reforma de la asistencia letrada · 2018. 2. 5. · sawabona es un saludo usado en te valoro. eres...
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REFORMA DE LA ASISTENCIA
Por Francisco Javier Pérez
La regulación de un derecho, si no se puede llevar a efecto de
manera efectiva, es
permite garantizar la seguridad y la justicia de los ciudadanos a los
que se dirige, es inútil.
La asistencia letrada es un derecho fundamental del sistema
policial y judicial español,
derecho a la libertad y seguridad
24 de la Constitución Española (CE en adelante)
que la ley establezca
En el Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015 se aprobó el
denominado “Proyect
de Enjuiciamiento Criminal para el Fortalecimiento de las G
Procesales y la Regulación de las Medidas de Investigación
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REFORMA DE LA ASISTENCIA
LETRADA
Por Francisco Javier Pérez-Olleros Sánchez-Bordona
19 de marzo de 2015
La regulación de un derecho, si no se puede llevar a efecto de
manera efectiva, es estéril. Si un sistema policial y judicial no
permite garantizar la seguridad y la justicia de los ciudadanos a los
que se dirige, es inútil.
La asistencia letrada es un derecho fundamental del sistema
policial y judicial español, que afecta al derecho de defensa y al
derecho a la libertad y seguridad, garantizados en los artículos 17 y
24 de la Constitución Española (CE en adelante), en los términos
que la ley establezca.
En el Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015 se aprobó el
Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley
njuiciamiento Criminal para el Fortalecimiento de las G
Procesales y la Regulación de las Medidas de Investigación
REFORMA DE LA ASISTENCIA
arzo de 2015
La regulación de un derecho, si no se puede llevar a efecto de
estéril. Si un sistema policial y judicial no
permite garantizar la seguridad y la justicia de los ciudadanos a los
La asistencia letrada es un derecho fundamental del sistema
e defensa y al
los artículos 17 y
, en los términos
En el Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2015 se aprobó el
odificación de la Ley
njuiciamiento Criminal para el Fortalecimiento de las Garantías
Procesales y la Regulación de las Medidas de Investigación
Tecnológica”. En esta reforma se pretende entre otros la
transposición de la Directiv
asistencia letrada en los procesos penales
En la tramitación de la reforma también debe tenerse en
anterior Proyecto de L
Enjuiciamiento Criminal
de enero de 2015, tras su aprobación por el Pleno del Congreso de
los Diputados, para la tra
de 20 de octubre, relativa al derecho a interpretación y a
traducción en los procesos penales, y
relativa al derecho a la información en los procesos penales.
plazo de transposición de estas dos últimas directivas finalizó el
año pasado.
En este artículo pretendemos dar unas pinceladas urgentes a
reforma del derecho a
citados proyectos efectúa
Sawabona es un saludo usado en
te valoro. Eres importante para m
2
En esta reforma se pretende entre otros la
transposición de la Directiva 2013/48/UE sobre el derecho a la
asistencia letrada en los procesos penales.
En la tramitación de la reforma también debe tenerse en
anterior Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la
Enjuiciamiento Criminal –LECR-, con entrada en el Senado ya el 9
de enero de 2015, tras su aprobación por el Pleno del Congreso de
los Diputados, para la transposición de la Directiva 2010/64/UE,
de 20 de octubre, relativa al derecho a interpretación y a
traducción en los procesos penales, y de la Directiva 2012/13/UE
relativa al derecho a la información en los procesos penales.
plazo de transposición de estas dos últimas directivas finalizó el
En este artículo pretendemos dar unas pinceladas urgentes a
del derecho a la asistencia letrada que globalmente los
efectúan.
es un saludo usado en África del Sur y quiere decir: “Yo te respeto y
te valoro. Eres importante para mí.”
En esta reforma se pretende entre otros la
a 2013/48/UE sobre el derecho a la
En la tramitación de la reforma también debe tenerse en cuenta el
ey Orgánica de reforma de la Ley de
nado ya el 9
de enero de 2015, tras su aprobación por el Pleno del Congreso de
sposición de la Directiva 2010/64/UE,
de 20 de octubre, relativa al derecho a interpretación y a
a 2012/13/UE
relativa al derecho a la información en los procesos penales. El
plazo de transposición de estas dos últimas directivas finalizó el
En este artículo pretendemos dar unas pinceladas urgentes a la
globalmente los
Yo te respeto y
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A mi padre José Luis, para el que los que sois religiosos os pido una
oración. Y para José Luis Cembrano Reder, no tanto por su santo,
como por la estupenda dirección que con todo cariño viene haciendo
de esta revista, y en general un recuerdo a todos los amigos
lectores que se llaman José.
I.- SUSTITUCIÓN DE VOCABLOS PARA
DESIGNAR AL IMPUTADO
Lo primero es aclarar la designación de la persona a la que
se asiste según el proyecto de reforma que comentamos.
Las Directivas que se pretenden transponer distinguen solo
entre sospechosos y acusados. Así la Directiva 2012/13/UE
en su considerando 16 señala que debe aplicarse a las
personas sospechosas y acusadas. La Directiva
2013/48/UE señala en su considerando nueve que el 30 de
noviembre de 2009, el Consejo adoptó una Resolución
relativa al plan de trabajo para reforzar los derechos
procesales de los sospechosos y acusados en los procesos
penales.
Sin embargo, en el apartado quinto de la exposición de
motivos del Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la
LECR, aprobado el 13-03-2015, se señala que siguiendo las
recomendaciones de la Comisión para la Claridad del
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Lenguaje Jurídico (Informe y los proyectos de reforma están
disponible en la página web del Ministerio de Justicia:
www.mjusticia.es)1, sustituye en el articulado disposición
adicional segunda de la propia ley de reforma, la
designación de “imputados o procesados” por “investigados
o encausados”, y “reo” o “imputado” por “encausado”, en
singular o plural según corresponda. Señala también que no
se realizará la sustitución cuando el término se emplee
como adjetivo.
Según la reforma parece que ahora las designaciones del
sujeto activo del delito, en las diversas fases procesales del
procedimiento en España por delito sería “investigado”,
“encausado” y “condenado”.
Identifica la reforma en dicha exposición de motivos como
“investigado” a la persona que está siendo sometida a
investigación por guardar relación con un delito, pero
respecto de la cual todavía tan solo recaen meras
1En el lenguaje técnico procesal hasta hoy cabía distinguir entre “denunciado”
cuando se formula simplemente una denuncia contra una persona, tanto en sedepolicial como en sede judicial. “Inculpado” o imputado policial cuando es unapersona, normalmente sospechosa, hacia la que se dirige la investigación policialsobre unos hechos que pueden ser punibles, y que por ello declara con asistenciaLetrada, y no como simple testigo. Imputado cuando el inculpado ya es parte en unainstrucción judicial por posible delito, y formalmente por el Juez de Instrucción se leha hecho la imputación de tales hechos, con previa lectura de derechos por parte dela propia policía o por el Sr. Secretario/a, y se le permite, ya como parte, declararsobre la imputación, asistido de Letrado, y solicitar diligencias en el procedimientopara articular su defensa, siendo parte en dicho procedimiento penal desde elmomento de la imputación. Tratándose de un Sumario el equivalente a imputado esel procesado, que es la persona contra el que se dicta un Auto de procesamiento.“Acusado” sería cuando ya en fase intermedia de ese procedimiento penal seformula contra el imputado o procesado una acusación pública o particular.“Condenado” sería cuando se haya dictado una sentencia definitiva condenatoriacontra el acusado, y “ejecutoriado” cuando esa sentencia es firme y ejecutable, y“penado” cuando está cumpliendo la pena.
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sospechas, sin que existan suficientes indicios para
atribuirle judicial y formalmente la comisión de un hecho
punible; y como “encausado” a quien la autoridad judicial,
una vez haya terminado la instrucción de la causa, imputa el
haber participado en la comisión de un hecho delictivo.
A mí personalmente, desde el punto de vista jurídico, no me
parece que la nueva jerga que se pretende, desconocida
por los penalistas, sea técnicamente más rigurosa y clara
que la existente, y es muy discutible que en buena técnica
jurídica fuere necesaria esta modificación en una reforma
parcial de la Ley procesal penal, estando pendiente de
aprobación de un nuevo Código Procesal Penal.
Por ejemplo, según la explicación de la exposición de
motivos de la reforma, en un procedimiento abreviado
“investigado” sería el hoy imputado, y “encausado” la
persona sujeto activo de los hechos por los que se acuerda
el Auto de continuación de la causa por el trámite de
procedimiento abreviado. Y se equipararía al investigado el
procesado por Auto de procesamiento en un procedimiento
ordinario.
Parece que el proyecto no ha contemplado en la explicación
de la reforma que en los procedimientos por delito existe
una fase intermedia, que se inicia por Auto del Juez de
Instrucción o de la Audiencia Provincial una vez agotada
inicialmente la instrucción, precisamente para que las partes
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valoren si procede con el material instructorio la apertura o
no del juicio oral.
Según explicó en su comparecencia anunciando el Proyecto
el Ministro de Justicia, “encausado” es la denominación
correcta del investigado tras la apertura del juicio oral.
Esta designación debe entenderse también como la
interpretación correcta, si tenemos en cuenta que en el Auto
dando por concluida la instrucción y acordando la
continuación de la causa por el trámite de procedimiento
abreviado, previsto en el artículo 779 de la LECR, se
sustituye por “investigado” el sustantivo “imputado”
(disposición adicional segunda del Proyecto de Ley de
reforma de la LECR).
No obstante sería aconsejable mayor concreción y claridad
en la reforma que se propone para conseguir el rigor
conceptual que pretende, y que esa concreción o
definiciones se efectúen en el articulado de la ley.
II.- DERECHO A UN INTÉRPRETE Y DERECHO A LA
INFORMACIÓN DEL INVESTIGADO EN UN
PROCEDIMIENTO PENAL
Respecto de la reforma de la asistencia letrada que nos
ocupa, decir que el derecho a un intérprete y a saber los
hechos que se imputan, y en su caso, las razones de la
privación de libertad, evitan la indefensión de los
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investigados o encausados, y hace posible el ejercicio de la
asistencia letrada y del derecho de defensa.
El investigado o encausado no tiene por qué ser detenido.
La policía puede llegar a detenerle preventivamente en los
casos y con las formalidades previstas en la ley (artículo
17.1 de la CE, y 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal), pero aun no siendo detenido por la policía el
investigado, le informará en la forma más comprensible de
cuáles son los hechos que se le atribuyen y de los derechos
que le asisten (artículo 771 2ª de la LECR).
Se otorga nueva redacción al artículo 123 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, reconociendo que los imputados
o acusados que no hablen o entiendan el castellano o la
lengua oficial en la que se desarrolle la actuación, tendrán
derecho a ser asistidos por un intérprete que utilice una
lengua que comprenda durante todas las actuaciones,
incluyendo en el interrogatorio policial o por el Ministerio
Fiscal, y derecho a servirse de intérprete en las
conversaciones que mantenga con su Abogado y que
tengan relación directa con su posterior interrogatorio o
toma de declaración, o que resulten necesarias para la
presentación de un recurso o para otras solicitudes
procesales, derecho a la interpretación de todas las
actuaciones del juicio oral, y derecho a la traducción escrita
de los documentos que resulten esenciales para garantizar
el ejercicio del derecho a la defensa. Para estas personas
que necesitan intérprete, en todo caso deben ser traducidas
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las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el
escrito de acusación y la sentencia.
También se modifican los artículos 118, 509, 520 y 527 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la introducción de las
previsiones que el Derecho de la Unión Europea requiere,
entre las que destaca el régimen de asistencia de abogado
al detenido.
El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
regula el derecho de defensa, viene a reconocer de forma
más clara y precisa que toda persona a la que se atribuya la
comisión de un acto punible, podrá ejercitar su derecho de
defensa, sin más limitaciones que las previstas en la ley,
fijándose como marco temporal para el ejercicio de este
derecho, desde la atribución del hecho punible investigado
hasta la misma extinción de la pena.
En cuanto al derecho a la información o de acceso al
atestado del detenido o privado de libertad, se reconoce,
pero únicamente respecto de aquella información que sea
fundamental para que sea posible valorar la legalidad de la
detención o privación de libertad.
Para ello se da nueva redacción del artículo 520.2 d) de
la LECR, otorgando en el mismo el “derecho de acceso a
los elementos de las actuaciones que sean esenciales para
impugnar la legalidad de la detención o privación de
libertad”.
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Este reconocimiento me parece poco preciso, y por ello
puede dar lugar a conflictos en las Comisarías entre el
Letrado que asiste al detenido y el policía o guarda
encargado de la instrucción del atestado, y no parece
oportuno que sea el propio instructor policial, que no tiene
por qué ser jurista y a veces no es policía judicial, quien
determine cuales con las actuaciones policiales que
permiten impugnar fundadamente la legalidad de la
detención.
Tampoco se prevé que esa restricción en el conocimiento
de las actuaciones policiales deba acordarla el agente
instructor por resolución o diligencia motivada notificada al
letrado del investigado y a este mismo.
En cualquier caso, la policía debería interpretar este
derecho de forma extensa, pues toda limitación de un
derecho fundamental debe estar basada en motivos
pertinentes y suficientes que la justifique, y en este caso
solo podría fundar la restricción a conocer las actuaciones
policiales que fundamentan la detención o la investigación y
que motivan la asistencia letrada y el ejercicio del derecho
de defensa, en que dicha información pudiera poner en
peligro la vida, la libertad o la integridad física de una
persona, o comprometer gravemente la investigación, dado
que al restringir esa información también está limitando el
derecho fundamental de asistencia letrada, en íntima
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conexidad con el derecho de defensa (artículos 17.3 y 24.2
CE).
Por lo anterior, en cuanto al derecho de información de los
investigados, en el proyecto que transpone la Directiva
2012/13/UE, se modifica el artículo 118 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para recoger en el mismo que
toda persona a la que se impute un acto punible tendrá
derecho a ser informada de los hechos que se le imputan,
así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la
investigación y en los hechos imputados.
La asistencia letrada afecta no solo al derecho de defensa.
Es también garantía del derecho a la libertad y seguridad
del artículo 17.1 de la CE, y como tal, trata de asegurar que
los derechos constitucionales de quien está en situación de
detención sean respetados, que no sufra coacción o trato
incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que
tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a
observar en los interrogatorios, incluida la de guardar
silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez
realizados y concluidos con la presencia activa del letrado,
la fidelidad de lo transcrito en el acto de declaración que se
le presente a la firma (SSTC 7-10-85, y 196/87 de 11.12
FJ.5, 252/94 de 19.9 FJ. 4, 299/99 de 13.12, FJ. 2, entre
otras).
Además restringir el conocimiento de las actuaciones
policiales que justifiquen la detención puede ser causa
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fundada de solicitar un “habeas corpus” por el detenido o
por su Letrado (artículo 17.4 CE y Ley Orgánica 6/1984),
solicitando que se le ponga inmediatamente a disposición
judicial, por mantenimiento de la privación de libertad sin
respetar los derechos que la Constitución y las Leyes
Procesales garantizan a toda persona detenida; e incluso
entenderlo como obstructivo a la asistencia letrada a los
efectos previstos en el artículo 537 del Código Penal: “La
autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el
derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso,
procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha
asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo
que le sea comprensible de sus derechos y de las razones
de su detención, será castigado con la pena de multa de
cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público de dos a cuatro años”.
En cualquier caso los profesionales deben recordar que los
agentes de la policía judicial de las Oficinas de Denuncias y
Atención al Ciudadano (O.D.A.C.) son agentes de la
autoridad, y que independientemente de que puedan
interponer una solicitud de “habeas corpus” o una denuncia
por obstrucción a su asistencia, o aconsejar que no declare
en sede policial el defendido, deben someterse a lo que el
agente policial indique respecto del acceso al atestado, o a
las actuaciones que considere el agente de policía que no
pueden ser conocidas por el detenido ni su Letrado en ese
momento de la investigación.
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La reforma proyectada del artículo 520.5 de la LECR,
aprobada el 13.03.2015, de conformidad con lo dispuesto
también en el artículo 767 de la LECR, tampoco permite
retrasar el ejercicio efectivo de asistencia letrada del
detenido, y prevé que la autoridad que tenga bajo su
custodia al detenido comunique inmediatamente al Colegio
de Abogados, que hay que entender que se comunique lo
más pronto posible, el nombre del designado para asistirle a
los efectos de su localización y transmisión del encargo
profesional o, en su caso, le comunicará la petición de
nombramiento de abogado de oficio.
El artículo 767 señala que: “Desde la detención o desde
que de las actuaciones resultare la imputación de un delito
contra persona determinada será necesaria la asistencia
letrada. La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la autoridad
judicial recabarán de inmediato del Colegio de Abogados la
designación de un abogado de oficio, si no lo hubiere
nombrado ya el interesado.”
No es por tanto sólo la detención, sino que de las
actuaciones resultare la imputación de un delito contra
persona determinada, la que impone la necesidad de contar
con la asistencia de un Letrado en sede policial.
El abogado designado de confianza debe acudir en el plazo
máximo de tres horas, no de ocho como actualmente se
establece.
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Vemos por tanto la problemática que puede generar esta
redacción respecto del acceso a las actuaciones del
atestado por parte del investigado detenido.
Es un tema delicado. El policía instructor puede considerar
que existen razones para mantener la limitación de acceso
al Atestado del Letrado y/o de su defendido.
Por ejemplo, si el sospechoso fuera culpable y tiene
conocimiento de la existencia de un vecino testigo de cargo
que no esperaba, o casos de secuestro.
Para lograr que no puedan ser conocidas esas diligencias,
el policía judicial instructor se verá abocado a solicitar del
juez de guardia, o del que conozca la causa, la
incomunicación del detenido; o tomar declaración al
detenido asistido de letrado pero con anterioridad a la
entrevista con su abogado, y con su resultado en su caso
solicitar su incomunicación al Juez.
En consonancia con lo anterior se modifica el régimen de la
incomunicación del privado de libertad, de los artículos 509
y 527 de la LECR, manteniendo la redacción del artículo
520 bis para delitos de terrorismo, bandas armadas y
rebeldes, quedando el apartado primero del artículo 509 con
la siguiente redacción:
«1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar
excepcionalmente la detención o prisión incomunicadas
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que
puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad
física de una persona, o
b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los
jueces de instrucción para evitar comprometer de modo
grave el proceso penal.»
El régimen de la incomunicación será establecida en el Auto
del Juez que la acuerde, quedando la redacción del artículo
527 como sigue:
"1. El detenido o preso, mientras se halle incomunicado,
podrá ser privado de los derechos reconocidos en el
presente capítulo, salvo los establecidos en el artículo 520,
con las siguientes excepciones, que se aplicarán en la
medida en que esté justificado en atención a las
circunstancias del caso:
a) Podrá acordarse que su abogado sea designado de
oficio.
b) Podrá acordarse que no tenga derecho a entrevistarse
reservadamente con su abogado.
c) Podrá acordarse que no se comunique con todas o
alguna de las personas con las que tenga derecho a
hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y
el Médico Forense.
d) Podrá acordarse que el detenido no tenga acceso a las
actuaciones.
e) Podrá acordarse que el abogado del detenido no tenga
acceso a las actuaciones.
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2. La incomunicación será acordada por auto. Cuando la
incomunicación sea solicitada por la Policía Judicial o
por el Ministerio Fiscal se entenderán acordadas las
medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido
instadas por un plazo máximo de 24 horas, dentro del
cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así
como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las
actuaciones."
El detenido deberá ser informado además del plazo máximo
legal de duración de la detención hasta la puesta a
disposición de la Autoridad Judicial, y del procedimiento por
medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención,
es decir de la posibilidad de interponer una solicitud de
“habeas corpus” si en una detención policial, o de recurrir en
sede judicial la resolución que acordó en su caso la
detención judicial, pues frente a las resoluciones judiciales
que acuerdan la privación de libertad no cabe interponer
“habeas corpus” sino que lo que puede interponer el Letrado
es recurso.
Si se solicita un Habeas Corpus, por no ser instrumento de
tutela judicial frente a la violencia de género, sino frente a
las detenciones policiales ilegales, la competencia para
resolverlo, aunque sea un detenido por un hecho de
violencia de género, debe ser del Juez de Instrucción del
lugar donde se encuentre la persona privada de libertad,
que será el de guardia (artículo 2 de la LO 6/1984 y artículo
87 d de la LOPJ).
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La información del plazo máximo legal de duración de la
detención facilita por un lado el control por el abogado de
que no existan dilaciones indebidas en la detención, en el
marco del plazo del artículo 496 de la LECR (24 horas), y
del plazo absoluto de las 72 horas del artículo 17-2 de la
Constitución Española.
Cabe la posibilidad de interponer una solicitud de Habeas
Corpus por parte del letrado defensor cuando cerrada la
instrucción del atestado policial el detenido vea prolongada
la detención simplemente en espera de que se produzca su
conducción junto con otros detenidos al Juzgado de guardia
o al Juzgado de Violencia sobre la Mujer en partidos en que
no existe guardia de violencia de género, prolongando su
detención más allá del tiempo necesario para el
esclarecimiento de los hechos ( STC de 25 de febrero de
2008, SSTC 88/2011, de 6 de junio y 95/2012, de 7 de
mayo, entre otras).
La realidad aconseja que se recogiera alguna previsión para
compaginar el tiempo de detención con los protocolos de
presentación de detenidos existentes en los diversos
partidos judiciales, algunos ni siquiera recogidos por escrito,
pero establecidos a veces como instrucción de los Jueces a
la policía en el Partido Judicial, por razones de orden y de
medios, compatibilizando una cierta espera proporcionada y
lógica en la presentación ante el Juez del detenido, con las
exigencias del artículo 17.1 de la CE, y punto primero del
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artículo 520 de la LECR, cuya redacción se mantiene: "La
detención preventiva no podrá durar más del tiempo
estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en
todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la
autoridad judicial".
El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
prevé la posibilidad de que el Juez de instrucción limite el
derecho de información, si el delito fuere público, a
propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes
personadas o de oficio, declarando el secreto mediante
Auto, total o parcialmente, por tiempo no superior a un mes,
cuando resulte necesario para:
a) evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad
física de otra persona; o
b) prevenir una situación que pueda comprometer de forma
grave el resultado de la investigación o del proceso.
El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con
al menos diez días de antelación a la conclusión del
sumario.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo
505, que también reforma, es decir, el Abogado del
imputado tendrá, en todo caso, acceso a los elementos de
18
las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la
privación de libertad del imputado, y aquí volvemos a
otra imprecisión que puede dar lugar a problemas de
interpretación e inseguridad jurídica.
Debería especificar la reforma de quien es el responsable
en el órgano judicial de proporcionar esta información, y si la
misma debe estar acotada en resolución judicial razonada.
II.- DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA
Si los derechos del detenido ordinario se regulan
fundamentalmente en los artículos 17 y 24 de la
Constitución Española, y en el artículo 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la asistencia letrada se regula en el
punto 6 de dicho artículo 520. En el proyecto de
transposición de la Directiva 2013/48/UE aprobado el 13-02-
2015 se pretende reformar este último apartado, destacando
en la nueva regulación que el abogado, salvo en los casos
vistos de incomunicación, podrá entrevistarse
reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le
reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad
judicial.
Conforme a la redacción nueva propuesta la asistencia del
abogado consistirá en:
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso
de los derechos establecidos en el número 2 de este
19
artículo y que se proceda, si fuera necesario, al
reconocimiento médico señalado en su letra i).
b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido,
en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en
las de reconstrucción de los hechos en que participe el
detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario
que hubiesen practicado la diligencia en la que haya
intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o
ampliación de los extremos que considere convenientes, así
como la consignación en el acta de cualquier incidencia que
haya tenido lugar durante su práctica.
c) Informar al detenido de las consecuencias de la
prestación o denegación de consentimiento a la práctica de
diligencias que se le soliciten.
Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras
mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley
Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base
de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de
ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial
o del Ministerio Fiscal podrá imponer la ejecución forzosa de
tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas
mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a
las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.
20
d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso
antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal
o la autoridad judicial.
Cuando exista una necesidad urgente de evitar un riesgo
grave para la vida, libertad o integridad física de otra
persona o de prevenir una situación que pueda
comprometer de forma grave el resultado de la
investigación, la policía tomará declaración al detenido con
anterioridad a que éste se entreviste con un abogado y
dejará constancia en las actuaciones de las razones que
motivaron la adopción de esta medida.
El punto 7 del artículo 520 recoge el derecho a la
confidencialidad de las comunicaciones entre el
investigado o encausado y su abogado, que podrá ser
limitada cuando concurran determinadas circunstancias,
como la presencia de indicios objetivos de la participación
del abogado en el hecho delictivo investigado.
Finalmente en el punto 8 el artículo 520 de la LECR
reconoce la posibilidad del renunciar a la preceptiva
asistencia de abogado si su detención lo fuere por hechos
susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos
contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya
facilitado información clara y suficiente en un lenguaje
sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho
y las consecuencias de la renuncia, pudiendo revocar su
renuncia en cualquier momento.
proyectos de reforma puede acceder desde la página del
Ministerio de Justicia, y con una pequeña historia:
Hay una tribu africana que
consideran incorrecto,
toda la tribu vien
cosas buenas que él ya ha hecho.
Piensan que todo ser humano viene al mundo como un ser
bueno. Cada uno de nosotros, deseando seguridad, amor,
paz y felicidad, pero a veces, en la busca
las personas cometemos errores.
aquellos errores como un grito de ayuda.
La tribu se reúne para reconectarlo
que es bueno.
21
Finalizo aquí esta aportación amigo
lector, recordándole que a los
proyectos de reforma puede acceder desde la página del
Ministerio de Justicia, y con una pequeña historia:
Hay una tribu africana que cuando alguien hace algo que
consideran incorrecto, lo llevan al centro de la aldea
toda la tribu viene y lo rodea. Durante dos días
cosas buenas que él ya ha hecho.
que todo ser humano viene al mundo como un ser
bueno. Cada uno de nosotros, deseando seguridad, amor,
paz y felicidad, pero a veces, en la busca de esas cosas,
las personas cometemos errores. La comunidad ve
aquellos errores como un grito de ayuda.
ribu se reúne para reconectarlo, hasta que recuerde
SAWABONA
rtación amigo
recordándole que a los
proyectos de reforma puede acceder desde la página del
uando alguien hace algo que
la aldea, y
e y lo rodea. Durante dos días le dicen
que todo ser humano viene al mundo como un ser
bueno. Cada uno de nosotros, deseando seguridad, amor,
de esas cosas,
La comunidad ve
, hasta que recuerde