By Carlos BasomBro IglesIas2

WOODROW WILSON CENTER UPDATE ON THE AMERICASOCTOBER 2012

REGIN ANDINALEYES, PENAS Y CRCELES:

CUNTO SIRVEN (Y CUNTO NO) PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA?

1- El seminario tuvo lugar en Lima, Per, el 21 y 22 de febrero 2012.2- Consulting Director del Proyecto Seguridad Ciudadana en las Amri-cas del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center.

l incremento de la sancin penal como respuesta principal al delito en Amrica Latina es cada vez mayor. Hay una percepcin muy extendida de que el delito ocurre por las ventajas que la justicia les

da a los criminales en detrimento de las vctimas. Se seala que las policas los capturan y los fiscales los sueltan; que la legislacin es muy benvola y que los delincuentes tienen muchos beneficios en el juzgamiento y en la prisin.

En el marco de un proyecto sobre la seguridad ciudadana apoyado por la Corporacin Andina de Fomento, el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center, junto con el Instituto de Defensa Legal en Lima, puso en discusin estos temas ante un grupo de expertos y autori-dades del Per, Colombia, Bolivia y Ecuador.1 Esta relatora incluye opiniones de ocho de los expertos: Michael Reed, socio fundador e investigador, Corporacin Punto de Vista de Colombia; Gustavo Carrin, ex Director PNP y ex Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE); Ernesto de la Jara, Director General del Instituto de Defensa Legal; Andrs Antillano, Criminlogo, Universidad Central de Venezuela; Jean Schmitz, del Instituto Latinoamericano de Prcticas Restaurativas; Ivn Gonzlez, Presidente de la Comisin Asesora para el Diseo de la Poltica Criminal del Estado Colombiano; Ramiro Oras, Director de la Fundacin Construir de Bolivia.

Tambin participaron importantes autoridades de la vida pblica del Per: Juan Huambachano, Gerente, Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico; Vctor Burgos Marios, Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; Jos Luis Prez Guadalupe, Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, las congresistas Rosa Mavila y Marisol Prez Tello; y Jorge Muiz, alcalde de Miraflores. Lo que sigue son las ideas centrales de las presentaciones y debates organizados por los diferentes temas que fueron abordados, bajo esa temtica general de justicia y seguridad ciu-dadana: la percepcin de inseguridad y la demanda de soluciones r-pidas; la seguridad ciudadana y como conseguirla; fetichismo penal, simbolismo penal, y populismo penal; leyes penales ms duras; los

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LATIN AMERICAN PROGRAM

2avances y posteriores retrocesos del Nuevo Cdigo de Procedimientos Penales; y crceles situacin y consecuencias.

Adems de la relatora, el Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center pone a disposicin de los interesados los trabajos escritos que presentaron los ponentes, as como los Power Points.

la perCepCIn de InsegurIdad y la demanda de soluCIones rpIdas

Segn Michael Reed de la Corporacin Punto de Vista, para quien ha sido vctima de un crimen vio-lento, ste es un acontecimiento que irrumpi en la vida cotidiana cambiando su esencia, un acon-tecimiento que sobresale a causa de su absurdo y gratuidad. Es un hecho traumtico.

En el Per, segn mediciones de la ONG Ciudad Nuestra, la sensacin de inseguridad al-

canza 72 por ciento, cuando slo 41 por ciento de los entrevistados indica que un miembro de su familia ha sido vctima de un acto criminal. Es decir que tres de cada cuatro entrevistados perua-nos manifiesta sentirse inseguro, cuando slo dos de cinco tiene un familiar vctima de un acto cri-minal. Esto, seala Gustavo Carrin, ex director de la Polica peruana, genera una crispacin popular que exige polticas de mano dura. Esto puede llegar a tal punto que en una localidad al norte de Per en donde unos miembros de la polica habran elimi-nado delincuentes, son mirados con complacencia por la poblacin. Ah, seala Carrin: ... lo con-traproducente es que la poblacin seala siempre a la polica como una institucin que est afectada por la corrupcin, pero que no dudaran en conver-tirlos en asesinos si ello les proporciona ms tran-quilidad, una sensacin de venganza. Asimismo, en Bolivia, segn la Encuesta de Victimizacin del

THE LATIN AMERICAN PROGRAM and its institutes on Mexico and Brazil serve as a bridge between the United States and Latin America, providing a nonpartisan forum for experts from throughout the region and the world to discuss the most critical issues facing the Hemisphere. The Program sponsors research, conferences, and publications aimed at deepening the understanding of Latin American and Caribbean politics, history, economics, culture, and U.S.-Latin American relations. By bringing pressing regional concerns to the attention of opinion leaders and policymakers, the Program contributes to more informed policy choices in Washington, D.C., and through-out the Hemisphere.

Citizen insecurity poses a rising challenge to democratic governance and the exercise of citizenship throughout Latin America and the Caribbean. Homicide rates are among the highest in the world and citizens throughout the region cite crime, followed by unemployment, as the dominant concern of daily life. Transnational organized crime, including but not limited to narco-traf-ficking, exacerbates levels of violence, compromises state institutions, and undermines democratic quality and the rule of law. The Latin American Program fosters comparative research and dialogue among scholars and policymakers from throughout the Americas regarding local, national, and international public policies to address citizen insecurity and related efforts to strengthen institutions, the observance of human rights, and the rule of law. The Program also focuses special attention on the changing sub-regional dynamics of orga-nized crime and explores ways to diminish its pernicious effects on governance and insecurity. The Latin American Program sponsors a blog on citizen security, http://scela.wordpress.com, which has become a key resource for citizens and public officials throughout the region. WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARSOne Woodrow Wilson Plaza, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-3027tel. (202) 691-4000, fax (202) 691-4001www.wilsoncenter.org/lap

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Observatorio de Seguridad Ciudadana, la percep-cin de inseguridad alcanz 44 por ciento, y el n-dice de victimizacin, 43,6 por ciento.

Carrin sostiene que frente al crecimiento de la inseguridad, la ley se ha mostrado inocua: no se ha podido articular el sistema y darle una rectora apropiada a las acciones que se deban adelantar para superar los riesgos y los temores.

Nueve de cada 10 delitos cometidos son de ca-rcter patrimonial. Se trata sobre todo de delitos urbanos, considerados menores, no obstante son estos los que generan sensacin de inseguridad. Ernesto De la Jara del Instituto de Defensa Legal sostiene lo mismo: en el caso de los hombres el mayor nmero de internos est recluido por deli-tos contra el patrimonio; y en el de las mujeres por delitos contra la seguridad pblica. Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica de Per, 91,6 por ciento de los delitos corresponde a conductas delictivas al paso, es decir, a delitos de bagatela o menores.

Adems, sostiene Carrin, estos delitos son co-metidos por delincuentes ocasionales que al aplicar-les polticas de mano dura y enviarlos a crceles tu-gurizadas los convierten en la reserva y siguientes generaciones del crimen organizado. Entonces las acciones policiales, que s logran ciertos xitos, no disminuyen la sensacin de inseguridad: que un jefe de una banda de narcotraficantes vaya a la crcel no tendr incidencia sobre el temor de la ciudadana a ser vctima de un delito en la calle, en lugares p-blicos o en sus viviendas. Por ello, sostiene Carrin,

el nfasis se debe hacer sobre las tareas de preven-cin, teniendo en cuenta que se trata de acciones de lenta maduracin, poco rentables en trminos me-diticos, [...] demandan presupuestos especiales... , pues son indispensables para afrontar la indisciplina social, delitos menores, faltas, y que impedirn el pregrado de la delincuencia organizada violenta.

la segurIdad CIudadana y Cmo ConseguIrla

Para Gustavo Carrin la seguridad ciudadana puede ser asumida como cultura de certeza so-cial. Es decir como una nueva forma de vivir que se oponga a los riesgos que se nos impone la sociedad moderna. En la misma lnea, Jean Schmitz del Instituto Latinoamericano de Prcticas Restaurativas sostiene que el concepto est espec-ficamente orientado a la proteccin de los ciudada-nos. Por ello difiere sustantivamente del concepto de seguridad nacional, que apunta a la proteccin y defensa del Estado. Ello facilita la recurrencia a medidas de mano dura.

Andrs Antillano de la Universidad Central de Venezuela se refiere a las llamadas polticas de mano dura que han surgido en los pases de la regin en los ltimos aos como nuevo punitivismo, que se expresa como una constelacin de prcticas, discursos y tecnologas que se desarrollan de ma-nera asincrnica y descompensada pero que en su articulacin terminan definiendo una estrategia uniforme. Antillano sostiene, tambin, que las polticas de mano dura implican cambios en las

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4diferentes esferas de la seguridad ciudadana. Con respecto a las prcticas y modos de actuar de las agencias penales, encuentra, por un lado, un nuevo protagonismo de la polica, debido a su capacidad de permear territorios y vigilar poblaciones enteras. Por otro, crea una tendencia a que las fuerzas ar-madas se involucre en tareas que le corresponden a las fuerzas policiales. En el mbito de las prcti-cas concretas, las tcticas suponen, ahora, un alto coeficiente de coaccin y control poblacional y los modos de operar, una mayor militarizacin.

Las polticas de mano dura implican, tambin, cambios significativos en la legislacin penal, pues aumentan las conductas criminalizadas y la severi-dad de las penas. Las consecuencias de este tipo de polticas se observan tambin en las prisiones. A la luz de mtodos que favorecen la detencin y el proce-samiento masivo, aumento de tipos penales, aumento de la duracin de las penas, eliminacin de medidas alternativas, entre otras medidas, las condenas se ace-leran comprometiendo al debido proceso.

Ivn Gonzlez de la Comisin Asesora para el Diseo de la Poltica Criminal del Estado Colombiano plantea otro enfoque. Para l la crimi-nalidad y la violencia estn ntimamente ligadas a las condiciones sociales y econmicas. Por ello, son ms visibles entre la poblacin con menor oportu-nidad de acceder a los bienes y servicios que ofrece el Estado. Por ello para controlar la criminalidad es necesaria una accin estatal orientada a eliminar las condiciones de pobreza y desigualdad. Gonzlez propone que la seguridad ciudadana se puede asu-mir desde dos perspectivas: Desde aquella relacio-nada con los temores ciudadanos frente a la crimi-nalidad y la violencia; y desde aquella relacionada con los temores ciudadanos frente a la exclusin y marginalidad, tal y como se manifiestan hoy.

Por ello sostiene que leyes que apunten a segu-ridad alimentaria, laboral, salud, etctera pueden contribuir a la seguridad ciudadana. En cambio, aquellas que nicamente apunten a erradicar el de-

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lito sern slo una fuga al punitivismo y al dere-cho penal simblico, dejando intactos los factores que se deben atacar.

En la misma lnea, Carrin seala que en la me-dida en que los factores a atacar para evitar que se conviertan en detonantes de delincuencia ocasio-nal tienen que ver con la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la educacin, etctera, un modo de prevencin son programas y polticas sociales, de inclusin y de justicia social. Lo que sucede, explica De la Jara, es que el delito es slo la punta del iceberg de situaciones sociales difciles o conflictivas. Es en este contexto que el Derecho Penal aparece nicamente como un mecanismo secundario y confirmador de otros medio de con-trol social. Es el ltimo recurso. Sostiene, adems, que el delito vendra a ser la confirmacin del fra-caso de los medios de control formalizados para acoger e integrar a determinados individuos.

Schmitz seala que la palabra pena se basa entonces en la creencia de que los castigos co-rrigen los comportamientos, la idea base para las polticas de disciplina alrededor del mundo. No obstante, se trata de una creencia, que no reposa sobre evidencia emprica. As el castigo slo tiene un efecto superficial. Segn Schmitz, la pena busca tener en la sociedad dos efectos bsicos: Inducir una prevencin general dirigida al con-junto de individuos que conforman la sociedad. Provocar una prevencin especial, dirigida al su-jeto que ya ha sido penado. Luego, seala que por lo general, la pena, en particular la privacin de la libertad busca ante todo un efecto puramente retributivo (como la venganza), ms no la en-mienda e insercin del penado a la comunidad a la que pertenece. Tambin indica que para formu-lar las penas hay tener en cuenta una serie de R, algo que en la prctica nunca sucede: Asuncin de Responsabilidad de victimario, Reparacin y resarcimiento de la vctima, Rehabilitacin del transgresor, Restablecer las relaciones humanas.

5FetIChIsmo penal / sImBolIsmo penal / populIsmo penal

Como se ha visto, la instauracin de polticas de mano dura responde muchas veces a promesas electorales, por su aparente efectividad simblica. En ese sentido, Reed sostiene que el miedo al cri-men y a los criminales reorganiza simblicamente al mundo en una dicotoma: el bien, los de adentro; y el mal, los de afuera; amigos y enemigos. Es ah en donde yace su poder. Medidas como toleran-cia cero, segregacin punitiva, sinceridad de sentencias se presentan como soluciones mgicas a los problemas sociales. As, quien aparezca como suave ante el crimen deber pagar un costo pol-tico alto; puede ser incluso representado como de-fensor de los criminales.

Este tipo de medidas responden tambin, como seala De la Jara, a campaas denominadas de ley y orden cuyo objetivo es transmitir que todos es-tamos en peligro, para desviar la atencin de los verdaderos problemas sociales y justificar polticas represivas y fomentar entre la poblacin una actitud favorable a las polticas de mano dura, que suelen traducirse en arbitrariedad y restriccin de garan-tas y derechos ciudadanos.

La potencia de las representaciones dicotmicas y discursos simples tambin yace en su capacidad para producir un sentimiento colectivo: los buenos contra los malos. Entonces el derecho penal sirve slo en cuanto a su funcin simblica: se producen

normas para aparentar que se hace algo contra el crimen aunque su eficacia es slo performativa. No obstante, el derecho penal es necesario, pero es la solucin absoluta. Se debe castigar en la medida en que el castigo represente la totalidad de los valores de una sociedad.

Esta idea de dicotmica de buenos y malos, De la Jara la denomina ideologa de la seguridad ciu-dadana. Esta, explica, supone dos alternativas: o se est con la sociedad, a la que se le hace equiva-ler al Estado, con lo que se presentan los intereses del ltimo, y sobre todo, del gobierno como los de la sociedad; o se est contra los delincuentes y criminales. El problema con esto es que deja fuera las nociones de resocializacin, recuperacin de la delincuencia, etctera. Adems, quien no apoye al Estado en su lucha contra la delincuencia, corre el riesgo de ser estigmatizado como defensor de los de-lincuentes y criminales.

En la misma lnea, Schmitz seala que en las leyes relacionadas con la seguridad ciudadana, es necesario diferenciar aquellas con metas populis-tas de aquellas con metas de poltica pblica. Las primeras suelen aparecer sbitamente luego de acontecimiento mediatizado o una situacin que conmueve a los ciudadanos. Surgen entonces sin mucha reflexin y elaboracin. Son una reaccin impulsiva.

Tenemos as, como seala De la Jara, que las leyes que promulga el gobierno en aras de endurecer

6las penas, y que otorgan mayor libertad y discre-cionalidad a los policas constituyen solamente una respuesta simblica al problema de la criminalidad, puesto como expresan varios autores, son ineficaces. Se trata, entonces, de una huida hacia el Derecho Penal que termina siendo simblica y fetichista. Fetichista por cuanto implica rendirle un culto irracional al sistema penal, como si ste por s solo pudiera resolver el problema de la inseguridad. Es simblica porque como hemos visto los problemas sociales, y con ello la delincuencia, no se resuelven desde el mbito penal.

Schmitz sostiene que la legislacin penal pe-ruana no responde a una poltica criminal elabo-rada sobre la realidad del pas. Ha sido, en realidad, tomada sin mucha reflexin de modelos externos y de legislacin improvisada por situaciones de cri-sis o escndalos de opinin pblica. No obstante, seala que s se han elaborado leyes interesantes, se trata de leyes instituidas con aspiracin y criterio de poltica pblica para promover la convivencia social, la cultura de paz y la seguridad ciudadana. Entre ellas encontramos medidas como la concilia-cin, los jueces de paz letrados en las comisaras, los jueces de paz no letrados en comunidades alejadas.

Reed observa tambin que la manera en que se habla del crimen es imprecisa, est distorsionada y plagada de exageraciones: est estereotipada. Son imgenes hollywoodenses que nos deleitan mien-tras que reproducen el miedo. El crimen para quie-nes no lo han vivido suelen ser representaciones, por lo que el Estado debe intentar que estas personas no caigan en prejuicios, discriminacin y clasificacin

estereotipados que vienen con estas imgenes del crimen.

Adems Reed sostiene que las personas que res-ponden a los discursos que prometen mayores cas-tigos no les interesa su efectividad, para ellos basta con el pronunciamiento pblico contra el mal, como si esto lograra hacerlo desaparecer.

Tambin desde el punto de vista del discurso, Schmitz seala que dado que nos solemos avergon-zar del estado en que nuestras crceles se encuen-tran (esto es, sobrepobladas, violentas, etctera), para calmar las conciencias cedemos a la tentacin de maquillar el nombre de los centros de interna-miento con trminos tranquilizadores para el p-blico. Un ejemplo de ello es el centro para menores conocido como Maranguita, cuyo nombre ver-dadero es Centro de Diagnstico y Rehabilitacin Juvenil de Lima, y que poco refleja lo que realmente sucede al interior de este establecimiento.

leyes penales ms durasDurante las campaas electorales, la oferta de

leyes penales ms duras resulta, para Antillano, de crisis polticas y de presin de la opinin pblica, que revelan una rentabilidad simblica que no tienen ningn efecto sobre el delito pero que fun-cionan, de manera simblica, para sortear crisis y ganar consenso. No obstante estos efectos simb-licos tambin son precarios porque terminan por incrementar la sensacin de miedo e inseguridad. Lo mismo asevera Reed que sucede en Colombia: todos los problemas sociales parecen merecer una respuesta penal, que implique crear una nueva con-

7ducta penal o incrementar las penas. As no se ex-ploran alternativas que puedan ser ms efectivas. Esto refleja una falta de respuesta coherente y con-sistente a la conflictividad social, por un lado; y la ausencia de una evaluacin programtica del fun-cionamiento del sistema penal.

Antillano sostiene tambin que la violencia penal es discriminatoria. Tiende a concentrarse sobre los grupos menos favorecidos: jvenes varones pobres, comunidades urbanas marginales, grupos tnicos subalternos, creando mayor estigmatizacin y ex-traamiento social. Adems estas poblaciones por temor a la represin abandonan los estudios o el trabajo.

En ese sentido, Schmitz va ms lejos: sostiene que la idea de seguridad ciudadana depende del tipo de poblacin. Hay un grupo de ciudadanos que merece proteccin y hay grupos sociales de los que esos ciudadanos deben ser protegidos, que sue-len, en la lnea de Antillano, ser jvenes de barrios marginales, por ejemplo.

Lo que sucede, explica Antillano, es que este tipo de medidas no actan sobre las causas del delito sino sobre sus manifestaciones, reconfigurando as los ilegalismos. Es decir que los delitos cambian, por un lado de naturaleza, o sea que los delincuen-tes empiezan a optar por prcticas que no suelen ser detectadas o castigadas, lo que incluye crmenes violentos y delitos de mayor peligrosidad social. Y, por el otro, se repliegan a lugares, bien entendido marginales, en donde la accin penal no llega.

Ramn Orias de la Fundacin Construir de Bolivia explica que en Bolivia el endurecimiento del sistema penal no ha disminuido la cantidad de delitos. Todo lo contrario: segn el Ministerio de Gobierno, entre 2005 y 2010 las denuncias por de-litos han aumentado en 70 por ciento.

Por otro lado, De la Jara sostiene que el endureci-miento de las penas no sirve ni para los delincuentes que cometen crmenes por motivos extraordinarios (pasionales, emocionales, etctera), ni para los des-viados que se encuentran confrontados con el sis-

tema social (delincuentes por conviccin). En el caso de los primeros justamente porque son excepcionales las circunstancias que los han llevado a delinquir; y en el de los segundos porque la pena no los intimida.

Otra faceta del incremento de la pena es el de la reduccin de edad de imputabilidad penal juvenil Reed indica que en Colombia, los jvenes que per-petren delitos podrn ser recluidos en centros espe-ciales de atencin a partir de los 14 aos. Adems podrn permanecer detenidos hasta los 26 aos de edad. Es decir que esos jvenes saldrn de las crce-les luego de haber crecido y aprendido a socializar en el encierro.

nuevo CdIgo de proCedImIentos penales: avanCes y posterIores retroCesos

Para Orias, las reformas al Cdigo de Procedimiento Penal boliviano, promulgado en 1999 y vigente desde el 2000, no han mejorado las condiciones de la seguridad ciudadana en dicho pas, sino que han significado un enorme retroceso con respecto a la reforma democrtica de la justicia so-cial sobre la base de garantas jurisdiccionales acorde con el respeto de los derechos humanos. Adems ha generado una crisis en el sistema penitenciario, pues ahora las crceles estn sobrepobladas y hacinadas.

El nuevo cdigo fue uno de los cambios ms sig-nificativos al sistema de enjuiciamiento penal que transform un sistema inquisitivo en uno acusato-rio, garantista y oral, que incluy la participacin de jueces ciudadanos. Tambin se ocup de adecuar la infraestructura y sus recursos humanos a las nuevas normas.

La reforma busc fortalecer: el efectivo cum-plimiento de las garantas constitucionales, la ex-cepcionalidad y proporcionalidad en la detencin preventiva, eficiencia en la investigacin, oralidad plena, revalorizacin de la vctima, respeto a la di-versidad cultural, control sobre la retardacin de la justica, simplificacin del proceso, control judicial en la ejecucin de la pena.

Sin embargo, poco despus de entrar en vigen-

8cia, en la medida en que el nuevo cdigo ampliaba la gama de medidas cautelares para que el impu-tado se defienda en libertad, la opinin pblica cuestion el alcance de estas medidas. Pensaba que las reformas eran muy complacientes y que haba que endurecer las normas. Se crea entonces el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en cuyo marco se aprueba un incremento selectivo de penas y se insertan restricciones a las medidas cautelares. Ahora, los jueces tendran ms margen para valorar discrecionalmente el riesgo de fuga y el peligro de obstaculizacin. As, podran impo-ner detencin preventiva en caso de reincidencia o peligro de que se cometan nuevos delitos. Ello sig-nific un retroceso en materia de justicia penal, en la medida en que se retorna a criterios subjetivos y discrecionales.

En los ltimos aos, todas las leyes dirigidas a la seguridad ciudadana han tenido un enfoque puramente punitivo y normativo, es decir que han tenido un corte de populismo punitivo y feti-chismo legal. Adems, se cambian las leyes, mas no se reforman las instituciones. Aumentaron las penas pero no se ha fortalecido el sistema peniten-ciario con lo que Bolivia tiene una de las tasas ms altas de presos sin condena en la regin.

Como en Bolivia, en Per las reformas introdu-cidas en la legislacin penal no han tenido los efec-tos positivos que pretendan. Los cambios que han incidido en el incremento de penas, en la creacin de nuevas figuras o agravantes y la limitacin de los beneficios penitenciarios no han tenido mayor

impacto en la disminucin de delitos. Todo lo contrario, como seala Carrin, la sensacin de in-seguridad ciudadana se ha incrementado. Adems, como sucede en Bolivia, ha contribuido a elevar la cifra de poblacin penal.

Para Antillano, las polticas de mano dura, si bien pretenden instalar el orden, no suponen rigor y firmeza contra el delito, sino una ampliacin, en trminos de extensin e intensidad, del uso del cas-tigo penal como medio de responder a las demandas sociales de ley y orden. Dentro de este contexto, el sistema penal termina por perder legitimidad y jus-tificacin, renuncia al debido proceso y a las garan-tas; as como, a la proporcionalidad, progresividad y racionalidad de las penas. Se trata entonces de de un incremento del castigo penal que ya no busca ni corregir ni intimidar al delincuente. Otras conse-cuencias de este tipo de polticas, segn Antillano, son la reproduccin y agudizacin de la exclusin y desigualdad; el crecimiento de una mayor violencia y peligrosidad; y el colapso de sistema penal.

Carrin seala que el nuevo cdigo procesal penal (no slo en Per) ha aumentado considerablemente la poblacin recluida en las crceles. Al mismo tiempo, el sistema de ejecucin penal no responde a los pre-supuestos de clasificacin, tratamiento penitenciario y resocializacin por hacer superado su capacidad de albergue y no contar con personal suficiente de agentes y profesionales de tratamiento. Entonces por todas estas deficiencias, una vez dentro de los pena-les, los delincuentes ocasionales terminan convirtin-dose en delincuentes habituales.

9CrCeles sItuaCIn y ConseCuenCIasEn Colombia, segn Reed, el crecimiento neto

de la poblacin carcelaria supera las 1.000 personas al mes. Ha sobrepasado los 100.000 presos. Como consecuencia la poblacin recluida puede doblar o triplicar la capacidad de las prisiones, que colapsan. Mientras, sostiene, el gobierno promete construir ms crceles; no obstante no tiene el dinero para hacerlo. Entonces, termina por buscar generar in-centivos econmicos para que el sector privado ex-plore el business penitenciario en Colombia.. As, 85 por ciento de las crceles tiene sobrepoblacin. 67 por ciento de los presos vive en condiciones de hacinamiento crtico, por lo tanto estn expuestos a condicione degradantes. A finales del gobierno de Santos, sostiene Reed, habr alrededor de 150.000 presos y no se habr construido ninguna de las pri-siones prometidas.

En la ltima dcada, en Bolivia, indica Orias, la poblacin carcelaria se ha duplicado y el nmero de presos sin condena se ha triplicado. Hay en-tonces una situacin de hacinamiento: las crceles han sobrepasado en ms de 130 por ciento de su capacidad. Esto motiva tambin motines sucesivos. Adems hay ms 1.400 nios que viven en los re-cintos penitenciarios con sus padres. De ellos, 84 por ciento corresponde a personas que estn situa-cin de detencin preventiva.

En Bolivia el ltimo ao hubo un incremento de 22 por ciento: hay ms de 11.000 reclusos en el pas, resultado de las reformas penales de los ltimos aos.

En Per, De la Jara seala que la poblacin penal por delitos genricos a nivel nacional pas de 24.297 en 1997 a 52.700 en 2011, aumentando en ms de la mitad en slo cuatro aos. La poblacin total penal tambin ha aumentado: en 72 por ciento en 10 aos. En 2001 haba 27.417 personas privadas de libertad, para marzo de 2011 ya eran 47.184.

Del total de internos (52.700), segn el Instituto Nacional Penitenciario, ms de 50 por ciento est en condicin de procesados. Por lo tanto, menos de la mitad tiene sentencia. En 2009 slo 36 por ciento

del total de reclusos haba sido sentenciado. Guadalupe presidente del INPE seala que en las

crceles peruanas se han implementado una serie de tratamientos para sus internos: Creando rutas de esperanza y oportunidad (CREO), para reos pri-marios que han cometido delitos contra el patrimo-nio. Tratamiento de agresores sexuales (TAS), para reos primarios sentenciados que hayan cometido delitos contra la libertad sexual. Programa insti-tucional prevencin y tratamiento del consumo de drogas (INPE DEVIDA), para consumidores de droga, entre 18 y 30 aos de edad. Programa Fortalecimiento de competencias sociales para la no reincidencia delictiva (FOCOS).

Orias sostiene que la triologa: leyes duras, penas altas y crceles hacinadas no constituyen una alterna-tiva efectiva a favor de la seguridad ciudadana. Ello porque la delincuencia y la seguridad pblica tienen ms que ver con la inequidad social y econmica que con sistema penal: mientras mayores sean las brechas sociales, mayor ser la violencia y el conflicto.

hay otras respuestas?Los problemas de seguridad pblica deben ser

tratados de forma integral, dice Orias.Reed sostiene que es necesario recordar que la

razn por la que existen las leyes, normas y prin-cipios es para proteger a las personas de cualquier dao y asegurar un ambiente de desarrollo humano y social funcional, saludable y seguro. Por ello, el enfoque con relacin a las leyes penales debe corres-ponder a las necesidades reales de los seres huma-nos. Deben entonces apuntar a reparar el dao a las relaciones interpersonales y restaurar el sentimiento de seguridad y paz en la comunidad.

Errneamente, entonces sostiene Carrin, el Estado a travs del poder Ejecutivo ha privilegiado el control del delito descuidando el aspecto preven-tivo, que como hemos visto, es el que puede pre-venir el surgimiento de nuevos delincuentes oca-sionales, uno de los problemas ms grandes de la seguridad ciudadana.

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De la Jara sostiene que las medidas coercitivas siguen siendo instrumentos jurdicos de asegu-ramiento del procesado en juicio a travs de una intervencin en la libertad ambulatoria de la per-sona segn sea su grado de intensidad, o a travs de una intervencin econmica como consecuencia de una medida principal. Los jueces deben optimi-zar la libertad ambulatoria como una decisin de salvaguarda frecuente y no como un mecanismo de primera ratio de intervencin en un proceso penal. Desde el punto de vista jurdico los magis-trados, al momento de decidir una medida coer-citiva, deben hallar en cada uno de los supuestos establecidos en la ley, un espacio de razonamiento y proporcionalidad orientada al favor libertaris del procesado.

Sigue De la Jara en los procesos es necesario un adecuado anlisis del arraigo procesal del pro-cesado y un minucioso trato de la subjetividad del magistrado en conexin con la realidad de la vida del procesado al momento de la determinacin del peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, y una desvinculacin del solo supuesto de la gravedad del delito cometido o bien jurdico presuntamente vulnerado.

Carrin seala que se debe disear una poltica de seguridad ciudadana que replantee la definicin de seguridad pblica, que trate las deficiencias en las instituciones. En el caso de la Polica Nacional, es necesario que se trabaje para afianzar su identi-dad como institucin que cumple funciones de na-turaleza civil, que revise sus planteamientos doctri-narios, que forme adecuadamente a sus integrantes, que ofrezca condiciones laborales dignas, una justa retribucin remunerativa.

El Juez Victor Burgos sostiene que es imprescin-dible incorporar a la Constitucin peruana un cap-tulo dedicado a la poltica criminal, que parta de un anlisis integral y sistemtico del problema. Adems a esta poltica se le debe asignar un presupuesto y considerar invertir en ella. Enfatiz que a ello debe acompaarse el control social una condicin b-

sica e irrenunciable de la vida en comunidad, ya que con l se asegura a todo grupo, o cualquier sociedad, las expectativas de conductas sin las que no podra seguir existiendo como grupo o sociedad

Reed sostiene que, en Colombia, hay una aceptacin y tolerancia generalizada al hecho que el cdigo penitenciario y carcelario no se cumple. Por ello, propone que antes de iniciar un debate normativo es necesario realizar es-tudios serios que indiquen, entre otras cosas, qu aspectos de cdigo vigente no se cumplen y por qu; hacer un diagnstico financiero de los costos reales del encarcelamiento tal y como lo indica la ley. Tambin piensa que antes de bus-car otro cdigo, es necesario hacer estudios de poltica criminal sobre el impacto de las decisio-nes que se han tomado y las que se promueven en materia procesal penal. Es decir, conocer la agenda penal vigente. Tambin se debe mirar a la administracin de justicia penal como un todo. Por otro lado si es que se quiere imple-mentar un cdigo moderno es necesario contar con una definicin clara de qu es lo moderno y hacia dnde lleva esa modernidad.

Schmitz reivindica las prcticas restaurativas, seala, permiten renovar y construir lazos co-munitarios. Tienen su origen de en la justicia restaurativa: la justicia penal desde una pers-pectiva que busca reparar el dao hecho a las personas y las relaciones humanas y sociales, en lugar de centrarse solamente en el castigo. Las prcticas restaurativas parten de la idea de que las personas son ms cooperadoras, produc-tivas y tienen ms posibilidades de hacer cam-bios positivos cuando encuentran que las auto-ridades buscan hacer cosas con ellas y no para o por ellas. Las prcticas restaurativas proporcio-nan un medio para manejar relaciones y gene-rar conexin y responsabilidad social al mismo tiempo que proporcionan un foro para reparar el dao cuando se rompen las relaciones.

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3. Hay varios ms en los Power Points y papers del evento que el Programa Latinoamericano pone a disposicin de los interesados en su pgina web

aneXos

algunos de los grFICos y dIagramas presentados en el semInarIo3

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50

60

1993 1996 1998 2001 2004 2006 2007

Pena Mnima

Pena Mxima

Agravante mn

Agravante mx

Agravante 2 Cadena Perpetua

El endurecimiento de las penas

Encuesta realizada a 100 internos con prisin preventiva en La Libertad y Lima

Qu abogado le pareci

mejor (para los que

tuvieron abogado pblico y

privado)

Privado: 8 50%

Pblico: 4 25%

Igual: 4 25%

(Universo: 16)

Su abogado se entrevist

con usted antes de la

audiencia?

S: 38 40%

No: 28 29%

No responde: 30 31%

(Universo: 96)

Cree que su abogado le

dedic el tiempo

suficiente?

S: 37 38%

No: 60 62%

(Universo: 97)

X representa el tiempo en aosY representa los aos/crcel

Presentacin: Ernesto de la JaraNota: La cadena perpetua se ha representado con 50 aos.

Presentacin: Ernesto de la Jara

12

EL CONTROL SOCIAL

CONTROL JURDICO (FORMAL)

MECANISMOS ESPONTNEOS

(INFORMAL)

LA FAMILIA

LA ESCUELA

LA RELIGINLAS USOS Y

COSTUMBRESLOS MEDIOS DE COMUNICACIN

ESTADO

PREVENCIN

HAY PROBLEMAS EN LOS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL ESPONTANEO

45.5% de la poblacin urbanamayores de 15 aos(16 millones 24 mil 990personas)

Sufri de algn evento queatent contra su seguridad, enlos ltimos 12 meses.

Robo en la vivienda, robo personal, robo devehculo automotor, amenaza e intimidacin,maltrato fsico y/o sicolgico, ofensas sexuales,secuestro, extorsin, estafa y robo de negocio.

Fuente: INEI NP N 064 del 29/04/2011

Fue vctima de dos o ms eventosen contra de su seguridad(poblacin revictimizada)

26.8% de la poblacin urbanamayores de 15 aos(9 millones 438 mil 895personas)

Presentacin: Dr. Vctor Burgos Marios

Presentacin: Dr. Vctor Burgos Marios

13

Presentacin: Jos Prez Guadalupe, presidente del INPE

Poblacin Total:

53,971

Capacidad dealbergue:

28,257

Por cada100,000

habitantes

180internos

SOBREPOBLACIN

25,714 (91%)

IndICadores estadstICos

24,29726,059

27,400

27,734 26,96827,417

28,82631,311

33,01035,835

39,684

43,286 44,40645,464

52,700

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pobl

aci

nPen

al

aos

Fuente: Parte Informativo INPE(20 febrero 2012)

53,971Incrementoen 15 aos

28,403

Presentacin: Jos Prez Guadalupe, presidente del INPE

Fuente: Informe Estadstico INPE. (Diciembre 2011)

Fuente: Informe Estadstico INPE. (Diciembre 2011)

14

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Menos de05 aos

5 - 10 aos 10 - 15aos

15 - 20aos

20 - 25aos

25 - 30aos

30 - 35aos

CadenaPerpetua

Fuente: Informe Estadstico INPE. (Diciembre 2011)

54.5 %12,002

11.43 %2,514

34 %7,476

19.46 %4,280

14.13 %3,108

9.59 %2,108

5.69 %1,252

4.87 %1,071 0.83 %

183

POBLACIN PENALDE SENTENCIADOS 21,992

Presentacin: Jos Prez Guadalupe, presidente del INPE

Presentacin: Michael Reed, ColombiaNota: Grfico producido por el autor con datos del INPEC, Oficina Asesora de Planeacin.

15

ONE WOODROW WILSON PLAZA, 1300 PENNSYLVANIA AVENUE, NW, WASHINGTON, DC 20004-3027

WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARSJane Harman, President, Director, and CEO

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G-94SMITHSONIAN INSTITUTIONOFFICIAL BUSINESS

PENALTY FOR PRIVATE USE, $300

BOARD OF TRUSTEESJoseph B. Gildenhorn, ChairSander R. Gerber, Vice Chair

Public Members: James H. Billington, The Librarian of Congress; Hillary R. Clinton, The Secretary, U.S. Department of State; G. Wayne Clough, The Secretary, Smithsonian Institution; Arne Duncan, The Secretary, U.S. Department of Education; David Ferriero, Archivist of the United States; James Leach, Chairman, National Endowment for the Humanities; Kathleen Sebelius, The Secretary, U.S. Department of Health and Human Services

Private Citizen Members: Timothy Broas, John T. Casteen III, Charles Cobb Jr., Thelma Duggins, Carlos M. Gutierrez, Susan Hutchison, Barry S. Jackson

ABOUT THE WOODROW WILSON CENTERThe Center is the living memorial of the United States of America to the nations twenty-eighth president, Woodrow Wilson. Congress establis-hed the Woodrow Wilson Center in 1968 as an in-ternational institute for advanced study, symbo-lizing and strengthening the fruitful relationship between the world of learning and the world of public affairs. The Center opened in 1970 under its own board of trustees.

In all its activities the Woodrow Wilson Center is a nonprofit, nonpartisan organization, suppor-ted financially by annual appropriations from Congress, and by the contributions of founda-tions, corporations, and individuals. Conclusions or opinions expressed in Center publications and programs are those of the authors and speakers and do not necessarily reflect the views of the Center staff, fellows, trustees, advisory groups, or any individuals or organizations that provide financial support to the Center.