tema 7 auxiliares administrativos scs

Tema 7 El personal al servicio de las instituciones sanitarias públicas. Ley 30/1992

TEMA 7

Eficacia del acto administrativo. Invalidez delos actos: actos nulos y actos anulables.Irregularidades no invalidantes. Régimenjurídico del silencio administrativo.

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Índice de contenidoEficacia del acto administrativo.............................................................................................................2

Artículo 56. Ejecutividad...................................................................................................................2Artículo 57. Efectos...........................................................................................................................2

Invalidez de los actos..............................................................................................................................2Artículo 62. Nulidad de pleno derecho..............................................................................................2Artículo 63. Anulabilidad..................................................................................................................3Artículo 64. Transmisibilidad............................................................................................................3Artículo 65. Conversión de actos viciados........................................................................................3Artículo 66. Conservación de actos y trámites..................................................................................3Artículo 67. Convalidación................................................................................................................3

Régimen jurídico del silencio administrativo.........................................................................................3Artículo 42. Obligación de resolver...................................................................................................3Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado............5Artículo 44. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio..............................6




Eficacia del acto administrativo

Artículo 56. Ejecutividad.Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos conarreglo a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 57. Efectos.1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumiránválidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otracosa.

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a sunotificación, publicación o aprobación superior.

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten ensustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado,siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga laeficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Invalidez de los actos

Artículo 62. Nulidad de pleno derecho.1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido ode las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganoscolegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquierenfacultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren laConstitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulenmaterias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposicionessancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Artículo 63. Anulabilidad.1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción delordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de losrequisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de losinteresados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sóloimplicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.




Artículo 64. Transmisibilidad.1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento quesean independientes del primero.

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes delmismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella elacto administrativo no hubiera sido dictado.

Artículo 65. Conversión de actos viciados.Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otrodistinto producirán los efectos de éste.

Artículo 66. Conservación de actos y trámites.El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación deaquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido lainfracción.

Artículo 67. Convalidación.1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente parala retroactividad de los actos administrativos.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrárealizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto medianteel otorgamiento de la misma por el órgano competente.

Régimen jurídico del silencio administrativo

Artículo 42. Obligación de resolver.1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y anotificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento dela solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resoluciónconsistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de loshechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación, a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminacióndel procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio dederechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la normareguladora del correspondiente procedimiento.

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca unomayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será detres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entradaen el registro del órgano competente para su tramitación.




4. Las Administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos,las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de losmismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximonormativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como delos efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en lanotificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigiráal efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órganocompetente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha enque la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución sepodrá suspender en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y laaportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entrela notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, eltranscurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de lapresente Ley.

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de lasComunidades Europeas, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse alos interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que tambiéndeberá serles comunicada.

c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de laresolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre lapetición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmentedeberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún casode tres meses.

d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos porlos interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en lostérminos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta laconclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediantedeclaración formulada por la Administración o los interesados.

6. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer unincumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuestarazonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, apropuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con eldespacho adecuado y en plazo.

Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificaciónmediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos losmedios a disposición posibles.

De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior alestablecido para la tramitación del procedimiento.

Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a losinteresados, no cabrá recurso alguno.

7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de losasuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolverson directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de laobligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sinperjuicio a la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente.




Artículo 43. Silencio administrativo en procedimientos iniciados asolicitud de interesado.1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que laAdministración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimientodel plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesadosque hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, exceptoen los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés generalo una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio delderecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimacióntuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas aldominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos ydisposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra ladesestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderáestimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente nodictase resolución expresa sobre el mismo.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de actoadministrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene lossolos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo ocontencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 sesujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a laproducción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior alvencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido delsilencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tantoante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismosproducen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse laresolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada porcualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencioproducido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado,éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.

Artículo 44. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que sehaya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de laobligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, laconstitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados quehubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general,de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá lacaducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de lasactuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable alinteresado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.



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