Actu

alid

ad

Laboral y FiscalLasem

presas pagarán el paro de los EREsposteriores al 27 de abrilLas em

presas d

e más 500 trab

ajado

resq

ue o

bten

gan

ben

eficios y q

ue in

i-cien

o h

ayan in

iciado

desd

e el 27 de

abril d

e 2011 un

exped

iente d

e regu

-lació

n d

e emp

leo (ER

E) tend

rán q

ue

asum

ir el

pag

o

del

sub

sidio

p

or

desem

pleo

de lo

s desp

edid

os.

La propuesta, añadida al proyectode ley que reform

a el sistema de

pensiones, indica que las empresas

con más de 500 trabajadores que hayan

obtenido beneficios en los dos últimos

años y acometan un ERE en los tres años

siguientes que afecte al menos a un cen-

tenar de empleados, entre los que haya

mayores de 50 años, deberán efectuar

una aportación al Tesoro Público paracom

pensar.Para la aportación económ

ica se ten-drá en consideración el im

porte de lasprestaciones y subsidios por desem

pleode los trabajadores de m

ás de 50 añosafectados por el ERE, incluidas las cotiza-ciones a la Seguridad Social realizadas porel Servicio Público de Em

pleo Estatal.El im

porte de la aportación se deter-m

inará según una escala, que el texto nodetalla y que se concretará reglam

enta-riam

ente, pero que estará en función delnúm

ero total

de trabajadores

de la

empresa, del núm

ero de empleados de

50 años o más afectados por el ERE y de

los beneficios de la empresa, etc.

Estarán exentas aquellas compañías

que en el plazo de tres meses desde la

extinción de los contratos de trabajorecoloquen a los trabajadores de m

ás de50 años afectados.

Más presión para ganar

flexibilidad laboral

El C

onsejo de Estado ha resucitadoel debate sobre la polém

ica mar-

cha atrás del Gobierno en la flexi-

bilización del despido aprobada en sep-tiem

bre: aunque no es vinculante, esteórgano consultivo ha em

itido un dicta-m

en en el que pone en cuestión la deci-sión del Ejecutivo de utilizar un regla-m

ento para modificar el Estatuto de los

Trabajadores y obligar a las empresas a

demostrar que las pérdidas previstas no

son coyunturales para autorizar un des-pido colectivo por causas económ

icas.La reform

a laboral, que a la postre

2 ~T

AD

ISA siem

pre a su lado

desembocó en la huelga general del 29

de septiem

bre, estableció

el despido

objetivo por causas económicas, con

indemnización de veinte días por año tra-

bajado y un máxim

o de doce mensuali-

dades, cuando una empresa esté en “una

situación económica negativa, en casos

tales como pérdidas actuales o previstas”.

El objetivo era dotar de mayor m

argende m

aniobra y flexibilidad a las empresas

para afrontar la dificultad. Pero eso durósólo lo que el G

obierno tardó en necesitarel auxilio de los sindicatos para la reform

ade las pensiones y por eso claudicó anteellos para que consintieran el retraso de laedad de jubilación a los 67 años.

Un cam

bio de cromos: yo desnatura-

lizo la reforma laboral y vosotros m

e ayu-dáis a sacar adelante un cam

bio en laspensiones que satisfaga a la cancillerM

erkel. Esta maniobra es la que ahora

pone en cuestión el Consejo de Estado.

En la práctica, el avance que se había pro-ducido fue abortado y la regulación seretrotrajo a la situación previa a la refor-m

a, esto es, se obliga a la empresa a

demostrar el carácter estructural de sus

perdidas.U

n giro con importantes consecuen-

cias, pues en la práctica el despido obje-tivo por causas económ

icas vuelve a serprácticam

ente imposible de aplicar por la

dificultad de justificarlo ante los jueces,que volverán a im

pedirlo sea cual sea lasituación económ

ica de la empresa de

turno. El Consejo de Estado subraya que

los empresarios no deben estar obligados

a demostrar que la gravedad de la situa-

ción de su compañía tiene un alcance de

largo plazo, y reprocha al Gobierno la

dificultad de

definir jurídicam

ente el

alcance del concepto coyuntural, cierta-m

ente indeterminado.

El resultado es que se ha privado a losem

presarios de la posibilidad de disponerde la flexibilidad necesaria para adaptarsus efectivos anticipándose a situacionesde crisis antes de verse inm

erso en ella ysin capacidad de m

aniobra, muchas veces

cuando ya es demasiado tarde para salvar

la compañía, sobre todo cuando se trata

de pequeñas empresas. El dictam

en delC

onsejo de Estado no es vinculante perosí constituye un elem

ento añadido depresión al G

obierno para que, vía refor-m

a de la negociación colectiva, introduz-ca la flexibilidad de la que sigue carecien-do el m

ercado laboral.

para ver si debía contratar a alguien paraque la sustituyera. El juzgador de instan-cia concluyó declarando que no se habíaproducido una vulneración del derecho ala intim

idad porque la doctora no le faci-litó inform

ación alguna. La trabajadorarecurrió y el Tribunal Superior de Justiciale ha dado la razón, al considerar que laactuación de su superior sí lesionó suderecho

fundamental

a la

intimidad,

reconocido en el artículo 18.2 de la Cons-

titución, en estrecha relación con la dig-nidad, honor e integridad física y m

oral yla prohibición del acoso laboral.

La Sala no comparte la tesis del juz-

gado de lo Social ya que, en su opinión,el intento del em

presario de obtenerinform

ación de la doctrina no es “un actointerrum

pido sino frustrado, pues él pusode su parte no sólo todo lo que estaba ensu m

ano para lograrlo, sino que consi-guió que la doctora se pusiera en contac-to con él por m

edio de un engaño”.Según ha quedado probado, el encarga-do suplantó a la em

pleada diciendo quelas llam

adas eran de su parte y dejandosu propio teléfono. D

e esta forma, dice el

tribunal, alcanzó, al menos, un propósi-

to: hablar con la médico.

La sentencia añade, además, que el

propósito de su actuación no fue tan ino-cuo com

o se argumentó en prim

era ins-tancia pues se probó que la facultativaafirm

a que le habló mal de su paciente.

Por ello, “ya no se puede hablar de unsim

ple intento de investigar –que no seríainocuo, pues para ello utiliza ilegalm

en-te el nom

bre de la trabajadora–, sino queaprovechó para influir negativam

ente enel ám

bito de la doctora respecto de supaciente”, aclara.

Por todo lo anterior, unido a los malos

modos con los que el encargado habló a

la madre de la trabajadora cuando fue a

entregar el parte de baja de su hija, el Tri-bunal ve vulnerado su derecho a la inti-m

idad. La resolución concede una indem-

nización a la empleada de 10.267 euros,

al ser la actuación de la compañía “un

exceso de control de la incapacidad tem-

poral”. Para la Sala, dicho proceder tuvoque “influir de form

a decisiva en el esta-do de salud de la trabajadora”.

Límites para el acceso a la inform

aciónsanitaria de los trabajadores

La resolución de la Sala de lo Socialrecuerda que, según la jurisprudenciaexistente sobre esta m

ateria, “los datosrelativos a la vigilancia de la salud de lostrabajadores no podrán ser usados confines discrim

inatorios ni en perjuicio deltrabajador”. A

demás, insiste en que “la

información sanitaria del trabajador no

puede ser facilitada al empresario o a

otras personas sin su consentimiento

expreso”. (Tribunal Superior de Justicia de A

stu-rias, 15/11/10, Rº 2099/2010)

facultades em

presariales. Porque

noconsta que, “de acuerdo con las exigen-cias de la buena fe, la em

presa hubieraestablecido previam

ente algún tipo dereglas para el uso de dichos m

edios –conaplicación de prohibiciones absolutas oparciales– ni tam

poco que se hubierainform

ado a los trabajadores de que seiba a proceder al control y de los m

ediosa aplicar en orden a com

probar su correc-to uso”, dice su sentencia.

El TS admite que “la aplicación de la

garantía podría ser más discutible en este

caso, pues no se inspeccionaron comuni-

caciones ni

archivos personales,

sinoarchivos tem

porales, rastros o huellas dela navegación”. Pero apostilla que “estosarchivos tam

bién entran dentro de la pro-tección de la intim

idad, sin prejuicio de loya dicho sobre las advertencias de laem

presa”. Y se escuda en la sentencia de

3/4/07 del Tribunal Europeo de Derechos

Hum

anos. “El que la auditoría no hicierareferencia genéricam

ente a tiempos y

páginas visitadas por el trabajador, sinotam

bién al dominio y contenido de las

mism

as supone una vulneración de suderecho a la intim

idad”, concluye elSuprem

o.

El acuerdo en el finiquito noim

pideque el trabajadorreclam

eLa firm

a de u

n fin

iqu

ito en

el qu

e no

se hace m

enció

n a la in

dem

nizació

nleg

al, p

or

el reco

no

cimien

to

de

imp

roced

encia, carece d

e valor lib

e-rato

rio p

ara las partes y n

o im

pid

ep

osterio

res dem

and

as.

El trabajador despedido firm

ó unrecibo de liquidación, saldo y fini-quito, en el que la em

presa, trasreconocer la im

procedencia del cese,abonaba el salario de los días del m

es encurso

y lo

correspondiente hasta

elm

omento a las pagas extraordinarias.

Am

bas partes, voluntaria y libremente,

declaraban no tener nada más que recla-

marse, lo que exoneraba a la com

pañíade pagar la indem

nización por despido.A

pesar de ello, el empleado la reclam

óen los tribunales, perdiendo los dos pri-m

eros juicios,

por lo

que acudió

alSuprem

o.Éste recuerda que tradicionalm

ente elfiniquito era el m

odo por el que queda-ba form

alizada la finalización de la rela-ción laboral por m

utuo acuerdo, aunquem

ás adelante se incluyó la extinción delcontrato por baja voluntaria del trabaja-dor o la dim

isión aceptada por el empre-

sario.H

oy, el término se ha am

pliado com-

prendiendo cualquier forma de extinción

de la relación laboral seguida de unacuerdo entre em

presario y trabajador. Es

frecuente que, tras un despido disciplina-rio, éstos lleguen a un acuerdo y lo refle-jen en el finiquito, que es el que pone final contrato. El alcance y valor de éste vie-ne determ

inado por el conjunto de sutexto literal y por los elem

entos y condi-cionam

ientos específicos del contratoque se finiquita.

En el caso analizado, el Supremo

entendió que el pacto que precedió a lafirm

a del finiquito no reunía los requisitosesenciales. N

o puede entenderse que elconsentim

iento de las partes recayesesobre la indem

nización legal que se recla-m

a. A pesar de que la em

presa recono-ciera la im

procedencia del despido, noabonó cantidad alguna com

o indemniza-

ción, ni en el texto del finiquito se invo-caban m

otivos por los que no procedieraabonarla. A

l no aparecer en el finiquitom

ención a la renuncia a este concepto, elefecto liberatorio del finiquito no alcanzaa este pago.

El Tribunal entendió que el finiquitovulneraba el artículo 1.283 del C

ódigoC

ivil, cuando afirma que “cualquiera que

sea la generalidad de los términos de un

contrato, no deberán entenderse com-

prendidos en él cosas distintas y casosdiferentes de aquellos sobre que los inte-resados se propusieron contratar”, razónpor la que corresponde aceptar la recla-m

ación del empleado, condenando a la

empresa a abonar la indem

nización.

Condena a una empresa por

excederse al controlar una bajaEl Trib

un

al Sup

erior d

e Justicia d

eA

sturias co

nsid

era vuln

erado

el dere-

cho

a la intim

idad

de u

na trab

ajado

-ra, cu

yo jefe trató

de so

nsacar a su

méd

ico las cau

sas po

r las qu

e estaba

en situ

ación

de in

capacid

ad tem

po

ralLas co

mp

añías d

eben

extremar su

sp

recaucio

nes a la h

ora d

e con

trolar

las situacio

nes d

e incap

acidad

tem-

po

ral de su

s plan

tillas: un

exceso d

elem

presario

en esta m

ateria pu

ede

sup

on

erle un

a con

den

a po

r vuln

era-ció

n d

el derech

o a la in

timid

ad d

e sus

trabajad

ores.

Esto es, precisam

ente, lo que haocurrido en el caso analizado porel citado Tribunal Superior de Jus-

ticia, que ha obligado a una empresa a

indemnizar a una de sus trabajadoras con

10.267 euros por haber tratado de ave-riguar las causas de su baja. En prim

erainstancia, el juez entendió que el encar-gado de la cafetería en la que trabajabala em

pleada no violó su derecho a la inti-m

idad cuando llamó a su m

édico decabecera. Según dicha resolución, con suform

a de proceder no pretendió conocerla patología que m

otivó su baja, sino sim-

plemente saber cuánto podía durar ésta

TA

DISA

siempre a su lado

~3

Nuevas limitaciones

al control empresarial

del uso del ordenadorEl Trib

un

al Sup

remo

privileg

ia la inti-

mid

ad d

el emp

leado

sob

re la capaci-

dad

de co

ntro

l de la em

presa d

el uso

abu

sivo

del

ord

enad

or.

Co

nsid

eraim

pro

ceden

te el desp

ido

de u

n tra-

bajad

or q

ue co

metió

un

a falta mu

yg

rave.

En una auditoría interna, que reali-zó una em

presa en sus redes deinform

ación para revisar la seguri-dad del sistem

a y detectar posibles ano-m

alías en su uso, salió a la luz que desdeun ordenador que el trabajador despedi-do utilizaba se accedió, en horas de tra-bajo, en 5.566 visitas, a páginas ajenas asu labor.

En concreto, en turnos de trabajo ytram

os horarios del empleado, desde el

ordenador que utilizaba se visitaronw

ebs de piratería informática, contactos

y anuncios clasificados para particulares,m

ultimedia-vídeos, televisión o consultas

de temas relacionados con el sexo fem

e-nino, entre otras.

Esta sentencia va más allá que la doc-

trina del Supremo del conocido fallo de

26/9/07. En ella, el TS privilegió la intimi-

dad de un empleado a cuyo ordenador y

correo personal

accedió la

empresa,

mientras que en el caso presente, se tra-

taba del total de computadoras de la

compañía y se inspeccionaron a través de

una terminal conectada a un servidor.

Adem

ás, el Supremo responde a un

auto de la Audiencia Provincial de M

adriden el que se decantó por los intereses dela em

presa: a pesar de que la compañía

vulneró el derecho a la intimidad de un

empleado y no había establecido a priori

reglas sobre el control de los medios

informáticos, ni inform

ó a sus empleados

al respecto.La Audiencia estim

ó que losintereses de la com

pañía prevalecen. Eltrabajador enviaba, según se trató en otradem

anda, e-mails con inform

ación confi-dencial de la em

presa para competir des-

lealmente con ella.

En cambio, la clave para el Suprem

oes que los derechos fundam

entales deltrabajador

tienen prioridad

sobre las

Realización: Internautis. D

ep. Legal: M–2648993

En este boletín:

En nuestra página web encontrará toda la actualidad

publicada en nuestros boletines y mucha m

ás información

de interés para su empresa. V

isite nuestra Web:

www.tad

isa.esCom

uníquese rápida y eficazmente por em

ail:

INFO

RM

ACIO

N EN

GEN

ERA

Laseso

ria@tad

isa.com

DEPA

RTAM

ENTO

LAB

OR

AL

grad

uad

os–so

ciales@tad

isa.com

DEPA

RTAM

ENTO

FISCA

L Y CO

NTA

BLE

fiscal@tad

isa.com

Actu

alid

ad

Laboral y Fiscal

Si no quiere seguir recibiendo este boletín, no tiene más que escribirnos en tal sentido al siguiente mail: asesoria@tadisa.com

SOLU

CIO

NES PA

RA

SU EM

PR

ESA.c/O

rfila 10. 1º. 28010 MADRID.

Tels: 91 319 71 52 – 91 319 71 53 – 91 319 21 76 – 91 319 39 34. Fax: 91 308 15 49

ASESORES

ASESORES

judicial, con el objeto de hacer valer lasconsideraciones expuestas en su dem

anda.El m

agistrado reconoce que el horarioen principio corresponde a la trabajadora,pero excepcionalm

ente cuando este dere-cho entra en colisión con la facultad dedirección y organización em

presarial, hayque acudir a las circunstancias concretasde cada caso, incluida la buena fe, paraatribuir este derecho al trabajador o alem

presario.Por ello, en este caso, tras la contro-

versia de intereses entre las partes, entien-de que “deberá prevalecer aquella posi-ción que pueda considerarse m

ás idónea,debiéndose poner de relieve que el ejerci-cio del derecho que solicitó la actora debeestar regido por el principio de buena fe yno resultar en extrem

o perjudicial para elem

presario”.

El Ministerio de Trabajo

termina con la com

patibilidadde la percepción de la pensiónde jubilación del sistem

a de la SeguridadSocial con la actividad desarrollada porcuenta propia por los profesionalescolegiados

El régim

en de incompatibilidad entre pen-

sión de jubilación y trabajo ha venidorigiendo desde un principio en nuestro

ordenamiento jurídico y en la actualidad se reco-

ge en el artículo 165.1 del texto refundido de laLey G

eneral de la Seguridad Social, aprobado porel Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio,en el que se determ

ina que el disfrute de la pen-sión de jubilación, en su m

odalidad contributiva,será incom

patible con el trabajo del pensionistaEl citado desarrollo reglam

entario, se prevé queel disfrute de la pensión de vejez será incom

patiblecon todo trabajo del pensionista, por cuenta ajenao propia, que dé lugar a su inclusión en el cam

po deaplicación del Régim

en General o de alguno de losregím

enes especiales de la Seguridad SocialDicha incom

patibilidad, conforme se precisa

a continuación en el propio artículo, no impide

que pueda desarrollarse el trabajo en cuestión, sibien m

ediando la previa solicitud del interesado,cuya ausencia puede im

plicar incurrir en respon-sabilidad y dar ocasión al reintegro del im

porte depensión indebidam

ente percibido y a la imposi-

ción de la correspondiente sanción administrati-

va, y con los efectos que se detallan en el repeti-do artículo, entre ellos el de la suspensión delderecho a la pensión reconocida.

La aplicación en la práctica de esta normativa

vino a suscitar ciertas dudas en relación con quie-nes, habiendo accedido al derecho a la pensión dejubilación en el Régim

en General de la Seguridad

Social, pretendían compatibilizar la percepción de

tal pensión con el ejercicio de una profesión libe-ral, sin causar alta en el Régim

en Especial de los

•JU

RÍD

ICO

•LA

BORAL

•FISC

AL

•CONTA

BLE

■Junio 2011. A

ño XX

V. Nº 267

4 ~T

AD

ISA siem

pre a su lado

Primer juez que niega la

reducción de horario a unam

adre por mala fe

Un

juez h

a neg

ado

la solicitu

d d

ered

acción

de jo

rnad

a realizado

po

ru

na trab

ajado

ra para cu

idar d

e suh

ijo, al co

nsid

erar qu

e su in

tenció

n n

oera aten

der al m

eno

r sino

blin

darse

ante u

na p

osib

le amen

aza de red

uc-

ción

emp

resarial.

El juez titular del Juzgado Social nº3 de Tarragona, considera en unasentencia de 17 de m

arzo de 2011que la guarda legal solicitada por la traba-jadora es una reacción a las negociacionesque habían iniciado unos días antes, paratratar de evitar que pudieran despedirlapor la situación de crisis de la em

presa.A

firma el m

agistrado que esta petición«no atendía al fin que legalm

ente tiene lainstitución, que es atender al cuidado delm

enor, ya que no ha quedado acreditadoen las actuaciones de los horarios aporta-dos, que hubiera surgido una necesidadespecífica que no hubiera tenido hasta lafecha».

Aunque entiende que la conducta es

legítima personalm

ente, dice que no atien-de al principio de buena fe que debe im

pe-rar a la hora de prevalecer el horario soli-citado, ya que com

o hemos subrayado, la

colisión de intereses fue generada artifi-cialm

ente por la propia demandante, que

no acepta la propuesta empresarial y deci-

de, si bien dentro de su derecho, defen-derse en lo que entiende que peligraba susituación y derechos que m

antenía.La em

presa había propuesto a las cua-tro trabajadoras de la Sección de A

dminis-

tración que redujesen su jornada en un25%

para evitar que hubiese que reducirun puesto de trabajo, ya que las trabaja-doras no habían aceptado su traspaso aotras secciones. Y

es entonces cuando latrabajadora

demandada

solicitó una

reducción del 25%, pero con un horario

marcado por la propia interesada.

El abogado de la empresa se opuso a la

concreción del horario, abogando por loaceptado por las dem

ás trabajadoras, queera el m

ismo para todas, al considerar que

de no ser así causaría un perjuicio organi-zativo.

Consideraba,

además,

que la

empleada actuó de form

a “irregular y tor-ticera”, para blindarse ante la crisis.

Por todo ello, la sentencia dictamina

que tal y como aceptaron las dem

ás com-

pañeras, debe prevalecer el horario acor-dado y añade que si la denunciante consi-deraba que las trabajadoras habían sidocoaccionadas por dicho acuerdo, podíahaberlas citado a través de requerim

iento

El absentism

o laboral es una de las principales preocupaciones delas em

presas españolas, ya que un elevado absentismo reduce su

productividad, provoca problemas organizativos y genera altos

costes.

España es uno de los países europeos con mayor nivel de absentis-

mo laboral. N

uestra tasa de absentismo es del 5,35%

aproximadam

en-te, en el conjunto de sus distintos com

ponentes. El coste medio esti-

mado por este m

otivo, por trabajador y año, se estima en 2.500 €,

equivalentes a 60 horas laborales, lo que produce pérdidas globales del1%

del Producto Interior Bruto.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, referidos al últi-

mo trim

estre del año 2010, en España los trabajadores se ausentan desu puesto de trabajo una m

edia de 22,3 horas al mes y se pierden, de

media, unas 5,1 horas a la sem

ana. De todo ello, un 68%

del absentis-m

o se debe a procesos de incapacidad temporal, por lo que una buena

gestión de la mism

a mejora globalm

ente el absentismo laboral.

Esta gestión del absentismo se puede poner en m

archa con la adop-ción de m

edidas en los procesos de recursos humanos. Entre éstas, la

selección de personal con un perfil inadecuado, ya sea por defecto o porexceso de cualificación profesional, puede ser un prim

er paso para lainsatisfacción laboral que acabe con una situación de absentism

o; unapolítica de retribución y beneficios puede colaborar a la hora de desin-centivar prácticas absentistas; la form

ación y gestión de equipos y dem

andos intermedios, puede prevenir la desm

otivación de los trabaja-dores; el seguim

iento de la organización del trabajo y la ergonomía,

detectando situaciones de insatisfacción personal, estrés, malas relacio-

nes personales o desmotivación laboral; y una adecuada política san-

cionadora, coherente, objetiva y conocida por los trabajadores, en la queprim

e la no tolerancia de las infracciones laborales y la proporcionali-dad de las sanciones a las conductas fraudulentas, son m

edidas que pue-den ayudar a m

ejorar la cuenta de resultados de las empresas.

El absentismo ocasiona pérdidas a las em

presas y a la SeguridadSocial (se estim

an 7.000 millones de euros anuales), lo que pone de

manifiesto la necesidad de concienciar a la sociedad de la convenien-

cia de abordar el problema del absentism

o laboral.

[Sentencia] Impago de cuotas, ánim

o defraudatorio y otras lindezas

Delitopor el im

pago de cuotas, con ánim

o defraudatorioLa A

ud

iencia Pro

vincial d

e Mu

rcia, en su

Senten

ciad

e 8 Feb. 2011, estim

a qu

e con

curre d

elito co

ntra la

Segu

ridad

Social co

n el so

lo im

pag

o d

e cuo

tas, aun

-q

ue se efectú

e la declaració

n d

e lo d

ebid

o, estim

án-

do

se un

a actuació

n d

efraud

atoria.

DELITO

CO

NTRA

LA SEG

URID

AD

SOC

IAL. El acu-

sado, administrador de varias em

presas de cons-trucción, om

itió el pago de cuotas a la SeguridadSocial en sucesivos ejercicios por un im

porte total de más

de un millón de euros. La constitución de una serie de

empresas con el m

ismo objeto social, el m

ismo dom

iciliosocial y los m

ismos o casi los m

ismos trabajadores, para,

dándolas de baja o dejándolas sin actividad, continuar conla m

isma actividad, sin pagar las cuotas a la Seguridad

Social y sin que los contratistas pudieran solicitarle certi-ficación de no estar en descubierto con la SeguridadSocial., determ

inan un afán engañoso ante el empresario

que había de contratar con él, que a su vez revierte en

engaño a la Seguridad Social, pues le facilita la labor de ir generandonuevas deudas im

punes. El solo impago constituye el elem

ento típicodel delito, exigiendo una actuación defraudatoria, con independenciade si se efectúa o no la declaración de cuotas debidas a la A

dministra-

ción. En este caso, se estima la existencia de dolo por eludir el pago, a

pesar de haber efectuado el acusado parte de las declaraciones anua-les, que se evidencia por la m

ecánica de la operativa de cambio de tra-

bajadores y por la omisión de todo cum

plimiento de requerim

iento depago o solicitud de fraccionam

iento o aplazamiento en vía adm

inis-trativa. N

unca hubo intención de pagar alcanza a toda la deuda: ladeclarada y la no declarada.

➜Lasem

presas pagarán el paro de los EREs posterioresal 27 de abril

➜M

ás presión para ganar flexibilidad laboral➜

Nuevas limitaciones al control del uso del ordenador

➜El acuerdo en el finiquito no im

pideque se reclame

➜Condena por excederse al controlar una baja

➜Niega reducción de horario a una m

adre por mala fe

➜El M

inisterio de Trabajo termina con la

compatibilidad de la percepción de la pensión

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

(RETA) por haber optado por una mutualidad de

previsión social privada.A tenor de dicha regulación, cabía llegar a la

interpretación, como se hizo en vía adm

inistrati-va, de que la actividad del profesional colegiadono daba necesariam

ente lugar a la inclusión dequien la llevara a cabo en el cam

po de aplicaciónde alguno de los regím

enes de la Seguridad Social,lo que hubiera com

portado la obligación de que-dar encuadrado en el m

ismo; sino que la cuestión

quedaba al albur del interesado y su derecho deoptar librem

ente entre quedar en el campo de

aplicación de uno (público) u otro (privado) meca-

nismo de protección.

El aludido criterio interpretativo, que pudotener consistencia hasta el 31 de diciem

bre de1998, cabe entender que debió perder validez apartir de la innovación producida con la nuevaredacción operada de la disposición adicional deci-m

oquinta de la Ley 30/1995, por el artículo 33 dela Ley 50/1998, de 30 de diciem

bre, de medidas

fiscales, administrativas y del orden social. Tras

dicha modificación, se determ

ina que los profe-sionales colegiados que ejercen su activi-dad por cuenta propia se entenderán inclui-dos en el cam

po de aplicación del RETA, lo

que lleva aparejada la obligación de solicitar, en sucaso, la afiliación y, en todos los supuestos, el altaen dicho régim

en en los términos reglam

entaria-m

ente establecidos. Esa obligación de alta en elrepetido régim

en queda exonerada, no obstante,en aquellos casos en que el interesado opte porincorporarse alternativam

ente a la correspondien-te m

utualidad de previsión social, en la hipótesisde que exista tal m

utualidad y que la mism

a reúnalos requisitos que en la propia disposición se exi-gen para actuar com

o alternativa al RETA.N

o obstante lo apuntado, ha parecido nece-sario com

plementar las norm

as reglamentarias

que desarrollan el principio legal de incompatibi-

lidad entre el percibo de la pensión de jubilaciónde la Seguridad Social y el ejercicio de una activi-dad laboral por el pensionista, con el fin de disi-par las dudas que se han venido originando en lapráctica con relación al desarrollo de la actividadcom

o profesional colegiado en los casos en quese ha producido la jubilación en cualquiera de losregím

enes del sistema de la Seguridad Social.

En este sentido, la Orden ahora dictada deter-m

ina que el régimen de incom

patibilidad entrepensión de jubilación y el trabajo del pensionistaserá tam

bién aplicable con respecto al ejercicio dela actividad por cuenta propia de los profesiona-les colegiados que se hallen exonerados de la obli-gación de causar alta en el Régim

en Especial delos Trabajadores por Cuenta Propia o Autónom

os,con independencia de que queden o no integra-dos en una de las m

utualidades de previsiónsocial.

No retroactividad de la norma

El régimen de incom

patibilidad a que se refie-re esta orden no será de aplicación con respectoa los supuestos en los que la correspondiente pen-sión de jubilación viniera com

patibilizándose conel ejercicio de la actividad por cuenta propia delprofesional colegiado con anterioridad a la entra-da en vigor de esta orden.