Órgano judicial · adolescente embarazada, la paternidad responsable, protección de los derechos...
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Órgano Judicialde la República de Panamá
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Un principio de rendición de cuentasInforme de Gestión
2004-2009
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MAGISTRADA ESMERALDA ELIZABETHAROSEMENA DE TROITIÑO
2004-2009
PRESIDENTA DE LA SALA PENAL 2008-2009VICE PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2008-2009
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1995-2004PANAMÁ
¨POR LA JUSTICIA COMO SERVICIO¨
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CONTENIDO
i. EQUIPO DE TRABAJO 5
ii. PRESENTACIÓN 6
iii. TRAYECTORIA 8
1. GESTIÓN JURISDICCIONAL 13
2. COORDINACIÓN DE PROYECTOS 24
3. CAPACITACIÓN 39
4. LABOR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 44
5. APORTES A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 47
6. RESUMEN DE LOGROS 54
7. PALABRAS FINALES 55
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Mi agradecimiento profundo al personal que me acompañó en mi
gestión por su esfuerzo y dedicación en la noble labor de administrar
justicia basados en los principios de integridad, imparcialidad y
transparencia para el fortalecimiento de nuestra institución y el Estado
democrático de derecho como garantía de la convivencia pacífica,
la igualdad y la equidad.
i. EQUIPO DE TRABAJO
6
ii. PRESENTACIÓN
Respetados servidores judiciales, adminis-
tradores de justicia y ciudadanos en gene-
ral, después de 14 años de arduo quehacer
en la gestión de la justicia, de indagar día
a día por mejores y eficaces herramientas
que fortalezcan nuestras bases instituciona-
les como eje conductor del Poder Judicial
y equilibrio entre los asociados, contemplo
llena de orgullo y satisfacción que nuestro
caminar ha sido fértil.
En esa tarea, siendo parte de la familia del
Órgano Judicial de Panamá, como funcio-
naria de Carrera desde 1995, asumí con
satisfacción el honor y la responsabilidad
de desempeñar el cargo de Magistrada
de la Corte Suprema de Justicia en 2004;
reto que, cumplido y culminado el período,
propicia la ocasión para agradecer la cola-
boración recibida y compartir las experien-
cias y logros alcanzados en tan noble labor;
atendiendo de igual manera el compromiso
que el “principio de rendición de cuentas”
nos impone para con la sociedad paname-
ña, y que constituye el pilar de la política de
transparencia que en los últimos años viene
impulsando nuestra más alta Corporación
de Justicia.
El ideal de una administración de justicia ac-
cesible, cimentada en principios de igual-
dad, equidad, justicia y ética, hoy es una
realidad en proceso, que gracias a la con-
vicción y concienciación del recurso huma-
no, sumados al apoyo de entidades inter-
nacionales, he logrado materializar en una
serie de proyectos, cuya ejecución ha con-
solidado a los operadores de justicia, capa-
citándolos para situarse en cada conflicto
y dificultad que aqueje a nuestros usuarios,
y brindarles respuestas oportunas, conforme
a derecho, en igualdad de oportunidades,
de manera ecuánime, sin temor a presiones
sociales; aspectos que finalmente robuste-
cen la democracia de nuestro país.
De esa manera, nuestra prioridad se enfocó
en la gestión de los procesos judiciales, pro-
pugnando por una mayor capacidad, ni-
vel de desempeño, eficiencia, efectividad
y transparencia en el trabajo, para lo cual
propusimos un nuevo modelo de reparto en
la tramitación de los expedientes asignados
a la Sala Penal.
En cuanto a la organización y promoción
de la administración de justicia como prin-
cipal misión de la institución, tuve la oportu-
nidad de coordinar una reforma estructural
al sistema judicial, que hoy se traduce en
significativos avances para la sociedad y la
gestión pública, que derivó en la adopción
de un nuevo Código Penal y de Procedi-
miento Penal, sustentados en la evolución
del intérprete y el enjuiciamiento penal ha-
cia una corriente garante de los derechos
humanos, acorde a los lineamientos de un
Sistema Penal Acusatorio; la implementa-
ción de un plan de descarga procesal en
los tribunales de justicia; un proyecto de
Carrera Judicial que renueva el sistema de
selección del personal; el fomento de la éti-
ca judicial, al abrigo de un reciente Código
de Ética, para prevenir, detectar y erradicar
la corrupción; la creación de una Unidad
de Acceso a la Justicia y Género, para la
7
atención de personas en situación de vul-
nerabilidad; lineamientos, proyectos y resul-
tados que vieron la luz luego de jornadas
de capacitación e intensa labor a nivel in-
ternacional.
De igual manera y no menos importante,
previo a estos últimos aportes, me recom-
pensa haber contribuido en su momento,
de manera muy puntual, en la creación de
las jurisdicciones de Familia, Niñez y Ado-
lescencia en el Órgano Judicial; además
de fomentar el análisis y debate en torno
a temas de relevancia supranacional, que
se consolidaron luego como legislación in-
terna en materia de adopciones, violencia
contra la mujer, salud y educación de la
adolescente embarazada, la paternidad
responsable, protección de los derechos de
la niñez y la adolescencia, la justicia penal
juvenil; conflictos sociales, que por mi parte,
siempre gozarán de gran interés en su estu-
dio y actualización, ante la afectación de
los derechos de personas en situación de
vulnerabilidad, para su reclamo efectivo.
Mi especial agradecimiento a los cole-
gas, honorables magistrados con quienes
compartí estos cinco años de gestión, por
su apoyo y sus aportes en el debate jurídi-
co serio y respetuoso que contribuyeron a
mi crecimiento profesional; así como en los
proyectos, programas y comisiones de tra-
bajo como parte de la directiva del gobier-
no administrativo del Poder Judicial en el
período 2008-2009.
Mi admiración y reconocimiento a la labor
desplegada por el Magistrado Presidente
Harley James Mitchell Dale, en el proceso
de transformación y modernización del sis-
tema de justicia panameño.
Finalmente, luego de una entrega íntegra
y vertical en la función judicial de este país,
me siento complacida con las huellas y el
legado que en este recorrido pretendo de-
jar como parte del compromiso ciudadano
con el que acepté el cargo. Exhorto a to-
dos los (as) servidores (as) judiciales a supe-
rarse a si mismos, a luchar por mantenerse
siempre en óptimos niveles de excelencia,
impulsados por la mejor recompensa: el
reconocimiento propio por la independen-
cia, transparencia y equidad en la adminis-
tración de la justicia; acción que fortalece
la seguridad jurídica, la convivencia pacífi-
ca y el estado democrático de derecho en
nuestras sociedades.
“Cuatro características corresponden al
juez: escuchar cortésmente, responder sa-
biamente, ponderar prudentemente y de-
cidir imparcialmente.” Sócrates (470 A.C.-
399 A.C.) Filósofo griego.
“Mejor que el hombre que sabe lo que es
justo es el hombre que ama lo justo.” Con-
fucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.
H.M. Esmeralda Elizabeth Arosemena de Troitiño
Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá
2004 - 2009
Jurisdicción de Niñez y Adolescencia1994- 2004
8
iii. TRAYECTORIA
ESMERALDA ELIZABETH AROSEMENA DE TROI-
TIÑO, aportando a la sociedad paname-
ña, inició su proyecto de vida al graduarse
como Maestra en la Escuela Normal Juan
Demóstenes Arosemena, contribuyendo
como educadora en la formación acadé-
mica de nuestra niñez y juventud.
Determinada a superarse y aportar en el
cultivo de las letras y la educación en todos
sus niveles, obtuvo el título de licenciada
en Filosofía, Letras y Educación, que le per-
mitió ejercer como profesora de segunda
enseñanza, especializada en Pedagogía, y
liderar movimientos nacionales en pro de la
cultura y la enseñanza a nivel nacional.
Vislumbra nuevos derroteros y se encami-
na a contribuir en el estudio de las Leyes,
alcanzando el título de Licenciada en De-
recho y Ciencias Políticas en la Universidad
de Panamá, donde se hace acreedora al
premio Juanita Oller de Mulford, por ser la
mujer con el más alto índice académico de
su promoción. Campo en el que se espe-
cializó con estudios de postgrados en Gé-
nero y Derecho de Familia.
Su vocación por la enseñanza, preparación
académica, permanente deseo de con-
tribución y retribución, la guían a preparar
también, a las nuevas generaciones de
profesionales, en las cátedras de Derecho
de Familia y Sucesiones, en la prestigiosa
Universidad de Panamá, que la vio surgir en
el mundo jurídico, donde ejerce la docen-
cia, con la misma fortaleza, apoyada como
siempre, en sólidos principios y conciencia
social sobre la dignidad del ser humano; así
pasaron por sus aulas de clases, en todos los
niveles educativos, más de 25,000.00 pana-
meños y panameñas.
Ávida de nuevos retos y experiencias,
apuesta por desenvolverse y contribuir en
otras esferas de la administración pública.
De esta manera, ingresó al Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social donde ocupa
diversos cargos (1983-1990), como Asesora
Legal, Orientadora Laboral, Subdirectora
de Trabajo, Directora Nacional del Niño y la
Familia, y Directora Nacional de Empleo, úl-
timo escaño, desde el cual, tiene la oportu-
nidad de impulsar una cultura de derechos
en la vida nacional, al presentar ante la
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
de la Organización de Estados Americanos
el informe de país sobre la situación de la
mujer.
Posteriormente, laboró en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en el Consulado de
Panamá, en Miami (1991).
En 1994 inició su trayectoria en el Órgano
Judicial, ocupando la Subdirección de Es-
cuela Judicial, al tiempo que se desempe-
ñaba como Juez Suplente del entonces Tri-
bunal Tutelar de Menores. En 1995, por sus
méritos, ingresa a la carrera judicial, al ser
nombrada Magistrada del Tribunal Superior
de Niñez y Adolescencia.
Como especialista y estudiosa de los de-
rechos de la niñez, es convocada en 1997
9
para sustentar ante el Comité Internacional
de los Derechos del Niño, en Ginebra, el 2°
Informe de país, sobre el cumplimiento de
la Convención de los Derechos del Niño, ra-
tificada por Panamá en 1990.
En 2003, la Magistrada formó parte del pri-
mer equipo de facilitadores internos del Ór-
gano Judicial, que tuvo la oportunidad de
fortalecerse en valores institucionales como
la efectividad, misión, visión y liderazgo en
el cambio y fue calificada como Facilita-
dora Clase Mundial por la empresa Franklin
Covey, en los Siete Hábitos de las Personas
Altamente Efectivas. En una etapa de re-
ingeniería, enfocada a elevar la calidad
del servicio, la motivación y sentido de
pertenencia a la institución, recorrió el país
compartiendo con el resto de los servidores
judiciales las claves del éxito, su filosofía y
principios.
Además de lo importante que es asumir
comportamientos concluyentes para el de-
sarrollo de la persona, hacerla responsable
de su propio destino a través de un proceso
de crecimiento continuo, para comprender
que en los resultados personales, laborales y
sociales, la actitud y libertad para elegir son
determinantes en la obtención de mejores
resultados y construcción de la confianza y
credibilidad.
En ese mismo período 2003-2004, actuó
como Presidenta del Tribunal Superior de
Niñez y Adolescencia, y en octubre de ese
último año fue designada Magistrada de la
Corte Suprema de Justicia. Llamada a con-
formar la Sala Segunda de lo Penal, asumió
la coordinación de la Comisión de Reforma
Estructural del Sistema de Justicia, luego del
compromiso suscrito en el Pacto de Estado
por la Justicia en abril de 2005.
En el seno de la judicatura es escogida
como Presidenta de la Sala y Vicepresiden-
ta de la Corte para el período 2008-2009,
razón por la que integra, además, la Sala
Cuarta de Negocios Generales.
Del mismo modo, coordina la Comisión de
Alto Nivel a cargo de la política institucional
de Acceso a la Justicia y Género; las comi-
siones de Ética y Carrera Judicial; y además
es miembro de la junta directiva del Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El 28 de agosto de 2008, en la Presidencia
de la República, tuvo el honor, por parte
del Órgano Judicial, de dar el discurso en el
acto de sanción del nuevo Código Procesal
Penal, en el que destacó, que el éxito en la
implementación de esta nueva herramien-
ta legal, requeriría de recursos económicos
suficientes, cambio de paradigma cultural,
promoción por la resolución armónica de
conflictos y capacitación judicial e interins-
titucional, entre otros aspectos.
Participó en la propuesta para el programa
regional sobre transparencia, rendición de
cuentas e integridad en los poderes judicia-
les, celebrada en Santiago de Chile (2009)
para ser considerado en la Cumbre Judicial
Iberoamericana.
Este año ha sido postulada por la Asocia-
ción Internacional de Mujeres Juezas (Re-
presentación de América Latina y el Caribe
IAWJ), la Asociación de Magistradas y Jue-
zas de Panamá (AMAJUP) y la Asociación
Panameña de Magistrados y Jueces (AS-
PAMAJ), para el Premio Iberoamericano al
Mérito Judicial, que organiza la Comisión
de Ética Judicial de la Cumbre Judicial Ibe-
roamericana.
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También fue nominada al Premio Clara
González de Behringer, por la Unión Nacio-
nal de Abogadas (UNA) en el año 2000.
En esta trayectoria, su experiencia, capaci-
dad y elevado sentido de la responsabilidad
en los estudios y análisis de los temas de jus-
ticia, además de su inclaudicable vocación
docente, la hicieron parte de importantes
jornadas académicas en asuntos de rele-
vancia nacional, como justicia constitucio-
nal, justicia igualitaria, derechos humanos,
violencia de género, derechos humanos de
la mujer, derecho a la no violencia sexual y
sobre derechos reproductivos, violencia ju-
venil, derecho a la identidad, derechos de
la niñez y familia, adopción, mediación, ac-
ceso a la justicia, derecho procesal, trabajo
infantil, explotación sexual y comercial de
niños, niñas y adolescentes, protección a la
maternidad, recurso de amparo de garan-
tías constitucionales.
Además, sobre el sistema penal acusato-
rio, en medios alternativos de solución de
conflictos, la ejecución de la sanción penal
aplicable al adolescente, derechos y de-
beres de los padres y adolescentes, ética
judicial, combate a la corrupción judicial,
Ley de Responsabilidad Penal para la Ado-
lescencia, entre muchos otros que constan
en su extensa hoja de vida.
Como respuesta a su destacada labor en la
educación, defensa de los derechos huma-
nos, la niñez, la adolescencia, la mujer y la
familia, se hizo merecedora de valiosos re-
conocimientos por parte de organismos in-
ternacionales y nacionales, de países; entre
los que se destacan, el Instituto Interameri-
cano del Niño (I.I.N.) de la Organización de
Estados Americanos (OEA), por su contribu-
ción al progreso de la causa del niño en el
continente (1987); el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA/ ONU), por
coadyuvar al mejoramiento de la calidad
de vida de la población panameña (2005);
además del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF/ ONU) por su labor
a favor de los niños, niñas y adolescentes,
la mujer y familia del Continente America-
no (2007), año en el que fue nominada por
el gobierno nacional como candidata de
país para formar parte del comité interna-
cional de los Derechos del Niño (órgano de
expertos independientes de supervisión de
la aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño).
Del mismo modo, fue reconocida por el Tri-
bunal Electoral (1983); Cámara Junior So-
ciedad de Esposas de Abogados (1986);
Ministerio de Educación (1991); Presidencia
de la República (1995); Comisión de Divul-
gación del Código de la Familia, por la pro-
moción de este instrumento jurídico. Minis-
terio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la
Familia, hoy Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) la reconoció por su servicio al país,
por la promoción de la mujer y la familia, su
ejecución en la elaboración de la Ley de
Responsabilidad Penal del Adolescente, la
Ley Integral de Niñez y Adolescencia.
La Asociación de Magistradas y Juezas de
Panamá (AMAJUP), capítulo de Panamá,
como Presidenta Nacional de la asocia-
ción en el período 1999-2001. El comité Pro
Valores Femeninos Siglo XXI, Fundación Em-
pretec Panamá, en el segundo Homenaje
a Valores Femeninos 2004-2006. La Asocia-
ción Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ),
en la 9ª Conferencia Bienal Internacional
(2008), por la defensa de los derechos hu-
manos de la mujer.
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Brasil le otorgó la Orden al Mérito Judiciario
del Distrito Federal de los Territorios en gra-
do de Gran Cruz, por sus servicios prestados
a la cultura jurídica (2008). En México (2008)
fue reconocida por la Comisión de Equidad
de Género del Consejo de la Judicatura Fe-
deral y el Instituto Nacional de las Mujeres,
por su destacada participación en el Primer
Encuentro Nacional e Internacional de Ma-
gistradas y Juezas.
En República Dominicana en 2006 y 2009;
en Honduras (2008) es reconocida por la
Corporación Municipal del Distrito Central,
como visitante distinguida por su valioso
aporte al fortalecimiento de la justicia en
nuestro continente; en Salvador Bahía, Bra-
sil, recibe la medalla de distinción en la con-
memoración de los 400 años de creación
del Primer Tribunal de Justicia de América
1609-2009.
Por su trayectoria y labor realizada en de-
fensa de los derechos humanos, su ciudad
natal la distinguió como hija meritoria de la
heroica Villa de Los Santos (2007).
En múltiples escritos, publicados en diarios
de la localidad y en revistas jurídicas del
acontecer judicial, la Magistrada Troitiño
ha hecho eco de su posición jurídica, fiel
a la temática expuesta, enfatizando la res-
ponsabilidad que recae en las autoridades
por una justicia igualitaria, tales como: “De
la igualdad Formal a la igualdad Real de la
Mujer en nuestra legislación”, Boletín Cuar-
to Creciente N° 13 (1989); “Legislación y Dis-
capacidad”, La Estrella de Panamá (1993);
“La protección Constitucional en relación
a la violencia familiar”, La Prensa (1994); “El
Proceso Garantista del Menor [de edad] in-
fractor”, Revista Juris (1995).
También destacan el “Proceso Penal Mino-
ril en el Código de la Familia”, Revista La
Sentencia (1995); “Adecuación de la Legis-
lación Penal Juvenil” / Delegación de Pa-
namá, Instituto Latinoamericano de las Na-
ciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD)
-U.E., San José, Costa Rica (1995); “Protec-
ción Legal del Matrimonio”, Revista Dere-
cho de Familia, Universidad Externado de
Colombia (1995).
Además, “Consideraciones en torno a
la responsabilidad penal [del menor] de
edad”, Semanario Jurídico Empresarial
(1996); “Ley Penal para la adolescencia”,
La Prensa (1998); “Mujer y Justicia”, La Pren-
sa (1999); Ley Penal para la adolescencia”,
“Especialidad de la Justicia para la Niñez y
la Adolescencia”, boletín AMAJUP (1999);
“El Principio Educativo, Interés Superior y
Protección Integral, Conceptos Válidos en
el Sistema Penal Garantista”, boletín AMA-
JUP (2000); “La capacitación, Escuela Ju-
dicial para la formación de jueces fiscales
y defensores del sistema penal de adoles-
cente coordinando la publicación de los
Cuatro Módulos instruccionales (UNICEF)
(2000); y “La Mujer Panameña en el desa-
rrollo de la vida nacional”, boletín (2000).
“Base Constitucional de la Especialidad en
la Justicia para la Niñez y la Adolescencia”,
boletín (2000); “Retos y Perspectivas” por
UNICEF, Sistemas de Responsabilidad Pe-
nal para Adolescente, noviembre 2003; “La
Responsabilidad Penal de los Adolescentes
en la Ley 40 de 1999”, El Panamá América
junio 2004; “Participación Ciudadanía y De-
sarrollo”, El Panamá América octubre 2004;
“Desarrollo, Niñez y Ciudadanía”, Panamá
América marzo 2007; “Las mujeres mayores,
el derecho a vivir con dignidad” La Prensa,
marzo 2007; “Derecho Sucesorial Paname-
12
ño” publicado en 2007; y “Protección Inte-
gral de las Personas Menores de Edad”, La
Prensa 2008.
Forma parte de un significativo número de
organizaciones y gremios de avanzada que
promueven la defensa de los derechos so-
ciales y humanos de los ciudadanos y la
justicia, como son: la Asociación de Ma-
gistradas y Juezas de Panamá (AMAJUP);
Asociación Internacional de Mujeres Juezas
(IAWJ); Comité Latinoamericano de Defen-
sa de los Derechos de la Mujer (CLADEM);
Comisión Interdisciplinaria sobre Estudios de
Género de la Vicerrectoría de Investigación
y Postgrado de la Universidad de Panamá;
Colegio Nacional de Abogados; Comité
Nacional de los Derechos del Niño; integró
el comité asesor en la elaboración del in-
forme del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), forma parte
del consejo editorial del PNUD; entre otros.
En sus años de servicios en el Órgano Judi-
cial sus colaboradores institucionales hemos
sido testigos de la constancia y empeño
con que ha abrazado todas las iniciativas y
proyectos que tuvo a su cargo, en su com-
promiso por alcanzar una justicia pronta y
cumplida para todas las usuarias y usuarios
del sistema.
Su capacidad de enfocarse en resultados,
fijándose metas y objetivos claros y realiza-
bles dan cuenta de su natural liderazgo,
ejercido siempre con respeto y tolerancia a
las ideas y el trabajo profesional de sus co-
legas y equipo de trabajo. La excelencia
en el desempeño y el permanente interés
en alcanzar altos niveles de calidad en el
trabajo realizado, constituyen dos grandes
valores de la gestión de la Magistrada, que
logró irradiar a quienes le acompañaron
en su extensa ruta profesional.
La destacada trayectoria de la Magistrada
Esmeralda Arosemena de Troitiño es mode-
lo de perseverancia. Mujer, madre de fami-
lia y profesional, que con equilibrio siempre
superó los obstáculos y retos de la vida, lo-
grando alcanzar los objetivos propuestos.
Luchadora incansable por los espacios de
desarrollo para la mujer panameña, por la
niñez y las personas en situación de vulne-
rabilidad para velar por sus derechos. Sus
acciones están dirigidas a contribuir en el
logro de un mundo equitativo, justo y de-
mocrático; por ese aporte a la sociedad
panameña, expresa con satisfacción el de-
ber cumplido en esta etapa, que de seguro
continuará desde otros espacios ciudada-
nos.
Sus colaboradores institucionales, como
nuestra mentora y guía.
13
La Magistrada Esmeralda Elizabeth Arose-
mena de Troitiño, adquirió la titularidad del
despacho judicial, con una importante car-
ga laboral de negocios jurídicos asignados
a la responsabilidad del magistrado salien-
te, asumiendo el deber legal de atenderlos
con prontitud y efectividad.
En el ejercicio de sus funciones jurisdiccio-
nales, sentó criterios de interpretación judi-
cial en asuntos jurídicos que competen al
conocimiento del Pleno, de la Sala Penal y
la Sala Cuarta de Negocios Generales de la
Corte Suprema de Justicia, y sustanció ne-
gocios legales y constitucionales en casos
que impactaron en la opinión pública por
la materia o por razón de la calidad de las
partes involucradas.
Como operadora judicial, su desempeño
se enmarcó dentro de los parámetros y es-
tándares que caracterizan una adecuada
y correcta administración de justicia, así se
refleja en los datos estadísticos y de inter-
pretación jurídica que muestran la produc-
tividad de un despacho con resultados sa-
tisfactorios.
1.2 CAPACIDAD DE TRABAJO
En su período de gestión (2004–2009) en la
Corte Suprema de Justicia la Magistrada
demostró una gran capacidad de traba-
jo, tramitando una carga laboral de 2,679
expedientes, de la cual resolvió el 87%. Es
importante señalar que al iniciar su gestión
existían 186 expedientes de otros magistra-
dos pendientes de lectura, los cuales aten-
dió paralelamente a los que se le adjudicó
al inicio de su período.
La gráfica muestra el número creciente y
sostenido de expedientes tramitados por
año, destacando que al mes de diciembre
de 2008, el volumen de casos ascendió a
1,054.
La productividad global del despacho al-
canzó 2,332 expedientes resueltos, quedan-
do 347 expedientes en tramitación al 31 de
agosto de 2009. De éstos, el 24%, es decir,
32 expedientes de la Sala Penal, 38 expe-
dientes del Peno y 13 de Sala Cuarta se en-
contraban con proyectos de fallo en lectu-
ra. La resolución representa un promedio Audiencia presidida por la Magistrada Troitiño,MARZO 2008
1. GESTIÓN JURISDICCIONAL
CASOS TRAMITADOS POR LA MAG. TROITIÑO25 DE OCTUBRE DE 2004 A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
1054
1200
1000
800
600
400
200
02004 2005 2006 2007 2008
519480517
224
NOTA: Los casos tramitados se refieren a los casos pendientes al iniciar el período más los casos ingresados (Carga Laboral).
14
anual de 547 casos resueltos, mensual de 46
y diario de 2 causas resueltas.
1.3 NIVEL DE DESEMPEÑO
El desempeño en la gestión debe ser aso-
ciado al índice de resolución de expedien-
tes. Como viene visto, el despacho tramitó
un total de 2,679 expedientes en su perío-
do de gestión, de los cuales se resolvieron
2,332. Ello representa un índice de resolu-
ción de 87%.
Para el año 2008 asumió la responsabilidad
de Presidenta de la Sala Penal y conse-
cuentemente de la Sala Cuarta, en la que
se atiende los asuntos administrativos del
gobierno del poder judicial panameño jun-
to al conocimiento de asuntos jurídicos que
competen a esta Sala de Negocios Gene-
rales, para un total de 802 casos adjudica-
dos, de los cuales se sustanciaron 735, resul-
tando en un promedio de solución de 92%.
1.4 EFICIENCIA / EFECTIVIDAD
Los datos estadísticos reseñados muestran
un promedio de respuesta judicial presta
y efectiva, considerando que la sustancia-
ción de las causas legales están sometidas
a diligencias o trámites especiales, por ra-
zón de la materia controvertida sea penal,
constitucional o de negocios generales,
que no quedan bajo el control y la respon-
sabilidad directa del despacho ponente y
que inciden en la oportuna solución de la
causa a dirimir.
La conformación del tribunal colegiado, el
método de adjudicación de expedientes, el
cumplimiento de trámites procesales como
la celebración de audiencias, traslados al
ÍNDICE DE RESOLUCIÓN GLOBAL25 DE OCTUBRE DE 2004 AL 31 DE AGOSTO DE 2009
Procesos enTramitación
13%
Procesos Resueltos87%
347
2,332
CASOSPENDIENTESAL INICIARSU GESTIÓN
INGRESADOS CARGALABORAL
PENDIENTESAL MES DE
AGOSTO DE2009
RESUELTOS
2,6792,475
204
MOVIMIENTO DE CASOS ASIGNADOS A LAMAGISTRADA ESMERALDA A. DE TROTIÑO
25 DE OCTUBRE DE 2004 A 31 DE AGOSTO DE 2009
La gráfica ilustra el desempeño correspon-
diente al período de octubre de 2004 a
agosto de 2009.
En materia de negocios de conocimiento
del Pleno de la máxima Corporación de
Justicia, se le asignó un total de 687 pro-
cesos, resolviendo 558, con un índice de
resolución de 81%. Esta cifra representa un
promedio de 119 causas resueltas por año,
durante el período de gestión judicial, y a la
fecha está pendiente del trámite de lectura
un total de 36 expedientes.
En la Sala Segunda de lo Penal se le adju-
dicó la sustanciación de 1,190 expedientes,
resolviendo 1,039 indicativo de un porcen-
taje de resolución de 87%, es decir, 222 ex-
pedientes decididos por año.
15
MOVIMIENTO DE CASOS ASIGNADOS A LA MAG. TROITINO25 DE OCTUBRE DE 2004 A 31 DE AGOSTO DE 2009
(1) 83 (24%) expedientes pendientes se encontraban con proyecto de fallo en lectura.FUENTE: Tarjetero de la Secretaría de la Sala Penal. Centro de Estadísticas Judiciales
Pleno
TOTAL
SALA
CASOSPENDIENTESAL INICIARSU GESTIÓN
INGRESADOSCARGA
LABORAL RESUELTOS
PENDIENTESAL MES DE
AGOSTO DE2009 (1)
ÍNDICEDE
GESTIÓN
Sala Cuarta deNegocios Grales.
Sala Segundade lo Penal
50
76
78
637
726
1112
687
802
1190
556
735
1030
129
67
151
81%
204 2,475 2,679 2,332 347 87%
92%
87%
Ministerio Público, y período de práctica de
pruebas, la complejidad del caso, el me-
canismo para aprobar proyectos de reso-
lución, lecturas, observaciones, debates,
emitir el dictamen final y la elaboración de
voto concurrente o salvamentos de votos,
son todos factores que inciden en el tiempo
de resolución de las causas.
Alcanzar un promedio de 87% en la solución
de casos pertenecientes a la jurisdicción
penal; 81%, en la constitucional; y de 92%,
en los negocios generales; revela el cumpli-
miento de principios de eficiencia y efec-
tividad que deben caracterizar la gestión
jurisdiccional de un operador de justicia.
En el despacho a su cargo solamente se
encuentra en fase de discusión un expe-
diente del año 2006, las causas de mayor
antigüedad pendientes son del año 2008.
1.5 TRANSPARENCIA
La correcta administración de justicia exige
que el Juez o Magistrado defina la contro-
versia legal sometida a su consideración
apegado a la normativa legal y a los postu-
lados de ética judicial, con independencia
de criterios subjetivos, imposiciones exter-
nas o por influencia de la opinión pública.
En ese proceder ético-jurídico se enmarca
Reunión de la Comisión de Ética.
SALA SEGUNDADE LO PENAL
PLENO SALA CUARTADE NEGOCIOS
GENERALES
81%
87%
92%
ÍNDICE DE GESTIÓN DEL DESPACHO DE LAMAGISTRADA ESMERALDA DE TROITIÑO
SEGÚN SALA DE DECISIÓN26 de octubre de 2004 al 31 de agosto de 2009
16
la actuación de la Magistrada Arosemena
de Troitiño. En el ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales, le correspondió atender
causas legales que originaron conmoción y
expectativa social y en todos ellos ofreció
una respuesta judicial transparente confor-
me a derecho.
Entre esos casos se encuentran los siguien-
tes:
Caso de envenenamiento masivo provocado por la sustancia tóxica conocida como “dietilenglicol”
A nivel del Pleno, sustanció sendas accio-
nes de Hábeas Corpus. Mediante resolu-
ción judicial de 25 de junio 2007, sustituyó la
detención preventiva aplicada a Josefa De
La Cruz Soto y Alejandro De La Cruz Soto,
por las medidas cautelares de presentación
periódica e impedimento de salida del país;
y mediante resolución judicial de 22 de julio
2008 declaró legal la detención preventiva
de Ángel Ariel De La Cruz Soto.
A nivel de la Sala Penal, sustanció diversas
iniciativas procesales en esta causa. En fa-
llo judicial de 23 de julio 2008, ordenó al fun-
cionario de instrucción remitir el expediente
penal principal a la Sala Penal, para cali-
ficar su mérito legal. Elaboró proyecto de
resolución determinando la competencia
funcional de la Sala; el que no fue aproba-
do por el resto de los magistrados, y pierde
la ponencia de este caso.
En Salvamento de Voto, estableció la ne-
cesidad de fijar la atribución judicial de esa
instancia, previo a la emisión de la medida
calificativa del negocio, explicó sus actua-
ciones en el proceso, descartó señalamien-
tos infundados que aluden a un supuesto
retraso o paralización injustificada de la
actuación y discrepó de la medida amplia-
toria del sumario, considerando que la en-
cuesta contaba con suficientes elementos
para dictar una medida, fuese de sobresei-
miento o llamamiento a juicio es decir, re-
solver sobre la culpabilidad o no de los in-
volucrados que corresponde a la autoridad
judicial.
Casos contra Diputados, actuando
como magistrada instructora (Fiscal)
• Olivares Frías, delito contra la adminis-
tración pública. En Resolución de 18 de
agosto 2008, solicitó sobreseimiento de-
finitivo y archivo del expediente.
• Rogelio Alba, delito contra el patrimo-
nio, la fe pública y la administración pú-
blica. Declinó competencia en Resolu-
ción de 6 de julio 2009.
• Aldo López Tirone, por delito contra el
orden jurídico familiar y el estado civil.
Se contaba con proyecto de fallo san-
cionatorio, pero mediante Resolución
de 4 de septiembre 2009, declina com-
petencia por pérdida de la calidad de
funcionario.
• Fausto Missellis, delito contra la salud
pública. Mediante resolución de 30 de
junio 2009, se declaró la responsabilidad
penal de Missellis, condenándolo a la
pena principal de 80 meses de prisión,
por la comisión del delito de Traspaso
de Drogas (Actuó en su condición de
Magistrada Instructora). Solicitando lla-
mamiento a juicio.
• Norman Scott, proceso de tránsito. De-
clinó competencia en Resolución de 18
de agosto 2009.
• Tito Rodríguez, delito de estafa. En Reso-
lución de 25 de junio 2009, se admite la
querella y ordena el inicio de la investi-
gación sumarial (se encuentra en fase
de instrucción).
17
• Jorge Hernán Rubio, delito contra la fe
pública. En Resolución del 10 de junio
2009, admitió desestimiento de la que-
rella penal.
• Miguel Alemán, proceso de tránsito.
Aprehende el conocimiento del expe-
diente administrativo en Resolución del
24 de agosto 2009.
Comisionado de la Policía Nacional Carlos Antonio Soto Vega
Hábeas Corpus, dentro del proceso instrui-
do por la supuesta comisión de delito con-
tra la salud pública, relacionado con dro-
gas. Declaró legal la detención preventiva
en resolución judicial de 4 de junio 2007, tras
acreditar el cumplimiento de exigencias
procesales que regentan su legitimidad.
Homicidio de Vanesa Márquez
Resolución judicial de 25 de marzo 2008
confirma Auto de sobreseimiento provisio-
nal emitido a favor del imputado con dudas
razonables en cuanto a la materialización
de una intención criminal; no se demostró el
nexo causal de esa acción dolosa, culpo-
sa o accidental que provocara el resultado
fatal, las exigencias para dictar apertura de
causa criminal no se encontraban cabal-
mente acreditadas en el expediente.
El informe forense señaló que las lesiones a
nivel del cuello eran ante mortem y superfi-
ciales, no penetrantes.
Sobre radiación de los pacientes del Instituto Oncológico Nacional
Resolución judicial de 17 de noviembre
2008, dispuso no casar la sentencia de se-
gunda instancia que condenó a Olivia Sal-
daña González, Alexis Concepción Alveo y
Álvaro Mejía Rodríguez, a 4 años de prisión
y accesorias por igual término, por homici-
dio culposo. Se pronunció respecto al valor
probatorio de los protocolos de necropsia
de manera que su apreciación sea basada
en la sana crítica, corresponde al juez exa-
minar la coordinación lógica y científica de
la experticia, la suficiencia de sus motivos y
sus razones.
Indultos presidenciales
Resolución judicial de 30 de junio 2008, de-
claró inconstitucional los Decretos Ejecuti-
vos N1317 de 25 de agosto de 2004, N1318
de 26 de agosto de 2004 y N1321 de 30 de
agosto de 2004 dictados por la ex Presiden-
ta de la República, con la participación del
ex Ministro de Gobierno y Justicia, que in-
dultó a un número plural de personas invo-
lucradas en diversas actuaciones penales.
Dejó sin sustento legal toda gestión proce-
sal o jurídica sobrevenida a consecuencia
de estos actos y ordenó la restitución de to-
dos los procesos afectados con la gracia
presidencial, al estado original en el que se
encontraban, dando efecto retroactivo a
la sentencia constitucional.
Denuncia presentada por la ex Presidentade la Corte Suprema de Justicia contrala Fiscal Segunda AnticorrupciónMaribel Cornejo Batista
Resolución judicial de 24 de junio 2008, dis-
puso sobreseer definitivamente a la denun-
ciada, determinando que su conducta no
evidenció una actitud dolosa, para ejecu-
tar delitos de abuso de autoridad y contra
la personalidad interna del Estado.
Procesos por delitos durantela época militar
En la investigación de la muerte de Everet
Clayton Kimble Guerra, medida confirma-
toria de Auto de sobreseimiento provisional.
Se dejó plasmado que la actuación cuenta
con elementos probatorios novedosos que
pueden ser considerados para solicitar una
18
reapertura del sumario (Fallo de 24 de no-
viembre 2005).
En la investigación de la muerte de Gerar-
do Olivares, medida confirmatoria de Auto
que niega la reapertura del sumario. Se
consideró prescrita la acción penal (Resolu-
ción de la Sala Penal de 3 de octubre 2006),
pero se destacó que el Estado a partir del
año 1990 y antes de prescribir la acción pe-
nal, tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre los hechos de personas asesinadas en
los años 60 y 70.
Reiteradamente, los fallos en que actuó
como ponente la Magistrada de Troitiño,
han expresado con determinación, la res-
ponsabilidad que incumbe al Estado pana-
meño por dejar de atender oportunamente
el clamor de justicia de las víctimas y la con-
secuente obligación que tiene para con
ellas en otros ámbitos como fórmula para
reparar el daño causado.
1.6 INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL
Actuando como ponente y en escritos de
salvamento de voto, estableció criterios va-
liosos de interpretación judicial en causas
penales y constitucionales, con aplicación
práctica en la solución de pretensiones de
similar naturaleza procesal.
Entre tales lineamientos interpretativos se re-
saltan los siguientes:
Recursos de Casación Penal:
• Garantizan el derecho de defensa. Los
libelos formalizados por los imputados,
independiente de los errores, se some-
ten al trámite de corrección y el memo-
rial subsanado debe ser presentado por
un profesional del derecho (Fallo de 18
de noviembre 2004).
• Parámetros de participación en el acto
de audiencia oral. No constituye una
etapa procesal en que las partes pue-
dan promover acciones para subsanar
defectos formales, en la adecuada for-
malización de la iniciativa extraordina-
ria (Fallo de 11 de abril 2005).
• Delitos susceptibles del recurso. Fija el
marco conceptual para acreditar el
cumplimiento de la exigencia de pro-
cedibilidad, relativa a la penalidad
asignada al hecho punible imputado
(Fallo de 19 de mayo 2006).
• Ámbito de competencia funcional del
Tribunal de Casación. Fija la actividad
procesal que debe desplegar la Sala
en la etapa de admisibilidad del recur-
so extraordinario (Fallo de 23 de junio
2006).
• Competencia del Tribunal de Casación
para pronunciarse sobre indemnización
por daño material y moral. La autori-
dad jurisdiccional tiene el deber de re-
solver todas las cuestiones objeto del
juicio (Salvamento de Voto en Fallo de
17 de mayo 2007).
• Reprueba la inactividad del defensor
de oficio en la formalización del recur-
Sesión del Pleno. ABRIL 2008
19
so. Evita colocar en estado de indefen-
sión al imputado (Fallo 21 de diciembre
2007).
• Método para conceder el término de
formalización del recurso, en caso de
pluralidad de recurrentes (Fallo de 16
de abril 2008).
• Cómputo del término para formaliza-
ción del recurso, cuando medie solici-
tud de aclaración de sentencia (Fallo
de 7 de diciembre 2005).
Recursos de Revisión Penal:
• Concepto de “hechos nuevos”. La na-
turaleza jurídica de la causal de revisión
definida en el numeral 5 del artículo
2454 del Código Judicial (Fallo de 24 de
noviembre 2004).
Recursos de Hecho:
• Establece la agencia de instrucción que
debe participar en la sustanciación del
recurso. Corresponde a la Procuraduría
General de la Nación emitir el corres-
pondiente concepto legal (Fallo de 4
de julio 2005).
Sentencias Condenatorias:
• Exceder el límite máximo punitivo de 20
años de prisión que establecía el Códi-
go Penal de 1982. La reincidencia úni-
ca circunstancia que permite sobrepa-
sar ese término penal y, se impone una
reprimenda punitiva que supera el límite
máximo de penalización (Fallo de 24 de
diciembre 2004).
• Expone la situación de violencia ejerci-
da contra la mujer (Fallo de diciembre
2005). Destaca la perspectiva de géne-
ro por una justicia igualitaria.
• Promueve el establecimiento de san-
ciones penales rigurosas. En casos de
crímenes ejecutados en el núcleo de al-
gún tipo de convivencia, independien-
temente que exista grado de parentes-
co entre víctima y victimario (Fallo de 6
de abril 2006).
• Exige al Ministerio Público acuciosidad
en la etapa de investigación para sus-
tentar condenas enérgicas en casos de
femicidio (Fallo de 9 de abril 2007).
• La unión de hecho como agravante es-
pecífica del delito de homicidio, a la luz
del Código Penal de 1982. Se asimila a
la circunstancia de parentesco, estatui-
da en el numeral 1 del artículo 132 del
Código Penal de 1982 y la aplicación
directa de la Constitución Nacional y los
Tratados Internacionales de Derechos
Humanos de las mujeres (Fallo de 10 de
abril 2008).
• Impulsa la debida motivación de los
fallos. Explicación razonada de las cir-
cunstancias que motivan la aplicación
de agravantes en el homicidio (Fallo de
19 de septiembre 2008).
• Naturaleza jurídica de la figura del femi-
cidio (Salvamento de Voto en Fallo de
31 de julio 2008).
• Delimita el marco de referencia para el
otorgamiento de subrogados penales
(Fallo de 14 de noviembre 2007).
Negocios de Primera Instancia Sala Penal:
• Concepto de prueba sumaria. En pro-
cesos contra funcionarios públicos, por
abuso de autoridad e infracción de los
20
deberes de servidor público (Fallo de 18
de mayo 2005).
• Requisitos que debe cumplir la docu-
mentación que aporta el Estado requi-
rente en procesos de extradición (Fallo
de 15 de mayo 2007).
• Requisitos de admisibilidad para la que-
rella coadyuvante o voluntaria (Fallo
de 27 de junio 2007).
• Delimita el marco de competencia del
Ministerio Público al determinar la admi-
sibilidad de una querella coadyuvante
o voluntaria (Fallo de 8 de septiembre
2008).
• Establece el momento procesal en que
procede la emisión de medidas de so-
breseimiento (Resolución Judicial de la
Sala Penal de 15 de septiembre 2008).
• Marco conceptual y de reconocimien-
to para el fenómeno conocido como
conexidad de delitos (Salvamentos de
Voto en Fallo de 11 junio 2008).
Hábeas Corpus (Pleno):
• Cumplimiento de requisito especial en
las diligencias de detención preventiva.
Atender el presupuesto de consignar los
peligros procesales que requieren ser
evitados con la adopción de la medida
(Fallo del Pleno de 26 de enero 2006).
• Necesidad de optimizar métodos in-
vestigativos. Deber de perfeccionar
las técnicas de investigación, ante la
criminalidad organizada en asuntos
de drogas, y el blanqueo de capitales
para acreditar debidamente el vínculo
material entre el sujeto aprehendido, la
sustancia ilícita decomisada y el tipo de
actividad realizada (Fallo del Pleno de
26 de agosto 2005).
• El derecho a la libertad. Admite resolver
el fondo del Hábeas Corpus preventivo,
aún cuando el beneficiario está privado
de su libertad (Salvamento de Voto en
Fallo del Pleno de 11 de mayo 2005).
• Reglas para revocar medidas cautela-
res personales. Fija criterios procesales
que justifican modificar medidas pre-
cautelativas (Salvamento de Voto en
Fallo de 2 de octubre 2006).
• Modo en que debe verificarse la con-
ducción, como medio de compare-
cencia al proceso (Resolución de 5 de
marzo 2008 (Pleno).
• Presupuestos que condicionan el otor-
gamiento de medidas excarcelatorias,
por razón de enfermedad del deteni-
do (Fallo del Pleno de 30 de diciembre
2008).
• Función judicial del Tribunal de Hábeas
Corpus (Salvamento de Voto Fallo del
Pleno de 2 de febrero 2009).
• Marco procesal para aplicar detenciones
preventivas en causas penalizadas con
sanciones inferiores a dos años de prisión
(Fallo del Pleno de 7 de octubre 2005).
Hábeas Data:
• Naturaleza jurídica de esta acción
constitucional. Significado, alcance y
los presupuestos legales que garantizan
su procedencia, para asegurar el libre
acceso a la información (Fallo del Pleno
de 2 de febrero 2005).
21
• Uniformar los fallos emitidos por la Cor-
te Suprema. Propugna porque las ac-
ciones de Hábeas Data, sean resueltas
conforme al mismo criterio, cuando las
pretensiones mantengan identidad jurí-
dica (Salvamento de Voto en Fallo del
Pleno de 30 de diciembre 2004).
• Términos en que se responde el informe
de conducta. Establece parámetros
fácticos que la autoridad demanda-
da debe atender, admitida la iniciativa
constitucional (Fallo del Pleno de 19 de
abril 2005).
• Sobre los datos recogidos en formatos
electrónicos. Recomendación de con-
sultar los datos vía internet, no satisface
el principio de publicidad, es necesa-
rio establecer oficinas de consulta y la
identificación del recorrido electrónico
para acceder a la información (Fallo
del Pleno de 2 de marzo 2007).
Amparo de Derechos
Fundamentales:
• Enderezar la acción, cuando medie
error en la indicación del Tribunal com-
petente. Facultad del Tribunal de am-
paro para emitir resoluciones inhibién-
dose y declinando el negocio hacia
la autoridad judicial competente, si la
iniciativa ha sido mal encaminada por
el peticionario (Salvamento de Voto en
Fallo del Pleno de 4 de febrero 2005).
• Requisito para la gravedad e inminencia
del daño. Fija los criterios para determi-
nar el cumplimiento de este presupues-
to procesal, que condiciona la admisibi-
lidad de las acciones de amparo (Fallo
del Pleno de 20 de marzo 2006).
• Procedencia de la acción contra actos
administrativos. Puntualiza los elemen-
tos que hacen prevalecer la vía cons-
titucional sobre la contencioso-adminis-
trativa (Fallo del Pleno de 24 de mayo
2006).
• Posibilidad de formular amparos con-
tra oficios. Elabora marco interpretativo
para determinar si un oficio contiene o
no orden censurable vía amparo (Fallo
del Pleno de 23 de junio 2006).
• Decisiones de no Viabilidad. Establece
que las iniciativas, una vez admitidas,
deben someterse a una decisión sobre
el fondo de la pretensión (Salvamento
de Voto en Fallo del Pleno de 5 de junio
2006).
• Examinar el contenido de la orden
cuestionada, para certificar si constitu-
ye o no orden de hacer impugnable vía
amparo (Fallo del Pleno de 2 de marzo
2007).
• Marco conceptual de la legitimación
activa para interponer la acción (Fallo
del Pleno de 10 de mayo 2007).
• Procedencia de la acción contra me-
didas de ampliación del sumario (Fallo
del Pleno de 10 mayo 2007).
• Aplicación práctica del principio de
preferencia de la vía contencioso admi-
nistrativa sobre la de amparo (Fallo del
Pleno de 30 de junio 2008).
• Marco conceptual del fenómeno co-
nocido como amparos sucesivos (Sal-
vamento de Voto en Fallo del Pleno de
21 de marzo 2006).
22
Demandas, Advertenciasy Consultas de Constitucionalidad:
• Advertir inconstitucionalidad de normas
procesales. La Constitución Nacional y
la Ley no distinguen en cuanto a la na-
turaleza jurídica de la norma censurada
por esta vía, la advertencia resulta pro-
cedente ante cualquier norma aplica-
ble al caso de cuya validez dependa el
proceso (Salvamento de Voto en Fallo
del Pleno de 4 de febrero 2005).
• Requisitos de admisibilidad en consultas
de inconstitucionalidad. Aún cuando
el advirtiente sea operador de justicia,
debe satisfacer todos los requisitos que
condicionan la procedencia de la ini-
ciativa (Fallo del Pleno de 6 de septiem-
bre 2005).
• Efectos jurídicos que ocasiona la de-
claratoria de inconstitucionalidad de
un acto (Fallo del Pleno de 30 de junio
2008).
Primera Instancia en Pleno:
• Competencia en materia de quejas por
faltas disciplinarias o a la ética presenta-
das contra Magistrados de la Corte. No
corresponde al Pleno legalmente cono-
cer de estos procesos incoados contra
Magistrados de esta Corporación de
Justicia (Fallo del Pleno de 14 de enero
2005).
• Vía procesal para atender quejas pre-
sentadas contra Magistrados de la Cor-
te. Para no dejar en el limbo jurídico el
conocimiento de estos procesos, instau-
ra el procedimiento que el Pleno incur-
sione en el examen de rigor (Fallo del
Pleno 21 de marzo 2007).
Procesos que involucran personas menores de edad:
• Garantiza y salvaguarda la aplicación
del principio de interés superior del niño.
Al menor de edad víctima del delito se
le debe proporcionar protección espe-
cial, comunicando al Juzgado de Niñez
y Adolescencia la posibilidad de inter-
venir, en caso que resulte afectado en
su grupo familiar y descartar abusos en
el ejercicio de la patria potestad (Fallo
del Pleno 31 de marzo 2005). Este princi-
pio se ha dejado establecido en distin-
tos fallos.
• Tratamiento jurídico que se le dispensa
a las experticias médicas practicadas a
víctimas de delitos, menores de edad.
Fija requisitos que deben reunir estos dic-
támenes, para que tengan valor como
medios idóneos de prueba (Fallo de 23
de marzo 2005).
• Cumplimiento de los términos de dura-
ción de la detención preventiva dicta-
da contra adolescentes. Si la causa no
está concluida, pero existe fallo con-
firmando la responsabilidad penal del
adolescente, al Juez de primera instan-
cia le corresponde adoptar medidas
que resulten factibles, para asegurar la
ejecución de la decisión judicial (Fallo
del Pleno de 5 de mayo 2005).
• Principio de protección a la privacidad
del adolescente y establece la no apli-
cación del factor de tasación de pena
que alude a “la conducta anterior del
agente” (Fallo de la Sala Penal 27 de
octubre 2006).
• Determina las funciones del Juez de
Cumplimiento. Específicamente en el
23
tema del traslado de internos que, en
cumplimiento, arriban a la edad de 21
años (Salvamento de Voto en Fallo del
Pleno de 9 de febrero 2007). Aplica-
ción Ley 40 de 1999 y sus reformas.
• Naturaleza jurídica del régimen penal
de adolescentes y exige que la sanción
aplicada sea cónsona con lo plantea-
do en el debate oral (Fallo de la Sala
Penal de 19 de mayo 2008).
Otras situaciones jurídicas:
• Voto concurrente. Origen, significado y
naturaleza del método de explicación
de voto en las decisiones judiciales, de-
nominado voto concurrente (Fallo del
Pleno de 21 de marzo 2006).
• Agilización de los procesos penales. Lla-
mado de atención de las partes por el
uso desmedido de iniciativas dilatorias
(Fallo del Pleno de 23 de junio 2006).
• Naturaleza jurídica de la responsabi-
lidad civil y la responsabilidad penal.
Define características y diferencias; pro-
mueve que sean atendidas, conjunta-
mente, cuando hayan sido debatidas
en un proceso penal (Fallo de la Sala
Penal de 24 de octubre 2006).
• Promueve la motivación de los fallos. El
operador de justicia tiene el deber de
explicar cada circunstancia que influye
en la individualización de la pena, esa
omisión riñe con el debido proceso (Sal-
vamento de Voto en Fallo de la Sala Pe-
nal de 18 de enero 2007).
• Diversas formas en que se ejecuta el de-
lito de peculado (Fallo de la Sala Penal
de 12 de abril 2007).
• Principio de Juez Natural (Fallo del Ple-
no de 2 de agosto 2007).
• Naturaleza jurídica del mecanismo de
la consulta (Fallo del Pleno, 2 de agosto
2007).
• Presupuestos procesales para obtener
legítimamente una prueba pericial (Fa-
llo de la Sala Penal de 24 de septiembre
2007).
• Interposición de procesos disciplinarios
contra funcionarios que dilaten injusti-
ficadamente la sustanciación de una
causa penal (Fallo de la Sala Penal de 4
de febrero 2009).
• Marco conceptual de los delitos políticos y
delimita el ámbito jurídico para su reconoci-
miento (Fallo del Pleno de la Corte de 30 de
junio 2008).
• Marco conceptual de la delincuencia
profesional (Fallo de la Sala Penal, 21 de
mayo 2008).
• No uso de fondos públicos para activi-
dades político partidistas (Salvamento
de Voto en Fallo del Pleno de 22 de ene-
ro 2009).
24
Como operadora de justicia la Magistrada
asume la responsabilidad de coordinar una
pluralidad de proyectos institucionales des-
tinados a concretar las propuestas del Pac-
to de Estado por la Justicia firmado el 10
de marzo de 2005, y cuyos acuerdos fueron
entregados en septiembre de ese año. En
el marco de los trabajos de la Comisión im-
pulsó iniciativas encaminadas a proteger a
las víctimas de violencia de género y toda
limitación al acceso a la justicia y mejorar la
administración de justicia, en una reforma
estructural del sistema.
Comprometida con el cumplimiento de es-
tas acciones encaminadas a optimizar los
servicios institucionales, coordina y pone en
ejecución los siguientes proyectos:
Códigos Penal y Procesal Penal
En el ejercicio de su designación como re-
presentante institucional para impulsar, dar
seguimiento y concretar las propuestas del
Pacto de Estado por la Justicia, asume la
coordinación en la Subcomisión de Refor-
ma Estructural del Sistema Judicial. En ese
escenario, surge la propuesta para discutir
Reunión con grupo contra la corrupción. MAYO 2009
y aprobar los Códigos Penal y Procesal Pe-
nal.
En el marco de consulta y discusión de los
anteproyectos de ley números 255 y 256 de
reforma penal y procesal penal, respecti-
vamente, preparados por la Comisión Co-
dificadora nombrada por el Ejecutivo, la
Magistrada Arosemena de Troitiño designó
y presidió la Comisión Judicial de trabajo
integrada por Magistrados, Jueces y Defen-
sores de Oficio, con el propósito de analizar
el contenido de las citadas propuestas de
ley.
Esa labor jurídica generó aportes, aclaracio-
nes y comentarios concretos, sobre algunas
figuras e instituciones jurídicas penales, de-
sarrollando el debate a nivel interinstitucio-
nal y legislativo.
Se consideró que el anteproyecto del Có-
digo Procesal Penal proponía cambios ra-
dicales en el sistema de investigación, pro-
cesamiento y juzgamiento de las causas
penales, la labor de análisis jurídico desple-
gada por la Comisión requirió de un estudio
exhaustivo y detallado de la legislación, en-
contrando que la propuesta de la codifica-
dora ameritaba una reforma sustancial.
Con la realización de consultas intersec-
toriales (docentes universitarios, Colegio
Nacional de Abogados, y representantes
de la sociedad civil) e interinstitucionales
(Ministerio Público y Asamblea Nacional de
Diputados), conversatorios con expertos in-
ternacionales (Ricardo Mendaña, Alberto
2. COORDINACIÓN DE PROYECTOS
25
Binder y César Solanilla). El Centro de Jus-
ticia de las Américas (CEJA) continuó con
actividades de pasantía de intercambio de
experiencias y estudios del sistema en el
derecho comparado a cargo de los espe-
cialistas Mauricio Duce, Cristian Hernández,
Leticia Lorenzo y Adrián Medrano. Se con-
trató el servicio de consultoría (Juez Chileno
Francisco Hermosilla), para la capacitación
de candidatos para el Sistema Acusatorio
y para la preparación de manuales. La
Comisión presentó una propuesta mayor-
mente consensuada, que orienta sobre las
instituciones, figuras y objetivos claves que
representan el cambio hacia un sistema
acusatorio de corte garantista.
Este documento se presentó en el seno de
la Asamblea Nacional de Diputados, corres-
pondiendo a la Magistrada Arosemena de
Troitiño, en representación del Órgano Ju-
dicial, sustentar con propiedad académica
y jurídica, las sugerencias y observaciones
formuladas por la Comisión, para que se
adecuaran al texto sometido a la discusión
legislativa, finalmente aprobado el Código
Penal mediante Ley N° 26 de 21 de mayo
2008.
Cumplido el trámite legislativo, se aprueba
además el Código Procesal Penal median-
te Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008, pu-
blicada en la Gaceta Oficial número 26,114
de 29 de agosto de 2008, recayendo en la
Magistrada la distinción de ofrecer el discur-
so, por parte del Órgano Judicial, en el acto
de sanción del nuevo Código Procesal Pe-
nal llevado a cabo en la Presidencia de la
República, destacando que el éxito de la
implementación de esta nueva herramien-
ta legal, requeriría de recursos económicos
suficientes, cambios de paradigma cultural,
capacitación judicial e interinstitucional y la
promoción de una cultura de resolución ar-
mónica de conflictos, entre otros aspectos.
Discurso del Acto de sanción de la Ley Procesal Penal.
Con un nuevo Código Procesal Penal,
convoca y preside reuniones de revisión
y análisis de este instrumento legal, con el
propósito de dar a conocer su contenido.
Conforma grupos de trabajo para estudiar
los aspectos y figuras del nuevo sistema de
procesamiento y organiza tareas para su di-
vulgación.
Mediante Acuerdo N° 731 de 28 de agosto
2008 de la Sala Cuarta de Negocios Gene-
rales, se designa como coordinadora de las
Comisiones Interinstitucional e Institucional
creadas para la implementación del Nuevo
Sistema Acusatorio.
Seminario sobre el nuevo Código Penal. ABRIL 2008
26
Sesiones de Implementación del Sistema Penal Acusatorio.
Se aboca a la tarea de elaborar planes de
capacitación, organizar jornadas de sen-
sibilización y compromiso en la implemen-
tación del sistema, proponer métodos de
descongestionamiento de casos, confec-
ción de manuales de procedimiento y eje-
cución presupuestaria.
En el ejercicio de estas funciones, promueve
la instrucción académica de los funciona-
rios, con la participación de consultores del
Centro de Justicia de Las Américas (CEJA),
para acceder a programas de pasantías,
talleres y sesiones de análisis con ac-
tores de los gobiernos de Chile, Colombia,
República Dominicana y Estados Unidos, y
conocer las experiencias adquiridas en los
procesos de implementación del sistema
en América Latina.
Impulsa las relaciones interinstitucionales
con el Ministerio Público, Ministerio de Go-
bierno de Justicia, la Policía Nacional y otros
organismos que intervienen en los procesos
penales, para mancomunar esfuerzos, pro-
mover y fortalecer la armónica colabora-
ción de las instituciones en la implementa-
ción del sistema.
Coordina la realización de jornadas de pro-
moción del nuevo modelo de corte acu-
satorio, con exposiciones magistrales nacio-
nales e internacionales, a fin de instruir a los
operadores de justicia y auxiliares en sede
penal sobre el compromiso que correspon-
de asumir; dar a conocer y debatir el con-
tenido normativo de la codificación, pre-
sentar avances y acciones a ejecutar para
implementar apropiadamente el sistema.
Gestó la elaboración del Acuerdo N° 949
de 21 de noviembre 2008, mediante el cual
la Sala Cuarta de Negocios Generales crea
la Unidad de Implementación del Sistema
Acusatorio (UISA), para desarrollar una guía
preliminar de aspectos relevantes y reco-
mendaciones de corto y mediano plazo,
que permitan estructurar un modelo de fun-
cionamiento jurisdiccional y administrativo
eficiente, en vías de desarrollar y ejecutar
planes de organización judicial, dimensio-
namiento de la carga laboral, adecuación
de infraestructura, establecimiento de polí-
ticas de financiamiento y parámetros en el
sistema de selección de personal.
Coordina la capacitación de los aspiran-
tes a los cargos para el Sistema Penal Acu-
satorio, y orienta sobre los parámetros en el
proceso de selección y escogencia de los
Jueces de Garantía, Jueces de Juicio Oral,
El director del Centro de Justicia de Las Américas (CEJA) asesora a Panamá sobre ejecución del
Sistema Acusatorio.
27
Jueces de Cumplimiento y Defensores de
Oficio para el Segundo Distrito Judicial.
Plan de Descarga Penal
Actuando en su condición de Magistrada
Presidenta de la Sala Penal y Vicepresiden-
ta de la Corte Suprema de Justicia, asistió a
visitas carcelarias en los Centros Penales la
Joya y la Joyita (enero 2008), que le permi-
tió conocer la situación procesal de priva-
dos de libertad sin condena.
Ante esa realidad y como parte del plan
de trabajo del Magistrado Presidente Har-
ley James Mitchell Dale, se fija la iniciativa
de crear una comisión para estudiar las pro-
puestas de solución, en aras de atender y
resolver la situación jurídica de la población
penitenciaria.
Esa labor de análisis, hizo patente la concu-
rrencia de una diversidad de circunstancias
que inciden en la pronta solución de las
causas: incremento en el volumen de ca-
sos, aumento de la litigiosidad y congestión
laboral en los juzgados de circuito penal a
nivel nacional.
La fuente primaria de la información se
basó en estadística de casos penales, y el
inventario de detenidos a órdenes de los
juzgados de circuito según el estado del
proceso; con un esfuerzo valioso del depar-
Visita a centros penales, ENERO 2008
tamento de Estadística Judicial, Auditoría
Judicial y Recursos Humanos y con el apoyo
de la Secretaría Administrativa y sus depen-
dencias.
La medida efectiva de inmediata aplica-
ción para combatir la mora judicial y dis-
minuir la carga laboral, fue la de diseñar
un plan de descarga. Las metas del plan
consistieron en agilizar las actuaciones con
imputados sometidos al régimen de deten-
ción preventiva, garantizar la celebración
de los actos de audiencias preliminares y
de fondo, concentrar los esfuerzos en los
Tribunales que mantenían la mayor canti-
dad de procesos, salvaguardar el derecho
a pronta justicia y mantener un sistema de
seguimiento y evaluación de resultados.
Como máxima autoridad de la jurisdicción
penal, la Magistrada Arosemena de Troiti-
ño, asume la responsabilidad de coordinar
la puesta en ejecución del plan de descar-
ga penal. En ese sentido, impulsa la crea-
ción del Acuerdo N° 142 de 13 de marzo
2008, mediante el cual el Pleno de la Cor-
te Suprema de Justicia, instaura un sistema
POBLACIÓN PENAL3 DE MARZO DE 2008
FUENTE: Sistema Penitenciario
POBLACIÓNPENAL
CAPACIDADFÍSICA
11,389
A NIVEL NACIONAL
7,014 DETENIDOS EN PROCESO
3,231 (46%) ETAPA SUMARIAL3,126 (45%) ETAPA JUZGAMIENTO
657 (9%) OTRAS AUTORIDADES
12001000800600400200
0
7,091
Casi 2veces máshacinamiento
SITUACIÓN JURÍDICA
EN PROCESO82%
CONDENADOS
28%
28
de gestión judicial con la participación de
Magistrados, Jueces y Defensores de Oficio
adjuntos, con competencia funcional en
las provincias de Panamá y Colón, designa-
dos especialmente para agilizar la solución
de las causas penales y garantizar la pres-
tación de un servicio público de administra-
ción de justicia expedito e ininterrumpido.
Inauguración de taller preparación de medidas sobre descarga. Junio 2008.
Los resultados del programa coordinado
por la Magistrada representan cifras satis-
factorias. Se profirieron 7,446 resoluciones
dictadas durante la intervención del plan
en los juzgados de circuito de Panamá, San
Miguelito, La Chorrera y Colón, destacán-
dose la realización de audiencias ordinarias
y juicios abreviados que generaron un total
de 1,770 sentencias, distribuidas en 1,492
sentencias condenatorias, 250 sentencias
absolutorias y 28 sentencias mixtas; partici-
pando de estos logros y avances a la ciu-
dadanía en general.
Algunos resultados del plan de descarga
según circuito judicial y el Segundo Tribunal
Superior de Justicia.
Primer Circuito Judicial: Panamá
• De 812 detenidos con audiencia pro-
gramada, se realizaron 539, representó
el 66.4%.
• Incrementó en 56% el nivel de resolu-
ciones (4,707 resoluciones en el primer
circuito, comparado con 3,015 casos re-
sueltos por los jueces titulares en el 2007
en el mismo período de referencia).
• Los Jueces titulares dictaron 2,971 so-
breseimientos; 669 sentencias; y 1,067
Autos resolutivos.
• Aumentó la productividad de los Juz-
gados, de 56% a 63% el porcentaje de
audiencias realizadas. (1,276 realizadas
de 2,023 programadas)
• Se realizaron 2,133 audiencias entre jue-
ces suplentes (adjuntos) y titulares.
• El 67% de las decisiones se dictaron en
oralidad por los jueces titulares y el 91%,
a nivel de los suplentes (adjuntos).
• La pendencia disminuyó 17%. Pendien-
tes de resolver al inicio del plan de des-
carga (finales de marzo ) versus los pen-
dientes a finales de diciembre de 2008.
Segundo Circuito Judicial: San Miguelito
• De 719 audiencias programadas se rea-
lizaron 516, un 72% de realización.
• Se beneficiaron 635 sindicados, 49 dete-
nidos y 523 en libertad.
• Emitieron 923 resoluciones, 55% dicta-
das en oralidad.
• Incrementó en 32% el nivel de resolucio-
nes (923 dictadas en este circuito, com-
EFECTIVIDAD DEL PLAN, SEGÚN GRUPO DE ACTUACIÓNMARZO A DICIEMBRE DE 2008 Y ENERO A AGOSTO DE 2009
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
PRIMERCIRCUITO
SEGUNDOCIRCUITOEf
ec
tivid
ad
% (
Ca
sos
resu
elto
s d
ura
nte
el P
lan
/C
aso
s re
sue
ltos
an
tes
de
l Pla
n)
TERCERCIRCUITO
COLÓN
62%
32%
56%
42%
SEGUNDOTRIBUNALSUPERIOR
29
Reunion de Plan de Descarga en el Salón del Pleno.
parado con 697 resueltos por jueces ti-
tulares en el 2008, en el mismo período
en referencia).
• El volumen de casos pendientes dismi-
nuyó en un 28%, comparado con los
pendientes al iniciar el programa.
Tercer Circuito Judicial: La Chorrera
• De 766 audiencias programadas se rea-
lizaron 459, para el 72% de realización.
• 443 sindicados beneficiados, 410 en
condición de libertad y 33, detenidos.
• Emitieron 895 resoluciones, 78% dictadas
en oralidad.
• Aumentó la gestión de casos con un in-
cremento del 62%. (895 resoluciones en
este circuito judicial, comparado con
556 casos resueltos por jueces titulares
en el mismo período -2008-).
• Los casos pendientes disminuyeron en
17%, en comparación a los pendientes
al iniciar el programa.
Circuito de Colón
• Del 13 de julio al 31 de agosto de 2009
se resolvieron un total de 682 casos pe-
nales, donde el 52% se dictaron en orali-
dad.
• Entre los jueces titulares y los jueces su-
plentes, realizaron 206 audiencias de
las 383 programadas, con una ejecu-
ción del 54%.
• El número de casos pendientes dismi-
nuyó un 22% y la resolución de casos
aumentó 58%. (682 casos resueltos en el
período).
• El plan de descarga continuará en la
provincia de Colón hasta el mes de
septiembre del presente año y seguirá
su recorrido nuevamente en el segundo
circuito judicial.
Segundo Tribunal Superior de Justicia
17 de Marzo al 31 de diciembre 2008
• Se realizó el 68% (227) de las audiencias
programadas. 166 (73%) con jurado; 61
(27%) en Derecho.
• Tres (3) Magistrados Suplentes (adjuntos)
realizaron 116 audiencias (51%). El 101 res-
tante (49%), por Magistrados Titulares (5).
• Reprogramaron 46 audiencias, en pro-
medio representó un adelanto de 6
meses: 15 audiencias (33%) realizadas
dentro de tres meses antes de la progra-
mación original; 12 audiencias (26%);
entre 4 y 6 meses antes; 11 audiencias
(24%) entre 7 y 9 meses antes; y 8 au-
diencias (17%), entre 10 y 12 meses.
Reunión de evaluación del programa conducida por la Magistrada Troitiño. JUNIO 2008
• Los Magistrados Titulares dictaron 3,939
resoluciones de primera y segunda ins-
tancia, lo que significó un 25% (789) más
resoluciones que en el año anterior.
• Beneficiados 372 sindicados: 318 (85%)
detenidos; 54 (15%) imputados libres.
30
Enero - Abril de 2009
• Los magistrados suplentes (adjuntos)
realizaron 93 audiencias un 44% y 56%
los titulares.
• De las audiencias realizadas, 57 fueron
en derecho; 35, con jurado de con-
ciencia; y 1 mixta.
• Cuatro (4) audiencias, que en prome-
dio representó un avance de 6 meses.
• Los Magistrados titulares dictaron 1,829
resoluciones de primera y segunda ins-
tancia. Un 47% superior al volumen de
resoluciones dictadas antes del plan.
El Plan de Descarga Penal representó un
significativo avance en la gestión judicial,
descongestionando despachos penales,
agilizando la sustanciación de las causas y
reduciendo el número de personas deteni-
das preventivas a órdenes de la autoridad
judicial.
Esto se ve reflejado en los indicadores esta-
dísticos que muestran que los casos pen-
dientes disminuyeron en un 43% y que los
negocios con detenidos preventivamente
se redujeron en un 28%.
Al equipo del plan, jueces, magistrados,
defensores y personas de apoyo, se le re-
conoce su compromiso y su alto nivel de
desempeño, que garantizó el éxito de este
proyecto.
Carrera Judicial
La Magistrada Arosemena de Troitiño reali-
zó importantes aportes en el perfecciona-
miento del sistema de mérito de Carrera
Judicial para ingresar a la institución. Su
contribución inicia con la revisión de la nor-
mativa vigente, en calidad de Presidenta
de la Asociación de Magistradas y Juezas
de Panamá (2001). En el marco de accio-
nes de esa iniciativa, se designaron comi-
siones de estudio propiciando en las aso-
ciadas, inquietudes sobre el actual sistema,
concluyendo con un documento contenti-
vo de sugerencias dirigidas a mejorar la nor-
mativa vigente.
En marzo de 2005, a fin de atender el clamor
de la ciudadanía ante la crisis en el sistema
judicial, se define una agenda de reforma
judicial para orientar los esfuerzos dirigidos
Finalización del Plan de Descarga en La Chorrera. JULIO 2009.
DETENIDOS PREVENTIVOS A ÓRDENES DEL ÓRGANO JUDICIALPROVINCIA DE PANAMÁ
3 DE MARZO DE 2008 Y 20 DE MAYO DE 2009
3 DE MARZO DE 2008
2500
2000
1500
1000
500
020 DE MAYO DE 2009
2,159
1,556
Disminución de 28%
MOVIMIENTO DE CASOS EN JUZGADOS DE CIRCUITOPANAMÁ, LA CHORRERA, SAN MIGUELITO Y COLÓN
AGOSTO DE 2009
14,299
PENDIENTESAL INICIAR
2009
INGRESADOS RESUELTOS PENDIENTESAL FINALIZARAGOSTO DE
2009
10,913
6,895
18,317
Casos pendientesdisminuyeron un 43%
31
Presentación del Nuevo Sistema de Carrera Judicial. MARZO 2009
a su ejecución, se suscribe el Pacto de Es-
tado por la Justicia, por los tres órganos del
Estado panameño, las Procuradurías Gene-
ral de la Nación y de la Administración y el
Colegio Nacional de Abogados, la Alianza
Ciudadana Pro Justicia como actores prin-
cipales.
El Órgano Judicial se hizo presente en to-
das las subcomisiones para atender temas
críticos de Rendición de Cuentas y Trans-
parencia, Acceso a la Justicia, Reforma Es-
tructural del Sistema de Justicia y de cada
jurisdicción. Designada a participar alterna-
tivamente, con el Magistrado Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, trabaja simul-
táneamente en varias de estas subcomisio-
nes, con un equipo de apoyo institucional
y la cooperación internacional (PNUD, AE-
CID, USAID, entre otras).
Como producto de esta labor, se señalan
los lineamientos generales de una Reforma
al Sistema de Carrera Judicial:
1. Reducción de Elegibles, reglamentar el
ascenso por antigüedad y mejor hoja
de servicios
2. Eliminar Privilegios, (concursos internos
y doble ponderación)
3. Períodos fijos para los concursos, supues-
tos sin excepción para rechazar candi-
datos y recepción obligada de la docu-
mentación que aportan los aspirantes
4. Separar funciones de recursos humanos
y Carrera Judicial
5. Reducción del Período Probatorio y exi-
gencia de un tiempo mínimo de per-
manencia en el cargo
6. Cursos Generales de Ingreso (prerrequi-
sito), participación representativa de in-
teresados en el Manual de Puestos
7. Estabilidad condicional al desempeño y
traslado autorizado por consentimiento
8. Participación de asociaciones gremia-
les y superiores en el Plan de incentivos
de la institución
9. Extensión de licencias por enfermedad
grave, estudios u otro cargo dentro de
la institución.
Para el Informe Final del Pacto de Estado
por la Justicia, coordinó un grupo de traba-
jo integrado por una Jueza, una Magistra-
da de Tribunal Superior y la coordinadora
del tema de la Comisión Europea, partien-
do del reglamento de Carrera Judicial, la
consultoría de Ernest & Young, regulaciones
en el Derecho Comparado, y se consolida
como punto de partida para este trabajo
la Consultoría internacional de la Agencia
Española de Cooperación elaborando una
propuesta de reformulación integral del Sis-
tema de Carrera.
Las actividades de las consultorías super-
visadas directamente por la Magistrada,
comprendieron el análisis del marco legal
y de estudios previos realizados en torno a
la materia, manual de puestos, procesos de
selección y formación inicial y continuada
de la Escuela Judicial; un diagnóstico, la
elaboración de un nuevo reglamento, to-
mando en consideración los lineamientos
del Pacto y un plan de trabajo para futuras
consultorías y reuniones técnicas.
32
El informe final, destacó los avances en el
Reglamento de Carrera, sin embargo, en
el tema de la selección surgen disfunciones
sustanciales a revisar. Los resultados de re-
cursos humanos fueron:
1. Dividir el colectivo de Magistrados y Jue-
ces del resto de los cargos judiciales.
2. Audiencia pública y adecuada ponde-
ración de las pruebas de conocimiento
del derecho y del desarrollo de la fun-
ción jurisdiccional.
3. Eliminar la discrecionalidad en la selec-
ción, designar al mejor puntuado.
4. Implementar el ascenso para cubrir las
plazas de jueces de circuito o secciona-
les.
5. Implementar la Evaluación del Desem-
peño.
El componente pasa al proyecto de la Co-
misión Europea y con una nueva propuesta
de reforma del sistema vigente, aprove-
chando el trabajo ya realizado, que siguió
monitoreando la Magistrada Troitiño.
Marzo-abril 2006, una comisión integrada
por representantes de distintos niveles jurí-
dicos de la Corte Suprema de Justicia, del
Tribunal Superior, una Jueza, una consul-
tora nacional, Recursos Humanos, Moder-
nización y la Coordinadora del Proyecto,
realizaron una pasantía en la República
Dominicana que permitió recopilar insumos
de calidad para las propuestas de reformas
con resultados óptimos. La Magistrada con
este equipo valida la información recopila-
da en sus esfuerzos por modernizar y efecti-
vizar el sistema de carrera.
El modelo dominicano, descansa sobre
dos pilares, la Suprema Corte de Justicia y
la Presidencia de la Suprema Corte. La pri-
mera dirige el Sistema, (designa con jueces
y reglamentaciones) y el presidente pon-
dera la formulación de programas, normas,
políticas, estrategias y principios de gestión
de los recursos humanos y supervisa la Di-
rección General de Carrera y la ejecución
de los procesos técnicos y administrativos.
Mayo-junio 2006, el primer documento de
reformas a la Carrera Judicial con la revi-
sión técnica del Magistrado español Gerar-
do Martínez. Inició una fase de divulgación
y consulta para recoger sugerencias de las
Asociaciones del Órgano Judicial que fue-
ron evaluadas por el Pleno y presentado a la
Asamblea Nacional en diciembre de 2006,
con las precisiones de los grupos interesa-
dos se genera un pliego de modificaciones
para su discusión, en este período colabo-
ra la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) identifican-
do los ajustes requeridos en el ámbito de
la ética.
Enero 2008, una Comisión del Pleno revisó
todos los instrumentos de reformas. Es de-
signada por el Presidente de la Suprema
Corte, como coordinadora, y a su cargo ha
debido desentrañar el sentido y alcance de
la reforma pretendida, de acuerdo a los li-
neamientos de la máxima instancia judicial,
La directora de Carrera Judicial expone sobre el Manual de Puestos. MAYO 2009
33
metas, visión y valores institucionales, con el
apoyo de los magistrados Adán Arnulfo Ar-
jona, Jerónimo Mejía y Oydén Ortega.
El sistema propuesto cuenta con dos ver-
tientes, una encargada de planillas y la
otra del resto de los asuntos. Son cinco
dependencias, técnicas: Reclutamiento y
Selección, Registro de Personal, Estudios de
Recursos Humanos, Seguridad Social y Eva-
luación del Desempeño.
Un trabajo de consolidación en las pro-
puestas, busca una Carrera Judicial que
se ubique a la vanguardia de los sistemas
de competencias y recursos humanos, que
le sirva al país como medio para lograr la
seguridad jurídica merecida y reclamada
por la sociedad panameña, logrando una
regulación autónoma y sistémica en su or-
ganización de personal.
Como resultado de su coordinación se pre-
sentó a la Asamblea Nacional, los últimos
ajustes a las propuestas del sistema recopi-
lando las distintas versiones y recomenda-
ciones, por parte del Magistrado Presiden-
te Harley James Mitchell Dale, en agosto de
2009.
Validación del Manual de Puestos del Órgano Judicial realizado el 20 y 29 de mayo de 2009, con funcionarios de distintas dependencias administrativas.
Equipo con el experto Dr. Luis Rodolfo Vigo secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y asesor permanente en el proceso de la elaboración del Código de Ética Judicial panameño.
Ética Judicial.
Considerando que el servicio de justicia
debe cumplir los más altos estándares de
efectividad y excelencia, para generar
confianza y seguridad jurídica, la Magistra-
da Arosemena de Troitiño está convencida
que la decisión de los conflictos debe estar
en manos de funcionarios comprometidos
institucionalmente, honestos, íntegros, trans-
parentes, prudentes, tolerantes y respetuo-
sos, que busquen la excelencia y efectivi-
dad con madurez y valor en el desempeño
de sus funciones.
Con esa perspectiva, participa en jornadas
institucionales instauradas, en el marco del
proceso de transformación y mejoramiento
de la administración de justicia, con el ob-
jetivo de poner en práctica los principios
rectores de la conducta ética del servidor
judicial y la atención integral de temas rela-
cionados como el combate de la corrup-
ción y la promoción de la transparencia.
En las sesiones de trabajo de las subcomi-
siones establecidas como parte del Pacto
de Estado por la Justicia, es la responsable
de elaborar un informe de rendición de
cuentas y transparencia (agosto de 2005),
en el que se planteó la necesidad de aten-
34
Encuentro de trabajo de ética. SEPTIEMBRE 2008
der y reforzar cuatro ejes fundamentales: 1.
auditoría judicial, 2. ética judicial y proceso
disciplinario, 3. comunicación social y trans-
parencia y 4. investigación de casos de co-
rrupción.
Coordina la Comisión de Ética y medi-
das para prevenir, detectar y sancionar la
corrupción en el Órgano Judicial (febre-
ro 2008), del Pleno de la Corte Suprema
y apoyada por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo (USAID), para el
plan estratégico que atienda los estánda-
res internacionales y el cumplimiento de los
convenios en la materia e iniciar un proceso
de análisis basado en indicadores de trans-
parencia y eficiencia judicial.
Se consideraron 11 puntos prioritarios: ca-
rrera y auditoría judicial, simplificación de
trámites, auditoría interna, contratación pú-
blica, participación ciudadana, acceso a
la información, código de ética, denuncia
y protección de testigos y denunciantes,
declaraciones patrimoniales y órgano de
control.
Se concluye con una propuesta de trabajo
sobre mejores prácticas en el entorno nacio-
nal e internacional y se diseñó un espacio
para la participación de la sociedad civil y
la comunidad jurídica, estableciendo prác-
ticas de prevención, detección y sanción
de la corrupción; énfasis en transparencia y
rendición de cuentas; fortalecimiento de las
auditorías; procedimientos de monitoreo y
control de efectividad; democratización en
el acceso a los tribunales, equidad, eficien-
cia y efectividad en la aplicación de la ley.
Designada por el Magistrado Presidente
Harley James Mitchell Dale para integrar en
representación del Órgano Judicial de Pa-
namá (septiembre de 2008) la Comisión de
Ética de la Cumbre Judicial Iberoamerica-
na, cuerpo encargado de asesorar y propi-
ciar entre los diversos Poderes Judiciales de
la Región la elaboración de normas éticas
aplicadas a la función jurisdiccional.
Participa activamente en la elaboración y
aprobación de un Código de Ética Judicial
panameño, el primero en la historia del sis-
tema judicial del país, basado en el Código
Modelo Iberoamericano de Ética Judicial
aprobado en el marco de la XIII Cumbre Ju-
dicial Iberoamericana, celebrada en Santo
Domingo (junio de 2006), bajo el auspicio
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Nace a la vida jurídica mediante Acuerdo
N° 523 de 4 de septiembre 2008, dictado
por el Pleno de la Corte Suprema.
Presenta este nuevo cuerpo normativo, en
la III Reunión Anual de la Comisión Ibero-
americana de Ética Judicial, destacando
que la función jurisdiccional implica actitu-
des más comprometidas por parte de sus
operadores, el cumplimiento de estánda-
res de conducta y competencia a un nivel
superior y una cultura de excelencia en el
desempeño judicial, enmarcada en el perfil
del Juez ideal.
35
Colabora con la divulgación del código, in-
vitando a los ciudadanos a reconocer a los
buenos jueces y denunciar aquellos que no
observan sus normas; promoviendo el res-
peto de los principios éticos, y el enalteci-
miento de la función judicial, por parte de
los administradores de justicia.
Organiza un grupo de facilitadores interno,
para coadyuvar en la difusión y capacita-
ción de los servidores judicial sobre el or-
denamiento ético, desarrollando jornadas
académicas a nivel nacional.
Convencida de que el exacto cumplimien-
to de los principios recogidos en el Código
de Ética, se complementa con otros textos
que ponen en ejecución mecanismos para
obtener resultados de excelencia en la fun-
ción jurisdiccional, promueve la aplicación
del Manual de Buenas Prácticas Tribunali-
cias y participa en la expedición del Acuer-
do N° 307 de 8 de junio de 2009, mediante
el cual, el Pleno de la Corte adopta la se-
gunda edición de ese compendio relativo
a la actividad judicial e insta a todos los fun-
cionarios a adoptarlo como instrumento útil
de trabajo.
Coordina y ejecuta un exitoso plan de di-
vulgación del Código de Ética Judicial pa-
Acto de presentación del Código de Ética Judicial. OCTUBRE 2008
Curso de Inducción Principios Éticos para abogados en Escuela Judicial. ENERO 2009
nameño, con el auspicio de AECID, junto al
experto español el Magistrado Andrés Pa-
lacios que trabajó en los talleres de elabo-
ración y validación de este especial docu-
mento, que sirve de guía para el ejercicio
de la función judicial, quien para tales efec-
tos nos acompañó en los viajes a través de
todo el país, resultando beneficiados cerca
de 442 funcionarios y la sociedad civil.
El logro más importante que en materia de
ética judicial se ha conseguido bajo la co-
ordinación de la Magistrada, luego de la
aprobación del Código de Ética, es la crea-
ción de la oficina de ética, a fin de coadyu-
var a la comisión una vez se conforme con
el órgano competente en materia de res-
ponsabilidad disciplinaria, evacuar con-
sultas formuladas por los jueces, opiniones
oficiosas sobre la aplicación de este Códi-
go, así como organizar y promover eventos
académicos y publicaciones orientadas a
potenciar y difundir los valores consignados
en el Código de Ética Judicial y conferir el
Premio al Mérito Judicial panameño.
Esta comisión será designada por el Pleno
de la Corte previa evaluación de las ternas
presentadas por las asociaciones de magis-
trados y jueces de Panamá, el Colegio Na-
cional de Abogados y las dos universidades
más antiguas del país.
36
Inauguración de la Unidad. OCTUBRE 2008
Acceso a la Justicia
Comprometida con el cumplimiento de los
instrumentos internacionales que en mate-
ria de protección de los derechos humanos,
de niñez, mujeres, personas con discapaci-
dad, pueblos indígenas, entre otros, que ha
firmado nuestro país, así como con las me-
didas acordadas por las máximas autorida-
des judiciales de la Región Iberoamerica-
na en la Décimo Cuarta Asamblea de la
Cumbre Judicial, “Reglas de Brasilia” sobre
acceso a la justicia de las personas en con-
dición de vulnerabilidad para hacer valer
derechos.
Con ese propósito, desarrolla acciones con-
cretas para establecer bajo la actual admi-
nistración un modelo de justicia integrador,
que facilite el acceso al sistema a todos los
sectores de la sociedad, especialmente,
aquellos ubicados en una situación de vul-
nerabilidad.
Así impulsó la aprobación del Convenio In-
terinstitucional entre el Órgano Judicial de
Panamá, el Poder Judicial de Costa Rica y la
Fundación Justicia y Género, cuyo objetivo
específico es el intercambio de experien-
cias y cooperación mutua en la implemen-
tación y aplicación de las declaraciones
de los encuentros de Magistradas de altas
Cortes y las Reglas de Brasilia, que fijan re-
tos en el derecho de acceso a la justicia de
las mujeres, erradicación de prácticas sexis-
tas y protección a personas en vulnerabili-
dad. Este pacto compromisorio se adopta
mediante Acuerdo N° 699 de 22 de agosto
de 2008 de la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema de Justicia.
Dirige la comisión integrada por AMAJUP,
funcionarios del Órgano Judicial, miem-
bros del Consejo Nacional de la Mujer (CO-
NAMU) y la Defensoría del Pueblo; cuerpo
de consulta para elaborar una propuesta
de creación de una unidad de acceso a
la justicia y género en el Órgano judicial,
entregando el documento final al Magistra-
do Presidente de la Corte Suprema para su
aprobación.
Seminario “Por los Derechos y Dignidad de las Personas con Discapacidad, organizado por la Unidad de Acceso a la Justicia”. DICIEMBRE 2008
37
Mediante Acuerdo N° 808 de 11 de septiem-
bre 2008, la Sala de Negocios Generales,
crea la Unidad de Acceso a la Justicia y
Género en el Órgano judicial, con la misión
de promover, orientar, fortalecer y monito-
rear los procesos de cambios, dirigidos a im-
pulsar la perspectiva de género, inclusión y
equiparación de oportunidades en la orga-
nización judicial, para garantizar un acceso
efectivo a la justicia sin discriminaciones.
Coordina la comisión de alto nivel que re-
genta la unidad integrada por los magis-
trados Jerónimo Mejía y Víctor Benavides,
y establece acciones de capacitación y
sensibilización, organizados con la Escuela
Judicial, para dar a conocer la importancia
de incorporar una cultura de derechos hu-
manos en el sistema judicial, el respeto a la
dignidad humana.
En esa línea promueve la capacitación de
840 administradores de justicia, integrantes
de la sociedad civil y otras instituciones, con
el fin de lograr un cambio de paradigma
en el quehacer institucional y alcanzar un
diagnóstico situacional del acceso a la jus-
ticia, y asumir un real compromiso sobre el
manejo y trato que debe proporcionarse a
las personas usuarias para una justicia más
humana e inclusiva.
Paralelamente, se gestionó el diseño de
una política institucional de acceso a la
PARTICIPANTES EN LOS SEMINARIOS REALIZADOS POR LA UNIDADDE ACCESO A LA JUSTICIA Y GÉNERO Y ESCUELA JUDICIAL, SEGÚN SEMINARIO
27 DE OCTUBRE DE 2008 AL 3 DE AGOSTO DE 2009
SEMINARIOS NÚMERO DEPARTICIPANTES
TOTAL 790 100%
41
Diversidad y acceso a la Justicia (capacitación para la elaboración delos diagnósticos de acceso a la jjusticia de la mujer, personas condiscapacidad y adolescentes en conflicto con la Ley)
Diagnóstico situacional del acceso a la justicia de las mujeres,personas con discapacidad, niño, niña y adolescentesen conflicto con la ley
Formador de formadores (Diversidad y acceso a la Justicia)
Por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad
Jornada de fortalecimiento del Sistema de Protección Integralde los niños, niñas y adolescentes
Política de acceso a los servicios públicos
Presentación del borrador de la Política de Acceso a la justicia y género
Resultados y recomendaciones de la aplicación e interpretaciónde la Ley de Violencia Doméstica de Panamá
Violencia Doméstica
La importancia de incorporar una cultura de Derechosen la Administración de Justicia
FUENTE: Informacíon suministrada por la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. Centro de Estadísticas Judiciales. Órgano Judicial.
5.2%
272 34.4%
39 4.9%
47 5.9%
52 6.6%
50 6.3%
60 7.6%
130 16.5%
59 7.5%
40 5.1%
%
38
justicia y género, elaborando un diagnós-
tico situacional, enfocado en tres grandes
sectores de la población, mujeres, personas
con discapacidad y adolescentes en con-
flicto con la ley.
Los indicadores estadísticos ponen de ma-
nifiesto la necesidad de instaurar esta po-
lítica institucional y un plan que involucre
acciones concretas, a través de progra-
mas que garanticen la igualdad de opor-
tunidades, la inclusión en el sistema y en el
desarrollo de la vida nacional.
Algunas acciones concretas en la unidad:
1. Adecuación de normas jurídicas rela-
tivas a las personas con discapacidad
y sus familias, a las nuevas tendencias
inclusivas.
2. Fortalecimiento del vínculo de la institu-
ción con otras instituciones.
3. Disminución de barreras en la comu-
nicación e información a las personas
usuarias, y obstáculos estructurales en
las instalaciones del Órgano Judicial, y
promoción de ayudas técnicas.
Equipo de trabajo de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género.
Seminario “Diversidad y acceso a la justicia”. FEBRERO 2009
4. Elaboración de un diagnóstico de la si-
tuación del acceso a la justicia de las
mujeres, personas con discapacidad
y adolescentes en conflicto con la Ley
en el Poder Judicial de Panamá (con el
apoyo del Fondo de Población de las
Naciones Unidas –UNFPA-).
5. Diseño del borrador de Política Institu-
cional de Acceso a la Justicia y Géne-
ro con su respectivo plan, validado por
actores de la administración de justicia
(jueces, juezas, personal administrativo,
personal de apoyo en el sistema, socie-
dad civil, personal de otras instituciones,
con el apoyo del Fondo Mixto Hispano-
Panameño de Cooperación, a ser pre-
sentado al Pleno para su aprobación en
el mes de octubre de 2009.
39
3. CAPACITACIÓN
Seminario sobre Discapacidad. DICIEMBRE 2008
Durante su participación en el Taller sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado.
Con la firme convicción que la formación y
el perfeccionamiento del recurso humano
es la clave para alcanzar el óptimo desarro-
llo institucional y como miembra activa de
la planta docente de la Escuela Judicial,
destina ingentes esfuerzos para promover
la capacitación de los funcionarios judicia-
les y mejorar el método de enseñanza, pro-
moviendo la participación de profesionales
especialistas en las jornadas académicas
que ofrece nuestro centro académico de
formación junto al esfuerzo y compromiso
de su director Hipólito Gil Suazo y su equipo
de trabajo.
En su condición de operadora de justicia de
la más alta magistratura, por su experiencia
y conocimientos en el campo del Derecho
de Familia, Niñez y Adolescencia, Mujer-
Género, Derecho Penal Ordinario, Dere-
cho Procesal y del Derecho Constitucional,
no se sustrajo a ese compromiso de instruir
y actualizar a los servidores judiciales para
elevar la eficiencia en la prestación de una
correcta administración judicial.
Algunas conferencias, paneles y seminarios
que durante su gestión ofreció:
Taller “Juicio simulado sobre lavado
de activos y crimen organizado”
Septiembre 2009
Explicó que se trata de un conjunto de ac-
tividades formativas para los operadores
del sistema de justicia (jueces, fiscales, po-
licías, abogados y defensores públicos) en
especiales destrezas de oralidad y litigación
oral, con el propósito de preparar al equipo
humano que le corresponde ventilar delitos
complejos y de macrocriminalidad trans-
fronteriza.
Jornada VI Congreso de Derecho
Procesal Panameño
Agosto 2009
“El Juez frente el nuevo Código de Ética”,
instruye sobre los conceptos de ética y mo-
ral, explica las responsabilidades éticas del
juzgador, la corrupción en el ejercicio de
la función jurisdiccional y el principio de dis-
crecionalidad judicial.
40
Jornada Franco Panameña de la Justicia
Mayo 2009, Escuela Judicial
“El Juez de Cumplimiento en la Legislación
Penal Panameña”. Resalta la labor jurisdic-
cional que debe desplegar este operador
de justicia, el marco legal que regenta la
legitimidad de su actuación, la judicializa-
ción de la pena como principio y garantía
de ejecución y la finalidad resocializadora
del Derecho Penal.
Disertación de la Magistrada en el VI Congreso de Derecho Procesal.
Jornada Franco Panameña.
Jornada de Sensibilización del Sistema Penal Acusatorio.
Jornada de Actualización de los Derechos
Humanos del Niño, Niña y el Adolescente
Octubre 2008, Escuela Judicial
“La Tutela Judicial como Política de Garan-
tía para hacer efectivos los Derechos Huma-
nos de la Niñez y Adolescencia”, enfatizan-
do el derecho a la protección, el desarrollo
y la participación por parte de la familia,
sociedad y el Estado, en cuanto a la sa-
lud, alimentación y albergue, a expresarse,
al ambiente familiar, educación-formación
y a divertirse, los cuales se hacen efectivos
con una protección integral.
Evolución y desarrollo de la Naturaleza
Jurídica de la Adopción en Panamá
Octubre 2008
Antecedentes Constitucionales y los avan-
ces de la legislación del Código de Fami-
lia, la adecuación a los compromisos de la
Jornada de Sensibilización del
Sistema Penal Acusatorio
Octubre 2008, Ciudad del Saber
Organiza y participa en la primera Jornada
Nacional de Sensibilización de este nuevo
Sistema, junto con conferencistas naciona-
les e internacionales, exponiendo el tema:
“Retos que implica para los operadores ju-
diciales la reforma procesal penal en Pana-
má”.
Participaron Magistrados, Jueces, Defen-
sores y auxiliares de toda la República,
destaca, el compromiso que corresponde
a cada uno de los operadores de justicia,
para que los objetivos, métodos y procedi-
mientos del nuevo sistema sean cumplidos
satisfactoriamente.
41
Jornada Nuevo Código Penal.
Derechos Humanos de las Mujeres en la Administración de Justicia.
Convención de los Derechos del Niño y el
Convenio de la Haya de 1993 y la Ley 61
de 12 de agosto 2008, basados en los prin-
cipios de respeto a los derechos y garantías
en interés de la persona adoptada; interés
superior de la niñez y la adolescencia, dere-
cho a permanecer y convivir en el seno de
su familia, el deber-responsabilidad; con-
siderar a la familia de origen; la adopción
nacional sobre la internacional, los nacio-
nales sobre los extranjeros y la aplicación-
vigencia de las normas constitucionales,
legales y los tratados internacionales.
Jornada Nuevo Código Penal
Penonomé, octubre 2008
“Delitos contra la identidad y tráfico de per-
sonas menores de edad”. Identifica los tex-
tos legales pertinentes a la situación jurídica
de estas personas y analiza los tipos penales
contra el orden jurídico familiar y el estado
civil.
tica judicial de género en las actuaciones
administrativas y jurisdiccionales e institucio-
nalizar la transversalidad del enfoque de
género en la planificación presupuestaria,
en todo el sistema judicial.
Perspectiva de Género
y Acceso a la Justicia
Julio 2008
Acceso a la Justicia de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad de sus derechos,
hace énfasis en que los antecedentes en
materia de perspectiva de género, respon-
den al reconocimiento que una justicia en
democracia implica necesariamente una
mejora en el acceso a la misma; y por tanto,
la necesidad de aplicar dicha perspectiva,
como metodología de análisis e interpre-
tación y una forma de visibilizar por parte
de la Institución que administra justicia, el
cumplimiento de los Tratados Internacio-
nales suscritos por Panamá en materia de
derechos humanos de las mujeres niñez y
adolescencia, y de las personas con disca-
pacidad.
Procedimientos Alternos de Solución
del Conflicto Penal
Junio 2008
Jornadas de capacitación sobre el nuevo
Código Procesal Penal-Escuela Judicial,
Derechos Humanos de las Mujeres
en la administración de justicia
Julio 2008
Derecho a la igualdad: Eje central del de-
recho a la no discriminación y el goce de
todos los derechos, destacó la relación de
los Derechos Humanos en la administración
de justicia con el derecho de acceso a la
justicia y a la tutela judicial efectiva, polí-
42
David y Santiago. Procedimientos efectivos
por el Desistimiento de la pretensión, Con-
ciliación, Mediación, Criterios de oportuni-
dad, Suspensión del proceso sujeto a con-
diciones y Acuerdos.
Importancia de informar el cumplimiento o
no de las obligaciones; suspende el proce-
so; interrumpe la prescripción de la acción;
y su cumplimiento conlleva terminación del
proceso y archivo del expediente previa
opinión del Ministerio Público.
IX Conferencia Bienal de la Asociación
Internacional de Mujeres Juezas
Marzo 2008
“Luchando contra la corrupción en las Cor-
tes”, para enfrentar el problema de la co-
rrupción es necesario fuerza y decisión para
combatirla dentro del sistema de justicia,
la corrupción compromete normas éticas
y legales, quebrantadas para beneficiar
al poder por encima del derecho, bajo el
asombro y la complicidad social.
reconocidos en tratados internacionales,
que consignan la no discriminación, igual-
dad de derechos, la protección de las au-
toridades para una vida libre de violencia,
abstenerse de hostigamiento, intimidación,
amenaza o daño, acceso efectivo a resar-
cimiento, denuncia al Estado por violación
de derechos; recuperación física psicológi-
ca, social; acceso a procedimientos ade-
cuados y protección en todas las fases del
proceso penal.
Leyes especiales (Ley 27 de 16 de junio
1995, Ley 38 de 10 de julio 2001, Ley 31 de
28 de mayo 1998, Ley 16 de 31 de marzo
2004) protección a la víctima en las que se
tipifican delitos de violencia intrafamiliar,
maltratos a menores de edad incremento
de penas- redes de atención, medidas de
protección, acreditar el alcance de lesio-
nes físicas mentales y emocionales y com-
probación de extensión del daño econó-
mico causado.
Derechos de las Mujeres Víctimas de Delitos.
IX Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas.
Responsabilidad del Sistema Judicial-
Derecho de las Mujeres Víctimas
de Delitos
Marzo 2008
Interpretación, aplicación y efectividad
de los derechos humanos de las mujeres,
43
Jornada Científica: Enfoques
Multidisciplinarios sobre la Delincuencia
Juvenil en Panamá: Factores,
Consecuencias y Propuestas
Evaluación de la Ejecución de la Ley 40/99
(junio 2007), la justicia para los adolescentes
infractores de la ley, requiere una efectiva
ejecución.
Hay que transformar las actuales institu-
ciones, introducir nuevos procedimientos
y mecanismos administrativos para la exi-
gibilidad y efectividad de las adecuadas
respuestas que fundamentan el proceso de
reconstrucción del status socio jurídico de
los adolescentes en la justicia.
Jornada sobre Violencia de Género
y Maltrato Familiar
“Situación actual de las víctimas de Violen-
cia de Género en la legislación y jurispruden-
cia panameña” (febrero 2006), la violencia
como fenómeno sociológico–cultural-políti-
co. Identificó problemas en la interpreta-
ción y aplicación de la Ley, en cuanto a la
tipificación de la conducta, bien jurídico tu-
telado, manejo de los conceptos y criterios
de valoración.
Jornada de Actualización Jurídica
Panamá-Costa Rica
“Principios que gobiernan la acción de am-
paro de garantías constitucionales” Tribu-
nal Superior del Cuarto Distrito Judicial (sep-
tiembre 2005), incursiona en la explicación
del marco teórico de la acción subjetiva
(concepto, naturaleza jurídica, justificación
normativa, principios de la etapa de admi-
sibilidad, presupuestos que condicionan la
procedencia de la iniciativa constitucional
y procedimiento de sustanciación).
44
4. LABOR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
El intercambio de experiencias, la perma-
nente capacitación y el estudio del dere-
cho comparado y de Tratados y Convenios
bilaterales, elementos necesarios para la
actualización de conceptos, optimización
en la labor jurisdiccional y modernización
normativa, demandaron la participación
activa de la Magistrada en una pluralidad
de encuentros y congresos internacionales.
En estos foros, se trataron temas jurídicos
concernientes a la justicia constitucional; fa-
milia; laboral; coordinación entre los pode-
res Ejecutivo y Judicial; institucionalización
de la perspectiva de género para el aná-
lisis de causas judiciales; violencia domésti-
ca; explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes; derechos humanos
en la administración de justicia y principios
fundamentales de los derechos del niño: la
inscripción universal/ objetivos del milenio,
investigación judicial; Transparencia y Ren-
dición de Cuentas en el Sistema Judicial.
Ha estado en encuentros y congresos inter-
nacionales en Argentina, Austria, Bélgica,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Sal-
Entre Ríos, Argentina 2009
vador, España, Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, India, México, Nicaragua, Para-
guay, Perú, República Dominicana, Suecia,
Suiza, Uruguay, Venezuela, entre otros.
La participación en estos espacios, le per-
mitió ganar experiencia, ofrecer aportes e
insumos a nuestro ordenamiento jurídico, a
las jurisdicciones extranjeras y Organismos
Internacionales y perfeccionar conocimien-
tos en áreas del derecho o tópicos jurídicos
conexos al desempeño de su función juris-
diccional.
Seminario de la Corte Centroamericana. JULIO 2008
Resulta elocuente el nivel de importancia
que representó para la correcta adminis-
tración de justicia, su participación en estos
eventos, destacándose los siguientes de
mayor relevancia:
45
Encuentros de Magistradas de Cortes
Supremas y de los más altos
Órganos de Justicia
Estas jornadas tienen por lema permanente:
“Por una Justicia de Género”, se han reali-
zado en ocho (8) países desde el año 2000,
de los cuales la Magistrada ha participado
en seis (6) jornadas.
En el V encuentro en El Salvador febrero
2005, “De los Derechos Reproductivos y la
Administración de Justicia”. Abordó la res-
ponsabilidad de los jueces y fiscales en el
tratamiento de los procesos penales por de-
litos contra la integridad y la libertad sexual,
identificando la importancia de obtener y
valorar de forma eficaz las pruebas, la indi-
vidualización de la pena, la aplicación de
subrogados penales, las estrategias, accio-
nes y resultados en el Órgano Judicial.
En el VI encuentro en República Dominica-
na noviembre 2005, “Participación de las
Mujeres de la Rama Judicial”, expuso “Las
Leyes de Violencia Intrafamiliar y la Violen-
cia de Género bajo la Perspectiva de la Ad-
ministración de Justicia, antecedentes nor-
mativos en el delito de violencia doméstica
o intrafamiliar, la igualdad de oportunida-
des para las mujeres, y las políticas sociales
de Estado en esta materia.
En el VII encuentro en Cancún, México
2006, “La situación jurídico- social de niñas
y adolescentes y el Derecho a la Igualdad
en el Sistema Judicial”, los derechos de la
persona humana como sujeto y titular de
derechos con dignidad e igualdad, impor-
tancia de garantizar protección, integridad
y desarrollo-libertad sexual (consentimiento
informado, embarazo, enfermedades de
transmisión sexual) .
VIII encuentro en Paraguay 2007. Promo-
ción de políticas y planes estratégicos en la
adopción de medidas para lograr el acce-
so a la justicia para las mujeres.
IX encuentro en Guatemala 2008, el tema
“Necesidades de Coordinación y Articula-
ción entre Poderes Ejecutivo y Judicial “, es-
trategias para la incorporación de la pers-
pectiva de género en el quehacer de los
Poderes Judiciales de América Latina.
En el X encuentro de Cartagena, Colom-
bia, noviembre 2009. “Estrategias y políticas
para la incorporación de la Perspectiva de
Género en la Administración de Justicia”, el
compromiso de los Estados en el desarrollo
de políticas y estrategias para el logro de la
igualdad sustantiva de las mujeres, la impor-
tancia y su impacto positivo en los avances
alcanzados en Panamá en este tema.
Congresos Mundiales para el abordaje
de la Explotación Sexual Comercial
de Niños y Adolescentes
Celebrados en Río de Janeiro (2008) y Esto-
colmo (1996). En el primero el objetivo fue
aprobar la declaración y el plan de acción
contra la explotación sexual comercial. Se
asumieron compromisos internacionales, a fin
de eliminar este flagelo en los adolescentes.
Se acordó un plan de acción en nuestros
países para atender esta violación de dere-
chos humanos.
En Panamá obtuvimos como resultado dos
especiales acciones, la creación de la Co-
misión Nacional para la Prevención de De-
litos Sexuales (CONAPREDES) y se dictó la
Ley N° 16 de 31 de marzo 2004 para la pre-
vención y tipificación de delitos contra la
integridad y la libertad sexual.
46
Temas abordados, Explotación Sexual y
sus Nuevos Escenarios; Marco Legal y Res-
ponsabilización; Políticas Internacionales
Integradas; Iniciativas de Responsabilidad
Social y Estrategias de Cooperación Inter-
nacional con diálogos de alto nivel, pane-
les y talleres, destacando la necesidad que
los países del área implementen políticas
enérgicas que contribuyan a erradicar este
flagelo.
Encuentro Nacional e Internacional
de Magistradas y Juezas
Participa como invitada especial (México
2008), “Derechos Humanos en la Adminis-
tración de Justicia”, promover en los opera-
dores de justicia la necesidad de reconocer
el derecho a la igualdad, como eje central
del Derecho a la No Discriminación, el ac-
ceso a la Justicia, tutela judicial efectiva y
la institucionalización de la transversalidad
del enfoque de género en toda la organi-
zación judicial.
Conferencia Internacional de Magistrados Presidentes de Cortes Supremas del Mundo.
Primer Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derecho Reproductivo, 2009.
Conferencia Internacional
de Magistrados (as) Presidentes (as)
de Cortes Supremas del Mundo
Responsabilidad de la Corte Internacional
de Justicia para salvaguardar el futuro de
dos billones de niños y de las generaciones
aún por nacer (Lucknow, India, diciembre
2008). Destaca los principios fundamenta-
les de la Niñez y Adolescencia: no discri-
minación, interés superior, el derecho a la
vida, la supervivencia, desarrollo y respeto
a su opinión y participación.
47
5. APORTES A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1994-2009
En la labor desempeñada a lo largo de su
trayectoria en el Órgano Judicial, la Magis-
trada Arosemena de Troitiño hizo valiosos
aportes en áreas jurisdiccionales y adminis-
trativas, que comprenden la elaboración y
aprobación de un conjunto de Leyes y Có-
digos y la implementación de medidas para
perfeccionar el sistema de reparto, registro
y trámite de sustanciación de los expedien-
tes en sede de la justicia penal.
Entre los principales aportes a la administra-
ción de justicia:
Jurisdicción de Familia
Desde el año 1986 estuvo vinculada a la
discusión y elaboración del proyecto del
Código de la Familia, propuesta que pos-
teriormente se convertiría en la Ley N° 3 de
17 de mayo de 1994, con una importante
labor de asesoría ad-honorem en la Asam-
blea Legislativa.
Estuvo al frente de la implementación de
la nueva legislación, y en la puesta en mar-
Jornada de capacitación sobre Acceso a la Justicia, FEBRERO 2009
Segunda propuesta en la Asamblea Nacional del Código de la Familia, 1987.
cha de la Jurisdicción de Familia y Niñez en
el Órgano Judicial para el año 1995.
Para la efectividad de las leyes contra la
violencia intrafamiliar en las fiscalías, policía,
despachos judiciales para una respuesta
más efectiva, Panamá ratificó la Conven-
ción Interamericana sobre Tráfico Interna-
cional de Menores y Obligaciones Alimen-
tarias con la aprobación de la Ley 37 de 25
de junio 1998 y la Ley 38 de 25 de junio 1998
respectivamente.
Colaboró en los trabajos preparatorios y
de discusión de la Ley N° 18 de 2 de mayo
2001 en materia de adopción que reforma
el Código de la Familia, y posteriormente
en la Ley N° 61 de 12 de agosto 2008, que
adopta un nuevo régimen sobre esta ma-
teria.
En el tema de Violencia Doméstica, en la
Ley N° 27 de 16 de junio 1995 luego modi-
ficada por la Ley N° 38 de 10 de julio 2001
y en la Ley N° 29 de 13 de junio 2002 que
garantiza la salud y la educación de la
adolescente embarazada. En la Ley de Pa-
48
ternidad Responsable, N° 39 de 30 de abril
2003, coordinó el equipo del Órgano Judi-
cial para el análisis de este proyecto de
Ley y en su aplicación sentó las bases de los
criterios jurisprudenciales para su correcta
interpretación en casos concretos.
Participó en la aprobación de los protoco-
los facultativos de la Convención Interna-
cional de los Derechos del Niño, mediante
la Ley 47 de 13 de diciembre de 2000 relati-
vo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía y
la Ley 48 de 13 de diciembre 2000 sobre la
participación de niños en los conflictos ar-
mados.
Coordinó la comisión institucional para la
propuesta de reformas al Código de la Fa-
milia (AECID) 2008-2009.
Como especialista en el tema de Niñez,
promovió la incorporación y aplicación de
los instrumentos internacionales adoptados
en el ámbito americano y en el marco de
la Conferencia de la Haya sobre Derecho
Internacional Privado, especialmente en
los asuntos de Familia, Niñez y Adolescen-
cia (adopción, restitución de menores de
edad, alimentos).
Jurisdicción de Niñez y Adolescencia
En 1995 asume el cargo de Magistrada del
Tribunal Superior de (Menores) de Niñez y
Adolescencia.
Trabajó incansablemente en la puesta en
marcha de la nueva jurisdicción de Niñez
y Adolescencia en el Órgano Judicial, es-
tableciendo directrices y estrategias para
coordinar con las autoridades del antiguo
Tribunal Tutelar la transición que el nuevo ré-
gimen legal establecía.
Foro de Infancia y Adolescencia. MÉJICO 1998
Inicia en 1996 una lucha tenaz en la protec-
ción integral de los derechos de los niños
y adolescentes. Incorpora en el pensa-
miento jurídico nacional, el enfoque de la
protección de los derechos de los adoles-
centes en conflicto con la ley y su inserción
socio-familiar.
Presentó el informe de país ante el Comi-
té Internacional de los Derechos del Niño
(1997), trabajando en su elaboración sobre
la situación de este grupo de la población
panameña.
Formó parte del equipo de investigación Re-
gional de Centroamérica y el Caribe sobre
la violación de garantías fundamentales en
la justicia penal juvenil (ILANUD) 1998, coor-
dinado por Laura Chinchilla (Costa Rica) lo
que le permitió hacer una gira a todos los
juzgados “de menores” para conocer “in
sito” esta realidad jurisdiccional.
Cuenta con un importante número de
trabajos exploratorios y preparatorios en
el tema, múltiples conferencias, escritos y
opiniones que contribuyeron a la toma de
acciones encaminadas a la discusión y de-
bate de una legislación especializada en la
justicia penal juvenil y la protección integral
de la infancia para dotar al país de una le-
gislación cónsona con los tratados de dere-
49
Seminario de Equipos Interdisciplinarios realizado en diciembre 2003.
chos humanos en ese ámbito jurisdiccional,
con la participación y colaboración de ex-
pertos internacionales Edson Seda (Brasil),
Emilio García Méndez (Argentina) y Miguel
Cillero Bruño (Chile).
Lideró el equipo de trabajo del Órgano Ju-
dicial para discutir y redactar el documen-
to que finalmente se convirtió en Ley N°
40 de 26 de agosto 1999, sobre “Régimen
especial de Responsabilidad Penal para la
Adolescencia”.
Paralelamente, formó parte del proceso de
divulgación y formación para la aplicación
de ese nuevo régimen penal, coordinó la
capacitación de los Jueces y las otras de-
pendencias relacionadas con el régimen
(fiscalías, defensorías, policía de niñez y
adolescencia), consolidando una impor-
tante literatura en la Escuela Judicial.
La Ley 40 de 1999 ha sido reformada en tres
ocasiones, asumiendo la Magistrada un li-
derazgo en el planteamiento jurídico sobre
las propuestas y su compatibilidad con los
instrumentos internacionales de derechos
y la Justicia para las personas menores de
edad; su activismo ha continuado hasta la
fecha con motivo de las últimas propuestas
de reformas promovidas por el Órgano Eje-
cutivo este año.
En el año 2003 se logra la creación de las
estructuras judiciales (tribunales, fiscalías y
defensoría) para la aplicación de esta Ley,
en los primeros despachos penales de ado-
lescentes con un plan de traspaso de los
casos atendidos en los antiguos juzgados
de “menores”, tarea en la que tuvo un rol
preponderante en la coordinación de todo
el proceso de implementación, en su con-
dición de magistrada del Tribunal Superior
de esta jurisdicción.
En su gestión 2003-2004, como Presidenta
del Tribunal Superior de Niñez y Adolescen-
cia, dirigió los proyectos de la jurisdicción
en el marco del plan de agilización de la
justicia del Órgano Judicial, en el levanta-
miento de los flujogramas de los procesos
que se atienden, al igual que el Manual de
Buenas Prácticas Tribunalicias y sendas jor-
nadas de actualización permanente.
Un compromiso con la defensa de los dere-
chos de la niñez, la adolescencia, familia,
mujeres, personas con discapacidad, y víc-
timas de los delitos, la han llevado a trabajar
de forma decidida en los distintos esfuerzos
emprendidos para adoptar leyes, que inci-
dan positivamente en el reconocimiento y
protección de este grupo de personas.
En el tema de los derechos de niños (as) y
adolescentes, integró la comisión nacional
de salud para el estudio de la situación ju-
rídica de las niñas y adolescentes emba-
razadas y los derechos a la salud sexual y
reproductiva para la presentación de un
proyecto de ley.
Impulsora permanente de la propuesta de
la Ley de Protección Integral, con sus apor-
tes y participación activa en su elaboración
como una deuda pendiente de la socie-
50
dad panameña, sin alcanzar su debate en
la Asamblea Nacional de Diputados. Su vi-
gencia es compromiso de país en materia
de justicia de niñez.
Representó a Panamá ante el Instituto In-
teramericano del Niño, cuerpo integrante
de la Organización de Estados Americanos
(OEA) especializado en temas de niñez y
adolescencia, reconociéndole su labor por
la niñez latinoamericana.
Colaboradora en el Libro “Infancia, Ley y
Democracia”, de Emilio García Méndez,
principal referente bibliográfico de la si-
tuación de la niñez y la adolescencia en el
continente.
Participó en la elaboración del Informe
Nacional de Desarrollo Humano de nues-
Delegada nacional ante el Instituto Interamericano del Niño, 1997
El Órgano Judicial y el Ministerio Público con el apoyo de UNICEF, llevaron a cabo el conversatorio taller Aplicación del Sistema Acusatorio en la Jurisdicción Penal Adolescente, el día 11 de mayo 2009 en la Ciudad de Santiago.
tro país (octubre 2004) como miembra del
Consejo Consultivo del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con
el tema “De la invisibilidad al protagonismo:
la voz de la juventud”. La consideración del
tema juventud en el marco de este informe
involucra un análisis integral que atraviesa
los diversos problemas sociales; implica ela-
borar un informe con propuestas, cuyo va-
lor agregado sea la síntesis de un proceso
participativo e interactivo a través del cual
se contribuya a crear conciencia, a educar
y a plantear alternativas de beneficio y po-
tenciar las capacidades de la juventud en
la sociedad panameña.
Designada Magistrada de la Corte Supre-
ma de Justicia, Sala Penal, continuó lide-
rando comisiones y grupos de trabajo en el
Órgano Judicial para la discusión de esos
temas. Como parte del Pacto de Estado
por la Justicia (año 2005), asumió el com-
promiso de la revisión de las propuestas de
reformas, planteando acciones concretas
que se incorporaron en el informe final.
Junto a las nuevas responsabilidades como
integrante del máximo tribunal de justicia
del país, en el ámbito de la esfera penal
ordinaria y constitucional, no se desvincula
de los asuntos de niñez, adolescencia y fa-
milia, sino que reconduce su preocupación
51
por el tema, a través de nuevas fórmulas
de respuestas a los usuarios del servicio de
administración de justicia.
Así, promueve la creación de la Unidad de
Acceso a la Justicia y Género, a través de
la cual emprende importantes proyectos
en estos temas, en conjunto con otras de-
pendencias del Estado, de las cuales se es-
peran alcanzar, en corto plazo, propuestas
para una protección integral.
En el Proyecto de “Mejora de la Intervención
con Niños y Niñas en Riesgo Social y Adoles-
centes en Conflicto con la Ley”, asignado
al Ministerio de Desarrollo Social, coordina
las actividades del Órgano Judicial en Ac-
ceso a la Justicia de niños y adolescentes
en procedimientos judiciales, fortaleciendo
las capacidades de los operadores judicia-
les en los mecanismos de tutela efectiva,
elaboración y ejecución de un plan integral
de capacitación
En su gran visión de justicia igualitaria, vin-
cula el Sistema Penal Acusatorio con este
tema, analizando fórmulas para establecer
guías o directrices que permitan la aplica-
ción del nuevo sistema de justicia penal
ordinaria en la esfera penal juvenil, como
modelo garantista.
Ha continuado su labor docente en los
temas de niñez y adolescencia, familia y
mujer, participando en distintos congresos,
encuentros, foros y paneles nacionales e
internacionales; y contribuyendo con en-
sayos, publicaciones jurídicas, memorias y
escritos especializados que ya son recono-
cidos por los organismos nacionales e inter-
nacionales vinculados con la protección y
defensa de los derechos de estos grupos de
la población.
Jurisdicción Penal
En el ejercicio de su designación como re-
presentante institucional para impulsar y
darle seguimiento a los compromisos acor-
dados con el Pacto de Estado por la Justicia,
asume un rol protagónico en la aprobación
e implementación de los nuevos Códigos
Penal y Procesal Penal, organizando y diri-
giendo, en forma activa y tenaz, el grupo
de trabajo para el análisis de los respecti-
vos anteproyectos, y realizando aportes
debidamente sustentados en las corrientes
modernas de estas ramas del derecho ante
la Comisión de Gobierno y Asuntos Consti-
tucionales de la Asamblea Nacional de Di-
putados.
En representación del Órgano Judicial, des-
tacó que el éxito de la implementación de
Seminario: Políticas de Acceso a Servicios Judiciales. JULIO 2009
52
estas nuevas leyes implican un compromiso
internacional y la promoción de una edu-
cación ciudadana en una cultura de de-
rechos.
En el proyecto “Actuación Integral con Víc-
timas de Violencia de Género”, asignado
al Ministerio Público, coordina desde 2005
todas las actividades que atañen al Órga-
no Judicial, ejecutando acciones dirigidas
a contribuir en la mejora y fortalecimiento
del sistema de asistencia a las víctimas de
violencia de género, reduciendo la revic-
timización que éstas sufren al denunciar y
enfrentar el proceso, alcanzados en con-
venio con el Ministerio Público en octubre
de 2009.
Optimización del Desempeño Judicial
A efectos de optimizar la función judicial
promovió aportes significativos para ade-
cuar el sistema a estándares elevados de
eficiencia y calidad, siendo los principales:
a) Implementación de un nuevo modelo
de reparto de expedientes asignados a
la competencia de la Sala Penal. En su
condición de Presidenta de la Sala, mo-
dificó el procedimiento de reparto de
expedientes, estableciendo un método
basado en principios de transparencia,
equidad e igualdad de carga laboral.
El modelo desglosa los negocios por ma-
teria, adjudicándolos por sorteo y equi-
tativamente, entre los Magistrados que
integran el Tribunal; control sobre los im-
pedimentos decretados para sustanciar
las causas, previniendo sobrecarga la-
boral; asigna número de entradas a los
expedientes al ingresar a la Secretaría
de la Sala; y se documentan todas las
incidencias sobrevenidas en el trámite
de reparto.
b) Jornadas de rendición de cuentas.
Participación de la Sala Penal en este
evento en noviembre de 2008 y octubre
de 2009, y organizó el pabellón de la
Sala, ofreciendo al país informaciones
relativas a la actividad jurisdiccional y
de mejoramiento a la administración de
justicia, destacando el marco de com-
petencia funcional, indicadores estadís-
ticos de negocios ingresados y resuel-
tos, audiencias realizadas y proyectos
especiales que adelanta esta máxima
Corporación de Justicia.
c) Optimización del sistema de estadísti-
cas de expedientes de la Sala Penal.
Desarrolla cuadros de seguimiento de
los expedientes asignados detallando
los trámites legales pendientes y el es-
tado procesal en que se encuentran las
causas: ingresos y salidas, resta y suma
por razón de impedimentos; pendientes
de resolver fondo, admisibilidad o en
lectura o firma de la resolución judicial;
los que están en traslado al Ministerio
Público; en notificación; para contra-
proyectar; o en diligencias secretariales
varias (fijación de fecha de audiencia,
transcripción del acto oral, práctica de
pruebas, correcciones, entre otros).
d) Implementación de un sistema de ges-
tión judicial para el manejo de expe-
dientes. Instaura un programa tecno-
lógico que automatiza los trámites de
registro y seguimiento de expedientes
que ingresan al despacho para sustan-
ciar y resolver; genera reportes de expe-
dientes en trámite de lectura y firma; es-
tablece una base de datos que permite
consultar criterios o lineamientos jurispru-
denciales establecidos en determinada
materia; y origina notas estadísticas de
53
Equipo de trabajo del proyecto de fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia.
e) Fortalecimiento y Modernización del
Sistema de Administración de Justicia.
Con el auspicio de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), a través del Fon-
do Mixto Hispano - Panameño de Co-
operación, tiene la coordinación de
proyectos dirigidos a contribuir e incre-
mentar los niveles de transparencia,
seguridad jurídica, de garantía de los
derechos humanos y libertades funda-
expedientes ingresados y tramitados,
del despacho o de otro Ponente miem-
bro del tribunal colegiado.
mentales. Atiende el mejoramiento de
la estructura organizativa, funcional y
de gestión, con acciones que impacta-
ron en la promoción de los Servicios Co-
munes del Órgano Judicial (Centro de
Comunicaciones Judiciales, Centro de
Información y Atención al Ciudadano,
Registro Único de Entrada).
54
6. RESUMEN DE LOGROS
Muchos han sido los logros alcanzados por
la Magistrada a lo largo de su gestión en el
Órgano Judicial, que se sintetizan así:
i. Programas y proyectos para garan-
tizar la protección de los derechos
de los grupos en condiciones de vul-
nerabilidad para ejercer derechos.
ii. Participación como experta en las
comisiones de la Asamblea Nacio-
nal en materia de Familia, Mujer, Ni-
ñez y Penal de Adolescentes.
iii. Lideró la elaboración y aprobación
de la Ley N° 40 de 1999 sobre Régi-
men Especial de Responsabilidad
Penal del Adolescente, así como las
sesiones en la Asamblea Nacional
con motivo de las modificaciones
a dicha Ley. Igualmente, el Código
de la Familia y otras leyes especia-
les.
iv. Creación de la Unidad de Acceso a
la Justicia y Género.
v. Contribución en la elaboración y
aprobación del Código Penal y del
Código Procesal Penal, divulgación
y capacitación.
vi. Resolvió 2,332 procesos como Ma-
gistrada de la Corte Suprema, hasta
el 31 de agosto 2009 (período estu-
diado para este informe).
vii. Impulsó Reformas a la Ley de Carre-
ra Judicial.
viii. Coordinó la Implementación del Sis-
tema Penal Acusatorio.
ix. Coordinó la comisión para la crea-
ción e implementación del Código
de Ética Judicial Panameño, la se-
lección de la comisión y la oficina
de Ética.
x. Dictó aproximadamente 180 confe-
rencias, 100 seminarios a operadores
de justicia y participó en 15 entrevis-
tas.
xi. Propuso durante el período 2008-
2009 un nuevo modelo de reparto y
funcionalidad de expedientes asig-
nados a la competencia de la Sala
Penal.
xii. Estableció un nuevo modelo de ges-
tión judicial para el manejo de ex-
pedientes, llevado a la automatiza-
ción posteriormente.
xiii. En 15 fallos especiales sienta jurispru-
dencia para la aplicación práctica
en la resolución de pretensiones de
similar naturaleza jurídica.
xiv. Destacada participación en foros
internacionales, de encuentros de
Magistradas de Cortes Supremas
por una justicia igualitaria.
xv. Permanente labor docente en la
planta de la Escuela Judicial abor-
dando temas judiciales, legales,
motivacionales y administrativos.
xvi. Impulsora de los movimientos gre-
miales de magistradas (os), juezas
(es). Presidenta en el periodo 1999-
2001.
xvii. Coordinadora de un número plural
de cooperación internacional AE-
CID, Unión Europea, USAID, UNFPA,
UNICEF, ILANUD, PNUD.
xviii. Un número importante de interven-
ciones en los medios de comunica-
ción, programas televisivos, revistas,
radios y entrevistas periodísticas,
informando a la ciudadanía para
una educación legal.
55
7. PALABRAS FINALES
La sociedad panameña ha evolucionado
con el transcurrir de los años, de la misma
forma lo ha hecho la inteligencia, el cono-
cimiento y los valores de nuestros ciudada-
nos y ciudadanas. La ciudadanía de hoy,
reconoce y exige como obligación del Es-
tado proveer los mejores servicios públicos y
rendir cuentas sobre sus actuaciones.
La mujer y el hombre panameño entienden
que a quienes corresponde la conducción
de la vida del país, sus funciones son una
delegación que les hace el pueblo como
“Soberano”. Por ello, los usuarios del siste-
ma judicial demandan servicios modernos,
de calidad y de excelencia. El Órgano Ju-
dicial, como poder del Estado panameño,
es requerido en esta responsabilidad y está
obligado a replantear sus estrategias y ac-
ciones orientándolas a la transformación de
la gestión en la prestación del servicio
Ante tal situación, hay que actuar; dar
muestras que este proceso de cambio inició
y dar a conocer esas acciones, a guisa de
ejemplo, el plan de descarga penal, acce-
so a la justicia para todos los panameños,
vigencia de un Código de Ética Judicial, un
nuevo Sistema Penal, reformas a la Carre-
ra Judicial, la digitalización de los procesos
judiciales y propuestas de leyes en materia
disciplinaria combate efectivo a la corrup-
ción judicial, y de simplificación de proce-
dimientos entre otros, garantía para la vida
democrática.
Con este esfuerzo estamos logrando avan-
ces; pero no se puede bajar la intensidad
para que las actuaciones de las y los servi-
dores judiciales se enmarquen en los princi-
pios éticos; para cambiar la cultura inquisi-
tiva por un sistema más garantista; que los
usuarios puedan seguir sus procesos a través
de los más modernos métodos; la selección
de profesionales más capaces e idóneos;
las auditorías judiciales para rendir cuentas
y una permanente evaluación objetiva del
desempeño fijando los estándares de rendi-
miento y la productividad para premiar la
excelencia.
No obstante lo anterior, faltan muchos retos
por superar. A los ciudadanos (as) le pedi-
mos unir esfuerzos, hacer causa común en
esta responsabilidad de tan alto impacto
social.
Todas estas estrategias están dirigidas a re-
cuperar la confianza y la credibilidad en el
sistema de justicia panameño como la me-
jor vía para el desarrollo y el progreso de la
nación y de su gente.
56
Jueces y juezas no pueden estar compro-
metidos ni responder a intereses particulares
de grupos económicos, políticos, empresas
o gremios, esto evita la justicia selectiva que
cuestiona y no tolera la sociedad que debe
estar vigilante para quienes se designen en
estos cargos sean profesionales probos y so-
bre todo no vinculados a ningún sector de
poder.
Una especial dosis de comprensión porque
los cambios culturales tienen que generase
en las mismas raíces de la institución, en “no-
sotras y nosotros los servidores judiciales”.
A los actuales y futuros miembros del Órga-
no Judicial se les exhorta a que continúen
ese camino en busca de la excelencia que
los seres humanos anhelamos; una adminis-
tración de justicia en equidad, igualdad, sin
discriminación alguna, imparcial e inclusi-
va.
Estoy convencida que un gran número de
nuestros funcionarios tienen ese compromi-
so con la efectividad de la gestión. El paso
que sigue es la grandeza del servicio y el
liderazgo de nuestra institución para el be-
neficio del país, la paz, la vida democráti-
ca y el Estado Constitucional de Derecho.
Siempre manos a la obra y seguir contribu-
yendo para un Panamá mejor “de todas
maneras”.
