estos días. Sin embargo,
vale recalcar que los diarios existentes en Bolivia tienen importancia en las ciudades en las
que son publicados y no poseen una gran tirada nacional. Se considera que uno de los
motivos es el alto porcentaje de analfabetismo en la población boliviana, aunque
actualmente con el gobierno de Evo Morales y las políticas de alfabetización que está
implementando los índices están disminuyendo. Otro factor es el costo de los periódicos,
que en algunos lugares es posible garantizar un almuerzo al mismo costo de un periódico.
Tania Martínez Portugal da cuenta en 2010 de doce grupos o redes de sistemas
mediáticos privados, que concentran el 80% de los medios privados. Los más importantes
que están vinculados con la prensa son la familia Rivero-Jordán -también conocido como
Grupo Líder en su asociación con la familia Canelas- es propietaria de 9 diarios, 2 radio
emisoras, el canal de televisión TV Mayor, y de acciones en la Red Satelital PAT. El grupo
manifiesta en los editoriales de su diario insignia, El Deber (Santa Cruz) y en otros de la
misma agrupación, un apoyo explícito a la denominada “institucionalidad cruceña”, es
decir, a la elite económica y social blanca del oriente boliviano con una cultura muy racista
hacia la población indígena. “En los contenidos del diario y de los diferentes medios, se
excluyen a los “colonos, collas o indígenas del oriente” como protagonistas de la noticia,
resaltando sin embargo „los reforzados vínculos entre personajes de las multinacionales con
la neo-oligarquía local‟. En su editorial del 4 de Febrero de 2005, El Deber se auto
calificaba como „uno de los medios que tienen capacidad de influir en las decisiones
políticas, económicas, culturales y sociales en el país‟” (Martínez Portugal, 2010)
Los diarios pertenecientes a este grupo son “El Deber” de Santa Cruz – el más vendido e
influyente del país-; “Los Tiempos” de Cochabamba; “Correo del Sur” de Sucre; “La
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Prensa” de La Paz; “El Alteño” de la ciudad de El Alto; “El Nuevo Sur” de Tarija; “El
Norte” de Montero; “El Potosí” de Potosí.
Otro de los grandes grupos es el Grupo Kuljis, al que pertenece el diario El Mundo, y la
emisora televisiva Red Uno, entre otros doce canales. Caracterizado por una poco
disimulada defensa de sistemas políticos conservadores, este grupo empresarial abarca
rubros tan dispares como la agricultura, la ganadería, la banca privada, industria papelera,
universidades privadas y supermercados.
El tercer gran grupo mediático es el consorcio que se formó entre los Grupos Garafulic
(Bolivia) y PRISA en Octubre de 2000.
El Grupo Garafulic constituyó hasta el año 2000 el mayor imperio mediático jamás visto
en Bolivia. Dueño del diario “La Razón” fundado en 1990, que se convirtió en su buque
insignia. Así es que es el segundo diario más vendido y considerado uno de los más
influyentes del país. Sin embargo, los cambios de propietarios han afectado
permanentemente en su línea editorial, apoyando anteriormente a los presidentes
neoliberales y a las políticas que implementaron. Posteriormente, cuando fue incorporado al
Grupo Prisa del español Jesús de Polancos cambió su línea editorial. “La Razón” comienza
a desarrollar una línea editorial afín a los intereses de las multinacionales españolas en el
país, con tinte puramente neoliberal. “En los últimos años de Prisa en Bolivia el periódico
La Razón, Extra y El Nuevo Día –también propiedad de este multimedio-, se deslizan entre
los intentos de la multinacional por deshacerse de las inversiones poco rentables, y la
continuidad de su actividad periodística de alineación política conservadora y a favor de los
intereses de las transnacionales españolas” (Martínez Portugal; 2010)
En 2009 Prisa comenzó a vender parte de sus acciones a un grupo llamado Akaishi
Investment del que no se conocen muchos datos, sin embargo, se acusó que fuera comprado
con dinero de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En Abril del 2010 el banquero y empresario venezolano Carlos Gil -amigo de Hugo
Chávez- adquirió el control mayoritario de las acciones de “La Razón” y “El Extra”. Este
último un periódico sensacionalista con amplia llegada a los sectores más populares debido
también a su económico precio. Lentamente estos medios han comenzado a mostrar una
tendencia más cercana al gobierno, sin embargo, sus empleados se resisten a estos cambios
por lo que algunos editores han renunciado al cargo.
En cuanto a “El Nuevo Día” fue adquirido en 2009 por el político Branko Marinkovic.
El diario cambió su nombre al que fuera el primero y con el que había sido fundado en
1987, volviendo a llamarse “El Día”. También cambió totalmente el diseño de sus páginas
y endureció su postura derechista y en apoyo de la autonomía de Santa Cruz.
El grupo Garafulic actualmente gestiona el diario “Página 7” editado en La Paz.
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El resto, El Grupo Líder (consorcio de las familias Rivero-Canelas), Grupo Asbún- Red
Bolivisión, Grupo Canelas, Red PAT, Red Panamericana, Grupo Mega, Red Cadena A,
Red Unitel, y el Grupo Fides (éste último pertenece a la oligarquía eclesiástica); repiten el
mismo esquema de agrupación empresarial privada con relaciones institucionales
vinculadas a la derecha política del país, y con negocios en diferentes sectores estratégicos:
partiendo de la industria mediática y hasta la minería, son propietarios o co-propietarios de
compañías aéreas, empresas publicitarias, servicios corporativos, editoriales y cadenas de
hoteles, entre otros.
Al margen de los grupos antes mencionados está, en el campo de la prensa escrita, el
decano de la prensa nacional boliviana que es “El Diario” de La Paz, propiedad de la
familia Carrasco.
En el departamento del Beni, la región que obtuvo la votación mayoritaria a favor de la
autonomía departamental, hay dos periódicos: “La Palabra del Beni” y “La Misión”, ambos
en abierta oposición al gobierno, el último es propiedad del senador de Podemos y ex
ministro del dictador Hugo Banzer, Wálter Guiteras.
En cuanto a los semanarios, su tirada es muy baja, y básicamente serían dos: “Pulso”, en
el espacio político de la derecha, con sede en La Paz, y “La Época”, ya en la izquierda, tras
ser adquirida por militantes cercanos al MAS, el partido de Evo Morales.
En Santa Cruz, también está el semanario “Número Uno”, de tendencia derechista, dirigido
por Maggy Talavera, ex jefa de redacción de El Deber y El Nuevo Día.
Al otro lado, y en una desventaja cuantitativa significativa, se encuentran los medios
impulsados por el gobierno del MAS. Desde su llegada a la presidencia, Evo Morales ha
sufrido una agresiva campaña de desprestigio por parte los medios privados de
comunicación, más aún, desde el anuncio de dos medidas vertebrales de su programa
gubernamental: el inicio de la nacionalización de los hidrocarburos, y la redistribución de la
tierra. De hecho, las empresas de comunicación más hostiles son de propiedad de
latifundistas afectados por la política agraria gubernamental.
“El gobierno de Evo Morales tuvo dos intentos de impulsar un diario de tendencia más
cercana han fracasado. El primero fue en Agosto de 2007, se llamó Liberación y duró
escasas tres semanas. El segundo, meses después, ni siquiera llegó a las calles. Los
problemas económicos fueron la causa de ambos fracasos” (Pascual Serrano, 2009). Sin
embargo, en Enero de 2009 se pone en circulación “Cambio”, el periódico del Estado
Plurinacional de Bolivia. Se caracteriza por ser más económico que los anteriores y tiene
secciones dedicadas a informaciones y noticias que atañen a los pueblos originarios, detalle
que los demás no tienen.
Como es posible comprobar, todos los diarios citados son, en su mayoría, de una línea
ideológica de derechas y hostiles al gobierno y los dueños son siempre familias con larga
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tradición periodística o grupos oligárquicos locales relacionados a diversas ramas
económicas.
Semiótica del discurso despectivo
Conflicto del Estado vs Medios de Comunicación
Los medios de comunicación poseen muchas veces un poder insospechado a la hora de
influenciar en la construcción de las creencias en la sociedad. Atrapan intereses, moldean
percepciones, algunas veces coartan las libertades y ayudan en la legitimación de un poder
determinado, casi siempre el de las clases que poseen los medios de producción. De esta
manera, el gobierno se encuentra en una gran encrucijada. Por un lado tratar de controlar al
“cuarto poder” y ponerlo de su lado, y al mismo tiempo satisfacer la mirada de “Estado
benefactor “para las distintas clases.
Sucede también que a veces el Estado no logra conciliar con los grupos mass mediáticos
(que oponen a sus políticas proyectando operaciones de deslegitimación sobre las figuras de
los mandatarios). De esta manera se comienza a deslindar una disputa interna que acarrea
grandes pérdidas y desajustes, en la correcta implementación de sus planes. Particularmente
en Bolivia se encarama una contienda librada por el máximo poder del Gobierno y los
principales medios de comunicación.
Evo Morales critica a los medios de comunicación de proteger los intereses
empresariales, teniendo en cuenta que los mismos representan a los partidos tradicionales
(Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento De la Izquierda Revolucionaria o
Acción Democrática Nacionalista). Sin duda alguna, es pertinente mencionar que los
medios de comunicación se encuentran concentrados en pocas manos. El Grupo Prisa, el
Grupo Líder, las familias Monasterio, Kuljis o Durán que detentan en sus manos un
sinnúmero de mass media, propiciando un monopolio de la información, protector de
intereses transnacionales y corporativos.
Estos grupos de poder y a través de sus herramientas comunicacionales apuntan a la
política de Evo, criticando su mal funcionamiento e incapacidad estatal para administrar los
recursos nacionalizados.
Sus principales puntos de ruptura con la política del mandatario son:
- La Asamblea Constituyente
- La Reforma Agraria
- La Nueva Ley de Hidrocarburos
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De acuerdo a las declaraciones en un acto público, Evo Morales ha conceptualizado a los
medios de comunicación como su principal opositor e insta a la prensa a corroborar sus
datos que luego hacen públicos. En relación a lo anterior, el Gobierno acusó a medios
privados de tergiversar sus discursos, considerándose víctima de un “terrorismo mediático”.
Evo Morales se refirió en varias oportunidades a que “la prensa tiene que ocuparse de la
cobertura informativa sin mirar los hechos desde un solo punto de vista, de manera
parcializada, sino, más bien, consultando diferentes fuentes y aceptando que las posiciones
políticas, económicas y culturales pueden ser divergentes” (Grebe, 2007)
Es importante mencionar que la relación de Evo Morales con los medios de
comunicación fue conflictiva desde un primer momento, desde su asunción en el 2006, el
gobierno asimismo responde a través de sus cuatro medios oficiales (Televisión Boliviana,
Radio Patria Nueva, Agencia Boliviana de Información y el Periódico Cambio).
A menudo en la prensa y en los discursos oficiales, la sociedad suele ser partícipe de una
verdadera guerra simbólica entre el Gobierno y los medios de comunicación.
Expresiones como “cruce de llama con Lucifer” o “maldita raza aymara”, entre otras,
califican al presidente Evo Morales en los principales medios gráficos y radiales.
Por su parte el mandatario responde: “¿Acaso los empresarios nomás tienen derecho a
tener televisión? Nosotros los hermanos aymaras y quechuas también tenemos derecho a
tener radio y televisión, compañeros, y ahí también diremos la verdad ante el mundo”,
declaró en un discurso oficial en Mayo de 2006.
A partir de analizar la situación de los medios de comunicación en un país permite
hacerse una noción de la idea de las relaciones de poder que determinan y de la sociedad en
general.
“En la medida en que el gobierno boliviano presente una estrategia comunicacional se
podrá observar si la misma es de confrontación o de diálogo con los medios de
comunicación que no controla, o si más bien trata de influir en la opinión pública a través
de medios propios” (Grebe; 2007).
29
CONCLUSIÓN
Luego de investigar y abordar los temas seleccionados pudimos llegar a diversas
conclusiones. Los actores sociales como los medios masivos de comunicación, ciudadanos,
pobladores nativos, como el Estado Plurinacional de Bolivia han demostrado a través de su
accionar que son agentes de cambio y transformación política constante. Si bien sus
valores, cosmovisiones, intereses y prácticas difieren de un caso a otro, el papel activo de
mediación y transformación de la realidad se ve reflejado en los cambios ocurridos en el
país.
Este trabajo nos permitió reflexionar sobre la realidad política y social que atraviesa
Bolivia inserta en Latinoamérica, lo que nos proporciono impregnarnos desde el lugar que
ocupamos como latinoamericanos comprometidos a cambiar una realidad social muchas
veces adversa.
Nos resulto productivo interiorizarnos en los nuevos gobiernos y las nuevas
políticas que incluyen a aquellos sectores que siempre han sido reprimidos, marginados y
victimas del neoliberalismo de los noventa y los gobiernos militares anteriores.
Como conclusión personal entendemos que es necesario desnaturalizar aquellas
prácticas políticas y sociales a las que hemos adherido, ya sea por imposición o por
tradición, y que impiden pensar críticamente nuestro presente. A partir de este estudio
aprendimos que es importante revalorizar el pasado, la cultura, los recursos naturales y la
posibilidad de los sujetos de ser sujetos de acción y de política para así transformar la
realidad y poder así, construir colectivamente una nación que garantice la igualdad de todos
los habitantes.
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