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Administrativos Estado – Promoción Interna 2016 1

TEMA 1

Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Revisión, anulación y revocación. El principio de legalidad en la actuación administrativa

1. Señale cuál de las siguientes no es una fuente directa del Derecho Adminis-trativo:

a) Los Decretos–Leyes.

b) Los Principios Generales del Derecho.

c) Los Reglamentos del Presidente del Gobierno.

d) La Constitución.

2. El artículo 1.6.º del Código Civil establece que la jurisprudencia comple-mentará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca:

a) El Tribunal Constitucional.

b) La Audiencia Nacional.

c) El Tribunal Supremo.

d) Los Tribunales Superiores de Justicia.

3. ¿Quiénes son en España, tras la Constitución, los titulares de la potestad le-gislativa?

a) El Estado.

b) Las Comunidades Autónomas.

c) Las Corporaciones Locales.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

4. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Go-bierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara:

a) Un máximo de dos miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

b) Un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

c) Un máximo de cinco miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

d) Un máximo de siete miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

5. Una Ley Orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la inicia-tiva popular para la presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de:

a) 50.000 firmas acreditadas.

b) 100.000 firmas acreditadas.

c) 250.000 firmas acreditadas.

d) 500.000 firmas acreditadas.


6. ¿En qué materias no procede la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley?

a) En materias tributarias.

b) En materias propias de ley orgánica.

c) En materias de carácter internacional.

d) Todas las respuestas son correctas.

7. ¿A quién corresponde elevar al Consejo de Ministros el Plan Anual Norma-tivo para su aprobación?

a) Al Presidente del Gobierno.

b) Al Ministro de la Presidencia.

c) Al Ministro de Administraciones Públicas. d) Al Vicepresidente del Gobierno.

8. El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes de:

a) El 30 de abril.

b) El 1 de mayo.

c) El 30 de junio.

d) El 31 de diciembre.

9. Conforme dispone el artículo 86 de la CE, en caso de extraordinaria y ur-gente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provi-sionales que tomarán la forma de:

a) Leyes Orgánicas.

b) Decretos–Leyes.

c) Decretos Legislativos.

d) Reglamentos.

10. Los Decretos–Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y vo-tación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de:

a) Los treinta días siguientes a su promulgación.

b) Los veinte días siguientes a su promulgación.

c) Los quince días siguientes a su promulgación.

d) Los diez días siguientes a su promulgación.

11. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibi-rán el título de:

a) Leyes Orgánicas.


c) Decretos Legislativos.

d) Reglamentos.


12. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso–administrativo conoce-rán:

a) De las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Ad-ministraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo.

b) Con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley.

c) Con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación.


13. Señale la respuesta incorrecta respecto al Reglamento:

a) El Reglamento consiste en un acto normativo dictado por la Administración en virtud de su competencia propia.

b) El Reglamento es toda disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración Pública y con valor subordinado a la Ley.

c) Por su contenido, son normas de Derecho subjetivo, de rango inferior al de las Leyes.

d) Por su procedencia, al emanar de la Administración, están sometidos al prin-cipio de legalidad y son susceptibles, en su caso, de ser fiscalizados por la Ju-risdicción Contencioso–Administrativa.

14. ¿En virtud de qué principio, la iniciativa normativa debe evitar cargas ad-ministrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos?

a) En aplicación del principio de transparencia.

b) En aplicación del principio de eficacia.

c) En aplicación del principio de eficiencia.

d) En aplicación del principio de seguridad jurídica.

15. Por la relación existente entre los Reglamentos y la Ley, cabe distinguir en-tre:

a) Reglamentos Ejecutivos y Reglamentos Independientes.

b) Reglamentos Normativos y Reglamentos Legislativos.

c) Reglamentos Simples y Reglamentos Complejos.

d) Reglamentos Internos y Reglamentos Externos.

16. Como consecuencia del principio de reserva de Ley, la Administración no podrá, por vía reglamentaria:

a) Establecer ni imponer penas.

b) Establecer tributos ni otro tipo de exacciones, tasas, cánones, derechos de propaganda, ni otras cargas similares.

c) Establecer y exigir prestaciones personales obligatorias.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.


17. ¿En virtud de qué principio las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los docu-mentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, ac-ceso a la información pública y buen gobierno?

a) En aplicación del principio de transparencia.

b) En aplicación del principio de eficacia.

c) En aplicación del principio de eficiencia.

d) En aplicación del principio de seguridad jurídica.

18. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publica-rán:

a) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

b) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.

c) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya ini-ciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos con-sultivos correspondientes.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

19. ¿Con qué periodicidad, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente?

a) Anualmente.

b) Semestralmente.

c) Trimestralmente.

d) Mensualmente.

20. Por razón del sujeto que los dicta, los Reglamentos podrán ser:

a) Públicos y privados.

b) Únicos y múltiples.

c) Estatales, autonómicos, locales e institucionales.

d) Políticos e institucionales.

21. ¿Cómo se denominan los Reglamentos dictados por las Autoridades admi-nistrativas en caso de emergencia?

a) Reglamentos excepcionales.

b) Reglamentos de necesidad.

c) Reglamentos contra legem.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.


22. Los Reglamentos tienen el límite formal de que han de ser elaborados si-guiendo el procedimiento establecido al respecto, so pena de:

a) Anulabilidad.

b) Nulidad.

c) Ilegitimidad.

d) Irregularidad.

23. ¿Cómo se denominan los Reglamentos que agotan su eficacia en el ámbito de la propia Administración, sin que regulen o repercutan en relaciones en-tre esta y los particulares o entre los Entes Públicos?

a) Internos.

b) Propios.

c) Simples.

d) Únicos.

24. El Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-bre, establece en su artículo 506 que la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o sus-pendiere su ejecución, será castigado con la pena de:

a) Multa de seis a doce meses.

b) Prisión de uno a tres años.

c) Multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo pú-blico por tiempo de seis a doce años.

d) Prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación espe-cial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.

25. Indique cuál de las siguientes es una fuente indirecta del Derecho Adminis-trativo:

a) La costumbre.

b) Los Reglamentos.

c) Los Tratados Internacionales.

d) Las leyes ordinarias.

26. ¿De qué plazo dispone el Rey para sancionar las Leyes aprobadas por las Cortes Generales?

a) De un mes.

b) De veinte días.

c) De quince días.

d) De siete días.

27. ¿A quién corresponde la sanción y promulgación de las Leyes de las Comu-nidades Autónomas?

a) Al Rey.

b) Al Presidente de cada una de ellas, en nombre de la Comunidad. c) Al Presidente de cada una de ellas, en nombre del Rey.

d) Al Presidente del Parlamento Autonómico.


28. A tenor del artículo 81.1.º CE, son Leyes Orgánicas:

a) Las que regulen el régimen electoral general.

b) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

c) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía.


29. ¿Cómo se denominan las leyes por las que las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, pueden atribuir a todas o a alguna de las Comuni-dades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley esta-tal?

a) Leyes de armonización.


c) Leyes marco.

d) Decretos Legislativos.

30. Los Reglamentos de las Cámaras prevén la posibilidad de seguir un proce-dimiento de urgencia, a iniciativa de:

a) El Gobierno.

b) Dos Grupos Parlamentarios.

c) De una quinta parte de los Diputados.


31. ¿Quién coordina el Plan Anual Normativo, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo?

a) El Presidente del Gobierno.

b) El Ministerio de la Presidencia.

c) El Ministerio de Administraciones Públicas.

d) El Vicepresidente del Gobierno.

32. El artículo 97 CE confiere la potestad reglamentaria, genérica y expresa-mente:

a) Al Gobierno.

b) Al Estado.

c) Al Estado Central y al Estado de las Autonomías.

d) A la Administración Pública.

33. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de:

a) Legalidad, necesidad, igualdad, transparencia, y eficiencia.

b) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, justicia y buena fe.

c) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y efi-ciencia.

d) Buena fe, igualdad, proporcionalidad, eficacia y eficiencia.


34. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en:

a) El BOE.

b) El BOE y en el Boletín Oficial de las CCAA.

c) El Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

d) Un diario nacional de tirada diaria.

35. A tenor del artículo 9.3.º de la Constitución Española, ¿cuál de los siguien-tes no es uno de los principios que garantiza nuestra Carta Magna?

a) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

b) La jerarquía normativa.

c) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restricti-vas de derechos individuales.

d) La publicidad de las normas.

36. Los Reglamentos o disposiciones ministeriales son, respecto al Derecho Administrativo, una fuente:

a) Directa.

b) Directa subsidiaria.

c) Indirecta.

d) No se consideran fuente del Derecho Administrativo.

37. La Costumbre es, respecto al Derecho Administrativo, una fuente:

a) Directa.

b) Directa subsidiaria.

c) Indirecta.

d) No se consideran fuente del Derecho Administrativo.

38. La Constitución Española prevé la necesariedad de Ley Orgánica en la re-gulación de:

a) Las dudas, renuncias, etc., respecto a la sucesión en la Corona.

b) Las bases de la organización militar.

c) La iniciativa popular legislativa.


39. Según dispone el artículo 2.1 del Código Civil, las leyes entrarán en vigor, si en ellas no se dispone otra cosa:

a) A los siete días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) A los diez días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.

c) A los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.

d) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.

40. De acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:

a) A los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

b) Al Gobierno de la Nación.


c) A los órganos de gobierno locales.


41. ¿En virtud de qué dos principios, la iniciativa normativa debe estar justifi-cada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución?

a) Legalidad y seguridad jurídica.

b) Necesidad y eficacia. c) Igualdad y publicidad.

d) Necesidad y seguridad jurídica.

42. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de Ley o de Reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los su-jetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los objetivos de la norma.

b) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

c) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.


43. ¿Cómo se denominan los Reglamentos que contienen normas de Derecho objetivo referidas a los particulares y, como tales, son necesariamente com-plementarios de la Ley, no pueden por sí solos originar obligaciones o debe-res de supremacía general para los súbditos, requiriendo una Ley que les habilite para ello:

a) Reglamentos externos.

b) Reglamentos necesarios.

c) Reglamentos limitados.

d) Reglamentos simples.

44. Señale, respecto a los Reglamentos, la respuesta incorrecta:

a) Los Reglamentos Independientes no deben limitar derechos subjetivos ni si-tuaciones jurídicas adquiridas por los particulares.

b) En general, los Reglamentos no deben regular cuestiones que, por su natura-leza, pertenezcan al campo jurídico–público.

c) Los Reglamentos no pueden derogar ni modificar el contenido de Leyes for-males, Decretos–Leyes, Decretos Legislativos, ni de otros Reglamentos dicta-dos por Autoridad u órgano de mayor jerarquía.

d) Los Reglamentos que, en ejecución de Ley anterior, y haciendo uso de la au-torización que en ella se contenga, pueden limitar derechos a particulares, no deben extenderse a materias distintas de las de la Ley de autorización.


45. El acto administrativo está sujeto al principio de legalidad:

a) Siempre.

b) Cuando se trate de actos reglados.

c) Según los casos.

d) No necesariamente.

46. Cuando la Administración Pública actúa como persona de Derecho Priva-do:

a) Solo puede ser controlada por los Tribunales contencioso–administrativos.

b) No dicta actos administrativos.

c) Su actividad es puramente discrecional.

d) Puede actuar sin límite alguno, como cualquier particular.

47. Un acto complejo es aquel:

a) En el que intervienen, sucesivamente, en virtud de la tutela administrativa, dos órganos administrativos.

b) Que se adopta por un órgano colegiado.

c) En cuyo proceso de elaboración se ha evacuado el dictamen de un órgano consultivo.

d) En cuya emisión de voluntad han de intervenir, como mínimo, dos órganos administrativos.

48. El interés público convierte a los actos administrativos en:

a) Susceptibles de impugnación directa.

b) Reglados, en parte.

c) Discrecionales.

d) Nada de lo anterior.

49. El contenido eventual del acto supone:

a) Que éste puede estar condicionado.

b) Que se presume en todos los actos del mismo tipo.

c) Que es connatural con el acto de que se trate.

d) Su carácter reglado.

50. Un acto general debe:

a) Publicarse.

b) Notificarse a los interesados.

c) Tener un contenido normativo.

d) Elaborarse por un órgano colegiado.

51. El acto que da fin a un expediente administrativo es un/una:

a) Propuesta.

b) Acto definitivo.

c) Informe con propuesta de resolución.

d) Acto trámite.


52. Un ejemplo de acto de trámite es un/una:

a) Decisión con que concluye el procedimiento.

b) Renuncia.

c) Informe emitido en un procedimiento.

d) Ninguno de ellos lo es.

53. Las competencias administrativas hacen referencia a/al/a las:

a) Ente administrativo de que se trate.

b) Atribuciones que por Ley se conceden a una Administración Pública.

c) Atribuciones que se otorgan a un órgano administrativo.


54. El contenido de un acto administrativo ha de ser:

a) Ilícito y determinado.

b) Posible y lícito.

c) Determinado o determinable e ilícito.

d) Imposible y lícito.

55. Las cláusulas accesorias de un acto administrativo forman parte del conte-nido:

a) Natural del acto.

b) Implícito del mismo.

c) Legal del acto.

d) Eventual del acto.

56. Cuando algo necesariamente forma parte de un acto, hablamos de conteni-do:

a) Natural.

b) Legal.

c) Eventual.

d) Implícito.

57. Los actos deben motivarse:

a) Siempre.

b) Nunca.

c) Cuando decidan un procedimiento.

d) Cuando la Ley lo prescriba.

58. No tienen por qué motivarse los actos que:

a) Resuelvan recursos.

b) Limiten derechos subjetivos.

c) Se separen del dictamen de órganos consultivos.

d) Todos los anteriores deben motivarse.


59. En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre:

a) Su texto íntegro.

b) Los recursos que contra el mismo procedan.

c) Los motivos en que se basa la decisión.

d) El plazo de interposición de los recursos.

60. ¿En qué supuestos la notificación se hará por medio de un anuncio publica-do en el Boletín Oficial del Estado?

a) Cuando se ignore el lugar de la notificación.

b) Cuando los interesados en un procedimiento sean conocidos.

c) Cuando intentada la notificación, no se hubiera podido practicar. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

61. A tenor del artículo 41 LPACAP, las notificaciones se practicarán preferen-temente:

a) Por la vía postal.

b) Telefónicamente.

c) Por medios electrónicos.

d) Por el medio más rápido y económico para la Administración.

62. La vigente Ley General Tributaria es de:

a) 1958.

b) 1963.

c) 2003.

d) 2004.

63. Cuando el Delegado Provincial de una Consejería de una Comunidad Au-tónoma de una Provincia concreta resuelve un recurso administrativo en materia propia de la Delegación Provincial de otra Consejería de distinta Provincia, incurre en una incompetencia:

a) Funcional y jerárquica.

b) Territorial y jerárquica.

c) Funcional y territorial.

d) Territorial exclusivamente.

64. La incompetencia a que se refiere la pregunta anterior es de carácter:

a) Absoluto y relativo.

b) Absoluto.

c) Relativo.

d) Jerárquico.

65. Según que provengan de un solo órgano administrativo o de dos o más ór-ganos administrativos, los actos administrativos se clasifican en:

a) Actos únicos y múltiples.

b) Actos simples y complejos.


c) Actos singulares y plurales.

d) Actos singulares y generales.

66. Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se desvía de un dicta-men vinculante de un órgano consultivo:

a) Vicia el acto de que se trate.

b) Debe motivar el acto. c) No puede hacerlo.

d) Debe justificar por qué lo hace.

67. En cambio, si se separa de un dictamen facultativo:

a) Vicia el acto.

b) Debe motivarlo.

c) No puede hacerlo.

d) Al ser facultativo, no es necesaria la motivación del acto.

68. El procedimiento, que es la vía a través de la cual se elabora la declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio de la Administración, en que con-siste el acto, es un elemento del acto administrativo de tipo:

a) Objetivo.

b) Subjetivo.

c) Formal.

d) Accidental.

69. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de dere-cho:

a) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

b) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

c) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitra-je y los que declaren su inadmisión.


70. Pone fin a la vía administrativa un acto de un Director General de un Mi-nisterio en la siguiente materia en la que tenga competencia:

a) Cualquier materia.

b) Una materia que esté descentralizada.

c) De personal.

d) En ningún caso sus actos ponen fin a esta vía administrativa.

71. El recurso de revisión es:

a) Unitario.

b) Ordinario.

c) Especial.

d) Extraordinario.


72. Según pongan fin al expediente administrativo o formen parte del mismo, como una fase del mismo, sin tener carácter resolutivo, los actos adminis-trativos se clasifican en:

a) Actos definitivos y actos de trámite.

b) Actos propios y actos impropios.

c) Actos básicos y actos de trámite.

d) Actos únicos y actos múltiples.

73. Según que la Administración, al dictarlos, se limite a aplicar una norma que le señala claramente la decisión a adoptar en el supuesto del hecho de que se trate, o tenga libertad en la emisión de dicho acto, pudiendo optar entre di-versas alternativas que la Ley le ofrece, pero sin olvidar que el fin de toda su actuación es el interés general, los actos administrativos se clasifican en:

a) Actos únicos y actos múltiples.

b) Actos de trámite y actos complejos.

c) Actos directos y actos indirectos

d) Actos reglados y actos discrecionales.

74. Según provengan de un solo órgano administrativo o de dos o más órganos administrativos, los actos administrativos se clasifican en:

a) Actos únicos y actos múltiples.

b) Actos de trámite y actos complejos.

c) Actos simples y complejos.

d) Actos básicos y actos complejos.

75. La compulsión sobre las personas:

a) Deriva de la propia esencia del acto administrativo.

b) Deriva del principio de ejecutividad de los actos administrativos.

c) Deriva de la posibilidad en manos de la Administración Pública de ejecutar forzosamente algunos actos administrativos.

d) Es similar al lanzamiento administrativo.

76. Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una dispo-sición reglamentaria son:

a) Nulas.

b) Válidas.

c) Anulables.

d) Temporalmente válidas.

77. Para que un acto tenga eficacia retroactiva es necesario que:

a) Limite derechos de los particulares.

b) Restrinja el ejercicio de facultades de los particulares.

c) Imponga deberes u obligaciones.

d) No se lesionen derechos de otras personas.


78. La presunción de legitimidad de los actos administrativos:

a) No admite prueba en contrario.

b) Dependerá de lo que el propio acto establezca.

c) Puede ser objeto de impugnación por el particular.

d) Solo se da cuando la Ley expresamente lo diga.

79. Entre los medios de ejecución forzosa no se encuentra el/la:

a) Desahucio administrativo.

b) Ejecución subsidiaria.

c) Multa coercitiva.

d) Compulsión sobre la persona.

80. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, se consideran:

a) Válidos.

b) Nulos de pleno derecho.

c) Anulables.

d) Irregulares.

81. Cuando la Administración Pública efectúa una actuación material que no limita derechos subjetivos de los particulares:

a) Debe haber sido adoptado antes el oportuno acto administrativo. b) No puede hacerlo.

c) No es necesario un previo acto administrativo.

d) Debe oírse al Consejo de Estado.

82. La notificación de un acto administrativo:

a) Suspende su eficacia hasta que se efectúe tratándose de actos generales.

b) No impide su ejecutividad una vez efectuada.

c) Suspende su eficacia una vez realizada.

d) Ha de hacerse con todo tipo de actos.

83. Para que la Administración Pública pueda imponer multas coercitivas co-ntra un ciudadano en vía de ejecución forzosa de los actos administrativos:

a) Debe existir una norma que se lo permita. b) Lo puede hacer en cualquier caso.

c) Basta con un reglamento que se lo permita.

d) Debe haber una previsión legal expresa al efecto.

84. La compulsión sobre las personas no procede en los que:

a) Comporten una obligación no personalísima de hacer.

b) Esta obligación sea personalísima de no hacer.

c) Esta obligación sea personalísima de soportar.

d) Se dé cualquiera de las circunstancias anteriores.


85. Los supuestos de nulidad absoluta de actos administrativos:

a) Son la regla general en nuestro Derecho.

b) Son los recogidos en el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exclusi-vamente.

c) Pueden señalarse expresamente por otro tipo de normas.

d) Son solo los del artículo 62 citado y de otras Leyes formales.

86. Los efectos de una declaración de nulidad absoluta se producen desde:

a) Que se notifica el acto anulatorio.

b) El momento de la declaración de la nulidad.

c) La notificación o publicación del acto anulatorio, según los casos.

d) Se dictó el acto anulado.

87. Los defectos formales en un acto, según reconoce expresamente la Ley:

a) Lo vician con nulidad absoluta.

b) Lo vician con anulabilidad en todo caso.

c) Pueden dar lugar a la nulidad absoluta si producen indefensión.

d) Pueden dar lugar a la anulabilidad en este último caso.

88. La Administración Pública podrá convalidar un acto:

a) Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica.

b) Si el vicio consiste en incompetencia funcional.

c) Si el vicio consiste en incompetencia territorial.

d) En ninguno de los anteriores casos.

89. … y no podrá hacerlo si el vicio consiste en:

a) Incompetencia jerárquica.

b) La falta de una autorización.

c) Incompetencia funcional.

d) La omisión de un informe facultativo.

90. La regla general cuando un acto infringe el ordenamiento jurídico es:

a) Su anulabilidad.

b) Su validez temporal.

c) Su nulidad relativa.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

91. ¿Cuál es el medio utilizado por la Administración para el cobro de las can-tidades líquidas adeudadas a la misma que voluntariamente no han sido abonadas por los obligados a ello?

a) Apremio sobre el patrimonio.

b) Multa coercitiva.

c) Ejecución subsidiaria.

d) Compulsión sobre las personas.


92. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administra-tivo serán:

a) Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley (art. 38).

b) Diligentes con arreglo a lo dispuesto en esta Ley (art. 39).

c) Urgentes con arreglo a lo dispuesto en esta Ley (art. 37).

d) Inmediatos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley (art. 36).

93. ¿Cuál de las siguientes no es una causa de cesación definitiva de la eficacia del acto?

a) El total cumplimiento del propio acto.

b) El transcurso del plazo en él mismo señalado, si estaba limitado en el tiempo.

c) El cumplimiento de la condición resolutoria a que pudiera estar sujeto.

d) La interposición de un recurso extraordinario de revisión.

94. La obligación de pago que haya de abonarse a la Hacienda pública se efec-tuará preferentemente utilizando tarjeta de crédito y débito:

a) En todo caso.

b) Salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo.

c) En ningún caso.

d) Sólo se podrá usar la tarjeta de débito, nunca la de crédito.

95. Para que la resolución de un expediente sancionador sea ejecutiva:

a) Basta con que se dicte.

b) Ha de ser firme.

c) Ha de poner fin a la vía administrativa.

d) Basta con notificarse o publicarse, en su caso.

96. El embargo, en su caso, de bienes de un particular se lleva a cabo en el si-guiente medio de ejecución forzosa de los actos administrativos:


b) Multa coercitiva.

c) Compulsión sobre las personas.

d) Las respuestas a y c son ciertas.

97. En el procedimiento de ejecución en vía de apremio, el trámite que sirve de título para realizar el mismo es el/la:

a) Expedición de la providencia de apremio.

b) Embargo propiamente dicho.

c) Subasta de los bienes de que se trate.

d) Acto incumplido de que trae causa.

98. El mecanismo de ejecución forzosa que suele seguirse para obligar al cum-plimiento de actos personalísimos de no hacer es el/la:


b) Compulsión sobre la persona.

c) Multa coercitiva.

d) Ejecución subsidiaria.


99. El acto administrativo que incurra en desviación de poder es:

a) Irregular.

b) Inconstitucional.

c) Anulable.

d) Nulo de pleno derecho.

100. La revocación por la Administración Pública de un acto administrativo de gravamen o no declarativo de derechos:

a) Ha de efectuarse a instancia de los particulares.

b) Está prohibida.

c) Se podrá revocar mientras que no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento ju-rídico.

d) Requiere previo dictamen del Consejo de Estado.

101. Un acto anulable, ¿puede ser revisado de oficio por la Administración Pú-blica, una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó?

a) Sí, cuando así lo dictamine el Consejo de Estado.

b) No.

c) Sí, cuando incurra en nulidad de pleno derecho y así lo dictamine el Consejo de Estado.

d) Sí, cuando la ilegalidad sea manifiesta y así lo dictamine el Consejo de Esta-do.

102. Entre los límites de la revisión de los actos administrativos se encuentra:

a) La prescripción de la acción.

b) Su ilegalidad manifiesta.

c) Que atente a derechos subjetivos.

d) Que incurra en nulidad de pleno derecho.

103. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico:

a) No agotan la vía administrativa.

b) Son firmes.

c) Son susceptibles de recurso de alzada.

d) Ponen fin a la vía administrativa.

104. La Doctrina de la vinculación negativa ha estado vigente en nuestro país hasta la entrada en vigor de:

a) La ya derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa de 1956.

b) La ya derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) La ya derogada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–administrativa

d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


105. Señala el artículo 3 de la Ley 40/2015, dentro de los principios generales, que las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses gene-rales y actúan, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Dere-cho, de acuerdo con los principios de:

a) Eficacia, jerarquía, descentralización, descongestión y coherencia.

b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

c) Vigencia, jerarquía, separación, desconcentración y coordinación.

d) Eficacia, autonomía, descentralización, concentración y coordinación.


SOLUCIÓN AL TEST N.º 1

1. b) Los Principios Generales del Derecho.

2. c) El Tribunal Supremo.

3. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

4. b) Un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

5. d) 500.000 firmas acreditadas.

6. d) Todas las respuestas son correctas.

7. b) Al Ministro de la Presidencia.

8. a) El 30 de abril.

9. b) Decretos–Leyes.

10. a) Los treinta días siguientes a su promulgación.

11. c) Decretos Legislativos.


13. c) Por su contenido, son normas de Derecho subjetivo, de rango inferior al de las Leyes.

14. c) En aplicación del principio de eficiencia.

15. a) Reglamentos Ejecutivos y Reglamentos Independientes.


17. a) En aplicación del principio de transparencia.

18. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

19. a) Anualmente.

20. c) Estatales, autonómicos, locales e institucionales.

21. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

22. b) Nulidad.

23. a) Internos.

24. d) Prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación espe-cial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.

25. c) Los Tratados Internacionales.

26. c) De quince días.

27. c) Al Presidente de cada una de ellas, en nombre del Rey.


29. c) Leyes marco.


31. b) El Ministerio de la Presidencia.

32. a) Al Gobierno.

33. c) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

34. c) El Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

35. c) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restric-tivas de derechos individuales.

36. a) Directa.

37. b) Directa subsidiaria.


39. d) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.



41. b) Necesidad y eficacia. 42. d) Todas las respuestas son correctas.

43. a) Reglamentos externos.

44. b) En general, los Reglamentos no deben regular cuestiones que, por su natura-leza, pertenezcan al campo jurídico–público.

45. a) Siempre.

46. b) No dicta actos administrativos.

47. d) En cuya emisión de voluntad han de intervenir, como mínimo, dos órganos administrativos.

48. b) Reglados, en parte.

49. a) Que éste puede estar condicionado.

50. a) Publicarse.

51. b) Acto definitivo.

52. c) Informe emitido en un procedimiento.

53. c) Atribuciones que se otorgan a un órgano administrativo.

54. b) Posible y lícito.

55. d) Eventual del acto.

56. a) Natural.

57. d) Cuando la Ley lo prescriba.

58. d) Todos los anteriores deben motivarse.

59. c) Los motivos en que se basa la decisión.

60. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

61. c) Por medios electrónicos.

62. c) 2003.

63. c) Funcional y territorial.

64. b) Absoluto.

65. b) Actos simples y complejos.

66. a) Vicia el acto de que se trate.

67. b) Debe motivarlo.

68. c) Formal.


70. c) De personal.

71. d) Extraordinario.

72. a) Actos definitivos y actos de trámite.

73. d) Actos reglados y actos discrecionales.

74. c) Actos simples y complejos.

75. c) Deriva de la posibilidad en manos de la Administración Pública de ejecutar forzosamente algunos actos administrativos.

76. a) Nulas.

77. d) No se lesionen derechos de otras personas.

78. c) Puede ser objeto de impugnación por el particular.

79. a) Desahucio administrativo.

80. b) Nulos de pleno derecho.

81. c) No es necesario un previo acto administrativo.


82. b) No impide su ejecutividad una vez efectuada.

83. d) Debe haber una previsión legal expresa al efecto.

84. a) Comporten una obligación no personalísima de hacer.

85. c) Pueden señalarse expresamente por otro tipo de normas.

86. d) Se dictó el acto anulado.

87. d) Pueden dar lugar a la anulabilidad en este último caso.

88. a) Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica.

89. c) Incompetencia funcional.

90. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

91. a) Apremio sobre el patrimonio.

92. a) Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley (art. 38).

93. d) La interposición de un recurso extraordinario de revisión.

94. b) Salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo.

95. c) Ha de poner fin a la vía administrativa.

96. a) Apremio sobre el patrimonio.

97. a) Expedición de la providencia de apremio.

98. b) Compulsión sobre la persona.

99. c) Anulable.

100. c) Se podrá revocar mientras que no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

101. b) No.

102. a) La prescripción de la acción.

103. d) Ponen fin a la vía administrativa.

104. a) La ya derogada Ley de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa de 1956.

105. b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.


TEMA 2

El procedimiento administrativo. La Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: contenido y ám-bito de aplicación. La iniciación, ordenación, instrucción y terminación del pro-cedimiento administrativo

1. A tenor del artículo 103 de la CE, la Administración Pública sirve con obje-tividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de:

a) Eficacia, igualdad, seguridad y transparencia jurídica.

b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

c) Eficacia, eficiencia, economía en el gasto y publicidad.

d) Eficiencia, transparencia, legalidad y jerarquía normativa.

2. ¿Cuál es la actual Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) La Ley 35/2005, de 4 de octubre.

c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre.

d) La Ley 1/2015, de 8 de septiembre.

3. ¿De cuántos artículos consta la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a) De 121.

b) De 127.

c) De 131.

d) De 133.

4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se estructura en:

a) 7 Títulos, 5 Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 1 Dis-posición Derogatoria y 7 Disposiciones Finales.

b) 7 Títulos, 5 Disposiciones Adicionales, 7 Disposiciones Transitorias, 1 Dis-posición Derogatoria y 5 Disposiciones Finales.

c) 5 Títulos, 7 Disposiciones Adicionales, 7 Disposiciones Transitorias, 1 Dis-posición Derogatoria y 7 Disposiciones Finales.

d) 5 Títulos, 7 Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 1 Dis-posición Derogatoria y 7 Disposiciones Finales.

5. ¿Qué Título de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-trativo Común de las Administraciones Públicas, regula la revisión de los actos en vía administrativa?

a) El Título III.

b) El Título IV.

c) El Título V.

d) El Título VI.


6. ¿Cómo se denominan los procedimientos que tienden a la realización mate-rial de una decisión anterior ya definitiva, como, por ejemplo, el procedi-miento de apremio?

a) Procedimientos ejecutivos.

b) Procedimientos declarativos.

c) Procedimientos de simple gestión.

d) Procedimientos de materialización o sustanciación.

7. ¿Cuándo podrán los administrados conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados?

a) Solo en la fase de instrucción.

b) Únicamente en la fase de alegaciones.

c) Tan solo en la fase de prueba.

d) En cualquier momento.

8. Señale qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación:

a) Recurso de alzada.

b) Recurso extraordinario de revisión.

c) Recurso de reposición, en el plazo de un mes.

d) Ningún recurso.

9. ¿Cuándo se iniciarán de oficio los procedimientos?

a) Por denuncia.

b) Por acuerdo del órgano competente.

c) Por propia iniciativa.


10. Señale la respuesta incorrecta respecto al inicio del procedimiento por de-nuncia:

a) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Admi-nistración.

b) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de intere-sado en el procedimiento.

c) Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administra-ciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedi-miento.

d) Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimien-to o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano adminis-trativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la inicia-ción de oficio de un procedimiento administrativo.


11. ¿En qué caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento?

a) En casos de urgente necesidad.

b) En situaciones excepcionales, como por ejemplo, situaciones de crisis sanita-rias o epidemias.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) En ningún caso.

12. ¿Cuál de los siguientes datos no es necesario que figure en las solicitudes de iniciación del procedimiento por parte de los interesados?

a) Número de teléfono.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

c) órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresa-da por cualquier medio.

13. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Adminis-traciones Públicas podrán presentarse:

a) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

b) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.


14. Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de res-ponsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá:

a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se ma-nifieste su efecto lesivo.

b) A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

c) A los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

d) Este derecho no prescribe.

15. ¿De acuerdo con qué principio se acordarán en un solo acto todos los trámi-tes que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obliga-do su cumplimiento sucesivo?

a) Con el principio de oficialidad.

b) Con el principio de eficacia.

c) Con el principio de simplificación administrativa.

d) Con el principio de eficacia.


16. Salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de:

a) Siete días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

b) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

c) Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente ac-to.

d) Un mes a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

17. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración consi-dere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos nece-sarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo para cumplimentarlo:

a) De cinco días.

b) De siete días.

c) De diez días.

d) De veinte días.

18. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mis-mo acordará la apertura de un período de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes, por un plazo:

a) No superior a treinta días ni inferior a diez.

b) No superior a treinta días ni inferior a quince.

c) No superior a veinte días ni inferior a diez.

d) No superior a veinte días ni inferior a cinco.

19. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

a) Vinculantes.

b) Vinculantes y facultativos.

c) Facultativos y no vinculantes.

d) Nunca facultativos.

20. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será pre-ceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder el plazo de su emisión de:

a) Diez días.

b) Quince días.

c) Veinte días.

d) Un mes.


21. ¿Cómo se denomina el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así co-mo las diligencias encaminadas a ejecutarla?

a) Dossier administrativo.

b) Acto administrativo.

c) Expediente administrativo.

d) Procedimiento administrativo.

22. Con arreglo al artículo 74 LPACAP, las cuestiones incidentales que se susci-ten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuacio-nes:

a) Suspenderán la tramitación del procedimiento.

b) No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.

c) No suspenderán la tramitación del procedimiento en ningún caso.

d) Siempre que lo estime oportuno el instructor del procedimiento, y así lo moti-ve suficientemente, suspenderá la tramitación del procedimiento.

23. ¿Cuándo podrán los interesados aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio?

a) En cualquier momento.

b) En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia.

c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

d) Únicamente cuando lo autorice el instructor del procedimiento.

24. Señale la respuesta incorrecta respecto a los medios y período de prueba:

a) El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, sin necesidad de resolución motivada.

b) En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados proba-dos por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administracio-nes Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

c) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano adminis-trativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que es-te tiene carácter preceptivo.

d) Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el funda-mento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

25. Cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo:

a) No superior a diez días.

b) No superior a quince días.

c) No superior a veinte días.

d) No superior a un mes.


26. Salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del pro-cedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, los informes serán emitidos en el plazo de:

a) Diez días.

b) Quince días.

c) Veinte días.

d) Un mes.

27. ¿De qué plazo disponen los interesados para alegar y presentar los docu-mentos y justificaciones que estimen pertinentes?

a) De un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez.

b) De un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.

c) De un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte.

d) De un plazo no inferior a diez días ni superior a un mes.

28. ¿Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento?

a) La terminación convencional.

b) El silencio administrativo.

c) La resolución.

d) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.

29. La terminación convencional es una forma de terminación del procedimien-to:

a) Normal.

b) Anormal.

c) Especial.

d) Presunta.

30. Señale cuál de las siguientes es una forma de terminación anormal del pro-cedimiento:

a) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.

b) La declaración de caducidad.

c) El desistimiento.


31. ¿En qué plazo deberán practicarse las actuaciones complementarias?

a) En un plazo no superior a siete días.

b) En un plazo no superior a diez días.

c) En un plazo no superior a quince días.

d) En un plazo no superior a un mes.

32. ¿Transcurrido qué plazo desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemniza-ción del particular?

a) Transcurrido un mes.

b) Transcurridos tres meses.


c) Transcurridos seis meses.

d) Transcurrido un año.

33. A tenor del artículo 92 LPACAP, en el ámbito de la Administración Gene-ral del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resol-verán por:

a) El Ministro respectivo.

b) El Presidente del Gobierno.

c) El Consejo de Ministros.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.

34. Señale la respuesta incorrecta respecto al desistimiento y renuncia por los interesados:

a) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia afectará a todos los que la hubiesen formulado.

b) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

c) Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

d) Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

35. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y de-clarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de:

a) Un mes desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

b) Veinte días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

c) Quince días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

d) Diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

36. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se pro-duzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento, transcurrido:

a) Un mes.

b) Tres meses.

c) Seis meses.

d) Un año.

37. ¿Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa?

a) Quince días.

b) Veinte días.

c) Un mes.

d) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.


38. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y no-tificar la resolución se podrá suspender:

a) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Ad-ministración instructora, que también deberá serles comunicada.

b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimen-tes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incor-poración de los resultados al expediente.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Euro-pea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notifica-do.


39. ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos?




d) Ningún recurso.

40. ¿Qué Título de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-trativo Común de las Administraciones Públicas, regula los actos adminis-trativos?

a) El Título III.

b) El Título IV.

c) El Título V.

d) El Título VI.

41. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspon-diente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a:

a) Un mes.

b) Veinte días.

c) Diez días.

d) Una semana.


42. ¿Cuál de las siguientes es una forma presunta de finalizar el procedimiento administrativo?

a) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

b) El desistimiento.

c) El silencio administrativo.


43. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archi-vo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifies-to que concurre la siguiente circunstancia:

a) Cuando los hechos no resulten acreditados.

b) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas res-ponsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.

c) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.


44. Señale la respuesta correcta respecto al cómputo de plazos:

a) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son naturales.

b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son na-turales, incluyéndose en el cómputo los sábados, los domingos y los declara-dos festivos.

c) Los plazos expresados en días se contarán desde el mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguien-te a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que re-sidiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la in-versa, se considerará inhábil en todo caso.

45. Señale la respuesta incorrecta respecto al cómputo de los plazos:

a) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

b) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

c) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publica-ción del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinti-cuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.


d) La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Ad-ministraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo así como el ré-gimen de jornada y horarios de las mismas.

46. El registro electrónico permite la presentación de documentos:

a) De lunes a viernes de 8 a 15 horas.

b) De lunes a viernes de 8 a 21 horas.

c) Todos los días del año de 8 a 21 horas.

d) Todos los días del año durante las veinticuatro horas.

47. ¿En qué caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido?

a) En los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares.

b) En aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trá-mite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.

c) Siempre que así lo considere oportuno, y lo fundamente, el Instructor del pro-cedimiento.

d) En ningún caso.

48. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo:

a) Los relativos a la presentación de solicitudes.

b) Los relativos a la presentación de recursos.

c) Las respuestas a) y

b) son correctas.

d) Ninguna respuesta es correcta.

49. ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la trami-tación de urgencia al procedimiento?




d) Ningún recurso.

50. La LPACAP dedica a tratar de los términos y plazos sus artículos:

a) 28 a 30.

b) 29 a 33.

c) 28 a 34.

d) 29 a 35.


51. ¿Qué novedad establece la LPACAP respecto a la LRJAP y PA respecto a los términos y plazos?

a) El cómputo por horas como regla general.

b) El cómputo por minutos como regla general.

c) La declaración de inhábiles de los sábados como regla general.

d) Las opciones a) y c) son correctas.

52. El artículo 31 de la LPACAP, respecto a las sanciones, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento, se dispone que:

a) Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente.

b) No podrán sancionarse los hechos en ningún caso.

c) Sólo podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penalmente.

d) No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativa-mente.

53. Cuando se conceda, a instancias de un particular, una ampliación de los plazos, esta no debe exceder de:

a) Diez días.

b) La mitad del plazo.

c) Un tiempo igual al del plazo de que se trate.

d) Tres meses en cualquier caso.

54. La iniciación de los plazos se produce:

a) Al día siguiente de la notificación del acto.

b) El mismo día de la notificación o publicación del acto.

c) Depende de los casos.

d) Desde el primer día hábil en que se produce la notificación.



1. b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

2. c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. d) De 133.

4. a) 7 Títulos, 5 Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 1 Dis-posición Derogatoria y 7 Disposiciones Finales.

5. c) El Título V.

6. a) Procedimientos ejecutivos.

7. d) En cualquier momento.

8. d) Ninguno de los recursos anteriores.


10. b) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de intere-sado en el procedimiento.

11. d) En ningún caso.

12. a) Número de teléfono.


14. a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

15. c) Con el principio de simplificación administrativa.

16. b) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

17. c) De diez días.

18. a) No superior a treinta días ni inferior a diez.

19. c) Facultativos y no vinculantes.

20. a) Diez días.

21. c) Expediente administrativo.

22. b) No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.

23. c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

24. a) El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesa-rias, sin necesidad de resolución motivada.

25. a) No superior a diez días.

26. a) Diez días.

27. b) De un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.

28. c) La resolución.

29. c) Especial.


31. c) En un plazo no superior a quince días.

32. c) Transcurridos seis meses.

33. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

34. a) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia afectará a todos los que la hubiesen formulado.

35. d) Diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

36. b) Tres meses.

37. d) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.



39. d) Ningún recurso.

40. a) El Título III.

41. b) Veinte días.

42. c) El silencio administrativo.


44. d) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

45. d) La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de pla-zos determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo así como el régimen de jornada y horarios de las mismas.

46. d) Todos los días del año durante las veinticuatro horas.

47. d) En ningún caso.

48. c) Las respuestas a) y b) son correctas.

49. d) Ningún recurso.

50. b) 29 a 33.

51. d) Las opciones a) y c) son correctas.

52. d) No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativa-mente.

53. b) La mitad del plazo.

54. a) Al día siguiente de la notificación del acto.


TEMA 3

Los recursos administrativos: concepto y clases. Recursos de alzada, reposición y extraordinario de revisión. La jurisdicción contencioso–administrativa

1. El recurso de alzada contra actos que no agotan la vía administrativa es:

a) Extraordinario.

b) La regla general.

c) Especial.

d) Inexistente.

2. El recurso de reposición contra actos que no agotan la vía administrativa es:

a) Ordinario.

b) Extraordinario.

c) Especial.

d) Inexistente.

3. El recurso de alzada se presentará:

a) Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto.

b) Ante el Tribunal contencioso competente.

c) Ante el órgano que dictó el acto.

d) Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba decidirlo.

4. La resolución presunta del recurso de alzada se dará, si no recae resolución, al/a los:

a) Quince días de interponerlo.

b) Mes de su interposición.

c) Tres meses de dictarse el acto.

d) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administra-tivo.

5. El silencio administrativo en el recurso de alzada puede ser positivo en el siguiente caso:

a) Cuando el recurso se presentó contra un acto presunto desestimatorio de la so-licitud del ciudadano.

b) Cuando perjudique al ciudadano.

c) Siempre que beneficie al interés público.

d) En ningún supuesto es positivo.

6. El recurso extraordinario de revisión se interpone contra:

a) Cualquier acto administrativo.

b) Actos que no agotan la vía administrativa.

c) Los actos que agotan la vía administrativa.

d) Los actos firmes exclusivamente.


7. La terminación presunta del recurso extraordinario de revisión se dará:

a) A los tres meses de su interposición.

b) Al mes de su interposición.

c) No cabe.

d) Solo en el supuesto de que se base en manifiesto error de derecho.

8. El recurso extraordinario de revisión por manifiesto error de hecho debe plantearse:

a) A los tres meses desde que se produjo.

b) A los cuatro años desde que se conoció.

c) Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto.

d) No puede darse nunca aisladamente.

9. La revisión de los actos por los recursos administrativos:

a) Corresponde a la propia Administración Pública.

b) Supone una actuación excepcional por la Administración Pública sobre sus actos firmes.

c) Compete a los órganos jurisdiccionales de lo contencioso–administrativo.

d) Se da solo en supuestos tasados y límites.

10. Para plantear un recurso administrativo:

a) Hay que tener capacidad jurídica, sin requerirse la capacidad de obrar.

b) Basta con la capacidad de obrar.

c) Se requiere, siempre, ser titular de un derecho subjetivo afectado por el acto que se recurre.

d) Puede hacerlo quien ostente la condición de interesado.

11. Se puede sustituir en determinados supuestos por procedimientos de me-diación y arbitraje el:


b) Recurso de revisión.

c) Recurso de reposición.

d) Las respuestas a) y c) son ciertas.

12. Cuando una persona interpone un recurso de alzada denominándolo como recurso de revisión:

a) Deberá desestimarse el recurso por improcedente.

b) Deberá notificársele el error para que lo subsane.

c) No se admitirá el recurso.

d) Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce su carácter.

13. La resolución de un recurso:

a) Debe circunscribirse a lo solicitado por el recurrente.

b) Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el proce-dimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados.

c) No es necesario que se motive.

d) Debe aceptar las razones en que se fundamente el propio recurso.


14. La reformatio in peius, en materia de recursos:

a) Se admite como regla general.

b) Solo se permite en materia sancionadora.

c) Se admite cuando el recurso está claramente infundado.

d) Está expresamente prohibida.

15. Como consecuencia del principio de congruencia, al resolver un recurso, la Administración Pública:

a) Podrá agravar la situación inicial del recurrente.

b) Deberá ajustarse a las peticiones del recurrente.

c) Lo desestimará, manteniendo el acto administrativo.

d) Solo decidirá sobre las cuestiones planteadas por el recurrente sin entrar en otras que deriven del procedimiento.

16. Contra los actos dictados por un Tribunal de Oposiciones:

a) No cabe recurso alguno.

b) Puede presentarse recurso de alzada ante su Presidente.

c) El recurso de alzada debe entablarse ante la autoridad que nombró al Presi-dente.

d) Solo es posible el recurso de revisión.

17. No es motivo bastante para interponer un recurso de revisión que:

a) Se haya incurrido en manifiesto error de hecho al dictar el acto. b) Hubiere mediado cohecho en la resolución. c) Se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente.

d) Hayan influido documentos declarados falsos por sentencia judicial firme.

18. Para que pueda entablarse un recurso extraordinario de revisión por error de hecho, este:

a) Ha de ser declarado por sentencia judicial firme.

b) Ha de haberse adoptado por cohecho.

c) Ha de derivar de documentos habidos en el expediente.

d) Nada de lo anterior es cierto.

19. La indicación del medio a través del cual deben efectuarse las notificacio-nes, en el escrito de interposición de un recurso administrativo:

a) Es obligatoria para el particular.

b) No es necesaria.

c) Se deja al arbitrio de la Administración Pública.

d) Es facultativa para el interesado.

20. La cuestión de ilegalidad hace referencia a:

a) La actuación del Tribunal Constitucional.

b) El enjuiciamiento en vía administrativa de los Reglamentos.

c) Un procedimiento especial en vía jurisdiccional.

d) Nada de lo expuesto es cierto.


21. Las multas coercitivas por incumplimiento de los fallos judiciales en vía contencioso–administrativa pueden ascender como máximo, individualmen-te consideradas, hasta:

a) 3.000,00 euros.

b) 300,00 euros.

c) 150,00 euros.

d) 1.500,00 euros.

22. El procedimiento abreviado se sustanciará en sede de los/las:

a) Juzgados de lo Contencioso–Administrativo.

b) Juzgados Centrales de lo Contencioso–Administrativo.

c) Salas de lo Contencioso–Administrativo de los Tribunales Superiores de Jus-ticia.

d) Las respuestas a y b son ciertas, según los casos.

23. En el supuesto de conciliación en vía judicial de las partes, ajustada a Dere-cho y no lesiva al interés público o de terceros, el procedimiento concluye a través de:

a) Sentencia.

b) Auto.

c) Laudo.

d) Contrato formalizado judicialmente.

24. El plazo previsto por la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa para interponer el recurso contencioso–administrativo co-ntra un acto presunto es de:

a) Un mes.

b) Dos meses.

c) Seis meses.

d) Ninguno, al ser imposible atacar los actos presuntos en esta vía jurisdiccional.

25. La actuación de la Administración Electoral, a efectos del recurso conten-cioso–administrativo:

a) Está exenta del mismo.

b) Se controla por la Jurisdicción Ordinaria.

c) En los términos de su legislación específica, es susceptible del mismo.

d) Solo puede impugnarse en vía constitucional.

26. La Jurisdicción Contencioso–Administrativa, en cuanto a la responsabili-dad patrimonial de la Administración Pública cuando esta actúe como per-sona de Derecho privado:

a) Solo actúa subsidiariamente, tras la Jurisdicción Ordinaria.

b) Es plenamente competente.

c) Carece de competencia alguna.

d) Con carácter alternativo, a expensas del propio afectado, intervendrá.


27. El reconocimiento a una persona de la condición de parte en un proceso concreto deriva de/de su:

a) Capacidad procesal.

b) Legitimación.

c) Postulación.

d) Todo lo anterior.

28. La impugnación indirecta, en vía jurisdiccional, de un Reglamento, cuando previamente no se ha impugnado directamente:

a) Es perfectamente válida.

b) Solo se permite cuando incurra en nulidad de pleno derecho.

c) Está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.

d) Solo se admite cuando la efectúe la propia Administración Pública, tras decla-ración de lesividad.

29. La declaración de lesividad, a efectos del recurso contencioso–administrativo, se considera:

a) Diligencia preliminar.

b) Alegación previa.

c) Recurso previo.


30. Los actos administrativos que sean reproducción de otros anteriores defini-tivos y firmes, a efectos del recurso contencioso–administrativo:

a) No son susceptibles del mismo.

b) Son perfectamente impugnables.

c) Solo pueden impugnarse si producen indefensión.

d) Nada de lo expuesto es correcto.

31. El plazo que se concede para alegaciones previas se computa desde el/la:

a) Emplazamiento de las partes.

b) Emplazamiento para contestar a la demanda.

c) Escrito de interposición del recurso.

d) Presentación de la demanda.

32. Contra el Auto desestimatorio de las alegaciones previas, es posible recurso de:

a) Ningún tipo.

b) Revisión.

c) Casación.

d) Súplica.


33. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascenden-cia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los si-guientes días a aquel en que se haya dado traslado de la misma:

a) Veinte días.

b) Dos meses.

c) Treinta días.

d) Cinco días.

34. En defecto de vista, se efectúa/an:

a) Alegaciones.

b) Prueba documental.

c) Conclusiones escritas.


35. En el caso de que un recurso recayere sobre cosa juzgada, se:

a) Declarará su inadmisibilidad.

b) Reiterará la sentencia anterior.

c) Estimará, en su caso.

d) Desestimará.

36. La condena en costas, en caso de desistimiento:

a) Está prohibida.

b) Se impone solo a la Administración Pública.

c) Es la regla general.

d) Es posible.

37. Cuando no exista crédito para hacer efectivo de cantidad líquida a que es condenada la Administración Pública:

a) Se inejecuta la sentencia.

b) Se libra un anticipo de tesorería.

c) Debe avalarse dicho pago.


38. Respecto de los actos y disposiciones en materia de personal del Tribunal de Cuentas, la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Supremo conoce:

a) En segunda instancia. b) En única instancia.

c) Por vía de casación.

d) En ningún caso puede conocer.


39. La postulación por los funcionarios en un proceso contencioso–administrativo en materia de personal ante órganos jurisdiccionales cole-giados:

a) Se puede efectuar por ellos mismos.

b) Lo anterior es cierto solo cuando los funcionarios de que se traten sean Abo-gados o Licenciados en Derecho.

c) Ha de encomendarse a la Junta de Personal.

d) Requiere siempre Abogado y Procurador.

40. Como regla general, sobre los recursos contra actos de los Secretarios de Estado, es competente el/la:

a) Tribunal Supremo.

b) Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

c) Audiencia Nacional.

d) Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Madrid.

41. Tras la admisión de un recurso contencioso–administrativo, el siguiente trámite es el/la:

a) El requerimiento a la Administración Pública para que remita el expediente y para que emplace a las partes.

b) Diligencias preliminares.

c) Presentación de la demanda.

d) Alegaciones previas.

42. El plazo que se concede para alegaciones previas es de:

a) Quince días.

b) Diez días.

c) Ocho días.

d) Cinco días.

43. Por su parte para los escritos de conclusiones se conceden:

a) Diez días.

b) Tres días.

c) Cinco días.

d) Quince días.

44. En caso de que se estime un recurso contencioso–administrativo y se haya pretendido en la demanda el resarcimiento de daños, la sentencia:

a) No se pronunciará sobre los mismos.

b) Deberá fijarlos en todo caso.

c) Los reconocerá, como regla general, postergando su determinación al período de ejecución de sentencia.




1. b) La regla general.

2. d) Inexistente.

3. d) Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba decidirlo.

4. d) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio adminis-trativo.

5. a) Cuando el recurso se presentó contra un acto presunto desestimatorio de la solicitud del ciudadano.

6. d) Los actos firmes exclusivamente.

7. a) A los tres meses de su interposición.

8. c) Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto.

9. a) Corresponde a la propia Administración Pública.

10. d) Puede hacerlo quien ostente la condición de interesado.

11. d) Las respuestas a) y c) son ciertas.

12. d) Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce su carácter.

13. b) Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el pro-cedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados.

14. d) Está expresamente prohibida.

15. b) Deberá ajustarse a las peticiones del recurrente.

16. c) El recurso de alzada debe presentarse ante la autoridad que nombró al Presi-dente.

17. c) Se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente.

18. c) Ha de derivar de documentos habidos en el expediente.

19. a) Es obligatoria para el particular.

20. c) Un procedimiento especial en vía jurisdiccional.

21. d) 1.500,00 euros.

22. d) Las respuestas a y b son ciertas, según los casos.

23. b) Auto.

24. c) Seis meses.

25. c) En los términos de su legislación específica, es susceptible del mismo.

26. b) Es plenamente competente.

27. b) Legitimación.

28. a) Es perfectamente válida.

29. a) Diligencia preliminar.

30. a) No son susceptibles del mismo.

31. b) Emplazamiento para contestar a la demanda.

32. a) Ningún tipo.

33. d) Cinco días.

34. c) Conclusiones escritas.

35. a) Declarará su inadmisibilidad.

36. d) Es posible.

37. d) Nada de lo expuesto es cierto.


38. b) En única instancia.

39. d) Requiere siempre Abogado y Procurador.

40. c) Audiencia Nacional.

41. a) El requerimiento a la Administración Pública para que remita el expediente y para que emplace a las partes.

42. d) Cinco días.

43. a) Diez días.

44. d) Nada de lo anterior es cierto.


TEMA 4

Los contratos del Sector Público: concepto y clases. Procedimiento de adjudicación. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos del Sector Público

1. Las Comunidades Autónomas, en materia de contratación administrativa:

a) Tienen su legislación específica, que excluye al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TR–LCSP).

b) No se rigen por este TR–LCSP

c) Sólo pueden desarrollar el TR–LCSP

d) Se rigen por este TR–LCSP en lo que del mismo se considera legislación bá-sica, a tenor de su disposición final segunda.

2. No se consideran contratos administrativos los de:

a) Suministro.

b) Concesión de obras públicas.

c) Servicios.

d) Servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística.

3. Los Organismos Autónomos, en cuanto al TR–LCSP:

a) No están sujetos.

b) Se sujetan en su integridad.

c) Sólo se rigen por el mismo cuando hayan sido creados para satisfacer una ne-cesidad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil.

d) Se rigen sólo con carácter supletorio.

4. Por su parte, una entidad pública con personalidad jurídica propia:

a) Está plenamente sujeta.

b) No se rige por el TR–LCSP en ningún caso.

c) Se rige por el TR–LCSP cuando haya sido creada para satisfacer una necesi-dad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayorita-riamente su actividad, controlen su gestión, o nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.


5. La relación de servicio de los funcionarios públicos:

a) Se rige por lo dispuesto por el contrato de prestación de servicios.

b) Está sujeta, supletoriamente, al TR–LCSP

c) Se rige por lo establecido para el contrato de consultoría y asistencia.

d) No se sujeta al TR–LCSP.

6. Un contrato relativo a servicios de arbitraje y conciliación:

a) Está excluido del ámbito de aplicación del TR–LCSP

b) Está plenamente sujeto al TR–LCSP


c) Se considera administrativo típico.


7. Un contrato privado de la Administración se rige por el TR–LCSP, en de-fecto de normas específicas, en lo relativo a la:

a) Preparación del contrato.

b) Ejecución del mismo.

c) Adjudicación del contrato.


8. Como consecuencia de lo anterior, dicho contrato, en las materias en que se rige por el TR–LCSP, se impugnará a través de/ante:

a) Mecanismos de arbitraje o conciliación.

b) La Jurisdicción Civil. c) La Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

d) Tribunales Económico–Administrativos.

9. Los contratos que tengan por objeto la creación literaria:

a) Se consideran administrativos típicos.

b) Se consideran privados, aunque los celebre la Administración.

c) Son administrativos innominados.

d) Nada de lo anterior es correcto.

10. Entre las menciones que deben incluir, necesariamente, los contratos de un ente del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, no se encuentra la siguiente:

a) Consentimiento de los contratantes.

b) Referencia a la legislación aplicable al contrato.

c) Precio cierto o modo de determinarlo.

d) Definición del objeto del contrato.

11. La perfección de los contratos se efectúa a través de la:

a) Formalización.

b) Prestación de la garantía definitiva.

c) Adjudicación provisional.

d) Licitación.

12. Existe obligación de remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fis-calización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado un contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda, tratándose de un contratos de obras, de la siguiente, cantidad:

a) 600.000 euros.

b) 450.000 euros

c) 300.000 euros.

d) 150.000 euros.


13. Si se trata de un contrato de suministros, debe remitirse la documentación a que se refiere la pregunta anterior al citado Tribunal cuando su cuantía ex-ceda de:

a) 150.000 euros.

b) 200.000 euros.

c) 450.000 euros.

d) Debe remitirse en todo caso.

14. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en cuanto al contrato de gestión de servicios públicos:

a) Sólo pueden celebrarlo respecto a la gestión de la prestación de asistencia sa-nitaria.

b) Pueden celebrarlo sin límite alguno.

c) Están expresamente excluidas de su celebración


15. Los contratos administrativos que tengan por objeto el arrendamiento de sistemas para el tratamiento de la información que no hayan sido desarro-llados a medida de la Administración contratante se consideran:

a) De servicios.

b) De gestión de servicios públicos.

c) De colaboración entre el sector público y el sector privado.

d) De suministro.

16. Los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sometidos a las directrices europeas se consideran:

a) Contratos mixtos.

b) Contratos sujetos a una regulación armonizada.

c) Contratos privados.

d) Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

17. Los contratos administrativos cuyo objeto son prestaciones de hacer consis-tentes en el desarrollo de una actividad se consideran:

a) De servicios.

b) De gestión de servicios públicos.

c) De obras.

d) Mixtos.

18. Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación:

a) A lo que disponga en cada caso la Administración contratante.

b) A lo que derive del mutuo acuerdo de las partes contratantes.

c) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.

d) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista administrativo.


19. Los contratos menores definidos en el art. 138.3 TR–LCSP, por ejemplo un contrato de obras con un importe inferior a 50.000 euros:

a) No podrán tener una duración superior a un año.

b) No se podrá adjudicar directamente a un empresario con capacidad de obrar la y la habilitación profesional necesaria.

c) No puede ser objeto de prórroga.

d) Las respuestas a y c son correctas.

20. Como regla general, los contratos del sector público se entenderán celebra-dos:

a) En el lugar donde tenga su domicilio oficial el contratista.

b) En el lugar en el que se llevará a efecto el objeto del contrato.

c) En el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

d) En el lugar donde se lleve a efecto su formalización.

21. La contratación verbal por parte los entes, organismos y entidades del sec-tor público:

a) Se admite en casos de urgencia.

b) Está expresamente prohibida.

c) Sólo se permite para los contratos menores. d) Nada de lo expuesto es cierto.

22. La remisión al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma de una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado un contrato, acompañada de un extracto del expedien-te del que se derive, deberá realizarse en siguiente plazo, a contar desde la formalización del contrato:

a) Un mes.

b) Seis meses.

c) Tres meses.

d) Un año.

23. Un contrato administrativo de obras estará sujeto a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a:

a) 5.225.000 euros.

b) 209.000 euros.

c) 135.000 euros.

d) 80.000 euros.

24. Entre los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada no figuran los de:

a) Obras.

b) Servicios.

c) Suministros.

d) Puede serlo todos los anteriores.


25. En el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, la contraprestación a percibir por el contratista colaborador consiste en:

a) La concesión del servicio público de que se trate.

b) Un precio que se le satisfará durante toda la duración del contrato.

c) Adquirir la condición de contratista preferente para la Administración, con exención de la prestación de garantías.

d) La dirección de las obras que sean precisas.

26. La adjudicación de un contrato a una persona incursa en causa de incom-patibilidad:

a) No comporta por sí sola la nulidad del mismo.

b) Provoca su irregularidad.

c) Es causa de anulabilidad.

d) Supone su nulidad absoluta.

27. Pueden remitir a un arbitraje la solución de las diferencias que surjan so-bre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren:

a) Las Administraciones Públicas en general.

b) Las anteriores y los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan carácter de Administraciones Públicas.

c) Sólo los entes, organismos y entidades del sector privado.

d) Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan carácter de Administraciones Públicas.

28. La insuficiencia de crédito presupuestario respecto de un contrato celebra-do por la Administración, salvo los supuestos de emergencia, provoca su:

a) Nulidad.

b) Irregularidad.

c) Anulabilidad.

d) Suspensión.

29. La nulidad de los actos que no sean preparatorios del contrato en un expe-diente de contratación:

a) Provoca la nulidad del propio contrato.

b) Comporta la adopción de medidas provisionales, mientras se declara.

c) Se subsana, previo acuerdo de continuación de los efectos del contrato, cuan-do pueda causar un grave trastorno al servicio público.


30. El recurso administrativo especial regulado en los arts. 40 a 49 del TR–LCSP:

a) Es preceptivo.

b) Es posterior a otros recursos administrativos en la contratación de que se trate.

c) Tiene carácter potestativo.



31. En la Administración General del Estado, el Presidente y los Vocales del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se designa por el:

a) Consejo General del Poder Judicial.

b) Consejo de Ministros.

c) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Ministro de Justicia.

32. El Tribunal a que se refiere la pregunta anterior está adscrito al:

a) Ministerio de Justicia.

b) Ministerio de la Presidencia.

c) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Consejo General del Poder Judicial.

33. Queda suspendida la tramitación del expediente de contratación en el su-puesto de que se use este recurso administrativo especial contra el acto de:

a) Clasificación.

b) Adjudicación.

c) Aprobación de los Pliegos que rijan el contrato.

d) En ningún supuesto se suspende dicha tramitación.

34. Contra la resolución de los órganos competentes para decidir este recurso administrativo especial:

a) Puede instarse la revisión de oficio.

b) Se puede interponer recurso administrativo de alzada.

c) Sólo es posible la interposición de recurso contencioso–administrativo.

d) Se permite excepcionalmente que sea revisable por los órganos de control fi-nanciero de la Administración correspondiente.

35. La duración del nombramiento del Presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es:

a) De seis años.

b) Prorrogable.

c) Indefinida.

d) De tres años.

36. La declaración de nulidad de los actos preparatorios y de los actos de adju-dicación de los contratos de las Administraciones Públicas se efectúa, como regla general, por el/la:

a) Jurisdicción contencioso–administrativa en todo caso.

b) Órgano de contratación y el contratista, de mutuo acuerdo.

c) Órgano de contratación.

d) Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.


37. El procedimiento que se sigue en dicha declaración es el de:

a) Revisión de oficio de actos administrativos irregulares.

b) Revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho.

c) Contencioso–administrativo.

d) Ninguno de los anteriores, sino uno específico previsto en el TR–LCSP.

38. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por:

a) Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Admi-nistrativa del Estado.

b) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) El órgano de contratación competente en cada caso.

d) Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, con dicha eficacia general.

39. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán, con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, a que se refiere la pregunta anterior son susceptibles de recurso:

a) De reposición ante el órgano que los adoptó.

b) Contencioso–administrativo exclusivamente.

c) De alzada ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) En ningún caso.

40. El hecho de que un contratista haya sido declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, le hace incurrir, respecto de la contratación administrativa, en:

a) Una causa de incompatibilidad.

b) Una prohibición de contratar.

c) Falsedad.

d) Causa de anulabilidad del contrato que se celebre.

41. La solvencia económica y financiera y profesional o técnica del contratista puede sustituirse, en determinados supuestos por:

a) Un aval bancario.

b) La prestación de la garantía legalmente prevista.

c) La clasificación.

d) Nada.

42. Se exige la clasificación del empresario en los contratos de obras que tengan un presupuesto igual o superior a:

a) 200.000 euros.

b) 185.000 euros.

c) 500.000 euros.

d) 209.000 euros.


43. La formalización en escritura pública de una unión temporal de empresa-rios constituida para contratar con la Administración se requiere:

a) Para poder licitar.

b) Con carácter previo a la adjudicación definitiva del contrato.

c) Cuando se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

d) Al inicio del cumplimiento del contrato.

44. Los empresarios que concurran agrupados en una unión temporal quedan obligados:

a) Individualmente.

b) Mancomunadamente.

c) Solidariamente.

d) Depende de los casos.

45. Como regla general y en tanto se mantengan por el empresario las condi-ciones y circunstancias en que se basó la concesión, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia:

a) De nueve años.

b) Indefinida.

c) Circunscrita al contrato de que se trate.

d) De cinco años.

46. Para la conservación de la clasificación durante el tiempo de su vigencia, el empresario deberá justificar el mantenimiento de la solvencia económica y financiera:

a) Anualmente.

b) Cada dos años.

c) Cada cinco años.

d) Cada tres años.

47. Por su parte, para la conservación de la clasificación durante el tiempo de su vigencia, el empresario deberá justificar el mantenimiento de la solven-cia técnica y profesional:

a) En ningún momento.

b) Cada dos años.

c) Anualmente.

d) Cada tres años.

48. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado:

a) Es obligatoria.

b) Acredita frente a todos los órganos del sector público las condiciones de apti-tud del empresario.

c) Acredita la clasificación sólo ante los órganos de contratación de la Adminis-tración General del Estado.

d) Se acredita mediante declaración responsable del empresario.


49. Las empresas no comunitarias, para celebrar contratos de obras en España, deberán justificar:

a) La reciprocidad por parte de su país de origen en la admisión de empresas es-pañolas en la contratación con su respectiva Administración.

b) Su inscripción en el Registro Mercantil español.

c) Que tienen abierta sucursal en España.


50. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la com-petencia para declarar la prohibición de contratar de un empresario en el siguiente supuesto:

a) Cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario.

b) Cuando haya recaído una sanción firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado.

c) Cuando no se halle al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-tarias.

d) En todos los anteriores supuestos.

51. La Junta de Gobierno Local, en un Municipio de gran población, en mate-ria de contratación administrativa:

a) No puede tener competencia alguna.

b) Puede contratar por delegación del Pleno y del Presidente de la Corporación.

c) Tiene competencia originaria y plena.

d) Se limita a intervenir previamente al acuerdo o resolución del Pleno o del Pre-sidente, respectivamente.

52. El perfil del contratante se difunde a través de/del/de la:

a) Boletín Oficial del Estado.

b) Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según proceda.

c) Prensa de mayor tirada de la localidad de que se trate. d)Internet.

53. La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse:

a) En las páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector públi-co.

b) La Plataforma de Contratación del Sector Público.

c) En los pliegos y anuncios de licitación.

d) En todo lo anterior.

54. Es inexcusable publicar en el perfil del contratante el/la/las:

a) Adjudicación de los contratos.

b) Anuncio de información previa contemplado en el artículo 141 TR–LCSP

c) Licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas.



55. La existencia de Juntas de Contratación, como órganos de contratación, en las Entidades Locales:

a) Está expresamente prohibida.

b) Es inexcusable.

c) Es potestativa.

d) Debe aprobarse por la Comunidad Autónoma respectiva.

56. El acuerdo de constitución de la Junta de Contratación en una Entidad Lo-cal compete al/a la:

a) Comunidad Autónoma que apruebe su existencia.

b) Junta de Gobierno Local.

c) Presidente de la Corporación Local de que se trate.

d) Pleno de la Corporación Local.

57. La Mesa de Contratación, cuando exista Junta de Contratación en una En-tidad Local:

a) No es necesaria.

b) Se incorpora a la propia Junta de Contratación.

c) Se constituye como tal Junta de Contratación.

d) Es el órgano que fiscaliza la actuación de la Junta de Contratación.

58. La duración de las uniones temporales de empresarios:

a) Es indefinida.

b) Coincide con la del contrato hasta su extinción.

c) Se prolonga hasta el vencimiento del plazo de garantía definitiva del contrato.

d) Se deja a la voluntad de los empresarios que la constituyen.

59. Los derechos y obligaciones del contratista suelen incorporarse a/al:

a) Pliego de prescripciones técnicas.

b) Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Proyecto Técnico de la obra de que se trate. d) Todo lo anterior.

60. En las tramitaciones urgentes de un expediente de contratación, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a los siguientes días hábiles contados desde la formalización:

a) 5.

b) 10.

c) 15.

d) No hay previsión legal al respecto.

61. Queda excluida toda negociación de los términos del contrato con los licita-dores en el procedimiento:

a) Abierto.

b) Restringido.

c) De diálogo competitivo.

d) En todos los anteriores se admite la negociación.


62. Se adjudica un contrato al empresario elegido por la Administración, pre-via consulta con uno o varios empresarios candidatos, en el procedimiento:

a) Abierto.

b) Negociado.

c) Restringido.

d) De cualquier tipo.

63. La subasta electrónica, en materia de contratación, no puede emplearse en el siguiente procedimiento:

a) Restringido.

b) Negociado.


d) Se puede usar en cualquiera de ellos.

64. La presentación por los licitadores de variantes o mejoras:

a) Está taxativamente prohibida.

b) Debe hacerse constar en el anuncio de licitación del contrato.

c) Requiere previo acuerdo al efecto entre las partes contratantes.

d) Nada de lo expuesto es cierto por sí mismo.

65. En el procedimiento restringido, el número mínimo de empresarios a los que se invitará a participar no podrá ser inferior a:

a) Cinco.

b) Diez.

c) Veinte.

d) Veinticinco.

66. Puede acudirse al procedimiento negociado en los contratos de obras cuan-do su valor estimado sea inferior a la siguiente cuantía:

a) Diez millones de euros.

b) Dos millones de euros.

c) Un millón de euros.

d) Seis millones de euros.

67. El procedimiento ordinario de adjudicación de los contratos es el:

a) Abierto.

b) Restringido.


d) Las respuestas a y b son correctas.

68. Se puede usar el procedimiento negociado en un contrato de suministros, en todo caso, cuando su valor estimado se inferior, como máximo, a:

a) 200.000 euros.

b) 100.000 euros.

c) 350.000 euros.

d) 150.000 euros.


69. La selección en los concursos de proyectos se efectúa por:

a) El órgano de contratación.

b) La Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

c) Un Jurado.

d) Indistintamente, por cualquiera de los anteriores.

70. Como regla general, a salvo de los contratos de obras, se consideran meno-res los contratos de importe inferior, como máximo, a:

a) 209.000 euros.

b) 80.000 euros.

c) 50.000 euros.

d) 18.000 euros.

71. En la contratación administrativa, se considera confidencial la información facilitada por los licitadores:

a) Sobre su identidad.

b) Respecto a su clasificación.

c) Sobre secretos comerciales.

d) Las respuestas b y c son ciertas.

72. A la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el merca-do laboral, está prevista la determinación de los contratos de la Adminis-tración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoria-mente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, con carácter:

a) Bianual.

b) Semestral.

c) Anual.

d) Mensual.

73. la determinación a que se refiere la pregunta anterior debe efectuarse por el/la:

a) Consejo de Ministros.

b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Plataforma de Contratación del Sector Público.

d) Junta Consultiva de Contratación.

74. La incorporación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa en que conste tan-to el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse op-tado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licita-dor con las concretas medidas a tal efecto aplicadas:

a) Es inexcusable en todo contrato administrativo.


b) Deriva de la obligación impuesta al efecto por la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad.

c) Es potestativa para los órganos de contratación.

d) Las respuestas a y b son correctas.

75. En el supuesto de que varias empresas licitadoras empaten en cuanto a la proposición más ventajosa y acrediten tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que:

a) Disponga del mayor porcentaje de trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

b) Disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, sin distinción entre sexos.

c) Se comprometa a genera empleo para personas discapacitadas en la ejecución del contrato de que se trate.

d) Mayor tiempo haya contratado a personas con discapacidad.

76. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo regulado en el art. 181 del TR–LCSP en el siguiente expediente de contratación:

a) Negociado.

b) Restringido.


d) Abierto.

77. Como regla general, la aprobación del gasto en un expediente de contrata-ción se realiza:

a) Con la resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el expe-diente de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudi-cación.

b) Al inicio del expediente de contratación, como requisito inexcusable.

c) Una vez adjudicado el contrato y conocido su precio definitivo.

d) Tras la ejecución del contrato, a la vista del coste efectivo del mismo.

78. Se exime del requisito de la existencia de crédito suficiente para contratar, en:

a) Ningún caso.

b) La contratación urgente.

c) La contratación de emergencia.

d) Todo tipo de expediente de contratación, siempre que se acompañe al acuerdo correspondiente la oportuna retención de crédito o documentación que justifi-que la iniciación del expediente de modificación de crédito.


79. En la Administración General del Estado, respecto a los pliegos particula-res en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los co-rrespondientes pliegos generales:

a) Debe informar obligatoriamente y con carácter previo la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

b) Debe recabarse dictamen vinculante del Consejo de Estado.

c) Se consideran nulos de pleno derecho.

d) Han de ser sometidos a ratificación del Consejo de Ministros.

80. El establecimiento de pliegos de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales es una atribución del/de la:

a) Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

b) Consejo de Ministros.

c) Ministro correspondiente.

d) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

81. Las especificaciones técnicas podrán mencionar una fabricación o una pro-cedencia determinada o un procedimiento concreto, o hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción de-terminados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos:

a) Cuando lo justifique el objeto del contrato. b) Previa autorización de carácter excepcional.

c) Acompañándola de la mención «o equivalente».

d) Las tres respuestas anteriores son ciertas y concurrentes.

82. La imposición al adjudicatario en algunos contratos de la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales

a) No está prevista en nuestro ordenamiento jurídico.

b) Ha de ir acompañada, en el pliego o en la documentación complementaria, de la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida.

c) Debe ir precedida por el consentimiento expreso de la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que tenga la condi-ción de empleadora de los trabajadores afectados.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

83. Cuando los contratos a celebrar por Comunidades Autónomas o Entidades Locales estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publi-carse en:

a) El «Diario Oficial de la Unión Europea».

b) Los diarios oficiales autonómicos o provinciales.


c) El «Boletín Oficial del Estado».

d) Todos los anteriores necesariamente.

84. Está, especial mente prevista la posible exención de la constitución de la ga-rantía en los contratos:

a) De obras.

b) De concesión de obras públicas.

c) De suministro de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuar-se antes del pago del precio.

d) En ninguno de los anteriores puede eximirse de dicha constitución.

85. La garantía provisional es devuelta a los licitadores no seleccionados tras la:

a) Adjudicación del contrato.

b) Constitución de la garantía definitiva.

c) Formalización del contrato.

d) En ningún de los supuestos anteriores.

86. El porcentaje sobre el importe de adjudicación del contrato en que se fija la garantía definitiva, como regla general, excluido el Importe sobre el Valor Añadido, es del:

a) Dos por ciento.

b) Cinco por ciento.

c) Seis por ciento.

d) Diez por ciento.

87. La alegación del beneficio de excusión por parte de los terceros que presten garantías a favor de un contratista:

a) Les exime de responder en primera instancia con sus bienes.

b) Ha de estar prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas del contrato.

c) Requiere la previa aceptación de la Administración.

d) Está expresamente declarada inadmisible.

88. El privilegio de interpretar unilateralmente los contratos administrativos lo ostenta el/la:

a) Servicio Jurídico correspondiente de la Administración contratante.

b) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la respectiva Comuni-dad Autónoma.

c) Particular que contrate con la Corporación. d) Órgano de contratación.


89. … y el privilegio de interpretación unilateral de un contrato privado de la Administración se reserva a/al:

a) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la respectiva Comuni-dad Autónoma.

b) Servicio Jurídico correspondiente de la Administración contratante.

c) Órgano de contratación.

d) Nadie.

90. El plazo que tiene la Administración para abonar el precio, a contar desde la fecha de aprobación de la certificación de obras, como regla general, es de:

a) Treinta días.

b) Cuatro meses.

c) Tres meses.

d) Seis meses.

91. En caso de demora en el pago por la Administración, cuando sea superior a cuatro meses e inferior a ocho, el contratista tiene derecho a:

a) Resolver el contrato.

b) Revisar el precio del contrato.

c) Suspender el cumplimiento del contrato.

d) Las respuestas b y c son ciertas.

92. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, incurra en demora respecto al cumplimiento del plazo total de un contrato, la Administración:

a) Rescindirá el contrato.

b) Denunciará el mismo.

c) Puede resolverlo o imponer penalidades.

d) Le exigirá el abono de los daños y perjuicios.

93. Si la demora se produce por causas no imputables al contratista y éste ofre-ce cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado:

a) La Administración se la concederá.

b) La Administración podrá concedérsela.

c) Deberá el contratista prestar garantía específica.


94. Si fuera factible la concesión de la prórroga a que se refiere la pregunta an-terior, el plazo de la misma:

a) Será similar, por lo menos, al tiempo perdido.

b) Se fijará discrecional mente por la Administración.

c) Ha de ser superior al inicialmente concedido.

d) Como mucho, será de la mitad del inicialmente concedido.


95. Como regla general, la indemnización de los daños y perjuicios que se cau-sen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecu-ción del contrato corresponde al/a la/a las:

a) Administración contratante.

b) Contratista.

c) Dos partes contratantes, por mitad.

d) Dos partes contratantes, en función de la responsabilidad de cada una en cada supuesto concreto.

96. El interés de demora, en relación con el pago a los contratistas, cuando se produzca una demora en éste:

a) Está expresamente prohibido.

b) Se abona a partir de los treinta días de la obligación de abono del pago, sin efectuarlo.

c) Ha de abonarse a partir de los cuatro meses de demora, exclusivamente.

d) Lo fija la propia Administración contratante.

97. Los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del contrato, podrán ser embargados:

a) En ningún caso.

b) En cualquier caso.

c) Sólo por deudas personales del contratista. d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.

98. En caso de que se formule oposición a la interpretación del contrato efec-tuada por la Administración, debe recaer informe de/del:

a) Servicio Jurídico correspondiente de la Administración.

b) Órgano de contratación.

c) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autó-noma.

d) Todos los anteriores.

99. El informe a que se refiere la pregunta anterior debe recaer, asimismo, tra-tándose de una modificación del contrato cuya cuantía sea superior al si-guiente porcentaje, como mínimo, en relación con el precio primitivo del mismo, siendo éste igual o superior a 6.000.000 euros:

a) 50 por 100.

b) 25 por 100.

c) 20 por 100.

d) 10 por 100.

100. Los acuerdos del órgano de contratación sobre interpretación o modifica-ción de los contratos, a efectos de ser recurridos por el contratista:

a) No son susceptibles de recurso.

b) No agotan la vía administrativa.

c) Agotan esta vía.

d) Según los casos, será válida alguna de las alternativas anteriores.


101. Una consecuencia derivada de la suspensión del contrato, cuando legalmen-te proceda, es:

a) Provocar la resolución del contrato.

b) Indemnizar los daños y perjuicios al contratista.

c) Indemnizar los daños y perjuicios a la Administración.

d) Todo lo anterior, según los casos.

102. Es obligatoria la resolución del contrato en el siguiente supuesto:

a) Declaración de concurso del contratista.

b) Modificación de más del 20 por 100 del precio del contrato.

c) El incumplimiento de las obligaciones contractuales no esenciales.

d) En todos los casos anteriores lo es.

103. El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales por el con-tratista da lugar a la:

a) Resolución.

b) Denuncia.

c) Anulación.

d) Cesión del mismo.

104. La aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el sub-contratista o el suministrador debe hacerse en el plazo máximo de:

a) Quince días.

b) Veinte días.

c) Treinta días.

d) Dos meses.

105. En los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios, cuando proceda la misma, podrá tener lugar transcurrido, como mínimo, el siguiente número de años, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación:

a) Dos.

b) Veinte.

c) Cinco

d) Diez

106. Para que proceda la revisión de precios, cuando esté prevista legalmente, ha de haberse ejecutado el contrato, al menos, en el siguiente porcentaje:

a) 10 por 100.

b) 20 por 100.

c) 40 por 100.

d) No hay límite alguno.


107. La aprobación de fórmulas de revisión de precios de los contratos, cuando proceda dicha revisión, corresponde al/a la:


b) Órgano de contratación.

c) Administración que contrate.

d) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autó-noma.

108. los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes in-cluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos se aprueban por el/la:


b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

c) Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

d) Órgano de contratación.



1. d) Se rigen por este TR–LCSP en lo que del mismo se considera legislación bá-sica, a tenor de su disposición final segunda

2. d) Servicios que tengan por objeto la creación e interpretación artística.

3. b) Se sujetan en su integridad.

4. c) Se rige por el TR–LCSP cuando haya sido creada para satisfacer una necesi-dad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayorita-riamente su actividad, controlen su gestión, o nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

5. d) No se sujeta al TR–LCSP.

6. a) Está excluido del ámbito de aplicación del TR–LCSP.

7. d) Las respuestas a y c son ciertas.

8. c) La Jurisdicción Contencioso–Administrativa.

9. b) Se consideran privados, aunque los celebre la Administración.

10. a) Consentimiento de los contratantes.

11. a) Formalización.

12. a) 600.000 euros.

13. c) 450.000 euros.

14. a) Sólo pueden celebrarlo respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria.

15. d) De suministro.

16. b) Contratos sujetos a una regulación armonizada.

17. a) De servicios.

18. c) Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vis-ta económico.

19. d) Las respuestas a y c son correctas.

20. c) En el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

21. d) Nada de lo expuesto es cierto.

22. c) Tres meses.

23. a) 5.225.000 euros.

24. c) Suministros.

25. b) Un precio que se le satisfará durante toda la duración del contrato.

26. d) Supone su nulidad absoluta.

27. d) Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan carácter de Administraciones Públicas.

28. a) Nulidad.

29. d) Nada de lo expuesto es correcto.

30. c) Tiene carácter potestativo.

31. b) Consejo de Ministros.

32. c) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

33. b) Adjudicación.

34. c) Sólo es posible la interposición de recurso contencioso–administrativo.


35. a) De seis años.

36. c) órgano de contratación.

37. b) Revisión de oficio de los actos administrativos nulos de pleno derecho.

38. a) Las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Ad-ministrativa del Estado.

39. c) De alzada ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

40. b) Una prohibición de contratar.

41. c) La clasificación.

42. c) 500.000 euros.

43. c) Cuando se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

44. c) Solidariamente.

45. b) Indefinida.

46. a) Anualmente.

47. d) Cada tres años.

48. b) Acredita frente a todos los órganos del sector público las condiciones de ap-titud del empresario.

49. d) Todo lo anterior.

50. b) Cuando haya recaído una sanción firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado.

51. c) Tiene competencia originaria y plena.

52. d) Internet.

53. d) En todo lo anterior.

54. a) Adjudicación de los contratos.

55. c) Es potestativa.

56. d) Pleno de la Corporación Local.

57. a) No es necesaria.

58. b) Coincide con la del contrato hasta su extinción.

59. b) Pliego de cláusulas administrativas particulares.

60. c) 15.

61. b) Abierto.

62. b) Negociado.

63. c) De diálogo competitivo.

64. b) Debe hacerse constar en el anuncio de licitación del contrato.

65. a) Cinco.

66. c) Un millón de euros.

67. d) Las respuestas a y b son correctas.

68. b) 100.000 euros.

69. c) Un Jurado.

70. d) 18.000 euros.

71. c) Sobre secretos comerciales.

72. c) Anual.

73. a) Consejo de Ministros.

74. c) Es potestativa para los órganos de contratación.

75. b) Disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, sin distinción entre sexos.


76. c) De diálogo competitivo.

77. a) Con la resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el ex-pediente de contratación y disponiendo la apertura del procedimiento de ad-judicación.

78. c) La contratación de emergencia.

79. a) Debe informar obligatoriamente y con carácter previo la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

80. b) Consejo de Ministros.

81. d) Las tres respuestas anteriores son ciertas y concurrentes.

82. b) Ha de ir acompañada, en el pliego o en la documentación complementaria, de la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evalua-ción de los costes laborales que implicará tal medida.

83. d) Todos los anteriores necesariamente.

84. c) De suministro de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efec-tuarse antes del pago del precio.

85. a) Adjudicación del contrato.

86. b) Cinco por ciento.

87. d) Está expresamente declarada inadmisible.

88. d) Órgano de contratación.

89. d) Nadie.

90. a) Treinta días.

91. c) Suspender el cumplimiento del contrato.

92. c) Puede resolverlo o imponer penalidades.

93. a) La Administración se la concederá.

94. a) Será similar, por lo menos, al tiempo perdido.

95. b) Contratista.

96. b) Se abona a partir de los treinta días de la obligación de abono del pago, sin efectuarlo.

97. d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.

98. c) Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autó-noma.

99. d) 10 por 100.

100. c) Agotan esta vía.

101. b) Indemnizar los daños y perjuicios al contratista.

102. a) Declaración de concurso del contratista.

103. a) Resolución.

104. c) Treinta días.

105. a) Dos.

106. b) 20 por 100.

107. a) Consejo de Ministros.

108. b) Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

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