tema-3 mediambiente

Graduado en titulación (Código Asignatura)- Nombre de Asignatura

LEGISLACION MEDIOAMBIENTE

TEMA III


El derecho

El Derecho en el Estado Moderno En la vida cotidiana realizamos continuamente multitud de actos o nos encontramos en situaciones que, sin ser conscientes, nos ponen en contacto con el Derecho (comprar el periodico, que nos roben la cartera, ....). El elemento común de todos estos actos, y que les proporciona su significado jurídico, radica en que en todos ellos podemos exigir de los demás una conducta determinada, u otros la pueden exigir de nosotros. Pero para que esta exigencia sea posible, es preciso que este apoyada por la existencia de un conjunto de normas de conducta (jurídicas), previamente establecidas, que regulen todas estas situaciones. El derecho, por lo tanto, consiste en un conjunto de reglas o normas de conducta jurídicas creadas por el hombre, que regulan las relaciones sociales entre los seres humanos con la finalidad de resolver situaciones de conflicto y aportar seguridad colectiva a través de la protección de determinados bienes esenciales para la convivencia humana. Se trata, por consiguiente, de un derecho positivo, elaborado, aprobado e implantado por el hombre, en contraposición al derecho natural (iusnaturalismo) que tiene su origen en la propia naturaleza. Cuando afirmamos que en un Estado moderno el derecho es positivo, queremos destacar el hecho de que se trata de un derecho válido, decidido y legislado por el hombre.


El Estado

El artículo 1 de la Constitución española de 1978 señala “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, quen propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” (punto 1) y “La soberanía nacional reside en el pueblo español, de la que emanan los poderes del Estado” (punto 2). El elemento fundamental del Estado es su poder. En nuestro caso, el poder para elaborar normas y forzar u obligar a su cumplimiento dentro de su territorio. Vemos que, en el fondo, el concepto de Estado es una abstracción, y que, en todo momento, detrás de cada uno de sus actos y decisiones siempre hay personas concretas, con nombres y apellidos, con sus intereses y pasiones.


El Estado

Atribuciones del Estado a) El Estado crea el Derecho b) El Estado tiene la exclusividad de crear derecho c) El Estado tiene el poder para aplicar el derecho


Las Ramas del Derecho

Derecho público se caracteriza porque en él existe un ejercicio del poder del Estado. Sus normas estan dirigidas a ordenar la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos, así como a regular sus relaciones, como tales entes públicos (Administración), con los particulares (administrados), bien sean personas físicas y/o jurídicas. Se puede decir que las normas que integran el Derecho público están consagradas especialmente a la defensa de los intereses de la Comunidad en su conjunto. El Derecho privado, en cambio, engloba aquellas normas que vienen a regular y ordenar las relaciones que se establecen entre particulares (personas físicas y/o jurídicas), en las que cada uno actúa, en principio, tan sólo en defensa de sus propios intereses y no movido por el interés general de la Comunidad. Es decir, ninguna de las partes implicadas actúa revestida de poder estatal.


RESPONSABILIDAD EXTRA-CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS

• Ej.- Actividad industrial que genera un riesgo. • Requerirá un mínimo grado de negligencia o culpa por acción u

omisión. • Actuación ilícita, es decir, contraria al ordenamiento jurídico. • Por parte de una persona titular de la actividad que cause el

daño. • No producido por fuerza mayor: daño imprevisible e inevitable. • Que exista un nexo causal entre la actividad y el daño causado. • Que se produzca un daño seguro:

– PATRIMONIAL O PERSONAL – DAÑOS POR LUCRO CESANTE O LUCRO EMERGENTE – DAÑO DIRECTO O INDIRECTO.

• Que afecte a un tercero, que es quien tendrá legitimidad para ejercer la acción de responsabilidad.


Derecho Privado

El Derecho Civil es el Derecho privado por excelencia. El Derecho Civil es la disciplina jurídica que tiene por objeto las normas que regulan las relaciones entre particulares considerados como personas en general y no con referencia a situaciones o actividades específicas que estan sometidas a otras ramas del Derecho. Derecho Mercantil o Comercial, que tiene por objeto establecer las normas que regulan todo tipo de actividad dirigida a facilitar la circulación de bienes y servicios entre productores y consumidores. Derecho del Trabajo, que se ocupa de regular las relaciones en la prestación del trabajo por cuenta ajena. Es decir, aquella actividad en la que una persona realiza determinados servicios o actividad a favor de otra, quien adquiere el producto o resultado de ese trabjo y paga a cambio una remuneración por él. Derecho Canónico


Derecho Público

El Derecho público se mueve dentro de un marco muy definido, estando su campo de acción estrictamente acotado para evitar ingerencias abusivas del Estado en la vida privada de los ciudadanos Derecho Internacional. Derecho Político (Derecho Constitucional) Derecho Penal Derecho Procesal Derecho Administrativo.


La Norma Jurídica

Una norma es una regulación abstracta de conductas. En nuestro caso, las normas jurídicas son un sector del conglomerado de normas que rigen la conducta humana y que componen e integran el Derecho. Estas normas las crea, las modifica, las deroga y las impone exclusivamente el estado. Tipos de Normas. 1.- Una parte importante de las normas jurídicas son, en sustancia, órdenes, obligaciones o prohibiciones de hacer algo y van respaldadas por la amenaza de una sanción; es decir, de un mal o castigo con el cual se intenta conminar a quien pretenda infringirlas. Dos partes: a) una que ordena o prohibe b)una que amenaza con la sanción a quien incumpla con la orden o prohibición. 2.- En otro caso son autorizaciones que permiten hacer algo, bien concediendo facultades, poderes y derechos subjetivos a todos aquellos que se encuentran en determiadas circunstancias para que así los utilicen, dentro de los límites marcados, a su albedrío


CECA 1951

ROMA 1957

•Constitucionaliza el medioambiente •Art 130 R Principio de subsidiaridad •Art 130 S principio de integridad •Art. 130 T principio de mejora •Art 100 Principio de armonización

ACTA ÚNICA EUROPEA 1987

•Quien contamina paga

MAASTRICHT 1992

AMSTERDAM 1999

•ART. 37. PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

NIZA 2000

Tratado de Consolidación de la Unión Europea

Tratados comunitarios y medioambiente

Graduado en titulación (Código Asignatura)- Nombre de Asignatura AMBITO COMUNITARIO

– Competencias de la Unión Europea. • Tratado de la C.E.E. (1957), no hacía referencia a la protección del

medioambiente. – Las primeras normativas, se centran en buscar la unanimidad y acercar

las legislaciones de los distintos países. • Acta Única Europea (1986), el medio ambiente no figura como objetivo

principal, si que figura en el acta. – Necesaria la unanimidad de países para legislar en medioambiente. – Actuación de cada país para proteger su territorio.

• Tratado Unión Europea (1992), Medioambiente es el objetivo fundamental. – No necesaria la unanimidad para legislar. QUIEN CONTAMINA PAGA

• Tratado de Amsterdam (1998), El objetivo es el desarrollo sostenible, integrar las consideraciones ambientales en políticas sectoriales.

• La Unión Europea ha dictado Normas, Reglamentos, Directivas, ... sobre medioambiente.

– Programas de actuación. • V programa, busca el fomento del Desarrollo Sostenible en los siguientes

sectores: • Agricultura. • Turismo. • Energía. • Transporte. • Industria.

• VI Programa Marco.http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_es.htm

– Organismos competentes. • Dirección General XI, Dirección General sobre Medio Ambiente, Seguridad

Nuclear y Protección Civil. • AEMA, Agencia Europea de Medio Ambiente.

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_es.htm

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28027_es.htm


Derecho ambiental

comunitario

Derecho derivado comunitario

Tratados comunitarios


Derecho derivado comunitario

Reglamento

Directiva

Decisión


Pilares básicos del Derecho Ambiental Comunitario La UE, en base al Informe Brundtland, a la Declaración de Río, y al V Programa Comunitario, se desprenden cuatro ejes básicos de actuación en política ambiental: 1. Primar el logro las actuaciones preventivas sobre las correctivas.

2. Si hay que corregir las agresiones al medio ambiente, hacerlo

preferentemente en la fuente u origen.

3. En el caso de no ser posibles los métodos preventivos, gravar al agresor (quien contamina paga).

4. Mantener un alto nivel de protección ambiental en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros.


Pilares básicos del Derecho Ambiental Comunitario

Tanto en el Acta Única como en el tratado de Maastricht se establecen como objetivos de la política ambiental comunitaria:

•La conservación y mejora del medio ambiente, •La protección de la salud •La utilización racional de los recursos naturales

Como principios de actuación:

•El de prevención y corrección en la fuente •El principio contaminador-pagador


Tratado de la Unión. El Tratado de Maastricht en el artículo 130R.2, establecía: “La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevada, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las diferentes regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina, paga. ....” El Tratado de la Unión establece lo siguiente:

DECIDIDOS a promover el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible, dentro de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la cohesión y de la protección del medio ambiente, y a desarrollar políticas que garanticen que los avances en la integración económica vayan acompañados de progresos paralelos en otros ámbitos,


Artículo 3 3. La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico.

Artículo 5 (Medidas Internacionales) f) contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, para lograr el desarrollo sostenible;


Artículo 11 ( TITULO II Disposiciones de Aplicación General) Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.


TÍTULO VII NORMAS COMUNES SOBRE COMPETENCIA, FISCALIDAD Y APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES

CAPÍTULO 3 APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES Artículo 114 3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo



CAPÍTULO 3 APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES Artículo 114 4. Si, tras la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así como los motivos de su mantenimiento.



CAPÍTULO 3 APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES Artículo 114 5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización por el Parlamento Europeo y el Consejo, por el Consejo o por la Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, notificará a la Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su adopción.


TÍTULO XVIII COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL

Artículo 177 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 178, el Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, y tras consultar al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, determinarán las funciones, los objetivos prioritarios y la organización de los fondos con finalidad estructural, lo que podrá suponer la agrupación de los fondos. Mediante el mismo procedimiento, se determinarán asimismo las normas generales aplicables a los fondos, así como las disposiciones necesarias para garantizar su eficacia y la coordinación de los fondos entre sí y con los demás instrumentos financieros existentes. Un Fondo de Cohesión, creado con arreglo al mismo procedimiento, proporcionará una contribución financiera a proyectos en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte.


TÍTULO XX MEDIO AMBIENTE Artículo 191

La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:

1. La conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente,

2. La protección de la salud de las personas,

3. La utilización prudente y racional de los recursos naturales,

4. El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. Y en particular a luchar contra el cambio climático.



2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará:

•En los principios de cautela y de acción preventiva,

•En el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma,

•Y en el principio de quien contamina paga.



3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Unión tendrá en cuenta:

•Los datos científicos y técnicos disponibles,

•Las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la unión,

•Las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción,

•El desarrollo económico y social de la unión en su conjunto

•Y el desarrollo equilibrado de sus regiones.


1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento

legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirán las acciones que deba emprender la Unión para la realización de los objetivos fijados en el Artículo 191.



2. No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, y sin perjuicio del artículo 114, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, adoptará: a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal; b) las medidas que afecten a: - La ordenación territorial; - La gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos recursos; - La utilización del suelo, con excepción de la gestión de los residuos; c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.



Las medidas de protección adoptadas en virtud del artículo 192 no serán obstáculo para el mantenimiento y la adopción, por parte de cada Estado miembro, de medidas de mayor protección. Dichas medidas deberán ser compatibles con los Tratados y se notificarán a la Comisión.



La política comunitaria sobre el medio ambiente establece: Técnicas progresivas de articulación e integración.

•Sistema de Gestión Medioambiental (EMAS) •Las auditorias medioambientales •La evaluación de impacto ambiental •El régimen de licencias •El libre acceso a la información ambiental •El ecoetiquetado.

Regulaciones sectoriales.

•Sobre la contaminación atmosférica •Sobre contaminación de las aguas, •Sobre residuos, •Sobre ruidos, •En defensa de la biodiversidad y recursos naturales, etc.


La U.E. se ha dotado de una organización que pueda dar respuesta a estas exigencias, compuesta por:

. La Dirección General XI (medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil). . La Agencia Europea del Medio Ambiente (con sede en Copenhague) (A.E.M.A). .


Programas de Acción de la UE La política medioambiental de la UE se ha basado fundamentalmente en los Programas de Acción , que han abarcado los periodos siguientes:

1. Primer programa de acción, periodo 1973-76.

2. Segundo programa de acción, periodo 1977-81.

3. Tercer programa de acción, periodo 1982-86

4. Cuarto programa de acción, periodo 1987-92,

5. Quinto programa de acción, periodo 1993-2000.

6. Sexto programa de acción, periodo 2000-2010.


Sexto programa de acción medioambiental: “Medio Ambiente 2010: nuestro futuro, nuestra elección”, que se

centra en cuatro importantes áreas de actuación:

1. El cambio climático,

2. La salud y el medio ambiente,

3. La naturaleza y la biodiversidad,

4. La gestión de los recursos naturales.


La Constitución y el M.A.

En la sección 1ª del capítulo II del Título I (artículos 14 al 30) se detallan los derechos fundamentales de los españoles Entre los mismos no aparecen recogidos el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente. Ambos se encuentran recogidos, no obstante, en el capítulo III del Título I dedicado a los principios rectores de la política social y económica.



El artículo 43 de la C.E. trata sobre el derecho a la salud: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Es competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.



El artículo 45 de la C.E. se ocupa de la protección del medio ambiente: “1. Todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.” - Conexión de los artículos 15 y 18: - Derecho a la integridad física - Derecho a la inviolabilidad del domicilio.



Al no haber sido incluidos entre los derechos fundamentales, en la

protección de ambos no es posible recurrir a la Constitución y recabar el amparo del Tribunal Constitucional, sino que su “reconocimiento, respeto y protección vendrá determinada por la legislación positiva, la practica judicial y la actuación de los poderes públicos, y tan sólo se pueden formular alegaciones ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo regulen” (artículo 53.3 de la C.E.).


CECA 1951

ROMA 1957

•Constitucionaliza el medioambiente •Art 130 R Principio de subsidiaridad •Art 130 S principio de integridad •Art. 130 T principio de mejora •Art 100 Principio de armonización

ACTA ÚNICA EUROPEA 1987

•Quien contamina paga

MAASTRICHT 1992

AMSTERDAM 1999

•ART. 37. PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

NIZA 2000

Tratados comunitarios y medioambiente


Principios rectores del derecho

a) Principio de Generalidad (Normas que se cumplen por todos) b) Principio de Publicidad c) Principio de Estatalidad d) Principio de Racionalidad o Jerarquización

a) Leyes orgánicas (aprobadas por mayoría absoluta del Parlamento)

b) Leyes ordinarias (aprobadas por mayoría simple del Parlamento)

c) Disposiciones del Gobierno con fuerza de Ley (Decreto-Ley y Decreto-Legislativo)

d) Decretos e) Ordenes acordadas por las Comisiones Delegadas del

Gobierno f) Ordenes Ministeriales g) Disposiciones de autoridades y órganos inferiores, según el

orden de su respectiva jerarquía (Instrucciones, Circulares, ...)

e) Pervivencia hasta su derogación f) Vocación de futuro. g) Principio de competencia (Estado, CCAA, U.E.) h) Principio de legalidad. i) Principio de reserva de ley (emanan del legislativo)


•Tratados internacionales •Constitución española •Ley orgánica •Ley ordinaria. •Decreto ley. Decreto legislativo •Decretos.

•Ordenes ministeriales

•Disposiciones de autoridades y órganos inferiores.

•Reglamentos •Ejecutivo • Independiente •Normativo •De administración

Fuentes del derecho. Jerarquía de normas

Principio de legalidad: todo ejercicio del poder político debe estar sometido a la voluntad de la ley y no de las personas. Reserva de ley: los derechos fundamentales dependen del legislativo. Separación de poderes


Principios rectores del derecho


SISTEMATIZACIÓN DE LA NORMATIVA BÁSICA AMBIENTAL DEL ESTADO

La competencia del Estado sobre la legislación básica en materia de protección del medio ambiente y su interpretación por el Tribunal Constitucional

Resumimos la jurisprudencia constitucional en esta materia y, en particular, en lo que se refiere a las competencias del Estado sobre el medio ambiente, del siguiente modo:

A.El carácter complejo y polifacético de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la dimensión horizontal y transversal del medio ambiente. El factor evolutivo del concepto de medio ambiente

B. La concurrencia de competencias ambientales entre el Estado y las Comunidades Autónomas y la determinación del título competencial preferente sobre el aspecto ambiental al elemento sustantivo. C. Sobre la naturaleza, alcance, funciones y límites de las competencias básicas del Estado en materia de medio ambiente La función de la competencia básica del Estado en materia de medio ambiente consiste en el “encuadramiento de una política global de medio ambiente”, en un “común uniforme” de esta política y en una “ordenación mediante mínimos” que han de respetarse en todo caso pero que permiten un plus de protección por parte de las Comunidades Autónomas


D. Sobre la ejecución normativa del Derecho Comunitario en materia de medio ambiente y las competencia del Estado

Aunque inicialmente se entendió que la transposición de normas comunitarias al Derecho Español formaba parte de la competencia del Estado, el Tribunal Constitucional tuvo que declarar que al Estado sólo le corresponde dictar normas básicas para la transposición de las Directivas comunitarias cuando así lo permitan las reglas de distribución de competencias del bloque de constitucionalidad

E. La gran relevancia de los instrumentos de coordinación y colaboración en materia de medio ambiente

El acentuado entrecruzamiento y transversalidad de los títulos competenciales ambientales pone de relieve la importancia de la utilización de los mecanismos de la colaboración y cooperación en esta materia. La coordinación entre las Administraciones concurrentes ha de utilizarse cuando existan intereses supracomunitarios.


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO.

Normativa sobre responsabilidades ambientales

• La responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos de alcance ambiental o ecológicos, aparece regulada en el Capítulo III (sobre los “delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente) del Título XVI del vigente Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (modificado posteriormente por la Ley Orgánica 15/2003).

• La responsabilidad de naturaleza jurídico-administrativa derivada de la comisión de infracciones administrativas, que tienen como consecuencia jurídica la imposición de sanciones administrativas, se regulan en cada una de las normas legales ambientales.

• La obligación reparar el daño causado puede derivarse tanto de la comisión de delitos ecológicos como de la comisión de infracciones administrativas (habiéndose de acudir en estos casos al régimen sancionador previsto a este respecto en cada norma administrativa ambiental).


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO II.

Normativa sobre responsabilidades ambientales ii

• Para determinados supuestos tasados en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental (que es transposición de la Directiva 2004/35/CE) se contempla la “responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños ambientales” en el ámbito de aplicación material de su artículo 3º y el ámbito temporal previsto en su artículo 4º, y para determinado tipo de “daños ambientales” (cfr. art. 2, 1). Esta responsabilidad ambiental “puede ser compatible con las penas y sanciones administrativas que proceda imponer por los mismos hechos que hubieran generado aquella” (cfr. art. 6, 1).

• Para ciertos daños que no están contemplados por la normativa anterior y de naturaleza jurídico-privada podrá seguir aplicándose el régimen de la responsabilidad civil aquiliana o extracontractual del Código Civil (cfr. arts. 1902 y 1908).

• Un supuesto específico de responsabilidad civil es el que recoge la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear (reformada por la Ley 17/2007), estableciendo un régimen de responsabilidad objetiva y limitada, por los daños derivados de tal tipo de energía (cfr. arts. 45 a 54) y previendo un régimen de cobertura del riesgo nuclear (cfr. arts. 55 a 64).


Ley 26/2007 Responsabilidad civil medioambiental

• Directiva 2004/35/CE (21/IV/2004) • Protección de los recursos naturales. • Reparación del daño. • Régimen administrativo de responsabilidad ambiental de

carácter objetivo e ilimitado basado en los principios de prevención y de que «q u i e n c o n t a m i n a p a g a »

Graduado en titulación (Código Asignatura)- Nombre de Asignatura La responsabilidad medioambiental es:

Una responsabilidad ilimitada, pues el contenido de la obligación de reparación (o, en su caso, de prevención) que asume el operador responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras. Se prima el valor medioambiental, al enfatizar en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan.

• Responsabilidad de carácter objetivo. Las obligaciones de actuación se imponen al operador al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento.


Recursos naturales protegidos por la ley

• Los daños a las aguas • Los daños al suelo • Los daños a la ribera del mar y de las rías. • Y los daños a las especies de la flora y de la fauna

silvestres presentes permanente o temporalmente en España, así como a los hábitat de todas las especies silvestres autóctonas.


Recursos excluidos

• Los daños al aire • y los denominados daños tradicionales, es decir los daños a las

personas y a sus bienes (salvo que estos últimos constituyan un recurso natural).

• Igualmente, no todos los daños que sufran estos recursos naturales generarán responsabilidad medioambiental: – Se deberá estar en presencia de amenazas de daños o de daños

propiamente dichos que produzcan efectos adversos significativos sobre el propio recurso natural


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO III.

Normativa sobre derechos de los ciudadanos relativos a la protección del medio ambiente

• Garantías generales de los ciudadanos que se recogen en la normativa general del Estado sobre procedimiento y justicia administrativa (cfr. la Ley 30/1992), sobre jurisdicción contencioso-administrativa (cfr. la Ley 29/1998), sobre derecho de petición (cfr. la Ley 4/2001), sobre el amparo de los derechos ante el Defensor del Pueblo (cfr. Ley Orgánica 3/1981), etc.

En el campo del Derecho ambiental existe un régimen de protección específica:

• La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente -que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE- tiene su origen en el Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998 (promovido por la ComisiónEconómica para Europa de Naciones Unidas) que España ratificó en diciembre de 2004.


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO IV.

Normativa sobre técnicas preventivas de protección ambiental

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, que tiene su origen en el Real Decreto Legislativo 1302/1986. MODIFICADA POR LEY 6/2010

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de

determinados planes y programas en el medio ambiente, que incorpora a nuestro Ordenamiento interno la Directiva 2001/42/CE (ley 7/2006 de Aragón)


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO V.

Normativa sobre protección de bienes y recursos naturales

La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se trata de una Ley preconstitucional con una escasa sensibilidad ambiental (cfr. el art. 5, 3) que, no obstante, fue posteriormente complementada por el Real Decreto 2994/1982 sobre Restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas. Las normas legales autonómicas que se están aprobando incorporan con considerable vigor el principio y las técnicas del desarrollo sostenible.

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas constituye un hito fundamental en la historia de la protección del dominio público marítimo-terrestre en España frente a la dejadez y debilidad de las normativas precedentes. No obstante, su ámbito de protección se proyecta principalmente sobre la franja marítimo-terrestre del dominio público costero y mediante el control de los vertidos que se realizan desde la costa. La Ley fue desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 1471/1989.

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aborda la prevención de la contaminación producida desde buques y otras instalaciones, así como la protección del medio marino (cfr. arts. 6, 1 y 74). Aunque la mayor parte del régimen jurídico sobre protección del medio marino proviene de la aplicación de los Convenios internacionales existentes en la materia

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado otorga una importancia de primer orden a la protección de los recursos pesqueros y al logro del desarrollo sostenible del sector, mediante un régimen basado en el equilibrio de las disponibilidades existentes y su explotación racional y responsable, retomando los principios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO VII.

Normativa sobre protección de bienes y recursos naturales ii

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas, que tiene como origen la Ley 29/1985, de Aguas y que sufrió varias modificaciones, una por la Ley 46/1999 y la más reciente en virtud del art. 129 de la Ley 62/2003 por la que se transpuso la Directiva 2000/60/CE (por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas). Esta Ley –cuyo Título V incide especialmente sobre los objetivos medioambientales- debe ser complementada con la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (modificada, a su vez por la Ley 11/2005) y por un conjunto de normas reglamentarias ejecutivas sobre planificación (Real Decreto 907/2007), sobre el dominio público hidráulico (Real Decreto 849/1986, reformado por el Real Decreto 606/2003), etc.


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO VIII.

Normativa sobre protección de bienes y recursos naturales iii

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, ha venido a derogar no solo la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico sino también el vetusto Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (aprobado por el Decreto 2414/1961). Se trataba de sustituir la vieja normativa del Estado por el abigarrado el nuevo grupo normativo comunitario sobre protección del ambiente atmosférico promovido a partir de la Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire. No obstante, en lo que no se oponga a la Ley 34/2007 sigue vigente el Real Decreto 833/1975 que desarrolló reglamentariamente la Ley 38/1972.


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO IX.

Normativa sobre protección de bienes y recursos naturales iv

Biodiversidad, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad –que deroga la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres(procediendo entonces a transponer las Directivas 79/409/CEE y 91/244/CEE sobreconservación de aves silvestres y sobre hábitats, respectivamente) establece los instrumentos de protección de diversidad biológica con sus espacios naturales y las especies susceptibles de protección. Una Ley básica que debe ser complementada con la también reciente Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales y algunas otras como la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos.


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO X.

Normativa sobre protección de bienes y recursos naturales v

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, que es él último eslabón jurídico de una larga relación de normas (desde la Ley del Suelo de 1956 hasta la Ley 8/2007, pasando por varios textos refundidos, la Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, etc.). Aunque más que una ley urbanística propiamente dicha, se trata de una Ley referida al régimen del suelo y a la igualdad en el ejercicio de derechos constitucionales a él asociados, pero esto no impide que insista en la perspectiva ambiental tanto del suelo rural como del suelo urbano y a la necesidad de evaluar y procurar su sostenibilidad (cfr. arts. 2º, 15º, etc.).


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO XI.

Normativa sobre actividades contaminantes o de riesgo para el medio ambiente La vieja Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear (reformada por la Ley 17/2007), prevé una serie de medidas de seguridad y protección frente a las radiaciones ionizantes (cfr. arts. 36 a 44 bis). Esta norma ha sido desarrollada reglamentariamente mediante el Real Decreto 1836/1999 (sobre instalaciones nucleares y radiactivas) y el Real Decreto 783/2001 (sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes).

La Ley 21/1992, de 16 de julio de Industria, contempló tempranamente medidas sobre seguridad industrial con el objeto de prevenir y limitar los riesgos industriales, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios para las personas y para el medio ambiente (cfr. arts. 9 y ss). Esta materia fue desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 2200/1995. También debe destacarse el Real Decreto 1254/1999 sobre medidas de control inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (que transpone la normativa comunitaria en la materia cuya regulación vigente se encuentra en la Directiva 96/82/CE, modificada por la Directiva 4478/2003).


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO XII.

Normativa sobre actividades contaminantes o de riesgo

para el medio ambiente ii La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,

procede a la transposición de la Directiva 96/61/CE (de igual denominación), para evitar, reducir o controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo mediante el establecimiento de sistema de prevención y control integrado de la contaminación para las actividades industriales que recoge el Anexo I de la Ley y que se opera a través de la llamada “autorización ambiental integrada”. La Ley ha sido desarrollada reglamentariamente mediante el Real Decreto 509/2007.

El subgrupo normativo sobre residuos está encabezado por la Ley 10/1998, de 21 de abril, sobre normas reguladoras en materia de residuos, que, en su momento transpuso la Directiva 91/156/CEE sobre la nueva política europea de residuos (actualmente renovada por la Directiva 2006/12/CE), sobre el régimen jurídico de la gestión de los residuos y los suelos contaminados (sobre estos cfr. el Real Decreto 9/2005). También debe destacarse la Ley 11/1997, de 24 de abril, sobre regulación de los envases y residuos de envases (que transpuso, a su vez, la Directiva 1994/62/CE, modificada por la Directiva 2004/12/CE). Esta Ley ha sido desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 782/1998.


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO XIII.


para el medio ambiente iii

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, transpuso la Directiva 2002/49/CE

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, estableciendo los instrumentos para mejora de la calidad acústica y la prevención y control de la contaminación acústica. Este norma ha sido desarrollada por los Reales Decretos 1513/2005 (sobre evaluación y gestión del ruido ambiental) y 1367/2007 (sobre zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas).

La Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos genéticamente modificados, mediante la cual se transpone varias Directivas comunitarias (principalmente, la Directiva 2001/18/CE). Tiene como finalidad “evitar los eventuales riesgos o reducir los posibles daños que de estas actividades pudieranderivarse para la salud humana o el medio ambiente” (art. 1º). Está desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto 178/2004.


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO XIV.


para el medio ambiente iii

El subgrupo normativo sobre la aplicación del Protocolo de Kioto sobre cambio climático (ratificado por España en diciembre de 1997) ha adquirido en los últimos años un indiscutible protagonismo. De las normas legales destacamos la Ley 1/2005, de 16 de diciembre, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En cuanto a las normas reglamentarias subrayamos el Real Decreto 1370/2006 por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2008-2012.

Por lo que se refiere a las medidas para proteger el patrimonio forestal y el patrimonio natural en general, ante un grave y permanente problema en España como son los incendios forestales, hay que referirse al Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales.


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO XV.

Fomento de utilización de métodos y tecnologías de gestión y de protección

ambiental

Desde la normativa fiscal se viene reconociendo en la regulación del Impuesto de Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo) una serie de “deducciones por inversiones medioambientales” destinadas a la protección del medio ambiente

(cfr. art. 39; cfr. también los arts. 33 y ss. del Real Decreto 1777/2004 que desarrolla reglamentariamente la norma legal sobre dicho impuesto).

En la vigente legislación de contratación pública, la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, se han introducido importantes novedades que afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas (cfr. por ejemplo, los arts. 65, d); 67, f); 70; 101; 103; 134,1; etc.).

Aunque no están recogidos en normas legales, el Estado ha regulado mediante normas reglamentarias la utilización voluntaria de mecanismos de gestión ambiental. Así, principalmente, en relación al sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS) (cfr. el Real Decreto 85/1996 por el que se aplica en España el Reglamento (CEE) 1836/1993 sobre ecoauditorías, modificado posteriormente por el Reglamento (CE) 761/2001 y el Reglamento (CE) 196/2006) y a la utilización del sistema comunitario de la etiqueta ecológica (cfr. Real Decreto 598/1994 que aplica en España el Reglamento (CEE) 880/1992, posteriormente modificado por el Reglamento (CE) 1980/2000).


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO XVII.

Incidencia de la protección ambiental en la regulación sectorial de actividades

económicas y sociales

La Ley 14/1986 General de Sanidad, entre cuyas actuaciones prioritarias se prevé “La promoción y la mejora de los sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminación y tratamiento de residuos líquidos y sólidos; la promoción y mejora de

los sistemas de saneamiento y control del aire, con especial atención a la contaminación atmosférica; la vigilancia sanitaria y adecuación a la salud del medio ambiente en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la vivienda” (art. 18, 2) y el desarrollo de la sanidad ambiental en general (cfr. art. 19). Directiva 91/271/CEE, traspuesta por el R.D. 11/95 sobre Tratamiento de aguas residuales . La Ley 3/1995, de 23 de marzo, por la que se establece el régimen jurídico de las vías pecuarias, como bienes de dominio público de las Comunidades Autómas, además de estar destinadas al uso ganadero, se dispone que “podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural” (art. 3,1).


CONTENIDOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL ESTADO XVIII.

Incidencia de la protección ambiental en la regulación sectorial de actividades

económicas y sociales i

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Electrico (modificada por la Ley 17/2007) presenta –en la Exposición de Motivos- como su fin básico: “establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico”. Son muy numerosas la referencia a la protección del medio ambiente o a la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental de las actividades e infraestructuras relacionadas con la energía electrica. Además en los arts. 27 y ss. se regula el “régimen especial” de producción electrica que se refiere a las llamadas “energías renovables”.

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, establece medidas para garantizar, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio ambiente bajo el concepto de la “habitabilidad” (cuestiones relacionadas con la protección contra el ruido, el ahorro de energía, etc.). En aplicación de esta Ley el Real Decreto 314/2006 aprobó el “Código Técnico de la Edificación” que contiene muchas normas técnicas dirigidas a estos fines (cfr. en particular sus arts. 13 a 15).


http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/

http://www.mma.es/portal/secciones/normativa/

tema-3 mediambiente

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