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___________________________ SESIÓN ORDINARIA Nº 190-2013

24 de setiembre del 2013 Página Nº 1

REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO

SESIÓN ORDINARIA Nº 190-2013

24 DE SETIEMBRE DEL 2013

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil trece. Presentes los señores diputados Luis Fernando Mendoza Jiménez, Presidente; Martín Monestel Contreras, Primer Secretario; Annie Saborío Mora, Segunda Secretaria y Elibeth Venegas Villalobos, Segunda Prosecretaria. Asimismo estuvieron presentes los señores Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo y Javier Padilla Guevara, asesor. ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 189-2013, celebrada

por el Directorio Legislativo el 17 de setiembre del 2013. ARTÍCULO 2.- Se recibe a los señores Francisco Acuña Alfaro e Hilda Arroyo,

representantes del Banco de Costa Rica; Javier Salinas y Carlos Araya, del Consorcio Salinas, Nagel y Ventura, Jorge Brenes y Leonardo Guzmán, del Grupo Novatecnia, quienes exponen a los miembros del Directorio Legislativo acerca del avance del proyecto de construcción de la nueva sede legislativa.

Asimismo, por parte de la Administración se hicieron presentes los

señores Luis Fernando Chacón Monge, Director del Departamento de Servicios Generales; Edgar Martín Ovares, Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Marlon Velásquez González.

Dentro de los temas importantes se discuten las posibles opciones para

la climatización del edificio en proyecto. En ese sentido se plantean los siguientes escenarios:

ESCENARIO

S DESCRIPCIÓN COSTO

ANUAL INVERSIÓN

INICIAL AREA

1 VENTILACIÓN CRUZADA 40 MLLS 125 MLLS 1.384 M 2

2 SISTEMA HÍBRIDO 51 MLLS 875 MILLS 12.000 M2

3 AIRE ACONDICIONADO 98 MILLS 1.100 MLLS 12.000 M2

Después de un análisis del tema, se decide la implementación del

sistema híbrido. SE ACUERDA: Avalar las siguientes disposiciones:

1. Dadas las opciones planteadas por los expertos para climatizar las instalaciones de la nueva sede legislativa, se acuerda elegir el sistema híbrido, el cual ofrece de una manera sostenible acondicionar los espacios, garantizando su confort durante todo el año, incluyendo temperaturas y humedades críticas. Esta opción combina la ventilación natural cruzada con un



sistema de aire acondicionado, para nivelar temperaturas y garantizar el confort de los usuarios.

2. Con el propósito de garantizar la continuidad del proceso de entregables parciales de planos y evitar atrasos en el cronograma general propuesto por la Unidad Administradora del proyecto (UAP), se instruye al Director Ejecutivo para que conozca y apruebe aspectos menores de orden funcional, previo dictamen técnico del Departamento de Servicios Generales, en el entendido de que debe mantenerse la viabilidad financiera del proyecto, conforme a la estimación consignada en el contrato de Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011.

3. La aprobación de planos definitivos será competencia de este Directorio Legislativo, para lo cual se declara en sesión permanente en materia del proyecto de construcción del edificio. -968-

ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio SD-DST-0032-2013, suscrito por la señora María del

Rocío Cerdas Quesada, cédula Nº 3-246-741, mediante el cual presenta la renuncia a su puesto en propiedad No. 000147 de Subdirectora del Departamento de Servicios Técnicos, el cual ha desempeñado hace más de 15 años.

Agradece la confianza depositada para el ejercicio de esa función

gerencial y como en derecho corresponde, dará el preaviso que debe cumplir con la institución, en el tiempo y forma que se le indique.

SE ACUERDA: Aceptar la renuncia presentada por la funcionaria

María del Rocío Cerdas Quesada, cédula No. 3-246-741, a su puesto en propiedad No. 000147 de Subdirectora de Departamento, a partir del 30 de setiembre del 2013. ACUERDO FIRME. -944-

ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio DF-0564-09-2013, con fecha 23 de setiembre del 2013,

suscrito por la señora Silvinia Trejos Solano, Subdirectora del Departamento Financiero, mediante el cual remite para el trámite respectivo la segunda modificación al presupuesto institucional bajo el No. 04-2013, aunque esta sea la modificación No. 2; esto por cuanto el Ministerio de Hacienda le asigna el No. 4 porque es el cuarto decreto que esta entidad realiza como parte de su calendarización anual para los órganos del Gobierno Central. La modificación contempla dos puntos específicos; por un lado se ajustan algunas de las subpartidas que componen la partida de Remuneraciones, los movimientos alcanzan la suma de ¿640.0 millones de colones y por otro lado contempla ajustes en diversas subpartidas del gasto operativo institucional. Nos vamos a referir a estos puntos separadamente.



En el área de remuneraciones los recursos se destinan principalmente a financiar el faltante generado en la subpartida de Remuneraciones por

Años de Servicio por la cifra de ¢ 540.0 millones, este faltante se origina en dos hechos; el año anterior mediante acuerdo del Directorio Legislativo se equiparó la escala de anualidades de la institución con la escala de la Defensoría de los Habitantes lo cual generó un impacto de aproximadamente ¿240.0 millones anuales más las cargas sociales en el presupuesto- Sobre este aumento esa dirección realizó las observaciones del caso tanto en el tema de racionabilidad del incremento como en la disponibilidad presupuestaria y en la estrategia que se seguiría, tal incremento se consideró razonable y posible. La estrategia definida para hacerle frente a dicho aumento el presente año, fue utilizar los sobrantes que se generan anualmente en la relación de puestos, los recursos no se incluyeron en el anteproyecto de presupuesto ni en el proyecto por cuanto el proceso de aprobación de la ley de presupuesto, aunque no había concluido, se encontraba en una etapa avanzada de discusión. Podríamos decir que la solución a este “faltante” estaba contemplada en la programación presupuestaria anual que diseña esa dirección. El segundo hecho se produce en marzo del presente año cuando el Directorio Legislativo, y sin que mediara la recomendación técnica de esa unidad de conformidad con la normativa, aprueba un incremento en las anualidades para un grupo de funcionarios denominado “ajuste técnico” con un costo anual similar al primero; este ajuste técnico tiene un impacto adicional producto de los incrementos por aumento del costo de vida que cada semestre se decreta en la institución. La subpartida de Remuneraciones por Años de Servicio contiene dos coletillas la de las anualidades y la de quinquenios y para ambas se plantea el siguiente faltante:

0.03.01 RETRIBUCION AÑOS DE SERVICIO

COLET-030 ANUALIDADES 505,000,000.00

COLET-043 QUINQUENIO 35,000.000.00

Otra parte de los recursos obedece a diferencias entre las proyecciones realizadas cuando el proyecto de presupuesto se formuló y las proyecciones actualizadas; sobre este punto es necesario recalcar que se utilizan proyecciones estadísticas (por definición sujetas a un determinado margen de error) realizadas por esa dirección en virtud de que el Departamento de Recursos Humanos, responsable de estos temas, carece de herramientas técnicas para estimar adecuadamente estos valores. Finalmente se ajustan las cargas sociales, en parte porque se financia de recursos provenientes de la partida de Remuneraciones no sujetos a cargas sociales (¢ 47.9 millones provenientes de sobrantes estimados en el pago de adelanto de cesantía que administran la Cooperativa y



ASELEGIS de los cuales 40.0 millones se destinan al faltante Remuneraciones por Años de Servicio y 7.9 millones en cargas sociales); el financiamiento de las cargas sociales es obligatorio conforme la normativa cuando incrementa la planilla sujeta a cargas sociales, como es este el caso. El resto de los incrementos y decrementos obedece a diferencias generadas entre los cobros realizados por SICERE (Sistema de Centralizado de Cobros de la Caja Costarricense de Seguro Social) y los recursos presupuestados. La segunda parte de la modificación financia posibles faltantes en gastos ineludibles (servicios públicos principalmente), de partidas que se encuentran agotadas o se prevén gastos en los próximos meses, como es el caso de los gastos de viaje al exterior y los viáticos tanto internos como al exterior y de ajustes en la clasificación como es el caso de incremento de la 2.02.03 Alimentos y Bebidas y el decremento en 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales; se financia de sobrante en otras subpartidas de gasto operativo, en muchas de las cuales los procesos de adjudicación están adelantados y ya se conoce con certeza los sobrantes, esta parte de la modificación es por la suma de 096.5 millones.

Asamblea Legislativa Dirección Financiera Consideraciones Técnicas a la Modificación

Presupuestaria No. 2 (No. 4 según decreto del Ministerio de Hacienda)

1. El monto global del presupuesto institucional no se ve ni puede ser afectado por la presente modificación.

2. Las fuentes de financiamiento establecidas en la Ley de Presupuesto para el presente ejercicio económico no son variadas con la presente modificación al presupuesto institucional.

3. Se toman recursos de la subpartida 101 conforme el siguiente detalle

Coletilla Concepto Presupuesto

Ordinario

Disponible a la fecha

fecha

Fecha

Recursos a utilizar

Reasignaciones hacia abajo

de enero a setiembre

130,000,000.00

Plazas no utilizadas al 30 de

setiembre

23,097,302.50

25 Diferencias salariales por

concepto de salario base de

periodos anteriores

40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

82 Reconocimiento de

incremento salarial por

costo de vida

398,428,543.00 177,157,746.36 170,000,000.00



ISO Para dar financiamiento a

resoluciones de

reasignaciones, asignación y

reajuste de salarios

150,000,000.00 132,000,000.00 100,000,000.00

Lo anterior implica que el Departamento de Recursos Humanos no podrá autorizar recursos tendientes al pago de reasignaciones en lo que resta del año, salvo solicitud previa a esa Dirección, su estudio y resolución respectiva. Las probables diferencias salariales de periodos anteriores, en el caso de que se presenten, no podrá autorizarse su pago hasta el próximo año. La estimación de sobrantes en la coletilla por incremento en costo de vida se determinó como sigue: Estimación gasto proyectado en la coletilla 182 Incremento por Costo de Vida Primer Semestre 1.840% 6,340,486,257.00 116,664,947.13

Segundo Semestre 3.240% 104,605,849.51

Total Gasto 221,270,796.64

Dirección Financiera Modificación al Presupuesta No. 2-2013 Colones corrientes

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el Departamento Financiero mediante oficio DF-0564-09-2013, avalar la siguiente modificación al presupuesto institucional:

CONCEPTO AUMENTOS- DIMINUCIONES

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 463,000,000.00

COLET-025 DIFERENCIAS SALARIALES 40.000,000.00

COLET-082 INCREMENTO SALARIAL 170,000,000.00

COLET-180 REASIGNACIONES Y REAJUSTE 100,000,000.00

RELAC-PUE SALARIO BASE 153,000.000.00

0.01.05 SUPLENCIAS 10,000,000.00

COLET-133 SUPLENCIAS 10,000,000.00

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,000,000.00

HORAS EXTRAS 18,000,000.00

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES . 3,000,000.00

COLET-087 RECARGO FUNCIONES 3,000,000.00

0.02.05 DIETAS 5,000,000.00

0.03.01 RETRIBUCION AÑOS DE SERVICIO 540,000,000.00 .



COLET-030 ANUALIDADES 505,000,000.00

COLET-043 QUINQUENIO 35,000,000.00

0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

. 30,000,000.00

COLET-103 DEDICACION EXCLUSIVA

COLET-115 PROHIBICION 30,000.000.00

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 17.000.000.00

0.03.99 OTROS INCENTIVOS 14,000,000.00 27,000,000.00

COLET-012 INCENTIVO LEGISLATIVO 22,000,000.00

COLET-045 GRADO PROFESIONAL 5,000.000.00

COLET-D77 INCENT.PELIGROSIDAD

COLET-097 CARRERA PROFESIONAL 14,000.000.00

COLET-110 BONIFICACION CONSULTA EXTERNA

0.04.01-200 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S. SEGURO SALUD 3,700,000.00

0.04.05-200 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO 200,000.00 20,000,000.00

0.05.01-200 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES 1,968,000.00 28,000,000.00

0.05.02-200 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENS. COMP. 48,600,000.00

0.05.03.200 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL 1,200,000.00

0.05.05-200 CONTRIB. PATRONAL FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS

(ASELEGIS)

35,000,000.00

0.05.05-201 CONTRIB. PATRONAL FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS

(COOPEASAMBLEA)

12,932,000.00

6.01.03-200 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESENTRALIZADAS NO EMP. 164,000.00

6.01.03.202 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESENTRALIZADAS NO EMP. 100,000.00

0.99.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 3,000,000.00

1.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 12,000,000.00

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 50,000,000.00

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000.00

1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000.00

1.05.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,000,000.00

1.06.01 SEGUROS 12,000,000.00

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 27,000,000.00

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 5,000,000.00

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 50,000,000.00

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,000,000.00

6.06.01 INDEMNIZACIONES 5,000,000.00

6.07.01-200 TRANSF. CORRIENTES A ORGAN. INTERNAC. (FORO

INTERNACIONAL)

2,500.000.00

6.07.01-202 TRANSF. CORRIENTES A ORGAN. INTERNAC. (COPA) 2,500,000.00

Total 737,432,000.0

0

737,432,000.00

Asimismo se autoriza al Departamento Financiero para que gestione ante el Ministerio de Hacienda la documentación necesaria para la tramitación definitiva de la presente modificación, la cual no afecta los objetivos estratégicos de la Institución. ACUERDO FIRME. -955-

ARTÍCULO 5.- Se conoce PAC-JF-100-13/14, con fecha 19 de setiembre del 2013,

suscrito por la diputada Carmen Muñoz Quesada, Jefa de Fracción Partido Acción Ciudadana, mediante el cual solicita modificar el acuerdo tomado en la sesión No. 175-2013, para que se lea de la siguiente manera:



“Nombrar a la señora Yamileth Salazar Vargas, cédula No. 1-

1126-113, en el puesto No. 089951 de Asistente de Fracción Política 2, en sustitución de la señora Dylana Ramírez Ruiz, quien se encuentra disfrutando de una licencia por maternidad. Rige a partir del 16 de mayo y por el periodo que dure la incapacidad de la señora Ramírez Ruiz.”

______________ Nota: En el artículo 9 de la sesión Nº 175-2013, se nombró a la señora Yamileth

Salazar Vargas, cédula No. 1-1126-113, en el puesto No. 089951 de Asistente de Fracción Política 2, en sustitución de la señora Dylana Ramírez Ruiz, a partir del 16 de mayo y hasta el 15 de setiembre del 2013.

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Carmen Muñoz Quesada, Jefa de Fracción Partido Acción Ciudadana, mediante oficio PAC-JF-100-13/14, modificar el artículo 9 de la sesión No. 175-2013, para que se lea de la siguiente manera:

“Nombrar a la señora Yamileth Salazar Vargas, cédula No. 1-1126-113, en el puesto No. 089951 de Asistente de Fracción Política 2, en sustitución de la señora Dylana Ramírez Ruiz, quien se encuentra disfrutando de una licencia por maternidad. Rige a partir del 16 de mayo y por el periodo que dure la incapacidad de la señora Ramírez Ruiz.” ACUERDO FIRME. -950-

ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio USV-424-2013, con fecha 18 de setiembre del 2013,

suscrito por la señora Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de Seguridad y Vigilancia, mediante el cual solicita al Directorio Legislativo, dejar sin efecto el nombramiento del funcionario Francisco Morales Martínez, cédula Nº 3-423-472, efectuado en la sesión ordinaria 189-2013, artículo 11, a partir de las siguientes fechas:

Francisco José Morales Martínez, céd. 3-423-472

Funcionario Cédula Nº Puesto Cargo Periodo

Dorian Campos

Umaña

3-327-766 78800 Agente de

Seguridad B

23 de setiembre al 6

de octubre 2013

Carlos Baker Dixon 1-890-888 351315 Agente de

Seguridad B

7 al 20 de octubre

2013

Santiago Arroyo

López

1-1215-912 356485 Agente de

Seguridad B

21 de octubre al 3 de

noviembre 2013

Carlos González

Pérez

1-1115-957 356479 Agente de

Seguridad B

4 al 17 de noviembre

2013

En su lugar nombrar a uno de los oferentes de la siguiente terna:



Nombre Cédula Calificación

Cinthya Loaiza Umaña 3-0355-0076 A

Luis Miguel Arce Mercado 1-1239-0312 A

Aldo Joan Marín Campos 1-1297-0562 A

Los tres oferentes cumplieron con todo lo estipulado en el acuerdo de sesión ordinaria Nº 145-2009, celebrada por el Directorio Legislativo el 22 de abril de 2009, artículo 25. Dichos oferentes cumplen con el Perfil del Manual de Puestos, exámenes psicológicos para laborar en Seguridad, así como la idoneidad en el uso de armas, evaluados y aprobados por el Licenciado Carlos Arguedas Rodríguez, Psicólogo del Departamento de Servicios Generales, adjunto “Sinopsis Perfil Psicológico”, donde resume historial y evaluación de los oferentes. SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 1. Dejar sin efecto los acuerdos tomados por el Directorio

Legislativo en los incisos 7, 8, 9 y 10, artículo 11 de la sesión Nº 189-2013, en los que se nombra por sustitución al señor Francisco José Morales Martínez.

2. Posponer para la próxima sesión que realice este Órgano Colegiado el conocimiento y resolución del oficio USV-424-2013, con fecha 18 de setiembre del 2013, suscrito por la señora Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de Seguridad y Vigilancia, mediante el cual solicita al Directorio Legislativo realizar varios nombramientos por sustitución. -957-

ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 583, con fecha 11 de setiembre del

2013, suscrito por el diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar, Jefe de Fracción del Partido Unidad Socialcristiana, mediante el cual solicita destacar temporalmente en la Jefatura de Fracción PUSC, a la funcionaria Lizbeth Camacho Bolaños, cédula No. 1-572-176, quien ocupa el puesto No.000128 de Técnico 1, ubicado presupuestariamente en el Departamento de Comisiones, a partir del 1 de octubre 2013 y hasta el 30 de abril del año 2014, en el entendido de que la señora Camacho Bolaños, conservara los derechos y garantías de su puesto en propiedad según corresponda.

Asimismo se conoce oficio DCL-174-9-2013, con fecha 19 de setiembre del 2013, suscrito por la señora Sonia Cruz Jaén, Directora del Departamento de Comisiones Legislativas, mediante el cual se refiere a la solicitud de traslado temporal de la funcionaria Lizbeth Camacho Bolaños, cédula No.1-572-176, quien ocupa el puesto No. 000128 de Técnico 1, a la Jefatura de Fracción PUSC. Sobre el particular indica lo siguiente:



Esa Dirección le expresa a los honorables miembros del Directorio Legislativo el debido respeto sobre decisiones y criterios tomados en los diferentes asuntos según oportunidad y conveniencia institucional.

El reconocimiento de la alta autoridad que les confiere, también le permite manifestarles que en relación con el traslado de la señora Lizbeth Camacho a la Fracción del PUSC, es una medida que se contrapone a las gestiones del Departamento de Comisiones Legislativas ante la Administración Superior al plantear en nuestros Planes Anuales Operativos la necesidad de más personal para asumir las múltiples funciones del macro-proceso legislativo a nuestro cargo.

Esto se debe a que en el devenir histórico de la Asamblea Legislativa ha habido un crecimiento sostenido de los órganos legislativos a través de los años, que inició con unas cuantas comisiones permanentes ordinarias hasta llegar a seis órganos de esta clase, para luego crear hasta la fecha, catorce comisiones permanentes especiales, tres comisiones con Potestad Legislativa Plena y las de tipo especial que generalmente demandan mucho trabajo en un corto tiempo con un componente mediático importante.

La cantidad de comisiones legislativas creadas no ha caminado acorde con la cantidad de funcionarios del Departamento de Comisiones Legislativas encargados de darles asesoría y soporte, por lo que es recurrente el uso de tiempo extraordinario y se utiliza un sistema de colaboración interno que pospone el trabajo importante por el urgente con el consecuente manejo de una presión laboral permanente.

Esa Dirección ha procurado una distribución de funcionarios por oficina según cargas de trabajo para no afectar las asesorías, servicios y productos que se brindan a los diputados, asesores y a usuarios en general.

En promedio, por año, ese departamento atiende simultáneamente más de treinta órganos legislativos con el soporte de nueve jefaturas que cuentan con cuatro o cinco funcionarios/as aproximadamente, para asumir más de trescientos procesos y subprocesos legislativos relacionados con las funciones del análisis de las leyes y el control político en comisiones.

La señora Camacho actualmente se encuentra destacada en la Comisión de Asuntos Económicos, desarrollando funciones del área técnica tales como transcripción de actas legislativas, actualización y foliado de expedientes legislativos, actualización de textos, cumplimiento de consultas legislativas a instituciones y otros entes, atención de consultas a usuarios y soporte en todas aquellas



labores que la jefatura de dicha área le encomienda bajo los mejores criterios para la optimización del trabajo.

En consonancia con los razonamientos expuestos, el traslado de la señora Lizbeth afectaría el equilibrio en las cargas laborales internas del Departamento en razón del alto volumen de trabajo que atiende esa instancia administrativa. SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por la señora Sonia Cruz Jaén, Directora del Departamento de Comisiones Legislativas mediante oficio DCL-174-9-2013, desestimar la solicitud planteada por el diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar, tendiente a que se traslade a su despacho a la señora Lizbeth Camacho Bolaños. -958-

ARTÍCULO 8.- Se conoce nota con fecha 23 de setiembre del 2013, suscrita por el señor Orlando Bolaños Chaves, cédula Nº 2-279-317, mediante la cual informa que la gerencia de pensiones le otorgó el beneficio para acogerse a la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social, en virtud de lo cual presenta la renuncia al puesto Nº 000092 de Jefe Técnico, a partir del 1 de noviembre del 2013.

SE ACUERDA: Cesar el nombramiento del señor Orlando Bolaños Chaves, cédula Nº 2-279-317 en el puesto No. 000092 de Jefe Técnico, con el propósito de que se acoja a su jubilación. Rige a partir del 1 de noviembre del 2013.

Asimismo se acuerda cancelarle al funcionario los derechos laborales que a la fecha le correspondan y extender un agradecimiento por los valiosos servicios prestados a la Institución. ACUERDO FIRME. -951-

ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio FPLN-OAZ-1044-13, con fecha 23 de setiembre del

2013, suscrito por la señora Elizabeth Arauz Araya, Jefa de despacho del diputado Óscar Alfaro Zamora mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 19 de la sesión Nº 189-2013, en relación con la solicitud de realización del foro por los 200 años del Cantón Central de San José.

Indica que esta actividad es organizada por el despacho del diputado

Alfaro Zamora, quien es representante de este cantón ante la actual legislatura.

Como invitados asistirá la señora Presidenta de la República, la

alcaldesa y la Presidenta Municipal de San José, cuerpo diplomático, directores de escuelas y colegios y asociaciones de desarrollo del cantón central de San José.

SE ACUERDA: Posponer para la próxima sesión que realice este Órgano Colegiado el conocimiento y la resolución del oficio FPLN-OAZ-1044-13, suscrito por la señora Elizabeth Arauz Araya, Jefa de despacho del diputado Óscar Alfaro Zamora mediante el cual se



refiere al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 19 de la sesión Nº 189-2013, en relación con la solicitud de realización del foro por los 200 años del Cantón Central de San José.

ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio D.P. 1983-09-2013, suscrito por el señor Melvin Laines

Castro, Director del Departamento de Proveeduría, mediante el cual indica que el Remate Público N° 2013RP-000001-01 “Remate de licores”, realizado el pasado 17 de setiembre, fue declarado infructuoso, ya que ningún interesado se presentó. Tal y como se establece en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, el procedimiento de remate se llevó a cabo bajo los requerimientos establecidos. Se publicó en el diario oficial La Gaceta, en un medio de circulación Nacional (Prensa Libre) y se incluyó en el portal Legislativo. Los dos primeros tuvieron un costo de ¢ 169.295.00. Las personas que intervinieron en el proceso de remate fueron cuatro directores de departamento (Relaciones Públicas, Financiero, Asesoría Legal y Proveeduría); dos jefaturas de Área de la Proveeduría (Compras y Almacén -Bienes muebles), un funcionario de Legal, dos funcionarios de Financiero, dos funcionarios de Relaciones Públicas y tres funcionarios de la Proveeduría. A pesar de los esfuerzos de la Administración por vender los licores, resultó infructuoso por falta de participantes y durante todo el proceso, ninguna persona llamó, se presentó a recoger cartel, ni mostró interés en el remate publicado. En caso de que el Directorio Legislativo proponga realizar un nuevo remate se deberá seguir el siguiente procedimiento:

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración podrá aplicar hasta dos rebajas de un 25% a la base fijada por el avalúo respectivo cada vez, para lo cual deberá mediar autorización de la Contraloría General de la República, órgano que tendrá diez días hábiles para resolver, previa valoración de las circunstancias que concurrieron para que el negocio haya resultado infructuoso.

El Directorio Legislativo deberá indicar además el porcentaje de rebajo que se solicitará al Órgano Contralor, en el entendido que no podrá ser mayor al 25%.

En virtud de lo anterior, solicita al Directorio Legislativo valorar lo actuado y la relación costo- beneficio de iniciar nuevamente un nuevo remate, ya que el espíritu inicial de esta propuesta era ayudar a una institución de beneficencia, aspecto que no podrá ser, porque los recursos que se podrían obtener en el remate deberán ser depositados en la caja única



del estado; además del criterio ya externado por el Departamento Financiero al respecto. SE ACUERDA: Solicitar al señor Pedro Solano García, Director de la División Administrativa, que remita a conocimiento de este Órgano Colegiado para la próxima sesión que celebre, un estimado de los costos administrativos que ha representado la realización del remate de licores ordenado mediante artículo 2 de la sesión Nº 158-2013, celebrada el 12 de febrero del 2013. –contestado-

ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio DI-0347-2013, con fecha 19 de setiembre del 2013,

suscrito por la señora Ana Lissette Castro Vega, Directora del Departamento de Informática, mediante el cual indica que ha leído el acta de la sesión celebrada por el Directorio Legislativo el 13 de agosto del 2013, relacionada con la solicitud del señor Geovanny Leal de ser trasladado a otra dependencia. Preocupa a esa Dirección lo señalado por el señor Leal Rosales de que de concretarse su traslado a otra dependencia (independientemente cual esta sea: DEI, Financiero, Servicios Técnicos) será para desarrollar funciones relacionadas con la especialidad en Informática. De más está señalar que funciones como el “desarrollo de software y sistemas informáticos” son propias del Departamento a su cargo y desde cualquier punto de vista es inconveniente que el posible traslado se lleve a cabo bajo estas expectativas. Por lo anterior, y en relación con el acuerdo tomado por el Directorio que textualmente señala: “Informar al señor Geovanny Leal Rosales que este Directorio Legislativo se encuentra valorando, de manera global, la oportunidad y conveniencia de realizar traslados de funcionarios legislativos a otras dependencias de la Institución, por tanto, está a la espera de tener

un panorama completo de esta situación” solicita que esa valoración se lleve a cabo cuidando que las funciones que se le asignen no interfieran con las propias del Departamento de Informática, lo establecido por el Manual de funciones, las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de la Información y la ley para el pago de la prohibición, entre otras. SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio DI-0347-2013, suscrito por la señora Ana Lissette Castro Vega, Directora del Departamento de Informática, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 15 de la sesión No. 184-2013, celebrada el 13 de agosto del 2013. ACUERDO FIRME. -952-

ARTÍCULO 12.- Se conoce solicitud planteada por la señora Bressia Benel Yañez,

funcionaria del despacho del diputado Carlos Góngora Fuentes, mediante el cual solicita girar las instrucciones correspondientes para poder realizar una actividad en la Rotonda de la Patria, el miércoles 2 de octubre del año en curso, de 9 am a 4 pm, esto debido a que la Asociación Seres de Luz de Cartago, realizará una exposición de manualidades, bailes típicos y presentación de una iniciativa de ley.



Además se requerirá lo siguiente:

2 Mesas para exposición de manualidades

Sillas

Bocadillos dulces y salados para 45 personas, refrescos y café (este refrigerio se dará al final de la actividad a los miembros e invitados de la Asociación Seres de Luz)

2 micrófonos

Sonido

Vasos con agua

Dos persona del Departamento de Ujieres para colaborar en la actividad

Colaboración del Departamento de Prensa y Protocolo.

SE ACUERDA: Autorizar el uso de la explanada del edificio de Sión para que se realice una exposición de manualidades, bailes típicos y presentación de una iniciativa de ley por parte de la Asociación Seres de Luz de Cartago, el miércoles 2 de octubre del 2013 a partir de las 9 a.m. y hasta las 4 p.m. No obstante lo anterior, los organizadores podrían optar por realizar dicha actividad en el bulevar, para lo cual deben gestionar el permiso correspondiente ante la Municipalidad de San José. Finalmente, debido a que no es una actividad de carácter institucional, no se podrá autorizar el refrigerio requerido. ACUERDO FIRME. -956-

ARTÍCULO 13.- Se conoce nota con fecha 16 de setiembre del 2013, suscrita por

funcionarios de la Unidad de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales y avalada por el Director y Jefe de la Unidad de Mantenimiento, mediante la cual solicitan respetuosamente se revoque el acuerdo de Directorio Legislativo, contenido en el artículo 24 de la sesión ordinaria N° 149-2012, celebrada por ese Órgano Colegiado el pasado 27 de noviembre de 2012, toda vez que se modifican las labores a desarrollar por parte de la clase "Trabajador Especializado" e incorpora el LAVADO DE VEHÍCULOS como obligatoriedad en las funciones del puesto, por lo que consideramos lo siguiente: – Estamos en presencia de un "ius variandi". – No existe motivación alguna del acto administrativo, lo que deviene en

nulidad absoluta del mismo. – Al día de hoy, las autoridades administrativas no han notificado dicho

acuerdo a los afectados directos (los suscritos), lo que violenta los principios constitucionales del debido proceso y derecho de defensa.

– La resolución es avalada por el Directorio Legislativo, no se conoce el órgano que la dictó o emitió.

A mayor abundamiento, se presentan las consideraciones sobre el

particular.



IUS VARIANDI y VIOLACIÓN DE PRINCIPIOS CONTITUCIONALES

Se ha denominado "ius variandi" al derecho potestativo del empleador de modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo, dentro de ciertos límites, en cuanto a la forma y modalidades de la prestación. En otras palabras, ese poder patronal de "cambio" es limitado, ya que las variaciones que realice no deben alterar sustancialmente el contrato de trabajo ni deben ser arbitrarias en perjuicio del trabajador. De ahí que, si el patrono modifica las condiciones del contrato de trabajo de sus empleados, debe basarse en una verdadera necesidad que justifique la medida con miras al mejoramiento del servicio que presta (en este sentido, consúltense las resoluciones de la Sala Constitucional números 227, de las 10:00 horas del 13 de abril y 294, de las 9:35 horas del 11 de mayo, ambas de 2007.) Es importante, entonces, determinar, en cada situación concreta, si los cambios se ajustan a los principios de razonabilidad, necesidad e indemnidad del trabajador (pues no puede dar lugar a menoscabo patrimonial ni moral). La situación de marras obedece a un menoscabo moral sufrido por todos los funcionarios legislativos, cuya calificación del puesto otorgado por la administración, en su oportunidad obedeció a Trabajador Especializado 1 y 2; tal menoscabo atenta con los principios de la buena fe y la lealtad que deben reinar en las relaciones laborales, toda vez que la labor incluida mediante acuerdo de Directorio Legislativo, se encasilla dentro de las labores de un puesto de menor categoría. Se puede inferir que no se trata de funciones típicas de orden especializado y directamente relacionadas con la temática, cuya naturaleza se orienta a la construcción, electricidad, fontanería, telefonía, entre otros, requerimientos de la institución, donde se requiere no solo experiencia en el campo del oficio, sino cierta escolaridad, aunque ésta sea baja. Las clases de Trabajadores Especializados 1 y 2, de la Unidad de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales, se concibieron e incluyeron requerimientos específicos que se relacionaran con el mantenimiento de los inmuebles de la Asamblea Legislativa. A manera de ejemplo, resulta contraproducente que un electricista, un albañil, un fontanero o un funcionario encargado del mantenimiento de las redes telefónicas, "deba" realizar labores de lavado de vehículos, se denota con facilidad que la nueva labor violenta la naturaleza de las labores por las cuales fueron contratados. La imposición contenida en el referido artículo 24 de la sesión N° 149-2012, acto administrativo que se reviste de nulidad relativa, toda vez que el mismo debe ser un acto debidamente motivado y comunicado al interesado, de forma que el servidor conozca los motivos concretos o específicos que hacen necesaria tal decisión. No es, por tanto, suficiente que dicha motivación o justificación del acto se limite a una manifestación de que se efectúa para un mejor servicio público o interés institucional, sino que deben hacerse constar los motivos que en ese momento hacen necesario que a determinadas clases de puestos se incorporan labores ajenas a la naturaleza de los mismos. Cabe destacar que al día de hoy, la administración no le ha notificado a ningún funcionario el contenido del mencionado acuerdo, violentando los artículo 39 y 41 de la Constitución Política; debe darse como mínimo al servidor la oportunidad de impugnar dicho acuerdo, si así lo estimare conveniente, antes de que ésta sea ejecutada, dada la evidente dificultad que podría enfrentar el trabajador al tener que abandonar sus labores habituales por las cuales fue contratado, sin haber tenido la oportunidad de ejercer ante el jerarca actual su derecho de recurrir contra el acto dictado. Se debió suministrar al trabajador toda la información relativa a la nueva función, si ello implica



una modificación en sus condiciones laborales (puesto, salario, horario, etc.), y si el traslado es permanente y definitivo o se trata de una medida temporal. En este último caso, deberá indicarse el tiempo de duración del mismo. Las nuevas funciones asignadas -no pueden significar un cambio sustancial en las que venía desempeñando o una supresión de éstas, pues de ser así, el traslado resultaría arbitrario y violatorio del derecho al trabajo y de la dignidad del trabajador. El cambio de funciones no puede ser sustancial al punto que implique funciones totalmente diversas a las que venía desempeñando o una disminución medular de éstas; la sola confrontación de las funciones que se han venido desempeñando por parte de los funcionarios con la nueva labor que se quiere adicionar a dichas clases de puestos, se determina el cambio en la naturaleza de las funciones contratadas. El derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de bilateralidad de la audiencia del debido proceso legal o principio de contradicción se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. El derecho de defensa resguardado en el referido artículo 39, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública. Así las cosas, se les violenta el contrato laboral, ya que se incorpora a nuestras funciones una labor que se contrapone con la naturaleza del puesto y de las labores por las cuales fuimos contratados, aparte de carecer de notificación del acto como tal, por consiguiente, se está en presencia de un ius variandi abusivo. MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS "La motivación se traduce en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados "considerandos" -parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo". (Jinesta, "Tratado de Derecho Administrativo", 2007, T. I, pág. 388). El principio general es la obligación de motivar todos los actos administrativos, ya que de esta manera se le brinda al administrado, la posibilidad de conocer los antecedentes o razones que justificaron el acto administrativo. Consecuentemente, si la motivación falta, hay un vicio de forma y de arbitrariedad en el acto administrativo y se genera su nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley General de la Administración Pública. Así, el máximo Tribunal Constitucional ha dispuesto:



"IV.- Sobre la motivación del acto administrativo.- Reiteradamente ha reconocido este Tribunal que existe para la Administración Pública la obligación de motivar los actos descritos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual constituye un elemento integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se hace necesario que la Administración brinde un criterio razonable respecto a los actos y resoluciones administrativas que adopte. Sobre este particular la Sala Constitucional ha reconocido lo siguiente: "En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos". (Sentencia número 07924-99 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve). En el mismo sentido mediante sentencia de las quince horas treinta minutos del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve se dispuso en lo conducente: "IV.- Sobre la motivación del acto administrativo: Reiteradamente ha dicho la Sala en su jurisprudencia que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa, puesto que implica la obligación de otorgar al administrado un discurso justificativo que acompañe a un acto de un poder público que -como en este caso- deniegue una gestión interpuesta ante la Administración. Se trata de un medio de control democrático y difuso, ejercido por el administrado sobre la no arbitrariedad del modo en que se ejercen las potestades públicas, habida cuenta que en la exigencia constitucional de motivación de los actos administrativos se descubre así una función supraprocesal de este instituto, que sitúa tal exigencia entre las consecuencias del principio constitucional del que es expresión, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los actos públicos. V.- El concepto mismo de motivación desde la perspectiva constitucional no puede ser asimilado a los simples requisitos de forma, por faltar en éstos y ser esencial en aquélla el significado, sentido o intención justificativa de toda motivación con relevancia jurídica. De esta manera, la motivación del acto administrativo como discurso justificativo de una decisión, se presenta más próxima a la motivación de la sentencia de lo que pudiera pensarse. Así, la justificación de una decisión conduce a justificar su contenido, lo cual permite desligar la motivación de "los motivos" (elemento del acto). Aunque por supuesto la motivación de la sentencia y la del acto administrativo difieren profundamente, se trata de una diferencia que no tiene mayor relevancia en lo que se refiere a las condiciones de ejercicio de cada tipo de poder jurídico, en un Estado democrático de derecho que pretenda realizar una sociedad democrática. La motivación del acto administrativo implica entonces que el mismo debe contener al menos la sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho, habida cuenta que el administrado necesariamente debe conocer las acciones u omisiones por las cuales ha de ser sancionado o simplemente se le deniega una gestión que pueda afectar la esfera de sus intereses legítimos o incluso de sus derechos subjetivos y la normativa que se le aplica." (Resolución de la Sala Constitucional N° 2003-07390 de las 15:28 horas del 22 de julio del 2003) (En similar sentido, resoluciones números 2002- 06080 de las 8:50 horas del 21 de junio del 2002 y 2004-13232 de las 18:24 horas del 23 de noviembre del 2004).



En igual término, los tribunales contencioso administrativos de nuestro país han indicado lo siguiente: "IV.- En primer término, se avoca el Tribunal, a analizar el acto cuestionado,... del que se acusa, es carente de motivación. Es un hecho indiscutible, que la Administración debe fundamentar o motivar sus decisiones, lo que implica, la obligación de hacer una declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a su dictado. En otros términos, la carencia de motivación, provoca el vicio de uno de sus elementos por infracción a un requisito formal, y por ende, una arbitrariedad por parte de la Administración. En términos similares lo entendió la Sección Primera de este Tribunal, cuando, en su sentencia número 348-98 de 11 horas del 14 de octubre de 1998, dispuso: "(...) V.- En lo que se refiere a la falta de motivación de los actos cuestionados, conviene hacer una aclaración acerca de la diferencia entre el motivo y la motivación del acto administrativo. Por motivo se considera generalmente la necesaria conformidad que debe existir entre el acto administrativo y el propósito que le asigna la ley, o sea con el interés público a satisfacer en el caso concreto, y es por lo tanto uno de los elementos objetivos del acto administrativo. (Artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública). Por otra parte existe obligación de motivar un buen número de actos administrativos, esto es, de hacer públicos en declaración formal, los motivos de hecho y de derecho en virtud de los cuales se han dictado, de manera que en ese sentido, la motivación está siempre ligada al motivo o a la causa del acto administrativo. La motivación es el lado exterior y el motivo el interno de un acto administrativo. El motivo es parte de la sustancia del acto administrativo y la motivación es la manifestación externa de ello, por lo que constituye uno de sus requisitos formales. El artículo 136 de la ley citada, inciso a) dice que deberán ser motivados con mención, sucinta al menos en sus fundamentos jurídicos, los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos (...)". (,..) carece de los razonamientos de hecho y de derecho necesarios para apoyar su decisión. Obsérvese, que este acto, no expresó, ni en forma sucinta, las razones por las cuales denegó la gestión de la petente. Nótese, que solo hace referencia a dos oficios..., situación ésta que no puede aceptarse como motivación del acto, por más antiformalista que quiera hacerse el procedimiento administrativo. La doctrina ha señalado, que "(...) La motivación textual debe ser la regla, integrando generalmente el cuerpo del acto como parte de su contenido, ya sea mediante signos lingüísticos, ya mediante referencias o llamadas convencionales que permitan una clara intelección sobre el fundamento del acto y el criterio de la decisión. El principio es además, como se ha expresado, que la motivación textual es un requisito esencial del acto que afecta a derechos fundamentales, a fin de que el interesado pueda, desde el primer momento y con pleno conocimiento de causa, emprender su adecuada defensa (...)" (Fernando Pablo, Marcos M. "La motivación del acto administrativo" Editorial Tecnos S. A., 1993, pág. 212)... Ninguna de estas situaciones ocurrió en el sub exámine. Se denegó la solicitud sin mencionar, siquiera las razones para ello..., En estas condiciones, de conformidad con el numeral 166 de la Ley General de la Administración Pública, los actos emitidos padecen de nulidad absoluta, por lo que no queda otra alternativa declarar su invalidez, a fin de que se proceda de nuevo, al dictado conforme a la ley." (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Res. 232-2002 de las doce horas del diecisiete de julio del dos mil dos. En igual sentido Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, Res. 351-2006 de catorce horas quince minutos del diez de agosto del dos mil seis; Sala Constitucional Voto 2007-2530 del 23 de febrero de 2007, entre otros). En el caso que nos ocupa, el acuerdo adoptado mediante artículo 24 de la sesión N° 149-2012 de Directorio Legislativo, celebrada el 27 de noviembre de 2012, carece de motivación alguna



y eficacia, lo que contraviene los artículos 133, 136 y 140 de la Ley General de la Administración Pública, lo que deviene en nulidad absoluta del mismo. El referido artículo 24 no dispone del órgano que dictó la resolución, es indeterminado o inexistente, toda vez que el acto administrativo que realiza el Directorio Legislativo es "avalar" la resolución; la resolución debe ser atribuida a alguna instancia, dependencia u órgano, a efecto de que el Directorio la avale. Tal inconsistencia se traduce en una nulidad absoluta, ya que el acto no es válido y eficaz. Contrario sensu, si lo que se pretendió era que el Directorio Legislativo emitirá la resolución, nunca debió incorporarse la palabra "avalar" o en su defecto, identificar a quién la elaboró. El contenido del artículo 24 citado, presenta una inicua sustanciación del derecho, toda vez que no guarda relación y coherencia en su considerando ya que no está identificado el órgano o dependencia que emitió la resolución. Dadas las consideraciones expuestas, se acude ante ese Órgano Colegiado a efecto de salvaguardar los derechos que han sido desatendidos por la administración, no solo en la adopción del acto sino también en la ejecución del mismo. Con respeto se solicita se revoque el acto administrativo cuestionado.

SE ACUERDA: Acoger la solicitud planteada por funcionarios de la Unidad de Mantenimiento del Departamento de Servicios Generales y en consecuencia, dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 24 de la sesión Nº 149-2012.

En virtud de lo anterior, a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta, se restablece de la siguiente manera el texto del inciso e), artículo 17, del Reglamento interno para la utilización, adquisición y sustitución de vehículos en la Asamblea Legislativa:

ARTÍCULO 17.- Deberes y responsabilidades de los

conductores de los vehículos.

e) Velar por que el vehículo opere en condiciones mecánicas y de carrocería apropiadas y reportar oportunamente los daños que se detecten en el vehículo, así como mantenerlo en óptimas condiciones de limpieza.

Finalmente, se excluye del Manual Descriptivo de Clases de Puestos de la Asamblea Legislativa, la función del lavado de vehículos dentro de las actividades específicas del Trabajador Especializado en el área de Mantenimiento. -979, 980, 981, 982, 983-

ARTÍCULO 14.- Se conoce correo electrónico suscrito por el diputado Justo Orozco

Álvarez, mediante el cual manifiesta su interés en atender invitación que le extendiera el Parlamento Latinoamericano para participar en la reunión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, el 16 de octubre del 2013.



En ese mismo sentido se conoce oficio RSA-089-09-2013, con fecha 18 de setiembre del 2013, suscrito por el diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar, Jefe de Fracción del Partido Unidad Socialcristiana, mediante el cual indica que fue designado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior ante el Parlamento Latinoamericano en la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor, razón por la cual solicita permiso para atender la invitación que la cursa la señora Daisy Tourné.

La actividad se realizará en ciudad de Panamá el 16 de octubre del 2013 y requerirá el pago de tiquetes aéreos, hospedaje y gastos, de acuerdo con la normativa.

Finalmente se conoce el oficio SSC-41-2013, con fecha 18 de setiembre del 2013, suscrito por la diputada Annie Saborío Mora, mediante el cual indica que ha sido convocada a participar en la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, a realizarse el 16 de octubre del 2013 en la ciudad de Panamá.. Indica que esa es una actividad de gran importancia para las labores que realiza como diputada, debido al intercambio de información y experiencias con otros legisladores latinoamericanos. Por lo anterior solicita permiso para ausentarse los días 16, 17 y 18 de octubre de los corrientes del Plenario, Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera y de las Comisiones de las cuales forma parte, durante el periodo que esté fuera del país. Asimismo solicita el pasaje y los viáticos que correspondan, para su participación en esa reunión.

SE ACUERDA: Autorizar la participación de los siguientes diputados en las reuniones del Parlamento Latinoamericano que se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá el 16 de octubre del 2013, de la siguiente manera: Justo Orozco Álvarez, en la reunión extraordinaria de la Comisión

de Pueblos Indígenas y Etnias.

Rodolfo Sotomayor Aguilar, en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlatino

Annie Saborío Mora, en la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano.

Asimismo se acuerda otorgar a los legisladores Orozco Álvarez, Sotomayor Aguilar y Saborío Mora los boletos aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo.



Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del

citado reglamento, una vez concluida la participación de los legisladores en dicha actividad, se les solicita remitir a la Comisión de Relaciones Internacionales el respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. -945-

ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio DRGCC-586-2013, con fecha 23 de setiembre del 2013,

suscrito por la diputada Rita Chaves Casanova, Jefa de Fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, mediante el cual indica que ha sido invitada al Foro de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y Consumidor y la Organización Panamericana de la Salud, que se realizará en la ciudad de Panamá, el 16 de octubre del 2013. Por lo anterior solicita poder hacer uso del pasaje aéreo que tiene a su favor de un viaje que no pudo realizar a México. SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Rita Chaves Casanova en la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y Consumidor del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en la ciudad de Panamá el 16 de octubre del 2013. Asimismo se acuerda otorgar a la legisladora Chaves Casanova los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo. De conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 18 de la sesión Nº 108-2008, se instruye al Departamento de Proveeduría para que en el presente viaje, haga uso del tiquete que se encuentra en custodia en la Institución y en consecuencia, cancele a la Agencia de Viajes la penalización correspondiente y si existiera diferencia de precio entre el nuevo tiquete y el viejo, cancele también esa diferencia Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del citado reglamento, una vez concluida la participación de la legisladora en dicha actividad, se le solicita remitir a la Comisión de Relaciones Internacionales el respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. -954, 953-

ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio DRH-PA-1817-2013, con fecha 19 de setiembre del 2013, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual remite informe técnico N º 016-2013, sobre la solicitud de reasignación de los puestos Nº 112320, Nº 057767, Nº 022539, ocupados en propiedad por los servidores Juan Carlos Jiménez Vargas, Luis Gerardo Chaves Rodríguez y Orietta Vargas Cavallini del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. Esto con el fin de que sea elevado a conocimiento y resolución final del Directorio Legislativo.



Plantea el señor Cascante Micó que para la elaboración de dicho informe, se acató lo dispuesto en el nuevo Manual de Procedimientos para la Reasignación de Puestos de la Asamblea Legislativa, el Reglamento para la Clasificación y Valoración de Puestos, el Manual Descriptivo de Clases y otra normativa vinculante, resultado el informe en cuestión. A continuación se presenta un extracto de dicho informe:

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: CONCLUSIONES

Se evidencia un cambio sustancial y permanente en las funciones, tareas y responsabilidades de los señores Jiménez Vargas, Chávez Rodríguez y Vargas Cavallini. En el caso de Jimenez Vargas a partir de junio de 2011, Chávez Rodríguez abril de 2012 y Vargas Cavallini desde junio de 2011 y en el año 2004.

El señor Juan Carlos Jiménez Vargas, cuenta con formación profesional a nivel de licenciatura desde el 20 de setiembre de 1996, experiencia de 2 años en el manejo y supervisión de personal, por lo que se ajusta a las consideraciones previstas en el Manual de Procedimientos para las Reasignaciones de Puestos de la Asamblea Legislativa por lo que se podría ajustar mediante el movimiento de reasignación respectivo.

Las características y naturaleza de las funciones que realizan actualmente se enmarcan dentro de la clasificación de coordinación profesional, de acuerdo con la experiencia adquirida en el desarrollo de estas, supervisión de personal, responsabilidades y el grado académico de Licenciatura requerido en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo permiten su ubicación como Profesional Jefe 1 de conformidad a la estructura homologada por el DEI.

El caso del señor Luis Gerardo Chaves Rodríguez, cuenta con formación académica en Licenciatura desde el 13 de diciembre de 2001, tiene experiencia de 1 año 6 meses en el manejo y supervisión de personal requisito que estipula el Manual de Puestos Institucional para la clase pretendida. Incorporado al Colegio de Periodistas de Costa Rica.

Las características y naturaleza de las funciones que realiza actualmente se enmarcan dentro de la clasificación de coordinación profesional, de acuerdo con la experiencia adquirida en el desarrollo de estas, supervisión de personal, responsabilidades y el grado académico de Licenciatura requerido en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo permiten su ubicación como Profesional Jefe 1.

La señora Orietta Vargas Cavallini, cuenta con formación profesional a nivel de Bachillerato desde el 01 de junio de 2004 y Licenciatura del 01 de julio de 2012. Tiene experiencia de 3 años en el manejo y supervisión de personal. Por lo que se ajusta a las consideraciones previstas en el Manual de Procedimientos para las Reasignaciones de Puestos de la Asamblea Legislativa para la clase de Profesional Jefe de Área, por lo que se podría ajustar su clasificación a ese nivel.



Las características y naturaleza de las funciones que realizan actualmente se enmarcan dentro de la clasificación profesional, de acuerdo con la experiencia adquirida en el desarrollo de estas, supervisión de personal, responsabilidades y el grado académico de Licenciatura requerido en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo permiten su ubicación como Profesional Jefe de Área.

RECOMENDACIONES: En apego al artículo 7 y 15 del “Reglamento para la Clasificación y Valoración de Puestos”, al numeral 1 y 14, del “Manual de Procedimientos para las Reasignaciones de Puestos de la Asamblea Legislativa” y de acuerdo con el análisis realizado en el apartado en este informe, se recomienda: 1. Reasignar el puesto N. º 112320, ocupado en propiedad por el funcionario Juan Carlos

Jiménez Vargas, cédula 1-0697-0995, de la clase “Profesional 2B” a “Profesional Jefe 1”, ubicado presupuestariamente en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. El señor Vargas cuenta con los requisitos que se solicitan en el Manual de Puestos Institucional para esa clase. Dicha reasignación representa una erogación mensual para el presupuesto de la institución de ¢ 250.783.73 (Doscientos cincuenta mil setecientos ochenta y tres colones con 73/100).

2. Reasignar el puesto Nº 057767, ocupado en propiedad por el funcionario Luis Gerardo Chaves Rodríguez, cédula de identidad 1-0501-0658, de la clase “Profesional 2B” a “Profesional Jefe 1”, ubicado presupuestariamente en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. El señor Chaves cuenta con los requisitos que se solicitan en el Manual de Puestos Institucional para esa clase. Dicha reasignación representa una erogación mensual para el presupuesto de la institución de ¢254.995.32 (Doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco colones con 32/100).

3. Reasignar el puesto N. º 022539, ocupado en propiedad por la funcionaria Orietta Vargas Cavallini, cédula 1-0476-0031, de la clase “Profesional 1B” a “Profesional Jefe de Área”, ubicado presupuestariamente en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. La señora Vargas cuenta con los requisitos académicos, legales y de experiencia estipulados en el Manual de Puestos Institucional para esa clase. Dicha reasignación representa una erogación mensual para el presupuesto de la institución de ¢ 149.559.93 (Ciento cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve con 93/100).

SE ACUERDA: Con base en el criterio exteriorizado por el Departamento de Recursos Humanos mediante oficio DRH-PA-1600-08-2013 y en el informe técnico Nº 013-2013, tomar las siguientes disposiciones:



1. Reasignar el puesto N. º 112320, ocupado en propiedad por el funcionario Juan Carlos Jiménez Vargas, cédula 1-0697-0995, de la clase Profesional 2B a Profesional Jefe 1, ubicado presupuestariamente en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. Rige a partir del 1 de octubre del 2013.

2. Reasignar el puesto Nº 057767, ocupado en propiedad por el funcionario Luis Gerardo Chaves Rodríguez, cédula de identidad 1-0501-0658, de la clase Profesional 2B a Profesional Jefe 1, ubicado presupuestariamente en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. Rige a partir del 1 de octubre del 2013.

3. Reasignar el puesto Nº 022539, ocupado en propiedad por la

funcionaria Orietta Vargas Cavallini, cédula 1-0476-0031, de la clase Profesional 1B a Profesional Jefe de Área, ubicado presupuestariamente en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. Rige a partir del 1 de octubre del 2013.

A la luz de lo dispuesto en el artículo 21 del Manual de Procedimientos para las Reasignaciones de Puestos en la Asamblea Legislativa, estos movimientos de personal tendrán una provisionalidad de tres meses a partir de la fecha de vigencia. -959-

ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio JD-PLN-209-2013, con fecha 23 de setiembre del 2013,

suscrito por el diputado Edgardo Araya Pineda, Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional, mediante el cual informa que en la reunión ordinaria de la fracción No. 19, celebrada el 23 de setiembre del 2013, en el punto 3 del orden del día “Movimientos de Personal de Confianza de la Fracción”, se conoció y se aprobaron los siguientes movimientos de personal: DEL JEFE DE FRACCIÓN

Cesar el nombramiento del señor Jorge Alberto Araya Acuña, cédula No. 2-325-008, en el puesto No. 048145 de Asesor Especializado AR, a partir del 30 de setiembre del 2013.

Cesar el nombramiento de la señora Ana Grace Campos Rojas, cédula No. 1-478-640, en el puesto No. 022401 de Subdirector de Fracción Política, a partir del 30 de setiembre del 2013.

DE LA DIPUTADA XINIA ESPINOZA ESPINOZA:

Cesar el nombramiento del señor Rubén Ismael Mora Villalta, cédula No. 3-412-659, en el puesto No. 048168 de Asesor Especializado BR, a partir del 30 de setiembre del 2013.

Nombrar al señor Jorge Alberto Araya Acuña, cédula No. 2-325-008, en el puesto No. 022401 de Subdirector de Fracción Política. Rige a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.



Nombrar al señor Iván Chacón Vargas, cédula No. 1-1022-429, en el puesto No. 078957 de Asesor de Fracción Política 1R. Rige a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.

Nombrar al señor Erick Max Duarte Fallas, cédula No. 1-862-435, en el puesto No. 048168 de Asesor Especializado BR. Rige a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado Edgardo Araya Pineda, Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional, mediante oficio JF-PLN-209-2013, y a la luz de los acuerdos tomados por esa bancada en la sesión Nº 19, celebrada el lunes 23 de setiembre del 2013, tomar las siguientes disposiciones:

1. Cesar el nombramiento del señor Jorge Alberto Araya Acuña, cédula No. 2-325-008, en el puesto No. 048145 de Asesor Especializado AR, a partir del 30 de setiembre del 2013.

2. Cesar el nombramiento de la señora Ana Grace Campos Rojas,

cédula No. 1-478-640, en el puesto No. 022401 de Subdirector de Fracción Política, a partir del 30 de setiembre del 2013.

3. Cesar el nombramiento del señor Rubén Ismael Mora Villalta,

cédula No. 3-412-659, en el puesto No. 048168 de Asesor Especializado BR, a partir del 30 de setiembre del 2013.

4. Nombrar al señor Jorge Alberto Araya Acuña, cédula No. 2-325-

008, en el puesto No. 022401 de Subdirector de Fracción Política. Rige a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.

5. Nombrar al señor Iván Chacón Vargas, cédula No. 1-1022-429, en

el puesto No. 078957 de Asesor de Fracción Política 1R. Rige a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.

El señor Chacón Vargas estará destacado en el despacho de la diputada Xinia Espinoza.

6. Nombrar al señor Erick Max Duarte Fallas, cédula No. 1-862-435,

en el puesto No. 048168 de Asesor Especializado AR. Rige a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.

El señor Duarte Fallas estará destacado en el despacho de la diputada Xinia Espinoza. ACUERDO FIRME. -946-

ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio FRN-178-13, con fecha 24 de setiembre del 2013,

suscrito por el diputado Carlos Avendaño Calvo, Jefe de Fracción del Partido Restauración Nacional, mediante el cual solicita realizar los siguientes movimientos de personal:



1. Cesar el nombramiento de la señorita Sherilyn González Alfaro, cédula No. 2-649-913, en el puesto No. 055777 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 30 de setiembre del 2013.

2. Nombrar a la señorita Sherilyn González Alfaro, cédula No. 2-649-

913, en el puesto No. 048145 de Asesor Especializado AR, a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.

3. Nombrar al señor Óscar Zúñiga Miranda, cédula 1-1337-035, en el

puesto No. 055777 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.

SE ACUERDA: 1. Cesar el nombramiento de la señorita Sherilyn González Alfaro,

cédula No. 2-649-913, en el puesto No. 055777 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 30 de setiembre del 2013.

2. Nombrar a la señorita Sherilyn González Alfaro, cédula No. 2-649-

913, en el puesto No. 048145 de Asesor Especializado AR, a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.

3. Nombrar al señor Óscar Zúñiga Miranda, cédula 1-1337-035, en el

puesto No. 055777 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014. ACUERDO FIRME. -947-

ARTÍCULO 19.- Se conoce oficio JD-PLN-211-2013, con fecha 23 de setiembre del 2013,

suscrito por el diputado Edgardo Araya Pineda, Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional, mediante el cual solicita trasladar temporalmente a la señora Ana Grace Campos Rojas, cédula No. 3-225-310, en el puesto No. 001284 de Subdirectora de Departamento, en su despacho como jefe de fracción, a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril 2014.

La señora Campos Rojas conservará los derechos inherentes de su

condición en propiedad. SE ACUERDA: Destacar temporalmente en la Jefatura de Fracción

del Partido Liberación Nacional a la funcionaria Ana Grace Campos Rojas, cédula No. 3-225-310, en el puesto No. 001284 de Subdirectora de Departamento, ubicado en el Departamento de Servicios de Salud. Rige a partir del 1 de octubre del 2013 y hasta el 30 de abril del 2014.

La señora Campos Rojas conservará los derechos inherentes a su puesto en propiedad. ACUERDO FIRME. -948-

ARTÍCULO 20.- SE ACUERDA: En atención a la denuncia planteada ante el Plenario

Legislativo en la sesión número 69 del 19 de setiembre anterior, por parte de la diputada Sianny Villalobos Argüello, en relación con las



supuestas pautas publicadas en la transmisión televisiva de la sesión del Plenario Legislativo de ese día, a favor del Partido Acción Ciudadana, ordenar la realización de una investigación preliminar para determinar la verdad real de los hechos, a fin de establecer si procede la apertura de un expediente administrativo contra algún funcionario por la posible utilización de recursos públicos para fines político electorales.

Para tal efecto, se dispone integrar una comisión, conformada por los funcionarios Javier Padilla Guevara, Ana Patricia Arguedas Sánchez y Fabio Ugalde Navarro (coordinador) asesores de los miembros titulares de este Directorio Legislativo, quienes tendrán un plazo perentorio de treinta días naturales, a partir del recibo de la notificación del presente acuerdo, para que rindan el informe correspondiente. ACUERDO FIRME. -949-

ARTÍCULO 21.- SE ACUERDA: A fin de tratar el tema del plan institucional en

materia de capacitación, convocar al Director del Departamento de Recursos Humanos, a la próxima sesión ordinaria que realizará este Directorio Legislativo el martes 1 de octubre del 2013.

ARTÍCULO 22.- SE ACUERDA: Modificar los artículos 7, 12, 15, 18 y 22 del

Reglamento Interno para la utilización, adquisición y sustitución de vehículos en la Asamblea Legislativa, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7.- Los vehículos de uso administrativo estarán sujetos a las siguientes regulaciones: a) Deben utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de las

funciones inherentes a su cargo.

b) Estarán debidamente identificados con la placa oficial de la Institución.

c) Serán conducidos por un chofer previamente designado y

debidamente identificado por la jefatura de la Unidad de Transportes. Salvo fuerza mayor o caso fortuito, este deberá conducir el vehículo en el trayecto para el cual fue autorizado.

d) La Unidad de Transportes suministrará las tarjetas de combustible y

ejercerá el control necesario para su uso en los vehículos de la Institución.

e) La boleta de solicitud de salida del vehículo será lo más precisa en

cuanto a hora de salida y regreso.

f) Si se trata de una salida de corta duración a realizarse en la jornada ordinaria, la solicitud será autorizada por la Dirección Ejecutiva o por el jefe de la Unidad de Transportes.



g) Cuando se requiera utilizar el vehículo fuera de los horarios

establecidos, se obtendrá una “Autorización de uso fuera de horario ordinario”, extendida por el miembro del Directorio o su suplente. Para la salida de vehículos en días no hábiles o fuera de horario normal, el conductor presentará al agente de seguridad de la Institución ubicado en el estacionamiento, la respectiva autorización.

h) Todos los vehículos serán depositados y custodiados, cuando no

estén en servicio, en el estacionamiento de la Asamblea Legislativa, por lo que a cualquier hora que se programe la salida para giras, el vehículo iniciará su recorrido desde ese lugar y será depositado a la hora que regrese después de concluido el servicio. Los conductores que realicen giras en el territorio nacional y deban pernoctar o permanecer fuera de la ciudad de San José, asegurarán la mejor custodia de los vehículos que utilicen en la realización de tales giras.

ARTÍCULO 12.- Trámite de las pólizas.

Corresponde al Departamento Financiero realizar los trámites para la

adquisición de las pólizas a solicitud de la Unidad de Transportes. Esto implica realizar las gestiones pertinentes para que los vehículos cuenten con el respectivo seguro, así como tramitar ante el Instituto Nacional de Seguros las denuncias de accidentes de tránsito en que participen vehículos de la Institución, de igual manera remitir la documentación requerida para la respectiva autorización del pago del deducible y otros rubros, y gestionar los cobros correspondientes que pudieran generarse en caso de accidentes ante el ente asegurador.

ARTÍCULO 15.- Requisitos de la solicitud de transporte. Cada diputado o departamento de la Asamblea Legislativa que requiera

los servicios de transporte, deberá presentar una boleta de solicitud a la jefatura de la Unidad de Transportes.

Para su tramitación se debe cumplir con los siguientes aspectos:

a) Cuando se trate de salidas de corta duración durante la jornada ordinaria de trabajo, el Jefe de la Unidad de Transportes autorizará el uso de vehículos administrativos, de conformidad con la disponibilidad de automotores.

b) Las solicitudes para utilizar vehículos destinados a giras en el territorio nacional, deberán presentarse los días lunes y martes ante el miembro del Directorio Legislativo a quien se delegó esta potestad, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. Los servicios serán prestados siguiendo el orden de presentación de las solicitudes.

c) La asignación del conductor del vehículo es facultad propia de la

Jefatura de la Unidad de Transportes.



d) Para la realización de giras deberá darse prioridad a los diputados

que representan zonas rurales, quienes tendrán derecho hasta un máximo de 110 horas de servicio mensuales, cuya variación solo puede ser autorizada por el miembro del Directorio Legislativo nombrado para estos efectos o por el Directorio Legislativo.

e) Las solicitudes que por alguna razón sean rechazadas, tendrán

prioridad de reprogramación dentro del mes, con esto se garantiza un acceso equitativo.

f) La Unidad de Transportes debe destinar un vehículo a fin de cubrir las

necesidades de los diputados que usualmente no solicitan servicio. En caso de que no haya solicitudes, el automotor podrá usarse para cubrir otros requerimientos. En estos casos estas solicitudes deberán ser presentadas a más tardar el día martes previo a la gira.

g) Para un mejor aprovechamiento de los vehículos de uso

administrativo, se podrán agrupar varias solicitudes de transporte dentro de una misma ruta.

ARTÍCULO 18.- Prohibiciones de los conductores. Se prohíbe a los conductores de los vehículos la realización de las siguientes acciones: a) Guardar los vehículos en sus casas de habitación, aún cuando el

servidor finalice labores fuera de la jornada ordinaria de trabajo, salvo casos especiales autorizados por la jefatura de la Unidad de Transportes o por el miembro del Directorio Legislativo encargado.

b) Operar los vehículos sin la correspondiente autorización.

c) Conducir vehículos de la Institución bajo los efectos del licor, drogas psicotrópicas o sustancias enervantes.

d) Adherir al automotor rótulos o calcomanías que no sean las oficiales,

así como conducir un vehículo que tenga puesto en el parabrisas delantero o trasero, en las ventanillas o ventanas laterales o posteriores, algún rótulo, cartel u otro material opaco, que obstruya al conductor la visibilidad.

e) Estacionar o dejar los vehículos oficiales en lugares donde se ponga

en peligro su seguridad, la del personal, sus accesorios materiales y equipos que se transportan, o que lesionen por su naturaleza, la imagen de la Asamblea Legislativa.

f) Conducir a velocidades superiores a las permitidas por las leyes y los

reglamentos.



g) Proponer o efectuar arreglos extrajudiciales en caso de accidente de tránsito a los conductores o usuarios. En tales casos, únicamente el Director Ejecutivo de la Institución está facultado para atender las gestiones que correspondan.

h) Utilizar indebidamente los combustibles, lubricantes, herramientas,

repuestos y accesorios asignados a los automotores e intercambiar combustible de un vehículo a otro.

i) Ocupar o permitir el uso de vehículos en actividades particular, salvo

aquellos casos en que por la índole del transporte, el propósito del viaje o situación así lo justifiquen, en cuyo caso, una vez finalizado este se informará al jefe inmediato los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. El cumplimiento de esa medida hará al infractor responsable solidario de las consecuencias del uso inadecuado de los vehículos.

j) Comportarse en forma contraria a la moral y las buenas costumbres

durante los servicios de transporte.

k) Ceder la conducción de los vehículos a funcionarios o particulares no autorizados.

ARTÍCULO 22.- Investigación administrativa. En caso de accidente, la Jefatura de la Unidad de Transportes deberá realizar la investigación administrativa correspondiente e informar al Director Ejecutivo el resultado. En caso de que se considere oportuno, se ordenará la apertura del procedimiento disciplinario administrativo, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública.

Rige a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. -977-

Se levanta la sesión a la 1 p.m.

reuniÓn del directorio legislativo sesiÓn … compartidos/acta190-2013.pdf · 24 de setiembre del...

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