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Escuela de Graduados
Trabajo Final para Optar por el Título de:Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal
Tema:Efectividad del Recurso de Amparo Ante el Tribunal
Constitucional Dominicano. Caso Sentencia TC /168/2013:Un Amparo a la Nación Dominicana.
Sustentante:Maira María de los Ángeles Henríquez Díaz 2005-2252
Asesora:Mag. Sarah Veras, MA.
Distrito Nacional, República DominicanaEnero, 2014
EFECTIVIDAD DEL RECURSO DE AMPARO ANTE ELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO. CASO
SENTENCIA TC /168/2013:UN AMPARO A LA NACIÓN DOMINICANA.
ÍNDICE
RESUMEN .....................................................................................................IIAGRADECIMIENTOS ...................................................................................IIIDEDICATORIAS........................................................................................... IV
INTRODUCCIÓN ............................................................................................1
PRIMERA PARTE:LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL AMPARO EN LA REPÚBLICADOMINICANA.
CAPÍTULO I.EL CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN REPÚBLICADOMINICANA, SU CONSAGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DEL AÑO2010. .....................................................................................................61.1 DERECHOS FUNDAMENTALES DE PRIMERA GENERACIÓN.
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. ..................................................14
1.2 DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGUNDA GENERACIÓN .......201.3 DERECHOS FUNDAMENTALES DE TERCERA GENERACIÓN. .......21
CAPÍTULO II.-LAS GARANTIAS JUDICIALES DE LOS DERECHOSFUNDAMENTALES......................................................................................242.1 LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. .....................................................252.2 EL DEBIDO PROCESO........................................................................26
CAPÍTULO III.-GARANTÍAS NORMATIVAS........................................................................313.1 ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS CORPUS.........................323.2 LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS DATA. .........................343.3 ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD.............................363.4 EL AMPARO.........................................................................................41
CAPÍTULO IV.-ANTECEDENTES DEL AMPARO EN IBEROAMERICA.CASO REPÚBLICA DOMINICANA .............................................................454.1 CASO REPÚBLICA DOMINICANA.......................................................48
4.1.1 ANTES DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE(1999)............................................................................................48
4.1.2 SENTENCIA SCJ DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 1999........49
4.1.3 LEY 437 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006. ................................504.1.4 CONSTITUCIÓN AÑO 2010. .................................................................... 514.1.5 LEY 137-11, DEL13 DE JUNIO DEL AÑO 2011........................................ 53
4.2 AMPAROS ESPECIALES.................................................................................. 60
SEGUNDA PARTE:EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO GARANTE MÁXIMO DE LOSDERECHOS FUNDAMENTALES.
CAPÍTULO I.ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO COMO REGULADORDE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES: CASO DEL AMPARO. ....................... 641A) ANÁLISIS DE ALGUNAS SENTENCIAS AÑOS 2012 Y 2013 SOBREAMPARO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNALCONSTITUCIONAL RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DE AMPARO DE LOSIMPETRANTES .......................................................................................................... 67
CAPÍTULO- II.EL CASO PARADIGMÁTICO DE LA SENTENCIA NO. 168/13, DEL 23 DESEPTIEMBRE DE 2013: AMPARO A LA NACIÓN DOMINICANA............................ 832.A) RESUMEN DEL CASO. ............................................................................. 842.B) 1- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA SOBRE SU COMPETENCIA Y SOBRESU ADMISIÓN ... DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO EN REVISIÓN DE AMPAROSOLICITADO.............................................................................................................. 85
2.B) 2- LA TESIS DEL MARGEN DE APRECIACIÓN DESARROLLADA POR LACORTE EUROPEA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU APLICACIÓN EN LASOLUCIÓN DADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL CASOPLANTEADO.............................................................................................................. 90
2.C) LA RECURRENTE NO CORRE EL RIESGO DE CONVERTIRSE EN APÁTRIDA.DEFINICIÓN DE NACIONALIDAD EN LA CONSTITUCIÓN HAITIANA. .................... 95
2.D) LA SENTENCIA TC/168/13 RESPETA EL PRINCIPIO DE LA IRRETROACTI-VIDAD DE LA LEY. CONCEPTO DE NACIONALIDAD EN LA CONSTITUCIÓNDOMINICANA............................................................................................................. 99
2.E) DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EXPLICACIÓN DE LOORDENADO EN LA MISMA ..................................................................................... 106
CAPÍTULO III.ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE LO PLANTEADO EN LAS MISMAS. .................. 1133.1 ENTREVISTAS ................................................................................................ 1133.2 ANÁLISIS DE LO PLANTEADO EN LAS ENTREVISTAS................................ 1233.3 LA SENTENCIA NO. 168/13, DEL 23 DE SEP. DE 2013: AMPARO A LA ............
NACIÓN DOMINICANA. .................................................................................. 1263.3.1 CONCEPTO DE SOBERANÍA, NACIONALIDAD, NACIÓN Y CIUDADANÍA
EN NUESTRA CONSTITUCIÓN............................................................127
3.3.2 EL CASO DEL AMPARO A LA NACIÓN DOMINICANA. ......................1353.3.3 LA SOMBRA DE LOS LLAMADOS VOTOS DISIDENTES....................1393.3.4 CONSIDERACIONES FINALES ............................................................141
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................148REFERENCIAS ..............................................................................................152A N E X O S.
ANEXO #1: ANTEPROYECTO.ANEXO #2: DECLARACIÓN DEL TC DEL 31 DE OCTUBRE DE 2013.
ii
RESUMEN
La presente investigación está divida en dos partes; la primera trata delos derechos fundamentales en la Constitución Dominicana vigentepromulgada el 26 de enero de 2010, y sus garantías. Se aborda la acciónde amparo, que dentro de estas garantías se contiene en el artículo 72 de laConstitución actual y en la ley No.137/11, orgánica del TribunalConstitucional en sus artículos 65 y siguientes. En la segunda parte se pasaa enfocar el funcionamiento del Tribunal Constitucional como garantemáximo de los derechos fundamentales. Se reflexiona sobre la efectividadgarantista del recurso en revisión constitucional de amparo ante él,conociendo varios precedentes importantes y con mayor detenimiento en elfallo TC/0168/13, en materia de soberanía. Se pasa luego a exponer lajustificación que dio el TC del efecto “inter Comunis” o expansivo que ha sidoenarbolado por la Corte Constitucional de Colombia para casos deinconstitucionalidad que deben abarcar a personas no partes, en su decisiónpero beneficiarias de la misma y que este principio debe ser aplicado a losdemás extranjeros en iguales condiciones que la amparista JDP. Así mismo,se justifica que este efecto expansivo también se aplica para toda la nacióndominicana al quedar esta beneficiada con el fallo TC/168/13 al rescatar elmismo el concepto de nacionalidad, defender la Soberanía Nacional, yordenar la “limpieza” del registro civil de todos los falsos dominicanos quepodrían cambiar el curso de la historia de la República Dominicana. Con todolo cual se entiende se opera un amparo a la nación dominicana.
iii
AGRADECIMIENTOS
A DIOS Padre:Que con su amor infinito ilumina mis días para sentirme
agradecida de sus bendiciones continuas.
A todos mis profesores de la maestría de APEC,especialmente a la magistrada Sarah Veras: a todos, por sus
sabias y oportunas guías en las investigaciones conjuntas, y a la
segunda, por su dedicación y efectiva asesoría en la elaboración
de este trabajo final.
A los Dres. Juan Miguel Castillo Pantaleón y Juárez Castillo,por sus sabias orientaciones en la comprensión del fallo
estudiado.
Al magistrado Hermógenes Acosta, quién aún sin concedernos
una entrevista por su cargo, fue de gran ayuda en la comprensión
del fallo.
iv
DEDICATORIAS
A mis padres: Nicanor Henríquez y Florita Díaz (F) que no sólo
me trajeron al mundo en un hogar lleno de amor, sino que
además me enseñaron a valorar el esfuerzo del trabajo honrado y
que la única herencia verdadera son los estudios y el
conocimiento y aceptación del poder de Dios en nuestras vidas.
A mi hijo: Pedro (Ricardo) Tiburcio, a quien tantas horas le
sustraje de atención y cariño por la dedicación necesaria a la
presente investigación.
A mis hermanos: Lourdes, Rafael, Patricia, Leonor, Libertad,
Teresa, Fátima y Nicanor, quienes a veces no entendían el por
qué me sustraía de los encuentros familiares en unión y cariño.
1
INTRODUCCIÓN
Los derechos fundamentales son las prerrogativas esenciales de la
personalidad humana, están constitucionalizados en nuestra carta magna,
dentro de la concepción del Estado Social y Democrático de Derecho,
descrito en el preámbulo de la misma. Estos derechos son inviolables e
imprescriptibles, debiendo operar siempre a favor del beneficiario del mismo.
Estos deben ser resguardados y garantizados por el Estado dominicano y lo
hará siempre frente a las instituciones estatales, privadas o contra
particulares que los violen en contra del beneficiario del mismo que alegue
su conculcación. Estos derechos están consagrados en el Título II de la
Constitución del 2010, particularmente en los artículos del 37 al 67.
Lo cierto es que resulta necesario que estos derechos sean
ampliamente conocidos por los dominicanos y habitantes en general de
nuestra República dominicana, sus posibles visitantes y aun la comunidad
internacional, para poder, no sólo hacer un uso efectivo de ellos, sino
también poder reclamar de manera efectiva cuando alguno de ellos le sea
vulnerado.
El recurso o acción de amparo se encuentra dentro de las garantías
normativas, conjuntamente con el hábeas corpus, el hábeas data y la acción
directa de inconstitucionalidad consagradas en nuestra Constitución para
proteger y tutelar de manera efectiva estos derechos fundamentales. Dichas
garantías junto a otras, como el debido proceso, la tutela judicial efectiva
(garantías judiciales), están consagradas en los artículos del 68 al 73,
también en el título II de nuestra Carta Magna.
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El Tribunal Constitucional Dominicano es la instancia procesal que
tiene la máxima autoridad para conocer las garantías de los derechos
fundamentales y tendrá siempre la última palabra en la materia
constitucional. Goza de autonomía funcional, presupuestaria y política y se
erige como el poder máximo en materia constitucional vigente y sus
decisiones son irrecurribles.
Esto es así, aunque el proceso se inicie por ante cualquiera de los
tribunales de la República o bien se dirima directamente por ante este
máximo tribunal. Fue creado por la Constitución de 2010 vigente hoy, y el
mismo se logró luego de amplias discusiones intelectuales y políticas por
varios años consecutivos.
El presente trabajo de investigación lo realizaremos sobre la
efectividad del recurso de amparo por ante este máximo tribunal y las
consideraciones nuestras, luego de estudiar un muestreo de sus principales
sentencias en la materia en sus casi dos años, se establecerá la efectividad
que este recurso tiene en su funcionamiento.
En la búsqueda continua de conocer más ampliamente la labor del
Tribunal Constitucional desde el punto de vista indicado, realizaremos varias
entrevistas para ver el enfoque que han dado doctrinarios del país respecto a
su importante función.
En una última parte presentamos el caso paradigmático de la
sentencia No. 168/2013, del TC en la que por un análisis efectivo de la
misma, en sus acertados fundamentos, a pesar de los dos votos disidentes;
sostenemos que con ella se ha dictado un amparo a la nación dominicana.
3
El fallo histórico que nos ocupa, ha suscitado variados comentarios
adversos y favorables, algunos de los cuales resultan altamente peligrosos
para el orden constitucional vigente. Presentamos un resumen de la
declaración del Tribunal Constitucional de fecha 31 de Octubre del año de
2013, donde además de contestar estas absurdas pretensiones, contesta los
votos disidentes de las dos magistradas opuestas al voto mayoritario, que le
sirvieron a los primeros como puntos de apoyo jurídico en su accionar.
Finalmente, presentamos la denuncia de que algunos adversarios de
este fallo histórico podrían ser pasibles de ser encausados por conspiración
contra la Patria al intentar impedir la ejecución de esta sentencia
responsable, justa e irrevocable que resuelve problemas de soberanía
nacional ancestrales.
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Primera Parte:LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL
AMPARO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.
OBJETIVOS:CONOCER SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALESVIGENTES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DEAMPARO EN REPÚBLICA DOMINICANA.
5
Capítulo I.
EL CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES ENREPÚBLICA DOMINICANA, SU CONSAGRACIÓN EN
LA CONSTITUCIÓN DEL AÑO 2010.
6
Capítulo I.EL CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN
REPÚBLICA DOMINICANA, SU CONSAGRACIÓN EN LACONSTITUCIÓN DEL AÑO 2010.
Los derechos fundamentales son aquellos derechos inherentes a la
personalidad humana, sin los cuales las personas carecerían de un mínimo de
dignidad en su condición de vida. Originalmente recibieron diferentes nombres
y en principio se asociaban al ius naturalismo, como concepción de ser
otorgados por Dios, aparecen entonces como “derechos subjetivos”, o
derechos del hombre.
Estos derechos subjetivos aparecen en el concepto de la idea política
del liberalismo y es cuando son positivizados en el Derecho vigente para
constituirse en contrapeso al poder político, y servir de garantías de posiciones
subjetivas. Igualmente han sido llamados derechos absolutos y se han
definido como “aquellas prerrogativas del hombre que, en el concepto de la
vida moderna de la humanidad, se consideran indispensables para que el
hombre pueda cumplir normalmente sus fines naturales y sociales. Aunque
estos derechos se consagran en las Constituciones para precisarlos y
reafirmarlos se sostiene en la Teoría Política que su existencia es superior y
anterior a todo pacto constitucional.” (Amiama, 1986)
Sin dudas estos derechos son los llamados derechos humanos que la
comunidad internacional reivindica como superiores a los respectivos derechos
positivizados por las constituciones de los países integrantes de la misma.
Están considerados como un mínimo de prerrogativas a los que el individuo,
como unidad básica de valor moral, tiene derecho a que se le garanticen sin
menoscabar su pleno disfrute personal o social de las mismas; fijándose los
límites al poder político.
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Fue con la Revolución Francesa que surgió el documento famoso
votado por la Asamblea Nacional, conocido como la “Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano”, en el año de 1789, donde se
consagraron la mayor cantidad de derechos individuales reconocidos hasta
entonces; según nos refiere el profesor Manuel Amiama (1986), en sus “Notas
de Derecho Constitucional” ya citada.
Originalmente fueron consagrados estos derechos de forma positiva en
la constitución de Francia, 1791 y desde la misma Declaración de
Independencia de Los Estados Unidos, en 1776; a su primera constitución en
1787. Posteriormente aparecieron en las constituciones de Alemania y otras
naciones europeas. Así, estos derechos se han venido reconociendo en todas
las Constituciones democráticas del mundo, aunque se le denomine con
diferentes acepciones como se ha indicado. Empero, todavía hoy subsisten
diferencias reales en la concepción de algunos derechos positivizados, como
es el caso del derecho a la vida, que paradójicamente no se respeta en
algunas constituciones de las más llamadas democráticas, como en la de los
Estados Unidos, por ejemplo.
Nuestra Constitución Dominicana, desde su primera aparición el 6 de
Noviembre de 1844, publicada en San Cristóbal, consagró estos derechos
humanos con las características de la concepción liberal de la época, teniendo
a Francia como matriz inspiradora, primero en la declaración de derechos
antes descrita y luego en su Constitución y documentos conexos a la fecha
del1830; además de la de Estados unidos en su enmienda de 1789, y por
supuesto, la Constitución Española de 1812 en la que participara por la Cortes
de Cádiz, un ilustre diputado dominicano, DON FRANCISCO DEMOSQUERA. Dato inédito que nos aporta el conocido catedrático español
Ángel J. Sánchez Navarro(2012), de la Universidad Complutense de Madrid,
en su estudio de “Los Derechos y Libertades” de la Constitución Dominicana.
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Importante es destacar que aparece descrito desde el encabezado de
esta Nuestra Primera Constitución de 1844 que ella tiene dentro de sus
objetivos el de “afianzar los imprescriptibles derechos de seguridad, propiedad,
libertad e igualdad”; todos estos derechos se describían dentro del título III,
que hablaba de “los dominicanos y sus derechos”, el primer capítulo contenía
los artículos del 7 al 13, describiendo la condición de ser dominicano y, en un
segundo capítulo, en los artículos desde el art. 14 al 38, se establecía en
detalles el “Derecho público de los dominicanos”.
Las demás modificaciones de nuestra Constitución mantienen la
principalía del respeto a estos derechos aun con sus diferentes
denominaciones. Se destacan las constitución de 1963, por ser una de las más
liberales y modernas de la época, la cual habla “De los Derechos Humanos”,
estableciendo los mismos en el final de la Primera Parte, en el Tìtulo11, en sus
artículos del 55 al 84. La exigencia al cumplimiento de estos derechos era tal
que fijaba su persecución como un asunto de orden público para los
infractores de los mismos, pudiendo ser incoada de oficio, o por simple
denuncia de persona física o moral.(Art. 84) Vemos este tipo de acción en
protección de estos derechos humanos como un atisbo de lo que sería
posteriormente llamado recurso o acción de amparo.
La Constitución de 1966 denominaba a estos derechos humanos como
los “derechos individuales y derechos sociales”, los mismos se contenían en el
Titulo II, Sección I, en el famoso artículo 8, con sus 17 numerales. Esta
constitución se mantuvo invariable por 28 años de vida republicana, y en las
posteriores modificaciones de nuestra Carta Magna, correspondientes a los
años 1994, y 2002, estas disposiciones no fueron modificadas ya que solo
tocaron aspectos judiciales y electorales.
La denominación de “derechos fundamentales” es un concepto
moderno que describe a los derechos humanos positivizados en las
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constituciones de los países de la comunidad internacional, y que regulan un
Estado concreto dentro de su ordenamiento jurídico correspondiente. Este
término se usó por primera vez en la constitución alemana del 20 de Diciembre
de 1848, dato histórico aportado por el jurista Javier Pérez Royo (1997), en su
Curso de Derecho Constitucional.
Los derechos fundamentales han sido definidos como “el conjunto de
facultades y prerrogativas, pertenecientes e inherentes de manera natural a
toda persona, y que el Derecho Público, particularmente y Constitucional, se
encarga de imponer al Estado el respeto y la protección de conformidad con
ciertos textos de aplicación universal”. (Restrepo, 1995)
Uno de los doctrinarios modernos de la materia constitucional en
nuestro país lo es el jurista EDUARDO JORGE PRATS (2005), quien
estableciendo un concepto ajustado al constitucionalismo del siglo XXI, nos
define dentro de las características esenciales de los derechos fundamentales
el que:
Estos solo adquieren su verdadera dimensión cuando se fundamentan
en un poder constituyente atribuido al pueblo, lo que, si es algo más que una
idea metafísica, exige la articulación de una serie de procedimientos jurídicos
que garanticen el efectivo y concreto sometimiento a la Constitución de todos
los órganos estatales, es decir, del poder constituido.
Es muy interesante este concepto ya que ciertamente, si los derechos
fundamentales descritos en nuestra Constitución no fueran acompañados de
mecanismos jurídicos capaces de concretizar estas prerrogativas, que son las
llamadas garantías constitucionales, que más adelante veremos; la misma
solo sería una letra muerta con un soplo de vida solo en la mente de sus
creadores y los ilusos que en ella creyéramos. Es por ello, que se precisa que
en sentido general, todo el poder político ejercido en el territorio dominicano,
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deba ser sometido al cumplimiento cabal de lo prescrito en nuestra Ley
Fundamental.
Ciertamente, del estudio de los derechos fundamentales en el
constitucionalismo moderno nos muestra cómo ha ido evolucionando su
concepto desde considerarse solo como derechos subjetivos de las personas
titulares, a ser vistos como valores objetivos que soportan la base del sistema
político de la democracia constitucional contemporánea.
Así, hablando de las características de estos derechos fundamentales a
la luz del neo constitucionalismo con visión republicana, nos apunta la
reconocida catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, MARIA DELCARMEN BARRANCO (2009), que:
Los derechos se construyen sobre bienes fundamentales para la
colectividad y para el individuo, por lo que, como se ha visto, desde este
esquema resulta falaz la distinción entre interés general e individual en
relación con los derechos. Dado que el Estado se legitima porque y en la
medida en que es la condición sine qua non para la realización de los
ciudadanos, y los derechos son los instrumentos jurídico-político que le
permiten conseguir este objetivo, se justifica también que expresen el bien
común.
Nuestra Constitución promulgada el 26 de Enero del año 2010, fruto de
amplias consultas populares, dirigidas y organizadas por una comisión de
prominentes juristas que al efecto nombrara el Honorable Presidente, DR.LEONEL FERNANDEZ REYNA, para elaborar el correspondiente
anteproyecto que recogiera la visión general de lo que los dominicanos
querían plasmar en ella, para llevarlo a la Asamblea Revisora que al efecto se
reunió para conocerla; desde su mismo preámbulo nos habla que en la
inspiración de la vida republicana y democrática de los dominicanos estarán
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los valores y principios fundamentales que los regularan. Así, este hermoso
preámbulo se describe así:
“Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y
democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora;
invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros padres de la
Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario
Sánchez, y de los Próceres de la Restauración de establecer una República
libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de
luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por
el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores
supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la
igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna,
el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores
esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover
la unidad de la Nación dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre
determinación adoptamos y proclamamos la siguiente…” (Constitucion 2010)
(Subrayados nuestros).
Desde este ambicioso preámbulo se nota lo amplio de los derechos que
consagra esta nueva Constitución, la cual no los coloca como una simple
meta a alcanzar, sino como prerrogativas reales con sus respectivas garantías
en su ejecución o en su prohibición de ejecutar, según el caso, como más
adelante se describirá. Lo cierto es que nuestra Carta Magna, ha resultado
mucho más garantista que otras que le han servido de ejemplo como la última
reforma de la Constitución española, en 1978, llegando en algunos aspectos a
superarla. Nos referimos particularmente a la inclusión de algunos derechos
sociales económicos y culturales, en esa constitución, los cuales se presentan
solo como un mandato de optimización a los poderes públicos y no como un
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derecho subjetivo a favor de los individuos, afirmación sostenida por varios
letrados españoles.
Nuestra Constitución ha recibido además toda la influencia de los
tratados internacionales suscritos por República dominicana relativo a
derechos humanos, pudiendo integrar derechos de última generación como
son los del medio ambiente, colectivos y otros como se verá en detalles más
adelante. Particularmente, ha tenido trascendental importancia la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, ratificada por nuestro
Congreso Nacional en 1977 y publicada en Febrero 11 de 1978; en la
conformación de los nuestros derechos fundamentales reconocidos,
destacándose en ella desde su preámbulo el propósito unitario de regular la
materia para los Estados signatarios.
Así el párrafo segundo de este preámbulo prescribe: “Reafirmando su
propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social,
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. (Convencion
ADH, 1969)
Disposición ésta plasmada, no solo en el preámbulo de nuestra
Constitución; sino también en su artículo 8, donde trata el asunto como dentro
de la función esencial del Estado Dominicano “….La protección efectiva de los
derechos de la persona (y) el respeto de su dignidad….dentro de un marco de
libertad individual y justicia social,…” (Constitucion, 2010).-
La doctrina jurídica sobre los derechos fundamentales los agrupa en
varias clasificaciones, los derechos de Primera Generación, de Segunda
Generación y de Tercera Generación. Nuestra Constitución consagra estos y
añade otros nuevos, no contenidos en las clásicas constituciones
democráticas como se verá a continuación. En el mismo orden tenemos que
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en la Sección I se tratan los derechos civiles y políticos, en la sección II los
derechos económicos y sociales, sección III los derechos culturales y
deportivos y la Sección IV los derechos Colectivos y Del Medioambiente;
siendo las dos últimas categorías los nuevos derechos mencionados. Estos
derechos fundamentales, llamados de carácter sustantivo, se consagran en
nuestra carta Magna empezando en el artículo 37 hasta el 67, contenidos en
el capítulo I, del título II, de la misma, denominándose: DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES. Todos gozan de igual jerarquía, son inalienables,
imprescriptibles, innegociables, inalterables, no admiten disminución ni
amenazas, ni ser desconocidos arbitrariamente por autoridad o particular
alguno respecto de su beneficiario. Si entraran en conflictos estos derechos
los jueces constitucionales aplicaran el criterio de interpretación más favorable
para quien lo invoque, es decir, para el titular del derecho fundamental
lesionado. Al respecto, el DR. JORGE A. SUBERO ISA (2006) siendo
Presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmaba:
En esta situación, corresponde al juez, en su calidad de intérprete de la
Constitución, privilegiar aquella disposición que sea más beneficiosa al sujeto
de derecho, conforme a la finalidad principal de la existencia del Estado que es
la protección efectiva de los derechos de la persona humana.
Pasaremos a conocer este tema, no sin antes indicar que existen otros
derechos fundamentales diseminados en dicho texto constitucional y que se
tratan dentro de otros temas también importantísimos de la misma, como lo es
el derecho a la soberanía popular, en el artículo 2, el derecho a la
nacionalidad, regulado por el artículo18 y el derecho a la ciudadanía, en el
artículo 21, y los derechos derivados de ésta en el artículo 22. Estos son
derechos sin dudas fundamentales, pero de categoría política, no obstante se
tratan de manera especial porque son concedidos solamente a los
dominicanos junto a las demás características del Estado dominicano y sus
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nacionales, en el Título I de la Constitución. Además por supuesto, las
garantías de estos derechos contenidas en los artículos 68 al 73, las cuales
constituyen también derechos fundamentales de carácter procesal, a tener
estas garantías, lo cual se verá en más detalles en su oportunidad.
1.1 DERECHOS FUNDAMENTALES DE PRIMERAGENERACIÓN. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.
Nuestro texto constitucional, acorde a la doctrina general de la materia de
Derechos Humanos plasmada en los diferentes tratados internacionales
vigentes en la actualidad, y de los cuales nuestro país es signatario; enarbola y
reconoce los derechos civiles y políticos de las personas habitantes de
República Dominicana, y que deseen sujetarse a sus normas conjuntamente
con los dominicanos; en el mismo sentido que estos textos, enumerándolos
en la Sección I, del Capítulo I, bajo el título II, empezando en el artículo 37, y
terminando en el artículo 49 de la misma.
En esta exposición de los indicados derechos, sería imposible empezar a
describir en detalles las características de los mismos, además de desbordar
el interés general de esta investigación, por lo que pasaremos a enumerar los
mismos y solo con algunos puntuales derechos haremos mínimas precisiones.
Decimos esto, porque de lo contrario deberemos elaborar un tratado de los
derechos fundamentales y no es lo que se quiere con estos temas.
DERECHO A LA VIDA.(ART. 37) Este es el derecho a existir como
persona humana, con todas las características que de ello deriva es el primero
de los derechos fundamentales reconocidos ya que de este parten los demás.
En la anterior Constitución nuestra de 1966 se le denominaba a este derecho
“la inviolabilidad de la vida”. Al respecto nos dice el eminente jurista MANUEL
A. AMIAMA (1986): Desde el punto de vista filosófico, la inviolabilidad de la
vida, constituye sin duda alguna el primero y el más grande de los derechos
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del hombre, puesto que es la vida el hecho o la condición necesaria para que
haya sociedad humana…”.
En el glosario de derechos Civiles y Políticos que contempla la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos,(1969) el derecho a la vida
se inscribe también de manera neural en sus primeros mandatos y en su
artículo 4 lo dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley, en general a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”
Así, tenemos que Nuestra Carta Magna consagra el derecho a la vida en
los mismos términos descritos de la Convención, y aunque este artículo fue
uno de los más discutidos, ya que un grupo grande de la sociedad civil y
algunos asambleístas se oponían a insertar este señalamiento que su respeto
sea desde la misma concepción, otorgándole derechos al feto, al final se
impuso este derecho fundamental para el no nacido habiendo sido liderado
esta inscripción por nuestra Iglesia Católica, entre otros.-
Es por lo mismo que el destacado jurista civilista y ex juez de la Suprema
Corte de Justicia Dominicana, DR. RAFAEL LUCIANO PICHARDO ( 2006)
afirma: “Y es que la vida humana ocupa, como ya hemos expresado, el rango
más alto en el orden constitucional; y lo es porque es la base vital de la
dignidad humana y la premisa de todos los otros derechos humanos”.
En la República Dominicana desde su fundación y hasta el 1908, se
podía imponer la pena de muerte, ya que no estaba prohibida por la
constitución. Es en ese año que se inició una primera reforma que la prohibía
por delitos políticos. Posteriormente, en la reforma del año 1924 se prohibió
firmemente la pena de muerte en la Constitución.
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En el año 1942, nos dice el profesor Amiama (1986) se introdujo esta
horrenda pena solo para casos excepcionales:
“…pero con la importante reserva de que sólo podría aplicarse en los
casos de traición, espionaje y otros crimines de lesa patria, y siempre,
además, que en el momento del pronunciamiento y ejecución de la pena, la
República se encuentre en estado de guerra con nación extranjera. El 28 de
Noviembre del año 1966, fue reformada nuevamente nuestra constitución,
quedando consagrado el principio de la inviolabilidad de la vida, en su artículo
8, inciso 1ro.
Desde entonces y hasta la fecha se ha mantenido su prohibición por
haberse ido adecuando los textos constitucionales dominicanos a los más
modernos tratados internacionales sobre derechos humanos.-.
Como hemos indicado, se protege la vida desde la concepción,
agregando el mismo artículo 37 que esta protección se hará hasta la muerte.
Es por ello que deja bien claro dicho artículo que en ninguna circunstancia se
impondrá la pena de muerte, textualmente dice su parte final:
“…No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la
pena de muerte”. (Constitución 2010) Esta prohibición tiene grandes
implicaciones, es por ello que en algunos casos también se protege al nacional
pedido en extradición cuando se le requiere para ser juzgado por crímenes o
delitos que estén sancionados con pena de muerte, como es el caso de
algunos estados dentro de los Estados Unidos; en cuyo caso no se concederá
la extradición, no obstante existir tratado en este sentido entre ambos países.
Sobre la prohibición de imponer la pena de muerte en República
Dominicana, es importante decir que en el caso de los condenados o internos
en las cárceles dominicanas se deberá observar que el cumplimiento de la
pena impuesta no devenga en una condena a muerte inferida, sea por
17
cuestiones de salud u otras circunstancias que la provoquen como falta de
seguridad individual, malos tratos etc. El Estado Dominicano a través de la
Procuraduría General de la República es el responsable de la administración
de las cárceles y sus condiciones de habitabilidad con el debido respeto a la
dignidad humana y técnicas de reinserción social para los internos; siendo el
juez de la Ejecución de la Pena quien tutelará el fiel cumplimiento de estas
condiciones requeridas.
LA DIGNIDAD HUMANA (ART.38).- Este será el segundo de los
derechos fundamentales que vamos a conocer de una forma más amplia, por
el rol importantísimo que tiene dentro de la concepción de los demás derechos
y que de ella dependen para su consecución.. Hemos indicado que tanto el
preámbulo de nuestra carta magna como el artículo 8 de la misma describen
al concepto dignidad humana dentro de la función primordial del Estado
Dominicano. Igualmente en el artículo 5 la establece junto a la característica
de la nación dominicana como fundamento constitucional, a saber:
Artículo 5.- Fundamento de la Constitución. La Constitución se
fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la
Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. (Constitución
2010) . Lo cierto es que en varias partes del texto constitucional se inserta esta
premisa, ya sea en el concepto de valor, de fin o de derecho fundamental.
Refiriéndose a este respecto, nos señala, el Profesor de derecho
Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, DR JOSE ANTONIOALONSO DE ANTONIO (2012) que:
El modelo dominicano es, pues, una combinación de la variedad de
opciones en su forma de entender el concepto de dignidad. Es Valor según el
Preámbulo constitucional, es principio o fundamento del Estado en los Art. 5 y
7, finalidad del Estado a la vista del art.8 y, finalmente, derecho si entendemos
al art. 38.
18
Este artículo consagra textualmente lo siguiente:
ARTÍCULO 38.- DIGNIDAD HUMANA. El Estado se fundamenta en el
respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y
efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del
ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección
constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.(Constitución
2010)
Si nos fijamos en esta disposición y cómo es entendida culturalmente por
el pueblo dominicano, convendremos con el tratadista constitucional
dominicano, Eduardo Jorge Prats (2005) cuando afirma
La garantía de la dignidad humana se encuentra estrechamente vinculada
al cristianismo que concibe al hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
En el modelo español de la última constitución de 1978, del cual hemos
abrevado, este concepto de dignidad de la persona, se contempla como
fundamento del orden político y la paz social (art.10.1) y, aunque a juicio del
tratadista José Alonso de Antonio (2012) se vea desprovista del sentido
trascendente (que le damos los dominicanos) es considerada por la nación
española como una realidad superior. Refiere dicho autor el concepto de ésta
mantenido por el Tribunal Constitucional Español:
Valor jurídico fundamental…reconocido por el artículo 10 como germen o
núcleo de unos derechos que le <son inherentes> (STC 53/1985, DE 11 DE
ABRIL. FJ 3ro).
El profesor universitario y estudioso del sistema electoral y constitucional
dominicano, Belarmino Ramírez Morillo (2010) al darnos ejemplos de
actuaciones dominicanas tradicionales que faltan a esta exigencia
constitucional y que deben ser cambiadas, nos dice muy vehemente que:
19
…Es un irrespeto a la dignidad de la persona humana condicionar el
derecho al trabajo de una persona a cambio de una filiación política o emisión
de un voto. …Es inhumano aun el trato que reciben los ciudadanos de la
Policía Nacional. Es inhumana la atención que reciben las personas en
algunos centros de salud. Un Estado Social y Democrático de Derecho
funcionando a plenitud constituye la única garantía a la dignidad humana, por
tanto, su consecución debe ser la meta de todos los dominicanos y
dominicanas. Estamos muy de acuerdo con el profesor Belarminio y
corresponde a todas las autoridades, del gobierno central, municipal y
congresional, operadores del sistema de justicia y a los ciudadanos de a pie
velar por el cumplimiento de estas sabias creaciones de los asambleístas
recogidas en la Constitución y deberán ser difundidas hasta que la gran
mayoría de dominicanos logren conocerlas.
Los demás temas consagrados en los artículos de la Constitución que se
refieren a estos derechos fundamentales de primera generación son como
siguen:
Derecho a la Igualdad (art.39 con 5 numerales)
Derecho a la libertad y seguridad personal (art. 40 con 17 numerales)
Prohibición de la esclavitud (art. 41)
Derecho a la Integridad personal (art. 42, con 3 numerales)
Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad (art. 43)
Derecho a la intimidad y al honor personal (art. 44, con 4 numerales)
Libertad de conciencia y de cultos(art. 45)
Libertad de tránsito. (art. 46con 2 numerales)
Libertad de Asociación (art. 47)
Libertad de Reunión.(art. 48)
Libertad de expresión e información, (art. 49 con sus 5 numerales).
20
Este último artículo 49 tiene un interesante párrafo agregado a su
numeral 5 que reza: “El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el
derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las
personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de
conformidad con la Ley y el orden público.” (Constitución, 2010)
1.2 DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGUNDAGENERACION.En la Sección II, del capítulo I, del Título II, de nuestra Carta magna, se
encuentran los derechos ECONOMICOS Y SOCIALES estos derechos
fundamentales se desglosan desde el artículo 50 al 63 de la misma, y son los
llamados derechos fundamentales de Segunda Generación. En otros países
aparecen junto a los derechos culturales y en nuestra Constitución se tratan
en otra sección junto a los deportivos. Estos derechos pertenecen a la persona
humana independientemente de su color de piel, cultura, condición social o
religiosa. Se establecen como mandatos para el Estado y los particulares a
favor de sus beneficiarios. Al respecto, el Jurista español ANGEL J.
SANCHEZ NAVARRO (2012) nos indica que esta segunda categoría de
derechos: “vienen a establecer, fundamentalmente, mandatos al legislador y al
resto de los poderes públicos, dirigidos en particular a la protección de los
sectores más desfavorecidos de la sociedad”.
Estos derechos aparecen en la Constitución como sigue:
La Libertad de empresa (artículo 50, con 3 numerales)
Derecho de Propiedad (artículo 51, con sus 6 numerales)
Derecho a la propiedad intelectual (artículo 52)
Derechos del Consumidor (artículo 53)
La Seguridad alimentaria (artículo 54)
Derechos de la familia (Artículo 55, con sus 13 numerales)
Protección de los menores de edad (artículo 56, con 3 numerales)
21
Protección de las personas de la tercera edad.(artículo 57)
Protección de las personas con discapacidad (artículo 58)
Derecho a la vivienda (artículo 59)
Derecho a la seguridad Social (artículo 60)
Derecho a la salud (artículo 61con 2 numeras)
Derecho al Trabajo (artículo 62 con 10 numerales)
Derecho a la educación (artículo 63 con 13 numerales)
1.3 DERECHOS FUNDAMENTALES DE TERCERA GENERACION.
DERECHOS CULTURALES Y DEPORTIVOS. Éstos son nuevos
derechos fundamentales nunca contemplados en las anteriores constituciones
dominicanas y se ajustan a la nueva tendencia de las reformas
constitucionales modernas de asegurar constitucionalmente prerrogativas
importantes para la vida en sociedad, con una mayor inclusión de
satisfacciones en cuanto a bienes y servicios relacionados al área
contemplada y reconociendo al Estado como garante de ellos.-
Se enmarcan dentro de la Sección III, del capítulo I, del Título II, y se
describen como sigue:
Derecho a la Cultura (artículo64, con 4 numerales)
Derecho al Deporte (artículo 65, con 2 numerales)
DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIOAMBIENTE. Esta es otra
novedosa inclusión de derechos nunca antes positivizados en nuestro país, y
de los cuales adolecen constituciones que en otros aspectos han sido
modélicas para la República Dominicana. Desde el preámbulo de nuestra ley
fundamental se coloca como uno de los fines del Estado la protección del
medio ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Igualmente
estos derechos pueden ser ejercidos por una colectividad unidos por fines
comunes o una persona individual o grupo de personas sin este requisito pero
22
que estén afectadas todas por igual y aquella que incoe la acción. El Estado
asegurara igualmente su protección y dispondrá de los medios necesarios
para crear conciencia de la necesidad de que los demás individuos igual
respeten estos derechos difusos y a veces comunes a una colectividad
Derechos Colectivos y Difusos (Artículo 66, con 3 numerales)
Protección del Medio Ambiente (artículo 67, con 5 numerales)
El reto que afrontamos los dominicanos es lograr que estos derechos
reconocidos puedan ser realmente efectivos para nosotros y todos los
habitantes del país que quieran disfrutar de una paz general con inclusión
social y un buen sistema de derechos y libertades que aseguren el bienestar
común dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho como se ha
instaurado. Para ello es preciso conocer, fortalecer y preservar las garantías a
estos derechos también creadas por nuestra Constitución y que pasaremos a
tratar en el capítulo siguiente.
Capítulo II.
LAS GARANTIAS JUDICIALES DE LOSDERECHOS FUNDAMENTALES.-
24
Capítulo II.
LAS GARANTIAS JUDICIALES DE LOS DERECHOSFUNDAMENTALES
En los próximos dos capítulos de la presente investigación trataremos las
garantías que la Constitución de la República Dominicana ha creado para dar
una vigencia real a los derechos fundamentales reconocidos en ella. Es
decir, que son la creación de mecanismos procesales que efectivizan el
ejercicio de estos derechos por parte de las personas, sean individuos o
personas jurídicas. Tenemos en este capítulo las garantías judiciales y en el
próximo las garantías normativas, ambas forman parte del llamado derecho
procesal constitucional y se ha dividido en ambas partes para su mayor
comprensión.
El artículo 68 de la Constitución expresa cómo han de protegerse y
tutelarse los derechos fundamentales, textualmente señala:
“Artículo 68.-Garantías de los derechos fundamentales. La
Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través
de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la
posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos
obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a
todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los
términos establecidos por la presente Constitución y por la ley”.
(Constitución, 2010)
Aquí vemos cómo se establece la efectividad de las garantías para
tutelar los derechos fundamentales y cómo los poderes del estado quedan
vinculados en sus respectivas actuaciones para que se materialicen éstas.
25
Trataremos el concepto de la tutela judicial efectiva y el debido
proceso dentro de las garantías judiciales a los derechos fundamentales. El
profesor Eduardo Espín Templado (2012), Magistrado de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo Español y catedrático de derecho constitucional de la
universidad Castilla La Mancha, nos dice que la Constitución dominicana en
estos dos aspectos ha recibido la influencia de las leyes españolas y de los
E. U., en este orden, señala:
En efecto, se aúna en el mismo el derecho a la tutela judicial efectiva,
expresión constitucional que se debe a la vigente Constitución española, y el
derecho al debido proceso configurado por la Constitución norteamericana,
desde la que ha ejercido una intensa influencia en todo el constitucionalismo
comparado”.
2.1 LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
El artículo 69 de la Constitución trata sobre la Tutela Judicial efectiva
junto al debido proceso. Su significado viene dado en que se deberá tutelar
el ejercicio y preservación de los derechos fundamentales o no, pero siempre
legítimos, por los tribunales de justicia y que en ese marco deberán
respetarse un debido proceso para obtener este respaldo.
Estos conceptos se han confundido tradicionalmente, pero con el
estudio constitucional moderno se aclara esto en que la tutela judicialefectiva debe verse como un debido proceso judicial, ya que el debido
proceso general es aplicable a todas las materias, hasta la administrativa.
Al respecto, nos dice el profesor Eduardo Espín templado (2012),
cómo la jurisprudencia constitucional española entiende este derecho:
26
“Como el derecho de obtener la protección de los tribunales en
cualquier circunstancia en la que un sujeto de derecho considera
conculcados sus derechos e intereses legítimos.”
En nuestro país el jurista santiagués y magistrado, DR. DOMINGO GIL(2010) señala que la tutela judicial efectiva debe verse:
Como un derecho para la protección de los derechos e intereses
legítimos, siendo el debido proceso el escenario donde han de ser
amparados, salvaguardados o protegidos esos derechos e intereses. Es
decir, en la concepción constitucional nuestra la tutela judicial efectiva
funciona como un derecho de salvaguarda judicial de los derechos legítimos,
mientras que el debido proceso es, como garantía procesal de carácter
constitucional, el instrumento que sirve a los propósitos de la tutela judicial
efectiva.
Así tenemos que en el texto del artículo 69 de la Constitución vigente
dominicana, al hablar de la tutela judicial efectiva, lo hace como un
preámbulo para referirse a las características del debido proceso y sus
garantías mínimas, como describiremos más adelante.
Pasaremos a completar el análisis del artículo en los párrafos
siguientes.
2.2 EL DEBIDO PROCESO
Como hemos indicado anteriormente este concepto del debido
proceso de ley viene dado por el derecho anglosajón y la ley constitucional
norteamericana a la cual se ha ajustado el constitucionalismo moderno, del
cual nuestra vigente Constitución no escapa. Tratadistas de la talla de
Reinaldo Bustamante Alarcón (2009), refrendado por Domingo Gil (2010) y
otros de República Dominicana, concuerdan que:
27
“…el reconocimiento del derecho fundamental a un proceso justo o debido
proceso hace innecesario reconocer el derecho a una tutela jurisdiccional
efectiva por la sencilla razón de que la comprende”.
Significa esto que si tenemos un debido proceso, la tutela judicial
efectiva se verá cumplida.
Al respecto, nuestro jurista constitucional DR. EDUARDO JORGEPRATS (2005) haciendo una diferencia entre ambos conceptos, afirma:
Este concepto (Debido Proceso) no debe ser confundido, no obstante,
con la tutela judicial efectiva, pues mientras el primero es relativo a los
derechos fundamentales de todo tipo de proceso (jurisdiccional,
administrativo, arbitral, militar, disciplinario, político y particular), la tutela
judicial, además de tener un origen diferente, solo tiene carácter
jurisdiccional.
El debido proceso se aplica para cumplir un mínimo de garantías en la
persecución de dar protección a los derechos legítimos de las personas,
individuales o jurídicas, de intereses colectivos o difusos, y en todas las
materias y sus respectivos procesos. Este debido proceso contiene
derechos al proceso y derechos dentro del proceso.
Así tenemos que nuestra Carta magna contempla estas dos garantías
en el artículo 69, que dice como sigue:
Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda
persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho
a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que
estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a
continuación:
28
1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;
2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción
competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la
ley;
3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal,
mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;
4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y
con respeto al derecho de defensa;
5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;
6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;
7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de
la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;
9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal
superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona
condenada recurra la sentencia;
10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. (Constitución, 2010)
Todas estas garantías mínimas se aplicarán como dice este último
numeral 10, a toda clase de actuaciones, es decir, a todos los procesos
sean judiciales o administrativos.
29
Los tribunales constitucionales serán los garantes de este
cumplimiento, comportándose como tales todos los tribunales de la
República por la aplicación del control constitucional de forma difusa; cuando
se invoquen en el curso de un proceso, por disposición del art. 188 de la
Constitución.
Para el caso de violaciones a derechos fundamentales que no sean en
el curso de un litigio y que no se deriven de violaciones a la libertad
individual, tutelados por el habeas corpus o relativos a los datos personales,
regulados por el habeas data, se recurrirá en acción de amparo ante los
tribunales de primera instancia, con las características que expondremos
más adelante, o bien a accionar de manera directa ante el tribunal
Constitucional en acción directa de inconstitucionalidad o en caso de
necesitar la revisión de sentencia de amparo o bien revisar sentencias
violatorias a tales derechos, como también pasaremos a conocer a
continuación.
Capítulo III.GARANTIAS NORMATIVAS.-
31
Capítulo III.GARANTIAS NORMATIVAS.-
Estas garantías son los mecanismos instituidos en nuestra Constitución
vigente vista esta como la Norma Superior de toda ley reconocida en
República Dominicana, y que junto al bloque de constitucionalidad conforman
las previsiones a que se contraen para ser la vía de hacer respetar la
vigencia de los derechos fundamentales, evitar que se opere una amenaza a
los mismos y en general su protección, preservación o su restablecimiento si
hubieren sido conculcados.
También son llamadas garantías jurisdiccionales porque el
procedimiento para ejercerlas se lleva ante los tribunales correspondientes y
con los procedimientos respectivos como se verá más adelante. Lo cierto es
que ampliaremos un poco más sobre la acción de amparo y de las demás
acciones nos referiremos de manera general.
Estas Garantías están contenidas en nuestra carta magna en los
artículos 70, 71, 185.1, 72 y 74 de la misma, y se denominan acciones
constitucionales en habeas data, habeas corpus, acción directa en
inconstitucionalidad, acción de amparo y principios de aplicación e
interpretación de los derechos y garantías fundamentales. Posteriormente la
Ley No. 137 del año 2011, denominada ley orgánica del tribunal
constitucional y procedimientos constitucionales (LOTCPC) y su modificación
con la ley No. 145 del 4 de Julio del mismo año han creado con más detalles
el procedimiento a seguir en cada caso.
32
3.1 ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS CORPUS.El artículo 71, de nuestra Constitución (2010) es quien lo prescribe, y
este dice:
Artículo 71.- Acción de hábeas corpus. Toda persona privada de su
libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable,
tiene derecho a una acción de hábeas corpus ante un juez o tribunal
competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad
con la ley, para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y
sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad
Esta garantía es una acción de amparo pero especial en lo relativo
a los derechos de libertad del individuo, sea por una detención ilegal o bien
por una amenaza de hacerlo y se llamaría habeas corpus preventivo, se hace
para exigir hacer traer al imputado ante el juez penal competente para que
conozca la legalidad de este arresto o persecución. Si resulta pertinente se
ordenara su libertad inmediata o el cese de su persecución.
El Dr. Trajano Potentini (2010), hablando de esta acción nos dice que es
Un mecanismo judicial de origen inglés, orientado a proteger al individuo
de las detenciones ilegales, mediante el cual el juez ordena al carcelero la
presentación ante el del recluso y que exponga las razones de su detención,
para decretar a continuación su rápido enjuiciamiento o libertad.
Es el procedimiento más antiguo en República Dominicana para la
protección de los derechos fundamentales y el mismo se ha usado para
proteger otros derechos diferentes a la libertad física y de movimiento
aunque sin mucho éxito.
Se contenía en el antiguo Código de Procedimiento Criminal regulado
por una ley especial, la No. 5353 de 1914; se constitucionaliza por primera
vez en 1955. Aunque esta terminología es muy conocida en el ámbito
33
jurídico-penal dominicano, su traducción significa presentar o traer el cuerpo
(del imputado o perseguido ante el juez).-
Su procedimiento está regulado en la actualidad por la ley 76-02, que
corresponde al Código Procesal Penal y lo contienen los artículos del 381 al
392 del mismo. La principal enmienda que sufrió el procedimiento de HC con
el nuevo código lo es la posibilidad de incoar esta protección antes de que se
opere el arresto ilegal, es decir con su sola amenaza, para hacerla cesar
cuando esta sea injusta; denominado hábeas corpus preventivo, como
hemos indicado. También aplica cuando la prisión, pudiendo ser legal, resulte
desproporcionada a la imputación, arbitraria o irrazonable. Podría ser dirigido
contra particulares, si fuere necesario.
Como norma complementaria se aplica también lo prescrito en el
artículo 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el
artículo 7.1, de la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de
San José) los cuales sancionan cualquier limite al derecho a la libertad que
suceda de modo arbitrario.
Igualmente, se regula esta acción por el artículo 63 de la ley orgánica
del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales (LOTCPC), la
cual remite al procedimiento especial del código procesal arriba indicado.
Teniendo como aporte este artículo en su parte in fine lo siguiente ”…..y no
puede ser limitada o restringida cuando no exista otra vía procesal
igualmente expedita para la Tutela de los derechos garantizados por esta vía
procesal”. (LOTCPC, 2011)
En relación al recurso contra la sentencia de HC, entendemos igual
que el DR. PEDRO BALBUENA (2011) que debe aplicarse el art. 94 de la
LOTCPC por ser un recurso de un amparo especial, al respecto este autor
indica: “Por otro lado, se infiere de lo que dispone el artículo 94 de la misma
34
ley, que la decisión del juez de instancia sobre la acción de hábeas corpus
puede ser recurrida ante el tribunal constitucional por parte del afectado.”
3.2 LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS DATA.Esta aparece como una acción novedosa en la normativa nacional, y se
ajusta a las previsiones de las modernas constituciones. Consiste en la
garantía que tiene toda persona de acceder a las informaciones que de ella
se tenga en los registros públicos y privados, y sobre el uso dado a estas,
sea sobre su persona o sus bienes y si violentan las mismas su derecho a la
intimidad, o falsean la realidad, poder exigir los correctivos necesarios o la
eliminación de la información si fuere el caso, ejerciendo una acción judicial
que lo resoluta. El significado de habeas data es “TRAER O EXIBIR LOS
DATOS” por lo que vemos es parecido al habeas corpus, que es traer el
cuerpo. Aparece por primera vez en la constitución federal brasileña de 1988.
Igualmente, ya ha sido consagrado este novedoso derecho en otras
constituciones de América como Colombia, Guatemala, Venezuela,
Honduras, Perú, Argentina, Paraguay y Panamá.
La Constitución dominicana en su artículo 70 es quien lo regula,
además de contenerse casi textualmente en el artículo 64 de la ley LOTCPC;
que remite para conocer su procedimiento, al establecido para el amparo. El
artículo 70 de la constitución prescribe:
Artículo 70.- Hábeas data. Toda persona tiene derecho a una acción
judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella
consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de
falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y
confidencialidad de aquéllos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto
de las fuentes de información periodística. (Constitución 2010)
35
Según nos refiere el DR. EDUARDO JORGE PRATS (2013), al
analizar sobre este nuevo proceso:
A partir de la reforma constitucional de 2010, la situación normativa
del habeas data cambia. No solo el derecho a la autodeterminación
informativa aparece clara y expresamente consagrado en el artículo 44.2 de
la constitución sino que, lo que no es menos importante, el constituyente
estableció un mecanismo de tutela específico para dicho derecho,
denominando expresamente habeas data…..”
Al Respecto, también se inclina el profesor y magistrado PEDRO
BALBUENA,(2011) citando al profesor García Belaunde, en que se trata de
proteger el derecho de autodeterminación informativa, nos dice: “Sin
embargo, el reconocido profesor García Belaunde (2001) se inclina por
entender que mediante esta garantía protege el derecho de
autodeterminación informativa, es decir, la capacidad o derecho que tiene
cada cual para determinar por sí y ante sí, qué debe hacer en relación con su
persona y vinculado con el mundo informático. Agrega que se trata de un
derecho derivado del principio de dignidad de la persona, pero con una
entidad propia vinculada al desarrollo del mundo informático.”
En el mismo tenor, el letrado del Tribunal Constitucional Español, DR.PEDRO IBAÑEZ BUIL (2012), nos señala que:
Así, el habeas data persigue garantizar a la persona un poder de
control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito
de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado.
Ciertamente, la vida moderna, la globalización y la tecnología
informática ha propiciado que personas inescrupulosas se aprovechen de
estos adelantos para cometer delitos informáticos y es en este ámbito que se
aplica el derecho a recurrir en habeas data para perseguir con rigor los
36
delitos informáticos que conculquen los derechos que este nuevo
procedimiento protege. En la actualidad se promulgó la ley No.172, sobre el
habeas data, el pasado día 13 de diciembre de 2013, aun sin publicar.
3.3 ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD.Se deriva principalmente de la violación a los artículos 6 y 73 de la
Constitución vigente dominicana que prescriben la nulidad de todos los
actos contrarios a ella. El articulo 73 la versión fusionada y mejorada de los
antiguos artículo 46 y 99 de la anterior constitución: el primero decía
“Articulo 46. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución,
reglamento o acto contrarios a esta Constitución”. Y el Segundo prescribía:
“Articulo 99. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Toda
decisión acordada por la requisición de la fuerza armada es nula.”
(Constitución, 2002)
En este orden pasamos a transcribir el actual artículo 73, de nuestra
constitución de 2010 a fin de ilustrar la afirmación anterior:
Artículo 73.- Nulidad de los actos que subviertan el ordenconstitucional. Son nulos de pleno derecho los actos emanados de
autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos,
instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y
toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.
En este orden, tenemos que estas violaciones constitucionales pueden
darse ya por ejercer actos estatales contrarios a la constitución y de carácter
general, ya por dictar normas contrarias a ella, o bien aún ejercer acciones
que le competen otro poder del Estado, o también que ejerciendo el poder
que le confiere la carta magna, un funcionario actúe constreñido a ello por
circunstancias ajenas a su voluntad. Su fundamento viene dado entre otros,
por violación al principio de la separación de los Poderes del Estado, o bien
por querer desconocer el mandato para el cual fue investido. Pero en todo
37
caso, deben contenerse en actos normativos de carácter general, según lo
describe el artículo 185.1, como más adelante describiremos; nunca contra
actos administrativos que solo afecten a particulares.(Así lo ha juzgado el
Tribunal Constitucional reiterada y coherentemente, como veremos)
En ese orden el artículo 6 de la Constitución nos habla de su
supremacía como ley fundamental y que todas las personas están sujetos a
su mandato, pasamos a transcribirlo como sigue:
Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y
los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución,
norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son
nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto
contrarios a esta Constitución. (2010)
Esta garantía se trata de incoar una demanda con el mecanismo más
idóneo y efectivo para restablecer la norma fundamental violada en perjuicio
del accionante o su representado. Describiremos más adelante la forma de
incoarla en la actualidad. Desde la constitución de 1994, se crea esta acción
directa y correspondía a la Suprema Corte de Justicia Dominicana la
competencia para conocerla. Su aplicación se fundamentaba en la
combinación de los artículos 46, 67 y 99 de la misma. A la sazón se
generaron serias discusiones doctrinales de que si la SCJ podía conocer
dicha acción además de en contra de las leyes, de los decretos del poder
ejecutivo y las resoluciones administrativas.
El constitucionalista más avezado de la época, el DR. JUAN MANUEL
PELLERANO GOMEZ (1998, libro: el control judicial de la constitucionalidad,
citado por Jorge Prats) afirmaba que la Suprema como órgano rector y
unificador de la interpretación constitucional podía conocer de las
38
impugnaciones en inconstitucionalidad en acción directa de todos los actos
enumerados en el art. 46, señalado.(Prats, 2013).
La Suprema corte de justicia en su famosa sentencia de principio de
fecha 6 de Agosto del año de 1998, B. J. No. 1053.4 reconoció su poder para
juzgar la inconstitucionalidad de manera directa, además de la leyes, de las
resoluciones, decretos y reglamentos contrarios a la Constitución.
En la actualidad tenemos claro que esta acción corresponde a lo que en
derecho constitucional se llama el control concentrado de la
constitucionalidad y desde la vigencia de nuestra constitución en el año 2010,
lo ejerce de manera exclusiva el Tribunal Constitucional, creado también en
la misma. La cual en su artículo 184 lo define como el responsable de velar
por el cumplimiento de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden
constitucional y la protección de los derechos fundamentales. De ello resulta
que jurisdiccionalmente es el garante de la Constitución y de las garantías
procesales que ella crea.
Importa recordar que el poder del control difuso de la materia
constitucional lo siguen ejerciendo todos los tribunales de la República,
siempre que la controversia se suscite en el curso de una instancia conocida
ante ellos; denominándose la “excepción de constitucionalidad” (ver art.188
de la constitución).
Así, es preciso destacar que la norma que regula esta acción en nuestra
Constitución es el artículo 185 numeral 1 y en la ley orgánica del Tribunal
Constitucional y de los procedimientos constitucionales (LOTCPC) su
artículo 36, donde se describe su accionar ante el máximo organismo
regulador de la interpretación constitucional. Transcribimos parte del primero:
39
Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será
competente para conocer en única instancia:
1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes,
decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente
de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la
Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y
jurídicamente protegido;………”(Constitución 2010)
El indicado artículo 36 de la LOTCPC de 2011 describe la acción que
nos ocupa, a saber:
Articulo 36.- Objeto del Control Concentrado. La acción directa de
inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional contra las
leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por
acción u omisión, alguna norma sustantiva.
El tribunal Constitucional ya ha dictado varias sentencias regulando la
efectividad de esta acción. Se destacan las sentencias: TC/ 51/12, TC/
53/12, TC/73/12, TC/ 74/12, y TC/41/13y su más reciente y última el
presente año 2013 la TC /267/13, del 19 de diciembre de 2013.-
En la sentencia TC/0 51/12 se crean dos importantes precedentes:
1.- Que los actos pasibles de ser recurridos en acción directa de
inconstitucionalidad son los señalados en el art. 185.1 de la Constitución y el
art. 36 de la ley 137/11, (LOTCPC), (leyes, decretos, reglamentos,
resoluciones y ordenanzas) al efecto, al conocer la impugnación de un oficio
de un funcionario de impuestos internos señaló textualmente: “….es decir,
aquellos actos estatales de carácter normativo y alcance general. En la
especie, el acto impugnado, tiene un carácter de puro acto administrativo con
40
efectos particulares…… por lo que se trata más bien de una situación
litigiosa sujeta a un control de legalidad tributaria…..”(Boletín TC 2012).
2.- Que en los casos que se refieran a un control de legalidad y no de
inconstitucionalidad la vía idónea no es el Tribunal Constitucional en acción
directa, sino el tribunal ordinario dispuesto a estos fines. Así, textualmente
señaló que:
Al tratarse el caso que nos ocupa, de una situación litigiosa sujeta a un
control de legalidad y no de constitucionalidad, dicha circunstancia procesal
supone la inadmisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad, de
conformidad con el precedente constitucional establecido por este mismo
tribunal en un caso análogo y decidido mediante la sentencia TC /OO13/12,
de fecha diez(10) de mayo de dos mil doce( 2012), cuya ratio decidendi, reza
de la siguiente manera: “En este sentido cabe precisar que en la presente
acción directa en inconstitucionalidad parte impugnante se ha limitado a
hacer simples alegaciones de “contrariedad al Derecho” que son cuestiones
de mera legalidad que escapan al control de este tribunal. Cabe recordar
que el control de la legalidad de los actos puede ser intentado a través de las
vías que la justicia ordinaria o especial ha organizado para ello”. Por lo que
en tal virtud, procede declarar la inadmisibilidad del presente asunto. (Boletín
TC 2012).
En las demás sentencias señaladas el TC mantiene el mismo criterio
de la no impugnación a los actos diferentes a los enunciados en el citado
artículo 185.1 de la Constitución. (En alguno de esos casos se han
impugnado ordenanzas de referimiento, autos de organismos estatales
respecto de casos particulares etc.).
Así tenemos, que en la última sentencia descrita la TC 267/13, del 19
de diciembre de 2013, la acción se había incoado contra el decreto del poder
41
ejecutivo núm. 36-02, del 10 de enero del 2002, del Presidente Hipólito
Mejía, y si bien en la forma se aceptó esta acción por corresponder esta
impugnación contra los decretos; se rechazó en cuanto el fondo por ser
conforme no solo a la Constitución vigente al momento de haber quedado el
caso en estado de fallo, sino, también que resulta conforme a la actual Carta
Fundamental por aplicación del “principio de la aplicación inmediata de la
Constitución”.(WEB TC 2013)
3.4 EL AMPARO.En el presente acápite solo vamos a enunciar la acción de amparo con
algunas pinceladas de su concepto, ya que en el capítulo siguiente es el
tema principal y debemos abordarlo más ampliamente en todo lo que le
concierne a su tratamiento en la República Dominicana. Sin embargo en
este momento nos referiremos a su existencia antes de estar contenida en el
ordenamiento jurídico nacional y una definición según la norma vigente.
Ya en el año 2003 dos reconocidos juristas dominicanos definían esta
acción de la manera siguiente:
Es una garantía de los derechos fundamentales, jurisdiccional,
extraordinaria y subsidiaria, que se encomienda al tribunal u órgano que se
constituye como intérprete supremo de la Constitución. (Hernández Hilario y
Rodríguez Huertas, 2003).
Como hemos indicado anteriormente, al referirnos a los derechos
fundamentales, señalamos que en la Constitución del 29 de abril del 1963,
considerada la más liberal antes de la vigente ahora, al hablar de “De los
Derechos Humanos”, estableciendo los mismos en el final de la Primera
Parte, en el Tìtulo11, en sus artículos del 55 al 84 se trató de que su Art.84,
indicaba que su protección era un asunto de orden público y podía incoarse
por cualquier afectado u otra persona que tuviera conocimiento de ello una
acción para su protección, por ser el Estado el garante de los mismos. Fue
42
entonces que indicamos que este fue el primer atisbo de la acción deamparo, como se entiende hoy. Esta Constitución duró muy poco y no se
tienen noticias de la efectividad de esta acción. La Constitución del 28 de
noviembre del 1966 fue la que más duró y en su artículo 8 al enumerar los
derechos individuales y sociales se reconocía igualmente el deber del Estado
de proteger y hacer respetar los mismos.
Ciertamente, así lo entendemos nosotros y si bien no había un
procedimiento específico para ello y tampoco nadie llamaba amparo a
ninguna acción; sí se incoaban acciones en caso de urgencia y para evitar un
daño inminente o hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita, como
suele llamarle la legislación dominicana del derecho común, particularmente
sobre el referimiento, derivado de la legislación francesa y que era este el
método usado por nosotros los abogados en ejercicio, para resguardar tanto
los derechos fundamentales como los demás derechos de los clientes.
Este procedimiento se instauró en la República Dominicana mediante
la ley No. 834 de 1978 y gran parte de la doctrina dominicana entendía que
era la vía idónea para amparar los derechos fundamentales conculcados.
Otra parte de la doctrina nacional entendió que podía usarse igualmente el
procedimiento del habeas corpus para algunos casos relacionados a la
libertad individual, “tratando así de crear un medio procesal de protección a
los demás derechos fundamentales de la persona” (Pellerano Gómez, 1999)
así lo afirmaba el eminente jurista JUAN MANUEL PELLERANO GOMEZ, la
Suprema Corte de Justicia no apoyó esta tesis. (Ver sentencia SCJ
DEL17/08/1973).
El jurista Domingo Gil(2010) al igual que nosotros, afirma que el
referimiento no solo ha jugado un gran papel en el establecimiento del
procedimiento para incoar el amparo, sino que hasta en la actualidad el
mismo constituye una garantía constitucional del proceso, aunque no se haya
43
concebido para proteger los derechos fundamentales; porque con el mismo
“se ha permitido a la jurisprudencia nacional, de manera excepcional, la
suspensión provisional de sentencias de los tribunales judiciales que
desconocen derechos fundamentales en caso de urgencia y para evitar un
daño inminente o una perturbación manifiestamente ilícita, como sabemos.
Esta acción judicial tiene como característica ser una vía de tutelar de
manera efectiva, rápida, preferente, gratuita y con pocos formalismos el
respeto de los derechos fundamentales (no sujetos al habeas corpus)
reconocidos por la Constitución, la ley y la norma internacional sobre
derechos humanos aplicable en nuestro territorio por haber sido válidamente
ratificada por el congreso nacional.
Sea para impugnar mediante esta los actos o vencer las omisiones
que violen o intenten violar dichos derechos. Así se tiene que puede ser
ejercida por la persona afectada o por otra en su representación y bien contra
los poderes públicos o contra particulares, si estos fueren los que
conculcaran los derechos fundamentales argüidos. Podrá ejercerse
igualmente para hacer cumplir una ley o acto administrativo, y también para
garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. Esta definición
nuestra se fundamenta en el art. 72 de la constitución vigente y en la ley
No.137/11, orgánica del tribunal constitucional en sus artículos 65 y
siguientes.
A continuación en el próximo capítulo pasaremos a conocer más sobre
el amparo y sus diferentes tipos en la actualidad.
44
Capítulo IV.
ANTECEDENTES DEL AMPARO EN IBEROAMÉRICA.CASO REPÚBLICA DOMINICANA.-
45
Capítulo IV.
ANTECEDENTES DEL AMPARO EN IBEROAMÉRICA. CASOREPÚBLICA DOMINICANA.-
México desde el siglo XIX, es el país que por primera vez consagra en
su constitución del 5 de febrero de 1857 (art.101y 102) y posteriormente en la
del 5 de febrero del 1917 (Arts.103y 107), esta vía judicial de protección de
los derechos fundamentales, llamándole Juicio de Amparo, aunque la
concepción de esta última es la más parecida a la acción o recurso de
amparo que conocemos hoy. Habiendo recibido influencia para su creación
de la visión constitucional norteamericana(1787), particularmente con el
célebre caso de Madison vs Marbury, que estableciera la supremacía de la
constitución. Esta institución ha servido no solo en el continente americano
sino también en el europeo como modelo inspirador para su establecimiento
en las demás legislaciones y también en la protección internacional de los
derechos humanos.
A modo de ilustrar la concepción mexicana sobre el amparo pasamos a
transcribir una definición que nos da el profesor CARLOS ARELLANOGARCIA (1982), en su famosa obra sobre El Juicio de Amparo:
La acción de amparo es el derecho subjetivo de una persona física o
moral en su carácter de gobernada, para acudir ante el Poder Judicial de la
federación u órganos con competencia auxiliar, a exigir el desempeño de la
función jurisdiccional, para obtener la tutela de una garantía individual o de
un derecho derivado de la distribución de facultades entre federación y
Estados, presuntamente violados por una autoridad estatal responsable.
Según este modelo mexicano, se debe incoar siempre por la parte
agraviada(es personal), resolutará solo con oponibilidad a las partes
envueltas, no para todo el mundo, se convocará al ministerio público para
46
todos los juicios de amparo, pudiendo abstenerse de participar si éste
entendiera que el caso a conocerse carece de interés público. Puede ser un
juicio de amparo directo (Tribunales colegiados) o indirecto (juzgados de
distrito), no procede en materia electoral. Se debe ejercer dentro de un plazo
determinado (temporal) y es una acción autónoma, es judicial, es restitutiva y
es constitucional; entre otras características.
El reconocido constitucionalista mexicano, Héctor Fix-Zamudio, (1970)
citado por Eduardo Ferrerer Mac-Gregor(2010) reconoce la paradoja de que
a pesar de que esta institución tutelar naciera en México:
Se ha quedado rezagada en comparación con los ordenamientos de
otros países que tomaron como modelo el amparo mexicano, y ello debido al
acentuado nacionalismo que propició un aislamiento de la doctrina y
jurisprudencia de nuestro país, llegando al extremo de ser calificada nuestra
doctrina como “apologética”
En ese orden, la legislación mexicana inspiró a toda Iberoamérica de
manera paulatina con este novedoso juicio o recurso de amparo. El mismo
puede recibir diferentes denominaciones en algunos países, así en Brasil se
le llama “mandato de seguridad (seguranca)”, reconocido en la Constitución
de 1934, en Chile, recurso de protección, en Colombia, tutela. España (931 y
1978) y Brasil1934 fueron los primeros en reconocerlos constitucionalmente
bajo la influencia mexicana. Siguieron los países centroamericanos de el
Salvador (1886) Honduras, Nicaragua (1894), Guatemala 1921,
Panamá1941 y Costa Rica1949.
Brasil inspiró a otras naciones, como Perú (1979) y Argentina
(jurisprudencia del1957 y constitución del 1994). Venezuela (1961), además
de Bolivia (1967), Paraguay (1967) y Ecuador ( 1967). En una última etapa
siguieron los países de Chile (1980), Uruguay (ley de1988 que interpreta de
47
manera implícita el art. 72 de su constitución) Colombia (1991), Andorra
(1993) y nuestra amada patria, República Dominicana (jurisprudencia SCJ
de1999 y Constitución de 2010).
Si bien es importante la influencia de México como hemos señalado en
el derecho constitucional de Iberoamérica en relación a la regulación de
amparo; mucho mayor logro tiene en el nacimiento del mismo en la
legislación internacional sobre la protección de los derechos humanos.
Así tenemos, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
adoptada por Asamblea General de las Naciones Unidas el10 de Diciembre
del año de 1948, empezó a regular en el ámbito internacional el asunto al
establecer la necesidad de que las legislaciones internas de los países
reconocieran un procedimiento sencillo y efectivo para amparar a las
personas que se les vulneren sus derechos fundamentales, señalando
expresamente “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la
Ley”.(AGNU 1948)
Igualmente, se establece este recurso en el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1966, donde los estados firmantes aseguran garantizar
este derecho, en su artículo 2.3 se describe:
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La
autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra
48
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.(AGNU, 1966)
En el mismo orden, en los instrumentos regionales de protección a
derechos fundamentales, se reconoce también el derecho de amparo. Por
ello en Europa se estableció en el Convenio Europeo de Protección a los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales, suscrito en Roma el 4 de
Noviembre de 1950 e incluye la protección de amparo incluso contra
personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. (Ver artículo
13).-
En el continente americano en la regulación internacional de los
derechos humanos o sistema interamericano, también se ha consagrado el
amparo, fundamentalmente en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), en su artículo 25.1, como más adelante veremos.
4.1 CASO REPUBLICA DOMINICANA.
4.1.1 ANTES DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE(1999).-
Hemos conocido de manera precisa este momento histórico en el
nacimiento de la acción de amparo en nuestro país cuando iniciamos su
estudio en el acápite c) del capítulo 3 anterior, por lo que no abundaremos
mucho en este momento. Solo recordar que se inició la interposición de esta
acción utilizando el fundamento legal del recurso de Habeas Corpus
establecido en la ley No. 5353 de 1914, relativo al amparo o garantía de la
libertad personal, siendo a la sazón el reconocido jurista Pellerano Gómez el
visionario de esta similitud, aunque no fue reconocido por la Suprema Corte
de Justicia Dominicana de la época. Igualmente recordar que de manera
practica la doctrina dominicana ha admitido que el uso del procedimiento del
49
referimiento del derecho común ha servido con cierto éxito para hacer cesar
todo acto u omisión que restrinja o lesione el disfrute de los derechos
fundamentales; particularmente impidiendo la ejecución de sentencias que
hayan sido emitidas en violación a estas prerrogativas fundamentales.
Precisar que la denominación “amparo” no se conocía.
4.1.2 SENTENCIA SCJ DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 1999.Igual que muchos países de Latinoamérica la Suprema Corte de Justicia
de la República Dominicana, presidida a la sazón por el magistrado JORGE
SUBERO ISSA y su vicepresidente el magistrado RAFAEL LUCIANO
PICHARDO, y los demás jueces integrantes, entendieron que por aplicación
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos debía regularse
la acción de amparo en ausencia de previsión legal sobre la materia. Al
respecto, determinaron que procedía aplicar los artículos 25.1 de la
Convención señalada, el artículo 3 párrafo final y 8.2 (j) de la Constitución
vigente del 1994, por lo cual emitieron su sentencia o resolución de fecha 24
de febrero del año de Mil Novecientos Noventa y nueve (1999),
estableciendo el procedimiento a seguir. Este recurso o acción de amparo se
le denominó “Amparo Pretoriano” en la doctrina dominicana.
El articulo 3 señalado, reconoce como parte del derecho interno la
legislación del derecho internacional general y americano, en la medida de
que sus poderes públicos lo hayan adoptado y en razón de que la indicada
convención o pacto de san José fue debidamente firmada y ratificada por el
Congreso Nacional mediante resolución, No. 739, promulgada el 25 de
diciembre de 1977 y publicada en la G.O. No.9460 del 11 de febrero del
1978; sus disposiciones deben integrarse al Derecho dominicano desde esta
última fecha de publicación..
El citado artículo 25.1 señala expresamente:
50
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por persona que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales.(C.I.D.H. 1969)
En síntesis, además del fundamento legal de su establecimiento según
las mismas características dada por la Convención (exceptuando los
regulados por el habeas Corpus), dicha decisión jurisprudencial determinó
que la acción de amparo podía incoarse contra particulares y contra
funcionarios públicos, que el tribunal competente lo era el juzgado de primera
instancia en atribuciones civiles del lugar que se haya cometido el acto u
omisión a ser atacado, que vulnere los derechos fundamentales del
accionante, no se admitía el amparo contra sentencia, (si contra los actos
administrativos u omisiones del poder judicial), además que el procedimiento
a seguir debía ser el usado para los referimientos regulados por la ley no.834
de 1978, en sus artículos 101 y siguientes. Las costas y gastos procesales
estaban exentas.
Por lo que se observa, si bien se adoptó el procedimiento de los
referimientos para la acción o recurso de amparo el mismo se mejoró en
cuanto a celeridad, preferencia y excepción de gastos judiciales.
4.1.3 LEY 437 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006.Esta es la primera ley dominicana que regula formalmente la acción de
amparo de manera general. Antes se menciona en algunas otras leyes
especiales como en la ley No. 136-03(art325) del Código del Menor, sin
haber tenido mucho éxito; en la ley 11-92 (art.187), del Código Tributario de
la República Dominicana, y en la ley General de Aduanas No. 226-
06,(art.19) para lo contencioso administrativo; estas previsiones de amplio
51
uso surgen del concepto de amparo de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, manteniéndose vigentes y adaptándose a las nuevas
leyes y a la Constitución. Ambos recursos de amparo de estas materias
especiales se llevan ahora en primer nivel por ante el Tribunal SuperiorAdministrativo de reciente creación constitucional.-
En sentido general se tiene que en esta novedosa ley No. 437/06,
promulgada el 30 de noviembre y publicada el 6 de Diciembre del año 2006,
en la G. J. No.10396; se eliminan los recursos ordinarios para la sentencia de
amparo, solo están permitidos la tercería, cuando proceda y la casación. Se
da competencia a todos los jueces de primera instancia (ya no será
solamente el civil), se crea esta acción como vía independiente, se crea la
posibilidad de ordenar astreinte contra la persona accionada que no
obedezca lo ordenado por el juez de amparo hasta que lo ejecute, se elimina
la fianza del extranjero transeúnte que la interponga, se dicta la libertad de
pruebas, se otorgan amplios poderes del juez de amparo para realizar de
oficio las medidas de instrucción necesarias para la instrucción del juicio, y
en sentido general se ordena un procedimiento más expedito, sumario y
efectivo a favor del afectado.
Esta ley que fue muy criticada por algunos juristas dominicanos como
una mala copia de otras latinoamericanas (ver el art.1ero.al referirse al
habeas corpus); y que no reguló de manera más especial el recurso de
casación o tercería para esta materia, haciéndola parecer al referimiento del
procedimiento ordinario y hasta decir que el amparo se había convertido en
desamparo (Pellerano); no obstante, resultó muy oportuna para reglamentar
más especialmente esta acción de tutela, en relación a lo requerido por la
legislación internacional de los derechos humanos suscrita por nuestro país.
52
4.1.4 CONSTITUCIÓN AÑO 2010.La Carta Fundamental dominicana votada el 26 de Enero del 2010, es la
primera que instituye la acción de amparo, muy acorde también con su
fundamento principal que es el respeto a la dignidad humana, y los derechos
fundamentales y la unidad indisoluble de la Nación, en la patria común de los
dominicanos y dominicanas, dentro del Estado Social y Democrático de
Derecho, en que debe funcionar la República Dominicana. (Ver artículos 5 y
7 de la misma).
Es precisamente en su artículo 72 donde se regula la acción de amparo,
y está contenido en el capítulo II, dentro de las demás garantías a los
derechos fundamentales, como hemos esbozado anteriormente. Este texto
taxativamente dispone:
Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una
acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no
protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para
hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para
garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con
la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no
sujeto a formalidades.
Párrafo.- Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que
vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos
suspendidos están sujetos a la acción de amparo.”(Constitución 2010)
Al respecto, el jurista español Pedro Ibáñez Buil (2012), hablando de
las garantías de los derechos en la Constitución Dominicana, y la tendencia
53
de regular el amparo en las legislaciones referentes a los derechos humanos
en el ámbito nacional e internacional respectivos, señala que:
En clara concordancia con dicha tendencia, con la previsión específica
del art. 72 de su texto constitucional la República Dominicana se incorpora
así a la línea dominante en los países de su entorno en el sentido de incluir
el amparo en el texto constitucional como un medio de protección especifico
de los derechos fundamentales.
Estas disposiciones constitucionales pasan a ser concretizadas por la
ley que a continuación estudiaremos, la No. 137-11, que es llamada la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales
(LOTCPC) y se dicta en cumplimiento de la misma Constitución que ordena
regular el funcionamiento de los procedimientos constitucionales nuevos que
ella crea.(Ver artículo 189, de la misma). Y ciertamente, se hacía necesaria
esta legislación por haberse creado en la misma Constitución el Tribunal
Constitucional, como guardián supremo de la constitución y el Orden
Constitucional y además de la protección de los derechos fundamentales.
También se creó’ el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo y el
Tribunal Superior administrativo, como habíamos indicado.
4.1.5 LEY 137-11, DEL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2011.-Como se indica en la introducción de este tema la Ley No. 137-11, o
ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos
Constitucionales (LOTCPC), fue promulgada por el Ex presidente LEONELFERNANDEZ REYNA, en fecha 13 de Junio del año 2011, y modificada por
la ley No. 145-11 del 4 de julio del mismo año; al entender el Congreso
Nacional que había surgido la necesidad de regular el funcionamiento del
Tribunal Constitucional y demás instituciones constitucionales creadas, y
particularmente regular la acción novedosa del amparo en sus varias
modalidades, al igual que asegurar la unidad jurisprudencial constitucional
54
sin afectar la armonía que debe existir entre dicho tribunal y el poder judicial;
(estas necesidades se perfilan desde la amplia exposición de motivos de
dicha ley en 13 considerandos ) se dictó esta norma resultando muy acorde a
los más amplios requisitos del neo constitucionalismo iberoamericano.
La modificación hecha por la ley 145-11, indicada solo introduce de
manera principal el cambio del requisito de la edad máxima para ser juez del
Tribunal Constitucional, requerido en el artículo 13 de la ley 137-11, se fijó el
tope de 75 años y se mantuvo 35 o más de edad inicial. Las demás
modificaciones fueron a los artículos 13, 50 y 108, para hacer algunas
enmiendas en la redacción de dicha ley.
En el Titulo II, de la ley 137-11 que regula los procesos y
procedimientos constitucionales, en los capítulos VI, VII y VII se trata todo lo
relativo a la acción de amparo, sus características, su procedimiento y sus
tipos. Particularmente en la sección I de este capítulo VI, se describe contra
cuales actos es admisible leyéndose como sigue:
Artículo 65.- Actos Impugnables. La acción de amparo será
admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier
particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos
por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data.”(LOTCPC, 2011)
Es destacable, que de la combinación de los artículos 72 de la
Constitución y este 65 de la ley que nos ocupa, esta acción es procedente
para enfrentar la vulneración o amenaza de hacerlo a cualquiera de los
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por supuesto, la
de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, suscritos y
ratificados por nuestro país, por tener el mismo rango que la Constitución.
55
Aclarando que no podrá hacerse para los derechos referentes al habeas
Corpus y el habeas Data, por poseer previsiones de protección especiales al
respecto, como ya hemos indicado.
Tratará de vencer la omisión o atacar la acción que restrinja o
amenace hacerlo el derecho reclamado. La acción del amparista o
reclamante del amparo o del quejoso(como se le llama en México) puede
atacar un acto u omisión en el sentido indicado, de un particular o de una
autoridad pública sea ilegal o arbitraria. Por ilegalidad, en este caso, se
entenderá no solo violación a la Constitución, sino a cualquier ley del derecho
positivo, relacionada con la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales. Podrá ser incoada por cualquier persona afectada, sea moral
o física y esta podrá ser dominicana o extranjera sin importar la nacionalidad.
(El artículo 67 dice que no habrá distinción de ninguna especie) Los menores
emancipados también podrán incoarlas personalmente, o los mismos
menores por medio de sus representantes legales.
Al respecto, el conocido profesor de derecho constitucional
dominicano, DR. EDUARDO JORGE PRATS (2013), al dejar por sentado
que la acción de amparo debe ser siempre para reclamar protección de
derechos fundamentales señala que:
…lo cual realza la necesidad de que exista en el accionante un interés
calificado, personal, legítimo y directo, es decir, que haya una lesión, directa,
actual o inminente sobre sus derechos que le legitime para acudir a los
tribunales en búsqueda del restablecimiento de la situación jurídica subjetiva
infringida, ya sea por sí o mediante un legítimo representante que actué en
su nombre.
El Dr. Pedro Ibáñez Buil (2012), letrado del Tribunal Constitucional
Español, al hablarnos sobre las garantías de los derechos en la Constitución
56
Dominicana, nos define el procedimiento del amparo actual de República
Dominicana de esta manera:
El amparo se configura como un proceso alternativo a los ordinarios,
una primera instancia de acceso a la justicia en la que se demanda una
respuesta jurisdiccional para la defensa de las situaciones jurídicas
subjetivas, que se presenta como una opción especial y diferenciada de la
vía procesal ordinaria o general
Es notorio recordar que esta acción tiene como características típicas
el ser gratuita, preferente, sumaria y no sujeta a formalidad. Es también oral y
pública, al igual que otras acciones con las características del debido proceso
exigidas en el artículo 69.4, por lo que no son exclusivas del amparo estas
últimas previsiones.
El magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
Hermógenes Acosta de los Santos,(Diciembre 2012) en su escrito ”El
Proceso de Amparo en el Nuevo Modelo de la Justicia Constitucional
Dominicano”, aporte presentado para la Revista Dominicana de Ciencias
Jurídicas de la Fundación Global , nos define el amparo así:
La acción de amparo es una garantía prevista para casos
excepcionales y, en particular, para situaciones en las cuales exista una
incuestionable urgencia y el ordenamiento jurídico no cuente con otros
mecanismos idóneos para remediar la situación de que se trate.
Ciertamente, si existiera en el procedimiento ordinario o en leyes
especiales una protección efectiva para restablecer el derecho violentado o
amenazado por la acción u omisión del agraviante, la acción de amparo aquí
prevista resultaría improcedente. Esta es la primera causa de inadmisibilidad
de la acción como veremos describe el artículo 70 de la LOTCPC:
57
Artículo 70.- Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de la
acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia
declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los
siguientes casos:
1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva
obtenerla protección del derecho fundamental invocado.
2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta
días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del
acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental.
3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.(2011)
En apoyo de la causa de inadmisibilidad primera, ya explicada el
Tribunal Constitucional ya ha tenido varias decisiones firmes, podrá verse la
sentencia TC/090/12, rechazó la acción de revisión constitucional de
sentencia (amparo constitucional) por estar abierto el recuro de casación. Y
ver la sentencia TC/75/13, del 07 de mayo del 2013, se declaró la
inadmisibilidad por ser de la competencia del tribunal de tierras y no
corresponde al TC resolver asuntos pendientes de recursos ordinarios o de la
competencia de otras jurisdicciones.
Igualmente en la sentencia TC/0012/13, el Tribunal Constitucional
declaró la inadmisibilidad de una acción directa de amparo por no ser esta su
competencia, vemos lo anterior cuando afirmó:
i) Todo lo anterior evidencia que entre las competencias otorgadas al
Tribunal Constitucional no figura la de conocer acciones de amparo, sino la
de revisar las decisiones de amparo que hayan emitido los tribunales
competentes. En razón de esto, debe declararse la incompetencia del
Tribunal Constitucional para conocer de acciones de amparo. (T.C. 2013)
58
La jurisdicción competente para conocer la acción de amparo sigue
siéndolo el tribunal de primera instancia del lugar donde se haya producido la
acción u omisión del derecho vulnerado o amenazado; y en los casos de
estar dividido en salas será competente aquella que guarde mayor afinidad
con el derecho objeto del amparo, esto lo dispone el artículo 72 de la
LOTCPC.
El juez apoderado goza de amplios poderes, existe la libertad de
pruebas, no habrá formalismos innecesarios y podrá suplir de oficio las
medidas de instrucción que así lo entienda este magistrado. Igualmente
según el artículo 86, de la ley, el juez de amparo podrá ordenar las medidas
provisionales o urgentes que sean necesarias para preservar el derecho
fundamental alegádamente lesionado o amenazado. Debe tomar en cuenta
para ello, de acuerdo a las particularidades del caso, no solo lo verosímil del
daño invocado, sino también el peligro irreparable que produciría la demora
en decidir el asunto, por la posibilidad de ocurrir en el interregno cualquier
evento más lesionante a los derechos protegidos.
Cuando el Juez apoderado en principio se declare incompetente,
procede declarar el asunto inadmisible, el plazo para interponer el recurso se
suspende y se impone que en su fallo declare cuál es la jurisdicción
competente, además de remitir el asunto a dicho tribunal. Empero, el párrafo
III del miso articulo 72 indica que ningún juez podrá declarar de oficio su
incompetencia territorial, es decir que la alegada incompetencia deberá
fundamentarse en otros motivos, como en razón de la materia etc. La
decisión así tomada podrá ser impugnada conjuntamente con el fondo de la
decisión de amparo ante el TC.
El juez podrá ordenar que su decisión sea ejecutoria sobre minuta,
ordenar astreinte para hacer cumplir al agraviante con prontitud su mandato
(Art. 93 de la ley) y ordenar la restauración del derecho conculcado a favor
59
del reclamante, amparista o agraviado. Se mantiene el recurso de amparo
para las jurisdicciones especiales. De eso nos habla el artículo 74 de la ley,
de las existentes y las que se puedan crear. De ellos conocerán dichas
jurisdicciones cuando el derecho vulnerado o amenazado guarde relación
con la materia de la jurisdicción respectiva, indica que deberá seguirse el
procedimiento que indica la misma ley sobre el amparo. El artículo 75, habla
de que los actos u omisiones de la administración pública, se podrán recurrir
en amparo, cuando proceda por ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
En sentido general, el procedimiento a seguir para la acción de
amparo esta descrito en la ley 137-11 en los Arts. 76 al 89 de la misma. El
accionante en amparo procurará una autorización para citar a su agraviante,
que se le otorgará por el juez apoderado luego de que éste lo encuentre
procedente según se le fundamentara en el escrito depositado, con las
pruebas del perjuicio alegado. Esta es un tipo de instrucción previo al juicio o
audiencia de amparo donde se le da oportunidad al solicitante o amparista de
defender sus alegatos.
Importa destacar que el recurso contra la decisión de amparo se
interpondrá por ante el Tribunal Constitucional (Art. 94) llamándose este
“Recurso en Revisión constitucional de sentencia de amparo”, debiendo
depositarse un escrito motivado al respecto en la secretaria que dictó la
sentencia de amparo. El recurso de tercería podrá interponerse cuando
proceda, debiendo seguirse el establecido en el derecho común. El artículo
100 dispone las condiciones en que el Tribunal Constitucional podrá admitir
la revisión de la sentencia de amparo, haciendo referencia específica a la
especial trascendencia o relevancia constitucional que en él se explica. Es
notoria la sentencia TC07/12, de fecha 22 de Marzo del año 2012, del
Tribunal Constitucional que estableció su interpretación sobre este concepto.
60
Y a modo de conclusión podemos indicar que en República
Dominicana existen dos procedimientos de amparo, uno judicial que es al
que acabamos de hacer referencia y el otro es el constitucional que
procederá contra las decisiones que hayan adquirido la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada (luego del 26 de Enero de 2010) y en ella el
agraviado entienda que el tribunal ordinario haya vulnerado sus derechos
fundamentales. Este amparo contra decisiones jurisdiccionales, que no
existía en el sistema de la ley No. 437-06, derogada por la Constitución
actual; está previsto en el artículo 277 de la misma y en los artículos 53 y 54
de la ley 137-11.- Estas modalidades del amparo en la ley dominicana son
definidas por los magistrados HERMOGENES ACOSTA, KATIA
MIGUELINAJIMENEZ Y JOTTIN CURY, en su voto disidente conjunto
presentado en la sentencia TC/07/12, del 22/03/12, en sus numerales 20 y
21, razonamiento que compartimos en relación a las características
descritas.(Boletín TC 2012)
4.2 AMPAROS ESPECIALES:En República dominicana existen varios tipos de amparos especiales,
además del habeas corpus y el habeas data. El Amparo de cumplimiento,
regulado por el artículo 104 de la ley 137-11, que se podrá interponer contra
el funcionario público que incumpla con una ley o un acto administrativo, en
perjuicio del afectado. Se establecen varios supuestos de inadmisibilidades,
(art. 108) no procede contra el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el
Tribunal Superior Electoral, contra la Cámara Diputados y el Senado, entre
otros.
Amparo colectivo y amparo de intereses difusos.(art. 112) se
usara el primero para la acción que pertenezca a un grupo de individuo
fácilmente identificados unidos por intereses comunes y el segundo de
intereses difusos para la acción de preservación de los derechos del medio
61
ambiente y de derechos difusos como los pertenecientes a toda la sociedad,
o una parte de ella, ejemplo derechos culturales de los dominicanos etc..
Esta también el Amparo Electoral, previsto en el artículo No.114 de
la LOTCPC y es muy novedoso, como lo es el tribunal que ha de conocerlo
en primera instancia, de reciente creación en la misma Constitución,
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL. Será competente para conocer los
derechos electorales transgredidos en lo interno de los partidos, o conflictos
entre partidos y de las infracciones electorales en general. Y su
impugnación se hará igualmente frente al Tribunal Constitucional. El art. 27
de la ley 29-11, del 20 de Enero del 2011, o ley orgánica del Tribunal
Superior Electoral, lo regula.
A continuación pasaremos a tratar la segunda parte de esta
investigación donde se conocerá un poco más del Tribunal Constitucional, la
efectividad del recurso en revisión de amparo por ante éste y la controversial
sentencia TC/0168/13, con la cual sostenemos se ha dictado un amparo a
favor de la nación dominicana.
62
Segunda Parte:EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMOGARANTE MÁXIMO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES.
OBJETIVOS:REFLEXIONAR SOBRE LA EFECTIVIDAD GARANTISTADEL RECURSO EN REVISIÓN DE AMPARO ANTE ELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DESTACAR LAIMPORTANCIA DE LA SENTENCIA TC/NO.168/13 ENMATERIA DE SOBERANÍA.
63
Capítulo I.
ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANOCOMO REGULADOR DE LAS ACCIONES
CONSTITUCIONALES: CASO DEL AMPARO.
64
Capítulo I.
ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO COMOREGULADOR DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES:
CASO DEL AMPARO.
El Tribunal Constitucional, es preciso recordar, fue creado por la
Constitución proclamada el 26 de Enero del año 2010(art. 184) y tiene como
atribución general ser el órgano su o Supremo de interpretación
constitucional, sino también de ejercer el control de la constitucionalidad.
Este instrumento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho
debe operar de manera independiente o autónoma no solo del Poder
Judicial, sino de los demás poderes tradicionales, es decir del Poder
Ejecutivo, del Judicial, además del poder electoral que lo ejercen tanto la
Junta Central Electoral como el Tribunal Superior Electoral.
Tiene como misión garantizar la Supremacía de la Constitución, su
adecuada interpretación, la defensa, integridad y eficacia del orden
constitucional y la protección de los derechos fundamentales reconocidos no
solo en la ella, sino también en los instrumentos internacionales de derechos
humanos aplicables en República Dominicana.- Sus decisiones son
definitivas e irrevocables y son vinculantes para los demás poderes y
órganos del Estado. (Ver art. 184 constitucional). Sus atribuciones,
conformación y demás aspectos regulatorios se describen en los Arts. 185 al
189 de la Carta Magna y en su ley orgánica y de procedimientos
constitucionales, la No. 137-11 del 13 de Junio del año 2011, con su
abreviatura conocida LOTCPC.-
Particularmente su atribución para conocer de los recursos de revisión
constitucional de las sentencias de amparo (RRCSA) o amparo judicial, como
ya se ha indicado, viene dada por el artículo 185.4 y 94 de la LOTCPC, a la
65
cual hemos hecho amplias referencias y que se dictó justamente por la
necesidad que reconoce el art. No. 277 de la Constitución. Este análisis de
competencia es rigurosamente considerado por el Tribunal Constitucional en
todas sus sentencias de revisión de amparo como paso previo al
conocimiento del asunto.
La atribución de competencia para hacer efectiva la coherencia y
unidad de la jurisprudencia constitucional, del cual es el máximo garante,
pero que comparte responsabilidad con el poder judicial; le viene dado por
ese mismo artículo 277 constitucional y los 53 y 54 de la indicada ley 137-11,
cuando se le autoriza a revisar las sentencias definitivas dictadas por la
Suprema Corte de Justicia posteriores al 26 de enero de 2010, según hemos
estudiado anteriormente. En virtud de los cuales también conoce del llamado
amparo constitucional que ya hemos descrito.
El Tribunal Constitucional para su correcto funcionamiento sobre la
protección de los derechos fundamentales y la interpretación idónea de toda
la justicia constitucional debe regirse por los principios de reglamentación e
interpretación contenidos en el art.74 de la Constitución, los cuales suman
otra garantía procesal de dichos derechos, aunque así no se consigne en la
misma. Por la importancia de estas regulaciones pasamos a copiar dicho
artículo como aparece en la Carta Magna:
Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La
interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales,
reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios
siguientes:
1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros
derechos y garantías de igual naturaleza;
66
2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá
regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando
su contenido esencial y el principio de razonabilidad;
3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos,
suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía
constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y
demás órganos del Estado;
4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los
derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la
persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos
fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por
esta Constitución”.(Constitución 2010)
Se debe resumir la comprensión del citado artículo que el inciso uno
contiene otros derechos y garantías implícitas fuera de los expresamente
contenidos en la Constitución. El inciso 2 precisa que deberá respetarse el
contenido esencial de los derechos y primar la razonabilidad en su
interpretación, creando esta garantía ampliamente conocida en España y
gran parte de Europa. El inciso 3 le establece rango constitucional al derecho
internacional sobre los derechos humanos debidamente reconocidos por el
Estado Dominicano. Y el inciso 4 establece el principio de interpretación
denominado “pro homine” que se hará en el sentido más favorable al
hombre justiciable, todo lo cual hace añadir una mayor garantía
constitucional al proceso.
Así mismo, todo el sistema de justicia constitucional debe regirse por los
principios rectores que se establecen en la LOTCPC, en su artículo 7, los
cuales serán la accesibilidad, celeridad, constitucionalidad, efectividad,
favorabilidad, gratuidad, inconvalidabilidad, inderogabilidad, informalidad,
interdependencia, oficiosidad, supletoriedad y vinculatoriedad.
67
Precisamente el principio de la efectividad del recurso de amparo por
ante el Tribunal Constitucional es uno de asuntos centrales de nuestro
trabajo y el que pasaremos a contemplar en los próximos temas.
1A) ANÁLISIS DE ALGUNAS SENTENCIAS AÑOS 2012 Y 2013 SOBREAMPARO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNALCONSTITUCIONAL RESPECTO DE LAS PRETENSIONES DE AMPARODE LOS IMPETRANTES.
Importante es determinar qué debe entenderse por efectividad en
nuestra justicia constitucional, esto viene explicado en la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales (LOTCPC)
dentro de los principios en los cuales esta debe fundamentarse, lo trata el
artículo 7.4 de la misma, el cual se lee así:
4) Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva
aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales
frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las
garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios
más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a
cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada
cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.(Ley137/11. 2011)
Justamente el artículo 70.1, de la LOTCPC establece como una causa
de inadmisibilidad de la acción de amparo: “Cuando existan otras vías
judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho
fundamental invocado”.(Ley 137/11. 2011)
Para ambas disposiciones es importante establecer el concepto de
efectividad apreciado por el Tribunal Constitucional en la admisión del
recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo (RRCSA).
68
La sentencia TC/07/12 , del 22 de marzo del 2012, que hicimos
referencia en páginas anteriores ha sido de suma importancia para empezar
a delimitar el concepto a la luz de su labor. Primeramente, en cuanto a su
admisibilidad en relación al artículo 100 de la LOTCPC El Tribunal
Constitucional entendió que el recurso en revisión no presentaba la especial
trascendencia o relevancia constitucional requerida para su apoderamiento, a
este respecto afirmó que:
Del análisis ponderado del expediente, se evidencia que el recurrente
en revisión no ha establecido ante el Tribunal Constitucional las razones por
las que, en su caso, queda configurada la especial trascendencia o
relevancia constitucional con los elementos anteriormente descritos. (B.J.TC,
2012).
Esto fue enfrentado por los votos disidentes de los magistrados
Hermógenes Acosta, Katia Miguelina Jiménez y Jottin Cury David, ellos
indicaron que por no tener el Tribunal Constitucional hasta ese momento la
Jurisprudencia Constitucional necesaria, todas las acciones de revisión de
amparo debían tener especial trascendencia para los agraviados y por
supuesto para la justicia constitucional, que los debe respaldar. Así, entre
otros argumentos establecieron dos que entendemos muy determinantes:
47. En este orden, para que el artículo 100 de la referida Ley No. 137-11
sea conforme con el bloque de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional
debe actuar como jurisdicción de segundo grado y, en este sentido, conocer
todos los recursos de revisión que se interpongan contra sentencia de los
tribunales de primera instancia que resuelvan acción de amparo,
condicionando la admisibilidad de dichos recursos solo a que se hayan
interpuesto dentro del plazo de 5 días, previsto en el artículo 94 de la misma
ley.
69
Continúan explicando que:
Lo primero que queremos reiterar es que en sentido general todos los
casos deben tener relevancia constitucional porque nuestro Tribunal, a
diferencia del español y de otros tribunales, no tiene precedentes ni
jurisprudencia, por el hecho de que se trata de una jurisdicción recién creada.
(B.J.TC, 2012).
Y es que el Tribunal Constitucional también había determinado en esta
sentencia sobre la naturaleza del recurso de revisión de amparo, que este no
tenía efecto devolutivo como una apelación y que su eficacia se conformaba
con solo asegurar su acceso ante un tribunal superior que conozca sobre la
vulnerabilidad de derechos señalada, si se cumplen los requisitos de ley para
su conocimiento, que no era el caso planteado. Para ello aplicó la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de los derechos humanos en el
caso conocido como Herrera Ulloa.
Por otra parte, los magistrados disidentes entendieron que en el
proceso anterior la acción de amparo no era la vía más efectiva para
conocer el perjuicio invocado por el agraviado por la conculcación de los
derechos fundamentales denunciados, relacionados con el derecho de
propiedad de un bien de la comunidad legal dentro del matrimonio de ambos
litigantes, por existir una vía más efectiva a su consideración que lo era el
Tribunal de tierras de jurisdicción original correspondiente. La solución
propuesta fue:
En el presente caso consideramos que el Tribunal Constitucional
debió declarar admisible el recurso de revisión que nos ocupa, conocer el
fondo, revocar la sentencia recurrida y declarar inadmisible la acción de
amparo, pero no por el motivo invocado por la jurisdicción de primera
70
instancia, sino porque en el ordenamiento jurídico existe otra vía idónea”.
(B.J.TC, 2012)
Ciertamente, la efectividad de un recurso no puede darse si de plano
se inadmiten acciones que de otra manera podrían ser oportunas para
restablecer a tiempo el derecho conculcado o amenazado. Y justamente en
el retardo de la solución esperada del caso podría acarrear mayores
perjuicios para el agraviado.
La efectividad de una norma se cumple cuando a quienes está dirigida
la respetan dándole valor que tiene y lográndose con ella los resultados que
la autoridad que la diseño esperaba. Es decir, que debe producir el resultado
para el cual ha sido creada. Significa, que el recurso de revisión de amparo,
por ejemplo, no será efectivo porque exista una segunda instancia para
conocerlo, sino que ésta pueda válidamente determinar, conociendo el caso
íntegramente, si la violación de derechos argüida se ha operado en la
práctica o son simples alegatos del recurrente.
Así, el reconocido abogado y profesor experto en derecho
constitucional DR. EDUARDO JORGE PRATS (2012), en su aporte a la obra
“Comentarios a la Constitución de la República Dominicana” expone:
La efectividad adquiere una dimensión constitucional en el Estado
Constitucional de Derecho en la medida en que el control judicial de
constitucionalidad permite censurar la inefectividad de las normas
constitucionales cuando estas son incumplidas mediante actos públicos y
privados que contradicen el deber ser constitucional.
Visto ese análisis de la efectividad que debe primar en la justicia
constitucional, y que tan brillantemente expusieran los magistrados
disidentes en la sentencia TC/07/12, al cual me remito; es importante
destacar que el Tribunal Constitucional posteriormente ha variado su criterio
71
de no fungir como tribunal de segundo grado cuando revoque una sentencia
de revisión de amparo, como recomendaron los jueces disidentes que debía
actuar, haciendo esta variación de manera tácita pero reiterada en varias
sentencias que señalaremos.
Esta decisión expresa el mismo Tribunal Constitucional que la tomó
por existir un vacío legislativo en la ley 137-11 que le rige y para lograr una
mayor efectividad según lo requieren los principios de interpretación
constitucional de la LOTCPC.
Es precisamente en la sentencia TC/71/13 del 7 de mayo del año
2013, en el recurso de revisión constitucional de amparo incoado por la Sra.
Yuderki Mercedes Santos Taveras, en contra del ministerio de obras públicas
y comunicaciones y la sociedad Concesionaria de Autopistas y Carreteras,
S. A. (CODACSA) en ocasión de una acción de amparo conocida en su
contra por alegar la accionante haberle lesionado su derecho al libre tránsito
y a la dignidad humana suyo y de los demás moradores de la zona. La
Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, desestimó la misma por declarar
nulos actos del procedimiento. Así el Tribunal Constitucional señala:
h) Esta política jurisprudencial, que ha devenido una práctica reiterada
de este tribunal a partir de entonces, contraviene el precedente establecido
por la mencionada sentencia TC/0007/12, en la medida en que actúa como
tribunal de alzada al revocar los fallos objeto de revisión y conocer el fondo
de los asuntos.
i) De las observaciones que anteceden, se evidencia que el Tribunal
Constitucional decidió descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la
mencionada sentencia TC/0007/12, que se sustenta en la aseveración de
que la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación
72
para dirimir conflictos inter partes, decantándose en favor de la solución
opuesta, inicialmente establecida por las aludidas sentencias TC/0010/12,
TC/0011/12 y TC/0012/12, cuestión que permitiría conocer del fondo de las
acciones de amparo actuando como una especie de segunda instancia y
órgano de cierre.
j) Es preciso resaltar nuevamente, que la situación antes descrita se originó
por la inadecuada regulación de los procesos y procedimientos
constitucionales a cargo del legislador dentro del marco del recurso de
revisión de sentencias de amparo en la Ley No. 137-11. Se trata de una
deficiencia que el Tribunal Constitucional ha subsanado asumiendo la teoría
alemana de la “autonomía procesal”, la cual acogió formalmente al dictar su
sentencia TC/0039/12…”( S/TC/71/13. Web, TC/2013)
k) En el mismo orden de ideas, cabe señalar que el fundamento de la aludida
facultad para conocer del fondo reside en la esencia misma de la acción de
amparo como mecanismo de protección de los derechos fundamentales,
pues considerar el recurso de revisión sobre la base de una visión más
limitada resultaría insuficiente para asegurar la efectividad del derecho, cuya
tutela demanda la víctima. Esta solución, tendente a subsanar el vacío
normativo anteriormente aludido (supra, literal “c”) se justifica en la necesaria
sinergia operativa que debe producirse entre la acción de amparo
configurada en el artículo 72 de la Constitución, los principios rectores de la
justicia constitucional previstos en el artículo 7 de Ley No. 137-11, y las
normativas atinentes a la acción de amparo y al recurso de revisión de
amparo prescritas, de manera respectiva, en los artículos 65 a 75 y 76 a 114
de dicha ley.
m) El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía
procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva
(artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso
73
constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo
cuando revoque la sentencia recurrida.”(S/TC71/13.Web,TC 2013)
Con todo este válido razonamiento el Tribunal Constitucional encauzó
su precedente con una mayor favorabilidad a los intereses de los agraviados,
resultando ahora el recurso de revisión de amparo con una mayor efectividad
para el accionante. Esto así porque a partir de ahora cuando el tribunal
revoque una sentencia en un recurso de revisión constitucional de amparo,
analizará la procedencia del recurso, aplicará el efecto devolutivo, conocerá
el asunto íntegramente, y decidirá sobra las pretensiones del accionante de
amparo.
En el caso descrito el Tribunal juzgó que se había vulnerado no solo el
derecho al libre tránsito, sino también derechos sociales de todos los
moradores de la zona afectada al imponerle mayores gastos en el traslado
para su casa. Y en su dictamen revocó la sentencia recurrida, admitió el
recurso, ordenó al Ministerio de Obras públicas y a la empresa CODACSA
viabilizar el libre tránsito en la zona para todos los moradores de ella,
eliminando el desvío arbitrario causante del perjuicio, sin obstaculizar la
entrada y salida de los mismos en el sector los solares, del municipio de
guayacanes. Ordenó un astreinte hasta el cumplimiento de lo ordenado,
contra ambos recurridos.
El Tribunal Constitucional es constante en declarar que para admitir el
recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo (RRCSA) el
mismo debe ser la vía más idónea para satisfacer las pretensiones del
accionante y restaurarle el derecho conculcado o amenazado; si lo fuera el
tribunal ordinario, el juez de amparo debe declarar inadmisible la acción de
amparo y señalar el tribunal competente en la especie, debiendo indicar por
qué este es la vía más efectiva. Esto es por la aplicación correcta de la
74
interpretación que debe dársele al artículo 70.1 de la LOTCPC. El Tribunal
Constitucional analiza esto en sus sentencias TC/21/12 y TC/30/12.
En la sentencia TC/30/12, el Tribunal Constitucional habló del
precedente sentado en su sentencia TC/0021/12 al indicar que:
Este tribunal en la sentencia TC/00/21/2012, del 21 de Junio del 2012
(página 10, párrafo 11.c), constató que corresponde al juez de amparo
indicar la vía más efectiva a disposición del accionante, para poder declarar
inadmisible la acción de amparo, bajo el supuesto del artículo 70.1 de la ley
137-11. (S/TC/30/12, del 3/08/ 2012. Boletín TC/2012)
Al respecto el mismo tribunal en la indicada sentencia TC30/12, señala
que el concepto de efectividad debe orientarse por lo decidido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Velásquez Rodríguez vs.
Honduras y expone que: “En lo que respecta a la existencia de otra vía
eficaz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su primer caso
contencioso, Velásquez Rodríguez contra Honduras, estableció los
parámetros para determinar cuándo el recurso resulta adecuado y efectivo.
En ese sentido, estableció: “Que sean adecuados significa que la función de
esos recursos, dentro del sistema del derecho interno, sea idónea para
proteger la situación jurídica infringida”.
Esto para decir, que si bien “en todos los ordenamientos internos
existen múltiples recursos”, “no todos son aplicables en todas las
circunstancias”. Por otro lado, “un recurso debe ser, además, eficaz, es decir,
capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”. (S/TC/30/12,
del 3/08/ 2012. Boletín TC/2012)
En este precedente, importantísimo, se debe establecer que no basta
por ejemplo, que el recurso de amparo sea efectivo, sino que el mismo se
adecue al caso concreto para que se conozca con efectividad la vulneración
75
de derechos argumentada, y en el caso de la especie, no resultaba así el
procedimiento de amparo, en este orden también señaló el Tribunal
Constitucional en la misma sentencia: “Por otra parte, el procedimiento
previsto para la acción de amparo es sumario, lo cual impide que una materia
como la que nos ocupa pueda instruirse de manera más efectiva, que la
ordinaria. Corresponde, pues, al juez ordinario, y no al de amparo,
establecer cuando procede el pago de impuestos” (Boletín TC/2012).
Dos precedentes importantes lo confieren las sentencias TC/12/12, en
relaciona a establecer que la concubina al igual que la mujer casada, con las
características del concubinato ya admitida por la Suprema Corte de Justicia,
en su sentencia del 17 de octubre del2011 y consagrada constitucionalmente
en el art. 55.5 de la constitución, pueda acceder a reclamar derechos
económicos como cónyuge supérstite común en bienes de su marido de
cujus. El asunto refería de una viuda de un militar que no se le concedió la
pensión alimenticia dispuesta para el caso por la ley orgánica de las fuerzas
armadas que exigía el vínculo matrimonial para otorgarla.
Igualmente, el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/48/12,
establece otro oportuno precedente al disponer que las normas del debido
proceso y el derecho de defensa deben ser respetados en todas las
instancias administrativas o judiciales. En la especie un policía fue
cancelado, sin juicio disciplinario ni ningún otro, y muy a pesar de que la
investigación del ministerio público en el caso determino su no participación,
en los hechos delictivos; y sin que se le respetaran sus derechos de defensa
sobre la referida imputación. Al respecto el TC juzgó que:
W. En todo caso, la existencia del Estado Social y Democrático de
Derecho, contradice la vigencia de prácticas autoritarias, incluso en
instituciones como las militares y policiales en las que, por su propia
naturaleza, prevalece una jerarquía rígida y una línea de autoridad sin
76
espacios para l cuestionamiento. Sin embargo, en ellas también han de
prevalecer los derechos fundamentales, a propósito del derecho de defensa
como parte del debido proceso, de aquellos militares y policías a los que se
les impute la comisión de hechos ilegales y que, si estos fueran probados,
deban ser sancionados”. (S/TC/48/12, del 8/10/ 2012, Boletin TC/2012).
En la sentencia TC/19/12, del 21 de junio del 2012, el Tribunal
Constitucional traza un precedente de declinatoria por incompetencia en
razón de la materia y aplica supletoriamente normas del derecho común. En
dicho caso, el TC apoderado de un recurso de revisión de sentencia de
amparo, contra una sentencia de un juzgado de paz que en violación al
artículo 72 de la ley No. 137-11, y de las normas del debido proceso de ley;
conoció la acción de amparo en una litis sobre asuntos de dominio de agua
terrestre y distribución de aguas públicas y que enfrentaba a agricultores
contra el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y una
empresa privada que alegaba el derecho de propiedad de las tierras por
donde pasaba un canal. El TC Revocó la sentencia recurrida y envió el
asunto por ante el juzgado de primera instancia correspondiente, sin
dictaminar ninguna medida cautelar en beneficio de los agraviados para
evitar que el perjuicio alegado se hiciera mayor. Al efecto intervino un voto
disidente firmado en común por los MAGISTRADOS ANA ISABELBONILLA, RAFAEL DIAZ FILPO Y VICTOR GOMEZ BERGES el cual
entendemos es un verdadero precedente en cuanto a la competencia del
Tribunal Constitucional, su poder de interpretación constitucional y poder
para dictar medidas cautelares en beneficio del recurrente en revisión de
amparo, en ese tenor dichos magistrados razonaron que:
El Tribunal Constitucional de forma excepcional podrá, en virtud de
que se trata de un conflicto humano, basado en el uso del agua, el más
importante de los recursos naturales, instruir el caso y proteger en forma
rápida los derechos fundamentales de ambas partes enfrentadas en el
77
conflicto. El debido proceso invocado por el recurrente y el acceso al agua,
invocado por el recurrido. Al decidir por remitir el caso por ante el Tribunal de
Primera Instancia de la Provincia de San Juan de la Maguana no se
garantiza la celeridad del proceso, mantiene el conflicto y prolonga el daño a
la cosecha del recurrido que seguirá impedido de regarla por efecto de la
anulación de la sentencia No. 389/2011.” (S/TC/19/12 del 21/06/2012, Boletín
T.C. 2012).
Continúan exponiendo los magistrados disidentes al fundamentar su
voto sobre los principios constitucionales que: “Además, al invocarse en la
sentencia, literal e) del inciso 10.- Incompetencia del juez de amparoapoderado, el principio de supletoriedad previsto en el artículo 7,numeral 12
de la Ley 137-11 del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales, que establece:
“12) Supletoriedad. Para la solución de toda imprevisión, oscuridad,
insuficiencia o ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoriamente los
principios generales del Derecho Procesal Constitucional y sólo
subsidiariamente las normas procesales afines a la materia discutida,
siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos y procedimientos
constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo”, se interpreta
erróneamente este artículo; pues en él se consigna claramente el carácter
subsidiario de las normas procesales afines a la materia discutida; y en este
caso lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 834-78 respecto a la jurisdicción
competente solo aplica cuando el asunto sea competencia de una
jurisdicción represiva, administrativa, arbitral o extranjera, no constitucional.”
(S/TC/19/12 del 21/06/2012, Boletín T.C. 2012)
78
Concluyen su exposición los magistrados disidentes con la solución
siguiente:
Por tales razones entendemos que la Ley 137-11 del Tribunal
Constitucional y los Procedimientos Constitucionales establece los elementos
de derecho procesal constitucional suficientes para resolver el asunto sin
tener que recurrir a normas procesales de derecho común dada la naturaleza
constitucional del conflicto planteado entre dos derechos fundamentales, los
cuales podían ser resueltos mediante la anulación de la sentencia del
Juzgado de Paz del Municipio de San Juan de la Maguana por no ser el
tribunal competente para conocer de la acción de amparo (Art. 72, Ley 137-
11), y por inobservancia de la garantía constitucional al debido proceso (Art.
69 Constitución Dominicana); y a la vez avocarse a conocer el fondo del
conflicto sobre el reclamo original planteado en la acción de amparo,
emitiendo medidas cautelares de ser necesario, en caso de que decidiera
instruir el proceso como paso previo a la adopción de una decisión definitiva.
(S/TC/19/12 del 21/06/2012, BoletinT.C, 2012).
En un precedente singular, en lo que respecta a la admisión de una
demanda en suspensión de ejecución de una sentencia de amparo, y no
obstante el tribunal constitucional haber mantenido el criterio de que la
legislación vigente no le faculta para ordenar la misma (ver STC/73/13 y
TC/89/13); este magno tribunal concedió la suspensión de la ejecución de
una ordenanza de amparo dictaminada por un tribunal que actuó de manera
incompetente. Nos referimos a la sentencia TC/231/13, del 29 de noviembre
del 2013; en la cual la parte recurrente en revisión de amparo lo es elPartido Revolucionario Dominicano vs. la SRA. GEANILDA VASQUEZ,suspendida en sus funciones dentro de la organización y a la cual la
sentencia recurrida ordenaba su reposición inmediata. La sentencia de
amparo la dicto un tribunal penal, y no el Tribunal Superior Electoral como
79
entendía el recurrente. Argumento que de ejecutar esta sentencia acarearía
daños irreparables a su organización y que la sentencia se había dictado
mediante usurpación de funciones, lesionando el debido proceso de ley.
En la especie, previo a la admisión de la solicitada suspensión el TC
describe que en dos precedentes ya ha admitido que la demanda en
suspensión de la sentencia de amparo recurrida en revisión podría ser
admitida por él solo en casos excepcionales; de lo cual juzgó se trataba el
caso en cuestión. Al respecto señaló:
54. En estos casos, respecto a la suspensión de ejecutoriedad de
sentencias de amparo, este tribunal ha fijado su criterio en la Sentencia
No. TC/0013/13 del 11 de febrero de2012, en los términos siguientes: La
inexistencia de un texto que de manera expresa faculte al Tribunal
Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia en la materia que
nos ocupa; así como la ejecutoriedad de pleno derecho de la sentencia que
resuelven acciones de amparo e igualmente la posibilidad de que el juez
pueda ordenar la ejecución sobre minuta constituyen elementos que permiten
a este Tribunal establecer que en esta materia, como regla general, dicha
demanda es procedente sólo en casos muy excepcionales.” ( S/TC/231/13
del 29/11/2013. Web T.C.2013)
Siguió exponiendo que en virtud de los principios de efectividad y
supletoriedad, en el caso particular presentado podría admitirse la
suspensión, Dijo textualmente:
d. En este sentido, en su Sentencia No. TC/0166/13, del 17 de
septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional ha precisado: El legislador no
previó el otorgamiento de suspensión de ejecutoriedad a la sentencia de
amparo, pero sí lo hizo con respecto a las sentencias definitivas. Por tal
motivo concibió los términos del artículo 54, numeral 8, de la Ley núm. 137-
80
11. Sin embargo, en atención a casos muy excepcionales y a una naturaleza
muy especial, bien podría este tribunal considerar y analizar tal posibilidad
bajo los efectos deparados por la interpretación de los principios rectores de
efectividad y supletoriedad, con el supremo interés de administrar una sana,
plena y oportuna justicia constitucional.(STC/231/13 del 29/11/2013. Web
T.C.2013).
j. Resulta obvio, entonces, que en la especie se trata de una singular
situación que encuadra con los referidos principios rectores de la justicia
constitucional de efectividad y supletoriedad instituidos por la Ley núm. 137-
11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos
Constitucionales. (S/TC/231/13 del 29/11/2013. Web,TC,2013)
Con estos argumentos el tribunal acogió la demanda y ordenó
la suspensión de la ejecución de la sentencia de amparo de que se trata,
hasta que el Tribunal Constitucional conozca del recurso de revisión en su
contra. Intervino el voto disidente de la Mag. Katia Miguelina Jiménez,
aduciendo que la citada demanda en suspensión debió conocerse
conjuntamente con el recurso de revisión constitucional de la sentencia de
amparo atacada y que el TC violentaba sus propios precedentes al acoger
dicha suspensión. Apoyamos la interpretación constitucional dada al asunto
por la mayoría de los magistrados del Tribunal.
Se observa, por otra parte que el Tribunal Constitucional en cierta
medida acogió el voto disidente presentado por los tres magistrados
descritos en la sentencia TC/19/12, anteriormente analizada.
Entendemos que con este precedente el Tribunal Constitucional
interpreta correctamente los principios de efectividad y supletoriedad
señalados para ser realmente efectivo el recurso de revisión de amparo en
su poder admitiendo la tutela judicial diferenciada por las particularidades del
81
caso en cuestión, como exige el significado de dichos principios de justicia
constitucional.
A continuación pasaremos a conocer del fallo más trascendental que a
nuestro juicio ha emitido el Tribunal Constitucional, y que hemos llamado “el
caso paradigmático de la Sentencia 168/13, del 23 de septiembre del 2013:
un Amparo a la Nación Dominicana.
82
Capítulo II.
EL CASO PARADIGMÁTICO DE LA SENTENCIANo. 168/13, DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013:
AMPARO A LA NACIÓN DOMICANA
83
Capítulo II.
EL CASO PARADIGMÁTICO DE LA SENTENCIA No. 168/13,DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013:
AMPARO A LA NACIÓN DOMICANA.
La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Dominicano en fecha
23 de Septiembre del 2013, ha constituido un importante precedente en lo
relativo a la determinación de parte del Estado Dominicano de establecer los
requisitos de su nacionalidad, según lo prescribe la actual Constitución, por
ser esto un asunto relativo a su soberanía; y constituyendo los dominicanos
el pueblo soberano de la nación, este debe ser el dueño de su destino.
El gran impacto que ha causado la sentencia de marras lo tiene, entre
otras cosas, porque su decisión, alcanzando a los extranjeros que están en el
territorio dominicano de manera irregular, se ven afectados porque ella
exhorta su regularización. La comunidad extranjera que más se afecta es la
haitiana por constituir esta la mayor en número.
Existiendo unos problemas ancestrales de invasión silente de parte de
estos nacionales del Estado vecino, que muchos consideran un Estado fallido
y que por la misma razón sus nacionales buscan en masa salir de él llegando
al territorio dominicano, no solo por ser este el más cercano, sino por la gran
irresponsabilidad con que nuestras autoridades han tratado el asunto.
Es entonces que interviene esta magnífica y oportuna sentencia que
además de amparar a la recurrente en alguna de sus pretensiones, como
más adelante se verá, interpreta constitucionalmente aspectos relativos a los
derechos de nacionalidad, ciudadanía, y otros; y de la soberanía del Estado
Dominicano para regularizar e implementar los requisitos para conceder su
nacionalidad. Además, que existiendo un gran desorden en el Registro Civil
dominicano, se impone exhortar a las autoridades a fin de que esto se
regularice.
84
2.A) Resumen del caso.Para exponer el resumen del caso nos remitimos a lo que el Tribunal
Constitucional señala en su sentencia como síntesis del conflicto por tener
gran precisión y comprensión en ello:
8. Síntesis del conflicto“8.1. El presente caso se contrae a que la señora Juliana Dequis (o
Deguis) Pierre depositó el original de su acta de nacimiento en el Centro de
Cedulación del Municipio de Yamasá, provincia de Monte Plata, y requirió la
expedición de su cédula de identidad y electoral. La Junta Central Electoral
rechazó esa petición bajo el fundamento de que la solicitante fue inscrita de
manera irregular en la Oficialía del Estado Civil de Yamasá, siendo hija de
nacionales haitianos.
8.2. Al estimar la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre que esa
negativa violaba sus derechos fundamentales, accionó en amparo contra la
Junta Central Electoral ante la Cámara Civil y Comercial del Jugado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, reclamando la
expedición de dicho documento. Esta jurisdicción desestimó su pretensión,
alegando que solo había depositado fotocopia de su acta de nacimiento en
respaldo de su pedimento, mediante la Sentencia núm. 473-2012, la cual ha
sido recurrida en revisión ante el Tribunal Constitucional”. (S/TC/0168/13, del
23/9/ 2013.Web TC/2013)
En la sentencia recurrida el tribunal a-quo alegó que la amparista
DEQUIS(o Deguis) no probó sus alegatos y que por lo tanto los mismos
debían ser desestimados, por aplicación del principio “actor incumbit
probatio”, admitido por jurisprudencia constante de la Suprema Corte de
Justicia Dominicana. La parte recurrida la Junta Central Electoral no
compareció para ejercer su derecho de defensa.
85
2.B) 1- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA SOBRE SU COMPETENCIA YSOBRE SU ADMISIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO ENREVISIÓN DE AMPARO SOLICITADO.
1- El Tribunal Constitucional entendió que era competente por
aplicación no solo del artículo 185.4 de la constitución, sino también por
aplicación de su ley orgánica (LOTCPC), transcribimos esto:
9. Competencia
9.1. El Tribunal Constitucional es competente para conocer del
presente recurso de revisión de sentencia de amparo, en virtud de lo que
disponen los artículos 185.4 de la Constitución dominicana, y 9 y 94 de la
referida Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales.” (S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC
2013)
2- Igualmente. El Tribunal Constitucional indicó que procedía admitir el
conocimiento del recurso de amparo por contener una especial trascendencia
o relevancia constitucional por tratarse de alegatos de violaciones
importantes a derechos fundamentales, así expresó textualmente que:
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión10.1. El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso
de revisión de sentencia de amparo resulta admisible, en atención a las
siguientes razones jurídicas:
10.1.1. El artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece que: La
admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia
constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la
86
Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta
protección de los derechos fundamentales.
10.1.3. Este tribunal estima que la especie que nos ocupa reviste
especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que decide su
admisión, al plantear un conflicto sobre el derecho fundamental a la
nacionalidad y la ciudadanía, el derecho a tener empleo, el derecho al libre
tránsito y el derecho al sufragio, respecto a lo cual el Tribunal debe emitir
criterios que permitan su esclarecimiento, en vista de la trascendencia social
y política del tema.(S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC/2013)
3- En el mismo orden, sobre la admisión del conocimiento del fondo
del recurso de revisión constitucional de amparo, el Tribunal Constitucional,
decidió que por aplicación no solo del principio de economía procesal, sino
también de otros principios rectores de la justicia constitucional como el de
efectividad, celeridad y oficiosidad debía avocarse al conocimiento del fondo
del recurso. Además por ser cónsone con el cambio de precedente ya hecho
y constatado en la sentencia TC/071/13, anterior mente analizada en este
trabajo; de que cuando este digno tribunal revoque una sentencia de revisión
constitucional de amparo procederá el conocimiento del fondo del asunto. Al
respecto la sentencia TC/168/13 dispone que:
11. El fondo del recurso de revisión de sentencia de amparo
11.1. El Tribunal Constitucional abordará el estudio del fondo del
recurso, tomando en consideración, de manera sucesiva, los cuatro aspectos
fundamentales que suscita el expediente, a saber: el apoderamiento del
tribunal de amparo por la accionante y la sentencia de amparo rendida
(11.1.1.); la determinación de la competencia para la reglamentación del
régimen de la nacionalidad (11.1.2.); el incumplimiento de los requisitos
legales para obtener la cédula de identidad y electoral por la recurrente
87
(11.1.3.); y las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y
las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil (11.1.4.).”
(S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC/2013)
En el mismo aspecto, sigue analizando el TC:
11.1.1.2. En relación con los dos aspectos indicados en el epígrafe
precedente, el Tribunal Constitucional entiende que, en vista de los
elementos que configuran el caso, la competencia legal para conocerlo
correspondía al Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que procedería la
revocación de la sentencia de amparo y la declinatoria del caso por ante este
último (§1); pero en vez de decantarse por esa solución este Tribunal decide,
con la finalidad de garantizar el principio de la economía procesal, conocer el
fondo de la acción de amparo.
1. La competencia legal para conocer de la acción de amparocorrespondía al Tribunal Contencioso Administrativo.
1.1. En relación con la competencia para conocer de la acción de
amparo de la hoy recurrente, el Tribunal Constitucional estima lo siguiente:
1.1.1. En la especie, la recurrente imputa la alegada violación o
arbitrariedad a una omisión de la Junta Central Electoral, institución que
pertenece a la Administración Pública. Respecto a tales casos, el artículo 75
de la Ley núm. 137-11 establece que: “La acción de amparo contra los actos
u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible,
será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa”.
1.1.2. Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, la acción de
amparo que nos ocupa debió conocerla el Tribunal Contencioso
Administrativo. En este sentido, procede anular la sentencia recurrida y
88
devolver el expediente a la secretaría del indicado tribunal. Sin embargo, en
la especie el Tribunal Constitucional no enviará el expediente ante la
jurisdicción indicada y decidirá la acción de amparo con la finalidad de
garantizar el principio de economía procesal.
2. El Tribunal Constitucional decide conocer el fondo de la acción deamparo
2.1. El Tribunal Constitucional opta por conocer el fondo de la acción
de amparo incoada por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, por
discrepar del fundamento de la referida sentencia núm. 473/2012 dictada por
la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Monte Plata, basándose en los siguientes argumentos:
2.1.1. La Ley núm. 137-11 establece en sus artículos 7.2, 7.4 y 7.11,
de manera expresa, los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad,
entre otras normas rectoras del sistema de justicia constitucional, las que se
encuentran concebidas ……”
§2.1.2. En virtud de dichos principios, la acción de amparo procura
cumplir con su finalidad esencial, ofreciendo un “procedimiento preferente,
sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades”, según dispone el
artículo 72 de la Constitución; puesto que dicha acción consiste en un
mecanismo de protección contra todo acto u omisión que, de forma actual o
inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere
o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
2.1.3. En la especie, se verifican con particular evidencia los requisitos
de preferencia, sumariedad y celeridad que caracterizan a la acción de
amparo, ante una aparente restricción a los derechos fundamentales de la
recurrente, que alega se encontrase desprovista de toda documentación de
89
identificación personal que la acredite como nacional o extranjera residente
en el país…..”
2.1.6. En consecuencia, el tribunal apoderado de la acción de amparo
debió haber solicitado de oficio a la accionada, Junta Central Electoral, la
expedición, para fines judiciales, de un original del acta de nacimiento de la
accionante, Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, con el propósito de conocer el
fondo del presente caso.”( S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC/ 2013)
Igualmente, el TC recordando un importante precedente suyo señala:
2.1.7. En relación con la capacidad decisoria del Tribunal
Constitucional en el ámbito de las actuaciones que forman parte de su
competencia jurisdiccional, en cuanto la protección de los derechos
fundamentales, este último fijó su criterio respecto al significado y alcance del
recurso de revisión de sentencias de amparo mediante Sentencia
TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013). En esa decisión,
este Tribunal expresó que puede conocer el fondo de las acciones de
amparo, en aplicación del principio de la autonomía procesal y la necesaria
sinergia operativa que debe producirse entre la acción de amparo
configurada en el artículo 72 de la Constitución, los principios rectores de la
justicia constitucional previstos en el artículo 7 de Ley No. 137-11, y las
normativas atinentes a la acción de amparo y al recurso de revisión de
amparo prescritas, de manera respectiva, en los artículos 65 a 75 y 76 a 114
de dicha ley.
2.1.8. Por tanto, en virtud de la argumentación expuesta, el Tribunal
Constitucional, en vista de que difiere del fundamento de la aludida sentencia
de amparo núm. 473-2012, objeto del presente recurso de revisión, decide
proceder al conocimiento del fondo de la acción de amparo mediante la cual
la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre requirió a la Junta Central
90
Electoral la expedición de su cédula de identidad y electoral.”(S/TC/0168/13,
del 23/9/ 2013. Web TC/2013 )
2.B) 2- LA TESIS DEL MARGEN DE APRECIACIÓNDESARROLLADA POR LA CORTE EUROPEA DE LOSDERECHOS HUMANOS Y SU APLICACIÓN EN LA SOLUCIÓNDADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL CASOPLANTEADO.
1- Un punto importante a destacar es el hecho de que el tema de la
determinación de la nacionalidad concierne definirlo a cada Estado, tanto en
lo relativo a la determinación de los requisitos para adquirir la misma como
en lo atinente a la interpretación de dichos requisitos. Esto es así porque el
tema de la nacionalidad está vinculado a la idiosincrasia, valores y a la
realidad social económica y cultural de cada sociedad. Se trata de una tesis
que ha venido desarrollando el Tribunal Europeo de los Derechos humanos,
la cual ha definido como el “margen de apreciación”, a partir de la cual este
tribunal admite que hay temas en los cuales a cada país integrante de la
Unión Europea debe dejársele un margen considerable en lo que respecta a
la regulación y a la interpretación de la misma.
2-El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos reconoce, a partir de la
tesis del “margen de apreciación”, a cada uno de los países de la Unión
Europea determina la libertad para abordar temas particulares. Es razonable
reconocer a los países signatarios de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José, suscrita en
esa misma ciudad de Costa Rica, el 22 de Noviembre del 1969; una libertad
similar a la que tienen los países de la unión Europea, en temas tan
sensibles y tan propios de cada país como el relativo a la nacionalidad.
En ese sentido, en la Sentencia TC/0168/13, objeto de este análisis, el
Tribunal Constitucional dominicano consideró viable la aplicación del
91
“margen de apreciación”, transcribimos a continuación la argumentación
que al respecto consta en esa decisión:
2.4. En torno a las exigencia hechas por la Corte en relación con la
interpretación de la noción extranjeros en tránsito, este tribunal
constitucional considera importante destacar que cada Estado tiene la
potestad para determinar cuáles personas reúnen las condiciones para
adquirir la nacionalidad, tal y como lo ha reconocido la propia Corte, cuando
establece que: La determinación de quienes son nacionales sigue siendo
competencia interna de los Estados. Sin embargo, su discrecionalidad en esa
materia sufre un constante proceso de restricción conforme a la evolución del
derecho internacional, con vistas a una mayor protección de la persona frente
a la arbitrariedad de los Estados. Así que en la actual etapa de desarrollo del
derecho internacional de los derechos humanos, dicha facultad de los
Estados está limitada, por un lado, por su deber de brindar a los individuos
una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación y, por otro
lado, por su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia.
2.5. Corresponde, pues, a cada Estado establecer, definir e interpretar
los requisitos para la adquisición de la nacionalidad. De ello resulta que, en
materia de nacionalidad, los Estados deben contar con un nivel de
discrecionalidad importante, pero que tiene sus límites y, sobre todo, debe
utilizarse con racionalidad para evitar que los intereses de un Estado den al
traste con los comunitarios.
2.6. La cuestión del reconocimiento de la discrecionalidad de que
disponen los Estados en determinados temas, y en particular el que nos
ocupa, amerita una atención especial por parte de la Corte, ya que, en gran
medida, se trata de un elemento que puede incidir en la efectividad del
sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales que se
organiza en la Convención; en el entendido de que, si bien es cierto que los
92
pueblos de los Estados signatarios de la Convención viven las mismas
realidades, en sentido general, no menos cierto es que existen
particularidades que en lugar de ser ignoradas, más bien deben ser tomadas
en cuenta a propósito de cada caso investigado por la Comisión y conocido y
decidido por la Corte.
2.7. A propósito de este tema, la Corte Europea de los Derechos
Humanos ha venido desarrollando una importante jurisprudencia a la que nos
referiremos en los párrafos siguientes por considerarla de gran utilidad en
nuestro contexto. Ciertamente, en el sistema europeo de protección de los
derechos humanos, se ha expuesto el criterio de interpretación conocido
como “el margen de apreciación”. Se trata de un criterio jurisprudencial que la
Corte Europea de los Derechos Humanos utilizó por primera vez en el caso
Handyside contra el Reino Unido, que fue decidido el 7 de diciembre de
1976105. En el referido caso se dirimió una demanda incoada contra el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el ciudadano británico
Richard Handyside, que alegaba haber sufrido conculcación a su derecho a
la libertad de expresión y difusión del pensamiento al impedirle la divulgación
de un libro de su autoría por considerarlo contrario a la moral.
2.8. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos invoca la tesis del
“margen de apreciación” para responder el alegato del demandante de que la
prohibición de circulación del libro ordenada por los tribunales de Gran
Bretaña carecía de fundamento, puesto que dicha obra circuló libremente en
Irlanda del Norte, en la isla Man, así como en las islas anglonormandas. La
respuesta del tribunal fue la siguiente: El Tribunal recuerda que las leyes de
1959 y 1964, en los términos de su artículo 5.3, no se aplican ni en Escocia
ni en Irlanda del Norte (apartado 25 in fine). Especialmente no se debe
olvidar que el Convenio, y en particular su artículo 60, jamás obliga a los
órganos de los Estados contratantes a limitar los derechos y libertades
garantizados por él. Especialmente, el artículo 10.2 no les obliga en ningún
93
caso a imponer restricciones o sanciones en materia de libertad de
expresión; tampoco les impide no hacerlos valer (…). A la vista de la
situación local, las autoridades competentes de Irlanda del Norte, de la isla
de Man y de las islas anglonormandas han podido tener motivaciones
razonables para no actuar contra el libro y su editor, y el fiscal (Procurador
Fiscal) de Escocia para no citar al señor Handyside en persona a Edimburgo
después de rechazar la demanda formulada, conforme al Derecho escocés,
(…). Su abstención, sobre cuyas razones no entra el Tribunal y que no ha
impedido las medidas tomadas en Inglaterra para proceder a una revisión del
schoolbook, no prueba que la sentencia de 29 de octubre de 1971, habida
cuenta del margen de apreciación que corresponde a las autoridades
nacionales, no haya respondido a una necesidad real.
2.9. La lógica que se desprende de la tesis desarrollada en la
sentencia objeto de análisis es que un país de la comunidad puede tener
razones particulares para establecer restricciones a determinados derechos y
no necesariamente incurre en violaciones a las normas comunitarias, aunque
los demás países no contemplen dichas restricciones. De lo que se trata es
de reconocer la existencia de situaciones y realidades particulares y
especiales que requieren de una atemperación de la interpretación y
aplicación de la norma comunitaria.
2.10. La tesis del “margen de apreciación” fue también invocada con
ocasión de otros temas, como el relativo a la derogación parcial o la
suspensión de determinados derechos en situación de guerra o de otros
peligros que amenacen la vida de la nación, así como respecto a la
prohibición que pesa sobre los homosexuales para adoptar a menores.
2.11. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos llegó a la
conclusión de que en los indicados casos se discutían materias sensibles y
delicadas, y que convenía concederles un alto margen de apreciación a las
94
autoridades nacionales, en la medida en que estas últimas se encontraban
en mejores condiciones para decidirlas de la manera más adecuada, por
encontrarse en contacto con las fuerzas vitales del país109. De lo expuesto
anteriormente se advierte que la tesis del “margen de apreciación” se aplica
en el ámbito de casos particulares. En este orden se afirma “(…) que el
Tribunal nunca ha aplicado el principio en el marco del artículo 20 de la
Convención (derecho a la vida) ni en el del artículo 3° (prohibición de la
tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes ni el párrafo 1 del artículo 4
(prohibición de los trabajos forzados).
2.12. El Tribunal Constitucional considera que en el caso que nos
ocupa es viable aplicar la tesis del “margen de apreciación”, en lo que
respecta a la determinación del significado y alcance de la noción de
extranjeros en tránsito, ya que la cuestión de la nacionalidad resulta un
tema particularmente sensible para todos los sectores de la sociedad
dominicana.
2.13. Considerar en tránsito a aquellos extranjeros que carecen de
autorización para fijar residencia en el país no resulta una tesis nueva ni
exclusiva de la República Dominicana, en la medida en que, como se expuso
en otra parte de esta sentencia, el Consejo de Estado colombiano y la Corte
Constitucional de ese país la han aplicado en casos similares al que nos
ocupa. Es importante resaltar que asimilar a los extranjeros que carecen de
autorización de residencia a los extranjeros en tránsito, no implica, en
modo alguno, transmitir o transferir una situación migratoria de los padres a
sus hijos, ya que estos últimos no son considerados en situación de
ilegalidad, sino solo carentes del derecho a la nacionalidad dominicana; y
también conviene destacar que la circunstancia de que la demandante
señora Juliana Dequis (o Deguis) no tenga el derecho a la nacionalidad
dominicana por jus soli no la coloca en situación de apátrida, ya que tal como
95
se expone a continuación, ella tiene derecho a la nacionalidad haitiana.(
S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC/2013)
Hasta aquí la trascripción de esta parte de la sentencia del
TC/0168/13, (bajada de su página Web), sobre este punto. Para una mayor
comprensión y conocimiento exacto de las referencias bibliográficas
señaladas ver pág.71 a la 75 de la misma.
2.C) LA RECURRENTE NO CORRE EL RIESGO DE CONVERTIRSE ENAPÁTRIDA. DEFINICIÓN DE NACIONALIDAD EN LA CONSTITUCIÓNHAITIANA.
En el artículo 1 de la Convención Sobre el Estatuto de los Apátridas,
suscrito por República Dominicana en el año de 1961(no ratificada), se
establece que los Estados contratantes deben conceder su nacionalidad a
todas las personas nacidas en su territorio que de otro modo serían
apátridas. En este mismo sentido, en el artículo 20.2 de la convención
Americana sobre los Derechos Humanos se establece que: “Toda persona
tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, sino tiene
derecho a otra”.
En el caso de la amparista de la sentencia que analizamos, señora
Juliana Dequis (o deguis) Pierre, no existe riesgo de caer en la situación de
apatridia, en razón de que siendo hija de nacionales haitianos tiene derecho
a la nacionalidad haitiana, según la constitución vigente en Haití, como más
adelante se verá.
El Tribunal Constitucional al explicar su tesis de inexistencia de
apatridia para Julia la desarrollada en su sentencia de la siguiente manera:
96
3. LA RECURRENTE NO CORRE EL RIESGO DE DEVENIRAPÁTRIDA
3.1. En relación con este aspecto, el Tribunal Constitucional tiene a bien
formular las siguientes observaciones:
3.1.1. A la luz de lo expuesto en relación con la condición de extranjeros entránsito en Derecho dominicano, las personas nacidas en la República
Dominicana, cuyos padres tengan ese estatus solo adquirirán la nacionalidad
dominicana cuando no tengan derecho a otra nacionalidad, es decir, cuando
devengan apátridas. Esta regla se funda en las normativas previstas en el
artículo 1 de la Convención para reducir los casos de apatridia; en el artículo
7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República
Dominicana en fecha once (11) de junio de mil novecientos noventa y uno
(1991), y en el artículo 24 del Pacto internacional sobre derechos civiles y
políticos, que prescriben respectivamente lo siguiente:
Artículo 1 de la Convención para reducir los casos de apatridia: Todo Estado
contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio
que de otro modo sería apátrida. (…)
Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño: El niño será
inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derechodesde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los
Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad
con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud
de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo
cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
Artículo 24. 1 del Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos:
Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza,
97
color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o
nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere,
tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño
será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener
un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.
3.1.2. Sin embargo, ninguno de los citados mandatos internacionales
aplica al caso que nos atañe, ni a ningún otro caso de similar o de igual
naturaleza. En efecto, la negativa por parte del Estado dominicano de otorgar
su nacionalidad a los hijos de extranjeros en tránsito bajo ninguna
circunstancia genera una situación de apatridia. En el caso particular de los
hijos de padres haitianos en tránsito, cabe resaltar que el artículo 11.2 de
la Constitución haitiana de 1983, aplicable en la especie, estipula
expresamente que obtendrán nacionalidad haitiana originaria todos aquellos
individuos nacidos en el extranjero de padre y madre haitianos:” “Son
haitianos de origen (…) 2.- Todo individuo nacido en el extranjero de padre o
madre haitianos.
3.1.3. Obsérvese, por tanto, que dicho texto constitucional prevé el
principio de sujeción perpetua a la nacionalidad haitiana respecto a los hijos
de nacionales haitianos, en razón de lo cual se imposibilita la pérdida de
dicha nacionalidad una vez adquirida por nacimiento o posteriormente117,
salvo por el proceso de naturalización en un país extranjero.
La nacionalidad haitiana originaria por ius sanguinis ha sido
tradicionalmente reconocida en la mayor parte de las Constituciones de la
República de Haití, desde hace casi un siglo118, comenzando por la
Constitución de 1843119, y luego las demás Constituciones de 1846120,
1849121, 1867122, 1874123, 1879124, 1888125, 1889126, 1946127,
1957128, 1964129, 1971130, 1983131, 1987132y 2011133.
98
3.1.4. En consecuencia, el hecho de que la recurrente señora Juliana
Dequis (o Deguis) Pierre tenga pleno derecho a la nacionalidad haitiana, por
ser hija de padres haitianos, no contraviene en modo alguno el alcance del
artículo 20.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Especialmente, cuando esta establece que: “Toda persona tiene derecho a la
nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”.
Todo ello resulta cónsono, con la posición de la Corte Permanente de
Justicia Internacional en su Opinión consultiva sobre la adquisición de la
nacionalidad polaca, cuando sostuvo que:
Aunque, en términos generales, es cierto que un Estado soberano
tiene el derecho de decidir cuales personas serán consideradas como sus
nacionales, no es menos cierto que este principio es aplicable sólo sujeto a
las obligaciones de los tratados -suscritos por dicho Estado.
3.1.5. Similar es la lógica implementada por las autoridades
migratorias españolas, cuando se encuentran imposibilitadas de atribuir la
nacionalidad española a los hijos nacidos en España de progenitores
dominicanos, sin provocar apatridia originaria, al afirmar que:
En cuanto al fondo del asunto, no hay duda de que no les corresponde
a los nacidos la nacionalidad española, porque, de acuerdo con el
conocimiento adquirido por este Centro Directivo de la legislación
constitucional dominicana, el nacido en el extranjero de padres dominicanos
es dominicano iure sanguinis salvo que haya adquirido iure soli una
nacionalidad distinta (cfr. Art.11 n°3 de la Constitución de la República
Dominicana). Por lo tanto, dado el carácter subsidiario de la atribución
iure soli de la nacionalidad española y la preferencia para el legisladorespañol del ius sanguinis sobre el iure soli, hay que concluir que los
nacidos son dominicanos y que no entra en juego el citado precepto del
Código Civil, pues no se produce una situación de apatridia originaria
99
que justificaría la atribución de la nacionalidad española.( S/TC/0168/13,
del 23/9/ 2013. Web TC/2013)
2. D) LA SENTENCIA TC/168/13 RESPETA EL PRINCIPIO DE LAIRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. CONCEPTO DE NACIONALIDAD EN LACONSTITUCIÓN DOMINICANA.
1.- Según hemos expuesto anteriormente, la recurrente, señora juliana
Dequis (o Deguis) solicitó por la vía del amparo la expedición de su acta de
nacimiento y su cedula de identidad y electoral, decidiéndose al respecto la
entrega del acta de nacimiento y rechazándose la entrega del segundo
documento.
1- la señora Deguis o Dequís nació el 1ro. De abril de 1984, por esta
razón el Tribunal Constitucional, respetando estrictamente el principio
de irretroactividad de las leyes, entendió que los derechos de la
reclamante debían examinarse a la luz de la Constitución dominicana
vigente para la fecha de ese acontecimiento, es decir, la Constitución
de 1966.(Conteniéndose esto en el párrafo 1.1.1 de la Sentencia y que
se copiara más adelante). Determinó el Tribunal Constitucional que
siendo sus padres extranjeros en tránsito, a ella no le correspondía la
nacionalidad dominicana por recaer en esa excepción del ius solis.
2- El padre de la señora juliana, señor Blanco Deguis (o dequis), se
identificó al Oficial del Estado Civil, en ocasión de la declaración de
nacimiento mediante la ficha No.24253; mientras que su madre la Sra.
Marie Pierre, se identificó mediante la ficha o documento No.14828.
Conforme a la documentación anterior los padres de la recurrente en
amparo no eran residentes legales en el país.
3- El Tribunal Constitucional considera en la sentencia que ocupa
nuestra exposición que un extranjero carente de residencia legal en el
país debe ser considerado un extranjero en tránsito y, en
100
consecuencia, al tenedor del mencionado artículo 11.1 de la
constitución de 1966, la señora Juliana no tiene derecho a la
nacionalidad dominicana.
4- Como se observa, el Tribunal Constitucional fundamenta su decisión
en el artículo 11.1 de la Constitución de 1966, vigente al momento del
nacimiento de la señora Dequis o Deguis, de manera que no existe
violación ni desconocimiento del principio constitucional de
irretroactividad de las leyes, prescrito en el artículo 110 de nuestra
vigente constitución del año 2010.-
5- Que la recurrida en amparo la JUNTA CENTRAL ELECTORAL
presentó variados argumentos a fin de que se rechazara el amparo
solicitado y habiendo sido acogidos en su mayoría y ser parte de los
fundamentos de la decisión del tribunal Constitucional, merece
destacarse la afirmación de que “resulta inadmisible fundar el
nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho”.
6- Igualmente se fundamentó en este aspecto el Tribunal Constitucional
en el precedente sentado por la suprema corte de justicia en su
sentencia de 14 de diciembre del año 2005, donde ésta interpretando
la ley de migración analizó lo inadmisible de otorgar la nacionalidad
dominicana a los hijos de los extranjeros ilegales en Rep. Dom. Aquí
también se juzgó que dichos nacionales haitianos no devenían en
apátridas por aplicación de la constitución haitiana en su artículo 11.
Estos razonamientos de interpretación constitucional aparecen en la
sentencia que ocupa nuestro interés de la manera siguiente:
1.1.1. Como hemos visto, la Constitución de mil novecientos sesenta y
seis (1966) estaba en vigor al día de nacimiento de la recurrente, o sea, el
uno (1) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984). Según el artículo.
101
11.1 de dicha Carta Magna, la nacionalidad dominicana podía ser adquirida
por “(…) 1. Todas las personas que nacieren en el territorio de la República,
con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país
en representación diplomática o los que estén de tránsito en él.
1.1.2. Este tribunal estima que el caso de la recurrente corresponde
con precisión al supuesto establecido por la indicada excepción
constitucional, ya que no solo nació en el territorio nacional, sino que,
además, es hija de ciudadanos extranjeros (haitianos) que, al momento del
nacimiento, estaban de tránsito en el país. Obsérvese, en efecto, que, tal
como se demostró previamente, su padre, el señor Blanco Dequis (o Deguis),
declarante del nacimiento, se identificó ante el Oficial del Estado Civil de
Yamasá mediante la “ficha” o “documento” núm. 24253; y la madre de la
recurrente, señora Marie Pierre, era titular de la “ficha” o “documento” núm.
14828”. (S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC 2013)
“1.1.14.3. En otros supuestos distintos a los anteriores, los extranjeros
que permanecen en el país careciendo de permiso de residencia legal o que
hayan penetrado ilegalmente en el mismo, se encuentran en situación
migratoria irregular y, por tanto, violan las leyes nacionales y los tratados
internacionales suscritos por el Estado dominicano y ratificados por el
Congreso Nacional en esa materia. En ese sentido, estas personas no
podrían invocar que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la
nacionalidad dominicana al amparo del precitado artículo 11.1 de la
Constitución de 1966, en vista de que resulta jurídicamente inadmisible
fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de
hecho”.(S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC/2013 )
8.-En este aspecto el Constitucional hace referencia a la sentencia de
fecha 14 de diciembre del año 2005, dictada por la Suprema Corte de
Justicia que mencionamos anteriormente. Al continuar analizando este
102
aspecto, la sentencia le señala que los extranjeros también están sometidos
al cumplimiento de la Constitución y leyes nacionales. Declaró:
1.1.14.4. Incumbe al Estado dominicano la obligación ineludible de
garantizar el otorgamiento de la nacionalidad a las personas que nazcan en
el territorio nacional, pero a condición de que satisfagan los presupuestos
previstos en la Constitución y en las leyes nacionales, a los cuales se
encuentran sujetos los nacionales y los extranjeros, no solo para el ejercicio
de los derechos que dichas normativas garantizan, sino también para los
deberes que ellas consagran. …..”
1.1.14.6. En la especie, la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre no
ha probado en modo alguno que por lo menos uno de sus padres tuviera
residencia legal en la República Dominicana al momento del nacimiento de
su hija (hoy recurrente en revisión constitucional) ni con posterioridad al
mismo. Por el contrario, del acta de declaración de nacimiento de esta
última89 se evidencia que su padre señor Blanco Dequis (o Deguis),
declarante del nacimiento, era un jornalero temporero de nacionalidad
haitiana, o sea, un ciudadano extranjero en tránsito, al igual que su señora
madre Marie Pierre90. Por tanto, a juicio de este Tribunal Constitucional, la
recurrente no ha cumplido con el presupuesto establecido en el precitado
artículo 11.1 de la Constitución de 1966, como se ha previamente
demostrado.”(S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC 2013)
9- Para seguir explicado esta decisión que lleva sus efectos hasta el
año de 1929 y que al mismo tiempo expresa no ser retroactiva, por un lado el
Tribunal Constitucional recurre al derecho comparado de Latinoamérica,
particularmente a la constitución colombiana mostrando un precedente
ilustrativo de su Corte Constitucional; recordando igualmente que nuestra
legislación constitucional desde el 20 de junio de 1929 hasta la de 2010,
103
mantiene los mismos requisitos para acceder a la nacionalidad dominicana.
En ese sentido textualmente señala:
§3.1.2. Obsérvese, por tanto, que la Constitución colombiana (al igual
que la Constitución dominicana de 1966), vincula el otorgamiento de la
nacionalidad a la circunstancia de nacer en Colombia, siendo hijo de padre o
madre colombiano; y, para los hijos de ciudadanos extranjeros, que uno de
sus padres “estuviere domiciliado en la República en el momento del
nacimiento”.
§3.1.3.1. De la opinión del Consejo de Estado de Colombia se derivan,
por tanto, cuatro importantes consecuencias:
a. Que, de acuerdo con la Constitución y la ley colombianas, los hijos de
extranjeros solo tienen derecho a la nacionalidad por ius soli cuando por lo
menos uno de sus padres tiene visa de residente en Colombia.
b. Que la visa de residente es el único mecanismo legal que puede atribuirle
domicilio a un extranjero en dicho país.
c. Que los extranjeros que no son titulares de una visa de residente se
reputan transeúntes, lo cual resulta equivalente al concepto constitucional
dominicano de extranjero en tránsito.
d. Que un extranjero transeúnte no puede legalmente invocar esa
circunstancia migratoria temporal para reclamar la nacionalidad colombiana a
sus hijos nacidos en Colombia, puesto que esa situación de hecho irregular
(carencia de visa de residencia) no puede originar derechos150.
§3.1.3.2. Los principios contenidos en la opinión consultiva del Consejo de
Estado de Colombia fueron ratificados por la Corte Constitucional de dicho
104
país mediante Sentencia T-1060/10, rendida el dieciséis (16) de diciembre de
dos mil diez (2010)151;…”(S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC /2013)
10-Por otra parte, el Tribunal Constitucional fundamenta también su
sentencia en la necesidad de solucionar las graves irregularidades a que ha
sido sometido por largos años el registro civil de la República Dominicana.
Al respecto, señaló que:
§1.1.3. En el caso concreto que nos ocupa, la denegación de otorgar
la nacionalidad dominicana a hijos de padres extranjeros en tránsito o a sus
propios padres no constituye una privación arbitraria del derecho a la
nacionalidad, sino, por el contrario, un legítimo acto de soberanía fundado en
la normativa constitucional atinente a la materia. Resulta preocupante, sin
embargo, por ser potencialmente atentatorio a los derechos fundamentales
de los extranjeros, aunque estén ilegalmente radicados en el país, la
tardanza de largos años en solucionar legalmente las irregularidades de las
que pueden adolecer sus documentos de identidad. Cabe señalar, no
obstante, que esa tardanza afecta por igual a muchos procesos legales de
dominicanos, en las mismas circunstancias, por lo que no se trata de una
política de discriminación, sino, simplemente, de deficiencias del sistema.
§1.1.7. Posteriormente, también ha sido referido que, en atención a las
dificultades causadas por la aplicación de la indicada Resolución núm. 12-
2007, la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central
Electoral dictó la referida Circular núm. 32-2011, mediante la cual se instruyó
a los oficiales del estado civil que expidieran libremente las actas de
nacimiento sometidas a investigación de los hijos de ciudadanos extranjeros
hasta que los tribunales competentes dictaminaran sobre su validez o su
nulidad . Se logró así enmarcar las actuaciones de las oficialías del estado
civil dentro del régimen legal más conveniente y respetuoso de los derechos
fundamentales de la población; pero no por ello se ha resuelto la compleja
105
problemática que pende como una grave amenaza sobre el futuro del país.
Pero, si bien estas y otras reglamentaciones emitidas por la Junta Central
Electoral han desempeñado un rol positivo en el saneamiento del Registro
Civil Dominicano, no por ello han dejado de ser tardías, puesto que fueron
emitidas con muchas décadas de dilación, lo cual ha propiciado la
vulnerabilidad del sistema para la comisión de irregularidades. En efecto, las
imprevisiones de la política legal migratoria del Estado dominicano se
remontan a la época inmediatamente posterior a la proclamación de la
Constitución del veinte (20) de junio de mil novecientos veintinueve (1929),
ya que si bien se introdujo entonces un mecanismo de excepción para
controlar el otorgamiento indiscriminado de la nacionalidad dominicana a los
hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito, no se aprobaron,
sin embargo, las leyes y reglamentos necesarios para registrar debidamente
esos nacimientos; ni tampoco se introdujeron posteriormente, de manera
oportuna, efectivos mecanismos de control para prevenir las múltiples y
variadas anomalías que venían afectando el Registro Civil del país, de forma
constante y creciente. (S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC /2013)
11.- Es entonces que el Tribunal constitucional, buscando no sólo
hacer respetar el asunto de soberanía nacional de que el Estado Dominicano
pueda otorgar su nacionalidad según lo prescribe su Constitución vigente;
sino también cumplir con las convenciones internacionales que ha suscrito y
ratificado el mismo; haciendo algunos razonamientos finales que pueden ser
observados en las páginas de la 91 a la 97 de la sentencia que nos ocupa,
procede a dictar su fallo histórico como más adelante se describe. Al efecto
intervinieron los votos disidentes de las magistradas KATIA MIGUELINA
JIMENEZ E ISABEL BONILLA.
106
2.E) DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EXPLICACIÓN DELO ORDENADO EN LA MISMA.
1.-El fallo del Tribunal Constitucional respecto del recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo (RRCSA) incoado por la amparista
SRA. JULIANA DEGUIS (O DEQUIS) PIERRE contra la JUNTA CENTRAL
ELECTORAL fue dictado como sigue:
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el
tribunal Constitucional.
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de
amparo interpuesto por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre contra la
Sentencia núm. 473/2012, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de
Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata,
en atribuciones de amparo, en fecha diez (10) de julio de dos mil doce
(2012).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el indicado recurso de
revisión, y, en consecuencia, REVOCAR la referida Sentencia núm.
473/2012, ya que la recurrente señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, si
bien nació en el territorio nacional, es hija de ciudadanos extranjeros en
tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad
dominicana, de acuerdo con la norma prescrita por el artículo 11.1 de la
Constitución de la República promulgada el veintinueve (29) de noviembre de
mil novecientos sesenta y seis (1966), vigente a la fecha de su nacimiento.
TERCERO: DISPONER que la Junta Central Electoral, en aplicación
de la Circular núm. 32 emitida por la Dirección del Registro del Estado Civil el
diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011), adopte las siguientes
107
medidas: (i) restituya contados a partir de la notificación de esta sentencia, el
original de su certificado de declaración de nacimiento a la señora Juliana
Dequis (o Deguis) Pierre; (ii) proceda a someter dicho documento al tribunal
competente, tan pronto como sea posible, para que este determine su validez
o nulidad; y (iii) proceda de la misma manera respecto a todos los casos
similares al de la especie, con el debido respeto a las particularidades de
cada uno de ellos, ampliando el aludido plazo de diez (10) días cuando las
circunstancias así lo requieran.
CUARTO: DISPONER, asimismo, que la Dirección General de
Migración, dentro del indicado plazo de diez (10) días, otorgue un permiso
especial de estadía temporal en el país a la señora Juliana Dequis (o Deguis)
Pierre, hasta que el Plan nacional de regularización de los extranjeros
ilegales radicados en el país previsto en el artículo 151 de la Ley de
Migración núm. 285-04 determine las condiciones de regularización de este
género de casos.
QUINTO: DISPONER, además, que la Junta Central Electoral ejecute
las medidas que se indican a continuación: (i) Efectuar una auditoria
minuciosa de los libros-registros de nacimientos del Registro Civil de la
República Dominicana desde el veintiuno (21) de junio de mil novecientos
veintinueve (1929) hasta la fecha, dentro del plazo de un año contado a partir
de la notificación de esta sentencia (y renovable hasta un año más al criterio
de la Junta Central Electoral) para identificar e integrar en una lista
documental y/o digital a todos los extranjeros inscritos en los libros-registros
de nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana; (ii) Consignar
en una segunda lista los extranjeros que se encuentran irregularmente
inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la Constitución de la
República para la atribución de la nacionalidad dominicana por ius soli, la
cual se denominará Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el
Registro Civil de la República Dominicana. (iii) Crear libros-registro especial
108
anuales de nacimientos de extranjeros desde el veintiuno (21) de junio de mil
novecientos veintinueve (1929) hasta el dieciocho (18) de abril de dos mil
siete (2007), fecha en que la Junta Central Electoral puso en vigencia el Libro
Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera No Residente en la
República Dominicana mediante Resolución 02-2007; y, luego, transferir
administrativamente los nacimientos que figuran en la Lista de extranjeros
irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana a los
nuevos libros-registros de nacimientos de extranjeros, según el año que
corresponda a cada uno de ellos. (iv) Notificar todos los nacimientos
transferidos de conformidad con el párrafo anterior al Ministerio de
Relaciones Exteriores, para que este, a su vez, realice las notificaciones que
correspondan, tanto a las personas que conciernan dichos nacimientos,
como a los consulados y/o embajadas o legaciones diplomáticas, según el
caso, para los fines legales pertinentes.
SEXTO: DISPONER, asimismo, que la Junta Central Electoral remita
la Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la
República Dominicana al Ministro de Estado de Interior y Policía, que preside
el Consejo Nacional de Migración, para que esta última entidad, de acuerdo
con el mandato que le otorga el artículo 151 de la Ley de Migración núm.
285-04, efectúe lo siguiente: (i) Elabore, de acuerdo con el primer párrafo del
indicado artículo 151, dentro de los noventa (90) días posteriores a la
notificación de la presente sentencia, el Plan nacional de regularización de
extranjeros ilegales radicados en el país; (ii) Rinda al Poder Ejecutivo,
conforme a lo que dispone el segundo párrafo del referido artículo 151, un
informe general sobre el indicado Plan nacional de regularización de
extranjeros ilegales radicados en el país, con sus recomendaciones, dentro
del mismo plazo enunciado en el precedente literal a).
109
SÉPTIMO: EXHORTAR al Poder Ejecutivo a proceder a implementarel Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en elpaís.
OCTAVO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por
Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente señora
Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, a la parte recurrida, Junta Central Electoral,
así como al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Interior y Policía, al Ministerio de
Relaciones Exteriores, al Consejo Nacional de Migración y a la Dirección
General de Migración.
NOVENO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución y los artículos
7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los
Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil
once (2011).
DÉCIMO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín
del Tribunal Constitucional”. (S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. Web TC /2013)
2.- EXPLICACION DE LO ORDENADO EN LA MISMA.
a)- El Tribunal Constitucional acogió en cuanto a la forma el recurso de
revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora
JULIANA DEQUIS (ODEGUIS), porque cumplía con los requisitos de la
Ley137-11, del 13 de Junio de 2011. En cuanto al fondo, por aplicación de
los principios de interpretación constitucional de celeridad, oficiosidad,
efectividad y otros, conoció íntegramente el amparo solicitado, admitiendo el
cambio de precedente ya iniciado en sentencia anterior sobre su deber de
conocer el asunto nuevamente cuando revoque este tipo de sentencia.
b)- Revocó la sentencia objeto del recurso por diferir del fundamento de
la misma (por inadmitir documentos en fotocopias), ordenó medidas de
instrucción como hacerse expedir por la Junta Central Electoral el original del
110
acta de nacimiento de la SRA. JULIANA. Estableciendo en la sentencia que
la accionante no era dominicana, por ser hija de extranjeros que se
encontraban en tránsito, en aplicación del artículo 11.1 de la Constitución del
año de 1966, vigente a la fecha del nacimiento de Juliana, exponiendo que
ella mantenía la nacionalidad haitiana por ius sanguis y explicó que no se
convertía en apátrida justamente porque le correspondía esta nacionalidad.
Por lo que a su entender se respeta el derecho internacional de los derechos
humanos contenidos en los instrumentos ratificados por la República
Dominicana.
c)- Ordenó a la JUNTA CENTRAL ELECTORAL entregar en un plazo de
10 días a la accionante el acta de nacimiento requerida, hasta tanto un
tribunal del orden judicial estableciera mediante sentencia definitiva e
irrevocable que la misma había sido obtenida de manera irregular. Quedo
claro, que mientras eso no sucediera su obligación era expedir el documento
inscrito. Que dicho organismo de dirección del registro civil y electoral debía
apoderar el tribunal correspondiente para conocer de la impugnación de esta
acta de nacimiento y de todas las demás en los casos similares.
d) Ordenó el Tribunal Constitucional a la Dirección General de Migración
el otorgamiento de un permiso especial de estadía, hasta tanto el Plan
nacional de Regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país
previsto en el artículo 151, de la ley de Migración vigente, la No. 285-04,
determine su estatus jurídico. Con dicho permiso se autoriza la permanencia
de la accionante en el país.
e) Ordenó igualmente auditar los libros-registros de nacimientos del
Registro Civil de la República Dominicana que abarque el periodo
comprendido entre el 21 de junio de 1929 hasta la fecha. Esta fecha fue
elegida como punto de partida ya que desde la misma no se consideran
dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito. La finalidad de esta auditoria
111
es determinar el estatus jurídico de los extranjeros que estén inscritos en
dichos documentos oficiales. Esta disposición se tomó porque de todos es
sabido que en República Dominicana viven muchos extranjeros que han sido
inscritos de manera irregular; por lo que podrá ser posible con dicha auditoria
organizar los registros del Estado Civil.
f) La sentencia ordena a demás que la Junta Central Electoral remita al
ministro de Estado de Interior y Policía, en su condición de Presidente del
Consejo Nacional de Migración la lista de extranjeros irregulares inscritos en
el Registro civil de la República Dominicana, con la finalidad de que este
elabore el plan de Regularización de dichos extranjeros y rinda un informe al
Poder Ejecutivo.
g) Igualmente, el Tribunal Constitucional en su papel de garante máximo
de la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional,
en la sentencia que nos ocupa, la TC/0168/13, exhorta al Poder Ejecutivo a
implementar el plan nacional de Regularización de los extranjero ilegales
radicados en el país y a tomar las medidas administrativas que corresponda
en cada caso.
112
Capítulo III.
ENTREVISTAS Y ANALISIS DE LO PLANTEADOEN LAS MISMAS.
113
Capítulo III.
ENTREVISTAS Y ANALISIS DE LO PLANTEADO EN LASMISMAS.
3.1 ENTREVISTAS
DR. JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEÓN RESPONDE:
ENTREVISTAALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL IMPACTO DE LA SENTENCIANO.168/13 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA NACIÓNDOMINICANA.
1.- LOS DERECHOS DE LA NACIONALIDAD, SOBERANÍA YCIUDADANÍA, LOS CONSIDERA UD COMO DERECHOSFUNDAMENTALES, ADEMÁS DE POLÍTICOS?
En la Constitución dominicana, la nacionalidad no está concernida
dentro de los Derechos Fundamentales. Es un vínculo JURÍDICO POLÍTICO
entre un individuo y el Estado del cual resulta súbdito. En relación con los
derechos humanos, la regla es simple y se encuentra prevista en el artículo
20 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Artículo 20.
Derecho a la Nacionalidad.
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio
nació si no tiene derecho a otra.
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiarla. ”
114
2.- SOBRE EL CONCEPTO DE APATRIDIA, ARGUMENTADO POR LOSCONTRARIOS A LA SENTENCIA, CREE UD QUE LO SUFRIRÁN LOSHAITIANOS QUE HABIENDO NACIDO EN R. D. DE PADRES ILEGALES,NO SE LES CONCEDA LA NACIONALIDAD DOMINICANA?DECIMOS ESTO POR LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL QUE TIENENMUCHOS HAITIANOS DE DOTARSE DE SUS DOCUMENTOS.
La apatridia es una situación excepcional en que la persona no resulta
nacional de ningún estado, ya sea porque su estado desapareció o porque
ningún Estado lo reconozca como súbdito.
El estado de apatridia es imposible cuando la filiación está establecida
y el derecho a la nacionalidad de los ascendientes (jus sanguinis) está
reconocido por su derecho nacional. Apatridia, por lo tanto, es imposible en
relación con los hijos de haitianos, ya que su derecho nacional reconoce el
derecho a la nacionalidad haitiana de sus descendientes. El hijo de haitiano
es haitiano donde sea que nazca. Esto se llama principio de sujeción
perpetua. RD también lo reconoce.
Por lo tanto, el hijo de haitiano, nacido en RD tiene de manera
indiscutible, la nacionalidad de sus padres y puede tener derecho a una
segunda nacionalidad (la dominicana por ejemplo), solo si el marco jurídico
del lugar donde nace establece el Jus Soli llano o condicionado. En el caso
dominicano el Jus soli está condicionado a la condición de legalidad
migratoria de los padres.
No se debe confundir INDOCUMENTACIÓN con APATRIDIA. Son
cosas distintas. Un dominicano o un haitiano tiene derecho al establecimiento
de su personalidad jurídica de acuerdo a las leyes sobre identidad y los
procedimientos de cada país.
El hecho de que un haitiano no tenga documentos de su país
(obligación que su Estado incumple) no le da derecho a exigir del Estado
115
dominicano que le provea de documentos como dominicano. Esa pretensión
es irracional.
3.- UNA PERSONA QUE NAZCA Y DURE AÑOS EN EL TERRITORIODOMINICANO, ES DECIR, CREE VÍNCULOS CON EL ESTADO, Y SUSPADRES NO LE SAQUEN SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD,(CARECEN ELLOS MISMOS DE DOCUMENTOS) NI DE SU PAIS DEORIGEN NI DOMINICANO, CALIFICA COMO DOMINICANO, SEGÚN LACONSTITUCIÓN DE 1966 O LA ACTUAL?
La nacionalidad no se adquiere por prescripción adquisitiva. La
ilegalidad migratoria no genera derechos. Pretender lo contrario es ilógico.
En todo caso, lo que sí acontece es una franca violación de los derechos de
estas personas POR PARTE DEL ESTADO HAITIANO y no se entiende por
qué se pretende traspasar esta obligación al Estado dominicano. Pretender
que los hijos de migrantes rompen todo vínculo con sus orígenes no se
corresponde con la realidad. ¿Imaginas que un hijo de migrantes haitianos
que solo hablan creole alegue que su único idioma es el Español? Habría
que preguntarse cómo se comunicaron padres e hijos entre sí?.
4.- NO ENTIENDE UD QUE EXIGIR AL ESTADO DOMINICANO LOSORGANISMOS INTERNACIONALES QUE DOTEN DE NACIONALIDAD ALOS ILEGALES NACIDOS EN SU TERRITORIO, ES UNA VIOLACIÓNFLAGRANTE A SU SOBERANIA? Y QUE EL NO CUMPLIRLO NOVIOLARIA LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS?
De aplicarse el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos
Humanos resulta claro que RD en ningún momento ha violado derecho
alguno a los hijos de haitianos ilegales, a quienes no ha despojado de nada,
ya que, de acuerdo al artículo 20.2 citado:
Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo
territorio nació SI NO TIENE DERECHO A OTRA.
5.- A SU JUICIO, CUALES SENTENCIA DE AMPARO DEL TC, RESULTANPRECEDENTES MAS IMPORTANTES? POR QUÉ? No contestada.
116
6.-SOBRE LA COMPETENCIA DEL TC, NO VIOLA SUS PROPIOSPRECEDENTES, AL RECONOCER QUE CORRESPONDÍA AL TRIBUNALSUPERIOR ADMINISTRATIVO, EN QUE FUNDAMENTO JURIDÍCOVÁLIDO SE FUNDAMENTÓ EN SU SENT.168?
En el caso de especie fallado, el juez a quo erróneamente apoderado
obvió tutelar uno de los derechos fundamentales reclamado: el derecho a la
identidad (que no es lo mismo que el derecho a la nacionalidad), por eso, y
actuando tal y como manda el principio de oficiosidad, el TC se avocó a
conocer el fondo de ambos derechos fundamentales supuestamente
comprometidos, tutelando en relación con el derecho a la identidad de la
impetrante, y estableciendo que la misma no tenía derecho en relación con
su pretensión de nacionalidad dominicana. La sentencia es, por tanto, justa y
adecuada a derecho.
7.- POR QUE NO HAY IRRETROACTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LASENT.168, EN SU EFECTO HASTA 1929, SE APLICA EL ART. 48, DE LALOTCPC?
Las sentencias que establecen un derecho aplicable son
DECLARATIVAS, las sentencias que crean un derecho son
CONSTITUTIVAS. La ley es vigente a partir de su promulgación y para el
porvenir. Una persona que reclama una condición adquirida al momento de
nacer (filiación, nacionalidad, etc.,) y que la reclama judicialmente, con
posterioridad, recibe una sentencia que fija las coordenadas de ley aplicables
en tiempo y espacio: recibe una sentencia que DECLARA el derecho
aplicable al momento de nacer. Si es de filiación, no nace el día de la
sentencia; si es de nacionalidad no se nacionaliza el día de la sentencia.
8.- SOBRE EL NO EFECTO SUSPENSIVO DEL REC. EN REVISIÓN DEAMPARO, PODRIA EL TC TOMAR MEDIDAS PROVISIONALES IN LIMINETLITIS PARA EVITAR DAÑOS MAYORES?
El procedimiento requeriría que el impetrante lo solicite, aunque el juez
de amparo tiene amplias libertades para ordenar medidas urgentes.
117
9.-A-SOBRE LA EJECUCIÓN SENT DE AMPARO, EN LA ACTUAL LEY DEOTCPC NO SE CONTEMPLA PODER DEL JUEZ PARA SOLICITAR LADESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO QUE DESACATE SU DICTAMEN ALIGUAL QUE EN COSTA RICA, PODRÍA EL TC ORDENARLO EN SURECURSO DE ALZADA?
No. La consecuencia legal en nuestro ordenamiento es que el
funcionario se hace reo de prevaricación y abuso de autoridad y puede por
tanto ser perseguido por las jurisdicciones represivas.
B-QUE LE PARECE A UD LA CREACION DE UNA FUERZA
ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL TC PARA LAS EJECUCIONES DE
SUS SETENCIAS, PARECIDA A LA POLICIA JUDICIAL?
No es necesario. Solo hay que aplicar la legislación represiva prevista
más arriba indicada.
10.-QUE LE PARECE EL QUORUM DEL TC (ART.186) PARA SUSDECISIONES, EN EL CASO DE REVISION DE AMPARO RECOMIENDAQUE SEA MENOR? PODRIA EL TC RESOLUTAR SOBRE ESTO, YDISMINUIR EL QUORUM EN MATERIA DE AMPARO (LO RECOMIENDAEL MAG. HERMÓGENES)?
El TC no podría por propia iniciativa pasar por encima de lo
expresamente dispuesto por la ley 137-11. No puede violar su propia
legalidad.
11.- ENTIENDE QUE LA LEY OTCPC TIENE OTRAS IMPRECISIONESQUE PUEDAN SER SUBSANADAS POR EL TC?
La ley es joven y, por tanto, muy vigorosa. La práctica jurisdiccional irá
revelando sus falencias.
12.- A- AFIRMO QUE LA SETC168/13 FUE DICTADA COMO UNAMPARO A LA NACIÓN DOMINICANA, PARA RESGUARDAR SUSDERECHOS DE NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA Y EVITARVUNERACIONES A LA SOBERANÍA NACIONAL, QUE LE PARECE A UD.?
En cierto sentido, eso es lo que es. Aunque la naturaleza de la
sentencia como recurso de revisión en materia de amparo, se pronunció en
118
relación con dos situaciones muy específicas: derecho a la identidad de las
personas afectadas por la resolución de la JCE que suspendió la entrega de
actas sometidas a procesos de verificación y la pretensión a la nacionalidad
dominicana de personas mal declaradas en oficialías del estado civil. La
sentencia es un precedente importante en ambas materias. El tema de
soberanía viene dado porque las reglas sobre nacionalidad, migración y
documentación de identidad son de la esfera estricta del dominio reservado
de los Estados, y el TC reivindica esos campos.
B.- ME PODRÍA DAR OTROS ARGUMENTOS DE ESTE AMPAROESPECIAL NO SOLICITADO, PERO SI ORDENADO EFECTIVAMENTEPOR EL TC?
La sentencia se basta por sí sola.
GRACIAS POR SU COLABORACION, SI GUSTA SÓLO CONTESTE LAS
PREGUNTAS QUE LE INTERESEN.
LICDA. MAYRA M. HENRIQUEZ DIAZABOGADA Y MAESTRANTE APEC
119
RESPONDE: LIC. JUAREZ VICTOR CASTILLO SEMAN
ENTREVISTA:
ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL IMPACTO DE LA SENTENCIANo.168/13 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA NACIÓNDOMINICANA.
1.- LOS DERECHOS DE LA NACIONALIDAD, SOBERANÍA YCIUDADANIA, LOS CONSIDERA UD COMO DERECHOSFUNDAMENTALES, ADEMAS DE POLÍTICOS?
El único derecho de esos que puede considerado fundamental es el
de la nacionalidad, que en el caso de los hijos de padres y madres haitianos
les está considerado desde que nacen, conforme a su propia Constitución.
Si ellos no quieren su nacionalidad y la repudian para tratar de obtener una
que no le corresponde, como la dominicana, no pueden alegar violación
alguna de derechos humanos. La soberanía es el principal derecho
fundamental de los Estados, que en este caso ha sido ejercido por la
República Dominicana y tiene un rango de precedencia al respecto de
cualquier derecho humano de particulares.
2.- SOBRE EL CONCEPTO DE APATRIDIA, ARGUMENTADO POR LOSCONTRARIOS A LA SENTENCIA, CREE UD QUE LO SUFRIRÁN LOSHAITIANOS QUE HABIENDO NACIDO EN R. D. DE PADRES ILEGALES,NO SE LES CONCEDA LA NACIONALIDAD DOMINICANA?DECIMOS ESTO POR LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL QUE TIENENMUCHOS HAITIANOS DE DOTARSE DE SUS DOCUMENTOS.
No existe apatridia desde el momento en que son amparados por la
Constitución de Haití, tan pronto nacen hijos de padre y madre haitianos. Si
no los dotan de documentos acreditando esa nacionalidad, quien viola sus
derechos humanos es Haití, no la República Dominicana.
3.- UNA PERSONA QUE NAZCA Y DURE AÑOS EN EL TERRITORIODOMINICANO, ES DECIR, CREE VÍNCULOSS CON EL ESTADO, Y SUSPADRES NO LE SAQUEN SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD,
120
(CARECEN ELLOS MISMOS DE DOCUMENTOS) NI DE SU PAIS DEORIGEN NI DOMINICANO, CALIFICA COMO DOMINICANO, SEGÚN LACONSTITUCIÓN DE 1966 O LA ACTUAL?
No es dominicano, aunque dure cien años en la República
Dominicana, si es ilegal y sus padres entraron ilegales al territorio
dominicano. La larga permanencia sí puede calificarlo para naturalizarse
dominicano, si cumple con una serie de condiciones adicionales como el
arraigo y la ausencia de fraude de documentos.
4.- NO ENTIENDE UD QUE EXIGIR AL ESTADO DOMINICANO LOSORGANISMOS INTERNACIONALES QUE DOTEN DE NACIONALIDAD ALOS ILEGALES NACIDOS EN SU TERRITORIO, ES UNA VIOLACIÓNFLAGRANTE A SU SOBERANÍA? Y QUE EL NO CUMPLIRLO NOVIOLARIA LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS?
República Dominicana no tiene que pagar la culpa del irrespeto de
derechos humanos en que incurre Haití frente a sus nacionales y este asunto
no es de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, porque se trata de un conflicto de Estado a Estado, entre Haití y
República Dominicana, los cuales no le han reconocido la competencia
especial para intervenir exigida por el Art. 45 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos (Ver Articulo que le enviara).
5.- A SU JUICIO, CUALES SENTENCIA DE AMPARO DEL TC, RESULTANPRECEDENTES MAS IMPORTANTES? POR QUÉ?
Esta sentencia del TC es la más luminosa, no sólo porque ha trazado
la barrera jurídica fundamental que defiende la soberanía de la República
Dominicana sobre la definición de su nacionalidad y registro civil, sino porque
ha despertado al pueblo dominicano al grave problema de la invasión masiva
y silente de haitianos a la República Dominicana (Ver detalles en Artículo que
le enviara).
121
6.-SOBRE LA COMPETENCIA DEL TC, NO VIOLA SUS PROPIOSPRECEDENTES, AL RECONOCER QUE CORRESPONDIA AL TRIBUNALSUPERIOR ADMINISTRATIVO? EN QUE FUNDAMENTO JURÍDICOVÁLIDO SE FUNDAMENTÓ EN SU SENT.168?
La Sentencia del TC tiene el fundamento más sagrado que puede
alegar un tribunal de la República, sobre todo de naturaleza constitucional,
que es la de defender el primer atributo de la República Dominicana como
Estado soberano, que es su nacionalidad, que es una manera de proteger su
integridad territorial y nacional. En consecuencia, es una medida de defensa
nacional.
7.- POR QUÉ NO HAY IRRETROACTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LASENT168, EN SU EFECTO HASTA 1929, SE APLICA EL ART. 48, DE LALOTCPC?
La Sentencia TC 168-13 no es retroactiva, porque lo que hace es
reconocer ahora que desde 1929 los hijos de ilegales no podían obtener la
nacionalidad dominicana. Que se registraran sus nacimientos en el país, es
una cosa, y que tal registro llevara aparejada la nacionalidad, es otra. Nunca
esas personas fueron nacionales dominicanos, aunque estuvieran
registrados como nacidos en el país. En consecuencia, nadie les despoja
ahora de un derecho, que nunca tuvieron.
8.- SOBRE EL NO EFECTO SUSPENSIVO DEL REC. EN REVISIÓN DE
AMPARO, PODRIA EL TC TOMAR MEDIDAS PROVISIONALES IN LIMINET
LITIS PARA EVITAR DAÑOS MAYORES? No contestada.
9.-A-SOBRE LA EJECUCIÓN SENT. DE AMPARO, EN LA ACTUAL LEYDEL OTCPC NO SE CONTEMPLA PODER DEL JUEZ PARA SOLICITARLA DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO QUE DESACATE SU DICTAMENAL IGUAL QUE EN COSTA RICA, PODRIA EL TC ORDENARLO EN SURECURSO DE ALZADA? No contestada.
122
B-QUE LE PARECE A UD LA CREACIÓN DE UNA FUERZA
ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL TC PARA LAS EJECUCIONES DE
SUS SETENCIAS, PARECIDA A LA POLICIA JUDICIAL?
Me parece muy atinada la idea y muy cónsona con el poder
constitucional que se le da al TC, que debe de ser el que debe de constituir la
salvaguarda del cumplimiento estricto de la Constitución.
10.-QUE LE PARECE EL QUORUM DEL TC (ART.186) PARA SUSDECISIONES, EN EL CASO DE REVISIÓN DE AMPARO RECOMIENDAQUE SEA MENOR? PODRIA EL TC RESOLUTAR SOBRE ESTO, YDISMINUIR EL QUORUM EN MATERIA DE AMPARO (LO RECOMIENDAEL MAG. HERMOGENES)? No contestada.
11.- ENTIENDE QUE LA LEY OTCPC TIENE OTRAS IMPRECISIONESQUE PUEDAN SER SUBSANADAS POR EL TC? No contestada
12.- A- AFIRMO QUE LA SETC168/13 FUE DICTADA COMO UNAMPARO A LA NACIÓN DOMINICANA, PARA RESGUARDAR SUSDERECHOS DE NACIONALIDAD Y CIUDADANIA Y EVITARVUNERACIONES ALA SOBERANIA NACIONAL, QUE LE PARECE A UD.?(Ya está respondida)
B.- ME PODRIA DAR OTROS ARGUMENTOS DE ESTE AMPAROESPECIAL NO SOLICITADO, PERO SI ORDENADO EFECTIVAMENTEPOR EL TC? (No tengo precisión)
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN SI GUSTA SÓLO CONTESTE LASPREGUNTAS QUE LE INTERESEN.
LICDA. MAYRA M. HENRIQUEZ DIAZMAESTRANTE APEC.
123
3.2- ANALISIS DE LO PLANTEADO EN LAS ENTREVISTAS.Al respecto pasaremos a tratar sólo algunos puntos por ser los de
mayor importancia a los fines de esta investigación.
SOBRE LA PRIMERA PREGUNTA.Los Dres. Castillo Pantaleón y Juárez Castillo coinciden en establecer
que la nacionalidad es un derecho reconocido no solo por el derecho interno
sino también por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Si
bien el jurista Castillo Pantaleón señala que en nuestra constitución vigente
de 2010 no aparece dentro de los llamados derechos fundamentales. El Dr.
Juárez dice muy acertadamente que la soberanía es el principal derecho
fundamental de los Estados. Esta tesis es la que asume el Tribunal
constitucional cuando afirma que el otorgamiento de la nacionalidad y el
establecimiento de los requisitos para obtenerla, es privativo del derecho
interno de los Estados y corresponde a su soberanía.
El Dr. Juárez Alega que los hijos de los nacionales haitianos les
pertenece la nacionalidad de sus padres, por su constitución, que no deben
alegar violación a derechos humanos por repudiar ellos mismos su
nacionalidad. Esto es muy interesante, pero entendemos que lo mismo
pasa a los dominicanos que emigran a otros pasases, como en España o los
Estados Unidos y tampoco podríamos alegar derechos fundamentándonos
en ilegalidad migratoria.
SOBRE LA SEGUNDA PREGUNTA.El concepto de apatridia es tratado por ambos juristas de manera
similar en comparación con la legislación nacional. Ambos concluyen que a
los hijos de haitianos ilegales nacidos en la República Dominicana no les
pertenece nuestra nacionalidad. Esto por aplicación de su constitución. En
ello asumen los mismos razonamientos jurídicos adoptados por el Tribunal
124
Constitucional en la sentencia que investigamos. Aporta algo interesante el
jurista Castillo Pantaleón que “no se debe confundir indocumentación con
apatridia”. Quien primero debe documentar a sus nacionales es el Estado
haitiano, que por tradición no lo hace. Esto es muy importante, porque
aunque el Estado dominicano quiera regularizar a los nacionales haitianos
habitantes ilegales, no podría hacerlo porque su propio país incumple con su
obligación de documentarlos. Concluye el Dr. Juárez sagazmente que “quien
viola sus derechos humanos es Haití, no la República Dominicana.
SOBRE LA TERCERA PREGUNTA.
El jurista Castillo Pantaleón indica claramente que la nacionalidad no
se adquiere por prescripción adquisitiva. El Dr. Juárez alega que aunque
dure cien años un extranjero ilegal no adquiere la nacionalidad dominicana,
podría en algunas circunstancias calificar para la naturalización. Pensando
en esta solución es que el TC ha ordenado el inventario de inscripciones
irregulares de extranjeros, podrán regularizar su situación quienes califiquen
según el plan nacional de regularización, la ley de migración y el decreto que
al respecto emitiera el Poder Ejecutivo.
SOBRE LA CUARTA PREGUNTA.Esta pregunta la hicimos porque varios organismos internacionales,
como la Comisión Interamericana de derechos humanos y el CARICOM,
entre otros, intentan acorralar a República Dominicana, diciéndole que podría
ser sancionada por haber “despojado de su nacionalidad” a miles de
haitianos nacidos en República Dominicana y que ellos han de convertirse en
apátrida porque ni conocen a Haití, siendo esto violatorio a varias
convenciones de derechos humanos, a su juicio. A juicio de ambos juristas
nuestro país no podría ser sancionado legalmente, ya que no ha violado
ninguna convención internacional de derechos humanos, que quien lo hace
respecto de sus nacionales es Haití.
125
El Dr. CASTILLO PANTALEÓN ratifica que República Dominicana, no
ha violado el artículo 20.2 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos en contra de los hijos de ilegales haitianos, ya que ellos tienen
derecho a la nacionalidad de sus padres por su misma Constitución. El Dr.
Juárez afirma que república Dominicana no tiene que cargar la culpa del
irrespeto a los derechos humanos en que incurre Haití con sus nacionales.
Además afirma que ni República Dominicana ni Haití han ratificado la
competencia de la Comisión IDH, según lo prescribe el art. 45 de la
Convención. (Esto puede verse en la Página web de la Comisión).
En este aspecto, debemos convenir que las primeras que acusaron al
TC de procurar “desnacionalizar” y dejar en “apatridia” a muchos nacionales
haitianos, fueron las magistrados Isabel Bonilla y Katia Martínez en sus votos
disidentes que fueron tomados como punta de lanza por periodistas, políticos
y hasta por abogados “constitucionalistas”, retorciendo de manera aviesa la
intención del honorable Tribunal Constitucional, mal interpretando su
decisión histórica a favor de la regularización de los extranjeros ilegales mal
inscritos en el registro civil dominicano. Esto se abordará más adelante en el
próximo tema.
RESPECTO DE LA SEXTA PREGUNTA.
La pregunta sobre el cambio de precedente se hizo ya que ese es
argumento de uno de los votos disidentes, el de la Mag. Katia M Jiménez,
señala que el TC viola sus propios precedentes al conocer un caso que
correspondía al tribunal superior administrativo. Preguntamos además qué
fundamento valido tuvo el Tribunal para decir como lo hizo.
El DR. CASTILLO PANTALEON, nos precisó que el derecho a la
nacionalidad es distinto al derecho a la nacionalidad. Expuso que la
sentencia fue dictada de manera justa y adecuada en derecho ya que el TC
126
actuó ejerciendo el principio de oficiosidad y amparó uno de los derechos
reclamados por la Sra. Juliana, el de identidad, y que el otro derecho también
reclamado el de la nacionalidad no era válido ampararlo porque no le
correspondía al juzgar que la accionante no era dominicana. Nos dijo, por
otra parte, que no está de acuerdo en que se varíe el quórum del Tribunal
sino es por ley, es decir que el TC no podría variarlo por sentencia.
Según sostiene el Dr. Juárez Castillo, el fundamento mayor que tiene
la sentencia es el de defender el primer atributo de un Estado soberano, que
es su nacionalidad, protegiendo si integridad territorial y nacional, lo que la
constituye en una medida de defensa nacional.. Vemos que se empieza
perfilar un apoyo a nuestra interpretación de la sentencia en lo relativo a que
ella no sólo ha amparado los derechos de identidad de la amparista, Juliana
Deguis, sino que además ampara a la nación dominicana por defender su
soberanía, como veremos más adelante.
3.3.- LA SENTENCIA No. 168/13, DEL 23 DE SEP. DE 2013:AMPARO A LA NACION DOMICANA.
En este aspecto, como hemos empezado a esbozar anteriormente,
entendemos que el fallo histórico emitido por el Tribunal Constitucional el
pasado día 23 de Septiembre del 2013, se dictó en amparo de los derechos
fundamentales de la nación dominicana a su nacionalidad, a su ciudadanía y
a la soberanía de su Estado. La decisión fue tomada por Once (11) de los
trece(13) magistrados jueces que lo integran, presentaron votos disidentes
individualizados y coincidentes en algunos aspectos las Magistrada. Katia
Miguelina Jiménez E Isabel Bonilla. A modo de ilustración sintetizamos más
abajo el contenido de los mismos.
127
La afirmación primera pasaremos a sustentarla desde varios aspectos,
sin pretender con ello desarrollar una tesis al respecto, lo que escaparía al
proyecto de esta investigación y a sus posibilidades inmediatas. Lo que tiene
mayor relevancia es desarrollar el alcance y comprensión de la sentencia en
general sobre el precedente sentado en relación a la determinación de que
los temas de la nacionalidad e identidad documental de sus nacionales, es
un asunto privativo del Estado Dominicano como un Estado libre y soberano
que es. Esto en gran parte ya lo hemos ilustrado en las páginas precedentes
y principalmente en el análisis del fallo indicado; sin embargo es oportuno
enfocar también el aspecto que nos ocupa ahora. Previo a lo cual
definiremos algunos conceptos sobre el tema.
3.3.1.-CONCEPTO DE SOBERANÍA, NACIONALIDAD, NACIÓN YCIUDADANIA EN NUESTRA CONSTITUCIÓN.
Es importante definir el concepto de soberanía en nuestra constitución
vigente del año 2010, al respecto trascribimos los artículos 2 y tres de la
misma:
Artículo 2.- Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente
en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por
medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que
establecen esta Constitución y las leyes.”(Constitución 2010)
Artículo 3.- Inviolabilidad de la soberanía y principio de nointervención. La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e
independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los
poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o
permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o
indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o
una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de
128
los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El
principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política
internacional dominicana. (Constitución, 2010)
Como en el Estado social y democrático de Derecho que instituye
nuestra constitución, este poder soberano radica en el pueblo que constituye
la nación dominicana, el cual es quien, otorgando poder de representación a
sus elegidos, autoriza el ejercicio de dirigir la soberanía Estado dominicano
según los intereses comunes de sus nacionales. Se mantiene el principio
de que la soberanía nacional o popular como ahora se llama es inviolable e
independiente de todo poder foráneo. Le otorga la obligación de velar por
esta independencia nacional a todos los poderes públicos que han recibido el
mandato constitucional de ejercerlo.
Preciso entonces es definir quiénes son los nacionales dominicanos que
son en los que se fundamenta esta soberanía popular. Según el tratadista
MANUEL AMIAMA (1986):
La nacionalidad es un atributo, pero también es un derecho que el
asociado adquiere por el hecho de nacer en el territorio, o bien de nacer en
cualquier parte que sea pero de padres que hayan tenido antes la
nacionalidad propagada al hijo.
Nosotros entendemos que la nacionalidad, es un derecho humano
fundamental, aunque en nuestra Constitución no se coloque bajo la
enumeración de los demás derechos fundamentales, sostenemos que se ha
colocado con el carácter primigenio que se le da a la composición del Estado,
al fundamento de la Constitución y a la Soberanía Popular que se definen
mucho antes que los derechos fundamentales. Al respecto así lo entienden
varios juristas españoles y de derecho internacional, como el DR, ANGEL J.
SANCHEZ NAVARRO, de la Universidad Complutense de Madrid, entre
otros. (Ver la obra “Comentarios a la Constitución Dominicana” tomos I y II
129
citados). La Misma Convención americana sobre derechos humanos la
prescribe como un derecho humano en el artículo 20 de la misma.
El jurista JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEÓN (2012), en su libro
“LA NACIONALIDAD DOMINICANA”, DEL AÑO 2012, nos dice que:
Por lo tanto, siendo la nacionalidad un atributo de la personalidad y, por
lo tanto, un derecho extra patrimonial (que no tiene un carácter pecuniario), la
nacionalidad se adquiere, en principio, de manera originaria por el simple
nacimiento del individuo en una nación soberana o por el nacimiento de un
Estado que con su declaratoria de independencia o separación, le impone
unilateralmente las condiciones para acceder a la nacionalidad a parte de su
población.
Eduardo Jorge Prats (2011), en la Constitución Comentada de la Finjus
en el 2011, al explicar el artículo 18 de nuestra actual constitución la define
así:
La nacionalidad es el vínculo jurídico que enlaza a una persona o
individuo con un Estado, eso quiere decir que la nacionalidad es lo que
identifica a la pertenencia de una persona a un país determinado,
otorgándole de esta manera, la facultad de gozar de ciertos derechos
exclusivamente reservados para los nacionales, en el caso dominicano los
derechos de ciudadanía, consagrados en el artículo 22.
Hablando de las características distintivas de la nueva legislación
constitucional señala: “…El gran cambio es, sin embargo, negar la
nacionalidad a los hijos de los residentes ilegales en el país…” (Jorge Prast,
2011)
130
Nuestra Carta Magna (2010) la define así:
Artículo 18.- Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos:
1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos;
2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en
vigencia de esta Constitución;
3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e
hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de
extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio
dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero
definido como tal en las leyes dominicanas;…”
Ciertamente, es notorio que la nueva Constitución además de mantener
el concepto de tránsito contenido en las constituciones anteriores, le agrega
como causa de exclusión de nacionalidad por ius solis, la estadía ilegal de
los padres en nuestro territorio. Con ello el legislador no hace más que
constitucionalizar lo prescrito por la ley vigente de migración y el precedente
de la Suprema Corte de Justicia del año 2005, referente a las niñas Yean y
Bosico; que igualó el concepto de transito al de ilegal; y que este fallo acoge.
El Tribunal Constitucional, en la sentencia que abordamos, explica lo
que debe entenderse por nacionalidad, antes de avocarse a conocer la
petición que al respecto hiciera la amparista, JULIANA DEQUIS O DEGUIS
sobre que debía entregársele su cedula de dominicana obtenida con un acta
de nacimiento ilegal; determinó que:
§1.1.4. De manera general, la nacionalidad se considera como un lazo
jurídico y político que une a una persona a un Estado; pero, de manera más
técnica y precisa, no es solo un vínculo jurídico, sino también sociológico y
político, cuyas condiciones son definidas y establecidas por el propio Estado.
Se trata de un vínculo jurídico, porque de él se desprenden múltiples
131
derechos y obligaciones de naturaleza civil; sociológico, porque entraña la
existencia de un conjunto de rasgos históricos, lingüísticos, raciales y
geopolíticos, entre otros, que conforman y sustentan una idiosincrasia
particular y aspiraciones colectivas; y político, porque, esencialmente, da
acceso a las potestades inherentes a la ciudadanía, o sea, la posibilidad de
elegir y ser elegido para ejercer cargos públicos en el Gobierno del
Estado.(S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013.Web T.C. 2013).-
En las páginas siguientes de la sentencia que analizamos el TC explica
los variados precedentes de organismos internacionales sobre derechos
humanos que han tomado en torno al tema destacando que todos coinciden
en hacerla un asunto privativo del derecho interno de los Estados o de su
dominico reservado, que es un asunto de su Soberanía. Eso lo podemos
observar cuando señala lo dicho por la CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA (PÁG.26), El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (PÁG. 27), LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS (PÁG.27).
Igualmente describe una opinión consultiva de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos sobre una propuesta de modificación a la
Constitución de Costa Rica, (citada en el caso Castillo Petruzzi y otros vs
Perú), que por ser importante para la pre comprensión del derecho
internacional que nos debe regular respecto del tema de nacionalidad, por el
bloque de constitucionalidad, transcribimos la cita que aparece en la
sentencia:
“99. Este Tribunal ha definido el concepto de nacionalidad como “el
vínculo jurídico político que liga a una persona con un Estado determinado
por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se
hace acreedor a su protección diplomática”. La adquisición de este vínculo
132
por parte de un extranjero, supone que éste cumpla las condiciones que
el Estado ha establecido con el propósito de asegurarse de que el
aspirante esté efectivamente vinculado con el sistema de valores eintereses de la sociedad a la que pretende pertenecer; lo dicho supone
que las condiciones y procedimientos para esa adquisición [son]predominantemente del derecho interno12. “(S/TC/0168/13, del 23/9/
2013. Web/2013 )
El Tribunal constitucional sigue explicando que República Dominicana
ha suscrito dos instrumentos de derecho internacional que determinan su
accionar en materia de nacionalidad como un asunto de la competencia
exclusiva de los Estados firmantes. Señala en primer lugar el llamado código
de derecho internacional privado o Código de Bustamante (firmado también
por Haití) y el tratado firmado con la República de Haití en el 21 de
noviembre del año de 1939, sobre asuntos migratorios. Ambos dejan los
asuntos de nacionalidad e inmigración al derecho interno de los Estados
partes.
La nacionalidad dominicana nace formalmente con la declaratoria de
independencia del 27 de febrero de 1844 gestada patrióticamente por JUANPABLO DUARTE y demás padres de la Patria. Entendemos nosotros que
esta también puede definirse como el vínculo jurídico-político y social que
liga al individuo con el Estado y/o nación con la cual tiene lazos culturales e
históricos que le crean sentimiento de lealtad, sujeción a sus normas,
respeto a sus costumbres e identidad con los demás individuos y el
territorio para dar lugar al proyecto común de nación. Este vínculo generará
también de parte del Estado respecto de sus nacionales la protección
necesaria a los derechos que esta condición le genera ya sea en el ámbito
interno y como en el externo mediante la representación diplomática.
133
El conjunto de nacionales representa al pueblo dominicano, no así a
los habitantes de la República dominicana, los cuales están integrados
además de los nacionales por los extranjeros que quieran habitar en nuestro
territorio, bajo las regulaciones de las leyes y la Constitución dominicanas.
Como decía el preámbulo de la visionaria y moderna Constitución
dominicana del 1963; la nación dominicana se provee de esa Carta Magna:
“para nosotros, para nuestros descendientes y para todos los hombres de
buena voluntad que quieran convivir con los dominicanos, invocando el
amparo de DIOS…..”(Constitución, 1963)
La Constitución actual, al igual que la anterior y la señalada de 1963
(art.85) iguala la terminología nación a la de pueblo, así describe la Carta
magna vigente:
Artículo 1.- Organización del Estado. El pueblo dominicano
constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el
nombre de República Dominicana.(Constitución 2010)
En ese mismo orden, es preciso conocer quiénes pueden ser
ciudadanos dominicanos, ya que no es lo mismo ser ciudadano que ser
nacional. Los nacionales dominicanos que tienen el derecho a la ciudadanía
se definen así:
Artículo 21.- Adquisición de la ciudadanía. Todos los dominicanos
y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan
estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de
ciudadanía.(Constitución 2010)
A este respecto entendemos que los dominicanos menores
emancipados, no casados pero si en concubinato también podrán ser
considerados ciudadanos.
134
Preciso es indicar que los derechos de ciudadanía están vedados a los
extranjeros legales o ilegales que habiten su territorio. El artículo 22 de la
Constitución los describe y principalmente son los de elegir y ser elegibles
para los cargos que crea la misma, participar en referendos, tener iniciativa
popular, entre otros. Con ello el Estado Social y Democrático de Derecho
dependerá en su consolidación en el hecho de que la nación que lo forme
tenga claro el grado de responsabilidad con que debe actuar para delegar el
poder de representación correspondiente.
Es por ello, que la nación dominicana, dueña de su soberanía, es la
única que puede regular el tema de la nacionalidad y la inmigración, por ser
este tema exclusivo del Estado Dominicano. El Tribunal Constitucional
cumpliendo su papel de ser el garante de la soberanía nacional, la primacía
de la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales, ejerciendo este
poder irrebatible y de vinculación obligatoria para los demás poderes del
Estado ha dictado la sentencia TC/0168 de 2013, interpretando debidamente
quienes pueden ser llamados dominicanos.
Bajo este predicamento, y viendo que la amparista, Sra. Juliana
Deguis, no calificaba como ciudadana dominicana según se explica en otra
parte de este análisis, el Tribunal Constitucional no le amparó en el derecho
reclamado de ella de obtener de parte de la Junta Central Electoral la cedula
de identidad y electoral que la acreditaba como ciudadana dominicana.
Empero, sí ordenó que se le entregara su acta de nacimiento, en las
condiciones ya descritas, por contener esta su derecho a la identidad y debía
tutelarlo.
En este sentido entendemos que el TC dejó en mejores condiciones a
la accionante, Juliana, que como estaba al inicio de su acción de tutela, al
ordenar a la Junta Central Electoral la entrega de su acta de nacimiento, y a
la Dirección General de migración un permiso especial de estadía temporal.
135
Es decir, que la amparó en dos sentidos en reconocerle su derecho de
identidad y en iniciar el proceso de regularización para una posible obtención
de residencia como extranjera que es.
De la negativa a entregarle la cédula se entiende porque una
ilegalidad no puede generar derechos. A nadie se le ocurriría por ejemplo,
exigir al Estado Norteamericano la entrega de su ciudadanía obtenida con
documentos ilegales. Sin lugar a dudas, que el que así actúe sería
deportado sin contemplación. Y como nos decía acertadamente el jurista
CASTILLO PANTALEON: “La nacionalidad no se adquiere por prescripción
adquisitiva. La ilegalidad migratoria no genera derechos. Pretender lo
contrario es ilógico”.
3.3.2.- EL CASO DEL AMPARO A LA NACIÓN DOMINICANA.
A modo de colofón debemos decir que haciendo una interpretación del
fallo de la sentencia TC/0168/13, debemos hacer una lectura que a simple
vista no se observa, además que en su contenido directamente no se
expresa, pero si se puede colegir de lo ordenado en ella, un aspecto que
entendemos interesante y que pasamos a exponer.
Uno de los fundamentos principales de la sentencia en ordenar la
regularización del registro civil dominicano e implementar un registro nuevo
de los extranjeros inscritos irregularmente, a fin de que dichos documentos
sean anulados por los tribunales correspondientes por estar afectados de
graves nulidades y en la otra disposición de que se elabore un “Plan
nacional de regularización de 1os extranjeros ilegales radicados en el país” lo
es la aplicación del efecto Inter Comunis porque se hace necesario llevar los
efectos más allá de la solicitante Juliana Deguis, al estar en igual situación
miles de extranjeros a quienes también se les deberá tutelar derechos. Al
136
efecto el Tribunal, fundamentado en la Sentencia A 207, de la Corte
Constitucional de Colombia, del 30 de junio 2010; expresó:
§2.9. En ese orden de ideas, conviene señalar que los elementos
que configuran la especie obligan al Tribunal Constitucional a adoptar
medidas que trascienden la situación particular de la señora Juliana Dequis
(o Deguis) Pierre, otorgando a esta sentencia efectos inter comunia, puesto
que tiende a proteger los derechos fundamentales de un amplísimo grupo de
personas inmersas en situaciones que desde el punto de vista fáctico y
jurídico coinciden o resultan similares a la de la recurrente. En ese sentido,
este Tribunal estima que, en casos como el que ocupa nuestra atención, la
acción de amparo rebasa el ámbito de la vulneración particular que reclama
la accionante, y que su mecanismo de tutela debe gozar del poder expansivo
y vinculante que permita extender la protección de los derechos
fundamentales a otras personas ajenas al proceso que se encuentren en
situaciones análogas”.(S/TC/0168/13, del 23/9/ 2013. WebTC/2013 )
Precisamente, en el ánimo de la mayoría de los magistrados del
Tribunal Constitucional al aplicar este principio de inter comunis está que
esa gran parte de extranjeros inscritos irregularmente en el registro civil
dominicano, y aquellos que estén en el territorio de manera ilegal se les dé la
oportunidad de estar debidamente documentados, y validar su estatus
migratorio, respetándoles con ello su derecho al nombre y su derecho a tener
permiso legal de su estadía en Dominicana. Esto igualmente devendrá en
reconocerle otros derechos derivados como seria la posibilidad de ser
contratados laboralmente recibiendo un pago más digno, poder ser incluidos
en la seguridad social, poder asistir a las instituciones educativas y otros
atinentes al trato digno de las personas, y en definitiva a protegerles sus
derechos fundamentales en general.
137
Es por ello, que este efecto expansivo de la decisión del tribunal lo
entendemos procedente y con ello no viola dicho principio, sino que lo
cumple íntegramente según el fundamento del mismo expresado por la Corte
Constitucional de Colombia, en su auto No. 244 del veintitrés (23) de julio del
2009, que establece los criterios para aplicar ese principio; la cita la trae a la
sentencia el voto disidente de la Mag. Katia Jiménez, el cual pasamos a
integrar como ilustración de que dichos criterios sí se cumplieron en la
situación apreciada por el Tribunal Constitucional respecto a los extranjeros
que se intenta proteger.
Expresamente se indica que se debe aplicar el efecto inter. Comunis
cuando se dé un estado inconstitucional de cosas, teniendo en cuenta los
siguientes criterios: “ (i) la vulneración masiva y generalizada de varios
derechos constitucionales que afectan a un número significativo de personas.
(ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus
obligaciones para garantizar derechos; (iii) la adopción de prácticas
inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte
del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la existencia de
un problema social cuya solución compromete la intervención de varias
autoridades y la adopción de un conjunto complejo y coordinado de medidas;
(v) la congestión judicial que genera y generaría que todas las personas
afectadas acudieran a la acción de tutela para la protección de sus derechos
por idéntica causa.” (STC/0168/13, 2013. Web TC/2013)
Así vemos que ciertamente existe en República Dominicana por años
una omisión de las autoridades para resolver el problema migratorio, que no
obstante existir dicha ley No. 285-04,desde el año 2004, no ha habido
consenso para aplicar un buen reglamento y tampoco se ha efectuado el plan
nacional de regularización de extranjeros ilegales que esta ordena(art.151).
También, a pesar de que la Junta Central Electoral dictó su resolución
No.12/07, del 10 de diciembre del 2007, sobre el registro civil y la
138
implementación con ella del libro de extranjería, para los hijos nacidos de
extranjeros ilegales, todo ello no ha resultado suficiente para regularizar esta
situación y mucho menos para limpiar el Registro Civil dominicano de las
inscripciones irregulares de extranjeros. Estas son parte de las justificaciones
que usó el Tribunal Constitucional para aplicar este efecto, las cuales
suscribimos íntegramente.
Bajo esta premisa es que entendemos que sin lugar a dudas, era
necesario el efecto general y oponible que tiene esta sentencia de revisión
constitucional de amparo para enmendar los errores ancestrales que tiene el
registro civil y para exhortar a las autoridades correspondientes,
principalmente al Poder Ejecutivo a tomar las previsiones de lugar para
asumir con responsabilidad los asuntos migratorios y a la Junta Central
Electoral, para que de una vez por todas “limpie” de estas irregularidades al
Registro Civil.
Aquí es que afirmamos que así como llegan los efectos inter comunis
del fallo que analizamos, a los demás extranjeros ilegales, igual llega y
llegará a toda la nación dominicana, teniendo para ella excelentes beneficios
en todo lo que respecta a determinar definitivamente quiénes son los
nacionales según su Constitución, igualmente eso redundará en limpiar el
registro donde se asientan los nombres de los dominicanos (el registro Civil),
y por consiguiente limpiar el registro electoral para poder eliminar los falsos
ciudadanos que en él existan. Impidiendo con ello, que miles de extraños
puedan, por ejemplo, elegir las autoridades que más convengan a los
intereses de los enemigos de la Patria.
Todo esto sin lugar a dudas, hará más fuerte la Soberanía del Estado
Dominicano y la Nación Dominicana no queda en el desamparo que por años
sufría al estar invadida de falsos dominicanos, que ausentes de lealtad al
suelo patrio y a la historia y los valores vernáculos podían cambiar el destino
139
de su historia. No olvidemos que por años los gobernantes haitianos decían
que “la isla es una e indivisible”; para estar bajo su mando, claro. Nada más
absurdo y difícil de digerir por los hijos de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón
que a fuerzas de sangre y fuego liberaron al pueblo dominicano de la
opresión sufrida por 22 largos años (1822-1844) que duró la invasión haitiana
y las posteriores amenazas de intentarlo.
Correspondió hoy al Tribunal Constitucional dominicano asumir este
rescate de la soberanía nacional, sino con el fuego de las armas, lo hizo con
la sabiduría y el poder que le da el entender la interpretación constitucional
según el procedimiento actuarial más ajustado al Derecho y a la
jurisprudencia nacional e internacional que rigen la materia de los derechos
humanos y el neo-constitucionalismo.
Así entendemos que este efecto expansivo en beneficio de todos es lo
que hemos llamado UN AMPARO A LA NACION DOMINICANA.
3.3.3.- LA SOMBRA DE LOS LLAMADOS VOTOS DISIDENTES.
No obstante, lo claro que pueden resultar los argumentos del Tribunal
constitucional, y que nosotros suscribimos como válidos, es de todos sabido
que el fallo que nos ocupa ha generado múltiples controversias, como ya
señalamos, siendo las principales simples repeticiones del contenido de los
dos votos disidentes descritos.
En nuestro ánimo no está el discutir sus puntualizaciones
argumentativas que intentan destruir la magnífica interpretación
constitucional dada por el TC al caso en cuestión. Sirva simplemente
señalar algunos puntos, sin controvertirlos, no solo porque la sentencia se
basta por sí sola, como nos afirmara el Jurista Castillo Pantaleón, sino
también porque los contesta en su totalidad un documento al que nos
140
referiremos más abajo y que forma parte integral de este trabajo dentro de
sus anexos. Además porque en gran parte han quedado contestado en
nuestra explicación del fallo de marras en páginas anteriores y en las dos
entrevistas que anexamos anteriormente.
VOTO DISIDENTE DE LA MAG. ISABEL BONILLA:
1,- Habla de la violación a la dignidad humana, por negativa de
registro como nacional. 2-Que la soberanía está supeditada al cumplimiento
de los tratados internacionales. 3- Que la jurisdicción constitucional no puede
agravar más la situación de la amparista.- 4-Que difiere del concepto tránsito,
dado por el TC.-4-Que con ello desconoce la nacionalidad de juliana.-5.- que
el TC interpreta erróneamente el art. 11 de la constitución de 1966.-6- Que
lesiona el derecho al nombre y a la personalidad jurídica a JULIANA DEGUIS
PIERRE (JDP) viola la convención americana sobre derechos humanos, en
su art. 3.- 7.- QUE VIOLA LOS ARTS 110 constitución actúa y 47 de la de
1966.- 8.- La decisión se aparta del precedente de la corte IDH y del bloque
de constitucionalidad.- 4.- Al entender que JDP es dominicana recomienda
que se le entregue también su cedula de dominicana.
VOTO DISIDENTE DE LA MAG. KATIA MIGUELINA JIMENEZ M.
1.- El TC viola sus precedentes de no conocer sentencias de amparo
de tribunal incompetente.- 2.-Que los asuntos de legalidad ordinaria son de la
competencia del juez de primera instancia y el TC no debió conocerlo. 3.-
Expone el argumento de la desnacionalización,- 4- Que JDP es dominicana,
no aplica el concepto de tránsito.- 5.-Que se violenta el precedente de la
Corte IDH.- 6.- Que JDP al ser desprovista de su nacionalidad, queda
apátrida. Que el “ius sanguinis no excluye al ius solis”. Esta excepción no
está en la constitución.-- 7.- Que no aplica el aspecto de inter comunis y el
efecto inter partes del amparo debe permanecer.
141
3.3.4.- CONSIDERACIONES FINALES:
En razón de que los fundamentos jurídicos de ambos votos disidentes
han sido tomados como caja de resonancias por múltiples sectores de la vida
nacional e internacional, el Tribunal Constitucional hizo su declaración
pública en torno a su fallo en fecha 31 de Octubre de 2013 donde de manera
pormenorizada contesta y explica cada razonamiento contrario al contenido
de la misma. Nos remitimos al anexo No.2, incluido en esta investigación
expedido por el mismo Tribunal Constitucional y bajado de su página Web en
Diciembre de 2013.-
Sin embargo, presentamos algunas precisiones que afirman lo
correcto del fallo atacado para su mejor comprensión.
1.- Para definir el concepto de tránsito dado por el TC, baste recordar
parte de lo escrito por el Tribunal Constitucional en la declaración descrita al
decir que: a) “7. Esta categoría de extranjeros en tránsito figura con su
naturaleza de excepción a la regla genérica de aplicación del ius soli en
todas las Constituciones dominicanas posteriores (o sea, desde hace casi un
siglo), a saber: en las de 1934, 1942, 1947, 1955, 1959, 1960 (junio y
diciembre), 1961, 1962, 1963, 1966, 1994, 2002 y, finalmente, en el artículo
18.3 de la Constitución de 2010. (Declaración TC/31/10/2013.)
B) “8. Desde hace más de treinta años, nuestra Suprema Corte de
Justicia ha definido y reiterado el concepto de extranjero en tránsito, en el
sentido de admisión temporal más o menos extensa, diferente a la estancia
breve o momentánea del pasajero de paso por el país, sujeta al plazo
máximo de diez días previsto en el Reglamento de Inmigración No. 279 de
1939. Así lo ha establecido en el contexto de litigios que conciernen la fianza
judicatum solvi, tanto respecto a las personas jurídicas como a las personas
físicas…….). No se trata, en consecuencia, de una nueva categoría
142
migratoria introducida por el Tribunal Constitucional. Se trata de la letra y del
espíritu de los textos constitucionales.” (Declaración TC/31/10/2013).
2.- Para precisar la no retroactividad del fallo histórico, aquí
analizado, recordar lo dicho por el TC en la declaración de marras, que:
11. Con relación a la supuesta retroactividad que se atribuye a la
Sentencia TC/0168/13, conviene enfatizar que esta última se fundamenta en
la Constitución dominicana del 28 de noviembre de 1966 (que se encontraba
vigente el 1 de abril de 1984, fecha de nacimiento de la señora Juliana
Dequis o Deguis Pierre), texto que, al igual que todas las Constituciones
anteriores, de manera ininterrumpida a partir de la del 20 de junio de 1929,
prevé como excepción al principio de adquisición de la nacionalidad
dominicana por ius soli a los hijos nacidos en el país de extranjeros en
tránsito.”(Declaración TC/31/10/2013).
“13. En ese sentido, no hay retroactividad en una sentencia que lo que
hace es determinar la ley aplicable en el momento en que surge el derecho
reclamado. Por tanto, si la reclamante nació en el país, con posterioridad al
año 1966, hija de extranjeros en tránsito, sencillamente nunca ha sido
dominicana por ius soli. En efecto, cuando una sentencia establece que al
momento de su nacimiento el marco legal vigente no le atribuye derecho a la
nacionalidad, no hace más que declarar una situación conforme a la
Constitución y a la ley de entonces, no constituir una situación nueva, por lo
que no cabe aquí hablar de aplicación retroactiva de ninguno de ambos
instrumentos normativos. (Declaración TC/31/10/2013).
Así vemos que el mismo tribunal confirma que su sentencia no es
constitutiva de derechos nuevos, sino que es declarativa de los derechos
que corresponden constitucionalmente a la recurrente en amparo, Sra.
143
Juliana Deguis. Entendemos que también es una sentencia exhortativa por
lo que pone a cago al Poder Ejecutivo y varias dependencia y a la JCE.
3-Para que comprendamos que definitivamente la nacionalidad es un
asunto de soberanía nacional, por lo que es indelegable, y que esto lo
reconoce el derecho internacional, el TC afirma que:
15. Resulta importante destacar que en el Derecho Internacional
Público, desde hace casi un siglo, la configuración de las condiciones
para el otorgamiento de la nacionalidad ha sido internacionalmente
reconocida como parte del dominio reservado o competencia nacional
exclusiva del Estado. En ese sentido, en nuestro país, todo cuanto
concierne a la determinación y reglamentación de cuestiones
migratorias ha correspondido desde hace muchas décadas al
Congreso Nacional, en su función legislativa. Por tanto, carece de todo
fundamento jurídico y asidero legal la pretensión de cuestionar esta
facultad soberana del Estado dominicano. (Declaración TC/31/10/
2013).
4.- El concepto de apatridia que argumentan los votos disidentes,
entendemos que ya se ha contestado correctamente y que no es necesario
abundar más en su mal entendido por las dignas magistradas, será suficiente
con remitir a la lectura de los numerales 16 y 17 de la declaración, para que
se descarte esa posibilidad respecto a los supuestos afectados de
descendencia haitiana, porque los mismos conservan la nacionalidad de
sus padres por aplicación del ius sanguis contemplado es su Constitución.
5.-Respecto de “desnacionalización” a recibir por miles de
“dominicanos de descendencia haitiana”, esta afirmación que ha sido
tan cacareada por muchos seudos analistas que sin ser abogados
intentan afirmar lo que ni siquiera entienden, es bueno recordar que a
144
nadie se le puede despojar de lo que nunca ha tenido; y deberá
bastar conocer lo que de manera puntual nos dice el TC en la
declaración de marras:
18. Queremos dejar constancia, además, de que, contrario a los
señalamientos de supuestos despojos de nacionalidad y
desnacionalización de presuntos ciudadanos dominicanos que
supuestamente promueve la Sentencia TC/0168/13, esta última no
hace más que contribuir a la regularización del estatus migratorio de
esas personas, actualmente en total desamparo legal, las cuales
tendrán la oportunidad de insertarse en la vida económica, social y
jurídica de la República Dominicana, con todas las garantías propias
de un Estado social y democrático de derecho. Se trata, pues, de una
sentencia responsable y justa que busca corregir situaciones que
laceran la dignidad humana.”(Declaración TC/31/10/ 2013).
Así entendemos que con ello el Tribunal Constitucional haciendo
extensivo su amparo a estos extranjeros en condición irregular y exhortando
a las autoridades a cumplir con las regulaciones migratorias de República
Dominicana, no hace más que cumplir con su deber de defender la
supremacía de la Constitución. Igualmente, al enarbolar el derecho del
Estado dominicano de regular la concesión de su nacionalidad, no hace más
que defender la soberanía nacional y con ello también realiza un amparo ala nación dominicana.
Por todo lo cual entendemos haber presentado de manera amplia no
solo el fundamento de acción del Tribunal Constitucional y su meta de ser
también el garante de los derechos fundamentales, sino que hemos
demostrado cómo el recurso de revisión constitucional de sentencia de
amparo (RRCSA) es altamente efectivo para lograr esta tutela, según se ha
visto no solo en las variadas sentencias que analizamos dictadas a lo largo
145
de estos dos años de ejercicio, sino también que ha quedado demostrada
esta efectividad con el fallo histórico aquí analizado más ampliamente porque
rescata la razón de ser del Estado Dominicano, la definición de su
nacionalidad, base primigenia de su independencia. Vale recordar que esta
jurisprudencia del TC es novedosa y que se irá perfeccionando con el tiempo,
pero hasta la fecha van creando efectivos precedentes.
En definitiva se podrá estar de acuerdo o no con la sentencia
TC/0168/13, existe libertad de expresión en República Dominicana, además
de vivir dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho; por lo que
cualquier pronunciamiento en ese sentido no podría ser impedido. No
obstante, solicitarle al mismo Tribunal Constitucional y/o a los demás
Poderes del Estado que se revoque o no apliquen esta decisión es atentar
contra la Soberanía Nacional y esto es así porque ha emanado de un
organismo no solo autónomo, sino también que es el máximo intérprete y
garante de nuestra Carta Magna y por su misma ley orgánica y la
Constitución vigente que lo crea, sus decisiones son irrevocables y
constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes del Estado, por
tanto de cumplimiento obligatorio para nacionales y extranjeros.
Por otra parte, atentar contra el cumplimiento de esta sentencia, sea
por simples ciudadanos o autoridades públicas, es subvertir el Orden
Constitucional y por ser el Tribunal Constitucional el que debe defenderlo por
mandato de la misma Constitución, se estaría incurriendo en violaciones
penales, situación que sería un tema a tratar con mayor profundidad y que si
bien escapa a este primer estudio del fallo indicado, puntualizaremos con lo
siguiente.
Este enfoque que compartimos es sostenido por el Ex Presidente
Leonel Fernández Reina, aunque, a nuestro humilde entender, tratado con
mucha benignidad a los que incitan contra la Soberanía Nacional. Al
146
respecto, en un análisis aparecido en el Listín Diario, el pasado 30 de
Diciembre, entre otras cosas indicó: “Al sostener las sentencias del Tribunal
Constitucional el carácter de definitivas e irrevocables y ser vinculantes para
los poderes públicos y todos los órganos del Estado, resulta inapropiado(negritas y subrayado nuestro) solicitarle al Presidente de la República, así
como a cualquier otra institución u organismo del Estado, que incumpla con
su ejecución. Eso sería incitarle a violar la Constitución y las leyes de la
República, lo que conlleva consecuencias penales” (Fernández, Leonel,
LD30/12/13).
Y es que estas mismas personas que intentan acorralar al Tribunal
Constitucional y al Presidente de la República para que ceda a las
pretensiones del Estado Haitiano (que ha buscado apoyo de organismos
internacionales como el CARICOM y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos) a fin de que nacionalicemos a sus ciudadanos que
están ilegalmente y que ingresan de manera constante en nuestro territorio;
son cómplices de ese país vecino en aniquilar el poder soberano del Estado
Dominicano de definir su nacionalidad y sus normas migratorias lo que los
hace reos de violar el art.76 del Código Penal, de crimen contra la República;
con una posible pena máxima de 30 años de reclusión mayor, por planificar
junto a una nación virtualmente enemiga, subvertir el orden constitucional al
propiciar el desacato de la sentencia indicada.
Esta tesis es sostenida `por el eminente jurista y profesor de
profesores de Derecho Penal, DR. MARINO VINICIO CASTILLO, el cual de
manera recurrente la ha vertido en su programa dominical “La Respuesta”; la
cual suscribo en todas sus partes. Esto deberá ser parte de estudios
posteriores sobre el impacto de la sentencia; no abundamos en ello porque
su análisis solo lo hemos hecho a fines de reafirmar la efectividad del recurso
de amparo por ante el TC como hemos indicado.
147
Así vimos que, el Dr. LEONEL FERNANDEZ, en otra parte del artículo
del que nos acabamos de referir, fue firme al afirmar sobre la Soberanía
Nacional que:
Pero a la República Dominicana hay que respetarle su derecho
soberano a decidir quiénes son sus nacionales, quiénes son extranjeros,
quiénes son indocumentados y cómo se regulariza y establece un sistema
operativo de identidad nacional. (Fernández, Leonel, LD30/12/13).
No obstante, resulta un deber patriótico de todo dominicano de buena
voluntad velar porque conjuntamente con las acciones del Tribunal
Constitucional y los demás Poderes del Estado se ejecute este fallo
histórico. Y es que esto debe ser en respuesta solidaria a su labor, que
como nos indicara es:
20. Finalmente, el Tribunal Constitucional reitera ante la comunidad
nacional e internacional su compromiso indeclinable de “garantizar la
supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la
protección de los derechos fundamentales”. (Declaración TC/31/10/ 2013).
Igualmente, es hora de entender el llamado del Tribunal
Constitucional a despertar el sentimiento patriótico legado por el prócer JUAN
PABLO DUARTE que entre otras magnificas expresiones en su Ideario nos
dijo:
“Nunca me fue tan necesario como hoy, el tener salud, corazón yjuicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra lasalud de la Patria.”
148
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A grandes rasgos y luego de iniciarnos en el conocimiento de las
labores del Tribunal Constitucional en estos primeros dos años respecto a la
efectividad del recurso de revisión constitucional de amparo podemos
presentar algunas conclusiones a que hemos podido arribar al finalizar la
misma.
La constitución Dominicana del 2010, es una conquista de todos los
dominicanos para hacer sostenible un Estado Social y Democrático de
Derecho donde se respeten los derechos fundamentales de una forma
efectiva. Corresponde a los tribunales de justicia dominicanos, a los demás
operadores del sistema y al Tribunal Constitucional creado por esta, en
primer orden, respetar y hacer respetar la supremacía de la Constitución.
Los ciudadanos dominicanos y los extranjeros que en buena lid,
respetando nuestras leyes y constitución, quieran vivir en nuestro territorio,
deberemos conocer más aún nuestros reales derechos fundamentales y las
garantías que la Constitución pone a nuestro alcance, para poder vivir con la
dignidad humana y la paz social que se requiere para que prime el orden
constitucional y el respeto a la soberanía que debe garantizar el Tribunal
Constitucional.
La presente investigación será un humilde aporte nuestro, para iniciar
este proceso de entender a grandes rasgos las indicadas garantías y la labor
inicial del Tribunal Constitucional al respecto.
La acción de amparo, junto al recurso de revisión constitucional de
sentencia de amparo y el amparo jurisdiccional contra las sentencias
definitivas violatorias de derechos humanos resultan, sin dudas, serios
149
instrumentos realmente efectivos para tutelar nuestros derechos
fundamentales.
El Tribunal Constitucional en su responsable accionar de estos dos
primeros años ha empezado a hacer una buena jurisprudencia sobre la
materia. Ha sentado algunos precedentes que posteriormente ha vuelto
sobre sus pasos y ha variado cuando las circunstancias lo requieren
adaptándose a las necesidades de los casos concretos y creando una unidad
de interpretación constitucional cumpliendo con los principios que le norma
su ley de organización y la Constitución; haciendo que su una realidad su
efectividad en las soluciones planteadas. Como ejemplo de esto vimos
varias sentencias que estudiamos previo a enfocarnos en el estudio del fallo
histórico denominado S/TC/168/13, sobre la acción presentada por la SRA.
JULIANA DEGUIS (DEQUIS) PIERRE(JDP).
Este fallo fue efectivo para la amparista JDP ya que terminó tutelado
su derecho al nombre, no se le tuteló su derecho a la nacionalidad
pretendidamente dominicana porque a juicio del TC ella tenía la nacionalidad
de sus padres por ius sanguis por aplicación de la constitución haitiana.
Entendemos que el tribunal hizo un gran esfuerzo de interpretación
constitucional amparado en el derecho internacional sobre derechos
humanos reconocidos por el país, las decisiones que al respecto han tomado
otras cortes internacionales, la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia, la opinión grandes juristas constitucionales del ámbito internacional
y nacional y en definitiva respetando nuestras leyes y Constitución vigentes a
los fines, no solo de amparar en lo posible a la accionante JDP, sino también
llevar soluciones favorables a los demás extranjeros ilegales en su misma
situación, en virtud del efecto inter Comunis, o expansivo ya tratado. Vale
recordar que este fallo está contenido en CIENTO CUARENTISIETE (147)
páginas de cátedras constitucionales y de un gran valor patrio que faltarían
150
hojas para transcribirlo. Esta sentencia es de las del tipo declarativa y
exhortativa, no es constitutiva porque no crea derechos nuevos, solo
reconoce los existentes. En estudios posteriores podrá enfocarse su impacto
en los habitantes de la República, en el exterior, en la comunidad jurídica
etc., no lo hemos abordado porque escapa al alcance de esta investigación.
Y es que hacía falta que alguien se dispusiera a parar el gran
desorden migratorio que por largos años de irresponsabilidad nacional
(gubernamental y privada) ha existido en la República Dominicana, con el
indolente trasiego de humildes trabajadores que a fuerzas de abusos resultan
un negocio para empleadores y negociantes de la política de ambos países.
Sin embargo, esto había generado virtualmente un asalto al registro
del estado civil dominicano, que esta responsable sentencia intenta limpiar.
Con ello, y aplicando a nuestro humilde juicio una lectura subyacente al fallo
que nos ocupa, por la misma aplicación de su efecto expansivo, entendemos
que al restablecer el atributo de soberanía que es la determinación de
quienes son los nacionales del Estado Dominicano, el rescate a su registro
civil y regularizar la migración ilegal se ha dictado con todo un Amparo a laNación Dominicana.
Solo nos queda ahora unificar esfuerzos a favor de que el tribunal
constitucional pueda ejecutar esta sentencia tan “responsable y justa”emitida, como mismo indicara él. La exhortación hecha al Poder ejecutivo, a
la junta central electoral y demás organismos del estado debe ser vista como
simples garantías para que se rescate la soberanía nacional y nadie intente
pisar la independencia que le es cónsona con el establecimiento de un real
Estado Social y Democrático de Derecho como ordena la Constitución.
Estemos vigilantes en el fiel cumplimiento de estas previsiones, no
solo frente a las autoridades a quienes les toca ejecutar, sino también contra
151
posibles malos o confundidos dominicanos que, sea por ignorancia o por
malicia, intenten junto a los enemigos de la Patria desconocer una sentencia
definitiva, irrevocable, obligatoria y vinculante, no solo para todos los
poderes públicos sino también para todos los habitantes del territorio de la
República y frente a la comunidad internacional, por un ejercicio firme de
soberanía nacional.
Y digamos hoy más que nunca nuestro lema nacional: DIOS PATRIAY LIBERTAD!
152
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO” PAGINA WEB TC,www.tribunalconstitucional.gob.do. VARIAS SENTENCIAS YDECLARACIÓN 2013.-LEY No. 137-11. (2011) ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL YLOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES. Modificada Por ley 145-11,del 4-7-2011.LEY NUMERO 29-11, Orgánica Tribunal Superior Electoral.DECLARACIÓN TC (2013). del 31/10/13, Tribunal Constitucional, SantoDomingo.
ANEXOS
- 1 -
ANEXO #1: ANTEPROYECTO
Universidad Acción Pro Educación y Cultura(UNAPEC)
Maestría en Derecho Penal y Procesal PenalEscuela de graduados
TemaEFECTIVIDAD DEL RECURSO DE AMPARO
ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO. CASOSENTENCIA TC/NO.168/2013:
UN AMPARO A LA NACIÒN DOMINICANA.
SustentanteLICDA. MAIRA MARIA DE LOS ANGELES
HENRIQUEZ DIAZ
Matrícula2005-2252
AsesoraMAG.SARAH VERAS, MA.
Santo Domingo, República DominicanaOCTUBRE DE 2013
- 2 -
INTRODUCCION:
Nuestro interés lo hemos enfocado en el Tribunal Constitucional y la
efectividad que tiene el recurso de revisión de sentencia de amparo por ante
este nuevo organismo de protección a los derechos fundamentales y a la
Constitución que lo crea. También sobre la acción de amparo que previa
deberá incoarse para poder elevar este recurso.
Los derechos fundamentales son las prerrogativas inherentes a la
personalidad humana, están constitucionalizados en nuestra Carta Magna,
dentro de la concepción del Estado Social y Democrático de Derecho,
descrito en el preámbulo de la misma. Estos derechos están consagrados en
el Título II de la Constitución del 2010, particularmente en los artículos del 37
al 67.
Es muy importante conocer sobre sus características a fin de poder
exigir su respecto o su restablecimiento y evitar que se realicen las
amenazas a que pudieran ser sometidos, sea por acción u omisión de
personas de la administración pública o de particulares.
Investigaremos sobre estos derechos como paso previo a conocer de
las garantías a los mismos, las cuales están consagradas en los artículos del
68 al 73, también en el título II de nuestra Carta Magna.
El recurso o acción de amparo se encuentra dentro de las garantías
que conoceremos y veremos que junto a otras son efectivas para proteger
los derechos fundamentales y restablecer los que se hayan conculcado.
- 3 -
El Tribunal Constitucional Dominicano es la instancia procesal que tiene
la máxima autoridad para conocer las garantías de los derechos
fundamentales y sus decisiones son definitivas, irrevocables y oponibles a los
demás poderes y organismos del Estado. Fue creado por la Constitución de
2010 vigente hoy.
Proyectamos realizar un estudio centrado en la efectividad del recurso
de amparo por ante este máximo tribunal y las consideraciones nuestras.
Se estudiaran varios precedentes importantes de la materia.
En una última parte nos enfocaremos a estudiar el caso paradigmático
de la sentencia No. 168/2013, del TC en la que por un análisis efectivo de la
misma, en sus acertados fundamentos, a pesar de los dos votos disidentes;
sostenemos que con ella se ha dictado un amparo a la nación dominicana.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:Estudiaremos el recurso o acción de amparo en el contexto
constitucional dominicano, luego de algunas notas de su existencia en el
área iberoamericana y nacional, para determinar su efectividad ante el
Tribunal Constitucional Dominicano, a la luz de sus principales sentencias.
Presentando como colofón el estudio de su sentencia No. 168/2013, con la
cual sostenemos se ha dictado un amparo a favor de la Nación Dominicana;
por haberse hecho un correcto ejercicio de soberanía. Sostenemos esta
afirmación muy a pesar de variadas opiniones en contrario emitidas por
diferentes doctrinarios constitucionalistas nacionales. Algunas de las cuales
se analizarán para contestarlas en sustentación de lo planteado.
- 4 -
OBJETIVOS:General
Conocer el funcionamiento del recurso de amparo por ante el Tribunal
Constitucional Dominicano, y establecer su grado de efectividad por ante el
tribunal Constitucional Dominicano.
Reconocer que la sentencia No. 168/13 del TC ha declarado un amparo
para la nación dominicana ya que además de amparar los derechos de una
minoría importante en el territorio nacional, los extranjeros ilegales; ha
amparado el derecho que tienen los dominicanos sustentados por su carta
magna, de establecer quiénes son dominicanos.
Específicos:Analizar cómo se ubica el recurso de amparo dentro de las garantías
constitucionales normativas, reconocidas para hacer respetar los derechos
fundamentales en República Dominicana. Demostrar que a sus casi dos años
de funcionamiento el Tribunal Constitucional dominicano resulta una vía
idónea para lograr amparar de forma efectiva los derechos fundamentales
vulnerados a los habitantes de República Dominicana, sean nacionales o
extranjeros, sea a favor de particulares o colectividades y ya sea frente a
particulares o instituciones públicas y privadas. Lo cual se demostrará con
varias sentencias de este máximo tribunal dentro de los años 2012 y 2013.
Reflexionar finalmente acerca de la sentencia No. 168 del 2013, del
Tribunal Constitucional Dominicano y cómo en ella ha dictaminado un
amparo a la Nación Dominicana. Particularmente se conocerá en detalles la
fundamentación jurídica, social, jurisprudencial e histórica para sostener que
la nación dominicana tiene el pleno ejercicio de su soberanía para establecer
los elementos normativos de la nacionalidad dominicana como un derecho
fundamental de su pueblo.
- 5 -
JUSTIFICACIÓN:
Con la presente investigación, se demuestra que la Constitución
Dominicana consagra el recurso o acción de amparo como una de las
garantías normativas más efectivas para asegurar el respeto y protección
inmediata a los derechos fundamentales en el territorio de la República.
Dichos derechos fundamentales no sólo son los descritos en el capítulo I, del
Título II de la Constitución vigente,(arts. Del 37 al 67) sino que a los mismos
se le agregan los contenidos en el bloque de constitucionalidad, que se
refieren a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos
debidamente suscritos y ratificados por el Congreso Nacional. Así también
las opiniones consultivas y las decisiones de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos. Se hará referencia a las garantías constitucionales para
preservar dichos derechos contenidas en los artículos 68 a 73 de la
Constitución; particularmente sobre la acción de amparo que nos ocupa.
Se establecerán los diferentes tipos de amparos consagrados en la
Constitución y el modo de incoarlos para lograr el goce efectivo de los
derechos conculcados. Igualmente establecer que la instancia superior de
decisión de esta materia es el Tribunal Constitucional, el cual lo conocerá en
instancia única.1
Habiendo destacado este papel regulador de este magno tribunal, se
presentarán varias sentencias del mismo donde se demuestra la gran
efectividad de su labor Garantista de derechos fundamentales. Y lo
importante de usar en la práctica esta acción de amparo para restituir el
derecho conculcado, o prevenir su violación.
1 Ver art.185.4, de la Constitución. Publicación oficial de la Presidencia de la República, 26 de Enerode 2010.-
- 6 -
Por otra parte, y estudiando el controversial fallo S/TC/0168/13, del 23
de Septiembre del 2013, luego de un análisis de los aspectos relevantes
sobre el tema, de las leyes de Migración, Naturalización y la regulación
constitucional vigente de soberanía y nacionalidad dominicanas, además del
enfoque de algunas constituciones anteriores de República Dominicana,
demostraremos que con esta sentencia se ha dictado un amparo a la nación
dominicana en relación a sus derechos de soberanía, nacionalidad, territorio,
sistema político y libre determinación de este amado pueblo.
Entendemos que al establecer lo oportuno de esta sentencia, se
demostrará que su implementación servirá para resolver grandes problemas
migratorios ancestrales atinentes a los nacionales dominicanos frente a los
extranjeros ilegales que como una ocupación silenciosa llenan el territorio
dominicano.
- 7 -
MARCO DE REFERENCIA (Teórico-Conceptual)
Marco teórico
El articulo No. 72 de la Constitución vigente define la acción de amparo,
como describiremos más adelante, y aunque la veamos en su marco
jurisprudencial y doctrinario dominicanos, resulta de este texto su correcta
comprensión.
Textualmente señala:
Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de
amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no
protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para
hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para
garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con
la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no de
sujeto a formalidades.
Párrafo.- Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que
vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos
suspendidos están sujetos a la acción de amparo”. 2
El recurso o acción de amparo como lo denomina la Constitución dominicana
tiene en nuestro país su vigencia desde que la Suprema Corte de Justicia
dominicana, en su sentencia del 24 de febrero de 1999, así lo reconociera
por aplicación de la Convención Americana de los derechos humanos o
Pacto de San José (Costa Rica), señalando este recuso en su Art. 25.1.
2Constitución Dominicana, publicación de fecha 26 de enero de 2010, Presidencia dela República.
- 8 -
Dicha Convención fue ratificada por República Dominicana en 1977.
Los doctrinarios dominicanos sobre la materia constitucional y en los
cuales sustentaremos el presente estudio, son variados y convienen en que
esta garantía es idónea para impedir el quebrantamiento o restablecer el
derecho fundamental conculcado.
El profesor JUAN MANUEL PELLERANO GOMEZ, fue el primero en
tratar sobre el tema, siguieron el DR. RAFAEL LUCIANO PICHARDO, DR.
EDUARDO JORGE PRATS, MAG. SAMUEL ARIAS, MAG. HERMOGENES
ACOSTA; los cuales serán consultados para la presente investigación, entre
otros .
Más reciente, al hablar sobre los derechos ciudadanos, de nacionalidad,
electoral y constitucionales en general, los DRES. BELARMINIO RAMIREZ
MORILLO Y JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEON nos abordan el tema
constitucional desde un aspecto más concreto en relación a la conciencia
nacional dominicana. Estos últimos nos serán de gran apoyo en la parte final
de la investigación, particularmente en el enfoque del estudio de la sentencia
No. 168/2013, del Tribunal Constitucional.
- 9 -
MARCO CONCEPTUAL
La acción de amparo en República Dominicana es una hechura del
derecho iberoamericano de los derechos humanos y su nueva
conceptualización para llevar a los individuos una forma, efectiva, sencilla,
rápida y gratuita, entre otras características, para determinar ante los
tribunales correspondientes si se ha vulnerado, o si se ha amenazado con
vulnerar las garantías o los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución y el bloque de constitucionalidad.
El Tribunal Constitucional es una creación de la vigente Constitución
del 26 de Enero de 2010, y sus características, funcionamiento, integración y
regulación se contemplan en los artículos 184 al 189. Según este primer
artículo este magno tribunal debe garantizar la supremacía de la
Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los
derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables,
además de constituir precedentes obligatorios y vinculantes para todos. Al
ser la acción de amparo una de las garantías constitucionales descritas en
nuestra norma constitucional, este tribunal tendrá la decisión definitiva en las
litis que surjan al respecto.
La ley No. 137-11, que es la orgánica del Tribunal Constitucional y los
procedimientos constitucionales, cumple con el mandato constitucional del
articulo No. 189, que remite a la ley la regulación no sólo de los
procedimientos constitucionales, sino también la organización y
funcionamiento de este tribunal.
La sentencia TC / 0168/13, dictada el pasado día 23 de septiembre del
presente año 2013, constituye un ejercicio de soberanía y fue dictada por la
mayoría de los honorables jueces integrantes; destacándose dos votos
disidentes de dos honorables magistradas que oportunamente se dilucidarán.
- 10 -
De antemano presentamos la afirmación que suscribimos la posición del
voto de mayoría que fundamenta la sentencia. Y más que ello, luego de un
análisis ponderativo de la efectividad de esta acción de amparo ante el
Tribunal Constitucional, fundamentado en varias sentencias del mismo en los
últimos dos años, sostenemos que su accionar resulta un nuevo paradigma
altamente efectivo para lograr el orden constitucional necesario en materia de
amparo.
Por otra parte, reconocemos que nos ha sido de gran ayuda el estudio
presentado por el DR. JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEON, sobre los
aspectos de nacionalidad, migración y soberanía, no solo en su obra citada
“LA NACIONALIDAD DOMINICANA”; las variadas alocuciones que al
respecto destaca la prensa dominicana, sino también la entrevista que al
respecto le haremos a este destacado jurista dominicano. Decimos esto
porque ya la pautamos y de antemano le pareció interesante mi afirmación
de que esta sentencia constituye UN AMPARO A LA NACIONDOMINICANA.
- 11 -
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Método exploratorio: Con este método, procuraremos realizar un
estudio general sobre el problema planteado a los fines de obtener
informaciones precisas sobre el fenómeno del amparo y las garantías
constitucionales donde se ubica, estudiando además de las leyes
correspondientes, la doctrina y jurisprudencias constitucionales nacionales.
Método comparado: Será de suma ayuda este método, se tomará en
cuenta las normas legislativas de diversos países iberoamericanos, las
normas establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos y
se harán comparaciones con la legislación nacional.
Método deductivo: Con el método deductivo, pretendemos tomar las
ideas y conceptos generales sobre la acción de amparo en República
Dominicana, su consagración legislativa y jurisprudencial; deduciendo
situaciones particulares que demostrarán la efectividad de su implementación
en la actualidad.
Y Se usará el método experimental, como las entrevistas a autores
reconocidos sobre el tema tratado.
- 12 -
TABLA DE CONTENIDO:
PRIMERA PARTE: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL
AMPARO EN REPÚBLICA DOMINICANA.
OBJETIVOS: CONOCER SOBRE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES VIGENTES Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN
DE AMPARO EN REPÚBLICA DOMINICANA.
CAPITULO 1.- EL CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALESEN REPÚBLICA DOMINICANA, SU CONSAGRACIÓN EN LACONSTITUCIÓN DEL AÑO 2010.
1.1 DERECHOS FUNDAMENTALES DE PRIMERA GENERACIÓN.
1.2 DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGUNDA GENERACIÓN.
1.3 DERECHOS FUNDAMENTALES DE TERCERA GENERACIÓN.
CAPITULO 2.- GARANTÍAS JUDICIALES DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES:
2.A) LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
2.B) EL DEBIDO PROCESO. –
CAPITULO 3.- GARANTÍAS NORMATIVAS DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES:
A) HÁBEAS CORPUS
B) HÁBEAS DATA.
C) ACCION DIRECTA DE INCOSTITUCIONALIDAD.
D) EL AMPARO.
CAPITULO 4.- ANTECEDENTES DEL AMPARO EN IBEROAMERICA.
CASO REPÚBLICA DOMINICANA.
4-a) ANTES del año 1999.-
4-b) SENTENCIA SCJ DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 1999.
4-c) LEY 437 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006.
- 13 -
4-d) CONSTITUCIÓN AÑO 2010.
4-f) LEY 137-11, DEL 13 DE Junio del año 2011.-
SEGUNDA PARTE: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMOGARANTE MÁXIMO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
OBJETIVOS:REFLEXIONAR SOBRE LA EFECTIVIDAD GARANTISTA DEL
RECURSO EN REVISIÓN DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL Y DESTACAR LA IMPORTANCIA DE LA SENTENCIA
NO.168TC/13 EN MATERIA DE SOBERANIA.
CAPITULO 1.- ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALDOMINICANO COMO REGULADOR DE LAS ACCIONESCONSTITUCIONALES: CASO DEL AMPARO.
1-B).-ANÁLISIS DE ALGUNAS SENTENCIAS AÑOS 2012 Y 2013
SOBRE AMPARO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LAS PRETENCIONES DE
AMPARO DE LOS INMPETRANTES.
.CAPITULO- 2.- EL CASO PARADIGMÁTICO DE LA SENTENCIA No.168/13, DEL 23 DE SEP. DE 2013: AMPARO A LA NACION DOMICANA.2. A -RESUMEN DEL CASO.
2. B- LA TESIS DEL MARGEN DE APRECIACIÓN DESARROLLADA POR
LA CORTE EUROPEA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU APLICACIÓN
EN LA SOLUCION DADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL CASO
PLANTEADO.
2. B.1- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA SOBRE SU COMPETENCIA Y
SOBRE SU ADMISIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO EN
REVISIÓN DE AMPARO SOLICITADO
- 14 -
2. C . LA RECURRRENTE NO CORRE EL RIEZGO DE
CONVERTIRSE EN APÁTRIDA. DEFINICIÓN DE NACIONALIDAD EN LA
CONSTIITUCIÓN HAITIANA.
2. D. LA SENTENCIA TC/168/13 RESPETA EL PRINCIPIO DE LA
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. CONCEPTO DE NACIONALIDAD EN LA
CONSTITUCIÓN DOMINICANA
2. E- DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EXPLICACIÓN
DE LO ORDENADO EN LA MISMA.
CAPITULO 3.-. ENTREVISTAS. ANALISIS DE LO PLANTEADO ENELLAS.
3.2.- LA SENTENCIA No. 168/13, DEL 23 DE SEP. DE 2013: AMPARO
A LA NACIÓN DOMICANA.
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
REFERENCIAS.
- 15 -
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ANEXO #2:DECLARACION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL 31DE OCTUBRE DE 2013
www.tribunalconstitucional.gob.do
DECLARACIÓNPublicado por: Administrador activo 7 Noviembre 2013 - 5:52pm
En nuestra condición de vocero oficial del Tribunal Constitucional
consideramos pertinente, de manera excepcional, dirigirnos a la Nación para
expresar nuestra satisfacción por la respetuosa acogida que han dispensado
a nuestro fallo TC/0168/13 el señor Presidente de la República, Licenciado
Danilo Medina Sánchez, el honorable Congreso Nacional, la Consultoría
Jurídica del Poder Ejecutivo, la Junta Central Electoral, el Ministerio de
Interior y Policía, la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de
Migración y otras instancias públicas de nuestro país; así como por el cálido
apoyo recibido de otros sectores de la vida nacional, de diversas
personalidades, entre las cuales se destacan monseñor Nicolás de Jesús
Cardenal López Rodríguez, monseñor Agripino Núñez Collado, y de la
población en general. Expresamos igualmente nuestro respeto a las
opiniones disidentes, que son consustanciales a la vida democrática.
Mediante la antes mencionada decisión, el Tribunal Constitucional dispuso,
entre otras medidas, la elaboración del Plan nacional de regularización de
extranjeros ilegales radicados en el país, a cargo del Consejo Nacional de
Migración, de acuerdo con la Ley de Migración No. 285-04, al tiempo que
exhortó al Poder Ejecutivo a implementar dicho plan.
Confiamos plenamente en las autoridades que tienen la responsabilidad de
aplicar los mandatos de nuestra sentencia y de que la misma se cumplirá con
estricto apego a los derechos fundamentales y valores que consagra nuestra
Constitución, en especial la dignidad humana, la integridad personal, la
libertad y la seguridad ciudadana.
De igual manera, estimamos oportuna la ocasión para precisar algunos
aspectos relevantes de dicha sentencia, que indicamos a continuación:
1. El presente caso se contrae a que la señora Juliana Dequis (o Deguis)
Pierre depositó el original de su acta de nacimiento en el Centro de
Cedulación del Municipio de Yamasá, y requirió la expedición de su cédula
de identidad y electoral; petición que no fue acogida por la Junta Central
Electoral bajo el fundamento de que la solicitante, siendo hija de nacionales
haitianos en tránsito, fue inscrita de manera irregular en la Oficialía del
Estado Civil de Yamasá. Dicha señora consideró que esa negativa violaba
sus derechos fundamentales, por lo que accionó en amparo contra la Junta
Central Electoral ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata. Esta jurisdicción rechazó su
pretensión mediante sentencia que fue recurrida en revisión ante el Tribunal
Constitucional.
2. Al respecto, cabe indicar que la cédula de identidad y electoral constituye
un documento esencial en el ordenamiento jurídico nacional, puesto que
dentro del marco del estado civil de las personas acredita, entre otros
aspectos, la identidad (nombres y apellidos), el sexo, la situación conyugal
(casado o soltero), la nacionalidad (Estado al que se está jurídicamente
vinculado), la mayoría de edad (prescrita a los 18 años) y la titularidad de la
ciudadanía (los derechos y deberes que corresponden al ciudadano
dominicano), que comprende, especialmente, la facultad de elegir y ser
elegido para las funciones públicas del Gobierno nacional. O sea, que este
documento –la cédula de identidad y electoral, diferente a la cédula de
identidad para extranjeros- solo corresponde a los ciudadanos dominicanos.
3. Tal como indica la decisión TC/0168/13, en la República Dominicana
existe una gran cantidad de extranjeros que aspiran a obtener la nacionalidad
dominicana, cuya mayor parte son indocumentados de nacionalidad haitiana.
En efecto, la Unión Europea, el Fondo sobre Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) realizaron en el
país, en el año dos mil doce (2012), la Primera Encuesta Nacional de
Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012), con el propósito de
recopilar datos sobre los inmigrantes y los hijos de inmigrantes nacidos en
el territorio nacional.
4. De acuerdo a los resultados de dicha investigación, el total de
inmigrantes alcanza 524 mil 632 personas, es decir, el 5.4% del total de la
población nacional, que en el año 2012 se aproximaba a los 10 millones. De
esos 524 mil 632 extranjeros, la cantidad de 458 mil 233 nació en Haití, lo
cual representa el 87.3% de la población total de inmigrantes en el país.
Estas cifras muestran la prevalencia de ciudadanos haitianos en relación con
los demás inmigrantes establecidos en la República Dominicana. Conviene
consignar que después de la inmigración haitiana, “Las diez comunidades
principales por orden de tamaño de la población registrada son: Estados
Unidos (13,514), España (6,720), Puerto Rico (4,416), Italia (4,040), China
(3,643), Francia (3,599), Venezuela (3,434), Cuba (3,145), Colombia (2,738)
y Alemania (1, 792)”.
5. En la ya mencionada encuesta, la suma de los inmigrantes y sus
descendientes constituye la población de origen extranjero. Su magnitud se
sitúa en 768 mil 783 personas, de las cuales 668 mil 145 son originarias de
Haití, y constituyen el 6.87% de la población que habita en el territorio
nacional. Un porcentaje muy significativo de estos no posee documento de
identidad de su país. De acuerdo con informaciones publicadas en la prensa
dominicana, la Dirección General de Migración solo tiene legalmente
registrados la cantidad de 11 mil inmigrantes haitianos, que representa un
ínfimo 0.16% del total de estos últimos.
6. Con relación a la nacionalidad, esta se adquiere por nacimiento (ius soli),
por ascendencia (ius sanguinis) o por naturalización. Si bien esta última
modalidad ha existido siempre en nuestra vida republicana, el grado de
incidencia de las dos primeras ha sido mayor aunque con fluctuaciones en
nuestra historia constitucional. Ahora bien, la más relevante modificación al
régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana por ius soli fue
reintroducida en la Constitución del 20 de junio de 1929 (se adoptó por vez
primera en el artículo 7 de la Constitución de Santiago de los Caballeros de
1908). Dicha modificación reviste una particular importancia para este caso,
en vista de que fue la primera que sustrajo, de manera ininterrumpida, a los
hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito del principio
general de adquisición de la nacionalidad por nacimiento, en los términos
siguientes: “Son dominicanos: (…) 2° Todas las personas que nacieren en el
territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los
extranjeros residentes en la República en representación diplomática o que
estén de tránsito en ella” (artículo 8.2).
7. Esta categoría de extranjeros en tránsito figura con su naturaleza de
excepción a la regla genérica de aplicación del ius soli en todas las
Constituciones dominicanas posteriores (o sea, desde hace casi un siglo), a
saber: en las de 1934, 1942, 1947, 1955, 1959, 1960 (junio y diciembre),
1961, 1962, 1963, 1966, 1994, 2002 y, finalmente, en el artículo 18.3 de la
Constitución de 2010.
8. Desde hace más de treinta años, nuestra Suprema Corte de Justicia ha
definido y reiterado el concepto de extranjero en tránsito, en el sentido de
admisión temporal más o menos extensa, diferente a la estancia breve o
momentánea del pasajero de paso por el país, sujeta al plazo máximo de
diez días previsto en el Reglamento de Inmigración No. 279 de 1939. Así lo
ha establecido en el contexto de litigios que conciernen la fianza judicatum
solvi, tanto respecto a las personas jurídicas como a las personas físicas. Y
en todos los casos ha vinculado la transitoriedad de la estancia del extranjero
en el territorio nacional a la inexistencia de fijación legal de su domicilio en el
país o a la falta de titularidad de un permiso de residencia otorgado por las
autoridades dominicanas; o sea, que la jurisprudencia tradicional dominicana
reconoce como extranjeros en tránsito a los que no tienen domicilio legal en
la República (personas jurídicas) o a los que carecen de permiso legal
de residencia (personas físicas). No se trata, en consecuencia, de una nueva
categoría migratoria introducida por el Tribunal Constitucional. Se trata de la
letra y del espíritu de los textos constitucionales.
9. Más aún, en la Ley de Migración 285-04, promulgada por el Presidente
Hipólito Mejía el 15 de agosto de 2004, artículo 36, párrafo I, se establece:
“Los no residentes son considerados personas en Tránsito, para los fines de
aplicación del artículo 11 de la Constitución de la República”. Además, el
artículo 152 de dicha Ley, reza: “El que haya ingresado bajo alguna condición
legal temporal y haya extralimitado su permanencia, independientemente de
su estatus actual, será considerado como un no residente”. En adición a lo
anterior, el Reglamento No. 631-11, de aplicación de la Ley General de
Migración No. 285-04, promulgado por el Presidente Leonel Fernández, el 19
de octubre del año 2011, en su artículo 68 consagra “Para los fines de
aplicación de la Ley y este Reglamento, los Extranjeros No Residentes y los
Extranjeros que ingresen o hayan ingresado y que residan o hayan residido
en territorio dominicano sin un estatus migratorio legal al amparo de las leyes
migratorias son considerados personas en tránsito”.
10. Manteniendo la misma concepción jurisprudencial, y respetando las
disposiciones constitucionales y legales, la Suprema Corte de Justicia,
presidida por el Dr. Jorge Subero Isa, reiteró mediante la Sentencia No. 9 del
14 de diciembre de 2005 el concepto de extranjeros en tránsito, de acuerdo
con la Constitución de 1966, en los siguientes términos: “(…) cuando la
Constitución en el párrafo 1 de su artículo 11 excluye a los hijos legítimos de
los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que
están en tránsito en él para adquirir la nacionalidad dominicana por jus soli,
esto supone que estas personas, las de tránsito, han sido de algún modo
autorizadas a entrar y permanecer por un determinado tiempo en el país; que
si en esta circunstancia, evidentemente legitimada, una extranjera alumbra
en el territorio nacional, su hijo (a), por mandato de la misma Constitución, no
nace dominicano.” Si esta interpretación se aplica a los de tránsito, con
mayor razón a todos los extranjeros inmigrantes ilegales.
11. Con relación a la supuesta retroactividad que se atribuye a la Sentencia
TC/0168/13, conviene enfatizar que esta última se fundamenta en la
Constitución dominicana del 28 de noviembre de 1966 (que se encontraba
vigente el 1 de abril de 1984, fecha de nacimiento de la señora Juliana
Dequis o Deguis Pierre), texto que, al igual que todas las Constituciones
anteriores, de manera ininterrumpida a partir de la del 20 de junio de 1929,
prevé como excepción al principio de adquisición de la nacionalidad
dominicana por ius soli a los hijos nacidos en el país de extranjeros en
tránsito.
12. En efecto, al referirse a la nacionalidad, la Constitución de 1966
establecía en el artículo 11.1 lo siguiente: “(…) 1. Todas las personas que
nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos
de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los
que estén en tránsito en él”. El padre de la señora Juliana, señor Blanco
Dequis (o Deguis), se identificó ante el Oficial del Estado Civil, en ocasión de
la declaración de nacimiento mediante la ficha No. 24253; mientras que su
madre, la señora Marie Pierre, se identificó mediante la ficha o documento
No. 14828. Conforme a las indicadas informaciones los padres de la
accionante en amparo no eran residentes legales en el país. Como fue
establecido por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata.
13. En ese sentido, no hay retroactividad en una sentencia que lo que hace
es determinar la ley aplicable en el momento en que surge el derecho
reclamado. Por tanto, si la reclamante nació en el país, con posterioridad al
año 1966, hija de extranjeros en tránsito, sencillamente nunca ha sido
dominicana por ius soli. En efecto, cuando una sentencia establece que al
momento de su nacimiento el marco legal vigente no le atribuye derecho a la
nacionalidad, no hace más que declarar una situación conforme a la
Constitución y a la ley de entonces, no constituir una situación nueva, por lo
que no cabe aquí hablar de aplicación retroactiva de ninguno de ambos
instrumentos normativos.
14. De igual manera, también resultaría estrictamente apegado al principio de
la irretroactividad de la ley cualquier caso que eventualmente fuese evaluado
desde 1929, en vista de que se tomaría en cuenta la Constitución vigente a la
fecha de nacimiento de la persona de que se trate.
15. Resulta importante destacar que en el Derecho Internacional Público,
desde hace casi un siglo, la configuración de las condiciones para el
otorgamiento de la nacionalidad ha sido internacionalmente reconocida como
parte del dominio reservado o competencia nacional exclusiva del Estado. En
ese sentido, en nuestro país, todo cuanto concierne a la determinación y
reglamentación de cuestiones migratorias ha correspondido desde hace
muchas décadas al Congreso Nacional, en su función legislativa. Por tanto,
carece de todo fundamento jurídico y asidero legal la pretensión de
cuestionar esta facultad soberana del Estado dominicano.
16. Por otra parte, respecto a la imputación de que la referida Sentencia
TC/0168/13 genera la apatridia de los hijos de extranjeros en tránsito,
conviene precisar que, en nuestro Derecho, las personas nacidas en el
territorio nacional cuyos padres tengan ese estatus solo adquirirán la
nacionalidad dominicana cuando no tengan derecho a otra nacionalidad, es
decir, cuando devengan apátridas. Esta regla se fundamenta en las
normativas previstas en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el
Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos.
17. En el caso particular de los hijos de padres haitianos en tránsito, cabe
resaltar que el artículo 11.2 de la Constitución haitiana de 1983, aplicable en
el caso de la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, cuyo nacimiento tuvo
lugar el 1 de abril de 1984, dispone expresamente que obtendrán
nacionalidad haitiana originaria todos aquellos individuos nacidos en el
extranjero de padre y madre haitianos: “Son haitianos de origen (…) 2.- Todo
individuo nacido en el extranjero de padre o madre haitianos.” Obsérvese,
por tanto, que este texto constitucional prevé el principio de sujeción por
descendencia a la nacionalidad haitiana de los hijos de nacionales haitianos,
sin importar el país en que hayan nacido, en razón de lo cual se imposibilita
la pérdida de dicha nacionalidad una vez adquirida por nacimiento. La
nacionalidad haitiana originaria por ius sanguinis ha sido consagrada en la
mayor parte de las Constituciones de la República de Haití desde hace casi
un siglo.
18. Queremos dejar constancia, además, de que, contrario a los
señalamientos de supuestos despojos de nacionalidad y desnacionalización
de presuntos ciudadanos dominicanos que supuestamente promueve la
Sentencia TC/0168/13, esta última no hace más que contribuir a la
regularización del estatus migratorio de esas personas, actualmente en total
desamparo legal, las cuales tendrán la oportunidad de insertarse en la vida
económica, social y jurídica de la República Dominicana, con todas las
garantías propias de un Estado social y democrático de derecho. Se trata,
pues, de una sentencia responsable y justa que busca corregir situaciones
que laceran la dignidad humana.
19. Exhortamos a los poderes públicos responsables de la aprobación y
puesta en ejecución del Plan nacional de regularización de extranjeros
ilegales radicados en el país, a adoptar todas las providencias necesarias
para que el mismo se aplique con el más absoluto respeto de las
prerrogativas del ser humano, particularmente en el caso de las personas de
comprobado arraigo y lealtad a los principios cardinales de la República
Dominicana.
20. Finalmente, el Tribunal Constitucional reitera ante la comunidad nacional
e internacional su compromiso indeclinable de “garantizar la supremacía de
la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los
derechos fundamentales”.
21. A manera de evocación histórica, recordamos la siguiente expresión del
Padre de la Patria y Primer Constitucionalista Dominicano, Juan Pablo
Duarte, “Los enemigos de la Patria, por consiguiente nuestros, están todos
muy acordes en estas ideas: destruir la nacionalidad aunque para ello sea
preciso aniquilar a la nación entera”.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a
los treinta y un (31) días de octubre de dos mil trece (2013), año del
bicentenario de Juan Pablo Duarte.
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