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VOL. 3, ENERO - JULIO DE 2016

EDITORIAL 4

EL PORTE DE ARMAS COMO DERECHO DE SEGURIDAD PERSONAL 5Edison Rafael Venera Lora

EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDADFRENTE A LA SALUD PÚBLICA EN BOGOTÁ: Farmacodependencia frente al Derecho a la Salud Pública 15Luisa Daniela Bautista Ruiz; Andrés Felipe Olarte Villalba;

Sergio Andrés Motta Rodríguez.

POSTCONFLICTO Y PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA. 23Mauricio Alfonso Gutiérrez; Alejandra Molina Chaux; Liliana Gonzales López

GLOBALIZACIÓN, AMBIENTE, DESARROLLO Y MULTICULTURALIDAD EN COLOMBIA 31Yuliet Natalia López Villalobos; Jenny Alejandra Rodríguez

Bermúdez; Harry Alexander Moreno Castro

CONTENIDO

VOL. 3, ENERO - JULIO DE 2016

Estimado lector, la tercera edición de la revista VOX LEX trae a usted los mejores trabajos realizados por los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad la Gran Colombia, en el marco del Proyecto Integrador durante el primer semestre del año 2016, además de la inclusión del trabajo de algunos estudiantes de la facultad de Derecho.

Esta es la posibilidad de observar los adelantos académicos y las investigaciones más importantes realizadas por nuestros estudiantes, con la debida orientación de los docentes, además de contar con una estructura teórica y práctica elaborada por la coordinación de investigaciones, unidad que ha colocado los parámetros y ha realizado el seguimiento del proyecto integrador como estrategia académica.

La importancia de investigar, de enterarse de los nuevos enfoques y de estudiar los temas de coyuntura, se ven reflejados en cada uno de los trabajos seleccionados, convertidos en artículos, para su socialización ante la comunidad grancolombiana, a través de éste medio.

Fundamentalmente, la revista VOX LEX exalta el logro de la Universidad al reconocer los mejores trabajos del proyecto integrador y genera la posibilidad de la circulación del conocimiento, todo esto considerando un procedimiento, que inició a finales de enero del 2016, que tuvo una fase de escogencia de las temáticas de acuerdo a los núcleos problemáticos (contemplados desde la Dirección de Investigaciones), llegando al tema a trabajar en el Proyecto Integrador, para que a lo largo del semestre fuera desarrollado con la orientación del docente – tutor, que finalmente, sería socializado, primero en sus respectivas aulas de clase a inicios de mayo del 2016, y que posteriormente, de acuerdo a la escogencia de los tutores del proyecto integrador, fueran postulados para el segundo Encuentro del Proyecto Integrador y sus mejores representantes, realizado el día 25 de mayo del 2015.

A continuación se presenta los trabajos que por su excelencia fueron escogidos para la presente publicación.

EDITORIAL

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VOL. 3, ENERO - JULIO DE 2016 5

EL PORTE DE ARMAS COMO DERECHO DE SEGURIDAD PERSONAL

Edison Rafael Venera Lora

RESUMEN

Desde hace algunos años en nuestro país, algunos gobiernos, han venido adoptando medidas en materia de seguridad como la restricción del porte de armas a nivel nacional. Esta medida ha generado una discusión en diferentes escenarios de la vida política, económica y social del país. Este trabajo pretende mencionar algunos autores que en su contexto histórico reafirman el derecho de seguridad personal como un derecho fundamental inherente al ser humano. Así mismo, citar algunas normas nacionales e internacionales que respaldan este derecho en mención. Hacer referencia de algunas leyes y decretos que restringen el porte de armas en Colombia. Así mismo, es importante mostrar la percepción de seguridad que tiene un sector de la población colombiana en los últimos años, basado en algunos estudios realizados por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) y que permite conocer el panorama nacional en lo que se refiere a la seguridad personal. Por último, se hará algunas conclusiones referentes al tema planteado en este trabajo.

Palabras claves:

Gobiernos, seguridad, porte de armas, derecho fundamental, inherentes al ser humano, seguridad personal, percepción de seguridad.

ABSTRACT

For several years in our country, some governments have been taking steps on security as restricting carrying of weapons at the national level. This has generated a discussion on different scenarios of political, economic and social life of the country. This paper aims to name a few authors in their historical context reaffirm the right of personal security as a fundamental right inherent to human beings. Also, cite some national and international standards that support this right in question. Referencing of some laws and decrees that restrict the carrying of weapons in Colombia. It is also important to show the perception of security that has a sector of the Colombian population in recent years, based on studies by the National Department of Statistics (DANE) and that allows to know the national scene in regards to personal safety, Finally, it makes some conclusions concerning the issue raised in this paper.

Keywords:

Governments, security, carrying weapons, fundamental right inherent to human beings, personal security, security perception.

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I. Introducción

En el presente ensayo se hace un análisis exhaustivo sobre la restricción del porte de armas que ha ordenado el gobierno central, regional y local en los últimos años en Colombia, los beneficios y las consecuencias de estas medidas que han sido motivo de discusión en diferentes escenarios de la vida política, económica y social del país. Citaremos algunas referencias históricas y normas nacionales e internacionales que serán la base para la argumentación del presente ensayo. También citare algunos resultados estadísticos que nos llevaran a conocer la percepción de seguridad personal que tienen algunos sectores de la población en nuestro país.

EL PORTE DE ARMAS COMO DERECHO DE SEGURIDAD PERSONAL.

La restricción del porte de armas que ha ordenado el gobierno central, regional y local en los últimos años en Colombia, ha sido motivo de discusión en diferentes escenarios de la vida política, económica y social del país. Algunos estudios de expertos coinciden en que existe una correlación entre menor número de homicidios y restricción en el porte de armas en Colombia y en el mundo. Aseguran que la restricción del porte de armas reduce los índices de inseguridad en el país. En un país como Colombia, donde los índices de inseguridad no son los mejores para dar un parte de tranquilidad a los ciudadanos, se hace necesario que estos de alguna manera puedan tomar las medidas necesarias para proteger su integridad personal y la de su familia.

Dentro de las medidas de seguridad para la protección de la integridad de una persona cuando está expuesta, es el porte de un arma personal. Esto es lo que permite desplazarse con sensación seguridad a cualquier lugar. En consecuencia, existen razones ideológicas y políticas para el porte de armas, en especial para personas de los gremios, empresarios y políticos a los que por su condición son más vulnerables a ser víctimas de la inseguridad de este país. Así mismo, existen razones culturales pues en algunas regiones del país como en el Departamento de la Guajira portan un arma por tradición. Por último, tenemos unas razones económicas la cual son de mucho sustento.

Ante esta situación, muchos ciudadanos que por alguna razón necesitan del porte de su arma personal, ven con preocupación que la restricción del porte de armas ordenada por el gobierno, afecta la seguridad personal de los ciudadanos. No entienden que si la medida adoptada es para garantizar la seguridad en un país con un alto índice de inseguridad, pues no bastaría solo con la restricción del porte de armas.

Con base a lo anterior, se hace necesario analizar si la restricción del porte de armas, garantiza la seguridad de la población civil en un país con alto índice de inseguridad. Así mismo, es importante conocer si existe alguna medida que pueda reemplazar la restricción del porte de armas y que permita garantizar la seguridad de la población civil.

¿Garantiza la seguridad de la población civil la restricción del porte de armas?

II. Origen del derecho de seguridad personal.

El hombre a través de la historia ha mostrado un desarrollo intuitivo que le ha permitido distinguirse de las demás especies que habitan sobre la tierra, dentro de ese desarrollo se encuentra el instinto de conservación que con

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ello ha logrado su permanencia como centro de todo lo creado.

Engels (1884) en su obra “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, describe como la especie humana desde su estado natural tiene la necesidad de sobreponerse a las condiciones de indefensión ante las inclemencias de la de la naturaleza. Con el tiempo adecuan y emplean ciertos instrumentos en piedras y madera que serían de gran utilidad para la pesca y la cacería. Más adelante implementarían armas (arcos, flechas, lanzas, garrotes) que eran utilizadas para defenderse de los ataques de animales salvajes que eran la amenaza constante para estos y la amenaza que existían entre los mismos hombres en ese periodo. Engels, además de hablar de los periodos primitivos del hombre los cuales llamo: “estado salvajismo, estado barbarie y civilización”; describe la organización de la gens iroquesa, la gens griega, la gens romana que conformarían las familias para luego llegar a ser las bases de la creación de lo que hoy en día se conoce como Estado.

Etimológicamente podemos decir que la palabra seguridad es derivada del término securitas, que significa la cualidad del cuidado de sí (Libreros, 2012).

Thomas Hobbes en 1651, cuando planteó que la existencia del mismo sólo es justificable ante los ciudadanos por causa de su deber de suministrarles seguridad. La seguridad es pues, junto a la ley, el orden y la justicia, uno de los servicios estatales básicos, cuyo suministro funcional y efectivo es propio de los Estados fuertes, y por lo tanto, su contradictorio, la inseguridad se encuentra visiblemente palmaria en estructuras estatales debilitadas (Hobbes, 1.651, capítulo 17, p. 163).

Con base a los trabajos realizados por Hobbes podemos decir que el hombre nace con el derecho de la libre protección para su conservación. “Dado que un hombre tiene derecho a perseguir un fin, pero ese fin no se puede lograr sin emplear los medios, esto

es sin las cosas necesarias para el fin, resulta lógico pensar como razonable y adecuado que un individuo se sirva de todos los medios y realice cualquier acción necesaria para conservar su cuerpo” (Hobbes, 1.640, capítulo 14, p. 172).

Para el período de la Edad Media, en Inglaterra surge el derecho de poseer armas, precedentes del derecho anglosajón (Common Law) y la monarquía parlamentaria. Este derecho era relacionado con el servicio militar debido a la ley que promulgó el rey Enrique II en 1181 en la que todo hombre era libre a tener armas al servicio del rey (García, 2012).

Posteriormente, el derecho a poseer armas fue llevado a los países de occidente como Estados Unidos, Canadá. En Estados Unidos fue promulgado el 15 de diciembre de 1791 en la segunda enmienda de “la Carta de Derechos” como es conocida. Artículo cuarto “..... Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido” (Bill of Rights, 1791). La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en su sentencia del 28 de junio del 2010 dice que “ninguna ley estatal o local puede restringir el derecho a poseer o portar armas que reconoce la Segunda Enmienda” (Monge, 2010).

III. Normas nacional e internacional de seguridad personal.

Para el caso colombiano, existen unos instrumentos internacionales que consagran el derecho a la seguridad personal y que vinculan de manera directa al Estado los cuales son incorporados por medio del llamado bloque de constitucionalidad, concepto definido por la corte constitucional como:

(…) aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, es utilizada como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la constitución. Son pues verdaderos principios y

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reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de forma diversos al de las normas del articulado strictu sensu. (M.P. Monroy, M. C-067/03).

Lo anterior, se encuentra consagrado en el inciso segundo, del artículo 93 de la carta política (Const., 1991, art.93) en el cual se establece: (…) “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

En lo que concierne al tema de la reglamentación de los derechos ciudadanos, en los instrumentos internacionales tenemos como referencia, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948), que en su artículo 3, establece: “Toda individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Colombia está obligada a hacerlos respetar en el interior de su territorio para todos sus habitantes por encontrarse adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Otro instrumento internacional es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político (PIDCP, 1966), el cual consagró el derecho a la seguridad personal en su artículo 9, precedido por el derecho a la libertad personal, de la siguiente manera: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. (…)”. El Comité de Derechos Humanos es el órgano encargado de velar por su aplicación, estando facultado para conocer de las violaciones a los derechos establecidos en el Pacto.

Así mismo, el derecho a la seguridad personal se encuentra reconocido en el sistema interamericano por medio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone en el inciso primero de su artículo 7: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” Pacto de San José (PSJ,1969) .

IV. Leyes y decretos que restringen el porte de armas 2014-2016

La constitución política (C.P), en su Artículo 223 cita: Sólo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.

Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creado o autorizado por la ley, podrán portar armas bajo el control del gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.

En el Decreto Ley 2535 de 1993 en su Artículo 32º, habla sobre la competencia el cual dice:Son competentes para la expedición y revalidación de permisos para tenencia y para porte de armas y para la venta de municiones y explosivos en los lugares que determine el Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes autoridades militares: El Jefe del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las unidades operativas menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los Ejecutivos y segundos comandantes de unidades tácticas en el Ejército Nacional o sus equivalentes en la Armada Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. (Decreto Ley, 2535, 1993, art. 32).

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Por otra parte, en el Artículo 41 Decreto Ley 2535 de 1993 (Decreto Ley, 2535, 1993, art. 41), hace referencia sobre la Suspensión, el cual estable:Las autoridades de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993, podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autoridades, también podrán ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales, previo concepto del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las condiciones que dieron origen a la concesión original han desaparecido.

Si el titular del permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no devuelve el arma a la autoridad militar competente en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la disposición que la ordenó, procederá su decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Cuando la suspensión sea de carácter general, los titulares no podrán portar las armas.

Parágrafo 1°. Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa Nacional.Parágrafo 2°. La autoridad militar que disponga la suspensión general de la vigencia de los permisos, podrá autorizar o no de manera especial o individual el porte de armas a solicitud del titular o del gobernador o alcalde respectivo, previo estudio detallado de las circunstancias y argumentos de seguridad nacional y seguridad pública que la invocan.Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional a través de las autoridades contempladas en el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993 podrá prohibir en algunas partes del territorio nacional el porte y/o tenencia de armas de fuego a las personas naturales, jurídicas y extranjeras.

Se exceptúan a las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada y los departamentos de seguridad debidamente constituidos ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y autorizadas por esta.

Las personas que al entrar en vigencia esta medida de suspensión disposición, contemplada en este parágrafo, y tengan en su poder o porten armas de fuego con permiso vigente, deberán presentarlas entregarlas en la Unidad Militar de su jurisdicción dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de esta disposición, por lo cual se les reconocerá una compensación en dinero por cada arma entregada, conforme a la tabla de avalúo del comando de las Fuerzas Militares establecida y se les descargará del sistema.

Actualmente se encuentra en vigencia la Ley 1119 de 2006: “Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones”.

Por último, tenemos el Decreto N° 0155 del 2016 (Decreto 0155, 2016, art. 1) en su Artículo 1, el cual nos dice:Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto Ley 2535 de 1993, en concordancia con el artículo 10 la Ley 1119 de 2006, adoptarán las medidas necesarias para la suspensión’ general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de las autorizaciones especiales y de las excepciones correspondientes

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V. Percepción de seguridad personal en Colombia y los efectos generales de la restricción del porte de armas.

En los últimos años, el gobierno colombiano, ha tratado de hacer un control de las armas de fuego mediante la restricción a los permisos de porte como una estrategia muy común para lograr la reducción de los niveles de violencia en las ciudades del país; esto ha creado un descontento entre las personas de bien porque consideran que esta política no ha demostrado un impacto real frente a la delincuencia y a la reducción del delito dejando a los ciudadanos sin ningún medio de defensa personal a la merced de los delincuentes armados con armas ilegales que burlan todo tipo de control.

Según los resultados publicados Departamento Nacional de Estadística (DANE) sobre una encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana de los años 2012-2014. Permite tener una información estadística sobre la percepción de seguridad de la ciudadanía y caracterizar las dinámicas delictivas del hurto (residencias, personas y vehículos), las riñas y la extorsión. La encuesta se realizó entre julio y agosto del 2012 a personas de 15 años y más en 25 ciudades del país (abarcadas en 20 dominios), y fue aplicada a 173.489 personas en 48.410 hogares y a hogares en las cabeceras de las 28 ciudades se realizó durante los meses de abril a junio de 2015 y se indagó por los hechos delictivos ocurridos durante el año 2014. La encuesta fue aplicada a 232.665 personas residentes habituales de 67.988 hogares. (Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2012,2014).

Con esta encuesta las autoridades a nivel nacional y local, pueden tener un panorama sobre la ocurrencia de delitos en las ciudades, también arrojan información sobre la percepción que tienen los ciudadanos acerca de las autoridades partícipes en la prevención y la persecución de la criminalidad. (Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2012).

En el año 2012, los hallazgos de la encuesta presenta los siguientes resultados: La determinación de una tasa de victimización del 20%. Las ciudades con mayor tasa de victimización como Pasto (33%), Bogotá (25%), Popayán (23%), Cali (21%) y Villavicencio (20%). Las ciudades con menores resultados como Bucaramanga, Sincelejo (ambas con 11%), San Andrés (8%) y Cartagena (7%). Como observación especial añade el DANE, que del total de encuestados que reportaron haber sido víctimas de delitos, tan solo un 24,5% hubiera reportado haber interpuesto la correspondiente denuncia penal. (Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2012).

que durante estas fechas expidan las mismas, por razones de urgencia o seguridad de los titulares.

Adicionalmente, existen otras normas a nivel local en materia de restricción del porte de armas tales como: Bogotá: Resolución Nº 0008(2015), Cali: Resolución Nº 027 (2015), Medellín: Resolución Nº 0008 (2015), Tuluá: Resolución Nº 17 (2014), Cúcuta: Resolución Nº 0011 (2014), Versalles-valle: Resolución Nº 21 (2014), San Pedro-Valle: Resolución Nº 22 (2014), Tunja: Resolución Nº 015 (2014), Huila: Resolución Nº 009 (2014), Valledupar: Resolución Nº 022 (2014), Córdoba: Resolución Nº 11 (2014).

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Gráfico N°1. Estadística de victimización del año 2012

Gráfico N°2. Estadística percepción de inseguridad del año 2012

El delito de mayor ocurrencia fue el hurto a personas, con un 13% de los encuestados como víctima, resaltando el 46% como modalidad el atraco a mano armada, seguido por el denominado ‘cosquilleo’ y por el “raponazo” (cada uno con un 19% de ocurrencia). (Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2012).

Por otra parte, la encuesta dejó como hallazgo la percepción de la inseguridad entre la ciudadanía. Dando como resultados a nivel nacional que un 61% de los encuestados manifestaron sentirse

inseguros en sus ciudades, siendo aquellas con los registros más altos: Pasto (79%), Bogotá (74%), Cali (70%), Barranquilla (68%) y Neiva (66%); mientras que las de menores resultados fueron Armenia (28%), Manizales (23%) y San Andrés (22%).

Los encuestados manifestaron que los lugares en los que se sienten inseguros eran la vía pública con un (74%), el transporte público (61%), las plazas de mercado o calles comerciales (52%) y los cajeros automáticos en la vía pública (46%). (Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2012).

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Gráfico N°4. Ciudades de mayor y menor percepción de seguridad del año 2012 y 2014.

Gráfico N°2. Estadística percepción de inseguridad del año 2012

Para el año 2014 el panorama no es muy alentador. Los datos obtenidos por la encuesta son: Durante el 2014 el 17,3 % de las personas de 15 años y más sufrieron al menos un delito para el total de 28 ciudades. Esto representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales con respecto al 2013, cuando la tasa se ubicó en 18,2 %. Por su parte, el 2,7 % de los hogares en las 28 ciudades reportaron haber sufrido de hurto a residencias, es decir, 183 mil hogares, disminuyendo 0,6 puntos porcentuales. Así mismo, el hurto a personas se redujo en un 0,7 %, ya que el 10,5 % de las personas de 15 años y más informaron haber

sufrido este hecho durante el año 2014. Por otro lado, la tasa correspondiente a riñas y peleas presentó una disminución de 0,3 puntos porcentuales al ubicarse en 1,9 %. La extorsión o intento de extorsión que presentó la tasa de delito más baja con 1,0 % durante el año de referencia 2014, sube frente al 2013 cuando se registró un 0,8%. En las 28 ciudades objeto de estudio se encontró que 23,9 % de las personas de 15 años y más que sufrió algún delito durante 2014 denunció el hecho. Las tasas de denuncia de hurto a residencias y extorsión o intento de extorsión fueron las más altas con 26,7 % y 31,8 %, respectivamente. El DANE resalta que la percepción de inseguridad continúa siendo tres veces mayor a la tasa real de ciudadanos afectados por un delito, ya que un 61,4 % de los encuestados tienen esta percepción pero sólo el 17,3 % han sido afectados. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Bogotá con el 81,6 % y Soacha con el 68,7 %; mientras que las que presentan la menor percepción son San Andrés con el 24,4 % y Manizales con el 26,7 %.

Dentro del hurto a personas, que afecta al 10,5% de las personas en las ciudades estudiadas, el atraco fue la modalidad más frecuente (48,6%), seguida por el cosquilleo (22,3 %). Otro resultado para destacar está relacionado con las causas de las riñas y peleas, donde el 50,3 %, se producen en respuesta a agresiones verbales y actitudes irrespetuosas. En contraste, la menor causa es por el uso de sustancias psicoactivas o por el consumo de bebidas alcohólicas. (Departamento Nacional de Estadística [DANE], 2014).

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VI. Conclusiones

El hombre antropológicamente nace con el derecho de seguridad personal, es un derecho fundamental porque es inherente en el ser humano, le pertenece a toda persona en razón a su dignidad, es reconocido dentro de las normas nacional e internacional que obligan al Estado colombiano a hacer efectivo su cumplimiento.

La restricción total del porte de armas no puede ser tomada como el mecanismo ideal para dar solución a los problemas de inseguridad del país sin haber agotado los que están creados para tal fin, ya que esto sería un método facilista del accionar del Estado frente a la delincuencia a sabiendas que cuenta con instituciones capacitadas conformadas con personal calificado de alto nivel que pueden adelantar trabajos de investigación y control del accionar delincuencial de una manera eficiente sin violentar ningún derecho fundamental. Es recomendable que se diseñen controles estrictos para el porte de armas y evitar que la delincuencia pueda acceder a esta ya sea en forma legal o ilegal. De continuar estas medidas de restricción total del porte de armas, nos llevaría a hacernos los siguientes interrogantes: ¿con qué herramientas legales cuenta el ciudadano de bien para la protección personal frente a la delincuencia?, ¿qué alternativas ofrece el Estado para garantizar el derecho a la seguridad personal?

El Estado por medio de la honorable institución como lo es la Corte Constitucional, obliga a todas las autoridades del Estado a hacer efectivo el goce del derecho fundamental a la seguridad personal, brindando protección especial y adecuada cuando un ciudadano se encuentre expuesto a riesgos excepcionales (Libreros, 2012). De igual forma, es evidente que el Estado conserva el monopolio del mercado de las armas y en este recae la responsabilidad de ejercer el debido control de las mismas, garantizando permanentemente el derecho de seguridad personal.

También, se puede observar que sigue existiendo una alta percepción de inseguridad en el país que ha aumentado por diferentes factor sociales como el desempleo, la pobreza, inoperancia del sistema penal acusatorio, hacinamiento carcelario y la falta de implantación del gobierno de programas de salud pública para el tratamiento de las personas con problemas de salud mental originados por la violencia física, psicológica, sexual y comunitaria entre otros. Se hace necesario que el Estado a través de las autoridades adopten todas las medidas necesarias para frenar esta amenaza, diseñar estrategias que apunten a la reducción del delito, elaborar planes interinstitucionales para enfrentar la delincuencia con efectividad, elaborar programas sociales que permitan generar oportunidades de empleo, educación y desarrollo. De igual forma, se deben establecer políticas eficientes en el sistema penal y carcelario para que las personas que están privadas de la libertad tengan un adecuado proceso de resocialización, de esta manera se logrará reducir los índices de inseguridad en cada una de las regiones del país.

Por último, no se puede negar que con el uso legítimo de las armas se ha logrado proteger los derechos en todo el mundo, la independencia y respeto entre las naciones; acontecimientos que ha aportado al desarrollo de la humanidad. Cuando el hombre pierda el derecho a defenderse, buscará todos los medios para mantenerse.

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VII. REFERENCIAS

VOL. 2, JULIO – DICIEMBRE DEL 2015 15

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EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD FRENTE A LA SALUD

PÚBLICA EN BOGOTÁ: Farmacodependencia frente al Derecho a la Salud Pública

Luisa Daniela Bautista Ruiz; Andrés Felipe Olarte Villalba; Sergio Andrés Motta Rodríguez

Resumen

El controvertido tema de la Farmacodependencia es una problemática que es percibida por cada uno de los ciudadanos de la ciudad de Bogotá y que a la gran mayoría por no decir a todos afecta. Esta problemática se ve reflejada con mayor frecuencia en los habitantes de calle, quienes la mayoría de ellos son farmacodependientes. Esta visión de la problemática es por la que la mayoría de ciudadanos se ven afectados, debido a que estas personas se ven agredidas diariamente por los habitantes de calle quienes al estar inmersos en la farmacodependencia acuden al “limosneo”, que se convierte en una forma obligada para los ciudadanos de darle a estos sujetos lo que estén pidiendo ya que lo hacen de una manera violenta y grosera y en la mayoría de las oportunidades si no se les brinda “la ayuda” optan por la agresión.

La problemática puede verse reflejado uno de los sectores urbanos reconocido como la “L” o el “Bronx”, identificado por los vínculos de negocios ilícitos y delincuencia común que se presentan dentro de este, con 4.000 habitantes y una numerosa población flotante que aumenta esta cifra. Está ubicado entre la calle novena y la calle décima y entre la carrera quince y la carrera quince, en la localidad de los Mártires. En esta zona se evidencia una gran pobreza, precarias condiciones de salubridad y su mayor actividad gira en torno al tráfico y consumo de sustancias psicoactivas.

La facilidad con la cual las personas pueden tener acceso a una determinada sustancia, fue identificada como un factor de riesgo que aumenta las posibilidades de la práctica del consumo, en la medida que existen condiciones favorables para disponer de estas.

Se puede precisar que la problemática estudiada y sus múltiples manifestaciones constituyen un problema mundial, en el que los intereses económicos, políticos, sociales y culturales convergen. Siendo la salud un producto y proceso de la sociedad civil, local, nacional e internacional, en el que intervienen relaciones equitativas con el entorno ecológico, social y cultural, es una finalidad social del Estado, en condiciones de gobernabilidad, y un componente del orden público necesario para la convivencia y la paz social.

Palabras claves:

Farmacodependencia, salud pública, Estado, problemática,


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Abstract

The controversial issue of Drug Dependence is a problem that is perceived by each of the citizens of Bogota and the vast majority if not all affected. This problem is reflected most frequently in street dwellers, which most of them are drug addicts. This view of the problem is that the majority of citizens are affected, because these people are assaulted by street dwellers who are immersed in the drug come to “limosneo” which becomes a form daily required for citizens to give these guys what they are asking as they do in a violent and rude manner and in most of the opportunities if they are not given “aid” choose aggression.

The problem may be reflected one of the urban areas recognized as the “L” or “Bronx”, identified by the ties of illicit businesses and ordinary crime that occur within it, with 4,000 residents and a large floating population increases this figure. It is located between Ninth and Tenth Street and street race between fifteen and fifteen race in the town of Martyrs. In this area great poverty, poor sanitation and increased activity revolves around the trafficking and consumption of psychoactive substances is evident.The ease with which people can access a given substance was identified as a risk factor that increases the chan-ces of the practice of consumption, to the extent that there are favorable conditions to dispose of these.

You can specify the problem studied and its many manifestations are a global problem, in which economic, politi-cal, social and cultural interests converge. Being health product and process civil, local, national and international society, which involves equitable relations with the ecological, social and cultural environment, is a social purpose of the State, in terms of governance, and a component of the order public need for coexistence and social pea-ce.

Keywords:

Drug addiction, problems, citizens perceive affects business, poverty, precarious illegal problematic.


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Introducción

La farmacodependencia es un problema de Salud Pública que atenta contra el derecho a la salud, al ser una dolencia que afecta gravemente la autonomía de las personas y su capacidad de decidir, colocándolas en un estado de debilidad, por tal motivo debe ser tratada como uno más de los problemas de salud que afecten el bienestar de las personas.

Es deber del Estado brindar los tratamientos a aquellas personas que se encuentren en tal situación de vulnerabilidad frente a las sustancias psicoactivas, descritas como una enfermedad psiquiátrica que afecta la autodeterminación y la autonomía de las personas que la padecen.

En épocas pasadas, la Salud Pública no se consideraba como un factor importante en la actividad social y la Seguridad Pública, sólo se limitaba a evitar desórdenes y actividades de los hombres que alterasen el orden público.

Respecto a la afrontación de la problemática, no solo se acude a la normatividad legal, sino que también se han tratado de desplegar diferentes alternativas en ámbitos como el religioso, educativo y lo represivo, entre otras. A través de la historia se han ido promoviendo diferentes mecanismos para la atención de este fenómeno, a causa del cual se han expedido leyes, decretos, jurisprudencias, sentencias, etc., donde el tema del consumo de sustancias psicoactivas ha sido crucial. A pesar de la normatividad existente respecto al tema, sigue siendo un fenómeno discutido no solo a nivel nacional sino también internacional por el carácter global que contiene.

En el campo jurídico cuando se habla de Seguridad Pública comprende toda actividad que sea capaz de desplegar el Estado, para que factores básicos como lo son la paz, el orden, la tranquilidad y la salud de los ciudadanos se mantengan dentro de los índices satisfactorios.Ante la extensión del fenómeno, se han tenido que implementar políticas y leyes cuyo objetivo es a brindar atención integral y el tratamiento que se le debe dar a estos sujetos, ante esto, se han establecido diferentes normas, entre ellas la ley 1566 de 2012, la cual garantiza el acceso a la atención a las personas farmacodependientes, para recibir la atención necesaria en las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Para poder establecer dichas normas, se ha recurrido a realizar diversos Estudios de Consumo de Sustancias Psicoactivas, tomando como referencia los más actuales siendo estos los del año 2009 y 2012, que han servido para la comprensión y orientación de fórmulas de Políticas Públicas.

Estos datos han servido para la comprensión de esta problemática, respecto al consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, datos que fueron obtenidos de la Política Pública para la Atención y Prevención del Consumo y la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C, elaborada por la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Educación en el mes de octubre del año 2011.


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FARMACODEPENDENCIA FRENTE A LA SALUD PÚBLICA

Esta investigación permite describir las características de una problemática que es percibida por los habitantes de la ciudad de Bogotá y del resto del país, y que a la gran mayoría de los habitantes afecta, utilizando para ello criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la realidad estudiada, usando como material a la misma población, estudios y estadísticas realizadas por el Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho – Observatorio de drogas de Colombia y el Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; ya que el tema no permite tener un objeto material de estudio considerando que es algo que se evidencia con frecuencia en la sociedad.

Para ello fue necesario recurrir directamente al eje del problema, para poder determinar y tener indicios acerca de las opiniones y conocimientos que se tienen. La ciudad de Bogotá, cuenta con información amplia respecto al tema del consumo de sustancias psicoactivas, a través de la cual es posible precisar la magnitud del fenómeno y sus características.

Estos datos han servido para la comprensión de esta problemática, respecto al consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, se establece que cerca de 145.000 personas entre las edades de 18 y 24 años en los cuales se ve reflejado el consumo. Siendo la marihuana la sustancia de mayor consumo, con una aproximación de 125.000 personas, de los cuales alrededor de 70.000 pueden ser considerados como dependientes. En el segundo lugar, se encuentra la cocaína, con cerca de 28.000 personas, de las cuales alrededor de 16.000 personas se ubican en la dependencia. El bazuco se reporta con una aproximación de 7.000 personas de los cuales 5.800 son considerados como dependientes, estos datos fueron obtenidos de la Política Pública para la Atención y Prevención del Consumo y la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C, elaborada por la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Educación en el mes de octubre del año 2011.

Se cuenta también con la información frente a la oferta y disponibilidad de sustancias ilícitas, expresando las personas la facilidad de adquirirlas. Sin embargo, este fenómeno en la ciudad no es reciente, debido a que las diferentes administraciones han dado respuesta con el fin de reducir el impacto negativo que trae consigo esta problemática, viéndose vulnerados los derechos de todos los habitantes de la ciudad.

Las acciones que con este propósito se han desarrollado tienen como soporte la legislación vigente acerca de este tema, como lo es el decreto 048 del 2009, que reglamenta la creación del Consejo Distrital de Estupefacientes que tiene como principal objetivo la construcción de una Política Distrital de Drogas.

Las sustancias psicoactivas son un conjunto de sustancias extraídas de plantas o fabricadas en laboratorios que producen fuertes efectos en el Sistema Nervioso Central afectando la percepción, cognición, estado de ánimo y la conducta. Dependiendo al tipo de efecto que produzcan estas sustancias sobre el Sistema Nervioso Central pueden clasificarse como depresoras, cuando disminuyen, bloquean o debilitan funciones superiores y básicas del pensamiento; o estimulantes, cuando activan o sobre estimulan las funciones nerviosas antes mencionadas. Así de acuerdo con la manera de cómo estas sustancias alteren o modifiquen el sistema nervioso central variarán los efectos de la sustancias.


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El fenómeno del consumo está relacionado con diferentes factores como lo son el económico, social y cultural por lo cual no debe darse por desconocida la estrecha relación que mantiene con el mercado que las ofrece.

Lo que se pretende con esta investigación es, poder reconocer la responsabilidad por parte del Estado frente al fenómeno de la farmacodependencia y sus implicaciones frente a la problemática, con el propósito de que se construyan alternativas para afrontar la producción, el tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas de este modo generar un control que se puede ver reflejado con el manejo médico y lugares específicos para su consumo, de este modo se buscaría proteger los derechos fundamentales siendo una finalidad del Estado velar y garantizar su cumplimiento.

La facilidad con la cual las personas pueden tener acceso a una determinada sustancia, fue identificada como un factor de riesgo que aumenta las posibilidades de la práctica del consumo, en la medida que existen condiciones favorables para disponer de estas.

Como consecuencia a lo anterior se puede ver reflejado uno de los sectores urbanos reconocido como la “L” o el “Bronx”, identificado por los vínculos de negocios ilícitos y delincuencia común que se presentan dentro de este, con 4.000 habitantes y una numerosa población flotante que aumenta esta cifra. Está ubicado entre la calle novena y la calle décima y entre la carrera quince y la carrera quince, en la localidad de los Mártires. En esta zona se evidencia una gran pobreza, precarias condiciones de salubridad y su mayor actividad gira en torno al tráfico y consumo de sustancias psicoactivas.

El propósito de la investigación es reconocer la responsabilidad por parte del Estado frente a la farmacodependencia como un problema de Salud Pública además de esto recopilar las investigaciones previas acerca del tema, para poder comprender la

extensión de la problemática, criticando las Políticas Públicas establecidas hasta el momento por la falta de aplicación, reflejada en el fenómeno presentado actualmente.

Por tanto, como conclusión de la investigación, se puede precisar que la problemática estudiada y sus múltiples manifestaciones constituyen un problema mundial, en el que los intereses económicos, políticos, sociales y culturales convergen, y dependiendo de cómo cada sociedad se dirige frente a estos intereses se podrá entrar analizar si el Estado de dicha sociedad garantiza los derechos individuales de salud de sus habitantes. Siendo la salud un producto y proceso de la sociedad civil, local, nacional e internacional, en el que intervienen relaciones equitativas con el entorno ecológico, social y cultural, es una finalidad social del Estado, en condiciones de gobernabilidad, y un componente del orden público necesario para la convivencia y la paz social.

I ACUDIENDO A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE CONFORME A LA FARMACODEPENDENCIA

El derecho a la Salud Pública es un derecho fundamental autónomo, el cual pretende asegurar “un estado completo de bienestar físico, mental y social, dentro del nivel posible de salud para una persona”. Es una obligación del Estado, la de velar por la prestación del servicio de salud a cada uno de sus habitantes.

Debido a que la adicción a sustancias psicoactivas es considerado como una enfermedad que afecta la salud mental de las personas, es reconocido dentro del ámbito del derecho de protección a la salud, por lo cual se debe incluir la garantía de acceso a tratamientos a los sujetos que padezcan afectaciones psicológicas y físicas, derivadas del consumo de este tipo de sustancias.

Adicionalmente la Ley 1566 de 2012, reconoce que el consumo, abuso y adicción de estas sustancias, es


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un asunto de salud pública, por tanto el abuso y adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado,

“Reconózcase que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental y para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social” (Ley 1566, 2012, artículo 1)

Además de lo anterior, las patologías derivadas del consumo, abuso y adicción, deberán ser atendidas de forma integral por las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud o las instituciones públicas o privadas especializadas para el tratamiento de dichos trastornos.

Quien debe garantizar los presupuestos para el acceso a los servicios descritos es el Gobierno Nacional, dando prioridad a los menores y a las poblaciones que presenten mayor grado de vulnerabilidad.

II DISCUSIÓN EN MESA: LA FARMACODEPENDENCIA UN TEMA DE GRAN CONTRO-VERSIA EXPUESTO EN NUESTRO SISTEMA JURISPRUDENCIAL

Ante la situación del Libre Desarrollo de la Personalidad frente a la Salud Pública, se han emitido varios fallos en relación a la Salud Pública como un Derecho fundamental.

Se tomaron como referencias las sentencias proferidas por la Corte Constitucional

“…la drogadicción severa es un problema de salud pública, ha considerado que debe ser atendido por el sistema de seguridad social en salud. En efecto, se trata de una enfermedad crónica que no sólo tiene manifestaciones físicas, sino que afecta la autodeterminación y autonomía de los sujetos que la padecen. Es dable afirmar que “quien sufre de farmacodependencia es un sujeto de especial protección estatal, pues a la luz de la Carta Política y de la jurisprudencia constitucional, se trata de una persona que padece una enfermedad que afecta su autonomía y autodeterminación, pone en riesgo su integridad personal y perturba su convivencia familiar, laboral y social…” (T-043, 2015)

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Es preciso aclarar en todo caso que, el consumo de drogas tiene distintos niveles y no en todos los casos es posible hablar de adicción severa; solo cuando el individuo ha llegado al punto en que su adicción domina su comportamiento y su vida diaria es posible hablar de enfermedad y cuando ésta es grave puede llevar incluso a la locura o la muerte.

“…Dado que, la adicción a sustancias psicoactivas es una enfermedad que afecta la salud mental de las personas, la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional han reconocido que dentro del ámbito de protección del derecho a la salud, se debe incluir la garantía de acceso a tratamientos integrales para los sujetos que padecen afectaciones psicológicas, e incluso físicas, derivadas del consumo de este tipo de sustancia. Adicionalmente, en el año 2012, el Legislador, a través de la Ley 1566, reconoció que el consumo,


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abuso y adicción de estas sustancias “es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos y por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado…” (T-153, 2014)

III LA FARMACODEPENDENCIA REFE-RENCIADO EN LA DOCTRINA COLOM-BIANA

Considerando la salud como un Derecho individual y colectivo, es un bien de interés público, producto del proceso de la sociedad civil, dinámico e integral en la que intervienen las relaciones equitativas y sustentables con el entorno ecológico, cultural, productivo, científico y tecnológico, es una finalidad del Estado, en condiciones de gobernabilidad y un componente del orden público necesario para la convivencia y la paz social.

Los principios antes mencionados tienen como fundamento al ser humano y elementos que desde diferentes interpretaciones y posiciones conceptuales, han venido siendo aceptados, dado que se definirán teniendo como objetivo la interrelación de la Salud Pública y el Estado, esta última concepción de la salud la que en mayor medida orienta la definición de los principios.

“… En la dimensión jurídica, la salud unida a la vitalidad de los seres humanos es un derecho humano individual y social. El derecho a ser atendido cuando se está enfermo o a ser rehabilitado cuando las enfermedades han dejado secuelas, el derecho a que la salud sea prevenida y promovida o el conjunto de acciones y procedimientos, que el Estado y demás responsables, deben realizar para prever o contrarrestar factores que la ponen en riesgo o desarrollar factores protectores, o incidir en condiciones que conducen a mejorar condiciones y estilos de vida y bienestar…” (Malagón Londoño- Galán Morera, La Salud Pública)A pesar de su indiscutible interrelación de la salud como vitalidad humana individual y colectivo, con el

derecho fundamental a la vida, que consagran casi o todas las constituciones, en el mismo sentido que el concepto de salud, el concepto de derecho a la salud no es una categoría técnica, que se haya aceptado o se acepte a nivel teórico y menos en una práctica.

En el campo del Derecho cuando se habla de Seguridad Pública, se entiende toda actividad que ejerce el Estado, para que factores básicos como son la paz, el orden, la tranquilidad y la salud del pueblo, se conserve dentro de índices satisfactorios, que le permitan a los ciudadanos desarrollar sus actividades para su bienestar personal, familiar y social.

“…Entonces, seguridad pública significa lo fundamental y lo básico que debe tener la comunidad como prerrogativa, y que se refiere a esos aspectos tan trascendentales e indispensables a que se ha hecho mención…” (Rueda Ardila Martha, Delitos y Contravenciones que atentan contra la Salud Pública, Universidad la Gran Colombia)

El concepto anteriormente desarrollado, tiene fuerza vinculante en la Carta Política, establecido en el artículo 2 inciso 2,

“…Las autoridades de la republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares…” (Artículo 2, Constitución Política de Colombia)

La Constitución al imponer al Estado el deber de velar por la vida del pueblo a través de las autoridades, indica que deben proveer lo necesario para que la vida sea tutelada y se garantice para su desarrollo, además de esto ha de precaver los atentados directos contra ella, bien sea por otras personas, o por factores que puedan entorpecerla, disminuir o agotarla.


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“…Velar por la vida, trae consigo también, velar por la salud de las personas en sentido comunitario y colectivo que el Estado debe tener la oportunidad de cumplir, a través de los medios, campañas y reunión de esfuerzos. Tener derecho a la vida, es tener derecho a las condiciones mínimas indispensables para que ella se prolongue en el tiempo que sea adecuad…” (Rueda Ardila Martha, Delitos y Contravenciones que atentan contra la Salud Pública, Universidad la Gran Colombia)

Referencias Bibliográficas

Ley 1566 (2012).

Ley 1453 (24 de junio de 2011).

Decreto 1108 (31 de mayo de 1994).

Ley 30 (31 de enero de 1986).

Decreto 048 (18 de febrero de 2009).

Sentencia T-153 (13 de marzo de 2014).

Sentencia T-043 (4 de febrero de 2015).

Sentencia C-221 (5 de mayo de 1994).

Sentencia T- 578 (26 de agosto de 2013).

Sentencia T-949 (19 de diciembre de 2013)

Rueda, M.G. (1984). Presentación. En M.G. Graciela, Delitos y Contravenciones que atentan contra la Salud

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POSTCONFLICTO Y PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA.

Mauricio Alfonso Gutiérrez; Alejandra Molina Chaux; Liliana Gonzales López

Introducción.

Con respecto al actual tema de los procesos de paz en Colombia, se conoce desde su historia el claro interés mostrado por el pueblo y el gobierno colombiano frente al cese de los conflictos armados los cuales han sido motivos de gran peso desde la segunda mitad del siglo XX para el deterioro social y cultural de nuestro país. La violencia se puede tomar como el origen de una nueva época la cual se toma como un movimiento el cual adquiere fuerza justo en el momento en que es asesinado el líder político del partido liberal Jorge Eliecer Gaitán el cual desata una gran “hecatombe” frente la cavilación urbana y rural la cual es tomada como cuna de las autodefensas campesinas, comunistas y liberales.

Se empiezan a conocer los grupos revolucionarios como el ELN, EPL, FARC y el M-19, todo esto causado por la consolidación del Frente nacional en 1958, con estos grupos en 1984 el gobierno de Betancur realiza el primer acuerdo de cese de fuego con las FARC en donde el principal objetivo era levantar la democracia y a su vez promover garantías las cuales incluyeran en la actividad política a los integrantes que decidieran dejar las armas.

Los intentos realizados por los gobiernos para mediar los procesos de paz en Colombia, se han caracterizado por su desorden, anomalías frente a las zonas tratadas y el claro incumplimiento de las FARC frente al significativo aumento de la actividad paramilitar el cual desata secuestros, asesinatos y embestidas contra los civiles, lo cual se ha convertido en el pan de cada día, con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se introduce la política de seguridad

democrática. Este gobierno es uno de los que muestra “un notorio avance” en su mandato frente a las negociaciones y acuerdos de paz gracias a la implementación de la ley 975 de 2005 en donde se dictan condiciones requeridas para la reincorporación de los miembros de grupos armados al margen de la ley, los cuales proporcionen una colaboración en la formación de la paz nacional solicitada y requerida por las disposiciones entre los acuerdos humanitarios. A su vez se da inicio a la desmovilización de más de 30.000 integrantes de las autodefensas colombianas, y la entrega de varios cabecillas paramilitares

El principal objetivo a tratar en los acuerdos de paz, es la libración de los secuestrados ya que la tasa en desaparición forzada cada vez es mayor, los procesos son medidas que en ciencia acierta afirman la construcción de confianza con respecto al cumplimiento por ambas partes (Gobierno nacional y las FARC), en donde la fe de los colombianos aumenta y su vez creencia en el gobierno y su poder.

A si mismo Andrés Pastrana y Manuel Marulanda entran en la gestión de negociaciones las cuales se inician en 1997, en donde el apoyo de gobiernos internacionales es notorio, pero estos diálogos presentaron inoportunas situaciones las cuales surgen de la autorización dada por Andrés Pastrana para llevar los diálogos a la región del Caguan la cual se otorgaría como zona desmilitarizada.

Acorde con esta negociación el Caguan toma popularidad por su mayor acierto frente a los intentos realizados en cuestiones de paz, el desarrollo en esta

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zona se da desde 1998 hasta el 2002, esta negociación se da en medio de los enfrentamientos militares a nivel nacional exceptuando la zona de despeje la cual se comprendía de los municipios La Uribe, Mesetas, La macarena, Villahermosa, y San Vicente del Caguan.

Se define la Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia en donde se tocan temas como los derechos humanos, la explotación de recursos naturales, la estructuración económica y social, entre más temas de interés internacional y militar.

Se logra llegar a esta negociación gracias a que la sociedad civil se pronuncia contra el conflicto armado por medio del Voto por la paz en 1997, en donde se establece el encuentro entre ambas partes para asi aclamar por parte del gobierno el freno de acciones de guerra las cuales llevaran acuestas la PAZ reclamada por el pueblo colombiano.

La ruptura trae como consecuencia la desconfianza total con respecto a los procesos de paz, llegando hasta tal punto que el gobierno y las FARC fortalecieron sus acciones para así retomar las acciones armadas las cuales mandan al piso el avance logrado en este intento.

Colombia, tras vivir un poco más de medio siglo entre conflictos, por no decir que más de un siglo, da apertura a un nuevo proceso de paz, recalcando que es el tercer intento de los mismos, quizás esta vez más probable, sin embargo no solo tenemos que hablar de paz como el fin de un conflicto, ya que la naturaleza del colombiano está adaptada al comportamiento y al estilo de vida violenta, adicionando que pese a que actualmente se negocia con las FARC, quedan otros grupos existentes con ideología izquierdista, grupos paramilitares y narcotraficantes, sin embargo esto abre una brecha a una nueva etapa para la sociedad colombiana y para reformas en este país, sin embargo el cambio no está solo allí, ya que el primer paso está en el comportamiento de nosotros los colombianos, eso dará apertura a cualquier tipo de paz, porque como bien es sabido, la libertad de uno termina en donde empieza la del otro, claramente esto nos muestra que esa libertad no solo incluye esta, también pretende recalcar algo así como, la tolerancia hacia el otro, el proceso que se lleva a cabo actualmente es el que más probabilidades de paz ofrece y muchos colombianos esperamos a que se llegue a ese acuerdo.

Desde 1953, los proceso de paz en este país se han realizado o al menos intentado, sin embargo muchos de ellos no han salido exitosos y claramente destacando unos más que otros; precisamente ese año en 1953 Guadalupe Salcedo, uno de los principales líderes, en la época de las guerrillas liberales tras el bogotazo, quien consiguió de manera exitosa un acuerdo con el presidente de ese año, el general Rojas Pinilla, en donde él expide el decreto 1456, el cual perdonaba a los alzados en armas y terminar de esa forma, la violencia bipartidista de esos años, en 1954 expide un decreto nuevo, el 1823, el cual consistía en dar perdón en su totalidad a los “violentos , sin embargo el acuerdo nunca dio frutos, ya que los reinsertados, es decir los pertenecientes a los ejércitos liberales, fueron asesinados y la paz se hizo esperar.

Cuatro años después, el decreto 1718, da la creación de la Comisión Especial de Rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia, que también se volvería propuesta para nuevos acuerdos, esto dio apertura a un espacio político para los armados, esto se vio derrumbado, puesto a que se presentaron acusaciones de formación de repúblicas independientes, que dieron paso a la verdadera represión y seis años el nacimiento de las FARC.

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Pregunta delimitada: ¿En qué medida influye la política frente a la sociedad del Caguan jurídicamente, teniendo en cuenta la trascendencia de los procesos de paz a partir del realizado en el gobierno de Andrés Pastrana Arango hasta el año 2015?

A lo largo de los años, la sociedad colombiana ha tenido que ir adaptándose al entorno violento, que posee nuestra sociedad, claramente los “violentos” con móviles sociopolíticos y económicos, algunos con ideología socialista y otros con móviles en contra de los movimientos socialistas, como los paramilitares, tras eso los distintos gobernantes de este país, han intentado dar fin a este conflicto mediante acuerdos o procesos de paz, bien sabido es que solo uno exitoso hasta ahora, que fue con el movimiento 19 de abril, M-19.

Los intentos de este proceso se remontan desde mediados del siglo XX, con el entonces “dictador” Rojas Pinilla, quien intento en múltiples ocasiones la paz, con las guerrillas liberales, siendo frustradas por parte de la oposición conservadora y los asesinatos a los líderes liberales, tristemente los conservadores hasta hoy tienen el amplio domino en nuestra sociedad, creando consigo una división aun existente en nuestro país, aclarando que al hablar de conservadores no me refiero en exclusiva a este partido, sino más bien a la antigua clase política de Colombia, quien se niega a dar paso a la nueva generación y sus cambios. Tras el fracaso del proceso de paz, Rojas Pinilla, crea el denominado Frente Nacional, mecanismo que consistía en alternar poderes, entre los liberales y los conservadores, durante 16 años este mecanismo; dando consigo el surgimiento de las FARC y otros grupos guerrilleros como el ELN,M19, la EPL y otros. Tras 30 años aproximadamente, Belisario Betancur, como presidente de Colombia, impulsa un proyecto de amnistía, es decir una extinción de la responsabilidad penal, de los cargos que presentaran los violentos, dicho proyecto paso de ser un simple proyecto, a convertirse en ley, ley que buscaba traer consigo la desmovilización de lod grupos insurgentes de esos

años, adicional a eso creo la Comisión de Paz, quien supervisaba y se encargaba de propiciar y generar los acuerdos de paz con los principales líderes guerrilleros, cabe aclarar que en los denominados procesos participaron los grupos insurgentes, tales como las FARC, EPL, M-19, ELN Y ADO, quienes en algún momento del proceso, dieron cese al fuego y tregua, bueno hasta ahí todo iba bien, pero ¿por qué fracaso? En 1984 se firmó el acuerdo de la Uribe con las FARC, el cual daba un cese al fuego, el cual facilitaba el tránsito de la vida militar, este año el M-19 y la EPL, ese mismo año surge el partido político UP, conformado por ex miembros de los múltiples grupos insurgentes de la época, hasta ahí todo iba bien, salvo que desde el principio de la gestión de Betancur, no tuvo ninguna clase de apoyo político para emprender el denominado proceso, por supuesto gran parte de la oposición a dicho proceso es el partido conservador, ya que iba en contra de sus ideales, negociar con grupos comunistas, además de que en la época se estaba desencadenando la guerra fría y claramente el partido conservador, apoyaba los intereses norteamericanos y se oponían a los soviéticos, misma guerra pero con los partidos políticos de esta país entre los miembros de derecha y los comunistas, adiional a eso Belisario, tampoco tuvo apoyo de su mismo partido, ya que estaban enfocados en otros intereses, por ejemplo Turbay, se interesó más en su denominado estatuto de seguridad.

Así pues, el intento de conciliar con los miembros de los insurgentes, se vio ampliamente reducido y la paz se fue alejando, adicional a eso, a través de que las conversaciones se realizaban, los múltiples grupos insurgentes aumentaban en cantidad sus ejércitos y junto con esto, su preparación militar, su armamento y su poderío económico; el ejército también se opuso al proceso en un principio de forma moderada y ya el final de forma extrema, ya que este evitaba que el ejército siguiera su lucha anticomunista en el país, pero esta oposición no llego sola, ya que el ejército aumento su lucha en contra de los movimientos insurgentes en el país, creando consigo, pero el motivo que dio fin en su totalidad al intento de paz,

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fue la toma del palacio de justicia por parte del M-19, con un intento de presionar a Betancur con su punto de vista, respecto al movimiento y su proceso de paz, además del crecimiento del narcotráfico en el país y los opositores a la desmovilización de los insurgentes en el país, las FARC, era algo así como el dicho “tira la piedra y esconde la mano” ya que mientras dialogaba para conseguir la paz, también organizaba asambleas y debates los cuales, buscaban o no incluir al narcotráfico, en sus intereses y la UP y su unión con el movimiento guerrillero, incluso algunos miembros de la guerrilla deseaban seguir en la lucha y conseguir el poder con las armas. Las negociaciones dieron fin con el rompimiento de la tregua con las FARC, ya que ellos incrementaron sus armamentos e incorporaron al terrorismo como parte de su estrategia, creando ya no solo un grupo insurgente en pro de la revolución sino más bien un grupo narco-terrorista y desde ese momento el inicio del dominio del conflicto en Colombia, sin embargo un grupo si conseguiría llegar a acuerdo, durante la presidencia de Virgilio Barco, a finales de los 80, el M-19, se desmoviliza y en el 89 empiezan a negociar la paz, sellando esa negociación en 1990. Un mes después Pizarro, principal líder del grupo, sin embargo esto no acabo la negociación y el M-19, se convirtió en un movimiento político fundamental, para la construcción de la constitución de 1991, junto al M-19, el movimiento EPL consiguió el mismo acuerdo el 16 de mayo del mismo año, ese mismo año, también Colombia tendría un nuevo presidente, Cesar Gaviria quien posibilito nuevos diálogos, pese al bombardeo de la “casa verde”, bombardeo que se dio el 9 de diciembre de 1990, en los campamentos de las FARC, además de que allí fue el detonante del crecimiento del conflicto en los siguientes años, dos años después, entre abril y junio de 1992 el gobierno establece negociaciones con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar conformada por las FARC, el ELN y algunos miembros de la EPL, en México, la agenda de negociaciones, abarcaba diez puntos a tratar, pero las negociaciones se fueron al piso puesto a que se secuestró al ex ministro Argelino Durán, por los guerrilleros del EPL, siendo concluidos el 4 de mayo de 1992, Gaviria y su gabinete, consiguen acuerdos con el partido revolucionario de los trabajadores, el “Quintín Lame”, una parte del ELN y EPL, mientras las FARC continuaban combatiendo.

Andrés Pastrana, llegaría al poder entre 1998 y 2002, llevó el último intento de negociaciones de paz con las FARC, encaminando incluso su plan de gobierno en la búsqueda de paz, denominando su proceso, como el proceso de paz del Caguán , fue así que se creó una zona de distensión, es decir una zona más flexible y más pacífica, zona que poseía cerca de 42000 kilómetros cuadrados, espacio donde habían cinco municipios de Meta y Caquetá, la agenda de las negociaciones, tenía diez puntos a tratar y se le llamó política de paz para el cambio, en ella se tomaron en cuenta los derechos humanos, reformas políticas y agrarias, paramilitarismo, derecho internacional humanitario y otros tópicos, sin embargo este proceso no tuvo una organización optima y la falta de voluntad de las FAR, adicionando la improvisación del estado, junto con este proceso se incrementó el paramilitarismo, secuestros, extorsiones, asesinatos y ataques a los civiles.

Llega el año 2002 y con este el secuestro del ex congresista Luis Eduardo Gechem, en un vuelo comercial que iba a cargo de los guerrilleros de las FARC; el 7 de agosto de 2002 subiría al poder uno de los presidentes más controversiales, por no decir que el más, en la política colombiana, Álvaro Uribe Vélez, implementando en su gobierno la política de Seguridad Democrática, en su mandato las negociaciones se desviaron y ya no fueron con los miembros de los grupos insurgentes, sino con los paramilitares del país, que tras la lamentable creación de la ley de “justicia y paz” en 2005 se desmovilizan cerca de 30.000 miembros del partido político del presidente o más bien de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, entregándose los principales paramilitares. Con las FARC, los únicos acercamientos que hubo, fueron acuerdos humanitarios para liberar secuestrados, por otro lado se trató de dialogar con miembros del ELN, pero resultaron fallidos por desacuerdos entre las partes.

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Actualmente Juan Manuel Santos, presidente de la nación, abrió el camino para un proceso de paz con los miembros de las FARC, dando inició el 4 de septiembre de 2012 y con los avances muy significativos, se han tratado múltiples acuerdos, entre los que cabe mencionar: La política de desarrollo agrario integral, la cual busca dar acceso y uso a la tierra, lo que para muchos críticos e historiadores es el principal detonante de los conflictos latinoamericanos, destacando que no solo las FARC hablan de desigualdad rural, ya que Santos afronto el mayor paro agrario del país por lo cual los afectados directos, muestran su inconformidad con la explotación de la tierra, el objetivo de este es crear una reforma agraria, la cual busca cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, para erradicar la pobreza y promocionar el campo, también buscan fortalecer la economía de la población rural, y desde el mismo estado reconoce y promueve las zonas de reserva campesina.

El segundo punto, trata la participación política que busca lograr un acuerdo entre gobierno y FARC, el 8 de diciembre de 2013, siendo uno de los avances más amplios en la historia de la participación e inclusión en el país, además de buscar nuevos partidos políticos, se les ofrecerán curules especiales en la cámara, para las regiones más golpeadas del conflicto, siendo curules temporales para que no represente un paso directo de las FARC, al congreso, ya que todos deben regirse bajo la democracia, sin lugar a dudas, el acuerdo en la “solución al problema de las drogas ilícitas” es un gran avance para dar por terminado el negocio del narcotráfico, que tan mala fama le ha proporcionado a Colombia fuera del país, este tema, seguramente, será materia de análisis en el exterior y de controversia para la clase política tradicional, en el interior del país; lo que falta por negociar es difícil de acordar, pero algunos aspectos de esos puntos ya han sido abordados en la mesa de La Habana y no se descarta, según el Gobierno y la misma guerrilla, que antes de finalizar este año se firme el acuerdo final para terminar el conflicto, por eso, Santos advirtió: “Esto es lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra”.

Por primera vez en Colombia se discute el fin del conflicto, convirtiéndose en una acuerdo sin precedentes, entre lo planeado, se busca pactar un cese bilateral al fuego, el abandono de las armas y la reintegración de las FARC y con ella se tratara la situación de los presos de la guerrilla, tanto así que otro punto es la inclusión de las víctimas del conflicto en el proceso, aunque las FARC, se autodenominan como las primeras víctimas y en parte es cierto, al menos en la opinión de este autor, ya que ellos iniciaron como un grupo campesino, en pro de sus derechos e ideales políticos en contra de un gobierno opresor, por sus ideales, el problemas está en que la víctima se convirtió en victimario, además en mi opinión la guerra nunca trae consigo nada bueno, sea el ideal o móvil de lucha que sea, porque para demostrar un punto no se necesitan balas, ya que no se puede hablar con un difunto, sin embargo bien sabido es que cuando se levanta en armas el pueblo es porque ya es necesario ya que sus ideales están siendo censurados o acabados, solo ahí hallo una causa justa, pero en mi opinión las FARC pudo haber hecho mucho más en el congreso si hubiera luchado en un principio como partido político, que en la selva, quizás me equivoco, ya que su lucha inició con el asesinato del líder oposición a los conservadores Jorge Eliecer Gaitán y quizás sino se hubiera luchado seguiría el asesinato de líderes, pero la lucha en la selva a menos a mi opinión personal pudo esperar un poco más.

Ahora volviendo a los acontecimientos, quienes estarán en las mesas de negociación serán: Por el Gobierno encontramos como el jefe de la delegación a Humberto de la Calle, ex constituyente, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz; Frank Pearl, titular de este cargo en la administración Uribe; Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, y los generales en retiro Jorge Enrique Mora, del Ejército, y Óscar Naranjo, de la Policía. Por parte de las FARC Iván Márquez, será quien lidere los negociadores de este movimiento, de quien se ha dicho que es escéptico frente al proceso, Marco León Calarcá, de la Comisión Internacional;

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Andrés París, quien negocio en él Caguán y Ricardo Granda, también en labores internacionales. Las FARC han pedido la presencia en la mesa, así sea virtual, de ‘Simón Trinidad’, preso en Estados Unidos, aún no está claro si el Gobierno estudia fórmulas para buscarla. Los negociadores están entre los 50 y los 60 años y son la generación urbana y universitaria de las FARC, casi todos provenientes de las filas de la Juventud Comunista de los años 80. El único miembro realmente veterano entre ellos es el llamado sargento Pascuas, fundador de esta guerrilla junto a ‘Tirofijo’.

El proceso está dividido en tres fases, la primera tuvo lugar en La Habana, Cuba, y llevó a una agenda común para terminar el conflicto, la segunda, que se inicia en Oslo y se traslada al cabo de un par de semanas a La Habana, es la negociación propiamente dicha y para ser más explicitó la más decisiva puesto a que esta debe ir por el camino hacia un acuerdo sobre los cinco grandes temas en discusión y sobre los mecanismos para que cese la guerra y por último en la fase final, cesarían las hostilidades, las FARC se desmovilizarían y se aplicarían los acuerdos alcanzados y los mecanismos de verificación acordados, el proceso estaba presupuestado en ser finalizado antes de las elecciones del presente año sin embargo, por ser reelegido Santos y por no concluir en su totalidad los acuerdos, se extendió hasta nuevo aviso, sin embargo la agenda dictamina que se deben culminar en el menor tiempo posible.

Ahora el ELN, que aunque ha manifestado su interés y ha hablado de conformar una mesa única, esto no sólo no se ha acordado, sino que cabe preguntarse si sería lo más indicado. A diferencia de las FARC y pese a ser mucho más débil militarmente, el ELN mantiene sin cambios su idea de hacer una convención nacional para discutir el fin del conflicto, un modelo muy distinto del acordado ahora con las FARC. Sin embargo, los hombres de ‘Gabino’ (máximo comandante del ELN), que han negociado sin resultado con cuatro gobiernos desde 1991, quizá terminen aceptando que este es el último bus en el que pueden subirse. Un proceso con ellos es importante pero hay mucho

escepticismo dentro del Gobierno dado que ese grupo guerrillero es muy dado a la retórica y podría empantanar las negociaciones con las FARC, junto al ELN los miembros del EPL, presentaron una propuesta similar a la del ELN.

Por ahora la población colombiana, estamos a la expectativa de conseguir el fin de un conflicto de cerca de más de 60 años esperando que esta vez, sea posible conseguir la paz y que este no solo abra una brecha a nuevas negociaciones con, los otros grupos insurgentes y con los grupos paramilitares, adicional a eso que abra una brecha para nosotros los colombianos para que nosotros también entremos en una cultura de paz y de convivencia ciudadana, que se rija bajo la tolerancia, porque si eso se da la verdadera paz estará allí, por ahora no cabe más que esperar, a continuación haremos una comparativa con otros procesos de paz:

Irlanda: Tras una ardua lucha en contra del poderío británico y de la división religiosa que atravesó ese país desde épocas remotas, no hay lucha más difícil que la lucha que hay entre compatriotas, sin embargo al menos en mi opinión Irlanda consiguió, su objetico que era obtener su liberta del que la corona inglesa, denomino “Reino Unido”, porque el móvil que hacia la lucha en este país no era más que su soberanía, motivo suficiente para que el

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CONCLUSIONES.

Para concluir podemos decir que, en este proyecto a medida que fuimos investigando nos dimos cuenta que los procesos de paz en Colombia han tenido muchas falencias en cuanto a su ejecución, el antiguo proceso fallido fue en el gobierno del ex presidente Pastrana, en el cual se tenían muchas esperanzas y expectativas, pero este fue todo un fracaso, ya que se caracterizó por el desorden que se presentó tanto por parte del estado, como también de las FARC, el incumpliendo de este grupo revolucionario y el aumento de la actividad paramilitar hacia la población, fueron puntos clave para que este no se pudiera llevar acabo, ya que se esperaba un comportamiento pasivo por parte de ellos, pero el resultado fue todo lo contrario.

Pero a pesar de todo esto, vale rescatar y valorar el trabajo del ex presidente Pastrana, ya que antes del actual proceso, ese ha sido el que más avances había tenido y en el cual nos habíamos acercado a la añorada paz que desea Colombia.

Después del fallido intento, llega el actual presidente de la Republica Juan Manuel Santos, buscando poder dar fin al conflicto, que por más de 50 años se ha visto sometido el país, buscando la paz y la equidad para la población, aprendiendo de los errores del pasado, con objetivos claros comienzan nuevos diálogos, esta vez ya no se llevan a cabo dentro del país, designando una zona desmilitarizada como lo fue antiguamente en la región del Caguán, sino que las mesas de dialogo se trasladan a la Habana Cuba, lo cual hace que el proceso de paz actual tenga más garantías debido a que se está desarrollando en otro país y cuenta con veeduría a nivel internacional, y aunque en el pasado proceso de paz, Colombia contaba con el apoyo de ciertos países, esta vez involucra a muchos más entes internacionales como; Brasil, Ecuador, Argentina, Venezuela, Cuba, Estado Unidos, Reino Unido y España. Lo cual hace que la interferencia de terceros estados y de actores garantes sea fundamental para darle credibilidad al proceso, y aunque esto es un aspecto bueno, lo mejor es limitar la participación internacional a pocos países, ya que la paz es un asunto netamente de los colombianos, quienes hemos tenido que sufrir en carne propia la guerra y todos los conflictos que se han desatado de ella por más de medio siglo somos los que tenemos que buscar soluciones y alternativas para lograr nuestra anhelada paz.

En el actual proceso de paz, aún están pendientes muchos temas por definir, ya que las partes mantienen diferencias, como; la dejación de armas, los secuestrados, el comando de transición, y la reinserción a la vida civil. Se ven diferencias y puntos vista muy lejanos unos de otros, ya que los guerrilleros no aceptan todas las culpas y condiciones que dice el gobierno, esto hace que veamos cada vez más lejos la posible “Paz para Colombia” de la que tanto habla el gobierno y dice que estamos próximos a obtener, mientras que los guerrilleros sostienen que todavía no estamos en la recta final.

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Referencias Bibliográficas

El proceso de paz fracasado de Belisario Betancur, Ricardo Acuña, http://contrapunto.co/index.php?module=no-ta&i=38-el-proceso-de-paz-fracasado-de-belisario

Aprender del pasado: Breve historia de los procesos de paz en Colombia (1982-1996), Mark W. Chernick, Universidad de los Andes, http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/241/1.php

Avance de los diálogos de paz con FARC favorecen inicio de negociación con ELN, 27 de febrero 2014, http://www.elespectador.com/noticias/proceso-de-paz/avances-dialogo-de-paz-farc-favorecen-inicio-de-negocia-articulo-477659

El ejército ataca casa verde, periódico El Tiempo, 10 de diciembre de 1990, http://www.eltiempo.com/archivo/documen-to/MAM-34015

Procesos de paz en Colombia, http://www.fcm.org.co/Documents/Historia%20de%20los%20Procesos%20de%20Paz%20en%20Colombia%20MF.pdf

Lo que ya se ha pactado en la mesa de diálogos en Cuba, El Tiempo, 17 de mayo de 2014, http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-lo-que-ya-se-ha-pactado-en-la-habana/14002257

Cronología del proceso de paz entre Gobierno y Farc http://www.latinamericanstudies.org/colombia/cronologia.htm

Proceso de paz en colombia http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/colombia/marco.htm?pagina=./documentos/proc eso.htm&marco=frame1.htm.

1997, Un proceso de paz en Europa, John Hume, pagina 18-23, editorial planeta.

Guerrillera, mujer y comandante de la revolución sandinista 1978; Leticia Herrera, editorial Arezzo, pagina 27-32.

Rigoberta Minchu, hacia una cultura de paz, 2002, paginas 17,19,32; editorial: libro México

Papeles para la paz, Otto morales, Banco de la república; 1920, capitulo D (parte 1)


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UN ENFOQUE SISTÉMICO A LA ARTICULACIÓN DE CONCEPTOS

SOBRE LA TEORÍA DE TÍTULO Y MODO EN EL DERECHO

Landazábal Velásquez, Jaime Mauricio; Forero Ávila, Claudia Patricia; Rodríguez Alba, Nicolás Sebastián

Introducción

El impacto de las TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) es indudable en cualquiera de los frentes de acción en el marco de cualquier disciplina. El derecho no es ajeno a ésta realidad, y en consecuencia, las TICs han contribuido a la gestión y optimización de procesos y procedimientos que antes hubiesen sido impensables. Estos aportes también pueden ser enfocados desde la aplicación de nuevos métodos que armonizan múltiples conceptos, siendo éstos en abstracto difíciles de relacionar, pero que con la ayuda de nuevas formas de clasificación e indexación de datos facilitan su aplicación en el campo pedagógico y profesional, constituyéndose entonces las TICs en instrumento generador de conocimiento y herramienta clave para el análisis e interpretación de información en el ámbito jurídico.

La Universidad La Gran Colombia, dentro de su misión institucional consagra “(…) A partir de la docencia, la investigación y la proyección social se promueve el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, respondiendo a los desafíos de la globalización desde el contexto local y nacional. (…)” (Universidad la Gran Colombia, 2016, pág. 8). Es así como dentro del marco general de la misión institucional se fomenta la investigación con el Proyecto Integrador, definiéndose éste como “Una estrategia y fundamento de los procesos de producción, evolución y transmisión del conocimiento, los cuales se traducen en acciones de búsqueda, compilación y manejo de información a fin de contribuir al avance de las comunidades para alcanzar mejores niveles de vida, en particular está asociada con el desarrollo de las habilidades investigativas en los estudiantes del programa, desde las problemáticas y temáticas de cada una de las líneas de investigación”.

Entendiendo entonces el objetivo general del Proyecto Integrador, y su clara vocación de acción que inspira, éste trabajo investigativo aplicado al derecho, y en concreto a la aplicación de las TICs tiene un enfoque sistémico articulador de conceptos en el área de Bienes para la clasificación de conceptos que confluyen en las etapas del negocio jurídico.


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Pregunta Delimitada

Abordar la problemática de la clasificación de información proveniente de diferentes fuentes como lo son la Constitución, la Ley, La doctrina y la jurisprudencia puede ser una labor titánica. El avance de las TICs en materia de organización y clasificación de información relacional y otra orientada a objetos, permite hacer un análisis sesudo de toda la información disponible, y convierte a los dispositivos electrónicos en herramienta indispensable para visualizar en forma cada vez más sintética y funcional la información que difícilmente tras largas investigaciones y procesos lógico-deductivos permiten al jurista establecer relaciones conceptuales transversales a todas las fuentes del derecho. Tomando como base lo anterior ¿Cómo la las TICs pueden aportar al derecho para articular y analizar la multiplicidad de conceptos las relaciones entre ellos presentes en la teoría del título y modo en el derecho civil colombiano?

Hipótesis

Las TICs como herramienta predominante en el análisis de información en la actualizad, ofrecen un marco perfecto para la implementación de soluciones que permitan interrelacionar los conceptos que están presentes en el proceso de formalización del negocio jurídico. Por consiguiente, la formulación de una solución fundamentada en la clasificación relacional de conceptos con la ayuda de motores de bases de datos y aplicaciones basadas en algoritmia con reglas de negocio, permitirán identificar en forma eficaz y eficiente las diferentes etapas del negocio jurídico con los conceptos aplicables a cada una de ellas. De la misma forma, es posible en forma reversa, a partir de un concepto identificar la teoría del título y modo aplicable a esa categoría.

Argumentos de la Hipótesis

Una solución basada en software para la clasificación de información e identificación de las relaciones existentes entre los conceptos aplicados a la teoría

del título y modo en el derecho civil, agiliza y simplifica la misión tanto del docente del área como la del profesional del derecho para señalarlos en forma sintética y organizada.

La implementación de las TICs en el mundo del derecho son en esencia herramienta clave para la construcción de conocimiento. Los conceptos respecto la teoría del título y modo en el derecho civil pueden identificarse en la realidad como procesos y procedimientos que deben seguirse para la formalización del negocio jurídico. Así las cosas, si se integran ambos mondos, sería posible la aplicación de métodos para clasificación, indexación y normalización de datos tendientes a estructurar una solución basada en software que identifique con claridad éstos procesos y procedimientos junto con las relaciones existentes entre ellos.

Justificación

La importancia de éste proyecto investigativo radica en la posibilidad de materializar el desarrollo de una aplicación basada en web, que permitirá a cualquier sujeto interesado en la solución, acceder desde su dispositivo móvil tablet o computador de escritorio, desde cualquier lugar y en cualquier momento, acceder a ésta información con la suficiente inmediatez para convertir la solución en un modelo práctico de aplicación global. Es así como su aporte será pertinente tanto en el ámbito pedagógico como en el ejercicio profesional del derecho.

Para que el producto de la investigación aplicada se consolide en forma real, se requiere el aporte interdisciplinario a la ciencia del derecho de la ingeniería de sistemas y computacional. Esta será la encargada de proponer una arquitectura capaz de organizar en forma sistémica y articular los conceptos, traduciéndolos en resultados inteligibles, fáciles de entender e interpretar por el usuario final. La ingeniería modelará los algoritmos necesarios que obedecen al comportamiento particular de los procesos y procedimientos existentes en las etapas del negocio jurídico.


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Marco Teórico

Pensamiento acerca de las TICs en el Derecho

Derecho y la tecnología no han ido siempre de la mano, los profesionales en derecho de generaciones pasadas tenían cierta reticencia a las nuevas tecnologías.

En forma general, en la actualidad y de cara al avance de las TICs en el derecho, el Gobierno electrónico comprende de forma más amplia, el uso de la Tecnología al servicio público o del interés general. “El gobierno electrónico ha sido definido como el uso de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para promover el más eficiente y efectivo gobierno. Esto es: para facilitar el más accesible servicio gubernamental, a través del mayor acceso público a la información y para hacer el gobierno más prestador de cuentas ante los ciudadanos. Involucra información y servicios no sólo en la esfera del gobierno (G2G), sino también hacia los ciudadanos y el mundo de los negocios. (G2C y G2B).” (Busquets, 2007)

En el Congreso internacional de Derecho Digital ENATIC celebrado Madrid (2014) dentro de sus conclusiones se resalta “la necesidad de la capacitación TICs en el perfil del jurista. En tal sentido, el profesional del derecho en la actualidad, no sólo debe conocer y ser especialista de las materias con las que trate en su día a día (societario, fiscal, laboral, penal, civil, familia, etc...) sino además estar familiarizados con el medio en el que ahora se desarrollan dichas situaciones” (González Moreno, 2014). De lo anterior se colige que la cooperación de las demás áreas del saber tecnológico es indispensable, y éstas deben adiestrarse en el lenguaje jurídico y técnico del derecho, para favorecer el entendimiento y la implementación de soluciones que aporten fundamentalmente al análisis de la técnica jurídica.

Conceptos clave para relacionar en función de la teoría del título y modo: Generales: Lista de Títulos, Clase de Título, Teorías sobre la Fuente, Modo, Clase de Modo

Específicos: Acto Ilícito, Actos Jurídicos, Atributivo, Contratos, Cuasicontrato, Cuasidelito, Delito, Gratuito, Ley, Oneroso, Singular, Sucesión, Título Justo, Tradición, Transferencia, Traslaticio, Universal

Fuentes Formales: Constitución, Código Civil Colombiano, Código Penal Colombiano.

Plataforma tecnológica para la construcción de la solución

Para la realización del proyecto investigativo, desde la ingeniería de sistemas y computacional se utilizarán las siguientes tecnologías:

Motor de Base de datos (SQL Server 2008): El Motor de base de datos es “el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos. El Motor de base de datos proporciona acceso controlado y procesamiento de transacciones rápido para cumplir con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de su empresa” (Microsoft).

Lenguaje de programación (C#): C# es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en


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.NET Framework.: Un modelo de programación integral para la construcción de cualquier aplicación, desde el móvil a la web para escritorio.

Servidor Web (Internet Information Server IIS): El servidor web es un el rol que “proporciona una plataforma segura, fácil de administrar, modular y extensible donde hospedar sitios web, servicios y aplicaciones de manera confiable” (Microsoft).

Sobre la arquitectura elegida para la implementación de la solución, Microsoft dice: Arquitectura MVC: El modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa una aplicación en tres componentes principales: el modelo, la vista y el controlador. El marco de MVC incluye los componentes siguientes: Modelos. Los objetos de modelo son las partes de la aplicación que implementan la lógica del dominio de datos de la aplicación.

Vistas. Las vistas son los componentes que muestra la interfaz de usuario de la aplicación.

Controladores. Los controladores son los componentes que controlan la interacción del usuario, trabajan con el modelo y por último seleccionan una vista para representar la interfaz de usuario.

En una aplicación MVC, la vista solo muestra información; el controlador administra y responde a los datos proporcionados por el usuario y su interacción. Por ejemplo, el controlador administra los valores de la cadena de consulta y pasa estos valores al modelo, que a su vez podría usarlos para consultar la base de datos (Microsoft).

Modelo de propuesto para la arquitectura MVC: El modelo se encuentra documentado en los anexos 1,2 y 3 de ésta investigación aplicada. Para su desarrollo, el equipo ha dedicado tiempo y recursos tendientes a materializar el proyecto con el aporte y talento innovador de sus propios integrantes.

Implementación y puesta en marcha: Este se implementará en el centro de datos que el equipo de investigación ha logrado obtener, gracias a la colaboración de una compañía experta en tecnologías de la información, y con fines exclusivamente académicos y no comerciales.

Conclusiones

El desarrollo, la implementación y puesta en marcha de la solución de software que responde al objetivo específico de ésta investigación fue factible y se encuentra en producción. Actualmente está disponible al público en Internet bajo la dirección URL:

http://www.landacom.com/EtapasNegocioJuridico

No es fácil modelar una necesidad en el mundo del derecho para aplicar una solución desde las TICs aplicadas. La organización conceptual en términos de derecho contiene un sinnúmero de interpretaciones que no permiten estructurar el pensamiento de forma relacional en una primera aproximación. Lo anterior puede superarse si se estructura con claridad una necesidad en particular y se establecen límites claros al campo de acción.


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Es totalmente viable aplicar métodos para la normalización de estructuras de datos que permiten construir soluciones aplicables al mundo del derecho, siempre que la ingeniería logre interpretar con claridad las necesidades en materia de derecho. Para ello, es indispensable que el abogado adquiera claras competencias en las TICs. De ésta forma, se podrán plantear necesidades en términos mucho más cercanos al mundo de las tecnologías, haciendo que los profesionales en tecnología logren captar con mayor claridad sus necesidades. Todo lo anterior derivará en la creación de herramientas innovadoras, mucho más precisas y funcionales, con tiempos de desarrollo e implementación menores y a menor costo.

La presente investigación aplicada culmina con un desarrollo de software específico. Será objeto de revisión posterior la problemática de derechos de autor que sienten un precedente para el reconocimiento formal de los derechos, y podrá ser objeto de estudio como extensión a éste proyecto de investigación aplicada. También lo será el eventual sostenimiento en el tiempo y su disponibilidad de acceso para la comunidad.

Referencias

Busquets, J. (2007). Análisis Comparado del Poder Judicial Electrónico en América Latina. Primero Encontro Ibero latino americano de Governo Electrónico e Inclusao Digital realizado en la Universidad Federal de Santa Catarina. Trindade,

Florianópolis Brasil.

González Moreno, M. (24 de Febrero de 2014). La importancia de la capacitación TIC en el perfil del jurista. Obtenido de legaltoday.com: http://www.legaltoday.com/blogs/nuevastecnologias/blog-ecija-2-0/la-importancia-de-la-capacita-

cion-tic-en-el-perfil-del-jurista

Microsoft. (s.f.). Microsoft Developer Network MSDN - Información general sobre ASP.NET MVC. Obtenido de Microsoft.com: https://msdn.microsoft.com/eses/library/dd381412(v=vs.108).aspx

Microsoft. (s.f.). Microsoft Developer Network MSDN - Introducción al servidor web. Obtenido de Microsoft.com: https://tech-net.microsoft.com/es-co/library/hh831725.aspx

Microsoft. (s.f.). Microsoft Developer Network MSDN - Motor de base de datos de SQL Server. Obtenido de Microsoft.com: https://msdn.microsoft.com/eses/library/ms187875(v=sql.120).aspx

Microsoft. (s.f.). Microsoft.com. Obtenido de Microsoft Developer Network MSDN -

Introducción al servidor web: https://technet.microsoft.com/es-co/library/hh831725.aspx

Universidad la Gran Colombia. (2016). PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

“Forjadores de la Nueva Civilización”. Bogotá D.C.: Universidad la Gran Colombia.

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GLOBALIZACIÓN, AMBIENTE, DESARROLLO Y MULTICULTURALIDAD

EN COLOMBIAYuliet Natalia López Villalobos; Jenny Alejandra Rodríguez Bermúdez; Harry Alexander Moreno Castro

INTRODUCCIÓN: La globalización en términos generales se puede definir como el proceso de libre circulación de capital entre los países del mundo, es decir, el proceso mediante el cual todos los países permiten la libre comercialización entre unos y otros; buscando que los países desarrollados ingresen a los países en desarrollo con el fin de aportar en su avance para construir una sociedad mejor en su proceso mismo de desarrollo; y a su vez el ideal es que estos países comercialicen sus productos al exterior para internacionalizarlos, el problema que se ha venido presentando en los países en desarrollo, es decir, los países “pobres”, que en realidad tienen grandes potenciales en cuanto a sus recursos naturales, de aquí parte el interés de las multinacionales por aprovecharlos con el argumento del apoyo en su “avance tecnológico y desarrollo”, es que el ingreso de la economía internacional se ha convertido en destructiva y empobrecedora para las comunidades que habitan los territorios y por el contrario muy enriquecedora para los dueños de las grandes multinacionales, pues como se indicó los países que dicen ser más pobres, tienen una riqueza abundante que se desconoce por sus mismos habitantes y que llega a valorarse en el momento en el que se sienten perdidas las riquezas invaluables como el agua, por ejemplo.

La globalización entonces, es un proceso económico que se da en todo el planeta, que finalmente lo que genera es que se unan todos los mercados; a partir de esto se dan todas las interdependencias de las sociedades y de sus culturas y la mezcla de las mismas

entre sí, el problema que surge es que se desestabiliza por dos principales problemas: la económica extractivista y privatización de los servicios vitales; estas son los dos tipos de actividades en las que se está basando principalmente, de aquí surgen los problemas sociales y ambientales, que se dan en el momento en el que las comunidades entienden el valor de sus recursos y se oponen a la extracción y privatización de los mismos.

Junto con el proceso de globalización se encuentra también el concepto de desarrollo, que se refiere a una idea de futuro que cada sociedad se propone como meta para sí mismas, es decir, una visión de lo que se quiere para el futuro; es entonces donde se plantea que la globalización brinda oportunidades para el desarrollo, pero al mismo tiempo plantea riesgos latentes en cuanto a la exclusión de territorios que no tienen la capacidad de responder a la demanda comercial a nivel mundial y las graves consecuencias que genera la globalización extractiva y privatizadora. El desarrollo sostenible como mitigación de las consecuencias, busca poner ciertas alternativas a la idea del desarrollo necesario por medio de la globalización con el fin de darle importancia a los derechos humanos que se puedan violentar a partir de este tipo de economía y aparecen los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), que es una nueva línea que busca la reivindicación que arranca hacia los años 1970, que busca reflexiones sobre los niveles de producción y extracción está llevando a la crisis ambiental en el mundo.

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En la actualidad la ONU (Organización de Naciones Unidas) propone los 12 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que aprueba bajo una agenda 2030 para el desarrollo sostenible, presentada en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre de 2015, ya que su antecesora fue la Cumbre de la tierra en 1992 que se planteó una serie de objetivos a 2015 no cumplidos. La agenda 2030, busca que en el mundo se alcancen estos objetivos para combatir las sociales sobre todo de pobreza e igualdad de género; y las problemáticas ambientales para mitigar el cambio climático y generar una adaptación al mismo a nivel mundial y la reducción del riesgo de desastres naturales.

HIPÓTESIS: Para el desarrollo de esta investigación nos enfocaremos en las consecuencias o afectaciones que trae consigo la extracción minera que realiza Holcim, multinacional que en el marco de la globalización y el desarrollo en Colombia ingresa al país con el objetivo extractivista en los suelos y se ubica al Sur de Bogotá sobre la cuenca del Río Tunjuelo, una de las tres principales cuencas hídricas de Bogotá, la cual tiene su nacimiento en el Páramo de Sumapaz, localidad 20 de la ciudad y catalogado como el páramo más grande del mundo, el cual desemboca en la cuenca del Rio Bogotá; la cuenca del Tunjuelo presenta grandes potencialidades y a su vez conflictos ambientales y sociales, uno de estos últimos es la extracción minera masiva que la ejercen: La fundación San Antonio (Colombiana), CEMEX (Multinacional Mexicana) y HOLCIM (Multinacional Suiza), en esta última basaremos la investigación de este ensayo en su intervención y afectación no solo ambiental, sino en las comunidades que habitan estos territorios.

CONTENIDO:

El mundo actual, como lo conocemos, está envuelto en un proceso constante de globalización, es decir la imposición de los procesos económicos, políticos y culturales a nivel internacional, sobre los mismos a nivel nacional o regional, es entonces el proceso mediante el cual todos los países permiten la libre mercantilización y producción entre unos y otros. La globalización brinda oportunidades para el desarrollo, que busca incorporarse en los contextos mundiales, pero en contra parte, este proceso puede ocasionar inestabilidad en otros ámbitos importantes como la desigualdad y exclusión de los países que no tienen el nivel para competir con las grandes potencias en el mercado, pero que por el contrario reciben a estas grandes empresas para que les ofrezcan los productos de la actualidad, lo que permiten que se esté en vanguardia con el mundo, haciéndonos dependientes de estos.(CEPAL, 2002)

Para la ONU la globalización se define como “un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura” (2015).

Para el banco Mundial

El ritmo de la integración económica internacional se aceleró en la década de los ochenta y los noventa, cuando en todas partes los gobiernos redujeron las barreras políticas que obstaculizaban el comercio y la inversión internacional. La apertura al mundo exterior forma parte de un cambio más generalizado hacia una mayor confianza en los mercados y la empresa privada, especialmente a medida que muchos países en desarrollo y países comunistas se percataron de que los altos niveles de planificación e intervención gubernamental no producían los resultados de desarrollo esperados” (2000).

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En este sentido el banco mundial concluye frente a la globalización que Genera oportunidades, pero también ocasiona riesgos. A la vez que aprovechan las oportunidades de mayor crecimiento económico y el mejor nivel de vida que trae consigo una mayor apertura, las autoridades a cargo de formular políticas –en el ámbito internacional, nacional y local– también enfrentan el desafío de mitigar los riesgos para los pobres, vulnerables y marginados, y de aumentar la igualdad y la inclusión”(2000).

Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

Muchos de estos riesgos obedecen a dos características preocupantes del actual proceso de globalización. La primera es el sesgo que se aprecia en la globalización de los mercados: junto a la movilidad de los capitales, los bienes y los servicios, existen fuertes restricciones a la libre movilidad de la mano de obra y la segunda, no incluye, por ejemplo, temas como la movilidad de mano de obra ni mecanismos que garanticen la coherencia global de las políticas macroeconómicas de las economías centrales, y acuerdos de movilización de recursos para compensar las tensiones distributivas que genera la globalización, tanto entre países como al interior de ellos. Estas carencias, a su vez, reflejan un problema aún más inquietante: la ausencia de una gobernalidad adecuada para el mundo de hoy, no sólo económica -como se ha hecho particularmente evidente en el campo financiero- sino también en muchos otros terrenos, debido al enorme contraste entre los problemas de alcance mundial y los procesos políticos, que siguen teniendo como marco las naciones e incluso, crecientemente, los espacios locales” (2002)

En este sentido podemos ver el proceso de globalización con diversos rostros, como lo afirma Amigos de la tierra Algunos rostros nos dan la oportunidad de mirarlos de frente para poder combatirlos por su intransigencia o violencia, como la militarización y el narcotráfico; otros ni siquiera sabemos que existen pero se extienden por nuestro territorio Latinoamericano de manera silenciosa, como las transaccionales; y, por su puesto están los rostros ya conocidos que nos dan “la mano para salvarnos del lodo financiero mundial de la crisis”, como el Banco Mundial, el FMI y los Tratados de Libre Comercio e Inversión. Sin embargo hay rostros de la globalización que no podemos controlar como son las crisis climáticas, la crisis ambiental que se expresa en el agotamiento de acuíferos subterráneos y superficiales, desertificación, contaminación de suelos y aguas, contaminación de los alimentos, entre otros. La pérdida de las condiciones básicas para la sobrevivencia y el futuro de las nuevas generaciones pone en jaque la vida, que se ha mercantilizado hasta el punto de vender bonos de carbono como una falsa solución al calentamiento global, creando una nueva burbuja de especulación financiera” (2011, p. 12 y 13).

Para nosotros, el proceso de globalización es imparable e inevitable, es una lógica de esta nueva era que se viriliza en el internet como su más grande aporte, y que en ese sentido, no tiene como detenerse, que no es del todo mala, pero que necesita regularse para que los países que son potencia mundial, no sigan devorándose, literalmente a los países que según el concepto de desarrollo que veremos más adelante, estamos en proceso de desarrollo, pero que paradójicamente somos los países con más potencial humano y recursos naturales y que por esta razón y por la ignorancia de sus comunidades frente a dicho potencial nos vemos afectados en cuanto a la pobreza económica y el deterioro ambiental que deja la economía extractivista, la privatización de los servicios y el consumismo en el que nos encontramos inmersos.

Para poder continuar con el desarrollo de la investigación, se hace necesario entender que es la multiculturalidad, la cual se ve impulsada por la sociedad contemporánea y se ve fundamentada con el reconocimiento de la

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diversidad y de la igualdad como condición estructural de la vida en la comunidad. Este reconocimiento es la legitimación de luchas históricas de grupos étnicos vernáculos y minorías sociales, que han sido sujetos paradigmáticos de las luchas por la participación económica, social y política. (Moreno,s.f, p.1)

En el presente se propone analizar la importancia del reconocimiento constitucional de la multiculturalidad para la compresión de conflictos étnicos y culturales de la sociedad colombiana en el marco del estado social de derecho como mecanismo de construcción y de diálogos interculturales que permita la conformación de una sociedad más incluyente y equitativa.

En 1991, se firmó una nueva constitución política en Colombia que en algunos círculos académicos se le llamó la « constitución incluyente », la del afianzamiento de la descentralización, del reconocimiento de la multiculturalidad nacional, de la participación ciudadana y de la conservación ambiental (Moreno, s.f. p. 6).

El cambio constitucional se presentó entonces como una nueva alternativa para superar los factores que en ese momento bloqueaban el desarrollo de la democracia a nivel nacional. En ese contexto renovador que dio la constitución de 1991, uno de los principales actores sociales que incurre en el país como sujeto político son la comunidades negras consideradas en el momento como un gripo étnico con derechos territoriales específicos. (Agudelo, 2002, p. 1)

Agudelo plantea que “En el ámbito constitucional referido a los actores sociales recién reconocidos, el artículo 7 de la nueva Constitución plantea que: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Más adelante el artículo 13 afirma: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados” (2002). El punto de partida más elemental es la consideración de los hechos sociales que vamos a estudiar, es decir los procesos de construcción de las formas de inclusión que caracterizan la participación de las poblaciones vulneradas, como producto de acción entre los diferentes actores (sujetos actuantes), que componen la sociedad (Agudelo, 2002, p. 2). Los actores sociales llámese en nuestro caso la población afectada por HOLCIM asumiendo diversas lógicas de comportamiento. Para continuar con el desarrollo de la presente investigación, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el desarrollo es “el aumento de bienestar individual y colectivo. Tradicionalmente éste ha sido medido a través de indicadores económicos y políticos ligados al proceso de mayor o menor crecimiento económico y redistribución de la riqueza; así mismo, ha sido vinculado con el nivel de industrialización, lo que ha determinado una categorización en países “desarrollados” o “en vías de desarrollo”” (s.f). En este sentido el desarrollo seria la posibilidad de aumentar a través del tiempo el bienestar del individuo y de las comunidades, el problema, es que en este se ha venido enfocando netamente en lo económico como indicador de bienestar colectivo, dejando de lado temas importantes y transversales como el ambiente; una prueba de esto se da en los territorios en donde existe deterioro ambiental y en los cuales sus comunidades viven en “pobreza” si hablamos de lo económico, porque si estos lugares se encuentran deteriorados ambientalmente es porque tienen riquezas ecosistémicas muy importantes. Siendo entonces la pobreza según El informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente, “la mayor causa y efecto de los problemas ambientales” (FAO, s.f).

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En los años setenta se integró la dimensión social del desarrollo y hacia los años ochenta surgió el concepto de eco-desarrollo que busca cambiar los modelos y estrategias enfatizadas en lo económico para que exista una regeneración biológica de los ecosistemas y usarlos de manera sostenible. (FAO, s.f).

El desarrollo sostenible entonces, no es un estado inmutable de la naturaleza, sino la racionalización del hombre frente a los recursos naturales con el fin que se conserven a largo plazo, por lo que se dejaría de lado la priorización de la explotación y economía extractivista y se incorporaría la idea del manejo adecuado de esta, pensando en las generaciones actuales y futuras como principal motivación y la equidad intergeneracional para no priorizar la economía y si el bienestar común, entendiendo el ambiente como un todo necesario y por lo tanto de indispensable protección. (FAO, s.f).

En la conferencia de Estocolmo en 1972 el desarrollo sostenible se analizó y se incorporó, para 1829 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo desarrolló y público un documento acerca de este tema que se llamó “Nuestro Futuro Común”, posteriormente se consolidó la conferencia “Cumbre de la Tierra” que dio inicio a los encuentros mundiales para el análisis de la situación mundial en cuanto al desarrollo sostenible; La Cumbre de la Tierra de 1997 en Estocolmo tuvo como producto el Protocolo de Kioto con exigencias para los países participes de reducción de gases de efecto invernadero, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el protocolo “Establece metas vinculantes de reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea, reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI que hay actualmente en la atmósfera, y que son el resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 años (FAO, s.f). En este sentido el Protocolo tiene un principio central: el de la «responsabilidad común pero diferenciada”, dicho protocolo fue considerado el primer paso importante en torno a la regulación de las emisiones

atmosféricas y la mitigación del cambio climático, este concluía en el 2012 y fue ampliado hasta el 2015 con ambiciosas metas (Ministerio Ambiente, s.f). Para el 2015 en Paris se realizó la llamada COP 21, conferencia de los países, para diálogos de la situación climática mundial. Donde se evidencio que las metas del protocolo no fueron cumplidas. De lo anterior surgen los 17 Objetivos del Milenio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 en la Cumbre Histórica de las Naciones Unidas, los cuales entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2016, estos buscan el obligatorio cumplimiento de los países firmantes, los cuales no son jurídicamente obligatorios, pero que se prevé que los países los adopten como propios con el fin de combatir la pobreza en todas sus formas, la inclusión social; y la lucha frente al cambio climático y la promoción de la protección del medio ambiente. Según la ONU la manera de realizar seguimiento con el fin de que estos objetivos sean cumplidos en realidad a diferencia del protocolo de Kioto “es necesario recopilar datos de calidad, accesibles y oportunos. Las actividades regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial” (2015).

Según la ONU, los objetivos del milenio son:1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

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7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación10. Reducir la desigualdad en y entre los países11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Contrario al anterior concepto de desarrollo sostenible, existe el modelo actual que mueve la economía del mundo en el marco de la globalización, este es el modelo extractivista que proviene de la extracción, y que se definiría según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL como la “eliminación de un recurso (minerales, petróleo, agricultura, ganadería, silvicultura, etc.) El entorno natural, luego lo vende en el mercado, por lo general internacional. El Estado, a través del cobro de tarifas o el efecto de goteo hacia abajo tiene este modelo a pesar de que no es necesariamente el actor central en la actividad minera. La economía del país está ganando porque el PIB crece gradualmente a medida que los recursos no explotados anteriormente se integran en el proceso económico” (2013).

El extractivismo tiene un proceso doble que consiste en “tomar un recurso que poseen tierras y exportar el recurso fuera del país productor. El dinamismo de la economía se basa entonces en este dúo de extracción / exportación” (OCMAL, 2013).

Una de las practicas extractivistas más destructivas, contraria al desarrollo sostenible y los objetivos del milenio seria entonces la Minería a gran escala, ya que esta extrae materia no renovable como lo es el suelo y sus propiedades, afectando así los ecosistemas con los que cuente este terreno, bien sea zonas boscosas, acuíferas o hilos de agua como ríos o quebradas (OCMAL, 2013); se dice que el suelo es no renovable porque después de extraer sus componentes este no vuelve a regenerarse así para quedar como estaba antes del proceso de extracción.

Para los gobiernos la forma de compensar el daño que pueden ocasionar los procesos mineros se realiza por medio de las regalías, que básicamente busca cubrir los pasivos ambientales, que es el valor monetario de los daños causados al ambiente por la explotación y uso de recursos naturales. (Sánchez, 2014, Pág. 11). Pero la minería no solamente afecta el ambiente y sus recursos naturales, los humos de las cementeras afectan la salud de las comunidades que habitan o rodean las zonas de extracción y además de esto la vida de las comunidades, los usos y las costumbres, cambiadas a nombre del “desarrollo”, se ven afectadas por la llegada de estas empresas a sus territorios; que justifican la generación de empleo y el crecimiento económico para los mismos, pero que históricamente se ha demostrado que en realidad es todo lo contrario y estos terminan más pobres,

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afectados en la salud, violencia e inseguridad y sin los ecosistemas como se conocían antes de, cambiados por la extracción y el provecho económico de estas para los dueños de las multinacionales y no para el pueblo que habita y el país extraído con las regalías que no pagan en realidad los daños realizados que para este caso, son invaluables pues la transformación del territorio es completamente extrema.

Y si hablamos de la gran minería, en la ciudad de Bogotá podemos encontrar un claro ejemplo de cómo esta afecta ambiental y socialmente un territorio, el Río Tunjuelo, ubicado al sur de la capital, es el principal afluente hídrico del Río Bogotá, siendo entonces el principal potencial ambiental y estructura ecológica principal de la misma. Este, atraviesa 8 localidades del sur, las cuales son Sumapaz (el cual es el páramo más grande del mundo, donde nace el Tunjuelo), Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy y Bosa (Donde desemboca en el Río Bogotá).

El Río Tunjuelo cuenta con potencialidades ambientales de vital importancia, como ya lo habíamos nombrado nace en el páramo más grande del mundo, el Sumapaz, cuenta con gran zona rural de la localidad de Usme, dos humedales declarados (Tunjo, localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar; y, La Isla, localidad de Bosa), además de esto cuenta con un acuíferos, que son corrientes de agua en el subsuelo, y con grandes componentes gravas y arenas en sus suelos, que lo convirtieron en un ecosistema priorizado para la extracción minera. “Hacia los años 40 del siglo XX, la llanura de inundación del Río Tunjuelo comenzó a ser objeto de extracción de materiales de construcción. Al finalizar el año 1960 se mecanizó la actividad y comenzó a cobrar una gran dimensión” (Amigos de la Tierra, 2011, p. 19).

“Holcim inició la producción de cemento en 1912 en villa en Holderbank a 40 km de Zúrich (Suiza, lugar que dio su primer nombre. En mayo del 2001, cambió su razón social a Holcim. Cuenta con operaciones en

70 países del mundo en actividad de exploración y extracción minera” Amigos de la Tierra, 2011, p. 6).

Así las cosas, desde este tiempo y hasta la actualidad so lograron asentar y quedar tres grandes industrias mineras, una colombiana llamada Fundación San Antonio (de propiedad del clero), y dos multinacionales, una llamada CEMEX, proveniente de México y la otra llamada HOLCIM, proveniente de Suiza, las tres ubicadas sobre el hilo de agua y sus alrededores, en una zona denominada Parque minero industrial (PMI) Tunjuelo (Amigos de la Tierra, 2011). Convirtiéndose en una gran amenaza ecosistémica puesto que contaminan sus acuíferos, desvían el cauce natural del hilo de agua, canalizando tramos del mismo y construyendo diques que lo afectan.

Desde 1950 Holcim se encuentra explotando de manera sumamente dañina esta riqueza natural, y solo fue hasta el 8 de junio 2010 que el distrito decide por medio de la resolución 4626 que se ordene el cese de actividades de explotación en esta zona, la cual fue dos veces tutelada por Holcim y que a la fecha no ha determinado la decisión definitiva ante esta situación, mientras existe decisión no se están ejecutado actividades de explotación, pero se están implementando trabajos de relleno con escombros, por ejemplo (Amigos de la Tierra, 2011).

Pero este no ha sido el único conflicto legal entre ambas partes, hacia el año 2002, el Río Tunjuelo tuvo su mayor creciente de los últimos tiempos, ya que llovió durante aproximadamente 7 días y 7 noches, desbordándose la laguna de los tunjos y se llenó la capacidad de los dos embalses o represas que tiene en su cuenca alta (Chisacá y Regadera), por esta razón se tuvo que tomar la decisión de abrir las compuertas de estos, con el fin de liberar sus aguas, lo que ocasiona que la cuenca media, que es un valle aluvial del rio, donde históricamente se desborda, inundando las localidades de Tunjelito y Kennedy, se generó alerta roja por esta razón. En el PMI Tunjo, las canteras creadas por la extracción se inundaron con las aguas producto de esta emergencia, por

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esta razón las tres grandes mineras imponen una serie de demandas por dicha inundación en contra del estado, argumentando el pare de actividades y la afectación económica en contra. Producto de esta demanda el estado tuvo que indemnizar a las mineras y dirigir al sitio moto bombas que retiraran el agua de las canteras.

Como si fuera poco, como bien indica Amigos de la Naturaleza:

La minería, en lugar de representar ingresos económicos para Bogotá, significa un detrimento patrimonial para la ciudad: mientras que este negocio representa tan solo para Holcim un ingreso mensual de $6.400 millones de pesos (alrededor de 80 mil millones de pesos al año), con la extracción de 200 mil toneladas de grava de esta cuenca, en la otra cara de la moneda y según cifras de la contraloría distrital, ¡las regalías mineras recibidas por el distrito entre 1996 y 2005 fueron de $125 millones de pesos anuales! (2005, p. 21).

En el marco de la globalización y el desarrollo, podemos analizar en este caso anterior mente descrito, que básicamente en esta era del consumo en donde la mentalidad esta en no resignarse, sino más bien se impulsa al ser humano a no estar contento con lo que tiene y buscar tener lo que el mundo ofrece de la manera que sea; la minería es vita como la solución de una necesidad a la que todos tenemos derecho, en este caso la vivienda o los usos que puedan tener los materiales extraídos, en este sentido, importa más cubrir esta necesidad que los daños que se le pueden ocasionar a ecosistemas tan vitales como el Río Tunjuelo. Las comunidades como las de hoy “Hibridas”, como las llama García Canclini, en el marco de la multiculturalidad que se presenta con las culturas mezcladas, la globalización que pretende uniformarnos y el frente que se hace volviendo las cosas populares de dichas comunidades en algo global, en donde la mezcla hace que todo lo que se produce en todo el mundo está en nuestros territorios y es difícil saber lo que es propio (1995).

Pero aun cuanto la globalización con objeto del desarrollo nos envuelve en esta lógica, luego de daños irreversibles como las de este territorio, empiezan las comunidades a volver los ojos al río, viéndose afectadas por las consecuencias de la extracción, los humos que afectan la salud de sus habitantes, deslizamientos y destrucción de barrios aledaños como Villa Yaqui en el año 2007 y el cambio en los usos de los territorios, empobreciéndolos.

CONCLUSIONES:

El ambiente, en el marco de esta globalización imparable debe ser un eje transversal que busque su protección, defensa y su intento de recuperación, en función de la adaptación y mitigación del cambio climático. Actividades como la gran minería, van en completo choque frente a los objetivos del milenio de la ONU, firmados por Colombia, siendo un daño irreversible en los territorios y en sus comunidades multiculturales asentadas a su alrededor, que poco a poco comprenden la importancia de un ecosistema como el Río Tunjuelo y que se organizan para su defensa y protección oponiéndose a esta actividad, priorizando el bienestar común, el derecho a un ambiente sano, sobre el derecho de cubrir necesidades.

El estado debe cumplir un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos del milenio, entendiendo que no solo se trata de firmar un acuerdo internacional, sino más aún solucionando de fondo y definitivamente problemas como la demanda y cese de la minería en el Tunjuelo, y la búsqueda de alternativas que las empresas apliquen como contraprestación a los daños causados, aun cuando somos conscientes que estos son irreversibles y es imposible que el ecosistema vuelva a tomar su cauce natural o medianamente se le aproxime.

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