sistema de responsabilidad penal juvenil en america latina

5/7/2018 Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en America Latina - slidepdf.com

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SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL EN AMERICA LATINA

OBJETIVO GENERAL: Conocer y describir los diferentes sistemas de responsabilidad penal juvenil en América latina.1.- DEFINICIÓN.- La justicia penal adolescente es un sistema de administración de justicia queextiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse dehaber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. Ahora bien, lo queverdaderamente caracteriza al derecho penal de adolescentes es la finalidad educativa ysancionadora de la pena, lo que, en primer lugar, permite la reparación del daño causado encualquier fase del procedimiento y consecuentemente el archivo de la causa y, en segundo,aconseja la menor restricción de derechos posible a la hora de imponer la sanción, siendo laprivación de libertad el último recurso y sólo para infracciones muy graves.2.- JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA.2.1 EL NACIMIENTO DE LA JURISDICCION ESPECIALIZADA. ¿Porqué los adolescentesdeben tener derecho a una justicia especializada?La Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing para la Administración deJusticia de Menores recomiendan la organización de una justicia especializada, flexible y diversa,para juzgar a las personas menores de 18 años. Su razón de ser está en el reconocimiento de la

adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evoluciónintelectual, emocional y moral, sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, loque facilita, si se intervine a tiempo, la recuperación del sujeto infractor en una proporciónsuperior a la de los delincuentes mayores de edad.La psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una persona en desarrollo que noha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que vive. Esto no significaque sea incapaz de discernir y que, por tanto, resulte irresponsable, sino que, por las razonesanteriormente expuestas, la reacción social frente a sus actos delictivos no debe ser de castigosin más, debiéndose procurar su integración social y evitar en todo momento que sea privado desu derecho fundamental a la educación.2.2 LOS TRIBUNALES DE MENORES EN AMÉRICA LATINA.

Los hechos hasta aquí sucintamente relatados, que llevaron a la creación del primer tribunal demenores en los EE.UU. en 1899, no influenciaron directamente los desarrollos latinoamericanosen este campo. La idea ( y en menor medida la practica) del Tribunal de Menores de Illinois , fueexportada en primer lugar y con éxito al contexto europeo : entre 1905 y 1921, prácticamentetodos los países europeos crearon su jurisdicción especializada para menores de edad siguiendoel ejemplo de Illinois . Es desde Europa que las nuevas ideas desembarcan en América Latina, ylo hacen en el país en que la influencia y el desarrollo de la ideología positivista alcanza en laépoca su máximo desarrollo: la primera ley especifica de menores en América Latina es la LeyAgote de Argentina de 1919 (actualmente vigente a pesar de su carácter flagrantemente violatoriode la Convención Internacional de los Derechos del Niño). Resulta casi obvio afirmar aquí, quedesde 1919 hasta nuestros días, la política social para la infancia ha estado sujeta a profundas

variaciones tanto de tipo cuantitativo, cuanto de tipo cualitativo. Sin embargo, no puede decirse lomismo para el plano de la política jurídica o lo que es lo mismo, para el plano de la evoluciónlegislativa. Desde 1919 hasta 1990, las leyes de “menores” han permanecido invariables (5).Es recién a partir de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en1989, que el viejo paradigma de la situación irregular que inspiraba a las viejas legislaciones demenores comienza a ser colocado en crisis, primero en el plano cultural y luego en el plano masestrictamente jurídico. Pero la CIDN no solo transforma el futuro de los derechos de la infancia,sino que muy especialmente reformula el pasado del (no) derecho de menores. En formaretroactiva, la CIDN permite poner en evidencia el carácter flagrantemente inconstitucional detodas las leyes de “menores” desde 1919 hasta nuestros días. Ratificada la CIDN (por todos lospaíses de América Latina) la vigencia simultanea de las viejas leyes planteo un caso que sindemasiada exageración podría denominarse de esquizofrenia jurídica. Los diversos procesos dereforma legislativa destinados a adecuar las leyes nacionales al espíritu y al texto de la CIDN,constituyeron un esfuerzo también para superar la situación anteriormente descrita. A partir de1990, prácticamente todos los países de la región han estado involucrados en procesos de



reforma legislativa con mayores o menores niveles de participación social. Desde 1990 hasta hoy,con mayor o menor calidad técnico-jurídica 12 países de la región han completado sus procesosde reforma y un numero significativo se encuentran en una etapa inminente de aprobación (6). Talcomo lo indica la experiencia, la CIDN no solo ha cambiado los contenidos de las leyes para lainfancia, sino que además ha cambiado los procesos de su producción. De simples yrudimentarias leyes construidas corporativamente (en general por los jueces de menores) sinningún tipo de debate público, las nuevas leyes para la infancia constituyen instrumentos jurídicosde alta calidad técnica que por lo demás constituyen el resultado de amplios procesos de debatepúblico.Según las áreas que abarquen, las reformas aprobadas o en curso pertenecen a una de estasdos categorías: completas o parciales. Mientras el carácter completo de una reforma se refiere aque la misma abarque todas las áreas vinculadas con la infancia, las reformas parcialesconforman los nuevos Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ).3.- ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SITEMAS DE RESPONSABILIDAD PENALJUVENIL EN AMERICA LATINA.Los SRPJ en América Latina, constituyen una construcción jurídica con un fuerte carácter autóctono con tres fuentes jurídico-filosóficas diversas de inspiración: a) la CIDN; b) el garantismopenal y c) los principios del derecho penal mínimo.

a) La CIDN, la influencia de la CIDN se refiere específica y explícitamente a los claros principios,procesales y de fondo, contenidos en sus artículos 37 y 40.b) El garantismo penal, se refiere tanto al Constitucionalismo de los Derechos Humanos, cuanto aun cultura que “toma en serio los derechos” (para sintetizarlo con la feliz expresión de RonaldDworkin).c) Los principios del derecho penal mínimo. Se refiere básicamente - para expresarlo en la agudaformulación de Luigi Ferrajoli (7) - a aceptar como legitima la intervención del derecho penal, solocuando la misma produce (o potencialmente podría producir) una disminución de los nivelespreexistentes de violencia. Por el contrario, el mismo principio desaconseja (y deslegitima) laintervención penal, cuando la misma aumenta (o potencialmente podría aumentar) los nivelespreexistentes de violencia.

A partir de estas coordenadas jurídico-filosóficas y tomando en cuenta el principio de la CIDN queestablece que el ejercicio de sus derechos se realizara de un modo conforme a la evolución desus facultades (Art. 14 punto 2.), los SRPJ comienzan por establecer una distinción y reconocer jurídicamente algo que el sentido común y la psicología evolutiva han entendido hace ya muchotiempo: que no es lo mismo un ser humano de 3 anos, que un ser humano de 17 anos. Así losSRPJ parten de reconocer la diferencia entre niños y adolescentes colocando los límites de estadistinción nunca por debajo de los 12 anos y en general nunca por encima de los 14 anos. Deeste modo, en el contexto de los SRPJ los niños no solo son inimputables sino que ademásresultan irresponsables penalmente. Los adolescentes, en cambio, son al igual que los niñospenalmente inimputables, siendo, sin embargo, penalmente responsables.Mientras la distinción entre responsabilidad e irresponsabilidad penal no necesita de ulteriores

explicaciones, la diferencia entre responsabilidad penal e imputabilidad es necesaria y remite atres aspectos fundamentales:a) el mecanismo y normas procesales b) el tipo de medidas y c) ellugar de cumplimiento de las medidas.Antes de pasar a una mención un poco mas detallada de los puntos arriba señalados, me pareceimportante dejar en claro, en que no se diferencian los conceptos de responsabilidad penal eimputabilidad. En ambos casos, el código penal (y eventualmente las leyes conexas) son losúnicos parámetros objetivos para determinar la existencia de un delito (imputabilidad) o de unainfracción penal (responsabilidad). Un SRPJ presupone la mas completa eliminación delconcepto, ambiguo y antigarantista de “acto o conducta antisocial”. En el nuevo contexto no setrata mas de la consideración del “menor antisocial” como una vaga categoría sociológica, sinopor el contrario del adolescente infractor entendido como una precisa categoría jurídica. Solo esinfractor quien ha violado un dispositivo considerado como crimen o falta por las leyes nacionalesy ha sido juzgado con el más estricto respeto de las garantías procesales y de fondo.a) Los mecanismos y normas procesales: resultan en general más ágiles y abreviados que las normasprocesales para los adultos; sin por ello perder de vista la necesidad del respeto más riguroso de lasgarantías.



b) El tipo de medidas: las medidas socio-educativas al igual que las penas, constituyen un mal y un biennegativo (si constituyeran un bien habría aplicárselo a todos los adolescentes y no solo a los infractores),caracterizándose, sin embargo, por la brevedad, por el predominio de las alternativas a la privación delibertad y por ultimo por el predominio de los aspectos de carácter pedagógico por sobre otros aspectos decorte retributivo.c) El lugar de cumplimiento de las medidas: esta característica presupone, sin excepción, la más estrictaseparación entre adultos y adolescentes.Los procesos de construcción jurídica de SRPJ no han sido en absoluto una tarea fácil. Mas difícil aun

resulta su implementaron y defensa. Los déficit de implementaron, producto de la todavía baja prioridadpolítica y presupuestaria otorgada a este tema por los gobiernos, pretende “resolverse”, sobre todo encoyunturas electorales, con maniobras demagógicas de carácter simbólico ( aumento de las penas, bajade la edad de la imputabilidad, desmantelamiento de las garantías (7), etc.). Por otra parte, y ante la masabsoluta falta de información cuantitativa confiable en relación a delitos cometidos por menores de edad,los medios de comunicación han sido muy “eficientes” en identificar en toda la región el problema de laseguridad ciudadana, con una borrosa e impresionista violencia juvenil. De lo que no cabe dudas es que eltratamiento de la cuestión del adolescente infractor constituyeUno de los termómetros mas sensibles para medir la calidad y cantidad de vida democrática en un país.De lo que se trata en realidad, es de resolver la delicada ecuación que resulta de asegurar simultáneamente el inalienable derecho del individuo ( en forma absolutamente independiente de su edad)a todas las garantías que consagra el Estado de Derecho democrático, con el inalienable derecho de la

sociedad a su seguridad colectiva.4.- FINALIDAD DE LOS SITEMAS DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL EN AMERICA LATINAPodemos enumerar al menos cuatro finalidades por orden de importancia:1) Administrar justicia de forma democrática.2) Fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una Infracción penal.3) Promover su integración social.4) Favorecer la participación de la comunidad en el proceso de reinserción Social, mediante la oferta deservicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas.5.- EDAD MÍNIMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.Aunque las Reglas de Beijing dejan libertad a los Estados a la hora de fijar las edades mínimas y máximade responsabilidad penal, la franja de edad a partir de la cual se considera al adolescente responsableoscila en el derecho comparado entre los 12 y los 14 años al entender que es a partir de esa edad cuando

comienza a cristalizarse la adquisición de responsabilidad y la capacidad de raciocinio, y se extiende hastalos 17 años. Por debajo de esas edades los niños que cometen infracciones quedan sujetos al control desu familia o de las instituciones civiles de protección, mientras que las personas mayores de 18 añospasan a ser juzgadas y sentenciadas de conformidad con los Códigos Penales.La imputabilidad atribuida a los adolescentes debe corresponder a la capacidad de autonomía y al ejerciciode derechos que se les reconoce en la sociedad, Así por ejemplo, el establecimiento de una edad paravotar o ser electo(a) para cargos de representación popular, para obtener una licencia de conducir, o parala compra de bebidas alcohólicas, etc. son expresiones del reconocimiento social acerca de cuándo unapersona está lo suficientemente madura para tomar decisiones con plena responsabilidad, lo que ocurrepor lo general a partir de los 18 años.6.- EL MANDATO DE LA JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE.

El mandato de la justicia penal adolescente es contribuir a que los adolescentes se responsabilicen de susactos, asegurando siempre su bienestar. Para conseguir estos fines el juez tiene que tener en cuenta a lahora de imponer la sanción no sólo infracción cometida, sino toda una serie de factores psicológicos,familiares y sociales en base a los que se determinarán las medidas que mejor incidan en su educación,procurando causarle la menor aflicción y restricción de derechos.La justicia penal adolescente tiene que articularse de forma que éste pueda comprender lasconsecuencias que su conducta ha tenido sobre las víctimas, directas o indirectas, ya que sólo así podráincidirse en la asunción de su responsabilidad y en la promoción de cambios de conducta.

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