Sobre el ingreso democrático.

Desde sus comienzos, la Centeno Derecho lleva adelante una intensa labor en lo que respecta al ingreso democrático en la justicia. Ya sea proponiendo un sistema que pugne por la igualdad en las POSIBILIDADES del acceso a un cargo, como así también, en una elección que sea definida por la IDONEIDAD del postulante –y no a un favoritismo sectario-. Pero como agrupación estudiantil, sabemos que la mayor tarea a llevar a cabo es la de CONCIENTIZAR. Es por eso que nuestra lucha tiene como primer objetivo poner “EN AUTOS” a los ingresantes de la carrera de Derecho sobre lo que acontece en el CAMPO JUDICIAL. Nuestra tarea no se agota con el reclamo de un INGRESO DEMOCRATICO, sino que se complementa con una constante tarea de CAPACITACION que se ofrece a los estudiantes. Desde informar sobre el lugar y las fechas para rendir los exámenes, hasta la entrega de modelos de referencia y material para poder presentarse a rendir. Pero tampoco nos conformamos con eso, y apostamos a que el Estudiante de Derecho conozca el Poder Judicial por dentro, brindado cursos sobre el funcionamiento de una dependencia Judicial.Pero todo lo anterior toma sentido cuando se lo acompaña con una lucha aún más grande. La sanción en 2013 de la ley de ingreso democrático al Poder Judicial (ley nro. 26.861) fue la cristalización de esa lucha, que se dio durante largos años en distintos lugares vinculados al campo jurídico. Impulsado en los últimos años por la “La Centeno Derecho”, Aprobado el texto de la ley por el Congreso Nacional y promulgado por la Presidenta, todo hacía pensar que el 2014 sería el año del Ingreso Democrático a la Justicia. 

Contario a nuestros pronósticos, la implementación de la ley de ingreso democrático solo funciono para juntar postulantes en filas interminables por todos los Tribunales Nacionales. Una postal alentadora para quienes vemos en el ingreso democrático una herramienta para llevar adelante la transformación de la Justicia. Pero para nuestro lamento y el de muchos que se ilusionaron con la posibilidad de ingresar al Poder Judicial, fue todo PARA LA FOTO. El sistema precario y descentralizado que se utilizó para la inscripción durante el mes de marzo, la largas filas, la falta de un sistema informático unificado para anotarse, son un claro ejemplo del interés de las Cámaras por desmotivar la participación de los postulantes.La demora en el llamado a exámenes se puede explicar solamente desde la falta de voluntad política para erradicar la arbitrariedad en el Poder Judicial y la especulación de que entorpecida su instrumentación, la aplicación real quede suspendida en el tiempo.

Con un panorama similar o aun peor, la cuestión del ingreso democrático tiene implicancias en otras dependencias anexas al Poder Judicial. Es el caso del Ministerio Publico Fiscal. Cuando se aprobó el reglamento de ingreso al Ministerio Público Fiscal, o sea en

el órgano a cargo de todas las fiscalías del país,  manifestamos que “en su articulado se encuentra un sistema que no limita de forma adecuada la discrecionalidad de los Magistrados sino que la condiciona mínimamente”. Con ello, hacíamos referencia a  la posibilidad que se les brinda a los funcionarios de elegir, luego de realizado el sorteo de los postulantes, entre diez personas a las cuales les podrán tomar una entrevista privada. Esta posibilidad desvirtúa el espíritu de la ley ya que permite al fiscal elegir al personal por cuestiones ajenas a la idoneidad, único requisito planteado por la Constitución Nacional para acceder al empleo público.

Por ejemplo, un fiscal puede pretender que en su Fiscalía se desempeñe un hombre y no una mujer. Este sistema lo permite! Hay fiscales que pueden querer solo estudiantes de derecho de facultades privadas o que vivan en tal o cual barrio. También pueden hacerlo! Elegir entre diez permite todas estas variables y más.

Pero esto no resultó ser lo más preocupante de la implementación: en su oportunidad también referimos que el reglamento dejaba sin regulación todo lo que ocurre en el ámbito de la Procuración General de la Nación y las fiscalías especiales, ámbitos en los cuales en lo que va del año ingresaron más de 250 personas con cargos altos y sin concurso. Lo alarmante es que ese número elevado de ingresos arbitrarios se contrapone a lo que ocurre con los concursos en fiscalías ordinarias: mediante dicho sistema ingresaron sólo 3 personas.

La situación analizada se ve agravada con el proyecto aprobado recientemente en el Congreso del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.  El mismo cuenta con un anexo que crea una nueva estructura de Fiscalías, generando aproximadamente 1600 cargos. Pero lejos de convertirse en una oportunidad de ingreso para los estudiantes de derecho, el proyecto crea cargos que se encuentran por fuera del escalafón y por lo tanto no son concursables. O sea, que ante una nueva oportunidad histórica de generar una democratización real de la institución y que ingrese gente por idoneidad, se define repartir los cargos mediante la designación directa, o como se suele decir, “a dedo”

Es decir, pueden ingresar sin ningún proceso de selección de idoneidad. ¿No sería la aplicación del nuevo sistema acusatorio un momento para que los estudiantes tengamos la posibilidad de concursar para ejercer funciones profesionales tan importantes? También haremos llegar nuestra voz desde la Facultad para que este ingreso sea monitoreado y plantear que esos cargos deben ser concursados.

Y como cierre de un año de arduo trabajo, llevamos a un escalón más alto nuestra lucha contra la arbitrariedad, y fue así que en el mes de diciembre, se presentó ante a las Cámaras de Apelaciones de los distintos fueros, un oficio en representación de los Estudiantes de la Facultad. En dicho documento se plasman nuestros mayores intereses y preocupaciones como agrupación. Es por eso que se les solicita que den información de cómo se está llevando adelante la implementación de la Ley de Ingreso Democrático, pidiendo que hagan CESAR el estado de incertidumbre generado en los postulantes.

La experiencia vivida demuestra que cuando hay voluntad política es posible instrumentar los mecanismos para que todos los sectores de la población que se hayan formado en lo jurídico y tengan vocación de servicio público puedan hacerlo o al menos encontrarse en igualdad de condiciones. Así se desarticula la práctica generalizada del contacto, el apellido y la filiación política como criterio preponderante para ser judicial.

Aparte, sólo ello es lo que permitirá que el día de mañana, la justicia cuente en los lugares decisorios con integrantes de diferentes espectros sociales, visiones políticas y que, por lo tanto, haya pluralidad de miradas, requisito indispensable para una justicia más justa, representativa y  cercana al pueblo.