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Ética y Responsabilidad Empresarial - Subercaseaux Instituto de Banca y Finanzas 1
Unidad III: Las prácticas y normas que rigen la ética empresarial en las finanzas.
Tema 1: El Fraude.
Concepto.
El término "fraude" se refiere al acto intencional de la Administración, Personal o terceros, que da
como resultado una representación equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar:
• Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos.
• Malversación de activos.
• Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o documentos.
• Registro de transacciones sin sustancia o respaldo.
• Mala aplicación de políticas contables.
Tipos de fraude.
Podemos identificar los siguientes tipos de fraude:
1. Desde el punto de vista financiero, podemos considerar dos tipos de fraudes:
• El primero de ellos se realiza con la intención financiera clara de malversación de activos
de la empresa.
• El segundo tipo de fraude, es la presentación de información financiera fraudulenta
como acto intencionado, encaminado a alterar las cuentas anuales.
2. Desde el punto de vista de la institución, existen:
• Los fraudes denominados internos son aquellos organizados por una o varias personas
dentro de una institución, con el fin de obtener un beneficio propio.
• Los fraudes conocidos como externos son aquellos que se efectúan por una o varias
personas para obtener un beneficio, utilizando fuentes externas, como: bancos, clientes y
proveedores.
3. Las posibles irregularidades que se realizan en las operaciones de caja, bancos y sus saldos,
pueden clasificarse desde el punto de vista de su ejecución, de la siguiente forma:
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Interceptación: efectuar cobros antes de que estos se registren.
Por ejemplo: ventas al contado o cobros de cuentas a cobrar no registrados.
Sustracciones: Hacerse con una cantidad en efectivo después de haberla registrado.
Por ejemplo: apoderarse de una cantidad de los cobros registrados pero no depositados, de
fondos fijos o cuentas bancarias.
Desviaciones: Hacer que un desembolso que en un principio es legítimo se desvíe de su destino
correspondiente.
Por ejemplo: modificación de los estados financieros sin obtener ningún activo.
4. También se considera que hay fraudes por:
• Falta de controles adecuados.
• Poco y mal capacitado personal.
• Baja / alta rotación de puestos.
• Documentación confusa.
• Salarios bajos.
• Existencia de activos de fácil conversión, como bonos y pagares.
• Legislación deficiente y actividades incompatibles entre sí.
Es un hecho demostrado que evitar fraudes es responsabilidad de todos los empleados. Por ello,
es importante crear una cultura empresarial encaminada a minimizar el riesgo de fraude
El costo del fraude.
El fraude impone enormes costos en las organizaciones. Se estima que, por ejemplo, las
organizaciones en los Estados Unidos pierden alrededor del 5% de los ingresos anuales debido al
fraude.
Los esquemas del fraude resultan difíciles de detectar. La duración media de un fraude es de 18
meses desde su inicio hasta la detección del hecho. El fraude probablemente es detectado
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primero por denuncias anónimas, antes que por auditorías internas, auditorías externas o los
controles internos.
Los pequeños negocios sufren de manera desproporcionada las pérdidas por fraude debido en
gran medida a la ausencia de una actitud proactiva en la detección del mismo.
Menos del 10% de este segmento de negocios cuenta con mecanismos de denuncias anónimas
implementados. Al mismo tiempo, menos del 20% tiene departamentos de auditoría interna,
realiza auditorías sorpresivas o llevaba a cabo capacitaciones sobre el fraude para los empleados y
gerentes.
Metodologías de Prevención, Detección e Investigación del fraude.
Cómo se detecta un fraude
• Observar, probar o revisar los riesgos específicos de control.
• Identificar los más importantes y vigilar su adecuada administración.
• Simular operaciones.
• Revisar siempre las conciliaciones de saldos con bancos y clientes.
• Llevar a cabo pruebas de cumplimiento de la eficacia de los controles.
Cómo se evita un fraude
• Mejorando el control administrativo.
• Implementando prácticas y políticas de control.
• Analizando los riesgos que motiven a un fraude.
• Teniendo el mejor personal posible, bien remunerado y motivado.
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Puesta en operación de los mecanismos de control.
Una vez que la organización conoce y ha definido políticas respecto a los riesgos y al perfil de los
posibles perpetradores, debe implementar mecanismos para mitigar el riesgo de fraude interno.
Entre dichos mecanismos destacan:
• Definir e implantar una política funcional contra el fraude, que involucre a una posible “unidad
de tecnología de información” con las demás unidades de la organización.
• Establecer las definiciones de controles de acceso y seguridad informática como parte vital de las
políticas y procedimientos asociados a la tecnología de información, incluyendo la creación de la
función de seguridad de activos de información.
• Definir e implantar contratos de responsabilidad del empleado, conocidos por todo el personal
de todos los niveles de la organización.
• Mantener al tanto a los auditores externos de todos los riesgos presentes en la organización,
incluyendo los proyectos en ejecución que tengan impacto sobre el ambiente de tecnología de
información y el negocio.
• Definir e implantar un esquema de segregación de funciones y definición de roles y
responsabilidades, donde el lineamiento principal sea que las funciones de adquisición de
compromisos y la autorización de transacciones monetarias correspondientes, no descansen en un
número limitado de personas.
• Implementar programas de inducción y entrenamiento orientados a crear una cultura
organizacional de gestión de riesgos y prevención del fraude interno.
• Mantener canales de comunicación apropiados donde los empleados puedan reportar cualquier
sospecha de manera anónima.
Es recomendable seguir ciertos lineamientos para fomentar la integridad y la ética de los
empleados de la organización. Entre dichas acciones destacan:
• Definir y elaborar códigos de conducta debidamente divulgados, que involucren al personal de
todos los niveles.
• Evitar la presión para cumplir con metas de rendimiento no realistas, por ejemplo situaciones en
las que la presión está relacionada con resultados a corto plazo y donde la compensación está
basada en lograr dichos objetivos.
• Descripciones de trabajo formales o informales que definan las tareas que comprenden trabajos
específicos, debidamente comunicadas a los empleados, definiendo claramente las
responsabilidades de cada individuo.
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• Análisis del conocimiento y destrezas necesarios para realizar trabajos de manera adecuada, el
cual es particularmente importante en el actual ambiente de tecnología de información, que
cambia constantemente de manera vertiginosa.
Cultura Organizacional Ante el Fraude.
Más allá de reforzar el ambiente de control interno, es primordial fomentar una cultura
organizacional de altos estándares de integridad y ética, lo cual maximiza la acción de los
mecanismos orientados a mitigar el riesgo de fraude. En ese sentido, acciones como las siguientes
son recomendables:
• Puesta en operación de mecanismos de control apropiados en niveles ejecutivos.
• Introducción de un código de conducta corporativo.
• Aplicación pública de políticas de "cero tolerancia" y "no excepciones".
• Impulsar una investigación oportuna de fraudes e irregularidades.
• Aplicar medidas disciplinarias de acuerdo al grado de la falta.
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Tema 2: Normativa y Sistema Internacional y Nacional en
Materia de Ética Empresarial en las Finanzas.
La normativa mundial: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El término "fraude" se refiere al acto intencional de la Administración, Personal o terceros, que da
como resultado una representación equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar:
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) es un
organismo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para
combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a nivel nacional e internacional.
Fue establecido en 1989 por el G7 (Grupo de las siete mayores economías del mundo) y en abril de
1990 el GAFI dio a conocer cuarenta “Recomendaciones” que proveen un diseño de la acción
necesaria para luchar contra el Lavado de Dinero. En el año 2001, emitió nueve “Recomendaciones
Especiales” para combatir el Financiamiento del Terrorismo. Posee dos mecanismos básicos de
evaluación de la aplicación de sus Recomendaciones:
Los Ejercicios de Auto-Evaluación consisten en la respuesta de cada país respecto de la situación
en torno a la aplicación de los criterios contenidos en las 40 + 9 Recomendaciones del Grupo. Estos
ejercicios se realizan una vez al año, y tienen por objeto monitorear la evolución de los países
respecto de sus sistemas anti-lavado de dinero, y armonizar la legislación en la materia, siempre
siguiendo como criterio las 40 + 9 Recomendaciones.
Las Evaluaciones Mutuas constituyen el proceso mediante el cual el GAFI examina el nivel de
cumplimiento de los criterios y recomendaciones que formula en materia de prevención y control
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Todos los países que integran el
organismo son sometidos a este proceso de evaluación, el cual culmina en un documento o
reporte que da cuenta de la situación general de cada país evaluado frente a dichas problemáticas.
En líneas generales, esta metodología de evaluación establece que un adecuado marco legal
institucional, destinado a prevenir y controlar el lavado de activos y el terrorismo, debe incluir:
- Leyes que tipifiquen el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y que impongan
obligaciones a las instituciones financieras.
- Un apropiado marco institucional administrativo.
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- Leyes que provean a las autoridades competentes de las tareas, poderes y sanciones necesarias.
- Políticas sostenibles para el sector financiero.
- Infraestructura desarrollada del sector público.
- Códigos que aseguren el comportamiento ético y profesional de las personas.
La normativa mundial: GAFI SUD.
Es una organización intergubernamental que agrupa a 12 países de América del Sur,
Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos
temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Fue creado a semejanza del GAFI, adhiriéndose a sus 40 Recomendaciones como estándar
internacional contra el lavado de dinero y a las Recomendaciones Especiales contra la financiación
del terrorismo. Desarrolla sus tareas a través de los siguientes Grupos de Trabajo:
• Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
• Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo
• Grupo de Trabajo Operativo
Chile es parte de este grupo desde su creación el año 2000, en Cartagena de Indias, Colombia.
Normativa chilena: la UAF.
La UAF es el organismo que representa a Chile ante la GAFISUD y, conforme a ese rol, ejerce la
coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (LA/FT).
Las instituciones que participan en este sistema son:
• Banco Central.
• Ministerios del Interior, de Hacienda y de Relaciones Exteriores.
• Servicio de Impuestos Internos.
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• Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras, de Valores y Seguros, de Casinos
de Juego y de Pensiones.
• Servicio Nacional de Aduanas y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes.
• 36 sectores económicos, compuestos por empresas y personas naturales obligadas a
informar a la Unidad de Análisis Financiero.
Funciones de la UAF
Cuando los antecedentes reflejan indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo,
son remitidos inmediata y oportunamente al Ministerio Público, único organismo facultado para
resolver si se da inicio o no a una investigación penal por esos delitos. El Ministerio Público es
además el único organismo que puede solicitar información a la UAF.
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Tema 3: Normativa Nacional en Ética Empresarial en las
Finanzas.
El SERNAC Financiero.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) es una institución gubernamental que tiene como
misión proteger a los consumidores de los diversos mercados presentes en el país. Esta institución
se ha visto recientemente fortalecida a través de la Ley N° 20.555, la cual dota de nuevas
facultades en materias financieras. Es el llamado “SERNAC Financiero”, un nuevo marco legal, que
entró en vigencia el 5 de marzo de 2012, y que tiene como ejes:
• El fortalecimiento de los derechos de los consumidores de productos y servicios
financieros;
• La imposición de nuevas obligaciones a las empresas; y
• Dotar de más facultades al Sernac.
Alcances del SERNAC Financiero.
Este nuevo marco legal impone obligaciones a los proveedores de servicios y productos
financieros. Las principales obligaciones son relativas a la información y a la publicidad, entre las
que destacan:
• Informar la Carga Anual Equivalente o CAE en toda su publicidad a través de un medio
masivo o individual, ejemplo Televisión, prensa escrita, o volantes publicitarios de la
empresa donde se promocione el producto. Esta publicación debe señalar claramente el
valor de una cuota o la tasa de interés de referencia.
• Respetar las cotizaciones, las cuáles no podrán tener una vigencia menor a 7 días hábiles
desde su comunicación al público.
• Informar todos los precios, tasas, cargos, comisiones, costos, tarifas, condiciones y
vigencia de los productos ofrecidos conjuntamente.
• Si la empresa ofrece ventas conjuntas de productos, ejemplo una cuenta corriente + un
crédito, debe informar los valores y condiciones si se contrataren separadamente estos
productos y con la misma relevancia que la cuota o tasa de interés de referencia, en
cuanto a tipografía de la gráfica, extensión y ubicación.
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• Otorgar obligatoriamente una escritura de cancelación de las hipotecas a los 15 días de
terminadas las obligaciones caucionadas, es decir, la empresa tiene 15 días para alzar la
hipoteca una vez que se paguen todas las obligaciones del crédito hipotecario.
• Incluir una hoja resumen en los contratos de adhesión y en las cotizaciones con las
principales cláusulas del contrato, lo que permite conocer las características del producto
o servicio ofrecido y compararlo con otras instituciones financieras.
• Informar todos los productos que consten en los contratos de adhesión y los cobros por
servicios prestados.
• Indicar el costo total de las promociones de productos y/o servicios.
• Informar periódicamente los productos otorgados mediante contratos de adhesión.
• Difundir información para los consumidores, que explique las características y condiciones
para ser un aval, fiador y codeudor.
• Publicar información sobre el monto del precio, lo que deberá comprender el valor total
del bien o servicio, incluidos los impuestos correspondientes, además de las características
y prestaciones esenciales de los productos o servicios en las páginas Web de las
instituciones financieras.
El Sello SERNAC.
El Sello SERNAC es una forma de certificación voluntaria a la que se pueden someter las
instituciones financieras y que garantiza que los contratos que ofrecen cumplen con la nueva
normativa financiera, es decir: que cuenten con un Servicio de Atención al Cliente y permitan al
consumidor recurrir a un Mediador o Árbitro Financiero que resuelva controversias, quejas o
reclamaciones. El sello debe estar en todos los contratos ofrecidos si es que la institución aceptó
someterse a esta certificación.
Sin embargo, la mayor parte de las instituciones financieras no se han certificado con el Sello
SERNAC, en gran medida porque éste no es obligatorio, y tampoco los consumidores lo exigen a
las instituciones con las que firman contratos.
Esta situación ha hecho que las actuales autoridades se encuentren estudiando reformular esta
disposición.
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Políticas de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).
Fundada el 4 de octubre de 1945, la ABIF es una organización gremial que agrupa a todos los
bancos y financieras privados establecidos en el país, así como a bancos extranjeros que
mantienen en Chile oficinas de representación. En la actualidad está conformada por 24 bancos y
por 11 oficinas de representación de bancos extranjeros. Sus objetivos básicos son:
• Estrechar vínculos de unión entre los asociados.
• Mantener relaciones con instituciones análogas de otros países.
• Estudiar e implementar procedimientos destinados a mejorar la acción de la banca en su
labor de intermediación financiera.
• Estudiar y coordinar medidas destinadas a prevenir y combatir fraudes, falsificaciones y
adulteraciones de documentos.
• Establecer, operar y mantener servicios de interés común que requieran sus asociados.
• Representar a sus asociados ante los poderes públicos.
• Y, en general, patrocinar todas aquellas medidas que permitan a las instituciones
asociadas contribuir con mayor eficacia al incremento de la prosperidad nacional.
Políticas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
(SBIF).
La SBIF es una institución pública creada en 1925, autónoma, con personalidad jurídica de
duración indefinida y se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
La Ley General de Bancos faculta a la SBIF para supervisar las empresas bancarias así como de
otras entidades, en resguardo de los depositantes u otros acreedores y del interés público. Su
misión es velar por el buen funcionamiento del sistema financiero, evaluando a las instituciones en
los siguientes aspectos:
• Administración del riesgo de crédito y gestión global del proceso de crédito.
• Gestión del riesgo financiero y operaciones de tesorería.
• Administración del riesgo operacional.
• Administración de los riesgos de exposiciones en el exterior y control sobre las inversiones
en sociedades.
• Administración de la estrategia de negocios y gestión del capital.
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• Gestión de la calidad de atención a los usuarios y transparencia de información.
• Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
• Gestión de la función de auditoría interna y rol del comité de auditoría.
Códigos de Ética Bancarios.
Los Códigos de Ética surgen como una parte integral de la cultura organizacional y permiten a
las instituciones incorporar e implementar, a través de declaraciones de principios y valores,
fundamentos morales y éticos de carácter universal, dentro de la vida diaria de una organización.
Los códigos de ética pueden nacer por diversas vías: ya sea porque las casas matrices de una
institución multinacional responden a estándares internacionales y envían a sus subsidiarias un
código pre-establecido; o por que la idea nazca de un departamento o de la dirección ejecutiva a
lo interno de la institución. No importando su origen, los códigos de ética empresarial deben
nacer con el respaldo de las altas autoridades.
Principios del Código de Ética.
Un Código de Ética debe garantizar y hacer presentes principios que emanen desde la misma
institución, su personal de manera individual, y que finalmente se vean reflejados en la
experiencia del cliente.
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Tema 4: La Cultura de Cumplimiento.
¿Qué es el cumplimiento?
El Cumplimiento (o “Compliance”) no debe ser entendido como un acatamiento ciego de las
normas de una institución, sino que debe ser una manifestación de la Ética Profesional ajustada a
la normativa de la organización y el marco legal en que se desenvuelve.
La persona responsable de la supervisión y gestión de cuestiones relacionadas con el
cumplimiento se denomina “Compliance Officer” (Oficial de Cumplimiento). Generalmente, entre
sus funciones se encuentran las de diseñar y aplicar controles, normativas y procedimientos
internos que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicables,
gestionar las auditorías e investigaciones sobre cumplimiento y normativas o responder a las
solicitudes de información de los organismos reguladores.
Además, esta figura puede supervisar el cumplimiento de los códigos de conducta voluntarios de
las compañías.
Cultura de Cumplimiento.
La Cultura de Cumplimiento tiene un desarrollo de varios años dentro de la industria financiera. El
funcionario de esta industria debe cumplir las normas no sólo porque éstas existen, sino porque es
su obligación deontológica para con su organización. Esto quiere decir que debe, en consecuencia,
conocer las prácticas anti corrupción a las cuales deberá acogerse.
1. Actualización permanente de la información pública del Servicio, relacionada con actos y
resoluciones, compras y adquisiciones, dotación de personal e información presupuestaria, entre
otros, a través del portal "Gobierno Transparente", publicado en el sitio web institucional.
2. Divulgación trimestral de las sanciones administrativas ejecutoriadas contra entidades reguladas
por incumplimiento de la normativa anti lavado de activos. Esta publicación incluye identificación
del sancionado, sector económico, causal y la resolución completa, disponible en la sección
Sanciones del sitio web institucional.
3. Publicación de categorías de Personas Expuestas Políticamente (PEP), y de un modelo de
formulario para la declaración de este tipo de vínculo, ambos disponibles en el sitio web
institucional.
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Unidad III: Las prácticas y normas que rigen la ética empresarial en las finanzas.
4. Edición y uso del "Manual de Ética y Probidad Funcionaria de la UAF", guía práctica que reúne y
sistematiza las normas, obligaciones, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades que rigen
la conducta y actuaciones de todos quienes se desempeñen en el Servicio.
5. Publicación del Manual de Cargos y Funciones de la UAF en el sitio web institucional, con la
descripción de perfiles de competencia, objetivos, clientes, servicios, productos, dependencia,
requisitos académicos y experiencia necesaria, entre otros.
6. Selección y contratación de personal profesional, técnico y administrativo a través de concursos
públicos, difundidos a través de los portales de Alta Dirección Pública y de Empleos Públicos.
7. Procedimiento de Compras Públicas de bienes y servicios a través del portal
www.mercadopublico.cl
8. Retroalimentación permanente a los sectores regulados, a través de la elaboración y difusión de
Informes de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos, disponibles en el sitio web
institucional, además del desarrollo de capacitación vía e-learning y de difusión de los resultados
de gestión institucional, a través de actividades de difusión pública.
9. Elaboración de una Estrategia Nacional para el Combate del Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, en pleno desarrollo, en la que participan diversas instituciones
públicas de los ámbitos de prevención, persecución y sanción de ambos delitos (UAF, 2014).