responsabilidad medioambiental
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D. Julio César de Cisneros
Comunicación presentada en el VI Congreso de Sociología de Salamanca. 2006
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La responsabilidad medioambiental
Surge la responsabilidad medioambiental cuando se asume que
el sistema ecológico puede y debe ser alterado si procura una mayor
eficiencia en el progreso humano.
La responsabilidad medioambiental es la capacidad de rectificar
los actos que un agente, en confluencia con otros, provoca en un
sistema. A diferencia de la culpa, cuya afinidad penal zanja con una
condena el presunto delito.
Una visión lineal sugiere un solo lugar de responsabilidad. La
existencia de un culpable que ha desencadenado el desastre y cuyo
castigo no arregla nada pero sirve de escarmiento para los posibles
delincuentes ecológicos. Hasta ahí el delito ecológico no contribuye en
nada a prevenir el desastre, más bien lo encarece. Y el Estado sólo
consigue reafirmar su capacidad represiva.1
Por el contrario la perspectiva de la “realimentación” sugiere
que todos comparten la responsabilidad de los problemas generados
en un sistema.Así pues, Peter M. Senge, en su obra “La Quinta
Disciplina” nos explica que el pensamiento sistémico es una disciplina
para ver totalidades. Es un marco para ver interrelaciones en vez de
cosas. A diferencia de la perspectiva lineal, toda acción sobre la
naturaleza revierte sobre el hombre, devuelve al hombre los errores
cometidos con la naturaleza. No sirve de nada buscar culpables,
porque no somos culpables individualmente, sino colectivamente. Se
impone un cambio de perspectiva, se impone un modo de tratar el
conflicto que mantiene el hombre con la naturaleza desde una
posición que permita al hombre capacidad de solución. 1 Senge, Peter, La Quinta Disciplina. Editorial Granica
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Y ahora viene la otra pregunta, cómo podemos solucionar los
problemas que nos procuramos al tratar con la naturaleza.
Desde una perspectiva culpabilizadora, penal, represiva,
sabemos que el Estado es el único con autoridad para infringir un
castigo. El derecho sólo alcanza al delito. Debemos tener en cuenta
que la presencia del Derecho se hace inevitable cuando el concepto
de propiedad, y, aun antes, el de posesión (con la nota de
excluyente) y que éste va dirigido a la persona como centro de
imputación de los fines perseguidos por las normas, trasladándose la
diferencia entre derecho público y privado donde lo que importa no es
la posibilidad de la aplicación en sí, sino el destino de la norma, lo
que es decisivo2.
Ahora bien, ¿qué nivel de autoridad alcanza un Estado en crisis
como lo han definido no pocos estudiosos del Estado moderno.3
Siguiendo el discurso de la Teoría de Sistemas de Luhmann, el
problema a que se ve sujeto el Estado de Bienestar estriba en que,
manteniendo intactos sus mecanismos jurídico constitucionales, no
puede disponer de ellos para moderar su crecimiento; “el sistema
político, edificado como Estado de Bienestar, se introduce en una
relación social y, por tanto, en una relación con el ambiente que él
mismo ya no puede regular”. La teoría moderna del estado soberano
presupone la idea de una “comunidad nacional de destino” una
comunidad que se gobierna correctamente y que determina su propio
futuro. La naturaleza del patrón de interconexión mundial y los
problemas que tiene que afrontar el estado moderno cuestionan esta
2 Parada, Ramón, Derecho Administrativo. Parte General. Editorial Marcial Pons.1995.p.14 3 Vallespín, Fernando. Historia de la Teoría Política (6).Alianza Editorial. Madrid.1995.P.325
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idea de forma fundamental.4 Los límites territoriales definen las
bases según las cuales los individuos son incluidos o excluidos de la
participación en decisiones que afectan a sus vidas (por muy poco
que afecten), pero los resultados de estas decisiones “se extienden”
con frecuencia más allá de las fronteras nacionales. La interconexión
regional y mundial se opone a la tradicional resolución nacional de
cuestiones centrales de la teoría y práctica de la democracia. El
proceso mismo de gobierno parece estar “escapando a las categorías”
de la nación-estado (Laski, Studies in Law and Politics)5Y un Estado
jurídicamente existente (Palestina, Sahara occidental)? O un Estado
de fronteras poco definidas, como ocurre con muchos Estados
Subsahariano. Todas estas interrogantes ponen en tela de juicio
cierto convencionalismo que resulta poco práctico desde el punto de
vista de la represión de las actividades delictivas ecológicas. Sobre
todo si dicha actividad la realiza una multinacional de cuya actividad
depende, no ya un conjunto de empresas del país sino la misma
estructura de poder de dicho país.
Se impone un cambio de perspectiva, una visión globalizadora,
y ésta alcanza más allá de los límites de los Estado-nación. Frente a
la llamada globalización económica, protagonizada por el Banco
Mundial, el F.M.I. y la O.M.C., respondidas puntualmente por un
incipiente movimiento de acción antiglobalización (Seatle), redes de
movilización también globales pero heterogéneas Mientras que las
grandes multinacionales organizan sus negocios sobre el caos
organizativo de los distintos Estados del mundo y los Estados pierden
viabilidad ante la omnipotencia de dichos poderes transnacionales, los
recursos naturales se ponen en peligro sin que haya freno alguno a la
esquilmación, a no ser la labor de “pepito grillo” que en muchas
naciones representa cierta mala conciencia con la naturaleza, fruto de
4 Hedd, David, Modelos de Democracia.Alianza Editorial.Madrid. 1996, p.367 5 Hedd, D. Idem.p368
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la complicidad culpabilizadora y consumista de los países
desarrollados.
De la mano del discurso neoliberal, basado en el principio de
que cuanto menos Estado mejor., los Estados sólo son viables como
coros burocráticos al servicio de las vanguardias económicas.
Mientras tanto, los ciudadanos, atrapados en el neocorporativismo
abandonan el protagonismo político convirtiendo la legislación social
en un asunto permanentemente vinculado a la macroeconomía
(Rentas, PIB, etc.). Los Estados se han convertido en instrumentos
limitados para la defensa de cualquier ideal global. El hombre frente a
la naturaleza no dispone de instrumentos políticos donde cuestionar
los modos de organización, que ahora están vendidos al discurso del
progreso y por tanto a la esquilmación de los recursos naturales.
Latente, oculta tras los modelos existentes de expresión de la
voluntad de los ciudadanos, surge el reto a los intereses generales
representados por los recursos naturales, transfronterizos,
transnacionales, transestatales . Este reto intenta ser respondido
mediante fórmulas que no se resignan a reconocer las dificultades
inherentes a los intentos de dar validez al Estado como modo de
organización de la voluntad social. La Unión Europea no ha alcanzado
hasta el momento mayores objetivos que los de reproducir el impulso
de los Estados fundadores hacia un modelo inconcreto de Gran
Estado. El espíritu fundador, el espíritu superador de los intereses
nacionales, el espíritu que involucra la cesión de soberanía, no cuaja
en un nuevo modo de organización política. Nuevos egoísmos
sustituyen a los viejos.
La Unión Europea es un ejemplo del modo en que los recursos
constituyen una buena base para los acuerdos políticos, pero el
economicismo ramplón no puede dar cuenta de los cambios políticos.
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El pensamiento economicista ha dado lugar a que los problemas
políticos se observen como determinados por un desarrollo económico
concreto, un desarrollo definido por la conveniencia de los que se
auto definen suficientemente desarrollados para establecer el umbral.
El economicismo ramplón ha hecho que las políticas sean
homogéneas que no se distingan más que por matices. La política ha
caído en manos del único argumento que canaliza las diferencias
sociales; es decir, la cultura, la religión, la etnia. Resulta ridículo que
en una época donde el capital campa entre las naciones sin prejuicios
de ningún tipo, donde el capital globaliza el comercio y se libera de
las fronteras, sea precisamente la voluntad de los gobiernos quienes
pretendan decidir sobre la vida y el bienestar de sus ciudadanos. Más
aún si esa política no se diferencia en opciones políticas claras.
Tenemos por tanto, una política que se inhibe de los procesos
económicos mundiales y que provee bienestar al capital internacional.
Tenemos una política que deja en manos de valores anacrónicos la
mezquindad de la voluntad política territorial a lo Kelsen. Sin
embargo, en este momento histórico de crisis del Estado como modo
exclusivo de articular la voluntad política, surge como único elemento
estabilizador la supranacionalidad, y esta supranacionalidad toma
como referencia los recursos naturales comunes. Sin embargo, esto
no ha situado la política de los recursos como eje del cambio político.
La principal dificultad reside en la contemplación de la Unión Europea
como mercado, es decir, como una reproducción de los modelos de
Estado existentes.
La hipótesis ecológica afirma que el sistema medio ambiental
es el que sostiene la vida, base fundamental de toda actividad; que la
destrucción de dicho sistema o la sustitución de los parámetros
actuales pone en peligro todas las formas de vida. Que el proceso
destructivo debido al acelerado ritmo de crecimiento de las
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economías humanas, no es tolerado por el resto de las formas de
vida, las cuales se ven avocadas a una desaparición por inadaptación.
Que tal circunstancia revertirá sobre el hombre amputando toda
conexión con la naturaleza y destruyendo la diversidad natural y su
riqueza intrínseca. Por tanto, agotando o inutilizando aquella fuente
esencial de los recursos de los que se nutre dicha economía humana.
Que además este proceso afectará aquellos seres humanos que
practiquen una mayor dependencia de la naturaleza, especialmente
las comunidades con modos de producción más primitivos.
Desde esta hipótesis, se apela al concepto del desarrollo
sostenible consistente en que las generaciones actuales no pueden
agotar los recursos que han de disfrutar las generaciones futuras, se
estimula al desarrollo de los procesos de reciclado, ahorro de energía,
etc.. .
Por tanto, la hipótesis ecológica apunta hacia los procesos
adaptativos, es decir, la humanidad debe invertir la dirección del
desarrollo haciendo posible el respeto de los espacios naturales en los
que convive con otros seres vivos, a procurarse un modo de
supervivencia que no agote las posibilidades del resto de los seres
vivos. Se trataría de reformar la conducta del hombre en un proceso
de auto limitación. Un proceso sistémico del hombre frente a la
naturaleza. Pero de un hombre irreal, un hombre genérico, sólo
inteligible de forma abstracta. Ello afecta al proceso de
realimentación. El hombre considerado de ese modo es un hombre
que siente culpa o que culpabiliza a otros hombres. De este modo de
entender el problema sólo se derivan sanciones, leyes y
procedimientos correctivos sobre casos puntuales de flagrante delito.
Dicha hipótesis no entra en la realidad humana, al -Ser Social-.
Dicha hipótesis no cuestiona los fundamentos de la desigualdad. La
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dependencia de unas comunidades humanas de otras. La
multipolaridad de las relaciones internacionales o el cuestionamiento
del Estado como forma de organización política. La relación del
hombre con la naturaleza obvia las diferentes formas de organización
política y sólo tiene en cuenta una relación social global repartiendo la
culpa moral de la humanidad frente a su entorno.
La responsabilidad medioambiental no es solamente una
cuestión de conciencia medioambiental, que también lo es, sino una
cuestión de estrategia.
Para la hipótesis ecologista la responsabilidad moral se deriva
de una acusación proveniente de una voluntad superior, presupone
una mente juiciosa que acusa, que señala el mal, que “sataniza”,
exterior a la acción de nuestros dirigentes y residente en la
conciencia, tan libre e individual como dispersa, agazapada,
esperando cualquier fallo para supurar como herida abierta. Pero los
cambios en la voluntad de los hombres, pasa por la voluntad de las
naciones y por la voluntad de las organizaciones políticas de los
ciudadanos.
La autoridad de los Estados para gestionar adecuadamente sus
recursos, bajo las condiciones impuestas por una autoridad
supranacional o por la condicionalidad política, obligan a métodos de
gestión de recursos y a unos mecanismos de control que en muchos
casos resultan inviables para muchas de las naciones más pobres,
preocupadas más por la supervivencia de su población o establecer
una mínima base de su desarrollo.
La acción del hombre sobre la naturaleza ha sido abordada
hasta ahora desde la perspectiva lineal, como producto de la acción
de la conciencia sobre los actos, la norma como principio moral de
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valor en sí, como si los Estados tuvieran la capacidad de garantizar la
ley de igual modo en el Reino Unido que en Uganda. Desde una
perspectiva que no involucra las relaciones de poder, sino sólo en la
medida en que araña un determinado estado de opinión en aquellos
países donde la sensibilidad medioambiental está desarrollada.
Hasta ahora el discurso ecologista no ha abordado la cuestión
de los recursos en el marco de los regímenes y sistemas políticos. Se
ha establecido una especie de declaración, de deseos que apelan a la
responsabilidad moral sobre la responsabilidad política. Pero la
responsabilidad política está demasiado vinculada a los problemas del
desarrollo económico, al desarrollo en términos de actividad
económica. Para las naciones pobres el desarrollo sostenible es un
discurso de lujo y no atiende a sus prioridades.
Así pues estamos ante dos modelos conceptuales utilizados y
que se han caracterizado por dos cualidades distintivas esenciales.
Una la que achaca la responsabilidad de los actos humanos a un
cierto determinismo, sea económico, sociológico o de cualquier otra
índole, que traslada la responsabilidad hacia las condiciones externas
de la voluntad. Esta la comparten tanto las alternativas que
pretenden modificar el ámbito de actuación del Estado como aquella
visión ecologista que globaliza hasta el punto de desear un gran
Estado con una sola autoridad como con una sola moral. La otra, la
que se basa en los actos cuyas consecuencias cambian el entorno
obliga a un cuestionamiento del Estado como forma de organización
de la comunidad política, como plataforma de participación ciudadana
por encima de los intereses particulares o corporativistas, donde la
voluntad general pueda expresarse. Es decir. Una que va del exterior
al interior y otra que va del interior al exterior.
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Por eso se impone otra perspectiva, otra manera de ver el
problema de la responsabilidad medioambiental. Es decir, la gestión
de los recursos no solo como una forma de procurar el desarrollo en
el marco de un Estado-nación sino como el factor determinante de los
regímenes y los sistemas políticos. Una responsabilidad política
vinculada a los modos de organización política.
Se impone una nueva perspectiva que implica la organización
horizontal como forma de organización política, con voluntad política,
con autoridad política y con la obligación de responder ante la
voluntad de los ciudadanos.
Organizaciones horizontales basadas en los recursos naturales,
donde los representantes territoriales no son administradores sino
custodios de una visión general y global del papel de dichos recursos
en el sistema natural global. Los intereses de los ciudadanos frente a
los intereses de las corporaciones. Un estamento de autoridad política
que pueda ejercer el control sobre la acción depredadora de las
organizaciones económicas mundiales.