tema 5 gasto pulico
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TEMA 5 - GASTO PÚBLICO
PROGRAMA SINÓPTICO
Introducción
El gasto público, representa una de las modalidades a través de las cuales cualquier Estado
responsable aspira incidir en mejorar la distribución social y la calidad de vida de la población.
Es una herramienta de política pública a través de la cual los gobiernos pueden contribuir al
desarrollo humano sostenible. Para ello pueden intervenir mediante diversas acciones tales
como la promoción del crecimiento económico, la corrección de fallas del mercado, la creación
de la infraestructura necesaria para el desarrollo, así como proporcionando servicios sociales
para satisfacer las necesidades de la gente. Sin embargo, el rápido incremento que ha
experimentado el gasto público en los países en desarrollo, sin un aumento correlativo de los
ingresos tributarios, ha provocado crisis fiscales de amplia magnitud, con el paradójico
resultado de que en muchos casos no se ha logrado ni promover el crecimiento sostenible ni
mejorar la equidad. Venezuela no escapa de ésta realidad por lo que surge la necesidad de
conocer mas a detalle en que consiste el gasto público, como se clasifica, la evolución de dicho
gasto en Venezuela, cual es la relación entre el gasto público y el presupuesto de la nación
1.1. Gasto Público
1.1.1. Concepto
El gasto público es aquel flujo que configura el componente negativo del resultado económico-
patrimonial, producido a lo largo del ejercicio por las operaciones conocidas de naturaleza
presupuestaria o no presupuestaria, como consecuencia de la variación de activos o el
surgimiento de obligaciones, que implican un decremento en los fondos propios.
Por tanto, este término se reserva para aquellos flujos que deben imputarse al resultado citado
de la entidad a través de cuentas de gestión. No debe confundirse con el término "gasto
presupuestario": existen gastos que no constituyen gasto presupuestario (gastos extra
presupuestarios).
1.1.2. Clasificación
A continuación se presentan las distintas formas de clasificar el egreso (gasto) público previsto
en el presupuesto:
Institucional
A través de ella se ordenan los gastos públicos de las instituciones y/o dependencias a las
cuales se asignan los créditos presupuestarios, en un período determinado, para el
cumplimiento de sus objetivos.
Por la Naturaleza del Gasto
Permite identificar los bienes y servicios que se adquieren con las asignaciones previstas en el
presupuesto y el destino de las transferencias, mediante un orden sistemático y homogéneo de
éstos y de las variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de
su proceso productivo.
Económica
Ordena los gastos públicos de acuerdo con la estructura básica del sistema de cuentas
nacionales para acoplar los resultados de las transacciones públicas con el sistema, además
permite analizar los efectos de la actividad pública sobre la economía nacional.
Se relaciona con dotar de infraestructura, energía, comunicaciones y transportes, desarrollo
agropecuario y forestal, temas laborales, empresariales, ciencia y tecnología, promoción de la
capacitación y el empleo, impulso competitivo empresarial, estos se pueden considerar como
un gasto real o de inversión.
Descripción de los principales rubros de la clasificación económica:
- Gastos Corrientes: Son los gastos de consumo y/o producción, la renta de la propiedad y las
transacciones otorgadas a los otros componentes del sistema económico para financiar gastos
de esas características.
- Gastos de Capital: Son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital
que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico.
Sectorial
Esta presenta el gasto público desagregado en función de los sectores económicos y sociales,
donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los planes de desarrollo
y el presupuesto gubernamental.
Por Programa
Ésta presenta el gasto público desagregado en función de los sectores económicos y sociales,
donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los planes de desarrollo
y el presupuesto gubernamental.
Regional
Permite ordenar el gasto según el destino regional que se le da. Refleja el sentido y alcance de
las acciones que realiza el sector público, en el ámbito regional.
Desarrollo Social
Esta relacionado con la educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo
regional, agua potable y alcantarillado, asistencia social, y superación de la pobreza. Estos se
pueden considerar como un gasto público real o de consumo.
Dado que el gasto público es el valor total de las compras de bienes y servicios realiz ados por
el sector gubernamental durante un periodo productivo; el mismo puede ser clasificado de
acuerdo a los criterios orgánico o administrativo, económico y funcional. Es así como el criterio
orgánico clasifica los gastos públicos de acuerdo a la unidad u organismos administrativos que
realizan el gasto corriente. Por su parte el criterio económico clasifica el gasto público desde
dos puntos de vista gastos corrientes o de inversión (son aquellos que realiza el Estado para
cubrir su funcionamiento normal) y desembolsos unilaterales, transferencias.
Gasto público reales o de consumo
Son aquellos gastos corrientes en los que el sector público recibe a cambio una
contraprestación. Estos gastos representan la contribución del sector público al consumo de
una sociedad. En este grupo podrían incluirse los gastos por adquisición de bienes
consumibles o por servicios prestados al Estado.
Mixta
Son combinaciones de los gastos públicos, que se elaboran con fines de análisis y toma de
decisiones. Esta clasificación permite mostrar una serie de aspectos de gran interés, que
posibilitan el estudio sistemático del gasto público y la determinación de la política
presupuestaria para un período dado.
Las siguientes son las clasificaciones mixtas más usadas:
- Institucional por programa
- Institucional por la naturaleza del gasto
- Institucional económico
- Institucional sectorial
- Por objeto del gasto económico
- Sectorial económica
- Por programa y por la naturaleza del gasto.
1.2. Evolución Histórica del Gasto Público Venezolano
En los últimos veinte años, Venezuela ha tenido ajustes del gasto público en función de su
ingreso. A pesar de ser un país con grandes recursos humanos y naturales (renovables y no
renovables), en las últimas décadas el resultado económico no ha sido satisfactorio.
Como consecuencia del aumento del precio del petróleo en los años 1973 y 1974 se produjo
una expansión transitoria del crecimiento económico impulsado por la demanda, pero a pesar
de una segunda alza de dichos precios en petróleo en 1979 y 1980, el crecimiento anual per
cápita fue negativo en el período comprendido entre 1979 y 1985.
Desde 1983 en adelante el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de las personas ha
disminuido debido a constantes devaluaciones y una inflación que hoy es una de las más altas.
Entre los años 1986 y 1988 se pusieron en marcha políticas de expansión que llevaron a un
aumento transitorio del crecimiento. Dichas políticas, sin embargo, resultaron insostenibles, la
inflación aumentó, las reservas externas disminuyeron y se produjo una escasez generalizada.
Luego de un corto período las escuelas y los hospitales de la nación están en ruinas, las
carreteras siguen sin terminarse, no hay nuevas obras de infraestructura desde hace décadas y
ni siquiera se ha podido restablecer la vialidad y los servicios básicos, esto conlleva que las
condiciones económicas políticas y sociales de Venezuela se deterioren considerablemente,
debido a una serie de hechos que tuvieron un gran impacto negativo en el país: la disminución
de los precios de exportación del petróleo, la inestabilidad política, una crisis bancaria de
importancia, el nivel de desempleo sigue creciendo, como consecuencia, se produjo una caída
del PIB de los sectores no relacionados con el petróleo, la inflación continua en aumento y las
reservas internacionales disminuyeron.
A principios de 1996, el gobierno puso en marcha un programa económico de Estabilización y
Reformas Estructurales denominado "Agenda Venezuela", Petróleos de Venezuela (PDVSA),
dio inicio a la modalidad de "Apertura Petrolera", que consistía en otorgar contratos a empresas
privadas, para la exploración y explotación de petróleo, estas concesiones son cedidas, en este
caso a la empresa que mayor porcentaje de ganancia deje al país. Hacia 1997 la economía del
país se mantuvo monoproductora, dependiendo en su mayor porcentaje del sector petrolero y
con serios desequilibrios estructurales, que incluían un aumento del déficit fiscal, un déficit en
la cuenta corriente externa, un elevado nivel de desempleo, elevados índices de inflación y
elevados actos de corrupción. Uno de los problemas que ha debido enfrentar Venezuela en la
década de los noventa ha sido su dependencia económica del petróleo y la baja generalizada
de los precios reales de este producto así como de los ingresos por este concepto,
exceptuando 1999 cuando su valor durante todo el año está en US$16 por barril.
La contribución del petróleo al PIB total aumentó de aproximadamente el 21% a principios de
los años noventa, al 26% a finales de esa década. Al mismo tiempo, la participación de la
agricultura en el PIB disminuyó de alrededor del 6% en 1990, al 4% en 1998, la participación de
la industria manufacturera disminuyó de aproximadamente el 13% al 10%, y del sector de
servicios se mantuvo en alrededor del 60% del PIB.
En estas circunstancias, los salarios reales disminuyeron significativamente y el desempleo
aumentó. A pesar de la existencia de un salario mínimo obligatorio durante la mayor parte del
período comprendido entre 1990 y 1999, el salario real medio disminuyó aproximadamente un
23%. La caída del salario real afectó a todos los sectores del mercado laboral. A partir del año
2000, durante el segundo trimestre, el PIB creció entre 2% y 3% en relación con igual período
del año anterior (tras una expansión de alrededor del 0,3% en el primer trimestre), dando una
señal de recuperación económica después de una caída del 7,2% en 1999. En agosto de 2000
la inflación se redujo al 15%, la tasa más baja de los últimos 14 años que, además, s e ajusta a
la meta de 16% fijada por el gobierno para el año 2000. La disminución de la inflación se logró
debido a una recesión económica y de una caída tanto del consumo como de la inversión.
La combinación de un tipo de cambio sobrevalorado y bajas tasas de interés real ha creado las
condiciones para que surjan presiones en el sector externo. Sin embargo, no se han producido
restricciones inmediatas a la balanza de pagos, las salidas de capital han sido ampliamente
compensadas por el efecto expansivo de los elevados precios del petróleo en los ingresos
provenientes de las exportaciones y, al mismo tiempo, las importaciones se han visto
restringidas como consecuencia de la recesión. Hasta mediados de septiembre, el precio
medio de la cesta petrolera Venezolana era de aproximadamente US$28, en comparación con
aproximadamente US$16 durante todo 1999. Las reservas de divisas han aumentado a más de
US$18.000 millones, de los cuales se han destinado al fondo de estabilización
macroeconómica US$2.300 millones, que equivalen a 16 meses de importaciones. A fines de
agosto el tipo de cambio llegó a 690 bolívares por dólar. Aun después de la reciente
monetización del déficit fiscal correspondiente a los sectores no relacionados con el petróleo,
las reservas internacionales cubren por lo menos 2,1 veces la base monetaria y más del 75%
del M2.
De lo anterior, en el primer semestre del 2000 el sector público registró un superávit. Algunas
medidas clave adoptadas por el gobierno a comienzos de año, tales como la reducción de 1%
del IVA, la eliminación del impuesto de débito bancario, y el aumento de los gastos corrientes,
sumado a una baja recaudación de impuestos y a la disminución de los ingresos por tal
concepto debido al bajo crecimiento económico, han conducido al deterioro del déficit fiscal
correspondiente a los sectores no relacionados con el petróleo. Actualmente el gobierno
enfrenta los mismos problemas de otras administraciones anteriores: un creciente déficit,
presiones sobre la moneda y una inflación que comienza otra vez a salirse de control.
Durante el período 2000-2008 los recortes de producción que la OPEP acordó a partir de 1999
logran su objetivo y a principios de 2000 el precio del petróleo supera por primera vez desde
1986 la barrera de 30 dólares por barril. El grupo de la OPEP fija, en el 2000, un objetivo de
precios en forma de banda entre 22 y 28 dólares por barril.
La OPEP reacciona a los altos precios con aumentos de su producción, pero un fuerte
incremento de la demanda, debido a la emergencia de China e India como grandes
consumidores, sumado a problemas de producción (una huelga patronal en Venezuela a partir
de Diciembre de 2002 y la invasión de Irak en Marzo de 2003) provocaron nuevas subidas de
los precios.
El crudo alcanzó prácticamente los 80 dólares por barril en el verano-invierno de 2006. A
mediados de Julio de 2007 el valor se sitúa por encima de los 72 dólares por barril. Desde
Octubre de este año se sitúa por encima de los 90 dólares por barril.
En 2008 el Gobierno de Indonesia anuncia que se desliga de la OPEP, hasta ahora era el único
país del sudeste asiático, sin embargo seguirá siendo miembro hasta fines de año, dejando
abierta la alternativa de regresar a la OPEP si logra aumentar su producción.
1.3. Déficit
1.3.1 Concepto
Un déficit es una escasez de algún bien, ya sea dinero, comida o cualquier otra cosa. La
palabra déficit, por tanto, se utiliza para referirse a diversas situaciones como las siguientes:
déficit presupuestario, déficit comercial, déficit alimenticio.
El concepto de déficit fiscal describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado
u otras entidades públicas en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año, superan
a sus ingresos. Cuando se habla de déficit del público se está haciendo referencia al déficit del
conjunto de las administraciones públicas de un país, así como por ejemplo si nos referimos al
caso español; dentro del déficit público se encontraría una parte originada por el Estado, otra
por las comunidades autónomas y otra por los ayuntamientos, siendo el déficit público la suma
de todas ellas. El déficit comercial se refiere a el balance o balanza de pagos que es un
documento contable en el que se registran las operaciones comerciales, de servicios y de
movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes en un país con el resto del mundo
durante un período de tiempo determinado, normalmente un año. La balanza de pagos
suministra información detallada sobre todas las transacciones entre residentes y no
residentes. Las transacciones registradas en la balanza de pagos aparecen agrupadas en
diferentes sub-balanzas, de acuerdo con el carácter que tengan. La diferencia entre ingresos y
pagos de una determinada sub-balanza se denomina saldo de la misma. El saldo final de la
balanza de pagos en su conjunto dependerá del régimen de tipo de cambio de la economía. En
el caso de un sistema de flotación limpia la balanza de pagos siempre está equilibrada, esto es,
tiene saldo cero. En cambio, cuando la economía se rige por un tipo de cambio fijo, el saldo es
equivalente al cambio en las reservas netas del Banco Central.
1.3.2. Evolución
La existencia de déficits de los presupuestos públicos en los países ha sido un hecho que se
empezó a generalizar en los años siguientes a la crisis del petróleo de 1973. Como origen del
aumento y la persistencia del déficit público se distinguen cuatro hechos principales:
Inmediatamente después de la crisis del petróleo, las economías experimentaron una fuerte
desaceleración de la actividad, como consecuencia se produjo una menor recaudación fiscal y
a la vez un aumento de los gastos sociales ligados al desempleo. Este fenómeno conocido
como el efecto de los estabilizadores automáticos incrementó la cuantía de los déficits.
La persistencia de los déficits de presupuesto públicos en las economías ha provocado un
aumento del endeudamiento público que ha incrementado los tipos de interés. Todo esto ha
desembocado en que el componente de gastos de intereses por esta deuda ha experimentado
un gran aumento, contribuyendo a su vez por si mismo a un mayor déficit.
La incidencia de la inflación sobre el gasto público. Esta influencia viene motivada por el hecho
de que los gastos públicos se adaptan con mayor rapidez a la inflación que los ingresos. Los
déficits presupuestarios se habían considerado de forma tradicional en la política económica
keynesiana como forma de estimular la demanda de productos y en general la actividad
económica ante situaciones de caída del consumo y la inversión privados, pero estas medidas
se han demostrado poco eficientes, en determinadas ocasiones, por la existencia de una serie
de consecuencias indeseadas de los déficit presupuestario que anulan el efecto inicial
expansivo.
- Efectos de expulsión real. Este efecto supone que los incrementos de la demanda producidos
no conllevan una mayor actividad en el país sino que conduce a un incremento de las
importaciones que son las beneficiadas del déficit. Un ejemplo de esta situación se dio en
Francia en los años 1981 a 1983.
- Una segunda manifestación de los efectos de expulsión real se producen en el
comportamiento que experimenta el ahorro privado ante el déficit presupuestal. En
determinados casos en que el déficit se financia mediante la emisión de dinero y la
consiguiente aceleración de la inflación, las familias reaccionan como mecanismo de defensa
incrementado su ahorro y por tanto disminuyendo el consumo privado, compensando y
diluyendo por tanto el efecto del mayor gasto público.
- El efecto de la expulsión financiera. La financiación del déficit mediante la acumulación de
deuda pública y aumento de los tipos de interés provoca un efecto sobre la economía privada
de expulsión, en el sentido de que la escasez de capitales por la deuda provoca que proyectos
de inversión y gasto privados no puedan realizarse disminuyendo la actividad privada.
Pero para estudiar adecuadamente los efectos del déficit presupuestario sobre el nivel de
actividad hay que tener en cuenta no solo la cuantía del mismo, sino también de la composición
del gasto público que se lleva a cabo, la estructura del sistema impositivo, su financiación y
también el carácter coyuntural o permanente de sus causas.
1.4. Superávit
1.4.1. Concepto
Superávit es la abundancia de algo que se considera útil o necesario. Es un término empleado
sobre todo en economía. Es cuando el total de los activos de una organización anónima se le
restan la totalidad de los pasivos, esta queda una suma igual al Capital pagado, con una cierta
diferencia. Cuando ésta diferencia resulta positiva se le llamará Superávit y cuando resulte
negativa, se le llamará Déficit.
El término superávit económico se refiere a la diferencia de los ingresos sobre los gastos
(egresos) en una organización durante un periodo determinado. Concretamente, el superávit de
un Estado se debe a que recauda más por impuestos, tasas, retenciones, entre otros, que lo
que gasta en proveer servicios públicos y pagar deudas. Normalmente no entran dentro de este
concepto los préstamos para hacer frente a alguna deuda ni los capitales de amortización.
1.4.2. Evolución del superávit:
En el año 1996, el Gobierno de Venezuela emprendió un Programa de Estabilización y
Reformas Estructurales denominado "Agenda Venezuela", cuya fase inicial tuvo como objetivo
el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos. El eje principal de este programa se
estableció alrededor de un ajuste fiscal de carácter estructural, sobre la base de atribuir al
desajuste de las finanzas públicas un papel crucial en la generación de la necesaria estabilidad
económica interna y externa. Se firmó un acuerdo de colaboración con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Durante todo el año la ejecución de las diferentes políticas se ajustó, en
términos generales, a lo establecido por el Ejecutivo y sus resultados fueron prácticamente los
esperados, de tal forma que las metas establecidas en el programa fueron alcanzadas dentro
del contexto internacional de una evolución favorable del mercado petrolero. Después del éxito
inicial de la fase de estabilización, el desempeño durante 1997 y 1998 dependerá de la
profundización del ajuste fiscal y de la aplicación de un conjunto de reformas estructurales que
garanticen el mantenimiento de la nueva política económica emprendida.
Como resultado de todo esto, la inflación disminuyó de forma importante, aunque en tasas
menores de lo previsto, desde el 12,6% en mayo hasta el 3,0%. Después de la substitución del
control de cambios por un sistema de bandas en abril, el tipo de cambio se estabilizó alrededor
de 470 bolívares por dólar y evolucionó de forma estable durante el segundo semestre del año,
sin mayores intervenciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, la aparición
de un gran repunte positivo del sector petrolero generó algunos problemas respecto a la
política cambiaria, monetaria y fiscal, problemas que dificultaron el objetivo de alcanzar la tasa
de inflación prevista. Las consecuencias del ajuste sobre el nivel de actividad económica fueron
similares a las previstas. El PIB total descendió en un 1,6% y el no petrolero en un 3,6%. En la
misma línea, al cierre del año las reservas internacionales netas alcanzaron los 12 millardos de
dólares, el nivel más alto desde 1985. A pesar de la reducción de las tasas de interés, la
inversión privada disminuyó fuertemente, acentuando la tendencia registrada el año anterior. El
desempleo se mantuvo alto, en niveles superiores al 11%.
La fortaleza del mercado petrolero, la devaluación y los esfuerzos por controlar el gasto público
influyeron en la recuperación de las cuentas del sector público y del Gobierno Central. Así, el
sector público consolidado cerró el año con un superávit del 7,9% del PIB, en comparación con
un déficit del 8,3% en el año anterior. Igualmente, el Gobierno Central logró un superávit del
0,7% del PIB, frente a la situación deficitaria de 1994 (-6,8%) y 1995 (-4,8%). Sin embargo, el
déficit no petrolero primario subyacente del Gobierno Central, como medida más adecuada del
esfuerzo fiscal específico, se mantuvo en unos niveles similares a los de 1995 (6% del PIB),
hecho que puede ser explicado en parte por la caída del PIB no petrolero; es decir, que una
posición fiscal sostenible requiere esfuerzos adicionales para controlar el gasto y aumentar la
recaudación interna.
La fase final de la Agenda Venezuela contempló el inicio de una serie de medidas de reforma
estructural, tales como la privatización de los activos del Fondo de Garantía de Depósitos
(FOGADE) o como la venta del 49% restante de las acciones de la telefónica CANTV. Además,
el Gobierno también impulsó las discusiones sobre la reforma del régimen de prestaciones
sociales, promulgó un decreto para la regulación del sector eléctrico con el objetivo de dar
entrada al capital privado y adelantó los estudios previos para la privatización de las empresas
del hierro y del aluminio.
En el año 1997, la economía venezolana comenzó a cosechar los frutos del programa de ajuste
aplicado el año anterior, cerrando el año con un crecimiento del 5% en el que participaron tanto
el sector petrolero como el no petrolero. Los esfuerzos dedicados a la consolidación de los
equilibrios macroeconómicos no dejaron de encontrar numerosas dificultades. La ya
mencionada favorable evolución del sector externo y la abundancia de dólares permitieron la
apreciación del bolívar en términos reales, contribuyendo así al control de la inflación; pero,
dado que los ingresos fiscales tienen fundamentalmente un origen externo, esta evolución
limitó el aumento de los mismos en moneda local, que fue inferior a la inflación. Por otra parte,
el gasto corriente se vio impulsado por los aumentos de los salarios oficiales cercanos al 75%;
como consecuencia, el Gobierno central debió realizar un mayor esfuerzo fiscal para, tras
registrar sendos déficits en el segundo y tercer trimestre, cerrar el año según las previsiones
(superávit del 1,6% del PIB). La expansión de la liquidez hizo que la inflación disminuyera
menos de lo programado, después de haber conseguido en marzo el nivel más bajo como
consecuencia de las medidas de ajuste. La política de leve des lizamiento cambiario aplicado
por el Banco Central de Venezuela constituyó el primer instrumento para controlar la inflación.
El tipo de cambio continuó evolucionando dentro de las bandas establecidas (7,5% superior e
inferior), que se reajustaba a razón de un 1,32% mensual hasta agosto y en un 1,16% en los
meses siguientes. En el segundo año de aplicación de la Agenda Venezuela se acometieron
las reformas estructurales contempladas en el programa. A fines del primer semestre se
promulgó una reforma de la Ley del Trabajo, que sentó las bases para una revisión a fondo del
sistema de seguridad social mediante la recapitalización del Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS) y la creación eventual de fondos de pensiones privados. La reforma
implicaba el reconocimiento por parte del Gobierno de deudas laborales equivalentes a 8.000
millones de dólares en cinco años, así como otras necesidades de refinanciación por otros
6.000 millones. Como consecuencia, la deuda pública global creció en un 40%. Durante el año
continuó la apertura del sector petrolero al capital privado con una tercera ronda de convenios
operativos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que permitió recaudar
2.172 millones de dólares por derechos otorgados a 18 consorcios para la explotación de
campos petrolíferos marginales. Sin embargo, el programa de privatizaciones se estancó y la
principal de ellas, la venta del complejo alumínico de la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG), quedó postergada hasta 1998. Por el contrario, se despejó el camino jurídico para la
subasta de la empresa Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), programada y ejecutada en la
segunda quincena de diciembre. El entorno macroeconómico y la positiva reacción de los
mercados financieros internacionales crearon un ambiente favorable para el repunte de la
inversión y el consumo interno. El producto interno bruto no petrolero creció en un 2% durante
el primer semestre, mientras que el petrolero mantenía el elevado dinamismo de años
anteriores y lo hacía en un 9%; el repunte fue muy destacado en el sector de la construcción,
que aumentó en un 14%. Esta misma tendencia se consolidó durante el segundo semestre: a
finales de octubre, las ventas de vehículos registraban un crecimiento anual de un 165% y las
compras privadas de productos importados de un 32%, mientras que el crédito al consumo
crecía hasta alcanzar casi la cuarta parte de la cartera bancaria. Al finalizar el año, el
crecimiento de la economía alcanzaba y superaba el 5%. La tendencia ascendente de la tas a
de desempleo desde el año 1993 se detuvo, bajando incluso hasta el 11,5% en el tercer
trimestre. La proporción de empleo informal también disminuyó, descendiendo por debajo del
48%; a estos resultados contribuyó sobre todo el aumento de los puestos de trabajo en las
industrias de la construcción y manufacturera. Además, a la recuperación del consumo
contribuyeron los aumentos salariales concedidos a comienzos de año; en junio, se elevó el
salario mínimo legal, que pasó de 32.000 (incluidos los bonos) a 75.000 bolívares. Las
exportaciones del principal producto, el petróleo, se beneficiaron del repunte de los precios de
los hidrocarburos en el mercado internacional tras la caída sufrida en el primer trimestre del
año. A finales de noviembre, el precio medio de exportación venezolano era todavía casi un
10% inferior al promedio de 1996, situación que provocó cierto deterioro de la relación de
intercambios del país. Sin embargo, la expansión de los embarques y la recuperación de las
exportaciones no petroleras permitieron aumentar los ingresos netos por este concepto en un
3%. Como las importaciones, impulsadas por la recuperación económica y la apreciación real
del bolívar, crecieron en más de un 30%, el saldo de la balanza comercial se redujo, aunque
continuó contando con excedentes de 11.500 millones de dólares, al igual que el de la cuenta
corriente, con cerca de 6.000 millones.
1.5. Presupuesto del Sector Público
1.5.1. Definición
Presupuesto público, presupuestos del Estado o presupuestos generales de los poderes
públicos, constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones (gastos)
que, como máximo, pueden reconocer y los derechos (ingresos) que prevean liquidar durante
el correspondiente ejercicio (anual).
La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones básicas del congreso o
parlamento de un país, mediante la correspondiente ley de presupuestos; que es una norma
legal, contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictada por este órgano a finales de
año que regula todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente. Esta ley incluye
la relación de gastos que puede ejercer el Estado y los ingresos que éste debe alcanzar en el
próximo año. Además, es una ley de naturaleza mixta puesto que su función es legislativa pero
también de control. Por sus especiales características, la ley de presupuestos puede tener una
tramitación especial o distinta de las otras leyes.
La aprobación del Presupuesto Fiscal de Venezuela permite conocer algunas estimaciones que
pronostica el gobierno para el año siguiente, como el crecimiento del PIB, estimación del precio
del barril de petróleo, precio del dólar, entre otros.
1.5.2. Objetivos del Presupuesto Público
- Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades del ente, trasformando las
políticas del gobierno en programas de acción por medio de la asignación de recursos.
- Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal así como la base legal
para la realización del gasto público.
- Cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y corto plazo.
- Minimizar costos, al darle el mejor uso a los recursos y facilitar el control.
- Permitir que el público conozca los programas de gobierno.
1.5.3. Relación entre Presupuesto y Planificación
El presupuesto es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo tanto, debe
formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el logro de los objetivos
previstos en el plan. Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión
gubernamental y jurídica, ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a
asuntos políticos, económicos y sociales; sirve de soporte para la asignación de recursos y
provee la base legal para la realización del gasto público. Es un instrumento para la toma de
decisiones en el sector público, pues delimita y especifica con claridad las unidades o
funcionarios responsables de ejecutar los programas y proyectos, estableciendo así la base
para vigilar el cumplimiento de los mandatos establecidos en el presupuesto.
1.5.4. Naturaleza Jurídica del Presupuesto del Estado Venezolano
El presupuesto del Estado Venezolano se rige, principalmente, por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela en su Capítulo II Del Régimen Fiscal y Monetario, Sección
Primera: Del Régimen Presupuestario, artículos del 311 al 315.
La gestión fiscal cumplirá con los principios de eficiencia, solvencia, transparencia,
responsabilidad y equilibrio fiscal. Se enmarcará en un presupuesto plurianual de tal forma que
los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir los gastos ordinarios.
Una vez realizado el presupuesto nacional, se elabora la Ley con el mismo nombre (Ley del
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año). Dicha Ley se entrega a la Asamblea Nacional
para su sanción y aprobación.
A su vez, los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y
financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.
Es importante destacar que la administración económica y financiera del Estado se regirá por
un presupuesto aprobado anualmente por ley. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no
hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo
establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el presupuesto
del ejercicio fiscal en curso (artículo 313).
El artículo 314 especifica que “no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la
ley de presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos
necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el tesoro nacional
cuente con recursos para atender la respectiva erogación…”.
1.6. Gasto Estadal y Municipal
De acuerdo a la división política-administrativa de la República Bolivariana de Venezuela y a su
concepción de Estado Federal, tanto la República como los estados y los municipios, cuentan
con un organismo administrativo tributario que opera independientemente en los tres niveles de
poder, de acuerdo a las facultades y competencias que le son atribuidas por la Constitución
Nacional y las leyes respectivas. Dichos organismos están regidos por los principios de
integridad territorial, autonomía, coordinación, cooperación, solidaridad ínter territorial y
subsidiariedad lo cual les permite actuar coordinadamente entre ellas para que en conjunto
armonicen el sistema tributario nacional, cumplan los fines del Estado y apoyen el proyecto
general del país
Administración tributaria estadal: al igual que la de la República, la administración tributaria
estadal corresponde a un organismo autónomo, sin personalidad jurídica creada para
administrar y recaudar los ramos tributarios que le son propios a los estados. Opera en cada
uno de los estados (23 estados) que conforman la nación y en el Distrito Metropolitano de
Caracas (1 Distrito Metropolitano) y está adscrita a las distintas gobernaciones. Se le denomina
según la identificación que le otorga el Gobierno Estadal al cual representa, lo que quiere decir
que tiene nombres diferentes para cada uno de los estados e inclusive para el Distrito
Metropolitano. En cuanto a los ramos tributos propios que administra, son los que disponen las
leyes nacionales y estadales, tales como los provenientes de la venta de especies fiscales
(papel sellado, timbres y estampillas), así como las tasas provenientes de los peajes. El
producto de lo recaudado por estos conceptos son invertidos por el Ejecutivo Estadal
(gobernador) en programas de desarrollo económico y social del estado del cual se trate.
- Administración tributaria municipal: al igual que las anteriores, la administración tributaria
municipal corresponde a un organismo autónomo descentralizado, sin personalidad jurídica,
creado con la finalidad de asegurar la eficiencia, liquidación y recaudación de los tributos
municipales. Opera en los distintos municipios existentes en el país (335 municipios) y está
adscrita a las distintas alcaldías. Se le denomina según la identificación que le otorga el
Gobierno Municipal al cual representa, lo que quiere decir que es diferente para cada alcaldía.
En relación a los tributos que resguarda se encuentran la tasa por el uso de sus bienes o
servicios; la tasa administrativa por licencias o autorizaciones; el impuesto sobre actividades
económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar; el impuesto sobre inmuebles
urbanos; el impuesto sobre vehículos, el impuesto sobre espectáculos públicos; el impuesto
sobre juegos y apuestas lícitas; el impuesto sobre propaganda y publicidad comercial; el
impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas; el impuesto territorial rural o sobre predios
rurales y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios
de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de
ordenación urbanística. Los recursos económicos que se obtienen por estos ramos tributarios,
son invertidos por el Ejecutivo Municipal (alcalde) en planes de desarrollo económico y social
correspondiente al municipio al cual pertenezca.
Como se puede observar en Venezuela se reproduce la misma organización institucional de la
administración tributaria en sus tres niveles de poder; así pues, en relación a las funciones
sucede lo mismo. La administración tributaria venezolana posee una serie de funciones que
son altamente reconocidas por la doctrina jurídica, entre las cuales es importante mencionar la
asistencia ciudadana, la que adquiere cada vez más relevancia en el mundo moderno.
En la República Bolivariana de Venezuela el SENIAT utiliza diferentes estrategias para
combatir no solo el incumplimiento de las obligaciones tributarias, si no también para trasformar
su institucionalidad y visión del contribuyente como su principal aliado a través de planes y/o
mecanismos de educación, difusión, asistencia al contribuyente, fiscalización y modernización
institucional, dirigidos a minimizar los niveles de incumplimiento.
A través de dichos planes, el SENIAT proporciona a la nación los recursos necesarios por vía
de la recaudación de rentas de origen no petroleros y establece nuevos lineamientos y
estrategias, que permiten, mediante la función de fiscalización y verificación, cumplir con el
objetivo propuesto de tener presencia fiscal a nivel nacional, para verificar el cumplimiento de
los deberes formales, fomentar el riesgo subjetivo, realizar operativos especiales de
divulgación, consolidar una cultura tributaria de calidad en el país y reestructurar la función
pública. Según el ex-Superintendente Nacional del SENIAT Vielma (2007) se elaboran y
ejecutan para lograr un acercamiento con el contribuyente.
1.7. Incidencia del Gasto Público y la planificación presupuestaria para la economía
Nacional
Los gastos realizados por el gobierno son de naturaleza diversa. Van desde cumplir con sus
obligaciones inmediatas como la compra de un bien o servicio hasta cubrir con las obligaciones
incurridas en años fiscales anteriores. Sin embargo, muchos de ellos están dirigidos a cierta
parte de la población para reducir el margen de desigualdad en la distribución del ingreso.
Por lo tanto, saber en que se gasta el dinero del presupuesto público resulta indispensable y
sano, pues a través de este gasto se conoce a quienes se ayuda en forma directa e indirecta.
En esta sección encontrará diversos documentos que dan luz sobre cómo se gasta el dinero
público y a quienes se beneficia.
1.8. Gestión Financiera del Gobierno Central Actual
Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos los procesos que
consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de
otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que
convierte a la visión y misión en operaciones monetarias.
Funciones
• La determinación de las necesidades de recursos financieros: planteamiento de las
necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y
cálculo de las necesidades de la financiación externa.
• La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: teniendo en cuenta los
costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la estructura
financiera de la empresa.
• La aplicación juiciosa de los recursos financieros, inc luyendo los excedentes de tesorería: de
manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y
rentabilidad.
• El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio de información de
manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa.
• El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones.
1.9. Política Fiscal en la actualidad
La política fiscal es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como
variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica (y entrar en déficit o
superávit según convenga). Por lo tanto, es una política en la que el Estado participa
activamente, a diferencia de otras como la política monetaria.
1.9.1. Objetivos finales de la política fiscal
• Plena ocupación (mayor nivel de empleo posible)
• Control de la demanda agregada mediante los impuestos y el gasto público
• Controlar un déficit o un superávit
Hay que aclarar que el déficit (déficit fiscal, ya que se trata de un gobierno) no es
necesariamente algo malo que hay que evitar. Los partidarios de la política fiscal creen que, en
vez de intentar estar en el punto de equilibrio, va bien aumentar el gasto público para incentivar
la economía; por tanto G>T y hay déficit.
1.9.2. Tipos de política fiscal
Puede ser expansiva o restrictiva:
• Política fiscal expansiva: cuando el objetivo es estimular la demanda agregada,
especialmente cuando la economía está atravesando un período de recesión y necesita un
impulso para expandirse. Como resultado se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación.
• Política fiscal restrictiva: cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo
cuando la economía está en un período de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse
por la excesiva inflación que está creando. Como resultado se tiende al superávit.
1. Política fiscal expansiva
Los mecanismos a usar son:
• Aumentar el gasto público, para aumentar la producción y reducir el paro.
• Bajar los impuestos, para aumentar la renta disponible de las personas físicas, lo que
provocará un mayor consumo y una mayor inversión de las empresas, en conclusión, un
desplazamiento de la demanda agregada en sentido expansivo.
De esta forma, al haber mayor gasto público, y menores impuestos, el presupuesto del Estado,
genera el déficit.
2. Política fiscal contractiva
Es la el que hace disminuir la demanda agregada, a fin de generar un exceso de oferta
agregada de bienes, lo que finalmente hará reducir el nivel de ingreso.
3. Política fiscal restrictiva
Los mecanismos son los contrarios que en la expansiva, y más duros:
• Reducir el gasto público, para bajar la producción.
• Subir los impuestos, para que la gente no gaste tanto y las empresas puedan invertir menos,
así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda.
De esta forma, al haber menor gasto público, y mayores impuestos, el presupuesto del Estado,
genera un superávit.
Aumenta la demanda: se le pone un impuesto a los consumidores para que esta baje
1.10. Política Fiscal en Venezuela.
1.10.1. Antecedentes
Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos
períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de implantar paquetes económicos
que reactiven la economía venezolana, pero lamentablemente fallan al no poder controlar el
Gasto Público y mucho menos se ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos y
empresas Venezolanas.
Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del viernes
negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto público producto de
un abultado número de subsidios y regalías; y una política de endeudamiento demasiado
arriesgada, y como los ingresos por concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para
cubrir el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una política económica y menos una
política tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización
llegó muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las
políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar, obteniéndose
una gran perdida por los altos niveles de evasión fiscal que se presentaban.
1.10.2. Política Fiscal Actual
El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del
gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de
reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos
costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria
para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de
gasto total acordado de Bs. 17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su
nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999. De este total de gasto, el
84,5% se concentra en los siguientes ministerios: Finanzas, del Interior y Justicia, Educación,
Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y Defensa.
En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que
está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos
corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 millardos, equivalentes al 17,3% del PIB,
creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se
sitúan en Bs. 2.967 millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos
del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro
de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192
millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado
de 0,1 puntos del PIB.
Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio
Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y
evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de
recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el
año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs.
8.561 millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7
puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados
por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la
Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos, equivalentes al
23,6% del total de ingresos fiscales.
Esto luce muy bien en el papel, pero ha sido un factor común observar excelentes propuestas
económicas por parte de los distintos gobiernos venezolanos que luego se pierden en la
intrincada e ineficiente red burocrática, o simplemente no son capaces de cumplir las metas
que son trazadas, en otras ocasiones, y debido a nuestra gran dependencia de las
exportaciones petroleras, los planes se ven afectadas por variaciones en los precios del
petróleo, e incluso por crisis ocurridas en otros países que crean un efecto dominó, afectando a
las economías más vulnerables como la nuestra.