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  • 7/31/2019 Testimonio Jaime Borda

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    TESTIMONIO: SOBRE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN ESPINAR, CUSCO PER.

    Jaime Cesar Borda Pari / Vicaria de Solidaridad de la Prelatura deSicuani.

    Hace 10 aos aproximadamente opt por una forma de vida, a nivel personal yprofesional, de la defensa y exigencia de los derechos humanos. Mi experiencia

    se inicia en el Sur Andino peruano, quiz algunos recuerden todava a la Iglesia

    del Sur Andino, una Iglesia progresista que anunciaba y denunciaba las

    situaciones de injusticia que viven nuestros hermanos del campo. La situacin de

    abusos en contra de las poblaciones campesinas realmente ha cambiado muy

    poco en las ltimas dcadas, en esencia son los mismos comuneros y comuneras

    que en la poca de la violencia poltica fueron reprimidos por Sendero Luminoso

    y los agentes del Estado, ahora son por las empresas multinacionales que en

    complicidad con los gobiernos de turno actan defendiendo solamente los

    intereses de las empresas privadas.

    Es as que cuando empec acompaar en el proceso de informacin y

    acompaamiento a los lderes y dirigentes sociales de las organizaciones

    campesinas en sus derechos, siempre cre que estbamos haciendo lo correcto.

    Lo que nos ha sucedido en la provincia de Espinar, definitivamente parece la

    historia del mundo al revs, que pone en cuestin todo lo que propugnamos

    desde la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani. Es decir, me sugiere

    que la defensa y promocin de los derechos humanos resulta algo malo para los

    grupos de poder econmico, poltico y meditico en nuestro pas, quienes

    comparan la defensa de los derechos a atentar contra el desarrollo del Per.

    Qu sucedi en Espinar?

    Desde la Vicaria de Solidaridad de Sicuani siempre hemos intentado mediar en

    los conflictos que se presentan en la zona y sobre todo provincias altas del

    Cusco, donde en los ltimos aos se han concentrado varios conflictos por la

    presencia de actividades mineras e inclusive de construccin de represas y

    centrales hidro energticas. Nuestro llamado por el dilogo, la paz y la no

    violencia ha sido reiteradamente publicado a travs de pronunciamientos y

    comunicados desde la Prelatura de Sicuani.

    A partir de nuestra intervencin en los conflictos minero ambientales y en

    particular en la provincia de Espinar, hemos reportado y alertado en su

    momento, ya sea a representantes del gobierno central e inclusive de la

    empresa minera Xstrata Tintaya sobre la amenaza de estallidos de violencia en

    la zona, como tambin siempre hemos presentado pblicamente las

    preocupaciones de las poblaciones rurales, reclamando soluciones reales en

    favor de los derechos de las comunidades y el desarrollo sostenible en la zona,

    frente a las problemticas relacionadas a la actividad minera. Por lo tanto, salvo

    si la defensa de la democracia y los derechos humanos se han vuelto un delito,

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    de ninguna manera se nos puede acusar de violentistas, extremistas o de ser

    parcializados.

    Sobre los hechos que se sucedieron el da lunes 28 de mayo en Espinar, no

    puedo dejar de sealar que fue una experiencia muy amarga, humillante y por

    dems violenta y salvaje, que marca mi vida de forma inesperada e injusta. Al

    enterarnos de la situacin de enfrentamientos que se haba producido entre

    pobladores de Espinar y los efectivos policiales de la zona nos dirigimos un

    equipo de la Vicaria de Sicuani, encabezado por mi persona e integrado por dos

    abogados y el conductor de nuestra camioneta1 a Espinar. Salimos

    aproximadamente a las 5 de la tarde de Sicuani a Espinar, para llegar a las 6 y

    50 de la noche. De inmediato fuimos al ovalo del mercado central de Espinar, ya

    que nos haban informado que se encontraba retenido el Fiscal provincial de

    Espinar, el seor Hctor Herrera, por pobladores y algunos dirigentes. Ellos se

    encontraban bastante mortificados por la intervencin policial que se haba

    producido en la zona; se alegaba que haban muertos, heridos y detenidos en el

    campamento minero de Xstrata Tintaya.

    Al divisar nuestra presencia uno de los dirigentes que se encontraba protegiendo

    al Fiscal, el seor Sergio Huamani solicit que la Vicaria de Sicuani constatara

    que no se la haba hecho nada al Fiscal y que conjuntamente con ellos podamos

    regresar al campamiento minero de Xstrata Tintaya para ver la situacin de los

    detenidos y heridos. Nosotros ayudamos al Fiscal y al dirigente a salir de ese

    momento complicado e inmediatamente comprometimos el uso de la camioneta

    de la Vicaria de Sicuani para el traslado del Fiscal, el dirigente y los integrantes

    de la Vicaria de Sicuani. Tras haber explicado a la poblacin que bamos a

    verificar la situacin de los detenidos, nos dirigimos al campamento minero de

    Xstrata Tintaya, donde llegamos a las 8 y 30 de la noche aproximadamente. Solo

    pudieron ingresar el Fiscal y los dos abogados de la Vicaria de Sicuani, pues no

    se permita el ingreso de nadie ms.

    En consecuencia tres personas nos quedamos esperando en la camioneta, el

    conductor Romualdo Ttito Pinto de la Vicaria, el dirigente Sergio Huamani del

    FUDIE y mi persona en la garita de control de Xstrata Tintaya. Pasaron unos 20

    minutos cuando dos camionetas de manera rpida se estacionan frente a

    nosotros impidiendo la salida de nuestro vehculo. En seguido bajaron alrededor

    de 30 policas, que apuntaron sus armas de fuego contra nosotros, gritando

    insultos y obligndonos a bajar de la camioneta. Sin habernos dado explicacinalguna comenzaron a golpearnos fsicamente y violentamente, utilizando para

    ello el arma que tenan, antes de meternos en una de las camionetas que nos

    traslad al interior del campamento minero.

    Una vez adentro nos filman, nos toman fotos, nos insultan y nos siguen

    golpeando sin darnos los motivos de nuestra detencin. Solo alguno de ellos

    manifestaban que estbamos en estado de emergencia, como si esto justificar

    1 Los trabajadores de la Vicaria que viajamos a la zona son: Jaime Borda, Wilmer Quiroz Calli,

    Maritza Quispe y Romualdo Ttito Pinto.

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    los maltratos fsicos y psicolgicos que nos impusieron, y nada ms. Luego nos

    ponen contra la pared, donde nos quedamos esperando casi una hora, hasta que

    nos obligan a pasar por tpico para decirnos de manera burlona en los lugares

    que tenamos golpes o contusiones.

    Despus de esto reclamamos la presencia del Fiscal, para poder explicar la razn

    por lo que estbamos afuera, pero no se nos hizo caso. Posteriormente nos

    trasladaron a la comisaria que est dentro del campamento minero, juntndonos

    con varios pobladores ya detenidos (21 personas, un nio y tres mujeres). Luego

    se obliga al conductor de la camioneta a ir con ellos para hacer la requisa y la

    incautacin del vehculo de la Vicaria de Sicuani. Sorpresivamente, se le informa

    al conductor que al interior de la camioneta se encontraron 10 balas de armas

    de fuego y dos spray, exigiendo al conductor que firme el acta de incautacin.

    Obviamente, l se niega a firmar, pues esos materiales no eran de propiedad

    nuestra, por lo cual sospechamos que en el tiempo en que estuvo libre la

    camioneta seguramente los policas lo haban colocado. Nosotros negamos en

    todo momento la presencia de esos materiales, ya que el uso de la violencia vaen contra de nuestro trabajo, nuestra misin institucional apuesta por la paz y la

    no violencia.

    Posterior a esta situacin los abogados de la Vicaria que se encontraban dentro

    hicieron de abogados de todos los detenidos. Si no hubiera sido por ellos

    probablemente la situacin hubiera sido mucho ms complicada. Ellos ayudaron

    a comunicar al exterior de lo que estaba pasando al interior del campamento

    minero, pese a sufrir maltratos verbales por los efectivos policiales. Al da

    siguiente estuvieron los fiscales que llegaron de Cusco y tomaron nuestra

    declaracin. En la tarde otra vez sin comunicacin o notificacin alguna, siete

    personas fuimos trasladados enmarrocados2 en una combi a Cusco, antes

    pasamos por la comisaria de Sicuani, la carceleta del Poder Judicial del Cusco, y

    finalmente a las instalaciones de la DIVINCRI en Cusco, donde permanecimos

    hasta el momento de nuestra liberacin. En todo ese tiempo nunca hubo

    comunicacin de nadie para decirnos los motivos de nuestra detencin.

    Durante esta situacin, los que se nos acusaban eran: Secuestro, disturbios,

    dao agravado y atentado contra los medios de transporte colectivo o

    comunicacin. Contrario a estas falsas acusaciones, hemos sido nosotros que

    ayudamos al Fiscal a ser liberado, esto es una muestra de la forma como se

    coluden los diferentes sectores del gobierno para acusar de cualquier forma conartimaas y mentiras de los hechos que sucedieron en Espinar Cusco.

    Considero de suma preocupacin que quince aos atrs al final de la guerra

    interna, y once aos despus de la cada de la dictadura fujimorista, las policas

    involucrados parecen sentirse legitimados para actuar al margen del estado de

    derecho, aparentemente sembrando evidencias incriminatorias, y aplicando

    distintas formas de maltrato fsico y psicolgico. De otro lado, preocupa

    2 Dos trabajadores de la Vicaria de Sicuani, tres jvenes de serenazgo del Municipio de Espinar,

    el dirigente Sergio Huamani y Herber Huamani de la FUDIE.

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    enormemente que la criminalizacin de la protesta, con la cual Ollanta Humala

    prometa terminar en su campaa electoral, parezca estar endurecindose en el

    actual gobierno.

    La situacin de los defensores de derechos humanos.

    Despus de la detencin arbitraria de Oscar Mollohuanca Alcalde de Espinar lasituacin se torn tensa en Espinar, pues la mayora de medios nacionales, ya

    sea prensa escrita, televisiva y radial lo acusan de ser el principal promotor e

    instigador de las movilizaciones en Espinar. Adems se ha sealado que las

    denuncias de contaminacin son totalmente falsas y que no existen pruebas

    para cuestionar a la empresa minera Xstrata en Espinar. En Cusco, Ica, se han

    producido una seria de se hicieron vigilas, marchas, por los heridos, los muertos

    y la liberacin de Oscar Mollohuanca.

    No hay garantas para los defensores de derechos humanos, ya que incluso

    nosotros somos acusados de violentistas e instigadores de las movilizaciones. Un

    poblador en medio del enfrentamiento seal lo siguiente: Por qu nos haces

    esto Seor Presidente Humala, porque nos has traicionado, porque nos

    matas?... Lamentablemente debo decir que temo que esto podra ser el inicio,

    de lo que el analista poltico Santiago Pedraglio a propsito de Espinar llam, un

    gobierno minero militar, siendo las poblaciones campesinas las que siguen

    sufriendo la violencia y el atropello de sus derechos.

    Pese a todo lo vivido en estos das, y la amarga situacin que nos toc vivir a

    nosotros y a los dems detenidos, me afirmo en el trabajo que hacemos desde la

    Vicaria de Solidaridad de Sicuani, no es posible pensar en el desarrollo del pas si

    esta no va de la mano con el respeto de los derechos de todos los peruanos,pero sobre todo de aquellos sectores que histricamente han sido excluidos y

    ninguneados, es decir nuestros hermanos del campo.

    Algunas conclusiones.

    Quisiera sealar tres elementos que se deben tomar en cuenta sobre los hechos

    sucedidos en Espinar, Cusco - Per:

    La relativizacin de los derechos humanos, la forma como intervienen los

    efectivos policiales al momento de utilizar las bombas lacrimgenas y sus armas

    de fuego en la poblacin, recurriendo a la agresin directa, estas acciones se

    legitiman, a veces, con el respaldo poltico.

    Un segundo aspecto tiene que ver con empresa minera Xstrata Tintaya y el

    Gobierno Central, la presencia de una comisaria y de efectivos policiales al

    interior del campamento minero, la facilitacin logstica para la manutencin de

    los efectivos policiales y posibles pagos a los mismos por los das que se

    quedaron en propiedad de la empresa, hay o no relacin minero militar entre

    Xstrata Tintaya y el Gobierno de turno?

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    Y finalmente los instrumentos de gestin ambiental con los que cuenta el Estado

    para revisar y/o monitorear los posibles niveles de contaminacin de la zona por

    la actividad minera no se cuestionan, pasa a un segundo plano las denuncias por

    contaminacin y los pedidos de informacin sobre la situacin actual de los ros

    Salado y Kaipia en Espinar. El mensaje final de Xstrata y el Gobierno es que la

    empresa no contamina ni contaminara nunca.