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N° 30, mayo 2015
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AMBIENTAL EFICAZ
ESFUERZOS POR UNA PROTECCIÓN
APORTE POR REGULACIÓNS/.
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LA
PROVINCIA DE TALARA
SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE MATRIZ DE ACUERDOS EN IQUITOS
Willaqniki
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - ONDSPresidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú - PCM
Pedro Cateriano BellidoPresidente del Consejo de Ministros de la República del Perú
David Montoya ChombaJefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS - PCM
José Reátegui Bardales, Asesor de la ONDS - PCM
Coordinación y análisis del informeMercedes Figueroa Espejo, Jésica Oliveira Bardales. Unidad de Investigación y Análisis de la ONDS - PCM
Diseño y diagramaciónMarko Capcha Solís
Trigésima edición.
OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD ONDS - PCM. Willaqniki N° 30. Lima, mayo 2015
Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales
Las opiniones, análisis y recomendaciones de política no reflejan necesariamente el punto de vista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Nº 30 - mayo 2015
AAA Autoridad Administrativa del AguaANA Autoridad Nacional del AguaALA Autoridad Local del AguaARA Autoridad Regional AmbientalARMA Autoridad Regional Ambiental de Arequipa CART Central Asháninka del Río TamboCENEPRED Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo y DesastresCENERGIA Centro de Conservación de Energía y del AmbienteCENSOPAS Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la SaludCEPLAN Centro Nacional de Planeamiento EstratégicoCOFOPRI Organismo de Formalización de la Propiedad InformalDGAAE Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos DGAAM Dirección General de Asuntos Ambientales MinerosDGAC Dirección General de Aeronáutica Civil DGASA Dirección General de Asuntos Socio-AmbientalesDGCF Dirección General de Caminos y FerrocarrilesDNTDT Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial DIRESA Dirección Regional de SaludECA Estándar de Calidad Ambiental FEDIQUEP Federación de Indígena Quechua del PastazaFECONAT Federación de Comunidades Nativas del Alto TigreFECONACO Federación de Comunidades Nativas de CorrientesGORE Gobierno RegionalIGAC Instrumento de Gestión Ambiental CorrectivoIGN Instituto Geográfico Nacional INDECI Instituto Nacional de Defensa CivilINEI Instituto Nacional de Estadística e InformáticaINRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales INGEMMET Instituto Geológico Minero y MetalúrgicoJNE Jurado Nacional de EleccionesMIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MINAGRI Ministerio de Agricultura y RiegoMINAM Ministerio del AmbienteMINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y TurismoMINEDU Ministerio de EducaciónMINEM Ministerio de Energía y MinasMIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones VulnerablesMINSA Ministerio de SaludMVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y SaneamientoOACI Organismo de Aviación Civil InternacionalODPE Oficinas Descentralizadas de Procesos ElectoralesOEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización AmbientalOIT Organización Internacional del TrabajoONDS Oficina Nacional de Diálogo y SostenibilidadONPE Organismo Nacional de Procesos ElectoralesPART Programa de Alerta y Respuesta TempranaPCM Presidencia del Consejo de MinistrosPNP Policía Nacional del PerúPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPRODUCE Ministerio de la ProducciónRREE Ministerio de Relaciones ExterioresSNB Superintendencia Nacional de Bienes EstatalesSENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del PerúSERNAMP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el EstadoSERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna SilvestreSIG Sistema de Información GeográficaSUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración TributariaSUTEP Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del PerúUSAID United States Agency for International Development (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
Lista de Acrónimos
Contenido
08
Aporte por regulación
EntrevistaHugo Gómez ApacPresidente OEFA
Anexos
25
Reporte mensual
Artículos / Entrevistas / Avances del Diálogo
Esfuerzos por unaprotección ambiental eficaz
Articulaciónintersectorial parala gestión eficientede los conflictos
22Nuevo Jefe dela ONDS-PCM
26Fondo de Desarrollo deCandarave enTacna
36Gestión del DiálogoTratamiento de los conflictos sociales yavances en prevención
29Cuatro cuencasde Iquitos
EntrevistaDavid Montoya Chomba
27Acciones deprevención en laprovincia deTalaraSe suspende paro programado para el22 y 23 de abril
Seguimiento a cumpli-miento de matriz deacuerdosInversión social se orien-
tará a los rubros de agua potable, infraestructura hídrica y fortalecimiento institucional
31Comunidadesnativas de la pro-vincia de Manureciben atenciónmultisectorial a través de pro-gramas del Estado
CONFIANZA PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS
Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, en plena exposición en el Congreso de la República previo al otorgamiento del voto de confianza de parte de los grupos políticos al Gabinete Ministe-rial.
27.04.15
Presentación
vés del cual las empresas mineras, de hidrocarburos y de generación eléctrica, financian las labores de fiscalización ambiental realizadas por OEFA.
En la explicación del Sr. Gómez encontraremos por un lado en qué consiste el macro proceso de fisca-lización ambiental realizado por su representada, que incluye la evaluación de la calidad ambiental; la supervisión de las obligaciones ambientales de las empresas; la fiscalización propiamente, que involu-cra la tramitación de procedimientos sancionadores y, finalmente el régimen de incentivos a las empresas. Por otro lado, encontramos una explicación de cómo funciona el mecanismo de aportes por regulación, cómo se calculan sistemáticamente las multas a las empresas que incumplen la regulación ambiental y cómo es que los recursos recaudados son usados para financiar los cuatro procesos antes mencionados. La información que nos brinda esta entrevista resulta pues esencial para entender que los aportes por regulación no constituyen una traba burocrática, ni son una forma para “hacer caja”. Por el contrario, el trabajo realizado por OEFA genera confianza en la población y esto redunda en la generación de un am-biente social propicio para el desarrollo de las inver-siones. Cabe resaltar que la imposición de multas es un sistema que busca disuadir a las empresas que reincidan en el incumplimiento de la normatividad ambiental. El énfasis de OEFA está en el trabajo pre-ventivo y es por ello que ha desarrollado un progra-ma de incentivos que premia a las empresas que se esfuerzan por ser ambientalmente responsables.
En este número de Willaqniki se incluye una entrevista para, desde el punto de vista de la Alta Dirección de la ONDS, plantear las perspectivas y objetivos de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, partiendo de las actuales condiciones.
La prevención y tratamiento de los conflictos sociales exige que los servidores públicos desarrollen un trabajo mucho más coordinado entre las diferentes
Como parte del compromiso asumido con la trans-parencia de la gestión pública y el acceso a la infor-mación, la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, pone a dispo-sición de la opinión pública un nuevo número de su informe mensual Willaqniki. En este informe se deta-llan las actividades realizadas y los casos de conflic-tividad social atendidos durante el mes de abril.
Los últimos acontecimientos en la provincia arequi-peña de Islay, en relación al proyecto Tía María, han llevado al Gobierno Nacional a tomar un conjunto de medidas orientadas a solucionar el conflicto en base al diálogo y al compromiso con el desarrollo sosteni-ble de la provincia de Islay. En este marco, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad viene partici-pando activamente en el proceso de diálogo con las autoridades locales de Islay, Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón; así como con los diri-gentes de la Junta de Regantes del Valle y otros repre-sentantes de la sociedad civil de la zona. En este sentido, la ONDS coordinó con los sectores del Ejecu-tivo y autoridades locales, la instalación de la Mesa de Desarrollo de la provincia del Islay el pasado 14 de marzo; y las submesas de Desarrollo Agrario y la de Energía, Minería y Medio Ambiente, que fueron con-cordadas en el mes de abril. En este proceso el Ejecu-tivo continúa desplegando grandes esfuerzos para viabilizar una solución mediante el diálogo y las pro-puestas concretas para promover el desarrollo soste-nible de la provincia de Islay.
Como es habitual, nuestro informe incluye una sec-ción para abordar temas de interés nacional. Siguien-do esta línea, la presente edición del Willaqniki co-mienza con una entrevista al Sr. Hugo Gómez Apac, presidente del Consejo Directivo del Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En medio de un proceso ante el Tribunal de Indecopi, donde se discute la legalidad de los aportes por regulación ambiental, el Sr. Gómez Apac explica la importancia y la necesidad de este mecanismo, a tra-
David Montoya ChombaJefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
entidades a las que pertenecen, pues solo así se pueden desarrollar soluciones integrales a las complejas problemáticas que encontramos en el origen de los conflictos. Trascender el enfoque sectorial que tradicionalmente ha caracterizado el funcionamiento del Estado peruano es un reto que el actual gobierno viene afrontando. En ese sentido, la tercera sección del informe está orientada a difundir ante la opinión pública el trabajo de articulación intersectorial en materia de gestión del diálogo que se viene realizando durante los últimos meses.
La siguiente sección del documento informa sobre los avances en el diálogo en el territorio nacional. En el presente informe se resaltan los frutos que el trabajo en la gestión del diálogo viene reportando en los departamentos de Tacna, Piura y Loreto.
En Tacna, la Mesa de Diálogo de Candarave, donde participó el Estado, la comunidad y la empresa, tuvo como resultado la creación del Fondo de Desarrollo Candarave, el cual compromete un monto total de S/. 255 millones por parte de la empresa minera Southern Perú a favor de seis distritos (Candarave, Cairani, Camilaca, Curibaya, Huanuara y Quilahua-ni). Se ha cumplido ya con una primera etapa de eje-cución de este fondo con una partida de S/. 55 millo-nes. La mediación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ha sido decisiva en la creación del consenso entre los alcaldes de estos distritos en torno a qué proyectos de desarrollo se priorizarán en la segunda etapa de ejecución del fondo, para la cual se cuenta con una nueva partida económica de S/. 50 millones. Los alcaldes han coincidido en la necesidad de continuar con las obras de infraestructura hídrica en favor de la agricultura, así como en proyectos productivos y rubros como educación o salud.
En la ciudad de Talara, Piura, el diálogo entablado con representantes de la sociedad civil organizada dio como resultado la suspensión del paro convo-cado para el 22 y 23 de abril, como medida de rechazo a la empresa Petroperú y lo que la población percibe
como poca claridad respecto al Proyecto de Moderni-zación Refinería de Talara que tiene a su cargo. Se acordó conformar la Mesa de Desarrollo de la Provincia de Talara y los doce puntos del pliego de demandas presentado por el Frente de Defensa y Desarrollo Energético del Ambiente y los Recursos Naturales de la Provincia de Talara fueron tradu-cidos en una agenda técnica a ser desarrollada por subgrupos de trabajo. Entre estos subgrupos encon-tramos una mesa de Medio Ambiente; de Temas Laborales y Contractuales; de Asuntos Técnicos, Tributarios y Legales y finalmente de Saneamiento, Salud, Pesca y Educación.
En el departamento de Loreto se viene cumpliendo con dar seguimiento a los compromisos asumidos entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de Loreto y las federaciones de Pastaza, Tigre, Corrien-tes y Marañón como resultado del proceso de diálogo realizado a través de la Comisión Multisectorial que abordó las problemáticas de estas cuatro cuencas. Con este fin, el 14 y 15 de abril en la ciudad de Iquitos, se efectuaron reuniones de seguimiento al cumpli-miento de la matriz de acciones aprobada y se infor-mó sobre los avances realizados hasta el momento en la implementación de cada uno de los puntos del acuerdo. La nota incluida en esta edición da cuenta del contenido de este seguimiento.
El informe Willaqniki cierra con la presentación del registro de la totalidad de casos que vienen siendo atendidos por la ONDS. Esta sección, que combina el uso de información cuantitativa con cualitativa, muestra al lector la evolución en la atención de los casos de conflictividad social. En el mes de abril se reporta un total de 156 casos atendidos, delos cuales 113 corresponden a casos de diferencias y controver-sias atendidas preventivamente y 43 conflictos sociales en tratamiento. Se resolvieron cuatro casos.
7
ONDS-PCM
AMBIENTAL EFICAZ
ESFUERZOS POR UNA PROTECCIÓN
APORTE POR REGULACIÓNS/.
9
“¿Quién debe pagar la supervisión y fiscalización de una empresa minera? Esa es la gran pregunta”, nos plantea Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente
1del Perú , quien se pronuncia al respecto de las demandas presentadas por cuatro empresas mineras contra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para no pagar el aporte por regulación (APR) que permite financiar la fiscalización no sólo del sector minero, sino también del sector energético.
La principal razón para otorgar esta responsabilidad a las empresas, y no a los ciudadanos o a los fondos provenientes de los impuestos, se basa en los riesgos que implica desarrollar estas actividades. Debido a la presencia de dichos riesgos, las empresas deben internalizar el costo de ese riesgo y el costo de los impactos que genera, es decir, en palabras del ministro Pulgar Vidal: “(…) no trasladarle a un tercero el costo de lo que uno hace como actividad riesgosa. Esa es la inversión, es el costo de hacer una
2actividad minera” .
Por ley, es OEFA el acreedor del APR, el cual representa menos del 1% de la facturación anual de las empresas. Si bien este gasto parecería no ser significativo para las empresas, ¿por qué éstas han presentado, ante el Poder Judicial, acciones contra la OEFA a través de 39 procesos de amparo y dos demandas ante Indecopi?
En el presente artículo explicamos en qué consiste el APR, a qué funciones y acciones de fiscalización estaría destinado a solventar y de qué manera este
aporte puede contribuir a la prevención de los conflictos sociales.
3APR: sobre la fiscalización y regulación ambiental OEFA define el macro proceso de la fiscalización ambiental como el conjunto de acciones de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y promoción de incentivos que realizan las entidades de fiscalización ambiental (EFA) –entidades públicas encargadas de desarrollar funciones de fiscalización ambiental- con el objet ivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas por el Estado. En ese sentido, se orienta a prevenir daños al medio ambiente o buscar su efectiva remediación. Si el OEFA verifica que las empresas no están cumpliendo con sus obligaciones ambientales, puede imponer sanciones y medidas correctivas (remediación) con el propósito de desincentivar este tipo de comportamiento para
4proteger el ambiente .
Por otra parte, la fiscalización ambiental no sólo comprende acciones de evaluación de la calidad ambiental, la supervisión de las obligaciones ambientales de los administrados y la tramitación de los respectivos procedimientos sancionadores, sino que comprende también el otorgamiento de incentivos por las buenas prácticas ambientales implementadas por las empresas.
El OEFA, por tanto, cumple una función de regulación social ambiental ya que fiscaliza el
1 RPP, 13 de Abril 2015. En: http://www.rpp.com.pe/2015-04-13-mineria-pulgar-vidal-defiende-pago-de-aportes-por-regulacion-a-oefa-noticia_786958.html2 Ibídem. 3 Apartado realizado en base a la cartilla “Aporte por Regulación (APR)” del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Se puede descargar en: http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=113834 “Cartilla del abc de la fiscalización ambiental”. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2014.
Ejemplos de reguladores económicos y sociales financiados por contribuciones
aprovechamiento y el uso adecuados de los recursos naturales, para garantizar que los impactos nega-tivos que podrían generarse, debido a las actividades realizadas por las empresas en la ejecución de sus proyectos, sean mínimos. En otras palabras, la regu-lación social ambiental busca garantizar el desarrollo responsable y sostenible de las inversiones.
En este marco de acción, el aporte por regulación (APR) es una contribución creada –en el 2000- por el Artículo 10° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, que tiene por finalidad financiar las siguientes funciones públicas:
· Función supervisora· Función reguladora· Función normativa· Función fiscalizadora y sancionadora· Función de solución de controversias· Función de solución de reclamos
El APR es un mecanismo de financiamiento de la actividad reguladora del Estado, independientemen-te del tipo de regulación que aplique (económica o
5social ).
El fundamento para su aplicación es el beneficio que los regulados obtienen de las actividades de la entidad pública correspondiente (bajos costos de transacción, disponibilidad de la información, coordinación en el establecimiento de estándares, ente otros).
En principio, el APR fue creado para financiar a organismos reguladores como son: Organismo Su-pervisor de Inversión Privada en Telecomunica-ciones (OSIPTEL), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Organismo Supervisor de la Inversión en Infraes-tructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Estos organismos, que son reconocidos como reguladores económicos, también ejercen funciones de regulación social; por lo tanto, se benefician del APR derivado de dicha función.
En lo referente a la regulación social en materia am-biental, le corresponde al OEFA percibir el APR para solventar los costos que el ejercicio de su función pública de regulación social ambiental demanda; da-do que financia la función de fiscalización ambiental (que antes era ejercida por OSINERGMIN).
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)
Emplea la regulación económica en los segmentos del subsector hidrocarburos en los que existen monopolios naturales y emplea la regulación social al controlar la calidad y cantidad del combustible en estaciones de servicio, plantas, refinerías. Este organismo regulador recauda el APR de las empresas del subsector hidrocarburos bajo su ámbito de competencia, con independencia del tipo de regulación que aplique.
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Realiza regulación social y percibe una contribución de parte de los administrativos para financiar sus funciones. En efecto, en su condición de ente normativo sectorial de las empresas del subsector hidrocarburos, el MINEM también, realiza regulación social y, como tal, de acuerdo a la normativa vigente, también percibe contribuciones de las empresas reguladas.
Fuente: OEFA, 2014.
5 Para ser eficiente, la regulación debe orientarse a maximizar el bienestar de la sociedad, por ello no sólo hablamos de regulación económica sino también de regulación social; la cual apunta a regular aspectos relacionados con la salud, seguridad, medio ambiente, entre otros.
11
El APR financia el costo del macro proceso de fiscali-zación ambiental de los sectores de minería, energía e hidrocarburos, que permite un adecuado equilibrio entre inversión y protección ambiental, clave para el desarrollo sostenible. Este macro proceso incluye acciones de evaluación (de acuerdos a estándares nacionales e internacionales), supervisión (de las obligaciones ambientales que tienen las empresas), fiscalización y de incentivos por buenas prácticas ambientales.
Si se tiene en cuenta el principio de internalización de costos, según el cual las empresas tienen que asumir el costo de la vigilancia ambiental, éstas son las responsables de asumir el APR. Debido a que las actividades minera e hidrocarburífera generan impactos en el ambiente, resulta equitativo que sean dichas empresas, y no la sociedad, las que asuman el costo de fiscalización ambiental.
El APR es una contribución que se creó el año 2000, mediante artículo 10 de la Ley 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Ÿ Inicialmente, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) tenía competencia
para fiscalizar sólo al sector energía. Mediante la Ley N°28964, se le transfieren competencias para supervisar también al sector minero, por lo cual su denominación cambia a OSINERGMIN.
Ÿ El 2008, el OEFA es creado mediante Decreto Legislativo N°1013. Dos años después, se le transfieren las funciones de fiscalización ambiental que realizaba OSINERGMIN.
Ÿ En el 2012, mediante la Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley N°29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se establece que las funciones de fiscalización ambiental del OEFA a los sectores mineros y energía sean financiadas con el APR. Así, el OEFA es reconocido como un nuevo acreedor tributario.
Ÿ La nueva condición del OEFA fue ratificada por la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30011, que modifica a la Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30115 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
Ÿ Finalmente, mediante Ley 30282 del 2014, se precisa: “el OEFA es acreedor tributario del Aporte por Regulación a que se refiere al artículo 10 de la Ley 27332”.
Sustento legal
Monitoreo. Foto OEFA
La alícuota del APR se calcula en base a la facturación anual (ingresos), primero, porque resulta un buen indicador del desarrollo de las actividades econó-micas de las empresas. En segundo lugar, porque
mientras más produzca una empresa, más impactos puede generar en el ambiente; y es el APR el que precisamente permitiría financiar las acciones de fiscalización destinadas a verificar que las empresas cumplan con sus obligaciones ambientales.
Como lo establece la Ley N° 27332, las entidades reguladoras recaudarán un APR no mayor del 1% del valor de 6la facturación anual de las empresas y entidades bajo su ámbito de competencia deducido el IGV y el IPM . La
7alícuota del APR es fijada mediante decreto supremo.
Fuente: OEFA, 2014.
OEFAAportes por regulación
Sector Año2014
Año2015
Año2016
Energía
Electricidad
Subsector
0,11% 0,11% 0,11%
HidrocarburosImportación/producción
0,12% 0,12% 0,12%
HidrocarburosTransporte/distribución
0,15% 0,15% 0,15%
Gran y medianaminería
0,15% 0,15% 0,13%Minería
Fu
ente
: OE
FA
, 201
4.
6 Esto responde a los principios básicos de la base imponible (facturación anual) y la alícuota tope (para evitar la confiscatoriedad). 7 Medida proporcional.
13
Por otro lado, teniendo en cuenta una vez más la es-trecha relación entre los posibles impactos negativos sobre el ambiente, generados por el desarrollo de una actividad extractiva y el nivel de producción alcanza-do por ente infractor, vemos una vez más que la fac-turación anual sigue siendo una medida razonable para calcular el APR.
El APR financia todas las actividades involucradas en el macroproceso de fiscalización ambiental, como
son: las evaluación de la calidad ambiental respecto de la zona de influencia de los proyectos, los moni-toreos ambientales participativos, la supervisión del desempeño ambiental de las empresas, la atención e denuncia ambientales, la participación en mesas de diálogo, entre otras. Todo lo recaudado por concepto de APR se destinada exclusivamente a la fiscali-zación ambiental de los sectores minero, energético e hidrocarburífero; los saldos que puedan existir se
8dan únicamente por motivo de multa .
8 Una de las fuentes utilizada para financiar el desarrollo de la COP20 en nuestro país.
2
Cronología de la Fiscallización Ambiental en el Perú
1990
D. Leg. 613-Código de medio ambiente y recursos naturales.
Agosto
1991
D. Leg. 635-Título XIIDelitos EcológicosCódigo Penal.
Marzo
1992
D. Ley 25763-Establece que el cumplimiento de las oblicaciones relacio-nadas con las actividades mineras de electricidad y de hi-drocarburos podrá ser fiscalizado a través de empresas de auditoría e inspectoría.
Octubre
Fuente: OEFA, 2014.
Reflexiones finales
Dado que la APR financia las acciones de supervisión directa a las empresas, la figura de contribución es idónea para estos fines. Tanto el Tribunal Consti-tucional como el Tribunal Fiscal han ratificado la naturaleza de contribución que posee el APR, en tanto genera beneficios diferenciados para los contribuyentes y para el mercado en general.
Como toda contribución, el APR se justifica por gene-rar beneficios generales a favor de la colectividad, ya
1992
D. Ley 25763-Crea la figura de las empresas de auditorís e inspectoría que debían ser registradas en el Ministerio de Energía y Minas (MEM).-Las empresas minero energéticas debían contratar a las empresas de auditoría e inspectoría e informar al MEM.-Ningún funcionario del MEM podía realizar visitas inspectivas , salvo en caso de emergencias.
Octubre
1996
Ley 26734. Ley del OSINERG.-El OSINERG fue adscrito al MEM.-A cargo de la fiscalización de activi-dades de hidrocarburos y eléctricas.
Diciembre
1998
Ley 26923-OSINERG adscrito a PCM.
Febrero
2000
Ley 27322-OSINERG:Adscrito a la PCM.
Diciembre
2001
Ley 27474. Ley de Fiscalización de Actividades Mineras. -Crea la figura de los fiscalizadores externos calificados por el MEM.-Son contratados por el MEM según aranacel.
Junio
D-U. 025-98-OSINERG adscrito al MEF.
Junio
2004
D.S. 038-2004-PCMPlan Anual de Transferencias, que incluye competencias de fiscalización ambiental para actividades mineras de menor escala.
Mayo
2007
Ley 28964. Ley de creación del OSINERMING-Transfiere la fiscalización de las actividades mineras a esta ciudad.
Enero
2008
D. Leg. 1013Ley de creación del MINAM-Se crea el OEFA.
Mayo
2009
Ley 29325. Ley de creación del SINEFA.
Marzo
2010
El OEFA asume competencias de fiscalización ambiental energética.
Julio
2011
El OEFA asume competencias de fiscalización ambiental energética.
Marzo
2012
El OEFA asume competencias de fiscalización ambiental en pesca.
Marzo
2013
El OEFA asume fiscalización ambiental en cerveza, papel, cemento y curtiembre.
Enero
15
que fomenta que la sociedad viva en un ambiente saludable y equilibrado. Así como también se justi-fica por generar beneficios diferenciados para las empresas, debido a que i) permitiría una mayor acep-tación de las poblaciones aledañas a los proyectos, reduciendo la conflictividad social e incentivando la licencia social de nuevas inversiones; y a que ii) pro-movería que las empresas dispongan instalaciones adecuadas para sus propios trabajadores, evitando de esta manera las consecuencias de una eventual contaminación.
Es primordial, entonces, que el OEFA perciba el APR para fortalecer el cumplimiento de sus funciones; así como su capacidad técnica, administrativa y finan-ciera. De no hacerlo, el cumplimiento de las normas ambientales y los derechos fundamentales se vería vulnerado ya que se restringiría la posibilidad de alcanzar un equilibrio entre la libertad económica y la protección ambiental; lo cual tendría una repercu-sión negativa en toda la sociedad.
El presidente de OEFA, Dr. Hugo Gómez Apac, sostiene que una gestión ambiental débil genera desconfianza desde la población hacia el Estado; tal desconfianza puede generar a su vez conflictos socioambientales. Por lo contrario, una fiscalización
En el sector minería, para el 2015, se tienen en cuenta:
· 730 supervisiones.· 5 planes integrales de evaluación ambiental.· 8 monitoreos participativos.· 32 espacios de diálogo.
OEFA: Supervisiones directas planificadas en el 2015
Sectores
Minería
Hidrocarburos
Electricidad
Pesquería
Industria
Total
Supervisiones
Cuadro 1
730
3295
270
302
300
4897
ambiental eficiente facilita la licencia social para nuevas inversiones.
A través de la fiscalización ambiental, el OEFA puede asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, desincentivando conductas que afecten el medio ambiente. De esta manera, la fiscalización ambiental contribuye a un funcionamiento óptimo del mercado, evitando que las empresas que sí cumplen con sus obligaciones ambientales se encuentren en situación de desventaja frente a aquellas empresas que no las cumplen.
A continuación, presentamos la entrevista realizada a Hugo Gómez Apac, presidente de la OEFA, quien ahondará en el macro proceso de fiscalización ambiental al cual responde el aporte por regulación así como en las actividades concretas a las cuales es destinado y, finalmente, cómo este aporte contribuye a la prevención de conflictos sociambientales.
Fuente: OEFA, 2014.
Acciones. Foto OEFA
Entrevista
HUGO GÓMEZ APACPresidente del Consejo Directivo del OEFA
1. Señor Gómez, en primer lugar, ¿podría explicar-nos en qué consiste el proceso de fiscalización en temas ambientales?
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene dos tareas principales: por un lado, la rectoría del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), a través de la cual supervisa que todas las entidades de fiscalización ambiental de ámbito nacional, regional y local cumplan su función fiscalizadora en materia ambiental. Así, por ejemplo, el OEFA supervisa a las municipalidades, gobiernos regionales, a la Autoridad Nacional del Agua y a ministerios como los de producción y agricultura. El OEFA, también como ente rector, tiene competencia para emitir normas y elaborar lineamientos, procedimientos y directivas que son vinculantes; es decir, que son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que tienen competencia en materia de fiscalización ambiental.
De la misma manera en que el OEFA supervisa a las mencionadas entidades públicas, también cumple una función de supervisión ambiental directa. Esta es la segunda gran labor que efectuamos. Así, tenemos competencia para supervisar a la gran y mediana mi-nería, a las empresas de electricidad e hidrocarburos, a las empresas que realizan procesamiento industrial pesquero y acuicultura de mayor escala. Sumado a lo anterior, tenemos competencia para supervisar a determinados rubros de la industria manufacturera: cemento, papel, curtiembre y cerveza.
La fiscalización que menciono se realiza a través de un proceso muy amplio, el cual denominamos “Macroproceso de la fiscalización ambiental”. Este macroproceso tiene cuatro componentes: i) la evaluación de la calidad ambiental, ii) la supervisión
de las obligaciones ambientales de las empresas, iii) la fiscalización propiamente, que involucra la tramitación de procedimientos sancionadores y, finalmente, iv) el régimen de incentivos.
La evaluación de la calidad ambiental tiene por objeto analizar el estado y la calidad del ambiente (agua, aire, suelo, flora y fauna). En particular, la calidad ambiental de la zona de influencia de las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de supervisión del OEFA. Por ejemplo, una unidad minera, un establecimiento industrial pesquero o un lote de explotación de hidrocarburos —durante el desarrollo de sus actividades— no impactan únicamente dentro de sus propias instalaciones o dentro de la zona de concesión, sino que este impacto puede extenderse más allá de estas áreas, por ejemplo, cuando se descargan efluentes a cuerpos hídricos o cuando las emisiones llegan al aire, se irradian y bifurcan. Cuando ello ocurre, hay que verificar cómo impacta la calidad del ambiente de dicha zona de influencia.
Tomando otro ejemplo, en el caso de una unidad minera, evaluamos la calidad ambiental de la zona de influencia de esta, que puede estar conformada por bosques, ríos, manantiales o el mar. El OEFA extrae muestras de agua, suelo, subsuelo y aire de la citada área de influencia, las lleva a un laboratorio certificado para verificar el grado de concentración de metales y diversas sustancias como plomo, bario, mercurio, arsénico, dióxido de azufre e incluso grasas, dependiendo de la situación.
Con este análisis, buscamos saber si se están cumpliendo los estándares de calidad ambiental (ECA). Esta información es utilizada luego por el propio OEFA, en el marco de su función supervisora, a efectos de verificar si existen indicios de que los
17
impactos, manifestados a partir de la superación del ECA, se han generado o no producto de la actividad minera o de hidrocarburos, que se encuentran bajo nuestra competencia.
Pasemos al siguiente componente: la supervisión de las responsabilidades ambientales de las empresas. La gran tarea que tiene el OEFA es supervisar que las empresas mineras, eléctricas, de hidrocarburos, pesqueras (procesamiento industrial) y manufactu-reras (cemento, papel, curtiembre y cerveza) cumplan con las obligaciones que están contenidas en sus instrumentos de gestión ambiental —Estudios de Impactos Ambiental, sean estos detallados o semidetallados— y la normatividad ambiental. Como en el caso de Tía María, que ya cuenta con un estudio de impacto ambiental. De esta manera, cuan-do empiece sus operaciones, el OEFA supervisará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho estudio.
Si en el marco de una supervisión, el OEFA advierte el incumplimiento de las normas ambientales y, por tanto, indicios de infracciones administrativas,
pasamos a una tercera etapa: la tramitación de los procedimientos sancionadores.
La cuarta etapa consiste en buscar el sobrecumpli-miento de las normas, se trata de un aspecto volun-tario, por lo que no se busca obligar a las empresas a efectuar este sobrecumplimiento. En otras palabras, las empresas podrían limitarse a cumplir la regulación ambiental, pero podrían también tener una mejor performance, es decir, cumplir más allá de lo que la normativa las obliga. Para ello, el OEFA las incentiva, porque si bien hoy en día podrían cumplir con la ley, se quiere que efectúen un sobrecumpli-miento de la misma. De eso se trata el régimen de incentivos: el OEFA premia a las empresas —de manera honorífica o económica— que cumplen con sus obligaciones ambientales más allá de lo requerido y establecido en las normas en sus instrumentos de gestión ambiental.
Dentro de este macroproceso de cuatro etapas, me quiero centrar en la segunda, la supervisión. Esta no tiene un carácter reactivo, sino más bien emi-nentemente preventivo, pues el OEFA planifica las
Hugo Gómez Apac. Presidente Consejo Directivo OEFA
supervisiones que realiza y alerta rápidamente a las empresas sobre su performance; es decir, les informa sobre su desempeño ambiental para que, de ser el caso, corrijan inmediatamente aquello que tiene un impacto ambiental negativo.
Además, el OEFA promueve la subsanación voluntaria de las infracciones, es decir, que las empresas remedien y corrijan los hallazgos de presuntas infracciones antes de que se les inicie un procedimiento administrativo sancionador. Privilegiamos la corrección de las conductas antes que el aspecto punitivo porque, para la población en general, si se impone una multa, esta se paga al OEFA. La población quiere ver el pastizal limpio, el bosque regenerado, la laguna limpia, el río limpio y eso implica la corrección de una conducta a través de la remediación ambiental.
El OEFA privilegia la remediación y subsanación voluntaria de las infracciones ambientales. En caso de que no se hayan efectuado voluntariamente, se llega a la parte más severa que es la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador. Si bien atendemos denuncias y emergencias ambientales, nuestro trabajo es principalmente preventivo. Lo que queremos es mostrarle a la población y a las empresas que en nuestras intervenciones, se analiza información eminentemente técnica, con base científica. No se trata de una apreciación subjetiva sobre si se está contaminando o no, sino sobre la base de parámetros objetivos y científicos.
2. ¿Cómo se inserta el aporte por regulación en todo este proceso? ¿En qué acciones concretas se utiliza?
El macroproceso de fiscalización ambiental tiene un costo que es financiado específicamente por el aporte por regulación, que es pagado por las empresas mineras y de energía (eléctricas y de hidrocarburos).
El dinero que recaudamos a través de esta vía se destina exclusivamente a financiar la fiscalización ambiental de las actividades mineras y energéticas. El OEFA no puede transferir los recursos provenien-tes del aporte a otras actividades, aunque sí puede transferir los ingresos provenientes de las multas a otras actividades de gestión ambiental.
Si la población siente que hay un trabajo efectivo y eficiente del fiscalizador ambiental, si percibe que las empresas son obligadas a corregir sus conductas (por ejemplo, a través de la remediación ambiental), y sancionadas cuando ello lo amerita, se genera confianza.
Para que la población tenga confianza, el OEFA tiene además varios instrumentos, como la transparencia, por ejemplo. Nosotros divulgamos información de las supervisiones y de los procedimientos que tramitamos para conocimiento de la población, a través de reportes públicos de informes de supervisión y de resúmenes públicos de los procedimientos.
Otra forma de generar confianza es a través de la participación ciudadana y tenemos muchos aspectos que la involucran. Por ejemplo, la presentación de denuncias ambientales, las cuales pueden ser presentadas por cualquier ciudadano, ya sea por correo postal, por teléfono, por e-mail o cualquier otra vía. Lo más importante de esto es que el ciudadano puede hacer el seguimiento de su denuncia. En efecto, una vez que se presenta una denuncia, se informa luego si a partir de esta se realizó una supervisión, se ha tramitado un proceso sancionador, se ha dictado una medida correctiva o se ha dispuesto una sanción.
También hay participación ciudadana en la elaboración de las normas que el OEFA emite. Cuando se elabora cualquier norma, el OEFA publica el proyecto, lo somete a discusión con las empresas, la ciudadanía, las ONG y entidades públicas. Se presentan comentarios, nos reunimos con los comentaristas en una o dos sesiones, luego de ello recién se delibera y se decide la aprobación de la norma. Más tarde, se publica una matriz en la cual se explica qué comentarios se han aceptado y qué otros no, junto con las razones de ello.
Otro aspecto importante son los monitoreos ambientales participativos. En la evaluación de la calidad ambiental que realiza el OEFA se invita a la población y a las empresas a que sean testigos de cómo se efectúa el monitoreo ambiental, cómo se toma muestras de agua, suelo o aire en la zona de influencia de la actividad económica. Si la población desconfía, le decimos: “Ven, sé testigo y observa de dónde tomamos la muestra”. Si nos dice: “Me gustaría que tomen la muestra también acá”, vamos y lo hacemos. Si no están seguros de que la muestra llegue al laboratorio, les decimos: “Acompáñenos y juntos llevemos la muestra hasta el laboratorio”.
Finalmente, cualquier persona que tenga legítimo interés puede participar en los procedimientos sancionadores. Puede aportar pruebas, dar su parecer e informar oralmente. Estamos abiertos a todo eso y divulgamos la información a las empresas. En la página web del OEFA está el listado de todas las resoluciones emitidas, como mecanismo para
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Durante el debate en la mesa de diálogo, en un primer momento, los pobladores pidieron un estudio alternativo, pero les explicamos los resultados de nuestro estudio y confiaron en ello. Ello consta en las actas de reunión. Una en particular indica que las federaciones validan la información que el OEFA ha generado. Ahora, se realizarán talleres de informa-ción en mayo y junio en las cuatro cuencas, explican-do sobre monitoreos ambientales participativos. Asimismo, el OEFA está realizando la evaluación de una zona que ha sido sometida a “suelta de área”, en una región geográfica que fue dejada por Pluspetrol Norte.
4. Muchas de las acciones de fiscalización se centran, entonces, en aspectos de difusión, transparencia y participación ciudadana, ¿qué otros aspectos estarían involucrados?
Existen otros aspectos que yo llamo “pilares que sostienen la fiscalización ambiental”. En primer lugar, la reducción de la discrecionalidad, para ello tenemos una metodología de cálculo de multas, la cual hemos elaborado sobre la base de criterios técnicos y objetivos. La valoración de las multas no se realiza sobre la base de una apreciación subjetiva, sino que pueden verse las ecuaciones y cómo calculamos matemáticamente las multas. El objetivo no es multar por multar y menos hacer caja, lo que queremos es que dichas multas sean disuasivas y generen el convencimiento de no volver a cometer infracciones. Utilizamos factores atenuantes y agravantes, cada una con un peso porcentual específico. Todo ello busca que la multa sea lo
generar confianza en una auténtica fiscalización ambiental. Estoy convencido de que esa confianza alienta la inversión, ya que si sabes que hay una fiscalización eficiente, cuando se dé un proyecto de inversión en una actividad extractiva, la población no pondrá como pretexto el tema ambiental para oponerse a dicha inversión, porque saben que existe un fiscalizador confiable que cuidará del ambiente.
Por ello, la transparencia y la participación ciuda-dana en la fiscalización son muy importantes para reducir la conflictividad social, así como para generar más inversión.
3. ¿Cómo miden los niveles de confianza entre la población?
En la actualidad, los medimos de manera empírica por los casos que vamos resolviendo. De todas formas, Gary Rojas Camayo y Karina Tafur Asenjo, miembros de nuestro equipo, tienen la tarea ya iniciada de hacer estadísticas sobre este tema. Cito el caso de las cuatro cuencas, en el cual fue decisiva la participación de todos los actores del gobierno y específicamente la del OEFA, generando confianza en la población producto de las investigaciones efectuadas. Como sabrán, una de las preocupaciones era en qué estado se encontraba la calidad ambiental de las cuatro cuencas. El OEFA realizó un levantamiento de información en la zona a raíz de las d e c l a r a c i o n e s d e e m e r g e n c i a a m b i e n t a l , identificando 92 sitios impactados con presencia de hidrocarburos y otros aspectos.
Registro. Foto OEFA
suficientemente precisa para lograr ese objetivo disuasivo y, al mismo tiempo, sea razonable y proporcional.
Otro pilar es la predictibilidad, es decir, que la población sepa de antemano cómo actuará el OEFA. Un aspecto al que estamos últimamente muy abocados es la supervisión de las obligaciones socioambientales, porque los instrumentos de gestión ambiental no solo tienen obligaciones técnicas ambientales, sino también obligaciones de corte social.
5. ¿Y estas herramientas de gestión también se realizan gracias al APR?
El aporte financia el macroproceso de la fiscalización ambiental, es decir, la evaluación de la calidad ambiental, la supervisión de las empresas, la tramitación de procedimientos sancionadores y el régimen de incentivos. Inmersa en la tramitación de los procedimientos sancionadores se encuentra la metodología de cálculo de multas antes mencionada. El trabajo que realiza nuestro equipo, valorando los daños ambientales, calculando las multas y evaluando cuáles son las medidas correctivas que deberían dictarse es financiado en su totalidad por el aporte por regulación, cuando se trata de los sectores minería y energía.
El aporte por regulación financia también el trabajo que realiza el OEFA cuando participa en los espacios de diálogo y cuando efectúa monitoreos ambientales participativos de la actividad minera y energética; de allí la importancia de esta contribución. Es muy importante que el sector privado sepa que —haciendo un análisis costo-beneficio— la cosa es bien sencilla: el aporte tiene un costo, no podemos negarlo, pero reducido puesto que la alícuota es bastante baja. Sin embargo, el beneficio es cuantitativa y cualitativamente mayor. Una fiscalización eficiente no solo beneficia a las propias empresas, sino que alienta nuevas inversiones.
En el caso minero, estamos hablando del 0,15% de los ingresos menos impuestos (IGV y costos de energía y consumo). El tope del aporte por regulación es 1% y el OEFA percibe el 0,15%. Si tú comparas este porcentaje con las utilidades —no estoy hablando de los ingresos brutos— de las empresas, termina siendo el 0,5%. Entonces, ¿en qué consiste el análisis costo-beneficio que tienen que hacer las empresas y la sociedad en su conjunto? La respuesta es que este pequeño costo permite una fiscalización ambiental efectiva, eficiente e integral, y una fiscalización con estas características alientan la inversión.
En algunos espacios de diálogo, las empresas han dicho: “No me acusen por temas ambientales, estoy en el registro de buenas prácticas”. En efecto, tenemos un registro de buenas prácticas ambientales y hay más de treinta empresas de todos los rubros inscritas en este. ¿Qué significa que estén ahí? Pues, que están cumpliendo con todas sus obligaciones ambientales en una unidad productiva en particular, por lo que en un espacio de diálogo, la población no puede imputarles el incumplimiento de sus obligaciones en dicha unidad.
En el caso de Tía María, el gobierno ha dicho claramente que el segundo estudio de impacto ambiental ha levantado todas las observaciones, no hay de qué preocuparse.
Lo que toca ahora es supervisar las obligaciones que contiene dicho estudio, labor que le corresponde al OEFA. Mi mensaje a la población de Islay es que confíen en la fiscalización ambiental. Así como deben confiar en la certificación ambiental, confíen también en la fiscalización. Si el OEFA detecta que hay incumplimientos, sancionaremos a la empresa que los cometa.
6. ¿Es posible decir que la fiscalización en estos casos pueda llegar a ser más exigente?
Si las cosas funcionan bien, los costos van a ir disminuyendo, porque cuando uno fiscaliza bien, incentiva el cumplimiento, lo que significa que luego puedes reducir la intensidad de la fiscalización. Lo que va a ocurrir —y eso es un trabajo que está realizando la Dirección de Supervisión del OEFA— es que la fiscalización ambiental logre un mayor cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Este mayor cumplimiento provoca que tengas que reducir la fiscalización y los costos asociados a ello; por tanto, el aporte por regulación debería ir disminuyendo con el tiempo, porque ya no habrá tanto gasto. Si el OEFA ve que las empresas cumplen más, ya no tiene que hacerles tantas supervisiones. A quien visitas más es a quien incumple, pero como los que incumplen son los menos, lo que se genera es que con el tiempo la intervención del OEFA disminuirá porque hay un mayor cumplimiento por parte de las empresas.
Muchas gracias.
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Gary Rojas CamayoCoordinador de Sistematización e Investigación de Conflictos Socioambientales del OEFA
Una de las cosas de las que se tratan en los espacios de diálogo es la difusión de la información, por lo que ello constituye un compromiso adicional al trabajo técnico especializado que realizamos. Por ejemplo, en las mesas establecidas en la selva central por el caso de Pichanaki, uno de los compromisos más importantes fue el de la difusión de la información.
Otro aspecto que creemos que también debería tomarse en cuenta, como un mensaje para el sector empresarial, es que los costos de la fiscalización ambiental en el fondo siempre van a ser muchísimo más bajos que los de gestionar un conflicto. Tener una inversión que no opera o tener los fondos y no poder hacer la inversión en sí, por tener el conflicto, termina siendo un costo demasiado alto e incomparable con la fiscalización ambiental.
Karina Tafur AsenjoCoordinadora de Gestión de Conflictos y de Cumplimiento de Compromisos Socioambientales
En la Dirección de Supervisión del OEFA, el enfoque que se tiene desde el 2014 del tema socioambiental, parte de involucrar este aspecto dentro de la supervisión técnica ambiental que normalmente se efectúa. Este tema no tenía suficiente acogida; no obstante, permite tanto a las empresas como a la ciudadanía —aquellos que están dentro del área de influencia de la empresa— conocer cuáles son los compromisos sociales de su instrumento de gestión ambiental y cómo estos se vienen ejecutando.
Sucede que parte del sector empresarial tiene recelo de este tipo de supervisión (socioambiental); sin embargo, las empresas que han sido sujetas a este tipo de fiscalización han terminado agradeciéndolo. En uno de los eventos complementarios a los de la COP, una de las empresas supervisadas mencionó que este tipo de supervisión les había permitido aterrizar los compromisos que estaban obligados a cumplir y que, quizá por desconocimiento, no habían recibido suficiente atención antes.
Entrevista
1. Buenas tardes, señor Montoya. ¿Podría contarnos un poco sobre usted y su trayectoria profesional?
Nací en el Rímac, estudié la primaria en el Colegio Fiscal Armando Filomeno N° 415, que quedaba en la calle Hualgayoc; actualmente ya no existe. La secundaria lo hice en la Gran Unidad Escolar Túpac Amaru de la Policía Nacional del Perú, que aún queda en Barrios Altos. La educación universitaria lo realicé en varios sitios. Inicié estudios de economía en la Universidad Garcilaso de la Vega pero no lo culminé, aunque finalmente, terminé la carrera de periodismo en la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza, hoy Universidad.
Posteriormente, seguí una maestría en políticas públicas en la PUCP y varios diplomados en gestión del territorio, políticas públicas y comunicación en FLACSO – Chile y en la Universidad de Chile. Además, estoy permanentemente interesado en los cursos de formación, dirección y marketing público, como los realizados por el Instituto de Administra-ción Pública de España.
Mi experiencia profesional está centrada, básica-mente, en el sector público, aunque inicialmente estuve también en el sector privado. Trabajé durante muchos años en el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), donde era analista de coyuntura política. Al mismo tiempo, entre 1984 y 1994, hicimos un seguimiento sostenido a la violencia política de Sendero Luminoso en nuestro país.
Como producto de esa experiencia, se editó en coautoría con varias personas, el libro “Violencia política en 1980-1988”; que se trata de dos tomos de análisis que diariamente realizábamos sobre la violencia política a nivel nacional e incluso hicimos un especial sobre Lima Metropolitana.
Asimismo, durante al menos 11 años fui jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, llamado así en ese momento.
También he estado vinculado a medios de comuni-cación, como los diarios El Sol, La República y la revista Caretas.
De otro lado, tengo una trayectoria de asesoría parla-mentaria; primero fue de representación política y fiscalización, donde llegué a ser coordinador de asesores de la comisión encargada de inspeccionar las irregularidades que puedan haberse cometido durante la década de 1990. Fruto de ello, se elaboró informes con los presidentes de esas comisiones que, en ese momento eran David Waisman y luego Anel Townsend, que concluyó con iniciativas legislativas, como proponer el control de servicios secretos y desde entonces se conformó la Comisión de Inteli-gencia en el Congreso de la República.
El segundo tema que trabajé en el Poder Legislativo fue descentralización y reforma del Estado, que se inició en el año 2002, con la modificación de la Cons-titución, las leyes base y la Ley Orgánica de Gobier-nos Regionales, estando vinculado hasta el año 2006.
Luego, entre los años 2006 y 2009 estuve ligado al Grupo Propuesta Ciudadana, consorcio de 12 organi-zaciones no gubernamentales que trabajan el tema de descentralización y regionalización en nuestro país. Se brindó asistencia técnica a gobiernos regionales en temas institucionales y paralelamente asesoría ad honorem, para la creación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
También tuve varias experiencias de gestión. Por ejemplo, en la Subgerencia Regional de Descentra-lización fuimos reconocidos como una de las 46 prác-ticas exitosas de gestión, condensadas en el último libro editado por la Asamblea de Gobiernos Regio-nales. De alguna manera, lo que me interesa es encon-trar medios para fortalecer la institucionalidad y promover mejores espacios de gestión.
Posteriormente, regresé al Congreso a trabajar con el exparlamentario por Moquegua, Washington Zeba-
DAVID MONTOYA CHOMBAASUME CARGO DE NUEVO JEFE DE LA ONDS-PCM
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llos, como asesor principal de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Desde ahí impulsamos la consulta previa y los servicios ambientales. Aquí estuve hasta 2011.
Más tarde, ingresé al programa de Gobierno Regio-nal de Lima Metropolitana, primero como asesor de la gerencia y en febrero de 2012 me dieron la Sub-gerencia Regional de Descentralización hasta enero de 2015. Ahora asumo con mucha responsabilidad estar al frente de ONDS-PCM.
2. ¿Qué perspectivas de trabajo tiene para la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS-PCM) como Alto Comisionado?
Tenemos que visibilizar nuestro trabajo. La ONDS trabaja mucho, no sólo en los casos más grandes y mediáticos como Tía María y Las Bambas, sino que sus comisionados de todo el país realizan cotidiana-mente muchos trabajos de trato directo. Por ejemplo; la mediación entre campesinos y empresas mineras, la prevención de conflictos o la anticipación a las demandas de la ciudadanía, informando sobre las mismas. Además del cierre de mesas importantes como las de Cuatro Cuencas, en Loreto, el trabajo en La Convención y la implementación de los comités de seguimiento en Espinar, son casos que llevamos cotidianamente y no se conocen.
Creo que hay que revertir esa situación en la medida de lo posible, porque parte de ello tiene que ver con la presencia del Estado, pues la Oficina se adelanta para tratar cualquier tema. (…) Muchas veces, surge la pregunta: “¿qué dice la ONDS?”. Si mostramos que hemos estado trabajando el tema anticipadamente y que por diversas razones el conflicto aparece, tenemos una explicación mayor de aquello. (…)
La otra cuestión es que el conflicto es una muestra de la falta de desarrollo existente. Muchos de los conflic-tos aparecen porque concretamente hay ausencia de desarrollo. A los pueblos y a las autoridades locales, les faltan capacidades para poder hacer proyectos de inversión pública, actividades en su nivel territorial o establecer articulaciones intergubernamentales entre el gobierno regional y el gobierno provincial o local. Ante esta ausencia de desarrollo y capacidades, se preguntan: “¿qué hace el Estado por mí?”.
Para ellos, el Estado es el Gobierno Central, no son ellos.
Quiero decir que muchas de las intervenciones que hace la ONDS, es facilitar la asistencia técnica nece-
saria de algunos sectores y su posterior monitoreo. Ese es un trabajo que se hace y no se da a conocer. (…)
3. Además, esa idea de desarrollo que es transversal a diversos casos y demandas es diferente en cada contexto. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en desarrollo en las comunidades nativas de las cuatro cuencas, que en las comunidades campesinas de las zonas de influencia del Proyecto Las Bambas. Exactamente. Por eso, el desarrollo tiene que ser de acuerdo al lugar; además lo tenemos claro desde el Estado, que los temas de intereses tienen que ser dialogados. En la sociedad, el Gobierno y el mundo privado hay intereses públicos, políticos, partidarios, empresariales, sociales, comunales, dirigenciales y todo el mundo quiere ganar siempre. En ese ínterin,
David Montoya. Jefe ONDS-PCM
de ganar o perder, según los intereses particulares, aparece el conflicto, el cual es parte de la ONDS.
4. ¿Hay alguna estrategia pensada para llevar a cabo una mayor visibilización de la oficina? Al parecer, es uno de los temas de trabajo más fuertes que se tienen por adelante.
Uno de los temas que quiero sistematizar, para dar mayor visibilidad, es el tema de las cuatro cuencas de Loreto; que se podría difundir también en la zona misma con publicaciones y emisiones radiales en lengua originaria, por ejemplo.
Cuando estuve en la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, hice algo parecido al presentar el proyecto de servicios ambientales: hicimos boletines, cuñas radiales en lengua originaria y también recurrimos a traductores. No había consulta previa, pero nosotros aplicamos algunos criterios de consulta previa.
Otro aspecto es comunicar qué significan los “comi-tés de seguimiento”. Mucho de esto se hace en priva-do y sólo tienen conocimiento los interesados. Por ejemplo, en el caso del Comité de Seguimiento con la Población de Espinar, que está conformado por los alcaldes de la zona. Allí hay mucho trabajo, no solo de la ONDS y de la Presidencia del Consejo de Minis-tros, sino también de los sectores involucrados que se comprometen a participar, que invierten recursos y cuyos funcionarios viajan, hacen diagnósticos, planifican y hacen asistencia técnica sobre proyectos de inversión.
5. Hace unos días se llevó a cabo la cuarta reunión de articulación intersectorial en las instalaciones de la PCM. ¿En qué consisten estas reuniones de articulación intersectorial?
En una reunión de viceministros planteamos la im-portancia de presentar con mayor frecuencia la infor-mación que maneja la ONDS, con el propósito de me-jorarla a partir de la experiencia que tiene cada sector. Se acordó que todos los enlaces relacionados con las oficinas de gestión social o similares, asistirían a nuestras convocatorias. Esto se ha venido producien-do y creo que ha logrado afinar la participación y presencia de los ministerios en acciones muy concre-tas. Ahora, gracias a estas reuniones, tienen disponi-ble una información enriquecida con nuevos eventos y actividades que están pendientes. Es decir, tienen pleno conocimiento de la importancia de cada acción.
Se trata de un mecanismo que ha tenido inicio hace poco y que apunta a que todos manejen la misma
información, pues, me enteré, que a veces los jefes de gestión social no tienen la misma información que el ministro y viceversa. La idea sería tener un manejo de información homogénea, lo cual ya es un avance; mucho más significativo sería tener un sistema a nivel de Estado, pero eso va a demorar mucho más. (…)
De otro lado, desde la oficina podríamos informar a los diversos ministerios, sobre los casos que mane-jamos, elegir los más importantes y distribuir esa información.
Finalmente, fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental que busca dar soluciones a los conflictos. Muchas veces el desarrollo de nuestro pueblo tiene que pasar por intervenciones que pasan por acciones intersectoriales.
6. ¿Cuáles son los logros que se ha planteado para sus primeros meses como jefe de la ONDS?
Principalmente, afinar la articulación intersectorial e intergubernamental; establecer una relación más estrecha con los gobiernos regionales y sus represen-taciones como la ANGR, Asociación de Municipa-lidades del Perú (AMPE) y la Red de Municipali-dades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), es-tando más al tanto de cómo se encuentran las autoridades locales y regionales. También está la articulación que ya estamos alcanzando con los ministerios. En lo cotidiano estamos cada vez más cerca de ello.
Otro punto es tratar de cerrar la mayor cantidad posi-ble de mesas y establecer comités de seguimiento; teniendo siempre presente el tema de la prevención, que es lo que más nos preocupa. (…) En la medida de lo posible, buscaremos evitar que aparezca el conflic-to y adelantarnos con reuniones sectoriales u otras más especializadas o temáticas, para afrontar el con-flicto y que, al menos, este no surja tan rápidamente y nos pueda dar un poco de tiempo.
Muchas gracias.
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Con el objetivo de mejorar la gestión de los conflictos sociales, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibi-lidad de la PCM (ONDS-PCM) viene desarrollando reuniones periódicas de coordinación intersectorial, pues la multidimensionalidad y transversalidad de los conflictos demandan que el Estado actúe de manera articulada para gestionarlos de manera eficiente.
Durante estas reuniones, en las que participan representantes de todos los sectores, se intercambia información actualizada sobre la conflictividad social en el país, mediante una matriz que recoge los casos en situación de tratamiento o seguimiento, la misma que es mejorada a partir de la experiencia de los sectores en cada territorio. De esta manera, al momento de definir estrategias de actuación conjunta, todos los participantes manejan la misma información respecto a cada uno de los casos planteados.
Esta práctica ha permitido ordenar agendas, afinar la participación y presencia de los sectores en acciones concretas, como: talleres que se desarrollan en las
regiones, visitas a las zonas en conflicto y activar mecanismos de alerta sobre tensiones sociales vinculadas a situaciones que afectan la gobernabi-lidad y los proyectos de inversión pública y privada, los cuales a su vez son informadas a la ONDS-PCM para su centralización y retroalimentación.
A partir de estas alertas, la ONDS-PCM establece una priorización de casos teniendo en cuenta la evalua-ción de los reportes en función de algunos criterios, como lo son: impacto social en el ámbito local, impacto sobre las inversiones o situaciones identificadas como de riesgo mayor por la alta dirección de los sectores.
Finalmente, un reto para la presente gestión y complementaria a la articulación intersectorial, es la articulación intergubernamental, ya que muchas veces la solución de los conflictos pasa por intervenciones desde los distintos niveles de gobierno y por establecer una relación más estrecha con los gobiernos regionales, provinciales y locales.
ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS CONFLICTOS
Articulación con los sectores en la PCM.
Avances delDiálogo
FONDO DE DESARROLLO DE CANDARAVE EN TACNALA INVERSIÓN SOCIAL SE ORIENTARÁ A LOS RUBROS DE AGUA POTABLE, INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
El diálogo entre todos los alcaldes y la Junta de Usuarios de la provincia tacneña de Candarave hizo posible continuar con la ejecución del Fondo de Desarrollo Candarave (FDC), lográndose el consenso gracias a la mediación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El Fondo de Desarrollo Candarave compromete un monto total de S/. 255 millones por parte de la
empresa minera Southern Perú a favor de seis distritos (Candarave, Cairani, Camilaca, Curibaya, Huanuara y Quilahuani), producto de la Mesa de Diálogo de Candarave, donde participó el Estado, la comunidad y la empresa para dar licencia social al proyecto de ampliación de la concentradora de Toquepala.
El consenso arribado permitirá que las Autoridades inicien la priorización de los proyectos de desarrollo
Reunión desarrollada con autoridades locales en Candarave, Tacna.
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que sus poblaciones necesitan, los cuales se ejecu-tarán con una nueva partida económica de S/. 50 millones, que se suman al desembolso inicial de S/. 55 millones ya ejecutados en la primera etapa.
Cabe precisar que de los S/. 55 millones que se ejecu-taron entre 2013 y 2015, S/. 45 millones se destinaron a proyectos de Agua potable y saneamiento, Infraes-tructura hídrica para el agro y Fortalecimiento insti-tucional; que permitió a los candaraveños beneficiar-se con 30 proyectos, 18 equipos de maquinaria pesada, 46 expedientes técnicos y 26 estudios de preinversión.
Asimismo, los S/. 10 millones restantes se orientaron a financiar el Estudio Hídrico de la cuenca del río Locumba que se realiza actualmente para identificar el potencial de la cuenca y buscar alternativas de solución (infraestructura) a la necesidad de agua en Candarave y Jorge Basadre.
Durante esta nueva etapa del FDC, las autoridades candaraveñas coincidieron preliminarmente en la necesidad de continuar con las obras de infraestruc-tura hídrica en favor de la agricultura, así como en proyectos productivos y rubros como educación o salud que les permita mejorar su calidad de vida.
ACCIONES DE PREVENCIÓN EN LA PROVINCIA DE TALARASE SUSPENDE PARO PROGRAMADO PARA EL 22 Y 23 DE ABRIL
El Frente de Defensa y Desarrollo Energético del Ambiente y los Recursos Naturales de la Provincia de Talara convocó a un paro para los días 22 y 23 de abril como muestra de rechazo a la empresa Petroperú y su poca claridad respecto al Proyecto de Moderni-zación de la Refinería de Talara que tiene a su cargo.
Antecedentes
La población de la provincia de Talara (región Piura) denuncia no estar informada sobre el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara y que la empresa no ha sido clara en su exposición sobre sus planes de responsabilidad social y ambiental. Asi-mismo, señalan poca claridad en cuanto a los beneficios dirigidos a la población de Talara y la transparencia en la selección del personal.
Instalación de mesas de trabajo en Talara, Piura.
sociales de la provincia, en una audiencia pública que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal Javier Pérez de Cuellar.
Cabe destacar que es la primera vez que una ministra se presenta ante el público en Talara; por lo cual hubo una concurrida asistencia. Dicho evento estuvo abierto a la cobertura de la prensa local y nacional. Luego de tres horas de intenso pero fructífero diálogo, se lograron acuerdos positivos que llevaron a la suspensión de la medida de fuerza anunciada.
A continuación, presentamos los principales acuer-dos suscritos en el acta firmada el 21 de abril por todas las partes involucradas:
1. Conformar la Mesa de Desarrollo de la Provincia de Talara, presidida por el MINEM y cuya secretaría técnica será ejercida por la ONDS-PCM. Incluye las siguientes mesas de trabajo para atender las diferen-tes demandas de la población de la provincia:
Ÿ Mesa de Trabajo de Medio Ambiente.Ÿ Mesa de Trabajo de Temas Laborales y Contrac-
tuales.Ÿ Mesa de Trabajo de Asuntos Técnicos, Tributarios
y Legales. Ÿ Mesa de Trabajo de Saneamiento, Salud, Pesca y
Educación.
2. La instalación de la Mesa de Trabajo de Medio Ambiente y la Mesa de Trabajo de Temas Laborales y Contractuales se realizó el 28 de abril en la ciudad de Talara.
3. La instalación de la Mesa de Trabajo de Asuntos Técnicos, Tributarios y Legales y la Mesa de Trabajo de Saneamiento, Salud, Pesca y Educación se instalarán el 15 de mayo en la ciudad de Talara.
4. PETROPERÚ instalará el Comité Local y el Comité de Monitoreo Ambiental, quedando desactivada la Ventanilla Única y el Comité de seguimiento, de acuerdo a lo comprometido en el EIA.
5. El Frente de Defensa y Desarrollo Energético del Ambiente y los Recursos Naturales y Organizaciones Sociales de la Provincia de Talara se compromete a suspender toda medida de fuerza programada para el 23 y 24 de abril y otras posibles medidas durante el proceso de diálogo.
Frente a esta situación, la población organizó tres marchas pacíficas, invitando a la empresa a tomar en cuenta los ofrecimientos iniciales sobre los trabajado-res de la zona de influencia del proyecto. Igualmente, el Frente de Defensa y Desarrollo Energético del Ambiente y los Recursos Naturales de la Provincia de Talara, convocó a un paro que se realizó el 8 de abril y que abarcó toda la provincia.
La plataforma de lucha contenía 12 puntos, entre otros, solicitaban la destitución de funcionarios de Petro Perú, así como la ejecución de proyectos de desarrollo, Fondo de Inversión Social y el 70% de puestos de trabajo del Proyecto de Modernización de la Refinería para oriundos de la provincia de Talara. Por otro lado, exigían transparencia y esclareci-miento sobre la realización de los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto.
Finalmente, solicitaban la presencia en la zona de la Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, mostraban, a su vez, su acuerdo en la instalación de una Mesa de Desarrollo dirigida por la ONDS-PCM.
Intervención del diálogo: instalación de la Mesa de Desarrollo de la Provincia de Talara
Ante la amenaza del paro de 48 horas convocado por el Frente de Defensa y Desarrollo Energético del Ambiente y los Recursos Naturales de la Provincia de Talara para los días 23 y 24 de abril; el martes 21 de abril, llegó a Talara Rosa María Ortiz, Ministra de Energía y Minas, acompañada del presidente del directorio de Petroperú, para reunirse con represen-tantes del Frente de Defensa y otras organizaciones
Registro de primeros acuerdos en Talara.
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CUATRO CUENCAS DE IQUITOS
SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE MATRIZ DE ACUERDOS
En cumplimiento del histórico acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de Lore-to y las federaciones de Pastaza, Corrientes y Marañón, el 14 y 15 de abril, en la ciudad de Iquitos, se efectuaron reuniones de seguimiento al cumpli-miento de la matriz de acciones aprobada.
A la reunión del martes 14 de abril, asistieron los re-presentantes de ONDS-PCM, MINEM, VIVIENDA, MINSA, MIDIS, MIMP, MINEM, MINEDU y los presidentes y asesores de las Federaciones Indígenas FECONACO, FEDIQUEP y ACODECOSPAT; así como representantes de la Defensoría del Pueblo en calidad de observadores. El Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (PNSR – MVCS) informó sobre las acciones que se encuentran desarrollando para la implementación de
las plantas de tratamiento de agua para consumo humano en 65 comunidades nativas.
Por su parte, el MIDIS ha informado sobre el taller que se llevó a cabo con representantes de las muni-cipalidades respecto al Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), para iden-tificar los proyectos que pueden ser realizados. Han estado presentes los alcaldes distritales de Urarinas, Parinari y Tigre, además de funcionarios de varios sectores y del gobierno regional de Loreto.
El MINSA hizo referencia al estado del protocolo del estudio toxicológico que permitirá determinar el riesgo existente por la prevalencia de plomo, bario, cadmio, mercurio y otras sustancias. Este estudio cuenta con un presupuesto de 5 millones de nuevos soles, aproximadamente. El estudio es financiado por el Instituto Nacional de Salud (INS) y participarán
Difusión de acuerdos en el distrito de Trompeteros en Loreto.
como veedores y revisores del estudio, dos repre-sentantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Asimismo, el MINEM informó sobre los proyectos de electrificación rural que se encuentran en estado de aprobación de expedientes. La obra empezará en octubre del 2015 y se entregaría en mayo del 2016. Los proyectos se ejecutarán en 139 comunidades, cuya relación se menciona y que se construirán con pane-les. Las federaciones piden que se incluyan otras comunidades adicionales de la cuenca del Pastaza. Se solicita al MINEM que se evalúen alternativas de electrificación rural, además de los paneles. También, se mencionó el tema del mantenimiento de las bate-rías de los paneles.
Por otro lado, la reunión de la Comisión de Desa-rrollo de las cuatro cuencas, que se llevó a cabo el 15 de abril, contó con la presencia del Viceministro de Construcción y Saneamiento y de los representantes de MINSA, MINAM y MINAGRI, integrantes de las mesas de trabajo de Desarrollo Integral Intercultural, Remediación Ambiental y Titulación de Tierras, respectivamente; asistieron también los presidentes y representantes de FEDIQUEP, FECONACO y ACODECOSPAT; así como el Secretario Técnico de la ONDS-PCM. La Defensoría del Pueblo participó como observador.
Entre los informes destacan aquellos vinculados a los siguientes temas:
EducaciónIntercultualBilingüe
Las Redes Educativas Rurales serán reconocidas mediante una norma y recibirán acompañamiento pedagógico de la Red del Alto Pastaza, la Red Makusari, entre otras. Asimismo, en el marco del fortalecimiento de capacidades realizarán talleres de capacitación durante la primera semana de agosto de 2015.
El proyecto de mejoramiento de la productividad agropecuaria está próximo a entrar en la fase de ejecución. Igualmente, se acordó que MINAGRI organizará una reunión con representantes de las federaciones de las cuatro cuencas, la tercera semana de mayo de 2015 en Iquitos, para tratar temas relativos a la formulación de proyectos agrarios.
Proyecto Especial Datem delMarañónPEDAMAALC
Se informa que el Congreso de la República ha aprobado el proyecto de Ley del Fondo de Remediación Ambiental, por lo que, una vez promulgada y publicada la ley, se generarán reuniones previas entre los aportantes del Fondo de Contingencia. Asimismo, OEFA señala que se han realizado reuniones para organizar los monitoreos participativos con los coordinadores de los programas de monitoreo ambiental de las cuencas de Corrientes y Tigre en Iquitos, y con Pastaza en Andoas.
RemediaciónAmbiental
CCNN Dos de Mayo, Cuenca del Marañón.
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COMUNIDADES NATIVAS DE LA PROVINCIA DE MANU RECIBEN ATENCIÓN MULTISECTORIALA TRAVÉS DE PROGRAMAS DEL ESTADO
ONDS-PCM FORTALECE RELACIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y EL ESTADO
Población del Distrito Fitzcarrald fue la primera en recibir atención y para el mes de junio se tiene programada un segundo viaje para visitar las comunidades de los distritos de Hupetuhe, Madre de Dios y la provincia de Tambopata.
La provincia de Manu es una de las zonas más alejadas de Madre de Dios y por ende una de las menos atendidas, a pesar que este territorio alberga al Parque Nacional de Manu y a la Reserva Comunal Amarakaeri. Con el fin de revertir esta situación y en el marco de la política de inclusión social impulsada por este gobierno, los representantes de los diferentes sectores vienen trabajando conjuntamente para atender a la población de esta provincia. El viaje a Puerto Maldonado es una manifestación del trabajo articulado emprendido por los programas de Qali
Llevando los programas a la CCNN Diamante de la provincia de Manu.
Warma y Pensión 65 del Ministerio de Inclusión Social - MIDIS, del programa Beca 18 del Ministerio de Educación – MINEDU, la Oficina de Registro Mili-tar del Ejecito Peruano, las jefaturas del Parque Nacional de Manu y a la Reserva Comunal Amara-kaeri del SERNANP, la Municipalidad Distrital de Fitzcarrald, RENIEC y la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios DRE-MDD.
El equipo multisectorial realizó un viaje de 18 días partiendo desde Puerto Maldonado a Villa Salva-ción, capital de la provincia Manu, para comenzar su trabajo hasta llegar a Yomibato. En su trayecto pasaron por comunidades nativas como Shintuya, Palotoa Teparo, Nuevo Edén, Shipetiari, Diamante, Boca Manu, Maizal, Tayakome, Yomibato, Cacaotal, Isla de los Valles, Boca Colorado y Puerto Azul.
En este viaje el programa Qali Warma atendió a 16 instituciones educativas, proveyéndolas de los utensilios necesarios para la preparación de desayu-nos escolares. Esta labor se realiza en estrecha coor-dinación con los responsables de cada institución educativa, los cuales trabajarán junto al monitor de gestión local, responsable de distribuir en los próximos días los alimentos.
Por su parte, el programa Pensión 65 focalizó a 29 adultos mayores y ha identificado a otros potenciales usuarios del programa. Además, se realizó un importante trabajo de difusión en el que se explicó en qué consiste el programa y cuáles son los beneficios que prestan. Finalmente, a través de este programa se coordinó la atención de la prestación del servicio de salud.
El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - RENIEC brindó gratuitamente los servicios de inscripción por primera vez, caducidad, cambio de domicilio y renovación de documentos de identidad, con actualización de datos e imágenes, trabajando en coordinación con la municipalidad distrital de Fitzcarrald. Esta municipalidad registró a los niños y adultos que no contaban con partida de nacimiento, agilizando el trámite de su Documento Nacional de Identidad. Otra de las acciones que realizaron las autoridades del municipio distrital fue la verificación de la cantidad de niños de cero (0) a seis (6) años que habitan en estas comunidades, con el fin de gestionar la atención del Vaso de Leche.
La Oficina de Registro Militar del Ejército Peruano de Madre de Dios por primera vez se hiso presente en las comunidades nativas logrando inscribir a siete (7) jóvenes nativos en el registro militar.
Finalmente, la DRE-MDD a través del Programa Presupuestal 0091 "Incremento en el Acceso" realizó el recojo de información para la creación de Instituciones Educativas en las comunidades Maizal, Cacaotal y una ampliación de cobertura escolar en Boca Colorado, empezando a atender así la necesidad de servicio escolar que existe en estas zonas. A su vez, se realizó un trabajo comunicacional en estas comunidades, el cual buscó resaltar, entre la población, la importancia de la educación en el desarrollo de la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, especialmente del nivel inicial.
Acercamiento del Estado en la CCNN de Shipitiari de la provincia de Manu.
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Imágenes del Diálogo
1Reunión de acuerdos complementarios con los alcaldes y la Junta de Usuarios de la provincia de Candarave en Tacna.01.04.15
2 - 3Primera reunión del grupo de trabajo deSaneamiento y Construcción llevado a caboen Villa Rica, Pasco. (Caso Pichanaki).06.04.15
4 - 5Reunión del grupo de trabajo de Energíay Medio Ambiente desarrollado en Satipo.(Caso Pichanaki).07.04.15
1
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4
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6 - 7Registro del acta de acuerdos para tratar la problemática de la Asociación multisectorial de la provincia de Huaura, Lima.08.04.15
8Reunión del grupo de trabajo de Salud y Educacióndel Caso Pichanaki, Junín.09.04.15
9Reunión del grupo de trabajo de Transporte y Turismorealizado en Pichanaki, Junín.10.04.15
10 - 11Reunión de la mesa de diálogo para el desarrollo de Constitución, Oxapampa, región Pasco en la PCM.13.04.15
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12Reunión entre los representantes de los sectoresy la ONDS-PCM evalúan la gestión de los diversos casos de conflictos sociales atendidos.20.04.15
13 - 14Reunión de coordinación entre los beneficiarios de la medida cautelar dispuesta por la CIDH enel caso del proyecto minero Conga, para tratarel tema de salud en Cajamarca.29.04.15
15Reunión fructífera del grupo de trabajo de Agricultura, Ganadería y Forestal del CasoPichanaki, Junín.30.04.15
12 12
13 14
15
Reporte mensual
La gestión del DIÁLOGO
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM) denomina gestión del diálogo al proceso mediante el cual una entidad del Estado implementa espacios de conversación, discusión y de toma de decisiones entre actores sociales involucrados en una situación de diferencia, controversia o conflicto social. Su finalidad es permitir a los actores identificar juntos alternativas para superar las causas del problema que los enfrenta y construir acuerdos para poner en práctica las alternativas identificadas. De esta manera, se busca el desarrollo sostenido de las partes, evitando que las tensiones sociales se vuelquen en actos que afecten la gobernabilidad y el orden público del país.
La gestión del diálogo, de acuerdo a los lineamientos impulsados por la ONDS-PCM, puede emprenderse en la etapa de prevención o en la etapa de tratamiento del conflicto.
corresponden a las actividades extractivas, y representan el 60.4% del total de casos gestionados, situación que se presenta como una constante desde que salieron a la luz los informes mensuales de diferencias, controversias y conflictos sociales “Willaqniki”.
Un segundo grupo, que podemos visualizar en el cuadro Nº 1 es el que está referido a los conflictos energéticos (3 casos) e hídricos (2 casos), ambos constituyen el 11.7% del total de casos, los mismos que en comparación con el informe anterior, permanecen inalterables y que sumados a los
TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES
En el mes de abril, el total de los casos gestionados que se encuentran en tratamiento; es decir, aquellos que se reconocen a nivel de conflicto social y en consecuencia, los actores han ingresado en una dinámica de confrontación pública suman 43. Esta cifra no ha variado con relación al mes anterior.
Así, observamos que los conflictos sociales vinculados a la minería son los más numerosos (17 casos) y representan el 39.5% del total de casos gestionados, que sumados a los conflictos vinculados a la minería informal (4 casos) y al de hidrocarburos (5 casos) constituyen un primer grupo que
37
descritos precedentemente (actividades extractivas), se tiene que un 72.1% de los casos gestionados por la ONDS se relacionan con el sector extractivo y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Un tercer grupo lo componen los conflictos agrarios (2 casos) y de demarcación territorial (4 casos), que en conjunto constituyen el 14% del total de casos reportados, los cuales se mantienen invariables respecto del mes anterior.
Finalmente, aquellos conflictos vinculados al desarrollo social y/o económico, de diversos sectores sociales, así como a la problemática de infraestruc-tura pública, han sido clasificados en el rubro Otros y constituyen, en el presente informe, el 14% del total de casos, similar a lo reportado en el mes de marzo.
Respecto a la distribución regional de la conflictos, si bien la cifra no ha variado, debemos precisar que se ha incorporado como caso en tratamiento el presen-tado en la región Arequipa, respecto al proyecto Tía María y que corresponde al rubro minería, el mismo que venía siendo reportado, en ediciones anteriores, como parte de la gestión en prevención; mientras tanto, el caso entre la Comunidad Nativa Matsés del Requena, Distrito Yaquerana, Provincia Requena, en la región Loreto, con Pacific Stratus Energy respecto del Lote 135 y Ecopetrol Lote 137, que corresponde al rubro hidrocarburos, ha sido reportado en la catego-ría de casos en prevención a diferencia del mes de marzo que fue reportado como un caso en tratamiento.
En el desagregado del cuadro Nº 2, se observa que Arequipa es la región que presenta el mayor número de casos gestionados (7 casos) que representan el 16.3% del total. En ese orden de prelación numérica, siguen Cajamarca, Cusco y Junín (5 casos cada uno), regiones que mantienen una data constante en función a lo reportado en marzo y que, en conjunto, constituyen el 34.8 % del total de casos.
Del mismo cuadro, se desprende que en Apurímac y ahora en Loreto, se vienen gestionando 4 casos en cada una de estas regiones, consolidando en conjunto un 18.6% del total.
Por otro lado, las regiones que presentan 2 casos, al igual que el informe del mes de marzo son: Ancash, Ayacucho y San Martín, quienes en conjunto constituyen el 14.1% del total de casos. Asimismo, los que presentan 1 caso, también manteniendo el reporte del mes anterior son: Amazonas, Moquegua, Puno, regiones que agrupadas con los casos de de índole nacional, en conjunto representan el 9.2% del total de los casos en tratamiento.
Finalmente, para el mes de abril, los conflictos de carácter multirregional no presentan variaciones en
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 01 de mayo del 2015
Cuadro N° 1Conflictos sociales según tipo
TIPO Número %
MINERÍA 17 39.5%
HIDROCARBUROS 5 11.6%
MINERÍA INFORMAL 4 9.3%
AGRARIOS 2 4.7%
DEMARCACIÓN TERRITORIAL 4 9.3%
HÍDRICOS 2 4.7%
ENERGÉTICOS 3 7%
OTROS 6 14%
TOTAL 43 100%
REGIÓN Nº %
Amazonas 1 2,3%
Ancash 2 4,7%
Apurímac 4 9,3%
Arequipa 7 16,3%
Ayacucho 2 4,7%
Cajamarca 5 11,6%
Cusco 5 11,6%
Junín 5 11,6%
Loreto 4 9,3%
Moquegua 1 2,3%
Puno 1 2,3%
San Martín 2 4,7%
Multiregionales 3 7,0%
Nacional 1 2,3%
Total general 43 100,0%
Cuadro N° 2Conflictos según regiones
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 01 de mayo del 2015
la tendencia reportada en los últimos meses (3 casos), y que representan el 7% del total.
Es necesario resaltar que las regiones de Huánuco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Callao, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali no han presentado conflictos sociales durante los últimos meses.
Asimismo, de acuerdo al cuadro N° 3, las regiones que presentan mayor número de conflictos mineros en tratamiento son Cajamarca (5 casos), Arequipa (4 casos) y Cusco (3 casos), que representan el 70.58% del total de este tipo de casos en tratamiento. En cuanto al tema de hidrocarburos, en Junín y Loreto, se reportan 2 casos en tratamiento en cada una de estas regiones.
Cuadro N° 3Conflictos por tipo, según región
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 01 de mayo del 2015
REGIÓN
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huánuco
Huancavelica
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Multirregional
Nacional
Total
1
1
2
1
1
1
4
1
1
3
1
1
2
2
2
1
5 0
1
1
4
5
3
1
1
17
1
1
1
1
4
1
1
1
2
6
1
2
4
7
2
5
5
5
4
1
1
2
3
1
43
Total
Callao
1
1
1 1
39
Fuente: Sistema de Información de la ONDS
Ubicación de casos en tratamiento
43 CONFLICTOS
SOCIALES
03 casos multiregionales
01 casos a nivel nacional
39casos en las regiones
Brasil
Ecuador
Bolivia
En cuanto a la distribución geográfica de los casos en prevención registrados en el mes de abril, se observa que Ancash mantiene el primer lugar (14 casos), seguido de Junín (12 casos), Lima y Callao (12 casos), regiones que representan el 33.6% del total de los casos gestionados en prevención.
AVANCES EN PREVENCIÓN
En el mes de abril, la ONDS, preventivamente se avocó a 113 casos, cifra similar a la registrada en el mes de marzo, pero que ha presentado variación en cuanto a la tipología y a la ubicación geográfica de los mismos.
Del cuadro Nº 4, de casos en prevención, se evidencia, en primer lugar, que los referidos a minería son los de mayor incidencia (46 casos), dos menos respecto al mes anterior, lo que representa el 40% del total. En segundo lugar, los casos denominados Otros, suman 24, que aun cuando muestran una ligera disminución en la cantidad de casos, representan el 21% del total.
En tercer lugar tenemos que los casos relacionados con hidrocarburos se han incrementado en número de dos casos respecto al informe anterior, llegando a sumar 15 casos, los cuales representan el 13% del total de casos gestionados en prevención.
Finalmente, los casos vinculados a conflictos laborales también han evidenciado una ligera variación, respecto al informe del mes pasado, registrando ahora 4 casos que representan el 4% del total, a diferencia de los 3 casos que fueron reportados en el mes de marzo.
Cuadro N° 4Casos en prevención según tipo
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 01 de mayo del 2015
TIPO Número %
MINERÍA 46 40.7%
HIDROCARBUROS 15 13.3%
MINERÍA INFORMAL 1 0.9%
AGRARIOS 3 2.7%
DEMARCACIÓN TERRITORIAL 3 2.7%
HÍDRICOS 8 7.1%
ENERGÉTICOS 9 8%
OTROS 24 21.2%
TOTAL 113 100%
LABORALES 4 3.5%
Luego tenemos a las regiones de Cajamarca, Loreto y Piura con 7 casos en etapa de prevención, las mismas que representan el 18.6% del total de casos reportados.
Por otro lado, con relación a las regiones de Huanca-velica, Ayacucho y Pasco se reportan 5 casos cada una de ellas, representando en conjunto el 13.2% del total; y, las regiones de Amazonas, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, así como en los casos clasificados como Multirregionales y Nacionales, se reportan 3 casos en prevención en cada uno de ellos, representando un 16.2% del total de casos.
Finalmente, aquellas regiones en las que se vienen gestionando 2 casos en prevención son Arequipa, Huánuco, Ica, La Libertad, Tacna y Ucayali, los cuales representan un 10.8% del total; siendo Moquegua la única región en la que existe 1 caso en prevención y que representa el 0.9% del total.
Asimismo, el cuadro Nº 5, nos muestra que en 7 regiones se han presentado diferencias en cuanto al número de casos gestionados, así tenemos que en la región Arequipa, la disminución en un caso, obedece a que el caso cambió de categorización, tal como ya se señaló anteriormente, el caso del Proyecto Tía María ha sido categorizado en el rubro tratamiento, por cuanto, de acuerdo a los criterios de clasificación de la ONDS, al haberse presentado confrontaciones manifiestas que atentan contra la gobernabilidad y el orden público, corresponde ser clasificado como conflicto social y ser gestionado en tratamiento.
De la misma manera en las regiones Ica, Lima-Callao, Madre de Dios y San Martin, se redujo un caso en cada una de ellas.
Sin embargo, se ha incorporado a esta matriz un caso que venía siendo gestionado en tratamiento, tal como se describió líneas arriba, el conflicto entre la Comu-nidad Nativa Matsés del Requena, Distrito Yaquerana, Provincia Requena, en la región Loreto, con Pacific Stratus Energy respecto del Lote 135 y Ecopetrol Lote 137, se gestiona ahora en prevención.
Por otro lado, en las regiones también se incorporan nuevos casos en prevención, como el caso referido a la Modernización Refinería de Talara en PIura, cuya problemática fundamental radica en la demanda de contratación de mano de obra local para el desarrollo del proyecto, habiéndose ya instalado la Mesa de Desarrollo de la provincia de Talara, la cual está con-formada por 4 sub mesas de trabajo, dos de las cuales ya se han instalado en el mes de abril. Asimismo, en Ucayali, tenemos el caso de los Pueblos Indígenas
Kashibos Kakataibos, quienes presentan una serie de denuncias y reclamos relativos a la titulación y ampliación territorial de tierras comunales, problemas de seguridad, tala ilegal y concesiones forestales que se superponen con las comunidades.
Región Total %
Amazonas 3 2,7%
Ancash 14 12,4%
Apurímac 3 2,7%
Arequipa 2 1,8%
Ayacucho 5 4,4%
Cajamarca 7 6,2%
Cusco 3 2,7%
Huancavelica 5 4,4%
Huánuco 2 1,8%
Ica 2 1,8%
Junín 12 10,6%
La libertad 2 1,8%
Lima y callao 12 10,6%
Loreto 7 6,2%
Madre de dios 3 2,7%
Moquegua 1 0,9%
Pasco 5 4,4%
Piura 7 6,2%
Puno 8 7,1%
Tacna 2 1,8%
Ucayali 2 1,8%
Multiregionales 3 2,7%
Nacional 3 2,7%
Total general 113 100,0%
Cuadro N° 5Casos en prevención, por región
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 01 de mayo del 2015
El cuadro N° 5 nos muestra también una variación respecto a los temas en prevención clasificados como Nacionales, en efecto, ello obedece al ingreso de los casos que tienen alcance nacional y están referidos, ambos, a la problemática laboral presentada por el Sindicato Nacional Medico del Seguro Social de Salud (SINAMSSOP), y la presentada por la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú.
Los casos de gestión y prevención por tipo (cuadros Nº 1 y Nº 4), analizados comparativamente, reflejan
41
que los casos que corresponden al sector minería son los que más diferencias, controversias o conflictos representan. De otro lado los casos clasificados como Otros, a la luz de los mismos cuadros, nos muestran una importante diferencia, que evidencia que aquellos casos vinculados al desarrollo social y/o económico, de diversos sectores sociales, así como a la problemática de infraestructura pública viene siendo tratada preventivamente, siendo importante reforzar las estrategias que se han venido implemen-
tando con la finalidad de evitar su escalamiento a nivel de conflicto social.
De otro lado al analizar los casos de gestión y prevención por regiones (cuadros Nº 2 y Nº 5), observamos que en la zona centro-sur (Apurímac, Arequipa, Cusco y Junín) se presenta mayor recurrencia de casos en tratamiento, mientras que en la zona centro – norte (Ancash, Lima y Callao y Junín) se presenta la mayor recurrencia de casos en prevención.
Cuadro N° 6. Casos en prevención por tipo, según región
REGIÓN
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huánuco
Huancavelica
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Multirregional
Nacional
Total 3
2
3
1
9
1
8
2
5
15 4
11
5
1
2
1
46
1
7
1
1
2
2
2
24
3
14
3
2
5
7
3
12
2
7
8
2
3
113
Total
Callao
2 1
3
2
1 1 2
1 1
1 1
2 2
1 2 1 5
2 2
2 2 4
1
1 2 1 4 2 11
1 1 1 3
3 2 5
1 5 1 7
1 1 2
1
1 1
1
1
1
3 3
Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 01 de mayo del 2015
Anexos
Brasil
Bolivia
Ecuador
Fuente: Sistema de Información de la ONDS
Ubicación de casos en prevención
113DIFERENCIAS,
CONTROVERSIAS
03 casos multiregionales
107casos en las regiones
03 casos nacionales
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Tan profundo como los cambios económicos y sociales que vive nuestro Perú, es el nivel de desconfianza que existe entre sus ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad histórica de transformar esta condición, instalando una nueva cultura de confianza y diálogo en busca de una mejor gobernabilidad, desarrollo y bienestar para todos.
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