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República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Expediente núm. TC-07-2017-0046, relativo a la solicitud de suspensión de ejecutoriedad interpuesta por el Bloque Institucional

Social Demócrata (BIS) contra la Sentencia TSE-núm. 013-2017, dictada por el Tribunal Superior Electoral el veintiuno (21) de

abril de dos mil diecisiete (2017).

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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0218/18

Referencia: Expediente núm. TC-07-

2017-0046, relativo a la solicitud de

suspensión de ejecutoriedad interpuesta

por el Bloque Institucional Social

Demócrata (BIS) contra la Sentencia

TSE-núm. 013-2017, dictada por el

Tribunal Superior Electoral el veintiuno

(21) de abril de dos mil diecisiete

(2017).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República

Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil dieciocho

(2018).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes

Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos

Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez

Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los

artículos 185.4 y 277 de la Constitución, y 9, 53 y 54.8 de la Ley núm. 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES






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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión objeto de la solicitud de

suspensión de ejecución

La Sentencia TSE-núm. 013-2017, recurrida en revisión jurisdiccional y cuya

suspensión se solicita, fue dictada por el Tribunal Superior Electoral el veintiuno

(21) de abril de dos mil diecisiete (2017), cuyo dispositivo es el siguiente:

Primero: Rechaza la excepción de incompetencia propuesta por los

demandados, el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), la Junta

Central Electoral (JCE), el Partido Frente Amplio (FA) y el Bloque

Institucional Socialdemócrata (BIS), y, en consecuencia, declara la

competencia de este Tribunal para conocer y decidir las presentes demandas

fusionadas en nulidad, en virtud de los motivos expuestos en esta sentencia.

Segundo: Rechaza los medios de inadmisión planteados por la parte

demandada, Partido Frente Amplio (FA) y el Partido Revolucionario Social

Demócrata (PRSD), por ser los mismos improcedentes e infundados y, en tal

virtud, declara admisibles las presentes demandas fusionadas, conforme a los

motivos dados precedentemente en esta decisión. Tercero: Rechaza la

excepción de inconstitucionalidad planteada por el interviniente forzoso, el

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), contra las disposiciones del

artículo 74 de la Ley Electoral, Núm. 275-97, en razón de que dicho texto fue

parcialmente derogado por la Constitución proclamada el 26 de enero de

2016 y por la Ley Núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral.

Cuarto: Declara regulares y válidas en cuanto a la forma: 1) la Demanda en

Nulidad de Resolución incoada el 20 de febrero de 2017, por: A) El Partido

Cívico Renovador (PCR); B) El Partido Unión Democrática Cristiana

(UDC); C) El Partido Socialista Social Verde (PASOVE) y D) El Partido

Humanista Dominicano (PHD), y, 2) Demanda en Nulidad de Resolución

incoada el 1° de marzo de 2017, por: A) El Partido Alianza País (ALPAIS);






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B) El Partido Humanista Dominicano (PHD) y, C) El Partido Dominicanos

por el Cambio (DXC), (sic) ambas contra la Resolución Núm. 02/2017,

dictada por la Junta Central Electoral (JCE) el 7 de febrero de 2017, por

haber sido interpuestas de conformidad con las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables a la materia. Quinto: Acoge en cuanto al fondo las

indicadas demandas fusionadas, por ser justas en derecho y reposan en

prueba y base legal y, en consecuencia, ANULA con todas sus consecuencias

legales la Resolución Núm. 02/2017, dictada por la Junta Central Electoral

(JCE) el 7 de febrero de 2017, por ser violatoria a los artículos 69.5 y 110 de

la Constitución de la República, conforme a los motivos expuestos en esta

sentencia. Sexto: Declara, en consecuencia, (sic) que el criterio a ser

aplicado para la categorización de los partidos políticos será el establecido

en el punto número cinco (5) del Acta Núm. 31/2016, del 8 de mayo de 2016,

adoptada por la Junta Central Electoral (JCE), conforme a las razones

anteriormente expuestas en esta decisión. Séptimo: Ordena a la Secretaría

General de este Tribunal notificar la presente decisión a las partes envueltas

en el presente proceso y su publicación en el Boletín Contencioso Electoral.

2. Presentación de la solicitud de demanda en suspensión de ejecutoriedad

de la sentencia recurrida

El demandante, Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), mediante escrito

depositado en la secretaría del Tribunal Superior Electoral el dieciséis (16) de mayo

de dos mil diecisiete (2017), y recibido en este tribunal el veintidós (22) de

septiembre de dos mil diecisiete (2017), persigue que la sentencia recurrida en

revisión constitucional sea suspendida en su ejecución hasta tanto se conozca el

recurso de revisión jurisdiccional interpuesto en su contra.

La indicada solicitud de suspensión le fue notificada a la parte demandada, Partido






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Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Movimiento Democrático

Alternativo (MODA), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido

Alianza por la Democracia, Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido de los

Trabajadores Dominicanos (PTD), Partido de la Liberación Dominicana (PLD),

Partido Alianza País (ALPAIS), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Acción

Liberal (PAL), Partido Dominicanos por el Cambio, Partido Reformista Social

Cristiano (PRSC), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido

Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Socialista Verde (PASOVE), Partido

Demócrata Popular, Partido Demócrata Institucional (PDI), Partido Nacional de

Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Frente Amplio (FA), Partido Revolucionario

Moderno (PRM) y a la Junta Central Electoral (JCE),1 mediante el Acto núm.

518/2017, del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), instrumentado

por el ministerial Quefrin Reyes Valdez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

3. Fundamentos de la sentencia objeto de la solicitud de suspensión de

ejecución

3.1. El Tribunal Superior Electoral acogió las demandas en nulidad de resolución

fusionadas de que estaba apoderado, anulando la Resolución núm. 02/2017, dictada

por la Junta Central Electoral (JCE) el siete (7) de febrero de dos mil diecisiete

(2017), basada, entre otros, en los motivos siguientes:

Considerando: Que el 6 de enero del año 2016, la Junta Central Electoral

(JCE), recibió́ una comunicación, suscrita por el Partido Reformista Social

Cristiano (PRSC) en la cual se solicitó únicamente lo siguiente:

1 En lo adelante, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Movimiento Democrático Alternativo (MODA) y

compartes o la demanda.






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Mediante la presente deseamos solicitarle que se establezca, antes de dar

apertura oficial al proceso electoral, cuál será́ la referencia de los votos

alcanzados por los Partidos para establecer cómo medir su categorización,

tanto para mantener su personería jurídica como para lograr el nivel de

partido mayoritario. Sabemos que el próximo certamen electoral incluirá ́los

tres niveles de elecciones generales: Presidencial, Congresual y Municipal.

Nuestra sugerencia es que esa aceptación de cada partido sea sobre la base

del nivel electoral en que alcance más votos.

Considerando: Que resulta evidente que el único partido del sistema electoral

dominicano que inició la instancia como demandante fue el Partido

Reformista Social Cristiano (PRSC).

Considerando: Que el 18 de enero del 2016, mediante el Acta Núm. 03-2016

la Junta Central Electoral, acordó́ a unanimidad remitir a los partidos

políticos reconocidos dicha comunicación a los fines de que expresaran su

parecer sobre la misma.

Considerando: Que para estos fines la Junta Central Electoral (JCE), notificó

a los Partidos Políticos vía física y electrónica el 23 de enero de 2016, la

decisión de celebrar una audiencia, el 29 de enero de 2016, en la cual se

otorgó un plazo de diez días calendarios para que depositaran por escrito sus

opiniones respecto a la solicitud que formulo el Partido Reformista Social

Cristiano (PRSC), la cual sería fallada en cámara de consejo por el Pleno de

la Junta Central Electoral.

Considerando: Que en Cámara de Consejo, la Junta Central Electoral (JCE),

el 8 de mayo de 2016, mediante su Acta 31-2016, decidió́: “El Pleno de la

Junta Central Electoral a unanimidad deja establecido que el criterio que se






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utilizara a los fines indicados, será́ en base la votación obtenida por cada

partido en el nivel presidencial”.

Considerando: Que según establece la Resolución 002-2016 en su página 7,

primer considerado, se le notificó mediante comunicación del 12 de mayo de

2016, al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) la decisión adoptada

por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), respecto a su solicitud como

único demandante.

Considerando: Que la Junta Central Electoral (JCE), en la citada resolución,

hace constar que para el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC),

resultaba evidente que el plazo de 3 días establecido en el artículo 74 de Ley

Electoral, Núm. 275-97, para interponer el recurso de revisión respecto a la

decisión adoptada, se encontraba ventajosamente vencido, lo cual no se

corresponde con expresado en el citado artículo, en virtud de que no se trata

de presentación de propuesta de candidatos y este aspecto del artículo 74 de

la Ley Núm. 275-97 fue decidido en otra parte de esta sentencia que no era

aplicable en el presente caso por haberse derogado.

Considerando: Que la Junta Central Electoral (JCE), sin tener atribuciones

para ello, procedió́ a conocer del denominado “recurso de la revisión” y lo

justificó dándole la calidad de demandante a los demás partidos políticos que

suscribieron la instancia del 23 de mayo de 2016, conjuntamente con el

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), los cuales se corresponden con:

Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Bloque Institucional

Socialdemócrata (BIS), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido

de Unidad Nacional (PUN), Partido de los Trabajadores Dominicanos

(PTD), Partido Socialista Verde (PASOVE), Partido Demócrata Popular

(PDP), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido






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Demócrata Institucional (PDI), Partido Revolucionario Social Demócrata

(PRSD), Partido Alianza por la Democracia (APD), Frente Amplio, Partido

Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) y Partido de Acción Liberal (PAL),

en franca violación a la norma del debido proceso de ley, contenido en la

Constitución de la República Dominicana,

Considerando: Que la Junta Central Electoral (JCE), al reabrir de forma

ilegal el plazo de la revisión, juzga por segunda vez el asunto ya cerrado, y

peor aún, acoge un petitorio que había formulado el Partido Revolucionario

Moderno (PRM), planteado por primera vez mediante su comunicación del

10 de febrero de 2016, el cual establecía: “Al tener los partidos políticos

representación nacional, somos de opinión que corresponde promediar la

suma de los votos válidos obtenidos en todos los niveles en que participen

(presidencial, congresional y municipal), y de ese modo determinar el

porcentaje de votos que exige el artículo 50 de la Ley Electoral para otorgar

la condición de “partido mayoritario”. Esto en franca violación del artículo

69.5 de la Constitución de la República Dominicana, relativo al debido

proceso.

Considerando: Que el hecho cierto de que los Partidos Políticos que

suscribieron la instancia del 23 de mayo de 2016 (Recurso de Revisión) en

contra la decisión adoptada por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE),

el 12 de mayo de 2016, sobre el planteamiento formulado por el Partido

Reformista Social Cristiano (PRSC) como único demandante del proceso,

demuestra que no existía ninguna razón jurídica para notificarle la decisión

adoptada, contenida en el Acta Núm. 31-2016, en fecha posterior al certamen

electoral, como lo atribuyó la Junta Central Electoral (JCE), en su

Resolución Núm. 002-2016, que validó la notificación del 17 de junio de 2016.

Esto constituye un contrasentido jurídico, notificar algo que ya las mismas






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supuestas partes envueltas en la litis, habrían recurrido en revisión en fecha

anterior, entiéndase el 23 de mayo de 2016.

Considerando Que en ocasión de la solicitud previamente citada, la Junta

Central Electoral (JCE) dictó la Resolución Núm. 02/2017, el 14 de febrero

de 2017, la cual, determinó que para los fines de la distribución de

contribuciones del Estado, se hará́ tomando en consideración la sumatoria

de los votos válidos emitidos por los electores y obtenidos de manera

individual por cada partido político en todos los niveles de elección en que

participó en las elecciones generales del 15 de mayo de 2016, es decir, los

tres niveles de elección.

Considerando: Que por no estar conformes con la decisión previamente

citada, el Partido Cívico Renovador (PCR), el Partido Unión Demócrata

Cristiana (UDC), el Partido Socialista Verde (PASOVE) y el Partido

Humanista Dominicano (PHD), demandaron su nulidad, alegando que la

misma es violatoria de los artículos 73, 110, 212 y 214 de la Constitución de

la República Dominicana.

Considerando: Que, por otro lado, el Partido Alianza País (ALPAÍS), el

Partido Humanista Dominicano (PHD) y el Partido Dominicanos por el

Cambio (DxC), también demandaron la nulidad de la referida resolución,

alegando en síntesis, las siguientes violaciones: Principio de irretroactividad

de la ley previsto en el artículo 110 de la Constitución; Derechos adquiridos;

Principio de seguridad jurídica; y la norma del debido proceso. Que por su

lado, los intervinientes forzosos, el Partido Revolucionario Dominicano

(PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se adhirieron a las

conclusiones propuestas por los demandantes.






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Considerando: Que, por su lado, los demandados, Partido Frente Amplio

(FA), Junta Central Electoral (JCE), Partido de los Trabajadores

Dominicanos (PTD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y

Partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), así ́como el interviniente

voluntario, Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), solicitaron el

rechazo de la demanda. Que, finalmente, el demandado, Partido Demócrata

Popular (PDP), dejó a la soberana apreciación del Tribunal la solución del

presente caso.

Considerando: Que la Junta Central Electoral (JCE), en su condición de

órgano encargado de la administración del proceso electoral, previo a las

elecciones generales del 15 de mayo de 2016, estableció́ el criterio a tomar

en cuenta para determinar la categorización de los partidos políticos a partir

de los resultados de las indicadas elecciones, lo que se haría tomando como

base la votación recibida por cada partido en el nivel presidencial. Que,

posteriormente a la celebración de las elecciones, la Junta Central Electoral

(JCE), no podía cambiar el criterio establecido, sin violentar el principio de

seguridad jurídica, que establece el artículo 110 de la Constitución de la

República Dominicana.

Considerando: Que al efecto, el artículo 110 de la Constitución de la

República señala expresamente que: “Irretroactividad de la ley. La ley sólo

dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando

sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso

los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica

derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Considerando: Que la violación a la seguridad que hemos comprobado, se

ha producido en razón de que la Junta Central Electoral (JCE) estableció ́






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unas reglas con miras a las elecciones del 15 de mayo de 2016, las cuales

serían tomadas en cuenta sobre todo a partir de los resultados de dicho

certamen electoral. Sin embargo, concluido el proceso electoral se dejó sin

efecto la indicada decisión y se cambiaron las reglas que se habían

establecido previo al proceso electoral.

Considerando: Que en relación al principio de seguridad jurídica y su

vinculación con el proceso electoral, este Tribunal en su Sentencia TSE-Núm.

231-2016, del 25 de abril de 2016, sostuvo, lo que reitera en esta oportunidad,

lo siguiente: “Considerando: Que este Tribunal ha establecido mediante

jurisprudencia, que el evento electoral, por su especificidad y complejidad,

conlleva la sucesión de etapas, que una vez consumadas no pueden

retrotraerse, pues de lo contrario constituiría un atentado contra la seguridad

jurídica”. Por tanto, una vez celebradas las elecciones no podía la Junta

Central Electoral (JCE) cambiar las reglas que había establecido con

anterioridad a las mismas y que regirían los resultados del indicado proceso.

En efecto, bien pudo la Junta Central Electoral (JCE) cambiar las reglas,

pero a condición de que lo hubiera hecho antes de la celebración de las

elecciones, de manera que una vez concluido el proceso electoral para el cual

habían sido adoptadas dichas medidas, entonces ya no podía cambiarlas sin

que con ello desconociera el principio de seguridad jurídica e

irretroactividad de la ley.

Considerando: Que asimismo, el Tribunal Constitucional en su Sentencia

TC/0006/14, del 14 de enero de 2014, ha sostenido lo siguiente: “k. Asimismo,

la seguridad jurídica constituye otro principio en virtud del cual se establece

que la ley solo dispone y aplica para el porvenir y que no tiene efecto

retroactivo, según lo dispone el artículo 110 de la Constitución. En

consecuencia, ninguno de los poderes públicos o la ley podrán alterar la






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seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas con una legislación

anterior”.

Considerando: Que, igualmente, este Tribunal comprobó́ que la Junta

Central Electoral (JCE), para admitir el “recurso de revisión” de que había

sido apoderada se apoyó en las disposiciones del artículo 74 de la Ley

Electoral, Núm. 275-97. Sin embargo, este Tribunal debe señalar que las

disposiciones del referido artículo se refieren, exclusivamente, a los recursos

habilitados a los fines de impugnar las resoluciones de las Juntas Electorales

y de la Junta Central Electoral sobre admisión o rechazo de propuestas de

candidaturas. Que, en este sentido, la Junta Central Electoral no se

encontraba apoderada de ninguna petición de admisión de propuesta de

candidatura, razón por la cual el artículo 74 de la Ley 275-97 no era

aplicable al presente caso.

Considerando: Que, además, conviene precisar que las disposiciones del

artículo 74 de la Ley Electoral, Núm. 275-97 fueron parcialmente derogadas

por la Constitución de 2010, así ́como por las disposiciones de la Ley Núm.

29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, toda vez que estos textos

separaron las funciones administrativas de las contenciosas electorales,

quedando todo lo contencioso electoral en manos de este Tribunal. Por tanto,

hoy día la Junta Central Electoral no tiene competencia para conocer de

ningún asunto contencioso, como tampoco de los recursos de revisión contra

las resoluciones de admisión o rechazo de candidaturas a que se refiere el

mencionado artículo 74, de donde resulta entonces que la resolución en

cuestión está afectada de nulidad, al haber sido dictada con base en una

norma legal derogada.






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Considerando: Que en virtud de las razones previamente expuestas, procede

acoger las presentes demandas en nulidad y anular, con todas sus

consecuencias legales, la resolución impugnada, recobrando todos sus

efectos la decisión adoptada por la Junta Central Electoral (JCE) en el punto

cinco (5) del Acta Núm. 31/2016, del 8 de mayo de 2016, con base en la cual

habrá́ de proceder a establecer la categorización de los partidos políticos en

función de los resultados obtenidos por los mismos en las elecciones del 15

de mayo de 2016, es decir, tomando como parámetro los votos obtenidos por

cada partido en el nivel de elección presidencial.

Considerando: Que este aspecto de la decisión fue adoptado con el voto de la

mayoría, cuatro a favor y uno en contra, presentado por el magistrado

Mariano Américo Rodríguez Rijo, quien hizo reservas para depositar las

argumentaciones jurídicas que lo sustentan, las cuales serán incluidas

íntegramente en el acta correspondiente.

4. Hechos y argumentos jurídicos del demandante en suspensión de

ejecución de decisión jurisdiccional

El demandante en suspensión, Bloque Institucional Social Demócrata (BIS),

pretende que se acoja la demanda y que sea suspendida la ejecución de los efectos

jurídicos de la Sentencia TSE-núm. 013-2017, del veintiuno (21) de abril de dos mil

diecisiete (2017), dictada por el Tribunal Superior Electoral. Para justificar dichas

pretensiones, alega, básicamente, lo siguiente:

a. La resolución pretendidamente anulada por la Sentencia TSE-

013/2017 trata sobre el orden de los partidos en la boleta de 2020, y la

distribución de la contribución económica del Estado a los partidos. Como

se dice, la resolución fue pretendidamente anulada por un tribunal que






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pretexta obscuridad o insuficiencia de la ley y que resulta manifiestamente

incompetente –juicio que se espera comparta ese colegiado-.

b. En cuanto al orden de la boleta, reconocerá este colegiado que la

boleta electoral de 2020 no se ha confeccionado todavía. En este sentido,

consta que la Junta Central Electoral ordenará su confección “… tan pronto

como las juntas electorales a las cuales se hayan sometido propuestas de

candidatos se prenuncien al respecto de su admisión o su rechazamiento de

conformidad con lo dispuesto en la presente ley, o cuando hayan recaído

decisión sobre los recursos de apelación o de revisión que hubieren sido

interpuestos, la Junta Central Electora ordenara la impresión de las boletas

que deban utilizarse para la votación, a fin de ponerlas en tiempo oportuno

a disposición de las juntas que hayan de intervenir en la elección” (de

acuerdo con el artículo 97 de la Ley 275-97, Ley Electoral de fecha 21 de

diciembre de 1997). Es probable que algún partido o agrupación política se

inscriba entre la fecha actual y la celebración de las próximas elecciones,

siendo previsible el surgimiento de movimientos municipales y de apoyo a

los candidatos, de manera que no existe con criterio de actualidad la

necesidad de dar terminación a la boleta; no hay razones para

confeccionarla ahora, como pretende la sentencia recurrida.

c. Además de la precedente razón, exponemos a este Tribunal

Constitucional un aspecto de puro Derecho; la contribución económica del

Estado a los partidos fue aprobada por el Congreso Nacional en la Ley de

Presupuesto y Gastos Públicos núm. 699/16. Dicha norma consigna un total

de ingresos y destina un porcentaje definido a la Junta Central Electoral

para la entrega de la contribución económica del Estado a los partidos, por

lo que a su vez será distribuido a los partidos mediante el “Reglamento sobre

la Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos






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Políticos” núm. FO02 (PO-PRE-002), de fecha 21 de marzo de 2017.

d. Dicho reglamento no ha sido objeto de recurso. Lo que se recurrió ante

el Tribunal Superior Electoral fue la Resolución núm. 02/2017-JCE, de fecha

7 de febrero de 2017, una norma relacionada pero diferente, que no ha

figurado como directamente recurrida ni ante la JCE ni ante el TSE. A la

JCE nunca se le ha requerido la modificación del Reglamento de que se trata.

e. Dado que la Junta Central Electoral ha creado un Reglamento para la

Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos

Políticos, es a la Junta Central Electoral a quien corresponde emitir un

reglamento diferente que lo sustituya, o emitir las correcciones necesarias,

si proceden.

f. Por tanto, cabe solicitar la suspensión de la sentencia TSE-013/2017

en cuanto ordena a la JCE que varié el criterio utilizado para asignar la

contribución económica, porque en ninguna parte de la sentencia recurrida

se considera la situación jurídico-administrativa derivada de la existencia

del Reglamento en cuestión, que tiene su propia entidad jurídica. De hecho,

el TSE no podía pronunciarse al respecto simplemente porque, de acuerdo a

los artículos 48 y siguientes de la citada Ley Electoral 275-97, ese aspecto,

el de la regulación de la contribución económica del Estado a los partidos,

queda enteramente bajo el poder reglamentario de la Junta Central

Electoral.

g. En efecto, la modificación de las partidas económicas

correspondientes a los partidos es una actividad que no puede realizar otra

entidad diferente a la Junta Central Electoral, porque así se desprende del

artículo 212 de la Carta Magna y expresamente del articulo 6 letra p) de la






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Ley Electoral 275-97, citada en virtud del cual corresponde a la JCE:

Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas

electorales y para asegurar el derecho de participación política de los

ciudadanos, establezca la ley.

h. Asimismo, de acuerdo a las Atribuciones de la JCE sancionadas por el

citado artículo 6 de la Ley 275-97,citada, es la JCE la institución que puede

y debe “ Dictar los reglamentos e instrucciones que considere pertinentes

para asegurar la recta aplicación de las disposiciones de la constitución y

las leyes en lo relativo a elecciones y el regular desenvolvimiento de éstas”,

y además, “ Reglamentar todo lo relativo al financiamiento publico de los

partidos (letras b y d de las Atribuciones Reglamentarias, Art. 6, Ley

Electoral).

i. Accesoriamente, Honorables, resulta que de acuerdo al artículo 48 de

la Ley Orgánica de Presupuesto núm. 423-06de (sic) fecha 17 de noviembre

de 2006, dispone que “El poder Ejecutivo no podrá realizar modificaciones

al total de gastos aprobados por el Congreso de la Republica en el

Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, ni trasladar suma de un

Capitulo a otro, o de una Partida a otra. Para introducir modificaciones en

la Ley de Gastos Públicos que sean competencia del Congreso de la

Republica, el Poder Ejecutivo deberá introducir un proyecto de ley, el cual

deberá ser previamente conocido por el Consejo Nacional de Desarrollo”.

j. En este sentido, ordenar el cambio o las variaciones de las partidas

económicas de la contribución del Estado a los partidos es un acto que

repudia la Ley Orgánica de Presupuesto, admitido solo in extremis y solo

por mediación del Congreso Nacional (art 41, Ley 423-06), y exigiéndole,

incluso, que presente al Congreso Nacional un proyecto de ley especial al






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respecto (art 48, Ley 423-06).

k. Aunque la sentencia SE/013/2017 es una sentencia con calidad de cosa

juzgada, considerará este colegiado la oportunidad de agregar un criterio

de excepcional trascendencia para la admisibilidad de las solicitudes de

suspensión de ejecución de sentencias, basada en la subsistencia del criterio

de apariencia de buen derecho considerado en TC/0068/16, P. 10. Se

considera que la justicia constitucional tiene como objetivo sancionar las

infracciones constitucionales para garantizar la supremacía, integridad y

eficacia y defensa del orden constitucional y su adecuada interpretación. En

consecuencia, se propone suspender la ejecución de decisiones

jurisprudenciales cuando permitir su ejecución suponga validar la

permanencia temporal de actos seriamente cuestionados, que restan

efectividad a principio, mandatos y precedentes constitucionales.

5. Hechos y argumentos jurídicos de los demandados en suspensión de

ejecución de sentencia

5.1. De los demandados, sólo el Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Unión

Demócrata Cristiana (UDC) y Partido Socialista Verde (PASOVE) produjeron

escritos de revisión, pese a que, como hemos señalado antes, la demanda en

suspensión les fue notificada mediante Acto núm. 518/2017, del diecisiete (17) de

mayo de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Quefrin Reyes

Valdez, alguacil ordinario de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de

Primera Instancia del Distrito Nacional. Los demandados pretenden que se declare

inadmisible la demanda en suspensión de ejecución, y subsidiariamente, en el caso

de no ser acogido el medio de inadmisión propuesto, que la misma sea rechazada.

Para justificar dichas pretensiones, alegan, básicamente, lo siguiente:






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1) Este Tribunal Constitucional ha establecido en reiteradas ocasiones las

razones de hecho y de derecho que pueden determinar la admisibilidad o

inadmisibilidad de un pedimento de suspensión de una decisión jurisdiccional,

las cuales resumimos en las siguientes sentencias dadas por este TC;

2) La SENTECIA TC/0063/13 del 17 de abril de 2013, indica en uso de sus

motivos, al referirse a las razones que pueden ser determinantes para rechazar

la suspensión de una sentencia indica “que si el interés es de naturaleza

económica, los eventuales daños podrían ser subsanados, mediante la

restitución de la cantidad de dinero involucrada y el abono de los intereses

legales, estableciendo además que la ejecución de la sentencia cuya

suspensión se pretende, se refiere a una condena de carácter puramente

económico, que solo genera en el demandante la obligación de pagar una

suma de dinero, y, en la circunstancia de que la misma fuere revocada, el

monto económico y sus intereses podrían ser restituidos. En ese sentido, este

tribunal entiende que no procede la suspensión de la ejecución de aquellos

fallos judiciales que permiten la restitución integra de lo ejecutado, como

ocurre, aunque no sin excepciones, en la condena de contenido patrimonial”.

3) Otra SENTENCIA de este tribunal, la numero TC/0005/17 del cuatro (4) del

mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), señala que “Conviene precisar

que la figura de la suspensión de las decisiones objeto de recurso de revisión

no puede convertirse en un instrumento que pueda impedir el curso franco de

los procesos judiciales para que alcancen su oportuna conclusión, razón por

la cual se exige la necesidad de que se demuestre de manera fehaciente la

existencia de la posibilidad cierta de que se pueda producir un daño

irreparable a la parte que eventualmente se pueda ejecutar”;






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4) La SENTENCIA TC/0013/17 del once (11) del mes de enero del año dos mil

diecisiete (2017). Establece que “la suspensión como medida cautelar procede

únicamente contra amenazas o daños irreparables a derechos fundamentales,

tal como fundamentó la Sentencia TC/0097/12, del veintiuno (21) de

diciembre de dos mil doce (2012), al establecer que su objeto es “el cese de

la ejecución de la sentencia impugnada en revisión para evitar graves

perjuicios al recurrente, en la eventualidad de que la sentencia resultare

definitivamente anulada”. En tal razón y considerando que esta medida tiene

una aplicación restrictiva, ya que su ordenanza afecta el principio de

seguridad jurídica de ejecución de una decisión que ha adquirido la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada, resulta necesario determinar si las

pretensiones del demandante en suspensión poseen una apariencia en buen

derecho o fumus boni iuris, que justifique que este tribunal adopte una

decisión preliminar que detenga la ejecución de la resolución recurrida”;

5) Resulta que en una resolución dada por la Junta Central Electoral en fecha

22 de mayo del 2017 decidió dar cumplimiento a la sentencia TSE-013-2017

del Tribunal Superior Electoral, de fecha 21 de abril de 2017, que anulo la

Resolución Núm. 02/2017, de fecha 7 de febrero del 2017, dada por la Junta

Central Electoral sobre la distribución de los recursos económicos a los

partidos y al orden de estos en la boleta electoral, y dispuso modificar el

reglamento de la Distribución de la contribución Económica del Estado a los

Partidos Políticos Reconocidos;

6) Desde el punto de vista de la lógica jurídica, procede que el Tribunal

Constitucional Dominicano declare la solicitud de suspensión de ejecución de

sentencia aludida inadmisible por falta de objeto, por haber desaparecido las

causas o las circunstancias que le dieron origen, porque su objetivo era

impedir que se ejecutara la sentencia y ya se ha ejecutado, y no tiene ya ningún






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valor jurídico analizar los supuestos motivos y las conclusiones o pretensiones

de los accionantes en la solicitud de suspensión;

7) Y que el objetivo de la solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia

TSE 013-2017 interpuesta por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y

el partido de Unidad Nacional (PUN) TIENE UN CARÁCTER PURAMENTE

ECONÓMICO.

8) En razón de que es a la Junta Central Electoral a quien correspondía dar

cumplimiento a la sentencia TSE-013-2017, dictada por el Tribunal Superior

Administrativo en fecha 21 de abril de 2017, por el motivo de que los recursos

que se pueden interponer y se han interpuestos en contra de ella no suspenden

su ejecución y al efecto la JCE lo ha hecho, ya no tiene sentido el petitorio o

solicitud incoado en fecha 16 de mayo del 2017 por el Bloque Institucional

Socialdemócrata (BIS) y el Partido de Unidad Nacional (PUN) en el sentido

de que el Tribunal Constitucional Dominicano Suspenda la ejecución de esa

sentencia;

9) De lo anteriormente expuestos llegamos a la lógica conclusión de que la

suspensión de una decisión jurisdiccional no procede por varias causales de

las que adolece la presente petición interpuesta por el Bloque Institucional

Socialdemócrata (BIS) y el Partido de Unidad Nacional (PUN), en razón de

que el interés que mueve a estos partidos, es sobre el manejo de montos

económicos que perciben, previsto por la ley 275-97 y precisamente, sobre lo

que ha fallado el Tribunal Superior Electoral y lo que ha regulado la Junta

Central Electoral es sobre la Distribución Económica de estos fondos.






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6. Pruebas documentales

Los documentos que constan en el expediente correspondiente a la presente demanda

en suspensión son los siguientes:

1. Copia de la Sentencia TSE-núm. 013-2017, del veintiuno (21) de abril de dos

mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal Superior Electoral.

2. Solicitud de suspensión de ejecución de sentencia incoada por el Bloque

Institucional Socialdemócrata (BIS), depositada ante el Tribunal Superior Electoral

el quince (15) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

3. Acto núm. 518/2017, del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017),

instrumentado por el ministerial Quefrin Reyes Valdez, alguacil ordinario de la

Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional, contentivo de notificación de la demanda en suspensión.

4. Escrito de defensa respecto de la demanda en suspensión de ejecución de

sentencia con motivo del recurso de revisión constitucional de decisión judicial,

presentado el primero (1º) de junio de dos mil diecisiete (2017).

5. Acto núm. 947/2017, del catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (2017),

instrumentado por el ministerial Gabriel Batista Mercedes, alguacil ordinario de la

Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional, mediante el cual se notifica el escrito de defensa.






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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

7. Síntesis de la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia

Tal como hemos apuntado, la presente demanda persigue suspender la ejecución de

la Sentencia TSE-núm. 013-2017, dictada por el Tribunal Superior Electoral el

veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017), que acogió las demandas

fusionadas, y en efecto, anula con todas sus consecuencias legales la Resolución

núm. 02/2017, dictada por la Junta Central Electoral el siete (7) de febrero de dos

mil diecisiete (2017), la cual había adoptado como criterio para la categorización de

los partidos políticos la sumatoria de los votos válidos emitidos por los electores y

obtenidos de manera individual por cada partido en todos los niveles de elección en

que participaron en las elecciones generales del quince (15) de mayo de dos mil

dieciséis (2016); y declaró que el criterio a ser aplicado es el establecido por el punto

número cinco (5) del Acta núm. 31/2016, del ocho (8) de mayo de dos mil dieciséis

(2016), adoptado por la Junta Central Electoral, que dispuso que la categorización

de los partidos se determine en base a la votación obtenida por cada partido en el

nivel presidencial. El demandante justifica la solicitud de suspensión en cuanto

ordena a la JCE que varíe el criterio utilizado para asignar la contribución

económica, lo que supone la permanencia temporal de actos inconstitucionales, de

tribunales manifiestamente incompetentes, que restan efectividad a los principios,

mandatos y precedentes constitucionales, y solicitan que la ejecución de la decisión

sea suspendida hasta que sea decidido su recurso de revisión constitucional.

8. Competencia

Este tribunal constitucional es competente para conocer de la presente demanda en

suspensión de ejecución de sentencia, en virtud de lo dispuesto por los artículos






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185.4 de la Constitución, 9 y 54.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de

dos mil once (2011).

9. Sobre la demanda en suspensión de ejecución de sentencia

9.1. Este tribunal, previo a conocer el fondo de la presente demanda en suspensión

de ejecución de sentencia, responderá el medio de inadmisión planteado en el escrito

de defensa por la parte demandada, y si ha lugar pasaría a conocer su fondo.

9.2. La parte demandada argumenta que “una resolución dada por la Junta Central

Electoral en fecha 22 de mayo del 2017 decidió dar cumplimiento a la sentencia TSE

013-2017 del Tribunal Superior Electoral, de fecha 21 de abril de 2017”; y que “desde

el punto de vista de la lógica jurídica, procede que el Tribunal Constitucional declare

la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia aludida inadmisible por falta de

objeto, por haber desaparecido las causas o las circunstancias que le dieron origen,

porque su objetivo era impedir que se ejecutara la sentencia y ya se ha ejecutado, y no

tiene ningún valor jurídico analizar los supuestos motivos y las conclusiones o

pretensiones de los accionantes en la solicitud de suspensión”.2

9.3. Ciertamente, como afirman los demandados, con posterioridad a que fuera

dictada la decisión recurrida, el Pleno de la Junta Central Electoral emitió la

Resolución s/n, del veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017), a través de la

cual decidió

dar cumplimiento a la sentencia…de fecha 21 de abril de 2017, dictada por el

Tribunal Superior Electoral… y, en consecuencia, dispone la modificación del

Reglamento de la Distribución de la Contribución Económica del Estado a

2 Ver numerales 5 y 6, respectivamente, páginas 6-7 del escrito de defensa de los demandados en suspensión.






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los Partidos Políticos reconocidos para el año 2017, en virtud de que los

recursos jurisdiccionales interpuestos y disponibles, incluyendo el que

interpondrá la Junta Central Electoral por ante el Tribunal Constitucional,

no son suspensivos de la ejecución de la misma conforme al mandato de la

ley.3

9.4. Es importante resaltar que de conformidad con el artículo 544 de la Ley núm.

275-97, Electoral, del veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete

(1997), modificado por el artículo 3 de la Ley núm. 289-05, del dieciocho (18) de

agosto de dos mil cinco (2005), en los años no electorales como el pasado año dos

mil diecisiete (2017), igual que ocurre con el presente año dos mil dieciocho (2018),

la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos se

hará en pagos mensuales de un porcentaje de los ingresos nacionales.

9.5. En ese sentido, este tribunal considera que la contribución económica del

Estado a los partidos políticos está supeditada a la Ley núm. 423-06,5 Orgánica de

Presupuesto del Sector Público, y en esas atenciones la entrega de dicha contribución

no se produce en una ocasión, sino que se va materializando en la medida en que la

Junta Central Electoral va ejecutando el presupuesto asignado a esos fines, por lo

que el demandante tiene motivos fundados para perseguir la suspensión de ejecución

de la sentencia recurrida.

9.6. De manera que, si bien es incontrastable que la Junta Central Electoral, en

cuanto concierne a la nulidad de la resolución que modifica el método de distribución

de la citada contribución del Estado a los partidos políticos, dio cumplimiento al

3 Ver parte dispositiva de la citada Resolución. 4 Art. 54. “En 1os años no electorales, la contribución de un cuarto por ciento (1/4%) de 1os ingresos nacionales se hará en pagos

mensuales de duodécimas a 1os partidos que mantengan su reconocimiento, de conformidad a 1os mismos porcentajes establecidos

en el Articulo 50 precedente”. 5 Esta Ley fue promulga en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil seis (2006).






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mandato de la sentencia recurrida en revisión, este colegiado considera que esa

decisión –per se– no ha dejado sin objeto la solicitud de suspensión formulada, por

lo que se rechaza el medio de inadmisión propuesto, y pasamos a decidir el fondo de

la demanda.

9.7. En relación con la solicitud de suspensión, el Tribunal Constitucional está

facultado, si lo estima de lugar, para suspender la ejecutoriedad de una decisión

jurisdiccional. En este sentido, para que pueda pronunciarse al respecto, como

condición sine qua non, deberá estar apoderado del recurso de revisión de la

sentencia de que se trate y la parte interesada deberá presentar demanda en procura

de la suspensión, conforme lo previsto en el artículo 54.8 de la Ley núm. 137-11,

que establece lo siguiente: “El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a

petición, debidamente motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitucional

disponga expresamente lo contrario”.

9.8. La regla general aplicable a las demandas en suspensión es que, en principio,

las mismas son improcedentes, declarándose su procedencia únicamente en casos

muy excepcionales, cuando las circunstancias lo ameriten. Es así que el derecho a

ejecutar lo decidido por el órgano jurisdiccional es una garantía que integra el debido

proceso -específicamente el derecho de acceso a la justicia-, que supone culminar

con una decisión que cuente con la garantía de su ejecución en un plazo razonable,

puesto que el proceso, más que un fin en sí mismo, es un instrumento de realización

de las pretensiones inter-partes; pretensiones que quedarían desvanecidas o como

meras expectativas, si la decisión estimativa del derecho reconocido se tornara

irrealizable.

9.9. La parte demandante, en el marco de un recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional, ha presentado una solicitud de suspensión de ejecución de la

Sentencia TSE-núm. 013-2017, del veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete






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(2017), dictada por el Tribunal Superior Electoral.

9.10. La demanda en suspensión tiene por objeto el cese de la ejecución de la

resolución impugnada en revisión, con la finalidad de evitar la eventualidad de que

se produzcan graves perjuicios contra la parte recurrente, en caso de que dicha

decisión resultare definitivamente anulada. En el escrito que sustenta la solicitud de

suspensión, el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) argumenta que la

resolución anulada por la Sentencia TSE-núm. 013-2017 fue dictada por un tribunal

que pretexta obscuridad o insuficiencia de la ley y que resulta manifiestamente

incompetente; sin embargo, no precisa cómo la ejecución de la sentencia le causaría

graves daños o perjuicios irreparables.

9.11. Este tribunal ha establecido que la falta de precisar argumentos que prueben

los graves e irreparables perjuicios que le causaría al demandante la ejecución de la

sentencia, es también una razón que justifica el rechazo de la demanda en

suspensión, así como en los casos en que la posible vulneración de derechos y

garantías fundamentales invocados por el demandante supone analizar –

previamente– el legajo de documentos y los motivos que sustentan el recurso de

revisión para determinar si concurren circunstancias excepcionales que justifiquen

la suspensión [TC/0032/14, del veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce

(2014)].

9.12. El demandante basa sus pretensiones en que permitir la ejecución de la

sentencia supone validar la permanencia temporal de actos seriamente cuestionados,

que restan efectividad a principios, mandatos y precedentes constitucionales;

argumento que se apoya en la incompetencia del tribunal que dictó la sentencia

recurrida, a partir del precedente sentado en la Sentencia TC/0179/14, en la que este

colegiado fundamentó la suspensión de su ejecución, entre otros elementos, en la

incompetencia del tribunal penal para decidir un conflicto contencioso-electoral.






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9.13. La sentencia a la que alude el demandante en suspensión no puede asumirse

como precedente, en tanto comporta un supuesto distinto al de la especie, pues si

bien en aquel caso se llevó la solución de un conflicto de naturaleza contencioso-

electoral a un tribunal penal que no guarda afinidad con la materia abordada, no

podría afirmarse, anticipadamente, en este caso, que el Tribunal Superior Electoral

es incompetente para instruir un proceso contencioso-electoral, como el que decidió

la sentencia cuya suspensión se solicita, pues se trata de una cuestión que deberá ser

apreciada al momento de conocer el recurso de revisión del que está apoderado este

colegiado, circunstancias que impiden determinar la procedencia de la suspensión

con fundamento en este aspecto de la demanda.

9.14. En esa misma línea la determinación de la posible permanencia temporal de

actos seriamente cuestionados que restan efectividad a principios, mandatos y

precedentes constitucionales, también exigiría un análisis profundo de los

documentos y argumentos expuestos en el recurso de revisión en contraste con los

aspectos resolutivos de la sentencia objeto de revisión, es decir, que implicaría entrar

concretamente a la interpretación y aplicación de las normas que condujeron al

órgano jurisdiccional a la solución del caso, lo que también excedería el alcance de

la demanda en suspensión, tal como ha sido precisado por este tribunal en otras

ocasiones (TC/0032/14).

9.15. De su lado, la parte demandada sostiene que el Tribunal Constitucional ha

establecido, en reiteradas ocasiones, las razones de hecho y de derecho que pueden

determinar la admisibilidad o inadmisibilidad de la suspensión de una decisión

jurisdiccional, las cuales resumen la postura de este colegiado en la materia: (i) el

rechazo de la suspensión cuando el interés es de naturaleza económica, y los

eventuales daños podrían ser subsanados, mediante la restitución de la cantidad de

dinero involucrada y el abono de los intereses legales [TC/0063/13, del diecisiete

(17) de abril de dos mil trece (2013)]; (ii) que la figura de la suspensión de las






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decisiones objeto de recurso de revisión no puede convertirse en un instrumento que

pueda impedir el curso franco de los procesos judiciales para que alcancen su

oportuna conclusión, razón por la cual se exige la necesidad de que se demuestre, de

manera fehaciente, la posibilidad de que se pueda producir un daño irreparable a la

parte que eventualmente se pueda ejecutar [TC/0005/13, del cuatro (4) de enero de

dos mil diecisiete (2017)]; y (iii) que la suspensión como medida cautelar procede

únicamente contra amenazas o daños irreparables a derechos fundamentales

[TC/0013/17, del once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017)].

9.16. Este tribunal ha mantenido su posición de rechazar la solicitud de suspensión

en los casos en que la sentencia objeto de revisión constitucional resuelva litigios de

carácter puramente económico, donde resulta posible la restitución de los daños

derivados de su ejecución y el abono de los intereses generados cuando corresponda;

así ha señalado también que cuando la ejecución de la sentencia no coloca al

demandante en riesgo de sufrir algún daño irreparable, debe ser, en principio,

rechazada en sede constitucional. [TC/0046/13, del tres (3) de abril de dos mil trece

(2013), TC/0063/13, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013); TC/0151/13,

del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), TC/0098/13, del cuatro (4) de

junio de dos mil trece (2013), TC/0222/13, del veintidós (22) de noviembre de dos

mil trece (2013), TC/0249/13, del diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013),

TC/0260/13, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), TC/0263/13,

del diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) y TC/0262/14, del seis (6)

de noviembre de dos mil catorce (2014)].

9.17. Resulta innegable que en la resolución cuestionada de nulidad ante el Tribunal

Superior Electoral subyace un interés de tipo económico, en este caso, la distribución

de la contribución del Estado a los partidos políticos; sin embargo, no se trata de un

supuesto similar al precedente citado en el párrafo que precede, sino del mecanismo

adoptado por el órgano electoral con base en el cual realiza dicha distribución, lo






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que le da una característica distinta frente a una decisión jurisdiccional que contenga

la obligación, a cargo de una parte, de realizar el pago de una suma de dinero, y ante

su eventual anulación, los daños provocados con su ejecución podrían ser reparados,

situación que no se produce en la especie.

9.18. Por esas razones, la decisión cuya suspensión se demanda no encaja en el

supuesto de un litigio de carácter puramente económico como sostiene la parte

demandada, donde resulta aplicable el citado criterio de restitución de los daños

derivados de la ejecución, por lo que procede desestimar dicha postura.

9.19. En definitiva, no se encuentran reunidas las condiciones constatadas en

parámetros objetivos de apariencia de buen derecho (“fumusboni iuris”) y con ella

una circunstancia excepcional que se configura como requisito indispensable en la

jurisprudencia de este tribunal que pueda justificar la suspensión de la decisión

recurrida, pues el demandante siquiera ha mencionado cuál es el daño o perjuicio

irreparable que pueda sufrir de ejecutarse la misma. En ese sentido, resulta

vinculante el precedente establecido en la Sentencia TC/0063/13, del diecisiete (17)

de abril de dos mil trece (2013), en la cual dispone: “Al no haberse probado el grave

e irreparable perjuicio que le causaría al demandante la ejecución de la misma, este

tribunal entiende, en consecuencia, que la presente demanda en suspensión debe ser

rechazada”. Criterio reafirmado en las sentencias TC/0214/13 (pág. 8, numeral

9.1.6.), TC/0032/14 (pág. 8, literal f) y TC/0255/13 (pág. 10, literal 1), del diecisiete

(17) de diciembre de dos mil trece (2013) y TC/0309/16 (pág. 10, literal i).

9.20. En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones precedentemente

vertidas, este tribunal procede a rechazar la presente demanda en suspensión de

ejecución de la decisión antes señalada.






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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano,

primera sustituta; Jottin Cury David y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón

de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por

causas previstas en la Ley.

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el

Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda de suspensión de ejecución de sentencia

interpuesta el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por el Bloque

Institucional Social Demócrata (BIS), contra la Sentencia TSE-núm. 013-2017,

dictada por el Tribunal Superior Electoral el veintiuno (21) de abril de dos mil

diecisiete (2017).

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para su

conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, Bloque Institucional Social

Demócrata (BIS); y a la parte demandada, Partido Cívico Renovador (PCR), Partido

Unión Demócrata Cristiana (UDC) y el Partido Socialista Verde (PASOVE) y

compartes.

TERCERO: DECLARAR la presente solicitud de suspensión libre de costas, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 7, numeral 6, de la Ley núm. 137-11.






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CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del

Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos

Pizano, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez

Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal

Constitucional, que certifico.

Julio José Rojas Báez

Secretario

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