seguridad regional fes

20 0 1Hans Mathieu Catalina Nio Guarnizoe d i to r e s

de lA seguridAd regionAl en AmricA lAtinA y el cAribe

AnuArio 2010

HAns mAtHieu / cAtAlinA nio guArnizo editores

AnuArio 2010 de lA seguridAd regionAl en AmricA lAtinA y el cAribe

Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) Calle 71 n 11-90, Bogot Telfono 57 (1) 347 30 77 Fax 57 (1) 217 31 15 Correo electrnico [email protected] PrimerA edicin Bogot, octubre de 2010ISSN 2216-1082

coordinAcin editoriAl Juan Andrs Valderrama diseo y diAgrAmAcin ngela Luca Vargas diseo cArtulA Camila Cesarino Costa imPresin

contenido

PresentAcin tendenciAs y PersPectivAs de lA seguridAd regionAl en AmricA lAtinA y el cAribexxi

PArte i seguridAd regionAllA seguridAd de AmricA lAtinA en lA encrucijAdA: entre lA geoPolticA, lA ideologA y lAs AmenAzAs emergentesRal Bentez Manaut / Pablo Celi / Francine Jcome

3

el consejo de defensA surAmericAno: nAturAlezA, bAlAnce Provisorio, PersPectivAs y desAfosJos Manuel Ugarte

25

HAit, ms All del terremoto: nuevo cAPtulo de un viejo drAmA y retos geoPolticos de brAsil y lA reginJulin Gonzlez Guyer

43 58

lA crisis de HondurAs y su rePercusin regionAlOrlando J. Prez

lA AliAnzA bolivAriAnA PArA los Pueblos de nuestrA AmricA (AlbA)y su imPActo en lA seguridAd regionAl

73

Francisco Leal BuitragoV


PArte ii lA seguridAd internA, externA y regionAl de los PAses de AmricA lAtinA y el cAribelos escenArios de lA defensA y de lA seguridAd en ArgentinAA finAles de lA PrimerA dcAdA del siglo xxi

85

Mariano Ciafardini / Jos Manuel Ugarte

seguridAd y defensA en brAsil en 2009:AvAnces en lA consolidAcin de un designio estrAtgico

104 114 126

Alcides Costa Vaz / Artur Andrade da Silva Machado

el cAribe: lA comPlejA coyunturA de lA seguridAd regionAlJorge Rodrguez Beruff

cHile: el escenArio de lA defensA y su Proyeccin regionAlBoris Yopo H. / Mara Ins Ruz

colombiA: estAdo del conflicto ArmAdo Al finAl de lA AdministrAcin de lvAro uribeCamilo Echanda Castilla / Eduardo Bechara Gmez / Irene Cabrera Nossa

136

mxico: el combAte Al nArcotrfico, lA violenciA y lAs debilidAdesde lA seguridAd nAcionAl

173 187

Ral Bentez Manaut / Armando Rodrguez Luna

PArAguAy, un escenArio confuso y cAmbiAnteDiego Abente Brun

defensA, seguridAd y PolticA externA en Per, 2008-2010:PrAgmAtismo y corto PlAzo

194

Eduardo Toche

uruguAy, clAroscuros de lA PrimerA gestin de izquierdA en el gobierno y PersPectivAs del gobierno mujicAJulin Gonzlez

205

PolticAs y concePtos de seguridAd en Algunos PAses de lA AlbAlos cAmbios en lAs fuerzAs ArmAdAs y lA defensA en lA revolucin democrticA de evo morAlesSonia Alda Mejas

221 242

Aqu no se rinde nAdie: seguridAd y defensA cubAnA en contextoHal Klepak

VI

contenido

ecuAdor, tensiones bilAterAles y reformAs institucionAles en seguridAd y defensAPablo Celi

255 267 286

nicArAguA, un estAdo sin PolticA de seguridAdRoberto Cajina

venezuelA: defensA y seguridAd. bolivAriAnismo y sociAlismo del siglo xxiFrancine Jcome

PArte iii tendenciAs del crimen orgAnizAdo en AmricA lAtinAtendenciAs del crimen orgAnizAdo en AmricA lAtinA y el cAribeMarcelo Fabin Sain

313 328 379 395 416

crimen orgAnizAdo en mxico y sus vnculos con estAdos unidosBruce Bagley / Aline Hernndez

crimen orgAnizAdo en AmricA lAtinA, lA PersPectivA euroPeADaniel Brombacher

vicios PrivAdos, beneficio Pblico?: crimen orgAnizAdo en el cAribeLilian Bobea

lA seguridAd en centroAmricA con nfAsis en el crimen orgAnizAdoMax Alberto Lora Ramrez

ActuAlizAcin y AmPliAcin de los mAPeos sobre el crimen orgAnizAdo en colombiA y lA regin AndinA, 2008-2009Markus Schultze-Kraft

436

seguridAd PrivAdA en AmricA lAtinA y el cAribe: mArco de Anlisisen el contexto de lA lucHA contrA el crimen orgAnizAdo

456 469

William Godnick

mAPeAmento sobre A institucionAlidAde PoliciAl nA AmricA lAtinA e no cAribeHayde Caruso / Rachel Matre

reseAs biogrficAs de los Autores

487

VII

ndice de diAgrAmAs, grficos, tAblAs y mAPAsHAit, ms All del terremoto: nuevo cAPtulo de un viejo drAmA y retos geoPolticos de brAsil y lA reginMinustah. Cuadro resumen 52

lA crisis de HondurAs y su rePercusin regionAlGrfico 1. Grfico 2. Grfico 3. Grfico 4. Apoyo a la consulta popular y a la Asamblea Constituyente Apoyo a la reeleccin presidencial La destitucin del presidente Zelaya fue un golpe de estado Apoyo a la destitucin y exilio del presidente Zelaya 67 68 68 68

colombiA: estAdo del conflicto ArmAdo Al finAl de lA AdministrAcin de lvAro uribeGrfico 1. Grfico 2. Grfico 3. Grfico 4A. Grfico 4B. Grfico 5. Grfico 6. Grfico 7. Mapa 1A. Mapa1B. Mapa 2A. Mapa 2B. Mapa 3A. Mapa 3B. Comparacin de los combates por iniciativa de la fuerza pblica y las acciones por iniciativa de los grupos irregulares, 1998-2009 Combates de las fuerzas militares contra los grupos irregulares, 1998-2009 Actividad armada de los grupos irregulares, 1998-2009 Comparacin de los combates por iniciativa de la fuerza pblica y las acciones por iniciativa de los grupos irregulares, 2008 Comparacin de los combates por iniciativa de la fuerza pblica y las acciones por iniciativa de los grupos irregulares, 2009 Acciones ms recurrentes de los grupos irregulares, 1998-2009 Comparacin del nmero de vctimas por homicidios y masacres, 1997-2009 Comparacin del nmero de homicidios, 2008 y 2009 Combates en 2008 Combates en 2009 Acciones irregulares en 2008 Acciones irregulares en 2009 Acciones de mayor esfuerzo militar, 2009 Acciones de menor esfuerzo militar, 2009

139140 141 146 146 147 152 153 155 155 156 156 157 157

VIII

ndice de diAgrAmAs, grficos, tAblAs y mAPAs Mapa 4. Mapa 5A. Mapa 5B. Mapa 6A. Mapa 6B. Mapa 7A. Mapa 7B. Mapa 8A. Mapa 8B. Mapa 9A. Mapa 9B. Correlacin de fuerzas, 2009 Municipios con presencia de cultivos de coca y eventos MAP y Muse, 2009 Municipios con presencia de combates y eventos MAP y Muse, 2009 Eventos por MAP y Muse, 2008 Eventos por MAP y Muse, 2009 Masacres realizadas en 2008 Masacres realizadas en 2009 Tasas de homicidios en los municipios, 2008 Tasas de homicidios en los municipios, 2009 Municipios con disminucin de la tasa de homicidios, 2009 Municipios con aumento de la tasa de homicidios, 2009 158 159 159 160 160 161 161 162 162 163 163

mxico: el combAte Al nArcotrfico, lA violenciA y lAs debilidAdes de lA seguridAd nAcionAlGrfico 1. Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Ejecuciones en Mxico, 2001-2010 Quejas de la CNDH a la Sedena, 2006-2010 Recomendaciones de la CNDH a la Sedena, diciembre 2006-julio 2010 Elementos de todos los cuerpos policiales de Mxico (enero 2009) Alianzas de narcotraficantes mexicanos y colombianos, 2010 Pases utilizados para el trfico de drogas por carteles mexicanos, de Colombia hacia Estados Unidos 174 179 179 180 181 181

uruguAy, clAroscuros de lA PrimerA gestin de izquierdA en el gobierno y PersPectivAs del gobierno mujicATabla 1. Grfico 1. Tabla 2. Tabla 3. Uruguay, cantidad de denuncias de delitos totales y de otros delitos, 2007-2009 Uruguay, homicidios y tentativas de homicidio, 2007-2009 Uruguay, cantidad de denuncias por delitos contra la propiedad, 2007-2009 Uruguay, cantidad de denuncias por delitos sexuales, 2007-2009 210 211 211 211

ecuAdor, tensiones bilAterAles y reformAs institucionAles en seguridAd y defensATabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Polica Nacional, asignacin presupuestal, por componentes Principales adquisiciones militares proyectadas Ecuador: acuerdos de cooperacin multilateral en seguridad, 2008-2009 Ecuador: acuerdos de cooperacin bilateral en seguridad, 2008-2009 261 263 265 266

nicArAguA, un estAdo sin PolticA de seguridAdTabla 1. Diagrama 1. Tabla 2. Detalle de cargos Ministerio de Defensa-Ejrcito, 2005-2009 Organigrama del Ejrcito de Nicaragua Detalle de cargos del Ministerio de Gobernacin, 2005-2009 269 269 270

IX

AnuArio 2010 de lA seguridAd regionAl en AmricA lAtinA y el cAribe Diagrama 2. Tabla 3. Tabla 4. Grfico 1. Tabla 5. Tabla 6. Tabla 7. Tabla 8. Tabla 9. Tabla 10. Organigrama de la Polica Nacional de Nicaragua Distribucin de grados policiales, por sexo, 2007 Polica: despliegue territorial, por delegaciones, 2007 Empresas de seguridad privada, 1990-2009PGR-Presupuesto de defensa, 2005-2009 (en

270 271 272 275 280 280 280 281 281 281

millones de dlares y porcentajes)

Relacin presupuestal entre Ministerio de Defensa y Ejrcito, 2005-2009 Presupuesto de defensa: distribucin porcentual, 2005-2008 (por rubro)PGR-Presupuesto

Ministerio de Gobernacin, 2005-2009 (en millones de dlares y porcentajes)

Relacin presupuestal entre Ministerio de Gobernacin-Polica, 2005-2009 (en millones de dlares y porcentajes) Comparativo porcentual de los gastos social, de seguridad y de defensa, 2005-2009

venezuelA: defensA y seguridAd. bolivAriAnismo y sociAlismo del siglo xxiDiagrama 1. Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Estructura orgnica de la Polica Nacional Adquisiciones militares, 2004-2008 Principales adquisiciones de armamento y equipos, 2005-2008 Presupuesto nacional, rubro de seguridad, 2009 y 2010 (proyecciones) 294 298 299 300

crimen orgAnizAdo en mxico y sus vnculos con estAdos unidosGrfico 1. Figura 1. Tabla 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Mapa 1. Mapa 2. Mapa 3. Mapas 4 y 4A. Mapa 5. Mapa 6. Mapa 7. Mapa 8. Porcentaje de la poblacin adulta vctima de un crimen, Mxico, 2007 Mxico, termmetro del delito Porcentajes de denuncia a la polica de cinco delitos en pases y ciudades Porcentajes de no averiguacin previa del total de delitos Denuncias recibidas y prdidas en dlares en casos de fraude electrnico en Estados Unidos, 2004-2008 Tasa per cpita de autores de crmenes electrnicos en Estados Unidos Tasas per cpita de denunciantes de crmenes electrnicos en Estados Unidos, por 100.000 habitantes Rutas del trfico ilcito de drogas y personas Principales rutas de trfico de drogas Actividad martima sospechosa, 1 de enero-20 de diciembre de 2005 Patrones de vuelos sospechosos de trfico de drogas, 2003 y 2009 Principales destinos del trfico de cocana de Colombia hacia Estados Unidos (pasando por Mxico), precios por gramo (1999 y 2005) y toneladas por pas (2005) Principales reas de operaciones de los carteles mexicanos ms importantes Principales reas de influencia y rutas de trfico de los carteles mexicanos ms importantes, 2008 Distribucin de los grandes grupos del narcotrfico en Mxico, julio de 2009 346 347 348 349 354 354 355 361 362 363 364 365 366 367 368

X

ndice de diAgrAmAs, grficos, tAblAs y mAPAs Mapa 9. Mapa 10. Mapa 11. Mapa 12. Mapa 13. Mapa 14. Uso de la droga en el mundo Los diez estados con ms casos de fraude electrnico en Estados Unidos Diez pases donde se comenten ms crmenes electrnicos Diez estados de Estados Unidos donde se denuncian ms crmenes electrnicos Diez pases donde se denuncian ms crmenes electrnicos Estados mexicanos donde se recibieron reportes de operaciones inusuales 369 370 371 372 373 374

crimen orgAnizAdo en AmricA lAtinA, lA PersPectivA euroPeAGrfico 1. Grfico 2. Mapa 1. Grfico 3. Grfico 4. Grfico 5. Cocana incautada, pases europeos seleccionados, 2002-2008 Delitos relacionados con la cocana, pases europeos seleccionados, 2001-2007 Rutas principales del trfico de drogas Precio promedio de un gramo de cocana al por menor, 2007 (pases seleccionados) Delitos relacionados con la trata de personas latinoamericanas (grupos significativos) Origen de las armas entregadas por las AUC (Colombia), 2003-2006 382 382 384 388 390 391

vicios PrivAdos, beneficio Pblico?: crimen orgAnizAdo en el cAribeTabla 1. Tabla 2. Diagrama 1 Tabla 3. Tabla 4. Tabla. 5 Impactos en diversos mbitos de la criminalidad y la violencia organizada por medio del narcotrfico y el microtrfico en Repblica Dominicana Causas de las muertes violentas en Repblica Dominicana, 2006-2008 Niveles de coordinacin nacional e internacional y acuerdos interagenciales concertados por el gobierno dominicano ndice de muertes violentas en Centroamrica y la Repblica Dominicana, 1999-2007 Muertes violentas en Repblica Dominicana, 2008 403 403 405 405 407 410

lA seguridAd en centroAmricA con nfAsis en el crimen orgAnizAdoFigura 1. Tabla 1. Grfico 1. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5. Tabla 6. Tabla 7. Grfico 2. Esquema de organizacin de las actividades del crimen organizado Incautaciones de cocana en base y clorhidrato (kg), 2000-2008 Incautaciones de cocana por aos, en miles de kilos, 2000-2008 Detenidos por narcotrfico, 2000-2007 (tasa por 100.000 habitantes) Presupuestos nacionales para la lucha contra las drogas, 2001-2006 (en millones de dlares) Cambio de presupuesto en los gastos asignados para la lucha contra las drogas, 2002 y 2006 Amrica Central: casos de trata de personas denunciados e investigados, 2003-2008 Incautaciones de armas ilcitas, 2000-2006 Armas ilcitas incautadas en relacin con arrestos por delitos por trfico de drogas, 2000-2006 Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, por ao y pas, 2001-2006 418 419 420 421 421 422 423 424 425 426

XI

AnuArio 2010 de lA seguridAd regionAl en AmricA lAtinA y el cAribe Tabla 8. Homicidios por cada 100.000 habitantes, 2001-2006 426

ActuAlizAcin y AmPliAcin de los mAPeos sobre el crimen orgAnizAdo colombiA y lA regin AndinA, 2008-2009Tabla 1. Tabla 2. Grfico 1. Tabla 3. Tabla 4. Produccin potencial de cocana y rea cultivada con coca en Colombia, Bolivia y Per (nmero de familias involucradas en el cultivo, 2006-2008) Plantas de procesamiento de cocana destruidas, 2006-2008 Produccin potencial de cocana (mt) en la regin andina, 1994-2008 Pas de origen/destino, intensidad, vctimas, intencin de trata Pases importadores, pases vendedores, volumen total 2000-2005, productos principales 437 437 438 438 439

seguridAd PrivAdA en AmricA lAtinA y el cAribe: mArco de Anlisisen el contexto de lA lucHA contrA el crimen orgAnizAdo

Tabla 1. Organigrama. Tabla 2. Tabla 3. Tabla 4. Tabla 5.

Caractersticas: crimen comn y crimen organizado Actores de seguridad Empresas de seguridad privada (legales) en Centroamrica Empresas de seguridad privada en Sudamrica Entidades responsables de la fiscalizacin de empresas de seguridad privada Capacitacin de vigilantes de seguridad privada en algunos pases

459 460 461 462 464 465

mAPeAmento sobre A institucionAlidAde PoliciAl nA AmricA lAtinA e no cAribeQuadro 1. Quadro 2. Quadro 3. Quadro 4. Quadro 5. Quadro 6. Quadro 7. Quadro 8. Quadro 9. Pases observados Instituies Policiais consideradas para o estudo Organizaes policiais na regio Organizaes policiais e seus efetivos Definies preliminares (verso mantida em espanhol) Misso das organizaes policiais, segundo suas leis orgnicas26 Funes das organizaes policiais Caractersticas das organizaes policiais Dependncia legal 472 473 474 475 477478

479 479 479

XII

siglAs

Acis AcnurAFI AGA AHM AIEA

Advance Cargo Information System (Caricom) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Agencia Federal de Investigaciones (Mxico) Administracin General de Aduanas (Mxico) Asociacin Hondurea de Maquiladores Agencia Internacional de Energa Atmica Asociacin Latinoamericana de Integracin Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica-Tratado de Comercio de los Pueblos Asociacin Latinoamericana de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz Asamblea Nacional (Venezuela) Asociacin Nacional de Industriales de Honduras Administracin Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologa Mdica (Argentina) Advance Passenger Information System (Caricom) Alianza para la Seguridad y Prosperidad de Amrica del NorteU. S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Estados Unidos)

Aladi Alba-TCP AlcopazAN

Andi Anmat Apis AspanATF AUC

Autodefensas Unidas de Colombia Bandas criminales emergentes (Colombia) Bloque Cacique Nutibara (Colombia) XIII

BacrimBCN


Bepe BricCAF

Batalho Escola Pronto Emprego (Brasil) Brasil, Rusia, India y China Corporacin Andina de Fomento Cumbre de la unidad de Amrica Latina y el Caribe Comunidad Andina de Naciones Comit Andino para la Prevencin y Atencin de Desastres Integrated Border Security System (Caricom) Caribbean Community (Comunidad del Caribe) Caribbean Basin Security Initiative Comit Consultivo de Defensa Chile-Estados Unidos Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Per) Cmara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (Honduras) Comits de Defensa de la Revolucin (Cuba) Consejo de Defensa Suramericano Centro de Estudios Estratgicos de Defensa del Consejo de Defensa Suramericano Centro Nacional de Planeacin e Inteligencia (Mxico) Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency) Comisin Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA) Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (Venezuela) Comit Internacional de la Cruz Roja Corte Interamericana de Derechos Humanos Comisin Interina para la Reconstruccin de Hait Centro de Investigacin y Seguridad Nacional (Mxico) Comisin de Lmites de la Plataforma Continental (Naciones Unidas) Comisin Nacional de Derechos Humanos (Mxico) Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras Consejo de Defensa Nacional (Argentina) Corporacin de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Bolivia) Consejo Hondureo de la Empresa Privada Comisin Binacional Fronteriza (Colombia-Ecuador) Consejo Nacional de Adicciones (Mxico) Comisin para la Reforma Policial (Venezuela) XIV

CalcCAN

Caprade Caribsecs CaricomCBSI CCD CCFFAA CCIT CDR CDS CEED-CDS

Cenapi CepalCFAC CIA

CicadCICPC CICR CIDH CIRH

CisenCLCS CNDH

Cococh Codena Cofadena Cohep Combifron Conadic Conarepol

siglAs

ConsepCPLP CSAN CSEED DEA

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas (Ecuador) Comunidad de Pases de Lengua Portuguesa Comunidad Sudamericana de Naciones Centro Suramericano de Estudios Estratgicos de Defensa Drug Enforcement Agency Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Bolivia) Departamento de Apoyo de Campo (Department of Field Support: Naciones Unidas) Derecho internacional humanitario Direccin de Inteligencia Policial (Nicaragua) Direccin Antidrogas (Per) Direccin Nacional de Control de Drogas (Repblica Dominicana) Departamento del Estado de los Estados Unidos (Department of State) Directiva de poltica de defensa nacional (Argentina) Departamento de Operaciones de Paz (Department of Peacekeeping Operations: Naciones Unidas) Ejrcito de Liberacin Nacional (Colombia) Empresa Nacional de la Coca (Per) Encuesta Nacional sobre Inseguridad (Mxico) Estrategia nacional de defensa (Brasil) Ejrcito del Pueblo Paraguayo Ejrcito Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia Explotacin sexual comercial Economic Support Fund (Estados Unidos) Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (Mxico) Fuerza Armada Nacional (Venezuela) Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Venezuela) Fuerzas Armadas Revolucionarias (Cuba) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotrfico (Bolivia) Federal firearms licensee Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Foreign Military Financing (Estados Unidos) Fondo Monetario Internacional Frente Farabundo Mart para la Liberacin Nacional (El Salvador) XV

DevidaDFS DIH DIP

DirandroDNCD DOS DPDN DPKO

ELN

Enaco EnsiEND EPP

ErpacESC ESF EZLN FAn

FanbFAR

Farc FelcnFFL

FlacsoFMF FMI FMLN

AnuArio 2010 de lA seguridAd regionAl en AmricA lAtinA y el cAribeFMP FOL FSLN FTC FTST

Fuerza Multinacional Provisional Forward Operating Locations (Aruba y Curazao) Frente Sandinista de Liberacin Nacional (Nicaragua) Fuerza de Tarea Conjunta (Bolivia) Fuerza de Tarea del Sur del Tolima (Colombia) Grupo de Accin Financiera Internacional Government Accountability Office (Estados Unidos) Comisin Interina para la Reconstruccin de Hait Human Rights Watch Department of Health and Human Services (Estados Unidos) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica International Comission on Intervention and State Sovereignity Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Suramericana International Institute for Strategic Studies (Instituto Internacional de Estudios Estratgicos, Londres) Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevencin del Delito y el Tratamiento del Delincuente Implementation Agency for Crime and Security (Caricom) Instituto Nacional de Medicamentos (Argentina) International Narcotics and Law Enforcement Instituto Nacional de Estadstica y Censos (Argentina) ndice nacional de inseguridad (Mxico) Instituto Nacional de Migracin (Mxico) Alianza Internacional de Propiedad Intelectual Junta Interamericana de Defensa Joint Regional Communications Centre (Caricom) Plan de levantamiento de la plataforma continental brasilea Ley orgnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Venezuela) minas antipersonal Misin de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA Movimiento al Socialismo (Bolivia) Mecanismo de Evaluacin Multilateral (OEA) Mercado Comn del Sur Medidas de fomento de la confianza y la seguridad XVI

GafiGAO HRIC HRW HHS

IbgeIICSS

IirsaIISS

Ilanud Impacs Iname Incle Indec InisINM

IipaJID JRCC

Leplac LofanbMAP MAPP/OEA MAS MEM

MercosurMFCS

siglAsMIFH

Multinational Interim Force in Haiti Ministerio de Defensa (Nicaragua) Ministerio de Gobernacin (Nicaragua) Ministerio del Interior (Cuba) Misin de Estabilizacin de las Naciones Unidas en Hait Misso das Naes Unidas para a Estabilizao do Haiti Misin de las Naciones Unidas en la Repblica Popular del Congo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (Per) Municiones abandonadas sin explotar Operation against Smugglers Initiative on Safety and Security (Estados UnidosMxico) Observatorio Centroamericano sobre Violencia Organizaciones dominicanas transnacionales de narcotraficantes Organizacin de los Estados Americanos Organizacin Internacional para las Migraciones Organizacin Internacional del Trabajo Oficina Nacional Antidrogas (Venezuela) Organizaciones no gubernamentales Organizacin de las Naciones Unidas Organizacin del Tratado del Atlntico Norte Organizacin del Tratado de Cooperacin Amaznica Programa de Atencin Humanitaria al Desmovilizado (Colombia) Partido Accin Nacional (Mxico) poltica de defensa y seguridad democrtica (Colombia) Police Excecutive Research Forum (Brasil) Polica Federal Preventiva (Mxico) Procuradura General de la Repblica (Mxico) Producto interno bruto Plan de inversiones para la defensa (Argentina) Polica Nacional Civil (El Salvador) Programa nacional de derechos humanos 3 (Brasil) Polica Nacional de Hait Polica Nacional Revolucionaria (Cuba) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo XVII

Mindef Mingob Minint Minustah Minustah MonucMRTA

Muse Oasiss OcaviODTN OEA OIM OIT ONA ONG ONU

Otan OtcaPADH PAN PDSD PERF PFP PGR PIB

PidefPNC PNDH-3 PNH PNR PNUD

AnuArio 2010 de lA seguridAd regionAl en AmricA lAtinA y el cAribePRI

Partido Revolucionario Institucional (Mxico) Programa de desarrollo de submarinos (Brasil) Partido Socialista Unido de Venezuela Rede Nacional de Altos Estudos em Segurana Pblica (Brasil) Regional Integrated Ballistic Information Network (Caricom) Regional Intelligence Fusion Centre (Caricom) Regional Investigative Management Team (Caricom) Regional Security System (Sistema de de Seguridad Regional) Registro nico de Anlisis del Narcotrfico (Argentina) Supplemental Agreement for Cooperation on Technical Assistance and Security (Colombia-Estados Unidos) Servicio Bolivariano de Inteligencia (Venezuela) Secretara de la Defensa Nacional (Mxico) Secretara de Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y la Lucha contra el Narcotrfico (Argentina) Sistema Econmico Latinoamericano y del Caribe Secretara de Marina (Mxico) Secretaria Nacional de Segurana Pblica (Brasil) Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (Mxico) Sistema de la Integracin Centroamericana Sistema integral de inversiones para la defensa (Argentina) Stockholm International Peace Research Institute Sendero Luminoso (Per) Secretara de Salud (Mxico) Secretara de Seguridad Pblica (Mxico) Sistema nico de Segurana Pblica (Brasil) Tratado Interamericano de Asistencia Recproca Tratado de libre comercio Tratado de No Proliferacin Unidad de Investigaciones Especiales (Ecuador) Unidad de Inteligencia Financiera (Mxico) Universidad Nacional Autnoma de Mxico Unin de Naciones Suramericanas Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (por su nombre en ingls: United Nations Office on Drugs and Crime) XVIII

ProsubPSUV

Renaesp Ribin Rifc RimsRSS

Ruan Sacta Sebin Sedena Sedronar Sela Semar SenaspSHCP

Sica Sigid SipriSL SS SSP

Susp TiarTLC TNP

UiesUIF

Unam Unasur Unodc

siglAsUN-Pol USAID USCG

United Nations Police United States Agency for International Development United States Coast Guard Valle de los ros Apurmac y Ene (Per)

Vrae

XIX

PresentAcin

tendenciAs y PersPectivAs de lA seguridAd regionAl en AmricA lAtinA y el cAribe

n general, durante 2009 las dinmicas geopolticas que se observaron en Amrica Latina y el Caribe en 2008 se mantuvieron: diferencias ideolgicas profundas entre los pases en las concepciones de seguridad y defensa, menor influencia de Estados Unidos en la regin, sistemas democrticos muy vulnerables caracterizados por un fuerte presidencialismo con marcados tintes autoritarios, y el crimen organizado transnacional como la amenaza ms compleja que enfrentan los Estados. La eleccin de Barack Obama (2009-) como presidente de Estados Unidos gener grandes expectativas en la regin con respecto a la posibilidad de una relacin ms equilibrada y de un cambio de la poltica de ese pas hacia la misma, aun cuando era claro que sus intereses prioritarios en materia de seguridad y defensa se encontraban fuera del hemisferio. Sin embargo, tras casi dos aos de administracin del presidente Obama, es claro que si bien ha habido algunos ajustes en el estilo, buscando privilegiar el multilateralismo y las soluciones concertadas por medio de la Organizacin de los Estados Americanos (OEA), el contenido de la poltica hacia Amrica Latina y el Caribe sigue siendo el mismo: el crimen organizado y en particular el narcotrfico y la migracin ilegal se mantienen como los asuntos prioritarios para Estados Unidos. Esos intereses se expresan en la bsqueda de una mayor cooperacin con Mxico, mediante la Iniciativa Mrida, y en la creciente preocupacin por los Estados dbiles de Centroamrica. Es posible observar indicios de cierta flexibilidad por parte de Estados Unidos con respecto a la poltica de drogas: en varios Estados se han despenalizado, en diversas medidas y niveles, la posesin y el consumo de marihuana, y a fines de 2009 el Congreso estableci la Comisin sobre poltica de drogas en el hemisferio occidental (Western Hemisphere Drug Policy Commission) para revisar y evaluar la poltica estadounidense frente a XXI

E


la reduccin e interdiccin de la demanda de drogas, y para hacer recomendaciones para mejorarla. En este contexto de menor influencia estadounidense y de polarizacin poltica entre algunos de los gobiernos de la regin, se han venido desarrollando iniciativas relativamente nuevas de creacin de mecanismos multilaterales para el dilogo poltico y la solucin de diferencias, en los que no participen Estados Unidos ni Canad. Es el caso de la Unin de Naciones Suramericanas (Unasur) y, en particular, del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), creado para el manejo multilateral de los conflictos que surjan entre los pases miembros, pero cuya institucionalizacin es todava muy baja, y que hasta ahora ha funcionado ms como un escenario para apagar incendios que como un espacio de creacin de medidas de confianza duraderas y de verdadero manejo multilateral de conflictos. De hecho, los problemas que se han tratado en el marco del CDS han estado precedidos por diplomacia de alto nivel con participacin de Brasil, antes de llegar efectivamente a la instancia del CDS. Muchos analistas coinciden en que el papel de Brasil fue clave para la creacin e impulso iniciales de Unasur y el CDS. Con el paso del tiempo, sin embargo, ha surgido el interrogante sobre el compromiso brasileo para asumir un liderazgo claro y sin ambigedades en la consolidacin de estas iniciativas. Las razones de las vacilaciones de Brasil pueden ser diversas: la oposicin de pases como Argentina y Venezuela al liderazgo brasileo en la regin, diferencias internas sobre cul debe ser el papel del pas en los mbitos regional e internacional, y el proceso electoral en marcha durante 2010. Habr que esperar a la posesin del nuevo gobierno para saber si el empuje que inicialmente se dio a estos mecanismos de integracin se mantendr o no. De manera ms amplia, conviene sealar que la multiplicidad de instituciones multilaterales existentes en la regin la Unasur, la Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica-Tratado de Comercio de los Pueblos), el Mercosur (Mercado Comn del Sur), la CAN (Comunidad Andina de Naciones), el Sica (Sistema de la Integracin Centroamericana), el Caricom (Comunidad del Caribe), la OEA no ha llevado realmente a una mayor integracin entre los pases. Por el contrario, la proliferacin de mecanismos parece ser un indicio de las debilidades de los procesos existentes y de una tendencia a crear procesos nuevos en vez de consolidar los existentes. Esto ha llevado a una superposicin de instituciones regionales con el consiguiente desgaste de recursos por la duplicacin de funciones. Lo cierto es que es difcil hacer pronsticos sobre el futuro de las nuevas iniciativas, especialmente teniendo en cuenta que en sistemas de gobierno presidencialistas con tintes populistas, como los latinoamericanos, la poltica domstica tiene precedencia sobre la institucionalizacin de mecanismos multi o bilaterales de resolucin de conflictos y de medidas de confianza entre los pases. Al mismo tiempo, el crimen organizado transnacional se consolida como una de las amenazas ms serias a la seguridad y la defensa de los pases y de la regin en su conjunto. Aunque este fenmeno no se limita a la dinmica del XXII

PresentAcin

narcotrfico, sta ocupa la mayor parte de los anlisis y espacios noticiosos, ocultando hasta cierto punto la magnitud de otros problemas como el trfico ilegal de migrantes, muchas veces estrechamente vinculado con la trata de personas. En todo caso, las diferentes manifestaciones del fenmeno tienen impactos muy importantes en todos los pases, desde Bolivia hacia el norte, incluyendo, por supuesto, Centroamrica y el Caribe. Como es de esperarse, esas son las reas de inters inmediato de Estados Unidos. Esos impactos estn relacionados con los problemas de gobernanza y con la inestabilidad y la falta de legitimidad de muchas de las democracias de la regin. En sistemas presidencialistas, con tendencias autoritarias y con tradiciones de exclusin y poca inversin social, las instituciones del Estado son muy vulnerables a la captura por parte de actores ilegales o con intereses ilegtimos. En esos escenarios es probable que se desarrollen alianzas criminales entre elites locales, regionales y, en algunos casos extremos, incluso nacionales, y actores de la criminalidad organizada que minan o capturan a los Estados y disminuyen drsticamente su capacidad de controlar el territorio y cumplir con sus funciones de provisin de servicios pblicos y garanta de los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, es clave desarrollar propuestas viables para fortalecer y dar legitimidad a las instituciones pblicas en los pases de la regin. Con miras a iniciar un debate al respecto, se puede plantear la necesidad de hacer un anlisis ms profundo que los hechos hasta ahora sobre la pertinencia, viabilidad y posibilidades de xito de mecanismos como la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un modelo de intervencin de baja intensidad desarrollado por las Naciones Unidas que asume algunas funciones especficas de un Estado dbil con el objetivo de fortalecerlo. Cabe entonces hacer algunas preguntas: cules han sido los resultados de ese modelo en el caso de Guatemala?, es posible pensar en mecanismos similares para otros pases de la regin?, cules deben ser las condiciones para su implementacin?, desde que nivel se deben planificar esos mecanismos: subregional, regional o internacional? Un debate alrededor de estos interrogantes es fundamental para ajustar las intervenciones de manera que sirvan realmente para consolidar los Estados en donde se llevan a cabo. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en reformas profundas en los sistemas que garantizan la administracin de justicia, los aparatos policiales, judiciales y carcelarios en los pases de la regin. Esto dado que la impunidad es el escenario ideal para el florecimiento no slo del crimen organizado, sino tambin de las alianzas entre ste y actores legales pero con intereses ilegtimos y poder para facilitar e, incluso, promover la toma del Estado por parte de aquel.

qu ofrece este AnuArioEsta nueva edicin del Anuario de seguridad regional del Programa de Cooperacin en Seguridad Regional de la Fundacin Friedrich Ebert contina con XXIII


la tarea iniciada en el Anuario de 2009, segn una estructura en tres partes. Las dos primeras se enfocan en el anlisis de las dinmicas geopolticas de la regin en materia de seguridad, poltica exterior y defensa, incluyendo trabajos sobre algunos de los pases que hacen parte de la Alba, una de las mltiples instancias multilaterales existentes hoy. La tercera parte actualiza algunos de los mapeos subregionales sobre las dinmicas y caractersticas del crimen organizado incluidos el ao anterior; incluye un trabajo sobre la perspectiva de Europa frente a este fenmeno en Amrica Latina y presenta los dos primeros artculos de una serie de documentos analticos y propositivos realizados en el marco del Observatorio de Crimen Organizado del Programa, sobre aspectos transversales claves para la lucha contra el crimen organizado y para mitigar su impacto sobre la gobernabilidad democrtica de los pases; tales artculos se refieren a la seguridad privada y a la estructura de las instituciones policiales en Amrica Latina y el Caribe. El trabajo que se desarrolla en el marco del Observatorio del Crimen Organizado no sera posible sin el apoyo financiero de la Fundacin Open Society Institute (Zug). Igualmente, queremos agradecer el trabajo de los coordinadores de los grupos de trabajo nacionales y subregionales que hacen posibles las actividades del Programa de Cooperacin en Seguridad Regional. Los autores de los documentos incluidos en este Anuario tienen tambin nuestro reconocimiento por sus contribuciones a esta publicacin. Por ltimo, agradecemos a la Friedrich Ebert Stiftung (FES) y a sus oficinas en los pases de la regin por su apoyo en la gestin del Programa.

XXIV

PArte i seguridAd regionAl

lA seguridAd de AmricA lAtinA en lA encrucijAdA: entre lA geoPolticA, lA ideologA y lAs AmenAzAs emergentesrAl bentez mAnAut / PAblo celi / FrAncine Jcome

1.

AvAnces y retrocesosde lA seguridAd en el Hemisferio

Si hace diez aos el optimismo respecto a la posibilidad de lograr el fortalecimiento de los espacios de cooperacin e integracin en Amrica Latina y el Caribe era grande, el desarrollo de las dinmicas en la primera dcada del siglo XXI ha mostrado que, ms bien, el continente contina fragmentado y los desencuentros son mayores (Nueva Sociedad, 2009). Por un lado, se han profundizado las diferencias subregionales entre los pases de Amrica del Sur y Mxico, Centroamrica y el Caribe. Estos ltimos miran hacia el Norte. Por otro, la regin andina se caracteriza por su conflictividad y por el aumento de las tensiones entre los cinco pases que la componen, y el Cono Sur busca nuevos modelos y alternativas. Esto ha repercutido sobre las posibilidades de lograr una mayor integracin as como sobre las de crear instrumentos que permitan la cooperacin en seguridad y defensa. Lo primero que se debe sealar es que actualmente se desarrolla un debate sobre dos modelos de integracin. Primero, una perspectiva que la considera como una oportunidad 3

y postula la necesidad de la apertura hacia el mundo, buscando la insercin en el proceso de globalizacin para obtener recursos para el desarrollo nacional. En funcin de ello, se estima que la integracin es clave para una mayor inclusin en la economa global. Segundo, una concepcin endgena que tiene como punto de partida su oposicin a la globalizacin y plantea la necesidad de fomentar la bsqueda de soluciones locales. La integracin es vista como un mecanismo para lograr mayor autonoma frente a la economa global, considerada como una amenaza. Lo anterior ha influido sobre los planteamientos y las prcticas en el campo de la cooperacin en seguridad y defensa en las distintas subregiones. Existen diferencias respecto a la percepcin de las principales amenazas, lo cual tiene como consecuencia que las agendas y dinmicas sean distintas y que cada vez sea ms difcil establecer consensos subregionales y, menos an, continentales. Por tanto, la fragmentacin es cada vez mayor. Otro paradigma en cuestin es el de la propia democracia y sus debilidades. El optimismo de la ltima dcada del siglo XX contrasta con

rAl bentez mAnAut / PAblo celi / frAncine jcome

los graves problemas de gobernabilidad que han aparecido. Fuerzas emergentes que desafan el estado de derecho, mediante formas alternativas de democracia participativa directa, la reaccin de los grupos oligrquicos, tambin violentando la legislacin y los mnimos principios de convivencia, como los que dieron pie al golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009, son elementos nuevos que afectan la seguridad. En Mxico, Centroamrica y el Caribe, el crimen organizado ha avanzado en la acumulacin de poder, comprando funcionarios gubernamentales y sembrando violencia. En Mxico la guerra entre los carteles asciende a 25 mil muertos entre el 1 de diciembre de 2006, fecha de ascenso del gobierno de Felipe Caldern, y el 30 de junio de 2010. Jurez, en la frontera con Texas, est sitiada por las ejecuciones y es considerada hoy la ciudad ms peligrosa del mundo, con homicidios que ascienden a ms de 150 por cada 100 mil habitantes. Los pases de Amrica Central, principalmente El Salvador, Guatemala y Honduras, estn cercados por la delincuencia comn y callejera, al tiempo que los gobiernos estn cambiando las leyes para autorizar el empleo de las fuerzas armadas para combatir a las pandillas o maras. Esta situacin se replica tambin en Jamaica. A lo anterior se le agrega el impacto destructivo, en ascenso, de fenmenos naturales, que por la pobreza y la debilidad de los gobiernos tiene en los pobres a sus principales vctimas. Los huracanes en las costas de Mxico, Amrica Central y el Caribe son muestra de ello, en 2010 con singular saa. En enero se produjo un terremoto en Hait, con un saldo de ms de 230 mil vctimas y ms de dos millones de habitantes sin vivienda. La sede del gobierno y el edificio principal de la Misin de Estabilizacin de las Naciones Unidas en Hait (Minustah) no se libraron. Estos fenmenos repercuten, sin duda, en la seguridad en el ms amplio sentido, empezando por la humana, teniendo en cuenta que slo las fuerzas armadas tienen capacidad de organizacin para hacerles frente. En Hait est por dems sostener que si no hubiera es4

tado presente la fuerza militar y policaca de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), en gran parte compuesta por fuerzas de los pases de Amrica Latina, las secuelas de la catstrofe habran sido muy superiores. Otro aspecto por considerar en los debates sobre seguridad en Amrica Latina y el Caribe es el papel de Estados Unidos. Ejerce presin o no en materia de geopoltica y para la defensa de sus intereses? Se sostiene que mientras un pas est geogrficamente ms cerca de Estados Unidos ste tiene ms influencia. Por ello se seala que en Colombia y la cuenca del Caribe, Centroamrica y Mxico, esta potencia sigue teniendo gran liderazgo. En Amrica del Sur, a medida que se alejan las coordenadas geogrficas, se disuelven tambin las presiones directas, y otras naciones ejercen mayor influencia regional, como es el caso de Brasil, o como lo intenta el gobierno del presidente Hugo Chvez (1999-2001; 2001-2007; 2007-) en Venezuela por medio de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra Amrica (Alba). Dos gobiernos de la subregin del Caribe, Cuba y Venezuela, siguen sosteniendo hiptesis de seguridad similares a las que predominaron durante la guerra fra, acerca de la bsqueda de expansin del imperio norteamericano en la regin. El unilateralismo de la administracin de George W. Bush (2001-2005; 2005-2009) contribuy a que este tipo de percepciones se mantuviera. Sin embargo, las relaciones entre ambos son muy diferentes, pues en el discurso Cuba sigue con la idea de que su seguridad depende de las acciones de su poderoso vecino del norte, pero en la prctica colabora estrechamente para el control de embarques de cocana y para detener flujos de migrantes en el mar. Venezuela, por su lado, no coopera en la poltica antinarcticos multilateral coordinada por Estados Unidos, y muchos de sus conflictos con Colombia estn retroalimentados por la idea de que el ex presidente lvaro Uribe (2002-2006; 2006-2010) era un cachorro del imperio1. Bajo la administracin del presidente Barack Obama (2009-), el gobierno de Estados Unidos

lA seguridAd de AmricA lAtinA en lA encrucijAdA: geoPolticA, ideologA y AmenAzAs emergentes

public, en mayo de 2010, una nueva Estrategia de seguridad nacional, en la que Amrica Latina no es relevante como fuente de inseguridad global, aun cuando el presidente Obama s identifica las diferencias entre los pases latinoamericanos en materia de inseguridad. En el documento Amrica Latina se menciona marginalmente, y Brasil se seala como un pas con capacidad de ejercer el liderazgo (Yopo, 2010). La diplomacia estadounidense busca no emprender acciones unilaterales que puedan ser factor de conflicto con los pases latinoamericanos, como se vio frente al golpe de Estado de Honduras de 2009, donde qued atrapado entre dos posturas: una realista y otra multilateralista. Adems, acepta el desarrollo de liderazgos en Amrica del Sur, cuando stos no generan posturas de confrontacin, por ejemplo, el de Brasil (Tulchin, 2010). En sntesis, la democracia de Amrica Latina est debilitada y esto tiene consecuencias en la seguridad de los pases, pues sta, hoy por hoy, es intermstica en la gran mayora de los casos. En funcin de esta situacin, en este artculo se abordarn los principales asuntos y procesos que se han desarrollado en Sudamrica, la regin andina, as como en Mxico, Centroamrica y el Caribe, con nfasis en las dinmicas de 2009 y del primer semestre de 2010.

y cooperacin, como, por ejemplo, entre Argentina y Chile, y se desarrollaron iniciativas conjuntas de misiones de paz, siendo Hait el caso ms reciente. Se considera que la participacin en misiones de paz ha sido uno de los pilares constitutivos de la conformacin de la Unin de Naciones Suramericanas (Unasur) y de su objetivo central de constituirse en un espacio de dilogo. En el mbito continental tambin se establecieron mecanismos y espacios de dilogo, especialmente en el sistema interamericano. Aun cuando en la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) no se lleg a un acuerdo, se logr un consenso respecto al concepto de seguridad multidimensional, en 2003 se realiz la Cumbre especial sobre seguridad, en Mxico en 2003, y se aprob la entrega de informes anuales sobre adquisiciones militares, que muy pocos pases cumplen2. En este marco, en los ltimos aos han cobrado mayor importancia nuevas iniciativas de integracin, siendo la ms importante la creacin de la Unasur. No obstante, ello se produce en un contexto de crecientes tensiones bilaterales relacionadas con los tradicionales contenciosos fronterizos entre los pases, como los casos de Chile y Per, por problemas bilaterales ms vinculados con diferencias polticas, como los de Ecuador-Colombia y Colombia-Venezuela, as como por nuevos aspectos que giran fundamentalmente alrededor del acceso a recursos y asuntos medioambientales, como son los de Brasil y Bolivia por el gas, Paraguay y Brasil por la represa de Itaip y Argentina-Uruguay por las papeleras. Por tanto, mientras por un lado se refuerza el discurso integracionista, por otro aumentan las tensiones interestatales (Malamud, 2009), siendo el ms reciente caso la ruptura de relaciones del gobierno venezolano con su vecino Colombia en julio de 2010, por su acusacin de que Venezuela alberga campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Otro tipo de conflictividad, que no necesariamente ha de ser violento pero que s influye en esta temtica, son las tensiones que giran al5

2.

los retos de sudAmricA como zonA de PAz: conflictividAd y reArme

Desde los aos noventa, en Amrica Latina y el Caribe se desarroll un proceso que buscaba promover las medidas de fomento de la confianza (Diamint, 2009), para contribuir al desarrollo de capacidades estatales para el control civil de las fuerzas armadas y eliminar las hiptesis de conflicto entre naciones, ya que obstaculizaban las iniciativas de cooperacin e integracin. En funcin de esto varios gobiernos iniciaron procesos cuyo propsito era generar mayor transparencia en cuanto a sistemas de adquisiciones y gastos de defensa, se publicaron libros blancos, se disearon mecanismos bilaterales de dilogo


rededor de las diferencias polticas, como se ver ms adelante. Hay que mirar tambin aquellas tensiones relacionadas con las problemticas sociales y polticas internas que pueden generar enfrentamientos violentos. Por ltimo, hay problemas asociados a la creciente violencia urbana y a la inseguridad, como son los casos de Ro de Janeiro y Sao Paulo, Caracas, Kingston, Tegucigalpa, Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula y Ciudad Jurez. Por tanto, hoy en da en materia de seguridad es importante mirar no slo las posibilidades de conflictos interestatales, sino tambin estas nuevas formas de conflictividad que involucran actores no-estatales. En cuanto a los conflictos interestatales tradicionales, es poco probable que evolucionen a confrontaciones militares tradicionales, que no se han producido en la regin desde hace casi veinte aos. Lo que se puede esperar son tensiones fronterizas focalizadas. Por esta razn, surge la interrogante sobre por qu se est llevando a cabo un rearme en varios pases, especialmente en Sudamrica. Existe un debate respecto a las adquisiciones militares que se han producido en la regin en los ltimos aos. Por un lado, los gobiernos sostienen que estn en un proceso de modernizacin y reequipamiento, ya que los dispositivos actuales son obsoletos. En esto es fundamental tomar en consideracin que hasta 2009 los altos precios de los commodities (petrleo, cobre, gas) permitieron que varios gobiernos de la regin pudiesen destinar recursos adicionales a la adquisicin de armas y equipos militares. Pero hay dos argumentos adicionales. Primero, la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa de la soberana ante amenazas de posibles intervenciones por parte de otros pases, esgrimido, bsicamente, por el gobierno de Venezuela. Segundo, se seala la prioridad de incrementar la capacidad de defender el territorio ante amenazas como el narcotrfico y el crimen internacional organizado, y de protegerse de vulnerabilidades asociadas al medio ambiente y recursos naturales, esto ltimo en referencia a la Amazonia desde la perspectiva de Brasil. 6

Esto ha llevado a que se seale que se est produciendo una nueva carrera armamentista, un comportamiento competitivo en la compra de armas que tiene como resultado el desequilibrio del poder militar en la regin. En cuanto a gasto militar, con la excepcin de Mxico que ocupa el cuarto lugar, los compradores estn en Sudamrica, siendo Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Venezuela los principales (Coppan, 2010; Sipri, 2009). Este ltimo ha sido el pas que ms ha incrementado este gasto, y segn los datos de Instituto Internacional de Estudios Estratgicos (Iiss, sigla en ingls) de Londres, despus de Chile ha sido el mayor comprador de armas en Amrica Latina, incluso superando a ese pas del Cono Sur en 20083. Especialmente desde Estados Unidos se ha manifestado el temor de que parte de este armamento pueda desviarse despus hacia las Farc. En este sentido, es importante considerar el impasse que surgi con el gobierno de Suecia en 2009, cuando lanzacohetes adquiridos con anterioridad por el gobierno venezolano fueron descubiertos en manos de este grupo irregular. Adems, se ha destacado (Diamint, 2009) que mientras los dems pases compran equipos que son operables solamente por personal militar, un alto porcentaje de las adquisiciones del gobierno venezolano pueden destinarse a armar a la poblacin civil. En cuanto a los proveedores, los pases europeos, especialmente Alemania, Espaa y Francia, pero tambin Estados Unidos, continan buscando negocios para su industria armamentista. Sin embargo, en Sudamrica existe la tendencia a diversificar los mercados y han cobrado fuerza nuevos actores, en particular Rusia, China e Irn, as como Bielorrusia. Pese a esta intencin de diversificar, pases como Venezuela estn desarrollando dinmicas que generan nuevas relaciones de dependencia, como es el caso con Rusia, que se ha convertido en su principal proveedor. Respecto al armamentismo, se deben tener en cuenta tres puntos ms: 1) el desarrollo de industrias militares en la regin; 2) la presencia


creciente del tema nuclear; y 3) el trfico de armas ligeras, que tiene una relacin directa con la violencia urbana sealada y que se tratar ms adelante. En primer trmino, varios pases sudamericanos estn creando y ampliando industrias militares, siendo Brasil el mayor proveedor de armas en Amrica del Sur. De all que se haya especulado que la creacin del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) tiene como objetivo principal, para este pas, convertirse en un importante proveedor y romper con la dependencia de los pases de la regin de los proveedores extranjeros (Jcome/Vaz, 2009). Ejemplo de ello son los Super Tucano de la empresa Embraer que han sido vendidos a las fuerzas areas de Colombia y Ecuador. Para reforzar esto, diferentes convenios que se estn firmando, especialmente con Rusia y China, contienen clusulas que contemplan la transferencia tecnolgica. Cabe sealar que los objetivos a mediano plazo planteados por el CDS incluyen la construccin de una identidad sudamericana en materia de defensa, y uno de sus ejes fundamentales es la autonoma estratgica creciente, que se lograra mediante el fortalecimiento de la industria de armamentos y la cooperacin en esta rea. En funcin de ello, en un taller efectuado a finales de junio de 2010 en Quito, se adelantaron discusiones sobre los avances en este campo4. En segundo lugar, el asunto nuclear tambin pasa a ocupar un lugar en esta agenda sobre armamentismo. En el caso de Brasil, fue por medio del convenio Brasil-Alemania, que comenz en 1975, y de las iniciativas ms actuales en torno a submarinos con propulsin de energa nuclear. Ms recientemente, el presidente venezolano ha sealado de manera pblica que existe la posibilidad de desarrollar, junto con Irn, proyectos de energa nuclear para fines pacficos. Las polticas de rearme que se estn desarrollando en varios pases de la regin deben ubicarse en el marco de los procesos nacionales y tomar en cuenta que en ellas influyen la necesidad de complacer a los sectores militares para mantener la estabilidad poltica, el incremento de los niveles de corrupcin que pueden hacer 7

pensar que, como en el pasado, estas adquisiciones estn sujetas a comisiones con la finalidad de comprar la lealtad de los altos mandos, as como una tendencia hacia la profundizacin del resguardo de las fronteras versus la cooperacin y la integracin. Adicionalmente, en varios de los pases este proceso de nuevas adquisiciones militares est asociado al resurgimiento del militarismo y a una estrategia de militarizacin de la sociedad, como es el caso de Venezuela con la creacin de la Milicia Nacional Bolivariana. Con anterioridad, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Comn del Sur (Mercosur) plantearon entre sus objetivos que estas subregiones se constituyeran en zonas de paz (Arellano, 2008), lo cual ha tenido continuidad en los principios del CDS. Despus de su constitucin formal en diciembre de 2008, en su primera reunin del 9 y 10 de marzo de 2009 se descart crear un ejrcito conjunto as como una especie de Organizacin del Atlntico Sur, dos propuestas que el gobierno venezolano vena adelantado desde haca varios aos. En cambio, el Consejo se defini como un espacio de dilogo poltico y de prevencin de conflictos, un rgano consultivo y de concertacin en cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa (Jcome/Vaz, 2009). Sin embargo, en esa primera reunin, efectuada en Santiago, afloraron las primeras tensiones, relacionadas con la compra de armas y la falta de transparencia en los gastos militares, lo que ha llevado a que uno de los temas centrales de las posteriores agendas sean las Medidas de fomento de la confianza y seguridad (MFCS). Pocos meses despus, el Acuerdo en materia de cooperacin y asistencia tcnica en defensa y seguridad entre Colombia y Estados Unidos se convirti en otro elemento de tensin. Por ello se celebr la Cumbre extraordinaria de la Unasur en Bariloche, Argentina, el 28 de agosto de 2009, en cuya resolucin final no se incluy, como propona el gobierno venezolano, un rechazo a ese acuerdo. El consenso fue que la presencia de fuerzas militares extrarregionales no poda convertirse en una amenaza a la


soberana e integridad de los pases y, en este sentido, ambos gobiernos declararon que las acciones estaran circunscritas a la lucha contra el narcotrfico y el terrorismo en territorio colombiano. Sin embargo, persisten serias crticas por parte de Venezuela, Bolivia y Ecuador, aun cuando este ltimo pas ha moderado su posicin en funcin del proceso de reanudacin de relaciones con el vecino. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2009, se efectu en Quito una reunin de ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa cuyos objetivos eran disear MFCS y profundizar el dilogo en el marco del CDS. Se abord de nuevo el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos, siendo una de las propuestas que todos los pases mostraran sus acuerdos de cooperacin militar, para contribuir al establecimiento de mayores niveles de confianza y transparencia. Cabe anotar que en Venezuela, el 22 de septiembre, la Asamblea Nacional aprob un nuevo convenio de defensa con Rusia, que incluy una clusula que obliga al Estado venezolano a mantener

sus contenidos como informacin confidencial y reservada. En contraste, Brasil dio a conocer a los miembros de la Unasur el convenio firmado con el gobierno estadounidense en 2010. En el primer semestre de 2010, todava bajo la presidencia pro tempore de Ecuador, en el seno del CDS se adelantaron discusiones en torno a este tema. Hay que destacar tambin que en noviembre de 2010 se efectuar en Santa Cruz, Bolivia, la IX Conferencia de ministros de Defensa del continente. Desde la creacin de la hoy en da conocida como Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra Amrica/Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) se ha ido generando una perspectiva alternativa. En la VII Cumbre del 17 de octubre de 2009, en Cochabamba, Bolivia, se decidi constituir el Comit permanente de soberana y defensa de la Alba-TCP, como parte del Consejo poltico, y se determin que uno de sus principales objetivos sera definir una Estrategia de defensa integral popular conjunta

Cuadro sntesis: Unasur y las MFCSCumbre extraordinaria de Unasur (Bariloche, agosto de 2009) Presencia de fuerzas militares extrarregionales no pueden amenazar la soberana e integridad de los pases. 1MFCS

y profundizar dilogo en el CDS.

Intercambio de informacin militar. II Reunin de ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa (Quito, septiembre de 2009) Transparencia y gastos de defensa. Informacin y consulta sobre actividades militares en zonas de frontera. Consulta y cooperacin sobre actividades militares no previstas. Cumplimientoyverificacindeacuerdosprevios. 2 Reunin Extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores y Defensa (Quito, noviembre de 2009) Propuesta para que todos los pases mostraran sus acuerdos de cooperacin militar.

Disear procedimientos para la aplicacin de MFCS. Aprobacin de procedimientos para ejecutar las MFCS5. Proporcionar informacin sobre el funcionamiento de Ministerios de Defensa, fuerzas militares y armamento. Aprobacin del estatuto del Centro de Estudios Estratgicos (Buenos Aires). Informe sobre el debate promovido por el gobierno venezolano, del documento Libro blanco de movilidad area de Estados Unidos.

1 II Reunin del CDS (Guayaquil, mayo de 2010) 2 3

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y la constitucin de una Escuela de dignidad y soberana de las fuerzas armadas de la AlbaTCP6. Esta accin puede interpretarse como el inicio de la conformacin de una institucionalidad paralela al Centro de Estudios Estratgicos de Unasur, definido como un ente asesor del CDS. Adicionalmente, en 2009 Venezuela le cedi a Ecuador seis Mirage 50 que haba desincorporado de su Fuerza Area. Pese al discurso y a las nuevas iniciativas regionales de cooperacin, puede preverse que el principal escenario ser el de las relaciones bilaterales, tanto respecto a los desacuerdos como a los acuerdos, aunque las tensiones probablemente seguirn el patrn de los ltimos aos, con la intervencin de terceros pases, y, en algunas ocasiones, funcionarn los mecanismos multilaterales, especialmente la Unasur. En este marco es importante considerar tambin el debilitamiento de la OEA y la reciente decisin de conformar una instancia latinoamericana y caribea que excluya a Canad y a Estados Unidos (Vaz, 2010). Esto parece indicar que, a corto plazo, una accin prioritaria para reducir las tensiones sera fortalecer las MFCS y de transparencia. Sin embargo, el problema fundamental es la falta de voluntad poltica por parte de la mayora de los gobiernos, lo cual puede convertirse en el mayor obstculo del CDS para implementar su plan de accin en esta rea. Este panorama parece indicar que es necesario incorporar nuevos aspectos a los anlisis y debates sobre la cooperacin regional en seguridad y defensa. Como se ha sealado, se estima que existen pocas posibilidades de que las tensiones y los conflictos interestatales sean de tipo convencional, y que, a corto plazo, estarn ms bien asociados a problemas de acceso a recursos (gas, agua) y ambientales (principalmente minera), que tendrn como escenarios puntos focales bilaterales as como los entornos nacionales. Adems, el incremento de conflictos sociales y polticos internos deber ser analizado, ya que lleva a la nece9

sidad de debatir en torno a la gobernabilidad democrtica y su relacin con temas de seguridad y defensa. Sera importante proseguir con las iniciativas para lograr el control democrtico de las fuerzas armadas y que los civiles sean quienes conduzcan la formulacin y ejecucin de las polticas de defensa. Otra prioridad es que cada vez sean menores los recursos del presupuesto nacional que se destinan a gastos militares, privilegiando aquellos destinados a responder a las necesidades bsicas de las sociedades. Un cuarto tema para una nueva agenda es la consideracin de que las armas pequeas y ligeras son uno de los principales problemas: 66% de las muertes en Amrica Latina son producto de armas de fuego provenientes del trfico ilegal (Arias, en Diamint, 2009). En funcin de ello, sera importante retomar una propuesta presentada por la Fundacin Arias para la Paz respecto a convocar una conferencia regional sobre desarme y comercio de armas ligeras y cortas. En conclusin, fortalecer la democracia en la regin, lo que tiene como requisito incrementar las capacidades institucionales nacionales y regionales, es el aspecto ms importante para abordar los temas, nuevos y tradicionales, de la agenda de seguridad y defensa.

3.

lAs tensiones de seguridAden el reA AndinA irrAdiAn desconfiAnzA en lA regin

3.1 el conFlicto Fronterizo colombo-ecuAtoriAnoEl control fronterizo es un problema de recurrente tensin entre Ecuador y Colombia, que comparten una lnea de frontera de 586 kilmetros, en la que operan grupos irregulares guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, y en donde los dos gobiernos reclaman mayor control por parte del vecino mientras anuncian sus


respectivas acciones en pos de la seguridad terrestre, martima y area. Tras el conflicto suscitado por el bombardeo de la Fuerza Area Colombiana al campamento de las Farc en Angostura (Ecuador) el 1 de marzo de 2008, en el cual fallecieron veintisis personas, entre ellas el ex nmero dos de esa guerrilla, Ral Reyes, las relaciones bilaterales quedaron sujetas a fuertes roces polticos y a una tensa inestabilidad en materia de seguridad. Las tensiones entre los dos pases, acicateadas por la posicin beligerante del gobierno venezolano enfrentado con Colombia, se proyectaron sobre el contexto subregional, ocupando la agenda de organismos como la Unasur, la Alba y la propia OEA. El gobierno colombiano logr sortear la resistencia regional, generada por su accin de fuerza, mediante una diplomacia bilateral eficaz, afirmndose en su lnea de cooperacin con Estados Unidos. Ecuador, por su parte, mantuvo una posicin de denuncia internacional, exigiendo reparaciones, la entrega de informacin y una mayor presencia y control colombiano de las zonas fronterizas afectadas por la presencia de grupos irregulares. Las reacciones ecuatorianas contrarias a la poltica colombiana fueron ms all de las acciones gubernamentales de poltica exterior. La Fiscala de ese pas judicializ el conflicto, encausando al ex ministro de Defensa de Colombia (hoy presidente), Juan Manuel Santos, y al comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, general Freddy Padilla de Len, acusndolos de la autora intelectual del bombardeo, dictando contra ellos rdenes de prisin y requiriendo su extradicin. El gobierno ecuatoriano considera que a Colombia le corresponde desarrollar las acciones de control en su territorio, y se reserva su autonoma en la adopcin de controles sobre el suyo, reiterando constantemente su voluntad de impedir, con medios propios, la presencia de grupos armados colombianos en su territorio. El gobierno de Colombia ha venido proponiendo a Ecuador realizar un planeamiento 10

conjunto de la ofensiva militar contra las Farc, aunque no operaciones conjuntas7, a las que Ecuador no ha estado dispuesto desde el inicio de la ofensiva del Plan Patriota, y ha expresado su disposicin a realizar una entrega de informacin precisa y contundente que los organismos de inteligencia de su pas obtuvieron sobre la presencia de dos campamentos de las Farc en territorio ecuatoriano. De hecho, inmediatamente despus de su posesin como presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (2010-) se reuni con su homlogo Rafael Correa (2007-2009; 2009-) y le entreg los discos duros incautados durante el operativo militar en Angostura. En el proceso de acercamiento diplomtico, el 24 de septiembre de 2009, en Nueva York, los cancilleres firmaron un comunicado conjunto afirmando la voluntad poltica para reconstruir las relaciones bilaterales. Colombia se comprometi a no realizar operaciones militares en territorio ecuatoriano, mientras Ecuador reiter que no tolerar grupos irregulares en su territorio y que cualquier incursin sera rechazada. Posteriormente, en noviembre de 2009, se reactiv la Comisin Binacional de Fronteras (Combifron), como un instrumento de accin inmediata que coordina, evala y supervisa el cumplimiento de los compromisos militares y policiales de seguridad fronteriza, lo que constituy el avance ms significativo para la normalizacin de las relaciones y coadyuv a reducir la polmica declarativa en temas de seguridad. Adicionalmente, se establecieron tres comisiones, una para abordar los asuntos de seguridad y combate al crimen transnacional, en la que se incluye el contrabando de armas y municiones y el combate a los grupos subversivos; otra para temas de desarrollo fronterizo, que aborda el mejoramiento de las condiciones de la poblacin de frontera, el apoyo a los refugiados y el manejo humanitario; y la Comisin de asuntos sensibles, entre los que constan el pedido de Ecuador de reparacin de los daos causados por el bombardeo del 1 de marzo de 2008, que incluye una indemnizacin a la familia de Franklin Aisalla, ecuatoriano supues-


tamente vinculado a las Farc y que falleci en el ataque, as como el requerimiento de Colombia de derogar la exigencia de un certificado de antecedentes judiciales a los colombianos que ingresan a Ecuador, y su solicitud de dejar sin efecto el proceso legal en contra del hoy presidente Juan Manuel Santos. El gobierno ecuatoriano ha manifestado que el acercamiento bilateral no altera las dos demandas internacionales contra Colombia: 1) la planteada ante la Corte Internacional de La Haya por las fumigaciones areas con glifosato en la frontera comn; y 2) la presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de un ecuatoriano durante el bombardeo al campamento de Angostura. Colombia ha expresado, extraoficialmente, que en el marco de los dilogos aspira a que Ecuador desista de ambas demandas. Las Fuerzas Armadas de Ecuador han informado que en 2009 se desmantelaron 187 refugios temporales de grupos armados irregulares durante diversos operativos en la zona norte del pas, fronteriza con Colombia; se destruyeron diez campos de hoja de coca y se incautaron 8.476 municiones, 54 granadas, 143 armas cortas, cuatro minas antipersonal y otras armas como subametralladoras, cpsulas detonantes y plvora; adems, se decomisaron 136.788 galones de gasolina, 24.798 de diesel y unos diecisiete kilos de base de coca8. Por su parte, el gobierno colombiano anuncia, para el periodo 2011-2014, inversiones superiores a los 5.000 millones de dlares en seguridad interna y capacidad disuasiva para enfrentar posibles amenazas externas. Se ha planteado que estos recursos, recaudados a travs del impuesto sobre el patrimonio, se destinarn a sostener y profundizar la poltica de seguridad democrtica y a la readecuacin del sector defensa, mediante el refuerzo de los frentes urbanos y el incremento del nmero de policas, as como a inversiones en movilidad y comunicaciones en las fronteras donde existe presencia guerrillera. Adems, se inaugur una 11

base militar en la frontera con Ecuador, con capacidad para 2.400 efectivos, en concordancia con una de las exigencias del gobierno ecuatoriano de que Colombia destine mayores contingentes a la seguridad de su territorio fronterizo. En todo caso, la poltica del entonces presidente lvaro Uribe se vio afirmada con la militarizacin de las fronteras, luego de que ni la OEA ni otro organismo multilateral sancionaran a Colombia por su accin armada en territorio ecuatoriano. Con el acuerdo de seguridad con Estados Unidos, que no lleg a ser objetado por la Unasur, se consolid la poltica de fuerza que ha caracterizado al gobierno colombiano en el tratamiento del conflicto con las Farc, con el que ha logrado uno de los principales objetivos de la presin transfronteriza, que es el mayor involucramiento militar de sus vecinos, hoy plasmado no solamente en la progresiva movilizacin de fuerzas armadas, sobre todo las ecuatorianas, en zonas fronterizas crticas, sino tambin en el incremento de las inversiones en defensa y adquisiciones militares, significativas durante 2009 en Ecuador y Venezuela. El destino de la relacin bilateral est muy condicionado por la situacin interna de los dos pases. En el caso ecuatoriano, el posicionamiento en asuntos regionales y el mantenimiento de una fuerte censura a la poltica de seguridad del gobierno Uribe fueron recursos de autoafirmacin nacional invocada como factor de legitimidad del gobierno. En Colombia se debata el grado de reconocimiento social a la eficiencia de la poltica de fuerza de Uribe para pacificar el pas y derrotar a los grupos armados. De hecho, las tensiones fronterizas con Ecuador y Venezuela y la poltica frente a las Farc son aspectos fundamentales de las oposiciones polticas y electorales colombianas, que devinieron en el triunfo de Juan Manuel Santos en la carrera presidencial.

3.2 conFrontAcin colombo-venezolAnALa retrica belicista del presidente Chvez y su permanente intervencin en las situaciones in-


ternas de otros Estados lo han convertido en la contraparte ideal para la regionalizacin de tensiones fronterizas buscada por la poltica de fuerza de Uribe, en pos de legitimar frente a la regin sus acuerdos de seguridad con Estados Unidos, como un factor de seguridad y equilibrio ante la proyeccin subregional de riesgos de seguridad e incluso blicos, supuestamente generados desde el gobierno venezolano. El anuncio de Chvez de que su gobierno obtuvo un crdito por 2.000 millones de dlares para la compra de armamento a Rusia, entre ellos 92 tanques T72 y sistemas antiareos, dio lugar al recrudecimiento de la tensin entre los dos gobiernos en torno al destino de las crecientes inversiones militares y su afectacin para la seguridad de los vecinos y la estabilidad de la regin. El gobierno colombiano mantiene que sus adquisiciones de armamento estn destinadas a enfrentar el conflicto interno y no a atacar a otros pases, en el entendido de que el xito de Colombia contra el denominado narcoterrorismo deber ser de inters compartido por sus vecinos, en cuanto evita el riesgo de contagio. Los gobiernos de Colombia y Venezuela se han acusado mutuamente de armamentismo y afanes de agresin. El presidente Uribe denunci, en diferentes foros internacionales, las millonarias inversiones del gobierno del presidente Chvez en armamento, mientras ste acusa a Bogot y a Estados Unidos de ser los campeones del armamentismo. De su lado, Chvez, con ocasin del acuerdo Colombia-Estados Unidos, que permite el acceso estadounidense a bases militares colombianas, lo ha sealado como una amenaza directa contra la soberana de Venezuela y un factor de inseguridad para toda la regin. Por su parte, Colombia ha exigido que el CDS y la Unasur debatan los alcances del belicismo venezolano, que a su juicio cuestiona los propios objetivos de estos organismos multilaterales. En este contexto de acusaciones mutuas, el presidente Chvez ha descartado reiteradamente la normalizacin de las relaciones diplom12

ticas con Colombia, suspendidas en agosto de 2009 y rotas formalmente en julio de 2010, en respuesta al acuerdo de cooperacin colomboestadounidense. Venezuela rechaz la propuesta de Estados Unidos de mediar en su conflicto con Colombia, atribuyendo el origen de las tensiones a la presencia de ese pas en bases militares de su vecino. Tras la suscripcin del convenio se agudiz la crisis diplomtica entre Colombia y Venezuela, en cuyo contexto Chvez hizo un llamado a los venezolanos a prepararse para defender al pas de una agresin de Estados Unidos desde Colombia. Este ha sido uno de sus temas recurrentes en los escenarios multilaterales, fundamentalmente la Unasur y Alba. En el marco de la Unasur, el gobierno ecuatoriano ha sealado que las bases militares que Colombia puso a disposicin de Estados Unidos son el problema real en el conflicto con Venezuela, y ha demandado garantas plenas de que las fuerzas estadounidenses no van a ser usadas para vulnerar la soberana de los pases de la regin. A mediados de 2010, el escalamiento de la confrontacin colombo-venezolana, a raz de la denuncia de Colombia ante la OEA sobre la presencia de bases de las Farc en Venezuela, llev a la ruptura de relaciones diplomticas entre los dos pases, agudizando las tensiones bilaterales y comprometiendo la gestin multilateral, en particular en el caso de la Unasur, que se vio incapacitada para lograr un mecanismo de superacin del conflicto. Con el cambio de gobierno en Colombia las relaciones entre ambos pases se restablecieron, apenas dos das despus de la posesin de Juan Manuel Santos como presidente, durante una reunin entre ambos mandatarios en Santa Marta, Colombia. All, Chvez y Santos acordaron pasar la pgina y comenzar de nuevo, y establecieron una agenda de cinco puntos, trabajados por comisiones formadas por miembros de los dos pases. El primero es el pago de la deuda a los exportadores colombianos y el reimpulso de las relaciones comerciales; el segundo es la bsqueda de mecanismos de complementacin econmica que reempla-


cen el intercambio que se haca por medio de la CAN; el tercero, el desarrollo de un plan de trabajo de alto impacto social para apoyar a los habitantes de la zona de frontera por medio de proyectos productivos; el cuarto punto es el desarrollo conjunto de obras de infraestructura y la posibilidad de que Venezuela tenga una salida al Pacfico a travs del territorio colombiano; por ltimo, el quinto es de seguridad, e incluye la vigilancia de la frontera y la lucha contra los grupos irregulares, asunto en el que el presidente Chvez asegur que no apoya a las guerrillas colombianas y se comprometi a no permitir su presencia en territorio venezolano.

3.3 rePercusiones del Acuerdo colombo-estAdounidensePArA el uso de bAses militAres

mximo de ochocientos militares y seiscientos civiles contratistas estadounidenses, que tendrn inmunidad diplomtica, lo que es motivo de rechazo incluso dentro de Colombia, ante lo cual el gobierno asegura que no habr impunidad en eventuales delitos que los militares estadounidenses cometan en el pas, pues el convenio establece que Estados Unidos investigar y sancionar esos delitos, y que no habr jurisdiccin de ese pas en territorio colombiano. Pese a la recomendacin del Consejo de Estado, el acuerdo no pas por el control del Congreso, puesto que el gobierno colombiano argument que no se trata de un tratado internacional, sino de un convenio simplificado, que no implica paso de tropas extranjeras hacia otros pases con fines blicos. Se sostuvo que es un acuerdo que actualiza los convenios precedentes de 1952, 1962 y 19749. El nuevo acuerdo, segn insista el gobierno del entonces presidente Uribe, se reduce a la lucha contra el narcotrfico y el terrorismo dentro de las fronteras colombianas, lo cual ha sido corroborado por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien garantiz a los cancilleres de los doce pases de Sudamrica que no habr extraterritorialidad en el uso de las instalaciones militares colombianas. La extendida inquietud por el acuerdo entre varios pases de la regin condujo a que los presidentes de los pases miembros de la Unasur se reunieran en forma extraordinaria el 28 de agosto de 2009 en Bariloche, Argentina, y despus los cancilleres y ministros de Defensa en Quito, el 15 de septiembre, para abordar las implicaciones y acciones en torno al acuerdo. Las posiciones de algunos gobiernos se radicalizaron en contra del mismo. Para el presidente Chvez se trata de una amenaza a la integridad y soberana de Venezuela y contra la seguridad de la regin. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calific al acuerdo de una provocacin para la regin, mientras el presidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2010; 2010-), denunci su posible uso en contra de los procesos revolucionarios que se gestan en Amrica, y una provocacin para impedir el avance de la Unasur. Ante la oposicin de varios pases 13

Desde la perspectiva regional, el acuerdo de seguridad suscrito por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos el 30 de octubre de 2009, que autoriza a militares estadounidenses a operar en siete bases colombianas para acciones contra el narcotrfico y grupos insurgentes, ha sido objeto del rechazo de varios pases de la regin y tambin de cuestionamientos internos en la propia Colombia. Este acuerdo tiene como antecedente las presiones para la salida del contingente estadounidense de la base de Manta, en territorio ecuatoriano, y la entrega final por parte de Estados Unidos de esa base, utilizada desde 1999, por la negativa del gobierno ecuatoriano a renovar el acuerdo que tuvo una duracin de diez aos, y se presenta en un contexto de oposicin y crticas de varios gobiernos sobre la presencia militar norteamericana en la regin. Mediante el nuevo acuerdo con Colombia, las tropas de Estados Unidos podran operar durante los prximos diez aos en las bases areas de Palanquero, Apiay y Malambo, y podran utilizar las bases militares de Tres Esquinas y Tolemaida, as como las navales de Cartagena y Baha Mlaga. El convenio autoriza la presencia de un


frente al acuerdo, Colombia no descart su salida de la Unasur en caso de que esta limite el tratamiento de la seguridad regional a ese punto y solicit que los debates incluyan la compra de armas y la lucha contra el terrorismo. Estas nuevas tensiones de seguridad entre pases de la subregin andina se producen en un contexto de concurrencia asimtrica de tres mecanismos de integracin, con distintos ritmos, trayectorias y orientaciones: la CAN, la Unasur y la Alba. La CAN, en proceso de deterioro, debilitada como foro poltico y espacio de integracin y carente de mecanismos de confianza y de un sistema de seguridad, de la cual Venezuela se autoexcluy, no ha tenido ningn rol en esta nueva crisis en su propia rea. Las tensiones se desplazaron al seno de la incipiente Unasur, que ha venido poniendo nfasis en el mbito de seguridad desde la creacin del CDS hasta los acuerdos sobre medidas de confianza y seguridad, en camino hacia una agenda regional al respecto. Como se seal, el incremento de los presupuestos de defensa y de las adquisiciones de armamento deviene un factor de desconfianza en la regin andina. A partir de la propuesta del presidente peruano Alan Garca (2006-) de reducir el gasto militar mediante un pacto de no agresin, la Unasur acord requerir de cada pas un informe sobre gastos de defensa y la remisin de los presupuestos de las fuerzas militares de los ltimos cinco aos en compra de armas, para conocimiento del CDS, que deber coordinar el intercambio de informacin sobre seguridad e inteligencia y mantener un banco de datos, con el registro de adquisicin de equipos y armas convencionales, adicional a la informacin que los pases deben entregar a las Naciones Unidas y a la OEA. A manera de conclusin podemos sealar entre las principales repercusiones del acuerdo colombo-estadounidense las siguientes: Elev el clima de desconfianza, en un escenario que carece de instancias institucionales para la resolucin de conflictos y de mecanis14

mos efectivos de cooperacin en medidas de confianza mutua, en el que hay varios frentes de tensin, incluso armada, con presencia de actores estatales y no estatales, y zonas que no tienen control estatal, espacios donde se reproduce la violencia poltica y delincuencial ligada al narcotrfico. Favorece el uso poltico del discurso belicista del presidente Chvez, en nombre de la amenaza intervencionista estadounidense, que encuentra en el acuerdo de uso de las bases colombianas un hecho que la justifica. Recrea el alineamiento subregional andino frente a Estados Unidos y sus acuerdos bilaterales privilegiados, afirmando la idea de asociacin de pases con objetivos y posicionamiento regional comunes, frente a una intervencin de ese pas en las reas crticas de la seguridad hemisfrica. Tras un prolongado periodo de desencuentros con la poltica antinarcticos de Estados Unidos, asociada con acciones de tipo militar, este acuerdo explicita objetivos que exceden los alcances de la lucha antinarcticos, insertando una accin militar externa en un pas donde se desarrolla una poltica de seguridad de contrainsurgencia, basada en acciones militares y en la militarizacin de los roles policiales, lo cual agrava los constantes choques con las polticas de seguridad de dos pases vecinos, Ecuador y Venezuela, que no comparten los objetivos militares de la poltica de seguridad colombiana. Ha servido tambin de justificativo para una mayor movilizacin militar y para el incremento exponencial de adquisiciones militares y del gasto en defensa en los pases del rea. Ha repercutido negativamente en los acuerdos multilaterales de la Unasur, donde constituye un punto de friccin poltica que securitiza la agenda y retrasa el proceso de integracin, mientras que en el contexto de la Alba ha alimentado la afirmacin antimperialista, que favorece la orientacin ideolgica del acuerdo y estimula la adopcin de


definiciones comunes en materia de seguridad y defensa.

4.

el cAribe: HurAcAnes, terremotosy crimen orgAnizAdo Ante lA seguridAd cooPerAtivA

3.4 otros Asuntos relevAntesen lA regin AndinA

En el caso de Per, sus conflictos con Chile y Bolivia se negocian en el mbito diplomtico, sin que en los ltimos aos hubiese tensiones importantes. Hay reminiscencias de actividades armadas subversivas en la selva amaznica, por reductos del grupo Sendero Luminoso, sin capacidad de desestabilizar al gobierno de Alan Garca, presidente que, a diferencia de su anterior periodo de gobierno en los aos ochenta, se caracteriza por ser mucho ms moderado ideolgicamente, y hacia el exterior mucho ms comprometido con la poltica de Estados Unidos. En Per se desarrollaron en julio de 2010 maniobras navales conjuntas, con amplia presencia del Comando Sur de Estados Unidos y con participacin de gran cantidad de pases, incluido Ecuador. Venezuela se expres en contra de esta operacin multinacional. La hiptesis de las maniobras se centr en la guerra al narcotrfico, por la importancia que este problema tiene en Per (Sobern, 2008). En Bolivia, la reeleccin de Evo Morales lo fortaleci como gobernante. En lo externo, el presidente Morales ha refrendado su filiacin con la Alba, recibiendo montos importantes de asistencia venezolana y, en menor medida, cubana (la misin mdica). Una declaracin indita suya fue reveladora de cmo el narcotrfico afecta a su gobierno, y habla de la necesidad de ser apoyado por la comunidad internacional. El 27 de julio de 2010 seal que los narcotraficantes tienen ms tecnologa que la polica boliviana y estn mejor equipados que las fuerzas armadas. Sostuvo que en vez de que las instancias del Estado hagan seguimiento a los narcotraficantes, los narcotraficantes nos hacen seguimiento. A la par, seal la necesidad de que la comunidad internacional apoye a Bolivia10.

En el Caribe, al igual que en Amrica del Sur, se desarrollan algunas de las medidas ms importantes de seguridad cooperativa en el hemisferio, esto beneficiado por varios factores, entre los que se encuentran los antecedentes de contar con sistemas casi integrados cooperativos desde que la regin estaba bajo la tutela inglesa, el reconocimiento de sus lderes de que son pequeos Estados y que, por tanto, deben cooperar para sobrevivir, as como el enfrentar numerosas amenazas comunes, tanto naturales como las llamadas nuevas amenazas (Bobea, 2009). Conceptualmente, los lderes del Caribe fueron los impulsores del concepto de seguridad multidimensional en el seno de la OEA en 2003, y en sus discursos es constante la referencia a la seguridad humana, al desarrollo como condicin necesaria para dar seguridad y a la integracin y cooperacin como condiciones imprescindibles para afrontar problemas y riesgos (Griffith, 2009). En la regin predomina tambin la presencia naval de Estados Unidos, mediante la Guardia Costera que, junto con el Comando Sur, ejerce una tutela de facto, muy superior a las capacidades de cualquier otra fuerza armada subregional (incluidas las de otras potencias globales como Gran Bretaa, Francia u Holanda), o como Venezuela, Cuba, Colombia o Mxico. Tambin la ONU mantiene gran presencia con el despliegue de la Minustah, con aproximadamente 10 mil efectivos entre militares y policas en Hait, la mayor parte brasileos, uruguayos, chilenos y argentinos, quienes cumplieron un rol fundamental ante el terremoto de enero de 2010 y sern claves en los prximos aos para emprender la reconstruccin del pas. Quizs entre los fenmenos de inseguridad ms relevantes del Caribe est la ola criminal que asola a la regin, siendo Jamaica el pas ms afectado. Un reporte de The Economist seal en 2009 que la expansin del trfico interna15


cional de drogas ha institucionalizado el comportamiento criminal en los pases caribeos, incrementado los crmenes, entre otras razones por la disponibilidad de armas de fuego11. Este fenmeno se da principalmente en Jamaica (que tiene la tercera tasa ms alta de homicidios en el mundo, con ms de 60 por cada 100 mil habitantes), Hait, Trinidad y Tobago, y hasta en pases como Puerto Rico y Repblica Dominicana. En el Caribe este fenmeno es considerado intermstico, y se buscan soluciones cooperativas, por la debilidad de los gobiernos y sus limitados recursos para hacerles frente (Manwaring, 2010). Para enfrentar este fenmeno, igual que en Amrica Central y Mxico, las fuerzas armadas estn empezando a ser utilizadas intensivamente (Pritchard, 2009). En el Caribe hay muchas experiencias positivas en el sector de la seguridad y la defensa, la mayora de ellas ubicadas en el seno de la Comunidad del Caribe (Caricom: Caribbean Community). Entre estas destacan los roles de Caricom para atender graves conflictos internos electorales, como en Guyana a mediados de los aos noventa, en San Vicente y las Granadinas en 2000, y en Hait en numerosas ocasiones en los ltimos veinte aos; cabe sealar que en este caso la ltima iniciativa fue abortada por la intervencin militar que dio pie a la conformacin de la Minustah. Tambin Caricom ha sido muy importante en la resolucin de conflictos interestatales, como el de Barbados y Trinidad y Tobago para la delimitacin de espacios martimos, entre Trinidad Tobago y Venezuela por derechos de pesca, y entre Belice y Guatemala. En estos esfuerzos, Caricom participa de la mano de la OEA y la ONU (Byron, 2009). En el Caribe es constante la presencia de instituciones y potencias colaborando en la seguridad y la defensa subregional. Holanda, Francia y Gran Bretaa mantienen flotas de guerra de forma permanente, y otros pases, como Rusia y China, han ingresado, amparados por Venezuela o, incluso, por Cuba (Klepak, 2009a). En el caso de Cuba, sus fuerzas armadas permanecen con una capacidad aceptable de defensa de la isla, so16

bre todo para hacer frente a las llamadas nuevas amenazas, como el crimen organizado. Cuba no aparece en ninguno de los documentos de flujo de drogas como un corredor importante de ellas, y sus fuerzas armadas colaboran con la Guardia Costera de Estados Unidos para el control de las drogas y los migrantes, aunque en trminos de doctrina la percepcin de que la amenaza fundamental de la isla es el imperialismo estadounidense sigue sin alteracin (Klepak, 2009b). Adems, hace poco Cuba firm un tratado con Mxico, para la intercepcin y devolucin de embarcaciones con migrantes ilegales. La presencia de Estados Unidos es, sin duda, el factor de seguridad ms importante en la cuenca caribea. Este pas impulsa una nueva Iniciativa para la Cuenca del Caribe, para estrechar la cooperacin contra el narcotrfico, debido a que sus organismos de control de drogas como la Drug Enforcement Agency (DEA) han detectado que los narcotraficantes colombianos estn volviendo a emplear las rutas del Caribe, por el cerco naval que se est fortaleciendo en Mxico. Estos programas de cooperacin involucran principalmente a la Guardia Costera y al Comando Sur, y tambin se vinculan al programa de cooperacin con Mxico y Amrica Central, conocido como la Iniciativa Mrida, en la cual se incluye a Repblica Dominicana y Hait (House Foreign Affairs Committee, 2009). El Caribe y Centroamrica son las regiones ms vulnerables del hemisferio a los embates de la naturaleza; all, los huracanes son una amenaza constante y se han vuelto parte de la vida cotidiana. Cuando aparecen tienen una capacidad destructiva sin precedentes. Basta recordar que incluso la potencia ms desarrollada del planeta, Estados Unidos, fue golpeado por Katrina en agosto de 2005. Ni poseer las ms altas tecnologas

seguridad regional fes

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