supremo tribunal de justicia sentencias que ......2016/09/26 · nÚmero de toca fecha en que se...

* Los datos personales omitidos deberán ser sustituidos por la palabra “ELIMINADO”

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

TERCERA SALA

SENTENCIAS QUE CAUSARON ESTADO

NÚMERO DE TOCA FECHA EN QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA

622-2016 2266 vveeiinnttiissééiiss ddee sseeppttiieemmbbrree ddeell 22001166 ddooss mmiill ddiieecciissééiiss..

VV II SS TT OO SS para resolver los autos del Toca número 662222--22001166, a la apelación interpuesta por el

promovente, en contra de la sentencia definitiva de 28 veintiocho de junio del 2016 dos mil dieciséis, pronunciada por el

Juez de lo Familiar de Matehuala, S.L.P., en el Expediente número 660011//22001155, relativo a las DDIILLIIGGEENNCCIIAASS DDEE

JJUURRIISSDDIICCCCIIÓÓNN VVOOLLUUNNTTAARRIIAA DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN AADD--PPEERRPPEETTUUAAMM, promovidas por EELLIIMMIINNAADDOO yy//oo EELLIIMMIINNAADDOO; y,

RR EE SS UU LL TT AA NN DD OO

PPRRIIMMEERROO..-- La sentencia definitiva de 28 veintiocho de junio del 2016 dos mil dieciséis, concluyó con

los puntos resolutivos siguientes: “PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer de las presentes

Diligencias de Información Ad-Perpetuam. SEGUNDO.- El promovente ELIMINADO y/o ELIMINADO, ocurrió con

personalidad. TERCERO.- La Vía de Jurisdicción Voluntaria en que se tramitaron las presentes Diligencias de

Información Ad-Perpetuam fue la correcta. CUARTO.- Se declaran improcedentes las Diligencias de Información

Ad-Perpetuam, promovidos por ELIMINADO y/o ELIMINADO, por lo tanto, no es posible declarar que el mismo se

ha convertido en propietario del bien inmueble a que se refiere en su escrito inicial, a virtud de la prescripción.

QUINTO.- Notifíquese personalmente.”.


SSEEGGUUNNDDOO..-- Inconforme con dicha resolución, el promovente ELIMINADO y/o ELIMINADO, interpuso

recurso de apelación, el que le fue admitido en ambos efectos, enviándose los autos del expediente al Tribunal de Alzada

para su substanciación y llegados que fueron a esta Tercera Sala, a quien por cuestión de turno correspondió conocer,

mediante proveído de 05 cinco de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, previa confirmación de la calificación de grado

hecha por el inferior y una vez tomada razón de la oportuna expresión de agravios formulados por el apelante y que los

colindantes ELIMINADO y ELIMINADO, así como el ELIMINADO el SÍNDICO MUNICIPAL DE ELIMINADO, S.L.P., y el

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO no dieron contestación; en el propio auto se hizo del conocimiento de los litigantes

su derecho para manifestar su conformidad o inconformidad para que sus datos personales señalados en el artículo 3°,

fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se incluyan en la publicación que

se haga del presente fallo, sin que al respecto hubieren hecho manifestación alguna; en consecuencia, se citó a las

partes para resolver, ordenándose el turno del Toca, correspondiendo aleatoriamente a la Magistrada Ponente la

formulación y presentación del proyecto de resolución.

CC OO NN SS II DD EE RR AA NN DD OO

PPRRIIMMEERROO..-- Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 936 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en concordancia con el

1°, 3°, 4°, fracción I, 7°, 21 y 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

SSEEGGUUNNDDOO..-- Los agravios que hace valer el promovente y apelante ELIMINADO y/o ELIMINADO son

del tenor literal siguiente: “Único. Fuente del agravio.- Considerando CUARTO. Preceptos violados.- Todos y cada

uno de los que deriven de los argumentos que expondré a continuación. Fundamentos de los agravios.- “Los

artículos 920 fracción II, 921 y 922 del Código de Procedimientos Civiles, establecen: ART. 920.- “Las

informaciones ad-perpetuam podrán decretarse cuando sólo tenga interés el promovente y se trate: …. Las (sic)

informaciones (sic) se recibirán (sic) siempre con citación del Ministerio Público; en los casos de las fracciones I

y II, con citación también a (sic) los colindantes y del encargado del Registro Público de la Propiedad de la

comprensión donde estuviere ubicado el inmueble”, (sic) ART. 921.- “El que haya poseído bienes inmuebles por


el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlos, y no tenga título de propiedad o teniéndolo no sea

inscribible por defectuoso, si no está en el caso de deducir la acción que le concede el artículo 1101 del Código

Civil por no estar inscrita en el Registro Público de la propiedad de los bienes en favor de persona alguna, para

demostrar ante el juez competente, que ha tenido esa posesión, rindiendo la información respectiva en los

términos que se establecen en este capítulo”. ART. 922.- “Presentada la solicitud, la cual deberá contener la

descripción precisa del inmueble de que se trata, y a la que se acompañará precisamente, certificado de las

Oficinas Catastrales que demuestre que los bienes no están inscritos, se mandará publicar un edicto que

contenga el extracto de ella, en el Periódico Oficial del Estado, y en un diario de los de mayor circulación en el

Estado, a juicio del Juez, citando a los que se crean con derecho para que se presenten a oponerse. También se

publicará el edicto fijándolo por diez días en la puerta del juzgado y en los demás sitios públicos de costumbre.

El certificado del Catastro deberá comprender los últimos diez años.” ART. 923.- “Tres días después de

publicados los edictos a que se refiere el artículo anterior, de lo cual se pondrá constancia en los autos, si no se

hubiere presentado opositor, el juez señalará día y hora para recibir la información testimonial.” ART. 924.- “Los

testigos serán por lo menos tres, de notorio arraigo en el lugar de la ubicación de los bienes a que la información

se refiera, y sus declaraciones versarán sobre el hecho de la posesión, sobre los requisitos que deben tener para

servir de base a la prescripción adquisitiva y sobre el origen de la posesión.” ART. 927.- “Recibida la

información, el juez declarará si se han acreditado o no los hechos que la motivaron. Si los declara acreditados:

en el caso del artículo 921 de este Código, declarará, además, que el poseedor se ha convertido en propietario en

virtud de la prescripción y mandará protocolizar las diligencias a la notaría que designe el promovente; en el

caso del artículo 2853 del Código Civil, que se inscriba la resolución para los efectos del Capítulo IV, Título II,

Tercera Parte del Libro Cuarto del Código Civil, y, en los demás casos, que se expida copia certificada de las

actuaciones al promovente. La resolución que declare o no acreditados los hechos será apelable en ambos

efectos”. De esta forma los elementos constitutivos de la acción que el promovente ejercita y que está obligado a

probar, como lo señala el artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, son: a) Que el


inmueble materia de las diligencias no se encuentra inscrito ante las oficinas catastrales; b) Que no tenga título

de propiedad o teniéndolo éste no sea inscribible en el Registro Público de la Propiedad por defectuoso; c) Que

se hayan satisfecho el tiempo y condiciones exigidas por la Ley para prescribirlo. En esa especie, ELIMINADO

y/o ELIMINADO hizo consistir sus diligencias de información testimonial Ad-Perpetuam en el hecho de que: “1.-

Con fecha 10 diez de Octubre del año 2000 dos mil, celebré un contrato de COMPRAVENTA con el señor

ELIMINADO, por lo cual anexo como número UNO, un recibo amparándolo. Siendo que en dicho contrato se

estableció que se vendió un predio ubicado en la calle de ELIMINADO número ELIMINADO entre las calles de

ELIMINADO y ELIMINADO , San Luis Potosí. 2.- El origen de mi posesión o causa generadora de la misma fue un

CONTRATO DE COMPRAVENTA ya que aunque se haya expedido solamente un recibo, del texto del mismo se

desprenden todos y cada uno de los elementos del contrato de compraventa, misma que se realizó en

ELIMINADO, San Luis Potosí, y en la fecha señalada con anterioridad, tal y como se desprende del recibo anexo

como número UNO. 3.- El precio pactado por la mencionada COMPRAVENTA fue la cantidad de $ELIMINADO

(ELIMINADO), mismos que le liquidé al señor ELIMINADO, en el inmueble motivo del presente asunto, y en la

fecha señalada con anterioridad, expidiéndome un recibo amparando la COMPRAVENTA realizada, tal y como se

desprende del anexo como número UNO. 4.- Desde la fecha mencionada con anterioridad, me encuentro en

posesión en concepto de propietario, en forma pacífica, de buena fe, continua sin interrupción alguna y de

manera pública, respecto del bien inmueble multicitado, solicitando actos de exteriorización del dominio sobre el

inmueble mediante la ejecución de actos que revelan mi comportamiento como dueño mandando sobre él y

disfrutando del mismo con exclusión de cualquier otra persona, realizándole mejoras al inmueble

constantemente e invirtiéndole trabajo y dinero, bajo la creencia fundada de ser legítimo poseedor; constancia

(sic) dicho inmueble de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- ELIMINADO y linda con calle

ELIMINADO, AL SUR.- ELIMINADO y linda con propiedad de la señora ELIMINADO, AL ORIENTE.- ELIMINADO y

linda con calle ELIMINADO, y AL PONIENTE.- ELIMINADO y linda con ELIMINADO propiedad del señor

ELIMINADO. 5.- Manifiesto el domicilio de los señores ELIMINADO Y ELIMINADO (sic), colindantes del inmueble


materia del presente asunto, siendo los siguientes: De la señora ELIMINADO, el domicilio ubicado en la calle

ELIMINADO número ELIMINADO de ELIMINADO San Luis Potosí. Del señor ELIMINADO, el domicilio ubicado en

la calle ELIMINADO sin número de ELIMINADO San Luis Potosí.- 6.- A efectos (sic) de demostrar que dicho

inmueble se encuentra inscrito a nombre del suscrito, anexo como números DOS Y TRES, certificados expedidos

por parte del Instituto Registral y Catastral, Dirección del Catastro, Jefatura de Catastro Zona Altiplano, con los

colindantes actuales, así como de Catastro Municipal de ELIMINADO San Luis Potosí, en los cuales se hace

constar que en un período retroactivo de 10 diez años, se encuentra inscrito a nombre del de la voz, el inmueble

motivo del presente asunto, es decir que no hay más interesados que el suscrito, y con lo mismo se da

cumplimiento a lo establecido en el numeral 922 novecientos veintidós de la Ley Adjetiva Civil Vigente en el

Estado, dado que se demuestra que está empadronado a nombre mío. 7.- Dado que el contrato de

COMPRAVENTA a que me refiero con anterioridad, no es inscribible ante el Registro Público de la Propiedad por

defectuoso, y toda vez que el inmueble mencionado está inscrito a nombre del de la voz, promuevo las presentes

diligencias, o (sic) a efectos de demostrar que he adquirido en virtud de prescripción positiva el bien inmueble

motivo del presente asunto, ya que por regla general en el Registro Público de la Propiedad sólo puede

inscribirse la transmisión de un inmueble que está previamente inscrito, por lo cual se requiere proporcionar los

antecedentes registrales en cumplimiento al principio de tracto sucesivo, y la misma admite una excepción,

prevista en el artículo 52 cincuenta y dos de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro Vigente en

el Estado, que a su vez remite al Código de Procedimientos Civiles Local, cuando el inmueble que pretende

inscribirse no tiene dichos antecedentes, en cuyo caso la ley, prevé el procedimiento especial denominado

INFORMACIÓN AD-PERPETUAM o inmatriculación, que tiene por objeto incorporar un bien inmueble que carece

de antecedentes registrales a Registro Público de la Propiedad. 8.- Por tanto, considerando que en estos casos

no puede cumplirse el principio de tracto sucesivo, es por lo que recurro ante su señoría a realizar este

procedimiento de inmatriculación cumplimiento de los requisitos legales, a fin de acreditar que tengo la posesión

legítima a título de propietario del inmueble motivo del presente asunto; y de que no existe una persona con


mejor derecho, ya que el acto jurídico traslativo de dominio, a través del cual obtuve la posesión es apto para

adquirir la propiedad aunque con vicios en su celebración que impiden sirva de título de propiedad, pero que da

el carácter de originario de la posesión al suscrito. 9.- Ahora bien, dado que la adquisición del dominio del

inmueble motivo del presente asunto no puede producirse en virtud del título viciado, sino por el transcurso del

tiempo y con las condiciones fijadas por la Ley me permito anexar al presente escrito como número CUATRO una

constancia expedida por parte de la Comisión Federal de Electricidad de esta Ciudad, en la cual se hace constar

que se encuentra registrado el suministro de energía eléctrica al inmueble ubicado en la calle ELIMINADO

número ELIMINADO de ELIMINADO San Luis Potosí, (sic) partir del día 01 primero de Septiembre del 2006 dos mil

seis a la fecha, lo anterior a fin de poner de manifiesto el traslado de la posesión pública que tengo del inmueble

motivo del presente asunto. Es así que, ELIMINADO y/o ELIMINADO, compareció a promover en la vía de

Jurisdicción Voluntaria, Diligencias de Información Ad-Perpetuam, para acreditar la posesión, de un bien

inmueble que se encuentra ubicado en la calle ELIMINADO número ELIMINADO entre las calles de ELIMINADO y

ELIMINADO, San Luis Potosí, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- ELIMINADO y linda con

calle ELIMINADO. AL SUR: ELIMINADO y linda con propiedad de la señora ELIMINADO. AL ORIENTE:

ELIMINADO y linda con calle ELIMINADO, y AL PONIENTE: ELIMINADO y linda con ELIMINADO propiedad del

señor ELIMINADO. En cuanto al procedimiento, debe acreditarse que dicho inmueble no se encuentra inscrito,

para lo cual se acompañara el certificado de las oficinas catastrales, que demuestre que el bien no está inscrito,

dentro del término de 10 diez años a la fecha; publicarse un edicto que contenga un extracto de ella en el

Periódico Oficial del Estado, y en el Sol de San Luis, citando por ese conducto a las personas que se crean con

derecho a fin de que comparezcan ante este Tribunal a oponerse, además debe fijarse dicho Edicto en las

puertas de este Órgano Jurisdiccional, así mismo citar y dar vista al C. Agente del Ministerio Público adscrito, al

colindante del inmueble motivo de las Diligencias y al Encargado del Registro Público de la Propiedad. Es así que

de autos se advierte que se realizó la publicación de los edictos ordenados, en la forma y términos que fueron

ordenados por otro lado, se citó y dio vista al Ministerio Público adscrito, así como al Encargado del Registro


Público de la Propiedad, y se notificó de las presentes diligencias a los colindantes sin que hubiera alguna

oposición al trámite de las presentes diligencias por parte de persona alguna. Ahora bien, en cuanto al primer

elemento, consistente en que la posesión que ejerce el promovente recaiga en un bien inmueble no inscrito, ante

las oficinas catastrales, este elemento no se encuentra inscrito, en razón de que si bien el promovente acompañó

las documentales (fojas 5 y 6) consistentes el primero, en el oficio número IRC/DC/JCZA-032/2014, de fecha 27

veintisiete de noviembre del año 2014 dos mil catorce, signado por el C. ELIMINADO, Titular de Catastro Zona

Altiplano de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa

“…Que con base en la búsqueda hecha en el Padrón Catastral, así como en cartografía existente, respecto al

Municipio de ELIMINADO S.L.P., se encuentra inscrito a nombre del C. ELIMINADO, el predio ubicado la (sic) calle

ELIMINADO Esq. ELIMINADO, con clave catastral ELIMINADO, perteneciente al Municipio de ELIMINADO , S.L.P.”

Así como la certificación, en la que el Director de Catastro certifica que al realizar una búsqueda en el padrón

catrastral respecto al Municipio de ELIMINADO S.L.P., se encontró un predio urbano dado de alta en la calle

ELIMINADO esq. ELIMINADO a nombre de ELIMINADO. Documentos que si bien son reconocidos como medios

de prueba acorde a lo dispuesto por los artículos 280 fracción II y 323 fracción II de la Ley Adjetiva Civil, lo cierto

es que los mismos no tienen la eficacia probatoria para acreditar lo que con los mismos se pretende como es

que el inmueble materia de las diligencias no se encuentre inscrito en la (sic) oficinas catastrales a favor de

persona alguna, lo anterior toda vez que no se puede apreciar de la lectura de los citados documentos, lo que se

acredita es que a la fecha de su expedición, se encontró dado de alta el bien inmueble que nos ocupa a nombre

de ELIMINADO con clave catastral ELIMINADO. Pues bien, el numeral 922 del Código Procesal Civil establece.

922.- “Presentada la solicitud, la cual deberá contener la descripción precisa del inmueble de que se trata, y a la

que se acompañará precisamente, certificado de las oficinas catastrales que demuestre que los bienes no están

inscritos, se mandará publicar un edicto que contenga el extracto de ella, en el Periódico Oficial del Estado y en

un diario de los de mayor circulación en el Estado, a juicio del Juez, citando a los que se crean con derecho para

que se presenten a oponerse. También se publicará el edicto fijándolo por diez días en la puerta del juzgado y en


los demás sitios públicos de costumbre. El certificado del Catastro deberá comprender los últimos diez años.”

Precepto legal que dispone que se acompañara precisamente, certificado en las oficinas catastrales que

demuestren que los bienes no están inscritos. Por lo tanto, la certificación de la oficina catastral que se debió de

acompañar debería de demostrar que el bien no está inscrito a favor de persona alguna, requisito que no cumple

los documentos aquí valorados, por lo tanto, estos documentos no tienen la eficacia probatoria para acreditar el

primer elemento de la acción. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis que enseguida se transcribe:

“DOCUMENTALES. VALOR Y ALCANCE PROBATORIO DE LAS. El hecho de que la responsable haya concedido

el valor probatorio a las documentales que la parte actora rindió en el juicio y, a la vez, les haya negado eficacia

para justificar los hechos que con ellas se pretendió, no significa que se haya obrado contrario a lo dispuesto por

los artículos 79 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, y, por ello, que la sentencia

resultara incongruente, toda vez que el valor probatorio de un documento se surte cuando reúne los requisitos

exigidos por la ley, en tanto que su eficacia probatoria implica, que, además de tener calor (sic) probatorio, sea

conducente u (sic) demuestre los hechos que con él se pretendan comprobar.” Novena Época, Instancia:

Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Mayo de 1996,

Tesis: III.1°.C.14 C, Página: 620. Por otro lado, es de decirse que si bien es cierto, el promovente desahogó la

información testimonial con cargo a tres testigos, ELIMINADO, ELIMINADO y ELIMINADO, quienes

comparecieron ante este Órgano Judicial, el día 03 tres de Mayo del año en curso, refiriendo por su orden:

Probanza que se otorga pleno valor probatorio en atención a lo establecido por los artículos 280 fracción VI y 400

de la Ley Procesal Civil de vigencia en el Estado. Sin embargo, pese a que se advierta de sus narraciones que

declararon sobre el hecho de la posesión del bien inmueble materia de las presentes diligencias, de su resultado

es inconducente para justificar que el bien inmueble materia de las presentes diligencias no se encuentra inscrito

a favor de persona alguna. Lo mismo acontece con el diverso documento allegado por el promovente,

consistente en el oficio número DUO040/MAT/0/009/2015, de fecha 07 siete de Mayo del año 2015 dos mil quince,

signado por el Agente Comercial Agencia Matehuala de la Comisión Federal de Electricidad, en la que consta que


el servicio a nombre (sic) ELIMINADO de energía eléctrica, en calle ELIMINADO en la Población de ELIMINADO,

S.L.P. Documentos que si bien son reconocidos como medios de prueba acorde a los (sic) dispuesto por los

artículos 280 fracción II y 323 fracción II de la Ley Adjetiva Civil, del que se hace constar el servicio de energía

eléctrica en el bien inmueble que nos atañe, empero insuficiente para justificar el extremo pretendido. En

consecuencia, no se satisface el primero de los elementos en estudio, por lo que resulta innecesario entrar al

estudio de los diversos elementos para la procedencia de la solicitud, ya que su estudio sería ocioso y no

cambiaría el sentido de la presente resolución, ya que se encuentra satisfecho el primero de los elementos a

demostrar, requisito indispensable para la procedencia de las presentes diligencias. En tal virtud, al no haber

reunidos (sic) los requisitos legales necesarios se declaran improcedentes las Diligencias de Información Ad

perpetuam, promovidas por ELIMINADO y/o ELIMINADO; por lo tanto, no es posible declarar que el mismo se ha

convertido en propietario del inmueble a que se refiere que el mismo se ha convertido en propietario del

inmueble a que se refiere en su escrito inicial, a virtud de la prescripción. Del análisis de la sentencia dictada por

el Ciudadano Juez Ad Quem, meridianamente comprendo que el razonamiento que realizó el mismo para

fundamentar y motivar su resolución, fue el hecho de que el bien inmueble motivo del presente asunto se

encuentra empadronado en la Dirección de Catastro a nombre del suscrito, y que por lo mismo tendía (sic) que

seguir el procedimiento establecido en el numeral 921 novecientos veintiuno de la Ley Adjetiva Civil Vigente en el

Estado, para lo cual considero una fundamentación desafortunada por parte del Juzgador por las siguientes

consideraciones legales: En mi escrito inicial, mencioné y acredité con la documental que anexé que con fecha

10 diez de Octubre del año 2000 dos mil, obtuve la posesión del bien inmueble motivo de las presentes

diligencias a través de un contrato de COMPRAVENTA, lo cual nos hace remontarnos a la Ley aplicable que era la

Ley de Catastro del 21 veintiuno de Marzo del año 2001 dos mil uno, en la cual en su artículo 26 veintiséis

establecía que la inscripción en el Padrón Catastral debería de ser solicitada por los propietarios o poseedores,

es decir no sólo se contemplaba la posibilidad de que fueran los legítimos propietarios con un título

objetivamente válido, sino contemplaba también a los poseedores, el cual para una mejor comprensión


transcribo literalmente en el siguiente sentido: ARTÍCULO 26. La inscripción o actualización en el Padrón

Catastral Municipal deberá ser solicitada por los propietarios o poseedores, en los formatos que para tal efecto

establezca la autoridad catastral municipal, así como la apertura de un expediente en el que se archivarán entre

otros documentos, el plano original del inmueble, detallando las características y su ubicación para facilitar su

localización cartográfica; la elaboración de este plano será a cargo del propietario y deberá ser validado

catastralmente por la Dirección de Catastro Municipal. Cuando los propietarios o poseedores de bienes

inmuebles no presenten en tiempo la manifestación respectiva, la autoridad catastral municipal procederá de

oficio a realizar la inscripción o actualización de que se trata, sin perjuicio de aplicar las sanciones que

correspondan. Posteriormente, en lo que nos interesa con fecha 11 once de Julio del año 2009 dos mil nueve, el

artículo 922 novecientos veintidós de la Ley Adjetiva Civil Vigente en el Estado, fue reformado en el sentido de

que a la solicitud de las diligencias de Información Ad Perpetuam se acompañara precisamente un certificado de

Catastro que deberá comprender los últimos 10 diez años que demuestre que los bienes no estén inscritos, ya

que anteriormente se condicionaba que fuese del Registro Público de la Propiedad, el cual transcribo literalmente

en el siguiente sentido: ART. 922.- Presentada la solicitud, la cual deberá contener la descripción precisa del

inmueble de que se trata, y a la que se acompañará precisamente, certificado de las oficinas catastrales que

demuestre que los bienes no están inscritos, se mandará publicar un edicto que contenga el extracto de ella, en

el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación, a juicio del juez, citando a los que se

crean con derecho para que se presenten a oponerse. También se publicará el edicto fijándolo por diez días en la

puerta del juzgado y en los demás sitios públicos de costumbre. El certificado del Catastro deberá comprender

los últimos diez años. Siendo que dicha reforma aconteció debido a que el 11 once de Julio del año 2009 dos mil

nueve, se publicó la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de San Luis Potosí, en la cual en su

exposición de motivos se estableció que la facultad de expedir las constancias de si una propiedad está inscrita

o no correspondería a Catastro, para lo cual citó el texto literalmente en el siguiente sentido: Al análisis de las

atribuciones que el Registro tiene, y de las que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado le impone, se


considera que la emisión de certificado de no registro de propiedad, es facultad de las oficinas de catastro, ya

sea estatal, o municipales, por ello se reforma el artículo 922 del Código Procedimental Civil, para que sean

únicamente las oficinas catastrales las que lo expidan. Posteriormente con fecha 5 cinco de Junio del año 2014

dos mil catorce se publicó la actual Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y

Municipios de San Luis Potosí, en la cual en su exposición de motivos se estableció la intención del legislador de

vincular las funciones registral y catastral garantizando el patrimonio inmobiliario del Estado, lo cual literalmente

se estableció en el siguiente sentido: Así, con la creación del Instituto se vincularán las funciones registral y

catastral, garantizando el patrimonio inmobiliario en el Estado, por medio de su plena identificación, delimitación

y registro, para lo cual dispondrá de los recursos y las herramientas catastrales, registrales y tecnológicas que

se requieran. Concentrará las funciones públicas relativas a la propiedad inmobiliaria, que integrará y conjuntará

la información jurídica y técnica de los predios. Ahora bien, en mi escrito inicial que presenté ante el Ciudadano

Juez Ad Quem, en lo que nos ocupa manifesté literalmente: 5.- A efectos de demostrar que dicho inmueble se

encuentra inscrito a nombre del suscrito, anexo como números DOS y TRES, certificados expedido (sic) por

parte del Instituto Registral y Catastral, Dirección de Catastro, Jefatura de Catastro Zona Altiplano, con los

colindantes actuales, así como de Catastro Municipal de ELIMINADO, San Luis Potosí, en los cuales se hace

costar que en un período retroactivo de 10 diez años, se encuentra inscrito a nombre del de la voz, el inmueble

motivo del presente asunto, es decir no hay más interesados que el suscrito, y con lo mismo se da cumplimiento

a lo establecido en el numeral 922 novecientos veintidós de la Ley Adjetiva Civil Vigente en el Estado, dado que

se demuestra que está empadronado a nombre mío. 6.- Dado que el contrato de COMPRAVENTA a que me refiero

con anterioridad, no es inscribible ante el Registro Público de la Propiedad, por defectuoso, y toda vez que el

inmueble mencionado no está inscrito a favor de persona diferente al suscrito, promuevo las presentes

diligencias, a efectos de demostrar que he adquirido en virtud de prescripción positiva el bien inmueble motivo

del presente asunto; ya que por regla general en el Registro Público de la Propiedad sólo puede inscribirse la

transmisión de un inmueble que está previamente inscrito, para lo cual se requiere proporcionar los


antecedentes registrales en cumplimiento del principio de tracto sucesivo, y la misma admite una excepción,

prevista en el artículo 52 cincuenta y dos de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro Vigente en

el Estado, que a su vez remite al Código de Procedimientos Civiles local, cuando el inmueble que pretende

inscribirse no tiene dichos antecedentes, en cuyo caso la ley prevé el procedimiento especial denominado

Información Ad Perpetuam o inmatriculación, que tiene por objeto incorporar un bien inmueble que carece de

antecedentes registrales al Registro Público de la Propiedad. Por tanto en base a las documentales públicas

anexas, que tienen pleno valor probatorio se desprende que en un período retroactivo de 10 diez años, la

propiedad motivo del presente asunto no se encuentra inscrita a nombre de persona diferente al suscrito y como

lo manifesté en base a la Ley de Catastro del 21 veintiuno de Marzo del año 2001 dos mil uno, autorizaba

empadronar las propiedades a los poseedores, como en el presente caso es el suscrito, y que actualmente en la

Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se tiene

que cumplir con la prosecución registral; ya que por regla general las condiciones establecidas en los contratos

son específicas y generales, las primeras son propias, inmediatas, esenciales a la relación, como el acuerdo en el

caso de las compraventas sobre la cosa que se vende y sobre el precio en la venta; éstos son los hechos

constitutivos, siendo que las condiciones generales, son las comunes a los negocios jurídicos: la capacidad,

seriedad, consentimiento, comerciabilidad del objeto, etcétera. Éstos no son hechos constitutivos, pero deben

concurrir con los constitutivos para que éstos puedan producir el efecto que les es propio; su falta puede

constituir un hecho impeditivo de la relación y dar lugar a una excepción; razón por la cual en el sentido de que

las condiciones generales de validez de todos los negocios, por lo general, normalmente existen; la falta de tales

condiciones es excepcional. En cambio, las condiciones específicas no son una regla y por tanto su falta no es

excepcional. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, es normal, es regla general que los 2 dos contratantes

tengan capacidad de vender y recibir la venta, que la cosa pueda ser vendida, etcétera; pero que precisamente

las partes de que se trate hayan vendido una cosa determinada, no es la regla, no es un hecho constante de la

vida, sino una circunstancia singular; bajo esta óptica, se concluye que los hechos singulares, específicos deben


ser probados en su caso, y no así los hechos genéricos y constantes. Pero se da el caso de que en la especie, si

bien es cierto la licitud del objeto indirecto de la COMPRAVENTA causa generadora de la voluntad, esto es, la

cosa materia del contrato, no es un hecho constitutivo, pues se trata de una condición general, constante,

normal, cuya falta es excepcional, toda vez que constituye una condición genérica, normal y constante en todo

negocio jurídico, consistente en la licitud del objeto del contrato, y por regla general el numeral 20 veinte

Fracción IV de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis

Potosí, establece la obligatoriedad de que cuando vaya a otorgarse un instrumento público en el que se declare,

reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión originaria de bienes

inmuebles, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que, sin serlo, sea inscribible, el notario ante quien vaya

a otorgarse podrá, a su criterio, o deberá a solicitud de quien pretenda adquirir el derecho, excepto en el caso

previsto en el artículo 2147 del Código Civil, en que el notario estará obligado a hacerlo, dar a la oficina del

Registro, un primer aviso preventivo al solicitar el certificado sobre la existencia de la inscripción en favor del

titular registral, o sobre los gravámenes que reporte el inmueble o derecho o la libertad de los mismos, debiendo

asentar los antecedentes registrales; y a su vez el numeral 48 cuarenta y ocho Fracción I de la Ley en cita

estatuye que toda inscripción que se haga en el Registro asentará la naturaleza, situación y linderos de los

inmuebles objeto de la inscripción, o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse; su medida superficial,

nombre y número si constare en el título, la referencia al registro anterior en donde consten esos datos. Por tanto

en base a lo manifestado en líneas que anteceden, se desprende que el que (sic) ahora el Ciudadano Juez Ad

Quem, me establezca el argumento legal de que debí de haberle acreditado que el inmueble materia de las

presentes diligencias no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad a favor de persona alguna, y al estar

empadronado a nombre del suscrito, ya no cumplí con dicho requisito, me causa perjuicio, pues es lógico que si

en las certificaciones anexas se estableció que en un período retroactivo de 10 diez años no se encuentra

inscrita a nombre de otra persona que el de la voz, es lógico que soy el único interesado, y a fin de lograr una

mejor comprensión las transcribo literalmente en el siguiente sentido: a) Que con base en la búsqueda hecha en


el Padrón Catastral Estatal, así como en cartografía existente, respecto del municipio de ELIMINADO S.L.P., se

encuentra inscrito a nombre del C. ELIMINADO el predio ubicado la (sic) calle ELIMINADO Esq. ELIMINADO, con

clave catastral ELIMINADO, perteneciente al municipio de ELIMINADO S.L.P., el cual cuenta con las siguientes

medidas y colindancias: … Lo anterior comprende un período retroactivo a diez años, con vigencia a partir de

Junio del 2013. b) Que con base a previa búsqueda hecha en el padrón catastral e información existente,

respecto a este municipio de ELIMINADO, S.L.P., se encontró un predio urbano dado de alta en la calle

ELIMINADO esq. ELIMINADO, perteneciente a este municipio. A nombre de (sic) C. ELIMINADO, con clave

catastral ELIMINADO, con las siguientes medidas y colindancias: …. Lo anterior comprende un período de tres

años (2013, 2015). De lo narrado en líneas que anteceden se desprende que el suscrito contrario a lo que

manifiesta el Ciudadano Juez Ad Quem, demostré y acredité: a).- Que el bien inmueble motivo de las diligencias

está empadronado a nombre del suscrito en las oficinas catastrales en base a la Ley de Catastro del 21 veintiuno

de Marzo del año 2001 dos mil uno, en la cual en su artículo 26 veintiséis establecía que la inscripción en el

Padrón Catastral debería de ser solicitada por los propietarios o poseedores. b).- Que con fecha 11 once de Julio

del año 2009 dos mil nueve, se publicó la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de San Luis Potosí,

en la cual en su exposición de motivos se estableció que la facultad de expedir las constancias de si una

propiedad está inscrita o no correspondería a Catastro. c).- Que en base a la reforma mencionada con

anterioridad en esa misma fecha es decir el 11 once de Julio del año 2009 dos mil nueve, se reformó el artículo

922 novecientos veintidós de la Ley Adjetiva Civil Vigente en el Estado, en el sentido de que a la solicitud de las

diligencias de Información Ad Perpetuam se acompañara precisamente un certificado de Catastro que deberá

comprender los últimos 10 diez años que demuestre que los bienes no estén inscritos (Aquí puntualizo que por

lógica lo que buscó el juzgador es que no hubiese otro interesado o a quien se pudiere causar perjuicio). d).- Que

con fecha 5 cinco de Junio del año 2014 dos mil catorce se publicó la actual Ley del Registro Público de la

Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en la cual en su exposición de motivos

se estableció la intención del legislador de vincular las funciones registral y catastral garantizando el patrimonio


inmobiliario del Estado. e).- Que en base a la anterior Ley por regla general el numeral 20 veinte Fracción IV,

establece la obligatoriedad de que cuando vaya a otorgarse un instrumento público en el que se declare,

reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o posesión originaria de bienes

inmuebles, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que, sin serlo, sea inscribible, el notario ante quien vaya

a otorgarse podrá, a su criterio, o deberá a solicitud de quien pretenda adquirir el derecho, excepto en el caso

previsto en el artículo 2147 del Código Civil, en que el notario estará obligado a hacerlo, dar a la oficina del

Registro, un primer aviso preventivo al solicitar el certificado sobre la existencia de la inscripción en favor del

titular registral, o sobre los gravámenes que reporte el inmueble o derecho o la libertad de los mismos, debiendo

asentar los antecedentes registrales; y a su vez el numeral 48 cuarenta y ocho Fracción I de la Ley en cita

estatuye que toda inscripción que se haga en el Registro asentara la naturaleza, situación y linderos de los

inmuebles objeto de la inscripción, o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse; su medida superficial,

nombre y número si constare en el título, la referencia al registro anterior en donde consten esos datos. f).- En

base a las argumentaciones vertidas con anterioridad se desprende que el espíritu de la actual Ley del Registro

Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, es el cumplimiento

estricto del principio de tracto sucesivo, que se refiere a la cadena o secuencia ininterrumpida que debe existir

entre cada uno de los titulares de los derechos inscritos en el Registro Público de la Propiedad, el cual requiere

de proporcionar los antecedentes registrales del inmueble que se pretende registrar, y tiene por objeto asegurar

que el comprador de un bien inmueble lo adquiera de quien tiene el legítimo derecho, con la finalidad de que el

asiento registral se repute verdadero y sea oponible a terceros. Considero aplicable al presente caso los criterios

aislados establecidos en el siguiente sentido: Décima Época. Registro: 160146. Instancia: Primera Sala. Tesis

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Materia (s):

Civil. Tesis: 1a. XI/2012 (9a.). Página: 875. PRINCIPIOS DE FE PÚBLICA REGISTRAL Y DE TRACTO SUCESIVO, SU

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DA LUGAR A ESTIMAR QUE SE ADQUIERE EL INMUEBLE DE SU LEGÍTIMO DUEÑO,

QUE EL ASIENTO REGISTRAL SE REPUTE VERDADERO Y QUE SEA OPONIBLE A TERCEROS. Si bien es cierto


que las inscripciones de los actos jurídicos en el Registro Público de la Propiedad tienen efectos declarativos, y

no constitutivos, también lo es que excepcionalmente puede darse el caso de que la legitimidad en la adquisición

no emane del título de propiedad del vendedor, sino de la fe pública registral, en caso de que un tercero de buena

fe adquiera un bien inmueble a título oneroso de quien aparece como propietario en el Registro Público de la

Propiedad, lo cual se explica ante la inseguridad jurídica que podría ocasionar dejar desamparado al tercero de

buena fe que confió en las inscripciones que constan en el Registro Público de la Propiedad, después de revisar

y de cerciorarse de la documentación e inscripciones correspondientes. Precisamente para evitar ese tipo de

situaciones, es de suma importancia el cumplimiento estricto del principio de tracto sucesivo, que se refiere a la

cadena o secuencia ininterrumpida que debe existir entre cada uno de los titulares de los derechos inscritos en

el Registro Público de la Propiedad, el cual requiere de proporcionar los antecedentes registrales del inmueble

que se pretende registrar, y tiene por objeto asegurar que el comprador de un bien inmueble lo adquiera de quien

tiene el legítimo derecho, con la finalidad de que el asiento registral se repute verdadero y sea oponible a

terceros. Amparo directo en revisión 1669/2011. Candelaria Leura Loredo. 30 de septiembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo

Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Décima Época. Registro: 160655. Instancia: Primera Sala. Tesis

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Materia

(s): Administrativa. Tesis: 1a. CCXLI/2011 (9a.). Página: 206. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CUANDO

EL INMUEBLE QUE PRETENDE INSCRIBIRSE NO TIENE ANTECEDENTES REGISTRALES, DEBE SEGUIRSE EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DENOMINADO INFORMACIÓN AD PERPETUAM O INMATRICULACIÓN

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). La regla general de que en el Registro Público de la

Propiedad sólo puede inscribirse la transmisión de un inmueble que está previamente inscrito, para lo cual se

requiere proporcionar los antecedentes registrales en cumplimiento del principio de tracto sucesivo, admite una

excepción, prevista en el artículo 74 de la Ley del Registro Público de la Propiedad de San Luis Potosí, que a su

vez remite al Código de Procedimientos Civiles local, cuando el inmueble que pretende inscribirse no tiene

dichos antecedentes, en cuyo caso la ley prevé el procedimiento especial denominado información ad perpetuam


o inmatriculación, que tiene por objeto incorporar un bien inmueble que carece de antecedentes registrales al

Registro Público de la Propiedad. En efecto, considerando que en estos casos no puede cumplirse el principio de

tracto sucesivo, el procedimiento de inmatriculación precisa el cumplimiento de diversos requisitos adicionales

al procedimiento normal de inscripción de un inmueble que tiene antecedentes registrales, todos encaminados a

garantizar la seguridad jurídica que debe otorgar el Registro Público de la Propiedad, por lo que involucra una

investigación para que la autoridad se cerciore de que el inmueble no ha sido inscrito antes; que quien pretende

la inscripción tiene la propiedad o posesión del inmueble; y que no exista una persona con un mejor derecho.

Amparo directo en revisión 1669/2011. Candelaria Leura Loredo. 30 de septiembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Por tanto en base a todas las argumentaciones anteriores, considero una

aplicación desafortunada la que realiza el juzgador al considerar que debo llevar a cabo el trámite establecido en

el artículo 921 novecientos veintiuno de la Ley Adjetiva Civil Vigente en el Estado, que a su vez remite al artículo

1101 mil ciento uno del Código Civil, ya que meridianamente en la sentencia que se recurre, se establece que no

se cumplió con el requisito de demostrar que la propiedad no se encuentra inscrita a nombre de persona alguna

por encontrarse empadronada en Catastro a nombre del suscrito, pretendiendo que me demande yo mismo, y

como la prescripción positiva es un medio de adquirir la propiedad contra el dueño, finalidad que resultaría

irrealizable si el poseedor, antes de adquirir por prescripción, ya fuera propietario de la cosa por otro título, pues

está fuera de discusión que nadie puede prescribir adquisitivamente contra sí mismo, pero en el caso que nos

ocupa quedó demostrado de las constancias de autos, que el suscrito estoy pidiendo la usucapión por lo

defectuoso de mi título. A fin de lograr una mejor comprensión de los numerales en que se fundamenta el

Ciudadano Juez Ad Quem, me permito transcribir literalmente en el siguiente sentido: ART. 921.- El que haya

poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlos, y no tenga título de

propiedad o teniéndolo no sea inscribible por defectuoso, si no está en el caso de deducir la acción que le

concede el artículo 1101 del Código Civil por no estar inscrita en el Registro Público de la propiedad de los

bienes en favor de persona alguna, podrá demostrar ante el juez competente, que ha tenido esa posesión,


rindiendo la información respectiva en los términos que se establecen en este Capítulo. ART. 1101.- El que

hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos

por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro

Público de la Propiedad, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por

ende, la propiedad. Lo anterior me causa perjuicio, dado el motivo, fin y sustentos legales de las informaciones

ad perpetuam, las que en principio sólo se decretan cuando se trata de acreditar algún hecho o justificar un

derecho, en los que no tenga interés más que la persona que la solicita, las cuales no pueden surtir efectos

definitivos contra tercero, ni puede ser estimada en juicio contradictorio, como una información testimonial

ofrecida y rendida con arreglo a la ley, puesto que la misma ordena que esa clase de pruebas se rindan siempre

con citación contraria. La usucapión o prescripción positiva (también llamada prescripción adquisitiva) es una

institución jurídica añeja, nacida desde el derecho romano arcaico, cuya finalidad es proteger cierto tipo de

posesión ya que permite que, bajo ciertas condiciones conditio usucapiendi, y transcurrido un plazo de tiempo,

la posesión pueda transformarse en propiedad. Para algunos tutores la posesión se compone de dos elementos:

el corpus (poder de hecho sobre la cosa) y el animus domini (voluntad de poseer como dueño), en tanto que para

otros, encabezados por Ihering, la posesión llevaba implícito el animus, por lo que era el mero poder de hecho

sobre algo ‘un puro hecho que no puede alegar a su favor más que a sí mismo.’. Al margen de que se considere

que el animus domini está o no implícito en la posesión, para la prescripción positiva es un elemento de gran

trascendencia a tal grado que, como veremos más adelante, se le señala expresamente como condición,

independientemente de la posesión misma. El Código Civil Vigente parece haber adoptado la posición que

considera que la posesión lleva implícito el animus (con la salvedad establecida en su artículo 739), al señalar en

su artículo 736: ‘Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el

artículo 739. Posee un derecho el que goza de él.’. El artículo 739 se refiere a una hipótesis también contemplada

desde el derecho romano. Y es que éste, al igual que nuestro derecho, diferenciaba la posesión jurídicamente

protegida de la que no gozaba de tal protección. Uno de los casos sin protección era la posesión del alieno


nomine possidere, es decir, aquel que no tiene posesión propia sino sólo el ejercicio de la posesión de otro,

aquel que reconoce como poseedor a otro y desempeña simplemente el papel de un representante que quiere

tener la cosa no para sí, sino para el propietario. En efecto, recogiendo tal figura el artículo 736 del Código Civil

Vigente, nuestro derecho protege a la posesión en diversas formas, una de ellas es precisamente la prescripción

positiva. Así, en el Código Civil Vigente se establece: ‘Artículo 1080. Prescripción es un medio de adquirir bienes

o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la

Ley.’. ‘Artículo 1081. La adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva. …’.

‘Artículo 1097. Los bienes inmuebles se prescriben: I. En cinco años, cuando se poseen en concepto de

propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente; …’. ‘Artículo 752. Es poseedor de buena fe el que

entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los

vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título

alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho.

Entiéndese por título la causa generadora de la posesión.’. Asimismo, conviene tener presente que el Código

Civil Vigente establece como presunciones relativas a la posesión: ‘Artículo 744. La posesión da al que la tiene,

la presunción de propietario para todos los efectos legales. El que posee en virtud de una derecho personal, o

de un derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario; pero si es poseedor de buena fe tiene a

su favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho poseído.’. ‘Artículo 753. La

buena fe se presume siempre; al que afirme la mala fe del poseedor, le corresponde probarla.’. Al análisis de dos

elementos: la causa generadora de la posesión y el animus domini. La causa generadora de la posesión es aquel

supuesto que genere el derecho a poseer. Ihering afirma que en la mayoría de los derechos, la confusión del

hecho generador con el derecho mismo está excluida por la diversidad misma de los nombres que el lenguaje les

da (por ejemplo: contrato y crédito; testamento y derecho de suceder) pero que, en el caso de la posesión se

designó bajo el mismo nombre lo que era posesión como estado de hecho causa facti y como derecho jus

possessionis, jura possessionis. La causa generadora o causa facti es la situación, motivo o hecho jurídico que


originó la posesión, en primer lugar. Tal causa puede abarcar una gran cantidad de posibilidades, desde aquella

que se funda en la convicción de la existencia de un acto traslativo de dominio (compraventa, cesión, donación,

etc.) hasta creencias que asumen que un bien inmueble que halla (sic) vacante y que es lícita su apropiación.

Desde la perspectiva de la causa facti resulta irrelevante si la creencia o convicción es correcta o fundada, su

único sentido es conocer las condiciones por las que alguien entró a poseer. En efecto, la causa facti es un

hecho y no un derecho: Ihering señala que afirmar lo contrario nos llevaría a confundir un hecho generador del

derecho con su efecto. Y es que la posesión puede engendrar muchas consecuencias jurídicas y puede también

ser ya no la causa, sino la manifestación de determinadas situaciones jurídicas. Dentro de este abanico de

posibilidades tenemos los casos de posesión originada en un acto traslativo de dominio, fundado en un título

perfecto. Como se ve, es éste un caso en el que propiedad y posesión son sinónimos. Bajo este supuesto la

propiedad se manifiesta en toda su realidad, en todo su alcance, precisamente bajo la forma de posesión, por lo

cual ésta goza de la mayor protección jurídica posible. Sin embargo, la posesión inherente a la propiedad no es la

única protegida jurídicamente. Así, podríamos representar tal relación con dos círculos secantes, cada uno de

ellos con campos de aplicación independientes (uno de ellos lo representaría la posesión que no deriva de la

propiedad; el otro muy pequeño y excepcional, sería la propiedad que no tiene posesión), y un campo en el que

se superponen (que sería el caso en el que propiedad y posesión son idénticos). El ámbito de la prescripción

positiva nos lleva al círculo en el que la posesión no es inherente a la propiedad pero que, precisamente a través

de esta figura, puede llegar a serlo. Ahora bien, como dijimos antes, bajo la figura de la prescripción positiva se

protege a la posesión que se generó en una causa que permita ubicarla como posesión originaria, a diferencia de

la posesión derivada. Y la diferencia entre posesión originaria y posesión derivada se haya precisamente en el

llamado animus domini. Por esa razón, la causa facti reviste gran relevancia, ya que a través de ella se puede

determinar si el que posee lo hace como dueño, requisito indispensable para la procedencia de la prescripción

positiva. Además, la causa generadora de la posesión, que según comentamos antes, en términos del Código

Civil es sinónimo de título, también resulta muy importante dado que permite establecer cuando estamos ante un


caso de posesión de buena fe. Esta característica es relevante porque las condiciones para obtener la

prescripción positiva resultan más favorables cuando se trata del poseedor de buena fe (en términos del Código

Civil, aquel que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer o que ignora

los vicios de su título que le impiden poseer con derecho). En materia de prescripción y en lo que interesa, el

Código Civil Vigente establece lo siguiente: “Artículo 1080. Prescripción es un medio de adquirir bienes o de

librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la

Ley.”. Artículo 1081. La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva; la

liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción negativa.”. “Artículo 1082.

Sólo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas

por la Ley.”. “Artículo 1083. Pueden adquirir por prescripción positiva todos los que son capaces de adquirir por

cualquier otro título; los menores y demás incapacitados pueden hacerlo por medio de sus legítimos

representantes.”. Artículo 1084. Para los efectos de los artículos 772 y 773, se dice legalmente cambiada la causa

de la posesión, cuando el poseedor que no poseía a título de dueño comienza a poseer con este carácter, y en tal

caso la prescripción no corre sino desde el día en que se haya cambiado la causa de la posesión.”. “Artículo

1085. La prescripción negativa aprovecha a todos, aún a los que por sí mismos no pueden obligarse.”. “Artículo

1086. Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar la prescripción ganada, pero no el derecho de

prescribir para lo sucesivo.”. “Artículo 1087. La renuncia de la prescripción es expresa o tácita, siendo esta

última la que resulta de un hecho que importa el abandono del derecho adquirido.”. “Artículo 1096. La posesión

necesaria para prescribir debe ser: I. En concepto de propietario; II. Pacífica; III. Continua; IV. Pública.”. “Artículo

1097. Los bienes inmuebles se prescriben: I. En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con

buena fe, pacífica, continua y públicamente; II. En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una

inscripción de posesión; III. En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de

propietario, pacífica, continua y pública; IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las

fracciones I y III, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la


ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de la

finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha

estado en poder de aquél.”. “Artículo 1098. Los bienes muebles se prescriben en tres años cuando son poseídos

con buena fe, pacífica y continuamente. Faltando la buena fe, se prescribirán en cinco años.”. “Artículo 1099.

Cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente,

el plazo para la prescripción será de diez años para los inmuebles y de cinco para los muebles, contados desde

que cese la violencia.”. “Artículo 1100. La posesión adquirida por medio de un delito, se tendrá en cuenta para la

prescripción, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal,

considerándose la posesión como de mala fe.”. “Artículo 1101. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el

tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio

contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la

prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad.”. “Artículo 1102. La sentencia

ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción, se inscribirá en el Registro Público y servirá de

título de propiedad al poseedor.”. “Artículo 1103. La prescripción negativa se verifica por el sólo transcurso del

tiempo fijado por la Ley.”. “Artículo 1104. Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años,

contado (sic) desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento.”.

Lo anterior revela que la llamada usucapión, término que tiene su origen en el derecho romano, no es otra cosa

que la prescripción positiva o adquisitiva de la propiedad, que se obtiene a través de una posesión calificada, por

el término que determine la ley, de forma que tal figura jurídica no actúa instantáneamente sino que es el

resultado de la permanencia en un estado posesorio, el que con el transcurso del tiempo genera derechos que

son regulados y protegidos por la legislación. Así, al constituir el elemento basal de la prescripción, debe

destacarse que en materia civil la posesión constituye el poder de hecho que se ejerce sobre un bien, para su

aprovechamiento total o parcial, y que esa tutela se encuentra protegida a través de distintas disposiciones

jurídicas, proyectándose tanto en las relaciones entre particulares como entre los particulares y los poderes


públicos. La Constitución Federal protege la posesión al determinar, en su artículo 14, segundo párrafo, que:

“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos …”, sino bajo las

condiciones que en dicho precepto se prevén, exigiendo de los particulares un deber de no afectación,

garantizando a través de la obligación positiva de los poderes públicos de impedir la afectación injustificada del

derecho de posesión de otros. En cuanto a la posesión, el Código Civil, en los artículos 736, 737, 739, 740, 744,

749, 752, 753, 769, 770, 771 y 772 establece lo siguiente: “Artículo 736 segundo párrafo. Es poseedor de un bien

el que ejerce sobre él un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 739. Posee un derecho el que goza de

él.”. “Artículo 737. Cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el

derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio,

depositario, u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene

una posesión originaria, el otro, una posesión derivada.”. “Artículo 739. Quien tenga en su poder un bien en

virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de ese bien, y que lo retiene

en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le considera

poseedor.”. “Artículo 740. Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de

apropiación.”. “Artículo 744. La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos

legales. El que posee en virtud de un derecho personal, o de un derecho real distinto de la propiedad, no se

presume propietario; pero si es poseedor de buena fe tiene a su favor la presunción de haber obtenido la

posesión del dueño de la cosa o derecho poseído.”. “Artículo 749. Todo poseedor debe ser mantenido o

restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer. Es mejor la posesión que se

funda en el título, y cuando se trata de inmuebles la que está inscrita. A falta de título o siendo iguales los títulos,

la más antigua. Si las posesiones fueren dudosas, se pondrá en depósito la cosa hasta que se resuelva a quien

pertenece la posesión.”. “Artículo 752. Es poseedor de buena fe el que entra a la posesión en virtud de un título

suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer

con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el


que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Entiéndase por título la causa generadora

de la posesión.”. “Artículo 753. La buena fe se presume siempre; al que afirme la mala fe del poseedor le

corresponde probarla.”. “Artículo 769. Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia.”. “Artículo 770.

Posesión continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios enumerados en el capítulo V, título

VII, de este Libro.”. “Artículo 771. Posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de

todos. También lo es la que está inscrita en el Registro de Propiedad.”. “Artículo 772. Sólo la posesión que se

adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción.”. De lo anterior se

desprende que la posesión es una situación de hecho que es protegida por el derecho y que tiene diversas

consecuencias jurídicas, entre las cuales está la de adquirir derechos de propiedad, aún en contra de título

legítimo. En efecto, la normatividad civil permite adquirir la propiedad de los bienes a quien los hubiere poseído

por el tiempo y con las condiciones exigidas por la misma norma, pudiendo incluso, tratándose de bienes

inmuebles, promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin

de que se declare que la prescripción se ha consumado y que el posesionario ha adquirido la propiedad,

procediendo inscribir la sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción, lo que servirá de

título de propiedad al poseedor. Debe destacarse, sin embargo, que no toda posesión es apta para prescribir,

pues para ello se requiere que cumpla con los requisitos que establece la ley, de forma que la falta de cualquiera

de ellos ocasiona que la posesión resulte inútil para adquirir. Respecto de lo anterior, debe comenzarse por

referir que por disposición expresa de los preceptos normativos aplicables, sólo pueden ser objeto de posesión

las cosas y los derechos que sean susceptibles de apropiación, y que sólo pueden prescribir los bienes y

obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas por la ley. De igual forma, sólo

pueden adquirir por prescripción positiva todos los sujetos que son capaces de adquirir por cualquier otro título.

Por otro lado, la posesión para ser apta para prescribir, debe ejercerse en forma pacífica, continua, pública y por

el tiempo que determina la ley. Así, a la cualidad de posesión pacífica se opone el vicio de la violencia, que no

debe existir en todo el tiempo en que aquella se ejerza; a la de posesión continua se opone la interrupción, y a la


de posesión pública se contrapone la clandestinidad o posesión oculta que es aquella que no se ejerce a la vista

de todo el mundo. En cuanto al tiempo para que opere la prescripción, en tratándose de bienes inmuebles, la ley

establece que la posesión deberá ser por cinco años, cuando se posea con buena fe, y en diez años cuando la

posesión sea de mala fe, lo que adquiere relevancia pues evidencía que el legislador determinó que la posesión

de mala fe no es un vicio que impida la prescripción sino que tan sólo es una circunstancia que influye para

aumentar el término para que tal figura opere. Ahora bien, dice el artículo 752 del Código Civil, que es poseedor

de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer, y que

también lo es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Resulta aplicable la tesis

de la Séptima Época, Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 63, Cuarta

Parte, página 36, que es del siguiente tenor: “PRESCRIPCION POSITIVA. ES POSEEDOR DE BUENA FE EL QUE

IGNORA LOS VICIOS DE SU TITULO. Si el poseedor hace valer la prescripción positiva y funda el origen de su

posesión en un título viciado de nulidad, si ignoraba tal vicio debe estimarse como poseedor de buena fe y

suficiente, si se reúnen los demás requisitos legales, para fundar la usucapión.”. La buena fe se contrapone al

dolo; es compatible con el error y descansa en la convicción de no dañar el derecho de otra persona, como

creencia derivada de la confianza en una situación aparente y por la ignorancia de la situación real, siempre y

cuando tal ignorancia no sea inexcusable. En efecto, el poseedor de buena fe está impulsado por la ignorancia de

los vicios de su posesión o por la creencia de que posee con legitimidad pues desconoce lo que realmente es y

lo que normativamente le corresponde, y a esa buena fe la ley le otorga un efecto jurídico distinto del que

correspondería si no existiere. Por otra parte y como contrapartida a la buena fe, el mismo ordenamiento

establece que es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer, al igual que el que

conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho, o el que, aun entrando a poseer de buena fe,

después de conocer tales vicios continua con el ejercicio de la posesión. Debe destacarse que la ley le otorga

efectos adquisitivos a la posesión ilícita e incluso a la que provenga de un delito, pues por disposición expresa

en el Código Civil (artículos 1099 y 1100), cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, cuando ésta


cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de diez años para los inmuebles y

de cinco para los muebles, contados desde que cese la violencia. De igual forma, la posesión adquirida por

medio de un delito, se tendrá en cuenta para la prescripción, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida

la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe. Sentado lo anterior, procede

entrar al análisis de otro requisito esencial para la operancia de la prescripción adquisitiva, el cual consiste en

que la posesión debe hacerse “en concepto de dueño”, según el artículo 752 del Código Civil, debiendo resaltar

que la norma no dice “con justo título”, los Códigos Civiles Federales anteriores al vigente, establecían que la

posesión apta para prescribir debía estar fundada en “justo título”, entendiéndose por tal aquel que es bastante

para transferir el dominio (artículo 1188 del Código Civil del Distrito Federal de 1870 y artículo 1080 del Código

Civil del Distrito Federal de 1884). En efecto, el Código Civil de 1884 mil ochocientos ochenta y cuatro, en su

artículo 1079, establecía que para que se actualizara la prescripción adquisitiva era menester que la posesión se

fundara en justo título y, además, que fuera de buena fe, pacífica, continua y pública. Asimismo, el artículo 1080

del mismo código determinaba que justo título es el que fundadamente es bastante para transferir el dominio. Por

último, el artículo 1081 del citado cuerpo de leyes, establecía que el que alega la prescripción debe probar la

existencia del título en que funda su derecho. De lo anterior se desprende que el justo título comprendía dos

supuestos, a saber: a) Aquel que transmite el dominio y que, por tanto, constituye un título de propiedad

(Formalidad en Escritura Pública) y b) Aquel que en principio sería apto para transmitir el dominio pero que,

debido a un vicio ignorado por el adquirente, sólo le transmite la posesión (Contrato-Privado). Por otro lado, se

encuentra el título subjetivamente válido, que también es “justo título”, y que es el que se cree fundadamente

suficiente para adquirir el dominio, aunque en realidad no sea bastante para esa adquisición, siempre y cuando

esa creencia del poseedor descanse en un error fundado; es decir, no debe existir mala fe, debiendo destacar

que en este caso sí podría operar la prescripción. Sin embargo, en nuestro actual Código Civil Vigente se eliminó

el justo título del texto de la ley, de forma que ahora se puede poseer con título, objetiva o subjetivamente válido;

sin título, o hasta en virtud de un acto ilícito o de un delito, siempre y cuando la posesión se ejerza en “concepto


de dueño”. Aplica a lo anterior el criterio de la Sexta Época, Tercera Sala, consultable en el Semanario Judicial de

la Federación, Volumen XXIX, Cuarta Parte, página 132, que dice lo que a continuación se transcribe:

“PRESCRIPCION POSITIVA. BUENA FE. En el Código Civil Mexicano vigente, el artículo 1151 elimina el concepto

de la buena fe, porque con mejor doctrina que el Código Civil de 1884 y el código español, ha partido de la teoría

objetiva de la posesión y del supuesto general de que se puede usucapir, tanto si se entra en la posesión con

buena como con mala fe, en el concepto de que en cada hipótesis deben llenarse condiciones especiales.”. En tal

virtud, en términos de la legislación civil vigente, el título por sí solo no da lugar a la prescripción adquisitiva, la

cual tampoco requiere “justo título”, pues lo que realmente se requiere para la operancia de tal figura jurídica es

el mantenimiento de la situación posesoria, aún cuando no exista título que la legitime, pues el derecho no sólo

regula la prescripción cuando fundadamente existe la creencia de quien posee que lo hace con legitimidad –

como ya quedó apuntado – sino que permite aquella en la que existe la plena conciencia de que se posee sin

tener derecho a ello, y otorga efectos adquisitivos incluso a la posesión ilícita o delictuosa, pues es el

mantenimiento de la situación posesoria calificada, por el término de ley, el único fundamento de la adquisición.

En tal tenor, para que se realice la prescripción, concurriendo las demás condiciones, basta con que el

prescribiente posea en concepto de propietario, y ya no es exigible que posea conforme a un título que

efectivamente le haya transmitido el dominio, que es lo que constituye propiamente un “justo título”, pero el

hecho de que no exista esa exigencia, tampoco puede hacer nugatorio su derecho, bajo el principio jurídico de

que quien puede lo más, puede lo menos, ya que resulta absurdo el requerir al accionante de una acción

prescriptiva, el que no tuviera un Título Objetivamente Válido. Dicho en otras palabras, la prescripción positiva es

un medio de adquirir la propiedad contra el dueño, finalidad que resultaría irrealizable si el poseedor, antes de

adquirir por prescripción, ya fuera propietario de la cosa por otro título, pues está fuera de discusión que nadie

puede prescribir adquisitivamente contra sí mismo. Luego, es pertinente advertir que las nociones de justo título

mencionadas en los Códigos Civiles abrogados, no son enteramente coincidentes con el actual concepto que se

contiene en la parte final del artículo 752 del Código Civil vigente, el cual establece: “Entiéndese por título la


causa generadora de la posesión.”, pues es claro que el concepto de título puede no ser “justo”, al abarcar,

incluso, a la posesión de mala fe. Por tanto, en términos de la legislación actual se entiende por título – sin

necesidad de que sea justo – la causa generadora de la posesión; es decir, el acto o fundamento que da origen a

la posesión, el cual puede ser objetivamente válido para transferir el dominio; subjetivamente válido por originar

una creencia fundada respecto de la transmisión del dominio, o basarse, incluso, en la mera creencia de que es

válido posesionarse de un bien que no es propio, con el objeto de adquirir la propiedad sobre el mismo (mala fe).

Debe destacarse que si bien es cierto que el justo título ya no resulta absolutamente necesario para prescribir,

también lo es que no ha sido desterrado enteramente del Código Civil vigente, en la medida en que previene que

es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho a poseer,

así como el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Lo que constituye propiamente

el “justo título”, dando en estos casos un régimen más benéfico para obtener la posesión. Así, cuando se invoca

el “justo título” como causa de la posesión, por tratarse de un supuesto privilegiado para usucapir, es necesario

acreditarlo, y no solamente revelar el origen de la posesión y afirmar que se posee a título de dueño. Por tanto, la

posesión ejercida en concepto de dueño es apta para adquirir por prescripción aún cuando no exista “justo

título, y en estos casos únicamente debe acreditarse la causa generadora de la posesión, pues de no ser así el

Juez estaría imposibilitado para establecer si la posesión originaria (que se ejerza en concepto de dueño) o

derivada (que se ejerza en nombre de alguien más), ni podrá saber si es de buena o de mala fe y a partir de qué

momento debe contarse el plazo para usucapir. En el tenor expuesto, cuando se posee de mala fe basta que el

posesionario pruebe el origen de su posesión, si bien no como un acto traslativo de dominio, que puede ser

fundado o no, si como un hecho jurídico que produce consecuencias de derecho, siempre y cuando se comporte

ostensible y objetivamente como propietario mediante la realización de actos que revelan su dominio y mandato

sobre la cosa para hacerla suya, aunque carezca de justo título jurídicamente hablando. Aplican a lo anterior los

criterios que a continuación se reproducen: “PRESCRIPCION ADQUISITIVA. POSESION PARA LA. Quien alega la

usucapión debe manifestar el hecho que generó la posesión para que el juzgador esté en aptitud de estimar si se


trata de una posesión original o derivada. Es esencial conocer el hecho o acto que engendró la posesión, incluso

para computar el término legal que corresponda al caso de que se trate de una posesión de buena o mala fe, si se

adquirió por medios violentos o de un delito.”. Quinta Época, Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de

la Federación, Tomo CXXXII, página 425, del siguiente tenor. “POSESION APTA PARA PRESCRIBIR. Conforme al

artículo 1151 del Código Civil del Distrito Federal, la posesión necesaria para prescribir debe ser: ‘I.- En concepto

de propietario; II.- Pacífica; III.- Continua; IV.- Pública’. Ahora bien, para que se justifique el primer requisito o sea

la posesión en concepto de propietario no basta la afirmación del actor de que posee como dueño, sino que debe

manifestar y probar el origen de esa posesión, tanto para que el juzgador pueda determinar si la posesión es

originaria como para computar el término de la usucapión. Es cierto que el primer párrafo del artículo 798

establece que la posesión da al quejoso que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales,

pero aquí la ley se refiere al poseedor originario; corresponde pues al actor justificar fehacientemente su

posesión en concepto de dueño, y para esto es indispensable dar a conocer el hecho o acto generador de la

posesión para que el Juez establezca la calidad de la posesión y así pueda computar el término de la

prescripción, bien que la posesión sea de buena o mala fe, y aún por causa de delito.”. Séptima Época, Tercera

Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 33, Cuarta Parte, página 29, que dice lo

siguiente: “PRESCRIPCION POSITIVA. POSESIÓN EN CONCEPTO DE PROPIETARIO PARA LA PRESUNCION DE

PROPIEDAD EN VIRTUD DE LA POSESION. El artículo 826 del Código Civil previene que sólo la posesión que se

adquiere en concepto de dueño de la cosa poseída, puede producir la prescripción. Así, el concepto de

propietario es un elemento indispensable para prescribir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1151,

fracción I, del código citado, y, por tanto, debe demostrarse revelando cuál fue la causa generadora de la

posesión, pues para usucapir es imprescindible señalar el hecho o el acto que la originó y cuándo ocurrió, a fin

de que sea posible determinar la naturaleza de dicha posesión, o sea si es originaria o derivada, de buena o mala

fe, y cuál deba ser el tiempo de su duración para que se consuma la prescripción positiva. Además, es necesario

acreditar el hecho o el acto en que se afirme que consistió la causa generadora de la posesión, tal como una


enajenación, una donación, una herencia, o cualquier otro medio de adquirir, aun delictuoso, como robo o

despojo, y no el de una mera tenencia, o disfrute de la cosa, que obedezca a una relación de arrendamiento,

comodato, depósito o prenda. Ciertamente, el artículo 798 del Código Civil dispone que la posesión da al que la

tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales; pero esto, jurídicamente debe interpretarse en

el sentido de que la posesión produce la presunción de propiedad porque es la manifestación del ejercicio de

dominio, presunción que es juris tantum, o sea que admite prueba en contrario, y así debe tenerse como cierta,

sólo mientras no se demuestre lo contrario, esto es, que quien la tiene a su favor, no es propietario, por no ser un

poseedor originario sino derivado o mero detentador.”. Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la

Federación, Volumen XXII, Cuarta Parte, página 339, de rubro y texto siguientes: Lo anterior lleva a concluir que

la noción de que la posesión debe ejercerse “en concepto de dueño” implica que el poseedor se conduzca como

propietario, de manera indiscutible y objetiva, susceptible de apreciarse por los sentidos, frente a todo el mundo,

ejerciendo un poder indiscutible para hacer suya la cosa desde el punto de vista de los hechos, aún cuando

carezca de título justo, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Ahora bien, de las constancias que obran

en autos del expediente que nos ocupa, se desprende que el suscrito cumplió con todos y cada uno de los

elementos necesarios para que prosperara mi acción y de manera particular los establecidos en los artículos 772

y 1096 del Código Civil, los cuales para una mejor comprensión se transcriben: “‘Artículo 772. Sólo la posesión

que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción.’. “Artículo

1096. La posesión necesaria para prescribir debe ser: I. En concepto de propietario; II. Pacífica; III. Continua; IV.

Pública.”. Según el transcrito la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de propietario, en

forma pacífica, continua y pública, que esa posesión que se disfruta en concepto de propietario debe

manifestarse ostensiblemente de manera indiscutible y objetiva, susceptible de apreciarse por los sentidos,

mediante la ejecución de actos continuos y públicos que revelen que el poseedor es el dominador de la cosa, el

señor de la misma, el que manda en ella como dueño frente a todo el mundo, que no ha sido interrumpida y que

la tiene en forma pacífica, lo cual de acuerdo a los testimonios rendidos por parte de los testigos que presente,


así como de las documentales. Por tanto de lo relatado en línea anteriores, se llega a la conclusión que los

elementos que deben de estar probados por parte del suscrito son: a) Que demuestre la causa generadora de la

posesión, lo que implica revelar el acto que la originó, la fecha y el lugar exactos en que tuvo verificativo, los

sujetos que intervinieron y la materia del mismo; b) Las cualidades de su posesión, es decir, que ha ejercido la

posesión a nombre propio, de manera pública, pacífica, continua y por diez años si es de buena fe o veinte si es

de mala fe; Con (sic) los puntos analizados, se llega a la conclusión de que el Ciudadano Juez Ad Quem, violó en

mi perjuicio el principio de congruencia de las sentencias que establece el artículo 81 del código procesal civil

vigente, que implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir

las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos

aducidos tanto en la demanda, y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que

se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran

sido materia del debate, y en el caso que nos ocupa se limitó a decidir que la acción ejercitada era improcedente

sin analizar debidamente cada uno de sus elementos, considerando aplicable la siguiente Jurisprudencia. 9�

supremo tribunal de justicia sentencias que ......2016/09/26 · nÚmero de toca fecha en que se...

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