respuesta al pliego de cargos ministerio de educacion nacional

Presidente del Consejo Superior Javier Barreto

RESPUESTA A PLIEGO DE CARGOS

Santiago de Cali, octubre 6 de 2012

Dra. María Fernanda Campo

Ministra de Educación

Dra. JULIA INÉS BOCANEGRA ALDANA

Asesora Secretaria General

Dra. Ruth Teresa Bernal Ruiz

Abogada Investigadora

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Calle 43 No 57-14 Centro de Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C

ASUNTO: 124 INVESTIGACIÓN, Pliego de Cargos del 7 de Septiembre 2012

Yo, Álvaro Mina Paz, identificado con cédula de ciudadanía No 16 604 463, como aparece

al pie de mi firma y domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali, obrando en mi propio

nombre, dentro del término establecido por su despacho, procedo a dar respuesta, en los

siguientes términos al Pliego de Cargos endilgado: Resolución No 11030 del 15 de

diciembre de 2010.

1. EXPLICACIONES PERSONALES Y HECHOS

Para comenzar debo aclarar y manifestar, que en la actualidad no soy miembro del

Consejo Superior de la Universidad Santiago de Cali. Como consecuencia de la

crisis de gobernabilidad, vivida en la universidad motivada por la presunta conducta de

ilegitimidad del Rector Hebert Celin Navas y los acontecimientos posteriores que alteraron

el clima académico, laboral y convivencial dentro del claustro univeritario, presenté

RENUCIA IRREVOCABLE el 4 de abril de 2011 al cargo de Consejero Superior. Renuncia

motivada por la conducta inapropiada asumida por la Mesa Directiva del Consejo Superior

de negarse a entregar por escrito, informes de las investigaciones realizadas por el

Ministerio de Educación Nacional a todos los consejeros; renuncia que presenté por cuanto

en la mayoría de las actas no se registran mis intervenciones y alegatos en torno a mis

opiniones expresadas ante el consejo superior. Alegándose por parte de la mesa directiva,

que las actas no son literales y que estas manejan una metodología ejecutiva; renuncia

que presenté por cuanto no fue posible que se me contestara los numerosos Derechos de

Petición solicitados por mí. Con fines informativos o averiguatorios, interpuse sendas

cartas para conocer de primera mano anomalías y poder contribuir a encontrar posibles

soluciones. Pero siempre se argumentó por parte de la Secretaria General, que la

información sólo se le entregaba a la Presidencia del Consejo para salvaguardar el interés

de la universidad. Decidí por tanto renunciar, dado que me decepcioné, al entender que

el “cogobierno” de la universidad se había convertido en un vulgar satélite de la

maquinaria politiquera de los feudos podridos de los caciques políticos del Valle del Cauca.

Mi renuncia, desde luego fue aprobada por el Tribunal Electoral y mesa Directiva Del

Consejo Superior y quienes procediendo con celeridad, de conformidad con los estatutos


de manera inmediata suplieron mi curul de Consejero Superior con el profesor Ramiro

Quintero, siguiente en la lista que yo representaba por el Programa de Tecnología

Industrial de la universidad.

De igual forma, aclarar a esta oficina investigadora que todas mis actuaciones como

miembro del Consejo Superior de la Universidad Santiago de Cali, han sido de buena fe y

dando cumplimiento a las normas y disposiciones vigentes. Por lo anterior, con el debido

respeto, debo manifestar no he obtenido beneficio alguno que ponga en entredicho mis

principios éticos. Debo decir que tanto mi vida personal como mis actuaciones públicas, ha

estado vinculadas esencialmente al ejercicio de la academia de ello dan cuenta mi

currículo público registrado ante Colciencias. Y ni siquiera por mis logros académicos he

recibido algún favorecimiento de parte de los directivos de la universidad. Mi situación

económica es modestamente humilde por lo anterior. Fui desde luego, un crítico

sistemático y consecuente, incomodo ante muchos directivos porque asumí posiciones en

defensa del pago de la Seguridad Social entre otros. Por las consideraciones anteriores,

no comparto, no acepto, con el debido respeto los cargos indilgados en el respectivo

pliego:

Cargo No 1. Se sostiene que incumplí el Estatuto de la Institución respecto de la elección

y conformación del Consejo Directivo Universitario (CDU) (Resolución 2271 de abril 27de

2009) y fundado en hechos relacionados en la página 2. Sobra decir, como deberá

aparecer en las grabaciones magnetofónicas del consejo superior, un defensor y fui afecto

a la iniciativa, que idealmente podría ayudar a superar las múltiples dificultades que

enfrentaba el Consejo Superior. Pero como entenderá esta decisión se asume no con el

voto u opinión solitaria de un consejero, que es mi caso, sino que requiere de las mayorías

y desde luego, no fue fácil lograr que todos los consejeros que abogaron por concretar

esta iniciativa y la decisión de aplazar o archivar la misma, responde a la falta de claridad

del coordinador o ponente del proyecto, doctor Raimando Tello Benítez y el poco interés

de la mesa directiva encabeza del presidente Javier Barreto Martínez en sacar esto

adelante. Desde luego, habría que decir que la iniciativa no tenía claros los mecanismos

para elegir de 121 miembros a 27 integrantes para el Consejo Directivo Universitario

(CDU). Como usted entenderá y ha podido enterarse, esta era una responsabilidad política

de la mesa directiva en cabeza del presidente del Consejo Superior la que bebía sacar

adelante este mandato y la respectiva comisión estatutaria encargada de resolver el

asunto, en este caso no había una fecha explicita para la conformación y elección del

CDU.

Bueno es recordar que el Titulo 1 y Articulo 1 del Estatuto General de la Universidad

Santiago de Cali define que esta “…es una corporación de carácter civil de derecho

privado, de utilidad común sin ánimo de lucro con personería jurídica reconocida por

Resolución No 2800 de 02-09-59, del Ministerio de Justicia como Universidad, decreto No

1297 de 05-30-64 del Ministerio de Educación Nacional.

El Capítulo 2 de los Principios Fundamentales (subrogado acuerdo CS-03 del 02-04-03) en

el artículo 4 establece el principio del Cogobierno y una institución política de diálogo y

concertación al interior de la comunidad universitaria, sometidos a debate público.

En el Capítulo 2 del estatuto de la institución, establece lo relativo al Consejo Superior,

Articulo 20 modificado mediante acuerdo CS-02 del 30 de julio de 2008, establece que la

suprema Dirección y Autoridad política, académica, administrativa y financiera de la

Universidad Santiago de Cali, estará a cargo del Consejo Superior, por ser este órgano de

elección directa que tendrá sus funciones y que se constituirá como órgano de Dirección y

Autoridad. Artículo 26 y sus literales b, i, k, m, o; por tanto y teniendo en cuenta el

Estatuto General de la Universidad, considero una vez más que todas y cada una de mis

actuaciones se hicieron obrando de buena fe, y de acuerdo a la norma institucional. Del

mismo tenor, el Articulo1, 2, 20, y 26 del Estatuto General faculta al Consejo Superior para

que dirima todas las controversias que se den al interior del Alma Mater, sin desconocer o


hacer omisión de las normas de la Republica y menos de los mecanismos de inspección,

control y vigilancia.

El artículo 20 (acuerdo CS-02 del 30-06-08) establece que la máxima autoridad política,

administrativa y financiera de la Universidad Santiago de Cali, está en cabeza del Consejo

Superior y será este mismo ente que establece por elección indirecta los miembros del

Consejo Directivo Universitario (CDU), siendo este órgano una derivación del Consejo

Superior, que estatutariamente asumirá la máxima responsabilidad institucional y dirección

de la universidad. En sintonía con este precepto el 10-02-10 el Consejo superior, como

consta en el Acta No CS-02 de 2010 emprendió la discusión a través del coordinador de la

comisión respectiva (comisión primera) en el punto 6 del orden del día: “reglamentación y

discusión Consejo Directivo Universitario”. Debate que fue tendenciosamente manipulado

por el presidente del consejo al reducir la discusión de la conveniencia del CDU para

superar el problema de Falta de quórum, argumento que desvirtúa la realidad fundada en

el gigantismo paquidérmico de un consejo que convoca a 121 miembros pero que en la

práctica si funcionaba pero con un quórum muy precario lo que la postre le restaba

legitimidad a muchas de las decisiones tomadas y controvertían el carácter “democrático”

de este órgano. Y es precisamente el consejero Carlos Alberto Martínez Cabal quien

alegando “…que lo que quiere conocer este consejo es discutir la situación financiera de

la universidad, no el CDU que al parecer trasnocha al presidente Javier Barreto y otros

directivos”; quien prende las alarmas en torno a las grandes preocupaciones de estado

económico o financiero de la universidad. Y es justamente el encargado o coordinador de

la comisión de asuntos estatuarios el que ratifica “la máxima autoridad es el Consejo

Superior en pleno”, entiéndase pleno los 121 consejeros. Y continua afirmando el

consejero coordinador que esta sesión o reunión no es convocada para crear el Consejo

Directivo ni diseñar las funciones del CDU, habla de los inconvenientes relativos al Acuerdo

CS-02-de 2008, numeral dos, que no establece cómo debe hacerse la elección de este

nuevo órgano en concreto, sólo habla de tres representantes por Facultad. El presidente

Javier Barreto, en forma muy lapidaria pregunta si es el consejo que elige al CDU. Como

podrá verse en la citada acta o en las grabaciones del consejo es una discusión pobre que

termina en un galimatías insulso en la que uno delos consejeros llega a proponer la

derogación del cuerdo CS-02-2008 que crea el CDU y el mismo coordinador termina

proponiendo que se aplace la discusión del CDU hasta tanto los consejeros no tengan

claro este asunto. Se aprueba aplazar la discusión. Por tanto no he incumplido como

consejero universitario con las normas o mandatos en lo referente a la no reglamentación

por cuanto no pertenecí a la comisión encargada de la redacción y menos cuando no vote

su aplazamiento o su disolución.

Cargo No 2. Expresa incumplimiento de mi parte del Estatuto General de la Institución,

respecto a la elección del Procurador Universitario. En el mismo tenor, debo aclarar que

no comparto la argumentación expuesta en este pliego de cargos, cuando señala que he

incumplido el Estatuto de la Institución, respecto a la elección del Procurador Universitario,

órgano previsto para el control y fiscalización de la administración como lo dispone el

estatuto ratificado mediante Resolución No 2271 de abril 27 de 2009.

El artículo 114 del Estatuto General Universitario establece que este cargo será elegido por

el Consejo Superior Universitario, que será un órgano de control, complementario de la

Revisoría Fiscal. De acuerdo con el Acta No CS-24 del 16 de Diciembre de 2009 se

confirma que efectivamente dentro del orden del día, el 5 punto, elección de procurador

Universitario. De hecho, con esta iniciativa pasó lo que tenía que pasar, la Mesa Directiva

convoca a elección de un cargo sin que se haya surtido todos los procesos previos que

incluyan convocatorias y candidatos. Y como consta en el Acta citada el Rector y el

presidente del Consejo plantean que no es posible la elección de dicho cargo por no

encontrarse presupuestados los emolumentos necesarios y por el contrario entrega unas

cifras fatídicas en relación al escaso número de estudiantes inscritos en el periodo, se

reconocen los atrasos en los pagos de los parafiscales y el tema se cierra con las

intervenciones del Rector, señor Heberth celín Navas, que señala que este cargo de


procurador no debió haberse traído al estatuto, no hace parte de la estructura lógica de la

universidad. El asunto está en que algunos consejeros plantean que esta figura del

Procurador deberá ser de la cuerda del CDU. Ahora bien, dado que no hay dinero para

pagar la nómina de docentes se habla de crear el cargo a honorem y concluyen aplazando

la elección del procurador universitario para evitar aumentar el gasto. Como podrá verse

en las grabaciones magnetofónicas de las sesionesdel Consejo el señor Rector Heberth

Celin no era partidario de la elección del Procurador y utiliza su gran poder para manipular

a las mayorías. No es una decisión unánime fueron los votos de las mayorías dispuestas

unos a servir el interés de la universidad y otros a seguir las recomendaciones y directrices

de la rectoría que incluyen a la mesa directiva del consejo.

En efecto, era un puesto burocrático más, que sólo afectaría las finanzas en forma

negativa. Ya, en el pasado la universidad había contado con un funcionario que era el

procurador universitario que soló sirvió para acomodar algún amigo de la rectoría de la

época. Otros, los más pragmáticos, planteaban que existiendo la Revisoría Fiscal y los

respectivos Tribunales Disciplinarios no era necesario crear cargos nuevos o duplicaciones

de las funciones. En resumidas, la razón convincente que esgrimían algunos consejeros,

que no es mi caso, era que nombrar el Procurador representaba una erogación de unos

$5.000.000.00 mensuales, sin contar prestaciones sociales, dinero que a la postre solo

haría resentir más las escuálidas finanzas de la coyuntura crítica del momento de la

Universidad Santiago de Cali.

Cargo No 3. El tercer cargo relativo a una supuesta, inobservancia de la misión social al

proponer al rector del momento vía libre a una formalización de la actividad ordinaria

institucional, dando paso al lado de su cargo, a partir de la fecha en que se presente el

acuerdo y sea firmado. Declaro con todo respeto, que en este asunto al igual que los

anteriores, no hubo mala fe y menos desviación de la función misional por cuanto el

documento del acuerdo se firmó entre la Mesa Directiva o presidencia del Consejo

Superior y el rector saliente.

Se me imputa el cargo de incumplimiento con mis funciones legales y estatuarias al aplicar

y destinar las rentas y patrimonio de la universidad en fines diferentes a los previstos

estatutariamente y conciliar un acuerdo con el ex rector Heberth Celin Navas. En efecto el

Acta No CS-06 de 23 de febrero 2011 en el punto No 3 Análisis situación actual de la

Universidad y No 4 de Proposiciones. Se recoge de manera muy superficial alguna de mis

intervenciones, ya había expresado en las primeras líneas de este documento que uno de

los motivos por el cual termino declinando y renunciando a este órgano de dirección

universitaria, es justamente porque utilizando el eufemismo de Actas ejecutivas, se

cercenan mis opiniones y no se recogen mis intervenciones. Por fortuna, al leer el Acta

queda claro que es el Presidente del Consejo superior quien dice que esa reunión fue

convocada para definir la suerte del Rector. Quien según testimonio, en ese momento era

víctima de todo tipo de ataques de todos los flancos y, sobre todo de acusaciones muy

graves que comprometían la gobernabilidad de la universidad. Hay que decir que nuestra

universidad es privada, no tiene dueños, pero curiosamente la institución pende del hilo

conductor de quien la dirija y en este caso su representante legal. Piensen por un instante

el problema frente al sector financiero. Es decir, los consejeros nos encontrábamos en un

limbo, ante un dilema. Tanto es así que el mismo sindicato Siprusaca había convocado a

una asamblea general para esa misma fecha que se reunía el consejo y cuyo punto más

importante era exigir la renuncia del señor rector Heberth Celín Navas. Pedían también la

renuncia de todos los funcionarios de la administración que a juicio del sindicato habían

cohonestado con sus actuaciones y generado la crisis de la universidad y a través de su

delegación pedían la elección de un rector encargado, decían no aceptar que la señora

Maria Nelcy Rodriguez, la Vicerrectora asumiera el cargo. En esa misma línea los

estudiantes de todas las facultades se habían organizado y de manera contundente pedían

la renuncia y estar dispuestos a todo. Los pasquines inundaban los salones aniquilando a

su paso o desacreditando la honra de todo aquel que de alguna manera hacía parte de la


vida de la universidad, justificados o no, estos sicarios de la moral a través de la

desinformación y la manipulación, ayudaron a hundir en lo más hondo a la universidad.

He expresado, que el asunto era caótico y el dilema trágico, por cuanto no había ninguna

certeza de las irregularidades del Rector, no había ninguna investigación en firme. Todo

era especulación, al menos esa era la realidad del momento y dado que la universidad se

había convertido en el patio trasero de los gamonales políticos del Valle, muchos creíamos

que se trataba de un ajuste de cuentas políticas. Ese en esencia el escenario en el cual

nos movíamos. Que si le pedimos la renuncia al rector, la universidad tendría que pagarle

una millonaria indemnización argumentaba el Presidente del Consejo Superior, apoyado

desde luego por la representación jurídica de la universidad. Y en esta misma reunión el

presidente del consejo previo acuerdo con el rector nos presenta el supuesto acuerdo en

el cual se da un paso a un lado en su cargo de Rector en el que se reconoce salarios y

prestaciones hasta el 31 de diciembre del año 2012.

En la página 14 del Acta citada se expresa: “El consejero ALVARO MINA PAZ, manifiesta

que tiene que ser coherente con sus principios y con su posición como Consejero Superior.

Dice que si hay memoria hace unos días atrás propuso la no aceptación de la renuncia del

rector” más adelante, en la misma acta “expresa que es de las personas que no se ha

beneficiado en lo absoluto de la burocracia de la universidad ni es beneficiario de becas de

estudio en el exterior y, a pesar de haber participado en tres consejos supriores, no tiene

un solo familiar vinculado con la universidad”. Desde luego la intervención fue larga,

extensa. El Acta al menos recoge esas dos ideas que muestran mi postura y posición. Y

desde luego mi voto a favor del acuerdo estuvo motivado por la buena fe, el deseo de

superar el meollo del problema.

Estoy plenamente convencido que este acuerdo firmado entre la Presidencia del Consejo

Superior y el señor Rector saliente, le evitó mayores perjuicios a la universidad. El mismo

acuerdo, consagra que las partes se reservan el derecho de reclamar por vías legales,

constitucionales si llegaran a ver amenazado o vulnerado sus derechos. En mi condición

de EX_CONSEJERO, desconozco si la actual administración o el Consejo vigente hayan

interpuesto denuncias ante las irregularidades de los empleados o administradores de la

universidad, responsables del desangre financiero.

Ahora bien antes de votar, apoyando el acuerdo en mención, hubo senda ilustración por

parte de los abogados miembros del Consejo Superior; juristas que a mi juicio eran de

incontrastable confianza y, lo que es más significativo, se contó con las recomendaciones

y comentarios jurídicos de la oficina jurídica de la universidad. No se presentaron

argumentos contundentes en contra o por lo menos que advirtieran del posible error. Y

desde luego, como se reconoce en el pliego de cargos, “proponer” era solo la salida al

meollo del problema ante la amenaza de una demanda por cuanto hasta ese momento no

se había surtido un debido proceso en relación a los supuestos malos manejos de la

administración Celín y que la gran prensa de región Vallecaucana, le indilgaba al señor

rector, no existía un asidero o certeza en torno al grave problema que comprometía las

finanzas de la universidad. Y hasta ese momento, nuestras preocupaciones eran otras,

muy serias que comprometían la viabilidad de la universidad desde el puntos de vista

financiero por cuanto la insolvencia impedía a la universidad pagar o ponerse al día con

responsabilidades tan sublimes como era el pago de los parafiscales.

Cargo No 4. En el cuarto cargo se me inculpa de inobservancia misional al efectuar gasto

con recurso de la universidad por concepto de apoyo a los sobrevivientes del Decano

inmolado en las instalaciones de la universidad. Cargo que tampoco acepto, como no he

aceptado los anteriores por cuanto he expresado que mis decisiones y actuaciones se

hicieron de buena fe, siempre teniendo presente las normas y el sentido misional de la

universidad.

El Acta No CS-09 del 30 de julio 2010, el punto No 3 Asesinato del Decano Hebert

Mosquera Hurtado. Cabe resaltar que la mayoría de los consejeros nos estábamos


preparando para lo peor, desde el punto de vista de la crisis y en todos los escenarios

inimaginables nunca estuvo la posibilidad de ser “testigos” de un asesinato y menos que

ocurra este horrendo crimen en las instalaciones de una institución educativa.

Las circunstancias que rodean este atroz crimen determinan o modelan el comportamiento

psicológico de las personas y en nuestro caso, el duelo interno determinaría acciones de

solidaridad propia de los seres humanos que somos sensibles al dolor. Y es el presidente

del Consejo quien hace un llamado a que se respete el contrato del Decano fallecido y

como homenaje para su familia, él mismo presidente del Consejo es quien propone

estudiar la viabilidad de la propuesta de auxilio a los sobrevivientes. Otra vez, los

consejeros abogados, juristas universitarios son los que modelan la propuesta del acuerdo

con la anuencia de la oficina jurídica de la universidad… y se propone entregarle al rector

del momento facultades para garantizar seguridad económica y física a los sobrevivientes

del decano asesinado mientras se definen los asuntos de ley.

Vale recordar que el infausto acontecimiento del asesinato del Decano de la Facultad de

Económicas, ocurre precisamente en medio de la peor crisis financiera vivía en 50 años

de existencia de la universidad. Crisis que tocó fondo y que puso a tambalear todo el

proyecto de la institución. Por lo visto, la universidad no había hecho los pagos respectivos

de la EPS que cubrirían los gastos para los sobrevivientes: esposa e hijo, como lo

determina la ley. Situación de enorme complejidad e imprevisión que a mi juicio debería

ser resuelta por el Consejo Superior. Y apelando a profundos criterios de asertividad la

presidencia del Consejo Superior entregó la propuesta que expresa que la universidad en

forma transitoria asumiría hasta tanto el órgano competente se encargue. Por eso quedó

escrito que esos dineros serían devueltos por parte de la viuda y la suspensión de los

pagos, cumplido los términos. Por tanto queda clara mi actuación, una vez más. Que mi

actuación se dio en términos legales dentro de los parámetros de la autonomía

universitaria. Y el acto o acuerdo, fue suscrito entre La Mesa Directiva: Presidente,

Vicepresidente y Secretaria General de la Universidad, fueron ellos los que facultan al

Rector Celín a gestionar el auxilio económico en favor de los sobrevivientes de este atroz

crimen.

2. ANTECEDENTES Y HECHOS

Resulta indispensable aclarar y precisar hechos que antecedieron al pliego de cargos, toda

vez que aquellos relacionados en los acápites del oficio referido son parcializados e

incompletos:

El sindicato de Profesores de la Universidad Santiago de Cali, “siprusaca” informa (circular

No 18) que ha elevado queja ante la Superintendencia Nacional de la Salud y ante el

Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial del Valle por el no pago de los

aportes de salud y pensión.

La universidad conserva de manera formal una estructura de gobierno colegiado la cual se

caracteriza por la representación de todos los pregrados, egresados, profesores y

miembros fundadores a través de un órgano denominado cogobierno compuesto por 121

miembros elegidos cada 3 años (5 años el actualmente, 2009 a 2014) siendo claro que el

gigantismo de este órgano genera inoperancia y en la mayoría de los casos se cuenta con

el quórum precario y lo que es peor, mayorías abozaladas y adormiladas por sus

patrocinadores o jefes políticos de la región vallecaucana.

La crisis mayor se produce cuando el Rector Hebert Celín Navas y su séquito de buitres de

la administración, incumple la realización de una gran reforma estructural de la

administración que contempla los siguientes puntos: Reforma financiera y administrativa,

reformas académicas y curriculares, actualización tecnológica, reducir el número de

empleados por cuanto se habla de mil trescientos profesores y por cada profesor habían

cuatro empleados en la fronda burocrática que hacia insostenible la dirección universitaria

por cuanto los ingresos de la universidad sólo servían para pagos a medias de nómina,

descuidándose asuntos sustanciales como la modernización de espacios físicos,


actualización y dotación de nuevos laboratorios, ampliación del presupuesto para

investigación.

Crisis de representación por cuanto el periodo de los consejeros ampliado a cinco años a

juicio de muchos era muy largo y se pedía el sentido democrático. Reducir el periodo del

Consejo a tres años., de igual forma reducir el Consejo a 21 miembros y representado por

las siete facultades sin excluir a los socios fundadores; la elección directiva del Rector.

La crisis se profundiza por la inexistencia de una auténtica reforma administrativa que

establezca niveles de justicia jerárquicos para los empleos y docentes, se sabía de

funcionarios “amiguitos” del rector o familiares que ganaban más que sus propios jefes;

mientras que no habían diferencias salariales para los profesores de acuerdo con los

niveles y grados de formación científica o títulos de posgrados. La Reforma Administrativa

era un clamor, que evitaría la existencia de docentes tiempo completo o dedicación

exclusiva con vínculos con otras instituciones o devengando con horarios especiales o

pocas horas. Lo que se denominó en su momento piratería académica.

Negativa de la Mesa Directiva del Consejo Superior de entregar informes, como el informe

de Ministerio Educación Nacional (MEN), que tristemente hay que decir que fue primero

conocido en la página web del periódico el país.com y nunca fue entregado para su

conocimiento a todos los miembros del consejo superior.

Negativa a responder los Derechos de petición de informes que se entregaron con fines

averigua torios. Los consejeros estábamos cruzados de brazos por cuanto no era posible

ejercer un control político sin previa información.

Negativa de la mesa directiva para presentar pruebas en torno a las responsabilidades

administrabas en referencia a los tiempos de insolvencia, feria de contratos que

favorecieron a terceros y no a la universidad.

Poco acompañamiento de órganos de control como Revisoría Fiscal. En resumidas cuentas

aplaudo a las fuerzas que motivan esta investigación, a pesar de no compartir la

argumentación de los cargos. Pero desde mi perspectiva veo que los autores materiales

de la debacle de la universidad, del desangre financiero, podrán estar tranquilos mientras

otros, los que seguramente obramos con criterios éticos de servir a la institución, somos

hoy severamente cuestionados y extenso pliego de cargos. Es así como desearía conocer

a título de petición personal, quien motiva estos cargos y cueles son sus motivaciones

políticas, y desde luego saber si existen los cargos para los responsables de la verdadera

crisis, que puso en riesgo la existencia de la universidad, crisis que sabiamente ha sido

enfrentada en la actualidad en cabeza del señor Carlos Andrés Pérez actual rector. Pero

hay que decir una gran verdad, los dineros que la universidad perdió por ineficiencia o por

corrupción de la anterior administración serán, durante muchos años la cuota de atraso

que impedirán a mi juicio el cumplimento de las grandes metas que apuntalen a la

universidad en este final de siglo, porque no vasta pagar los parafiscales y las nóminas en

estos tiempos.

Atentamente,

Álvaro Mina Paz

Ex consejo superior

Representación Docente Tecnología Industrial

CC. 16 604 463 de Cali

Carrera 44 A No 48-19 piso 2. Barrió Ciudad Córdoba

Cali- Valle del Cauca. Tel 327 83 80 celular 300 790 17 51

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