MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TRIBUN AL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Recurso nº 978/2015 C.A. Castilla-La M ancha 47/2015 Resolución nº 991/2015

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

En Madrid, a 23 de octubre de 2015.

VISTO el recurso interpuesto por Dª. M. E. M. V. en nombre y representación de la mercantil MANTENIMIENTO ELECTROMÉDICO, S.A., (MANTELEC, S.A.) contra el

anuncio de licitación, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas

Particulares, el Cuadro de Características y el Anexo VIII (Inventario), correspondientes al

expediente de licitación del contrato de “Servicio de mantenimiento integral del

equipamiento electromédico del Complejo Hospitalario de Toledo (expediente n°:

2015/000277)”, el Tribunal en sesión del día de la fecha ha adoptado la siguiente

resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo convocó, mediante anunció publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 24 de agosto de 2015, en

el Diario Oficial de la Unión Europea el 27 de agosto de 2015, en el Boletín Oficial del

Estado el 31 de agosto de 2015, y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha el 4 de

septiembre de 2015, licitación para adjudicar por el procedimiento abierto el contrato de

servicio de mantenimiento integral del equipamiento electromédico del Complejo

Hospitalario de Toledo, con un valor estimado de 3.881.350,00 euros.

Segundo. Contra el anuncio de licitación, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características y el Anexo VIII

(Inventario), la entidad recurrente ha interpuesto previo anuncio ante el ór gano de

contratación, recurso ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en su

registro de 11 de septiembre de 2015, por el que se solicita se declare la nulidad de esos

documentos o, subsidiariamente, su anulabilidad.

AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA. 28071 - MADRID TEL: 91.349.13.19 FAX: 91.349.14.41 Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

mailto:Tribunal_recursos.contratos@minhap.eshttp:91.349.14.41http:91.349.13.19

“Y todo ello, señala la entidad recurrente, en aquella extensión en la que conculquen los

principios y legislación aplicable a la contratación pública, imponiéndose la oportuna

consecuencia en derecho que el Órgano que resuelve este recurso determine, incluida en

caso de ser procedente, su modificación, o en base a las alegaciones efectuadas, se

decrete la necesidad de retrotraer las actuaciones de licitación hasta su mismo origen,

siempre en aras a la consolidación de un pliego en unas condiciones de conformidad a

derecho, para que tras la oportuna publicidad de los mismos en caso de su modificación o

nueva formulación, se otorgue plazo para presentación de proposiciones”.

El recurso comprende:

a) La impugnación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1a Fase: Análisis individual de los criterios previstos en el apartado T. 1) del PCAP.

"Equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia

Hasta 5 Puntos." y "Gamas de mantenimiento, Alcance y frecuencia ~ Hasta 3 puntos".

"Acuerdos de colaboración con fabricantes de equipos" y "Aumento de las horas de

personal técnico sobre las exigidas en el pliego".

"mejora de los plazos exigidos en el pliego: Hasta 2 puntos

Tiempos de respuesta

Tiempos de reparación

Tiempos para realizar inventario

IV. "Otras mejoras ofertadas"

2a Fase: Disconformidad a Derecho de la documentación acreditativa del criterio subjetivo

configurado en el apartado T.1) del PCAP.

b) La impugnación del Pliego de Prescripciones Técnicas:

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I.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DE RECHO DEL EQUIPAMIENTO

INCLUIDO Y E XCLUIDO EN EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: CLAUSULA 4 del

PPT, CLAUSULA 4.1 del PPT; y CLAUSULA 4.2 DEL PPT:

Equipamiento incluido en el objeto del contrato

Otros equipos no electromédicos incluidos en este contrato

Equipamiento denominado excluido del objeto del contrato

II.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA INCLUSIÓN EN EL

PRESENTE CONTRATO DE LA OBLIGACIÓN PARA EL ADJUDICATARIO DEL

TRASLADO DE EQUIPOS DE NUEVA ADQUISICIÓN: CLAUSULA 5 del PPT. CLAUSULA

6.7. DEL PPT.

III.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LOS REPUESTOS,

ACCESORIOS Y MATERIALES INCLUIDOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO A CARGO

DEL ADJUDICATARIO. CLAUSULA 6.3 del PPT. CLAUSULA.

IV.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA IMPOSICIÓN DE

UTILIZAR SIEMPRE REPUESTOS ORIGINALES Y/O AUTORIZADOS Y CERTIFICADOS

POR EL FABRICANTE EN CUALQUIER REPARACIÓN. CLAUSULA 6.3 del PPT.

CLAUSULA 8 del PPT.

V.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA IMPOSICIÓN AL

ADJUDICATARIO DE QUE SU PERSONAL ESTE ACREDITADO POR EL FABRICANTE

EN EL CASO DE LOS EQUIPOS DE LAS CLASES IIB Y III. CLAUSULA 6.6 del PPT.

CLAUSULA 8 del PPT.

VI.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA IMPOSICIÓN AL

ADJUDICATARIO DE CREAR UNA OFICINA TÉCNICA UBICADA EN EL HOSPITAL

VIRGEN DE LA SALUD. CLAUSULA 6.6 del PPT.

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VII.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA INCLUSIÓN EN EL

PPT DE ASPECTOS DE LAS OFERTAS QUE SE VAN A VALORAR, POR CUANTO ELLO

ES COMPETENCIA DEL PCAP. CLAUSULA 8.8 DEL PPT.

Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre (en adelante TRLCSP), se solicitó del órgano de contratación la remisión del

expediente, habiendo sido recibido acompañado del correspondiente informe el 15 de

septiembre de 2015.

Cuarto. Interpuesto el recurso, con fecha de 1 de octubre de 2015, la Secretaria del Tribunal por delegación del mismo, dictó resolución por la que se acordaba la concesión de

la medida provisional consistente en suspender el procedimiento de contratación con

carácter cautelar conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 46 del TRLCSP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 del TRLCSP y en el Convenio

suscrito al efecto entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha el 22 de octubre de 2012 y publicado en el BOE el día 2 de noviembre de 2012.

Segundo. La empresa recurrente tiene legitimación, de acuerdo con el artículo 42 del TRLCSP para interponer el recurso, por resultar interesada en el resultado de la

impugnación, puesto que de la validez o invalidez de los actos objeto de recurso depende

su concurso al procedimiento.

Tercero. El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma y se ha anunciado previamente, de acuerdo con el artículo 44 TRLCSP.

Cuarto. Los actos recurridos, esto es, los anuncios de licitación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como el Cuadro de

Características y el Anexo VIII (Inventario), son susceptibles de impugnación mediante

recurso especial en materia de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40

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del TRLCSP, al calificarse como contrato de servicios sujeto a regulación armonizada según

artículo 40.1 del TRLCSP) y tratarse de unos actos comprendidos en el artículo 40.2.a) del

TRLCSP.

Quinto. El recurso tiene por objeto, en primer lugar, el apartado T1 del Cuadro de Características que consta como Anexo I del PCAP. Son objeto de impugnación los criterios

de adjudicación sujetos a juicios de valor en su conjunto:

Equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia

Hasta 5 Puntos.

Acuerdos de colaboración con fabricantes de equipos- Hasta 4 Puntos.

Aumento de las horas de personal técnico sobre las exigidas en el pliego- Hasta 4 Puntos.

Gamas de mantenimiento, Alcance y frecuencia-Hasta 3 puntos.

Mejora de los plazos exigidos en el pliego-Hasta 2 puntos

Tiempos de respuesta

Tiempos de reparación

Tiempos para realizar inventario

Otras mejoras ofertadas-Hasta 2 puntos.

Asimismo, se impugnan los siguientes documentos que, según el apartado AA del Cuadro

de Características, deben incluirse en el sobre 2, y cuya no presentación determina la

exclusión del licitador:

Autorización para Asistencia Técnica de equipos e instalaciones de rayos X con fines de

diagnóstico médico, según RD 1085/2009 de 3 de julio.

Certificación y autorización administrativa como empresa instaladora autorizada en Baja

Tensión, categoría especialista (IBTE), según la ITC-BT-03 del REBT.

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Certificación de aseguramiento de la calidad según la norma UNE EN ISO 9001, en cuyo

alcance esté incluido el mantenimiento de equipos electromédicos.

Se refiere la entidad recurrente, en primer lugar, a los siguientes criterios: Equipos

electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia-Hasta 5

Puntos, y Gamas de mantenimiento. Alcance y frecuencia-Hasta 3 Puntos.

Señala la recurrente que en ambos criterios se vulnera el artículo 150 del TRLCSP, que

configura los requisitos que han de cumplir los criterios de valoración de ofertas y

específicamente la obligación que se impone al órgano de contratación de detallarlos y

determinarlos de forma suficiente tanto en el PCAP como en los anuncios de licitación. A su

juicio, la falta de detalle de los criterios indicados conlleva no solo un incumplimiento del

artículo 150.2 del TRLCSP, sino que en la forma de puntuar, el órgano contratante puede

incurrir en una arbitrariedad manifiesta, pudiendo dar más valor a unos elementos que a

otros y, todo ello, sin que los licitadores lo conozcan de antemano de cara a poder presentar

sus ofertas en igualdad de condiciones.

En segundo lugar, la recurrente analiza los criterios: Acuerdos de colaboración con

fabricantes de equipos-Hasta 4 Puntos y Aumento de las horas de personal técnico sobre

las exigidas en el pliego-Hasta 4 Puntos.

Entiende la recurrente que, en ambos criterios, se vulnera el artículo 150 del TRLCSP, que

configura los requisitos que han de cumplir los criterios de valoración de ofertas y

específicamente la obligación que se impone al órgano de contratación de detallarlos y

determinarlos de forma suficiente tanto en el PCAP como en los anuncios de licitación.

A su juicio, de valorarse los acuerdos de colaboración y el aumento de horas mínimas de

personal técnico tal cual están previstos, habría de configurarse debidamente su carácter

automático, no permitiéndose que pueda escudarse quien elabora el pliego al que se

adhieren las licitadoras, en prever como subjetivos criterios que realmente son automáticos,

incorporando una subjetividad que o bien ha de detallarse adecuadamente o que de lo

contrario no puede ser tal, debiendo establecerse la formula a aplicar para valorar.

Abundando en ello, considera que estos criterios de valoración, tal y como están

configurados, no son de índole subjetiva, ni requieren la emisión de un juicio de valor, y de

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entenderse lo contrario, debe modificarse su configuración a los efectos de dar

cumplimiento a la normativa legal vigente en esta materia.

En tercer lugar, se refiere la recurrente al criterio: Mejora de los plazos exigidos en el

pliego-Hasta 2 puntos

Tiempos de respuesta

Tiempos de reparación

Tiempos para realizar inventario

Considera la recurrente que estas mejoras no han sido determinadas debidamente y no se

ha concretado cómo se van a valorar. En este sentido señala que deben estar objetivadas,

es decir, deben establecerse pormenorizadamente los criterios y/o subcriterios que la Mesa

de Contratación utilizará para ponderar las mejoras presentadas por los licitadores. En caso

contrario, se estaría vulnerando la igualdad de trato entre los licitadores, y por tanto, el

principio de transparencia.

En cuarto lugar, impugna la recurrente el criterio: Otras mejoras ofertadas-Hasta 2 puntos.

A su juicio, adolece de una absoluta indeterminación, ambigüedad y oscuridad que

posicionan al licitador en una situación de manifiesta indefensión. Recuerda que la

posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se ha de indicar en el

anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones

queda autorizada su presentación. El criterio, sigue señalando, no está mínimamente

delimitado, lo que atenta contra la transparencia e igualdad de trato de los licitadores,

puesto que no se conoce ni qué quiere valorar el órgano de contratación, ni tampoco los

criterios para hacerlo.

Finalmente, impugna la recurrente la, a su juicio, indebida exigencia de que se incluyan en

el sobre 2 los siguientes documentos: Autorización para Asistencia Técnica de equipos e

instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, según RD 1085/2009 de 3 de

julio; certificación y autorización administrativa como empresa instaladora autorizada en

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Baja Tensión, categoría especialista (IBTE), según la ITC-BT-03 del REBT; y certificación

de aseguramiento de la calidad según la norma UNE EN ISO 9001, en cuyo alcance esté

incluido el mantenimiento de equipos electromédicos.

A este respecto, entiende la recurrente que el PCAP confunde lo que tiene que ser objeto

de consideración en el apartado de solvencia y habilitaciones legales del sobre n°1, y no en

el de criterios de valoración de ofertas del sobre n°2, por tratarse de autorizaciones y

certificaciones relativas a requisitos de aptitud empresarial para acceder a la presente

licitación que se encuentran proyectados en el ámbito de la solvencia del empresario y sus

habilitaciones legales.

Considera que no puede incluirse la exigencia de aportar los certificados y autorizaciones

mencionadas en la documentación relativa a un criterio subjetivo -que ha de aportarse en el

sobre 2-, por cuanto no permite valorar la oferta económicamente más ventajosa sino que

su aportación constituye un requisito de acceso a la licitación: de no aportarse la mercantil

no puede ejecutar los servicios objeto del contrato por cuanto ha de ser excluida.

A ello añade que, si bien es cierto que de conformidad con el artículo 80 del TRLCSP, el

órgano de contratación puede exigir la presentación de certificados expedidos por

organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas

de garantía de la calidad, no lo es menos que en virtud del mismo artículo, el órgano de

contratación está obligado a reconocer los certificados equivalentes que presenten los empresarios.

Asimismo, considera que contra lo señalado en el pliego, la no presentación de la

documentación a aportar para un criterio subjetivo nunca puede ser causa de exclusión sino

de no puntuación, por tanto una vez exigidas las certificaciones y autorizaciones en el

apartado de solvencia y/o habilitaciones empresariales correspondiente, es evidente que la

exclusión por la causa definida no es procedente, razonable ni proporcionada.

En el informe evacuado por el órgano de contratación se señala, respecto a este motivo de

impugnación, que partiendo de la libertad de establecer los criterios de adjudicación que

estime pertinentes el órgano de contratación, no puede deducirse que los establecidos en el

PCAP impugnado no sean concretos.

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Según señala, lo que se pretende valorar con los criterios establecidos son las soluciones

propias de cada empresa, en su libertad de organizar los medios que va a poner a

disposición del contrato. Lo que se pide a los licitadores es la puesta a disposición del

contrato de unos medios o recursos mínimos, un plan de mantenimiento consistente en un

conjunto de gamas y la frecuencia de éstas y, con ello, ofertar diferentes soluciones

organizativas del servicio.

En el caso particular de equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia, indica el órgano de contratación que se valorará la relación de

equipos que presente la oferta de la empresa y la utilidad de estos en aras a que puedan

paliar en mayor medida un trastorno asistencial por una avería de los existentes,

consultando para ello con los responsables de cada uno de los servicios la importancia de

este elemento sustitutivo, y realizando una clasificación en función de la información

obtenida del lote de equipos puesto a disposición, de tal forma que el lote que presente

mayor número de equipos útiles a juicio de valor por los profesionales, obtendrá la mayor

puntuación, distribuyéndose el resto de forma proporcional.

En el caso de las gamas de mantenimiento sobre los equipos a mantener, considera el órgano de contratación que lo que se trata de analizar es el grado de profundidad de las gamas en relación a los equipos que se aplican, y por tanto se trata de un juicio de valor del

órgano de contratación en la consideración de qué alcance y frecuencia se adapta mejor a

las necesidades del parqué de equipos de electromedicina que aquel posee. No tendría

sentido valorar exclusivamente la cantidad del número total de gamas y las veces que se

repiten, puesto que todos los equipos electromédicos no tienen el mismo grado de

importancia en la repercusión de la actividad asistencial, ni el mismo riesgo para los

pacientes y profesionales.

En el caso de los acuerdos de colaboración con los fabricantes de los equipos, indica que tienen mayor importancia aquellos acuerdos sobre los equipos de tecnología más

complicada y que puedan afectar en mayor medida a la actividad asistencial del Complejo

Hospitalario de Toledo. Se trata de los acuerdos más ventajosos para él, propuesta que

será consensuada por tanto con los profesionales de este complejo usuarios de los equipos,

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se trata por tanto de un juicio sobre la utilidad que dichos acuerdos de colaboración

representen.

Finalmente señala, respecto al criterio número de las horas de técnico ofertadas, que en función del tipo de hora de técnico ofertada, la cualificación que posean, si son de presencia

física o localizada, etc., el Complejo Hospitalario de Toledo considerará cual es la solución

más ventajosa para llevar a cabo el contrato.

Expresados muy brevemente los argumentos expuestos por la entidad recurrente y por el

órgano de contratación en relación con el primer motivo del recurso, nos corresponde

determinar, en primer lugar, si los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor previstos

en el apartado T1, del Cuadro de Características que consta como Anexo I del PCAP, son

lo suficientemente concretos para garantizar los principios de igualdad y no discriminación

de los licitadores, sin dejar en manos de los técnicos la decisión última sobre qué y cómo se

ha de proceder a su evaluación.

A este respecto, este Tribunal, en numerosas resoluciones ha expresado la necesidad de

que los criterios de adjudicación se definan y ponderen con la suficiente precisión en los

pliegos, sin que resulte admisible la expresión de criterios abiertos e imprecisos que dejen

plena libertad a los técnicos a la hora de su concreción en el proceso de valoración de las

ofertas.

Así, en la Resolución 132/2015 de este Tribunal señalábamos que “Los principios rectores

básicos de la contratación pública exigen que, tanto la descripción de los criterios de

adjudicación como la determinación de las reglas de ponderación de los mismos y de igual

modo las mejoras, queden fijados con el necesario nivel de concreción en los Pliegos,

permitiendo a los licitadores conocer de antemano cuáles serán las reglas precisas que rijan

la valoración de sus ofertas y evitando que puedan producirse arbitrariedades en dicha

valoración, cuyos parámetros no pueden quedar discrecionalmente en manos de la mesa

de contratación.”

Debemos tener en cuenta, asimismo, lo señalado en el apartado 4 del artículo 150

TRLCSP, con arreglo al cual “Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá

precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse

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fijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el

procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cuales

de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral mínimo de puntuación

exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. Cuando, por razones

debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se

enumerarán por orden decreciente de importancia”.

Como señalamos en la Resolución 590/2013, la falta de concreción de las puntuaciones en

los Pliegos, dejando entera libertad a la discrecionalidad técnica de los órganos de

valoración para trazar los criterios de valoración de la oferta, supone un vicio de nulidad de

pleno Derecho del artículo 62.1, a) de la LRJPAC por infracción del principio de igualdad

(artículo 14 CE).

Así las cosas, la clave para resolver la controversia radica en la apreciación de si los

criterios de adjudicación establecidos por el cuadro de características son lo

suficientemente precisos en su definición y alcance para garantizar la igualdad de los

licitadores.

Pues bien, con la excepción que se va a indicar a continuación referida al criterio “Otras

mejoras ofertadas”, el grado de concreción de los criterios de adjudicación que dependen

de juicio de valor es suficiente para que sean conocidos por los licitadores, sin que puedan

generar desigualdad y falta de transparencia en la presentación y posterior valoración de las

ofertas. Consta con toda claridad su ponderación relativa en el conjunto de criterios de

adjudicación, y, si bien hay tres de ellos (equipos electromédicos puestos a disposición o

cedidos al CHT durante la incidencia, acuerdos de colaboración con fabricantes de equipos

y aumento de las horas de personal técnico sobre las exigidas en el pliego) dejan un

significativo margen de discrecionalidad en su valoración por parte del órgano de

contratación, no puede llegarse a la conclusión que en base a los mismos se impide a los

licitadores formular sus ofertas con un grado suficiente de conocimiento. Por lo tanto, en

este punto, el motivo debe ser desestimado.

Especial consideración, no obstante, merece el criterio de adjudicación consistente en Otras

mejoras ofertadas-Hasta 2 puntos.

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Respecto a las mejoras como un criterio de adjudicación evaluable debe tomarse en

consideración el artículo 147 del TRLCSP que al regular específicamente las variantes y

mejoras prevé que: “1. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios

distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o

mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas administrativas

particulares haya previsto expresamente tal posibilidad. 2. La posibilidad de que los

licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato

precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación.

De la norma citada se debe concluir que el TRLCSP proscribe las mejoras genéricas, no

determinadas en cuanto a los aspectos de la prestación que serían mejorables por las

propuestas de los licitadores. En este sentido, el Tribunal sostiene un criterio consolidado a

lo largo de sus resoluciones, sirviendo como ejemplo las Resoluciones 514/2013, 207/2013,

302/2011, 189/2011. En ellas hemos señalado que si no se establecen previamente las

mejoras a considerar y las pautas para su valoración, las cláusulas del PCAP relativas a

esas mejoras incurren en un vicio de nulidad de pleno derecho por colisionar con los

principios rectores de la contratación pública exigidos por la normativa comunitaria, y

contemplados en el vigente TRLCSP, en su artículo 1.

En este sentido, en la Resolución nº 302/2011 decíamos que: “la introducción de variantes o

mejoras como criterio de adjudicación exige su relación directa con el objeto del contrato,

una adecuada motivación, su previa delimitación en los pliegos o, en su caso, en el anuncio

de licitación y ponderación de las mismas. Así ha declarado el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea la obligación de que el pliego de cláusulas detalle los requisitos y

condiciones en la prestación de las variantes o mejoras en aras al respeto del principio de

igualdad de trato de los licitadores, en la Sentencia de 16 de octubre de 2003, asunto

Traunfellner GMBH”.

La necesidad de que los pliegos concreten qué mejoras serán consideradas tiene como

finalidad que los licitadores puedan elaborar sus ofertas con pleno conocimiento de los

elementos que van a ser valorados, para evitar que la indefinición de las mejoras y su

ponderación les impida poder formular sus ofertas en condiciones de plena igualdad. De

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acuerdo con estas consideraciones procede declarar nula debido a su indefinición la

cláusula Otras mejoras del Apartado T 1, del Cuadro de Características del PCAP.

Por otro lado, impugna la recurrente la, a su juicio, indebida exigencia de que se incluyan en

el sobre 2 los siguientes documentos: Autorización para Asistencia Técnica de equipos e

instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, según RD 1085/2009 de 3 de

julio; certificación y autorización administrativa como empresa instaladora autorizada en

Baja Tensión, categoría especialista (IBTE), según la ITC-BT-03 del REBT; y certificación

de aseguramiento de la calidad según la norma UNE EN ISO 9001, en cuyo alcance esté

incluido el mantenimiento de equipos electromédicos.

En el análisis de esta cuestión debemos recordar que si bien el órgano de contratación goza

de una amplia discrecionalidad a la hora de seleccionar los criterios de adjudicación que

considere más idóneos en cada caso, dicha libertad de elección tiene su límite en la

exigencia, derivada del artículo 150.1 del TRLCSP, de que los criterios de adjudicación

seleccionados guarden una vinculación directa con el objeto del contrato y no con

características o circunstancias de las empresas licitadoras.

Así, el artículo 150.1 del TRLCSP señala: "Para la valoración de las proposiciones y la

determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios

directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula

utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del

servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las

características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales

que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las

categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o

beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las

características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el

mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. Cuando solo

se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más

bajo."

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En efecto, es necesario distinguir dos fases del procedimiento de licitación, por un lado la de

valoración de la solvencia de las empresas, y por otra, la de valoración de sus ofertas. En

este sentido, este Tribunal, en su Resolución 220/2012, señala: “Se puede por tanto

concluir que la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, así como

también la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea, han establecido la necesidad de distinguir entre criterios de solvencia de la

empresa que constituyen características de la misma y los criterios de adjudicación que

deben referirse a las características de la oferta, habiéndose utilizado esta diferenciación,

fundamentalmente, para excluir la utilización como criterios de adjudicación de cuestiones

tales como la experiencia de la empresa en la ejecución de contratos similares y otros de

naturaleza análoga, que nada aportan en relación con la determinación de la calidad de la

oferta efectuada por el licitador. Y ello porque lejos de referirse a cualidades de ésta última,

lo hacen a circunstancias de la empresa licitadora considerada en su conjunto”.

De acuerdo con estas consideraciones, las características o circunstancias de la empresa

licitadora no deben ser valoradas para determinar la oferta económicamente más ventajosa.

Aplicando esta doctrina al presente supuesto, podemos concluir que la presentación de la

autorización para Asistencia Técnica de equipos e instalaciones de rayos X con fines de

diagnóstico médico, según Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio; certificación y autorización

administrativa como empresa instaladora autorizada en Baja Tensión, categoría especialista

(IBTE), según la ITC-BT-03 del REBT; y certificación de aseguramiento de la calidad según

la norma UNE EN ISO 9001, en cuyo alcance esté incluido el mantenimiento de equipos

electromédicos, no pueden ser tomados en consideración para valorar las ofertas de los

licitadores, ni, por lo tanto, deben figurar en el sobre 2. Por consiguiente, procede anular en

este aspecto el apartado AA del Cuadro de Características del PCAP, sin perjuicio de que la

presentación de estos documentos pueda ser exigida por el PCAP como elemento para

valorar la solvencia de los licitadores, en cuyo caso deberán ser presentados en el sobre 1.

Sexto. Es objeto de impugnación la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas en lo referente al equipamiento incluido en el objeto del contrato; a los equipos no electromédicos

incluidos en el contrato, y al equipamiento denominado excluido del objeto del contrato.

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Señala la recurrente, en primer lugar, que la citada cláusula del PPT impone al contratista la prestación de los servicios de mantenimiento objeto del contrato sobre un número de

equipos e instalaciones electromédicas indeterminado. Así, el párrafo primero de esta

cláusula señala que En el Servicio a contratar estará incluido, la conservación y el

mantenimiento de todos los equipos electromédicos, que estando o no incluidos en el

Inventario actual, son propiedad del Complejo Hospitalario de Toledo (en adelante CHT),

compuesto por los siguientes Centros sanitarios: Hospital Virgen de la Salud, Hospital

Virgen del Valle, CEDT de Toledo, CEDT de Illescas, CEDT de Ocaña, CEDT de Torrijos,

así como los Servicios y Unidades pertenecientes al CHT ubicados en el Hospital Nacional

de Parapléjicos, Hospital Provincial de Toledo, Hospital Tres Culturas, y en las instalaciones

de Radiología de los Centros de Salud asociados al Área de Salud del CHT, además de los

Servicios que temporalmente estén desplazados por obras a otros edificios o Centros.

Además, la empresa adjudicataria asumirá el mantenimiento de los nuevos equipos

electromédicos que el CHT pudiera adquirir durante los dos primeros años de vigencia del

presente contrato, en las mismas condiciones de mantenimiento contempladas en el

presente Pliego, sin que ello suponga un incremento en el precio del Contrato.

Por consiguiente, la recurrente considera que la relación de instalaciones y equipos que

integran el Inventario (Anexo VIII) sobre los que debe prestarse el servicio de

mantenimiento objeto del presente contrato es únicamente orientativa, ya que realmente nos encontramos ante una lista de equipos abierta e ilimitada, pudiéndose incorporar todos aquellos que el órgano de contratación estime oportunos, en cualquier momento, sin

incremento del precio del contrato.

Ello conlleva, según su criterio, la imposibilidad de que se pueda dimensionar con precisión

el coste de los servicios de mantenimiento y puede conllevar un enriquecimiento injusto por

parte del órgano de contratación, en detrimento del contratista, pues no se prevé

modificación contractual alguna que le permita ser compensado por el aumento de unidades

a mantener o por el aumento de centros en los que prestar el servicio.

Por otro lado, afirma la entidad recurrente que, en discordancia con el objeto del PCAP tal y

como ha sido configurado, el PPT incluye en el objeto de la prestación de servicios que se

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licita equipos no electromédicos para los que, además, son necesarias habilitaciones

específicas que no se exigen a los licitadores.

Se refiere la recurrente, particularmente, a los equipos de refrigeración, conservación,

congelación y ultra congelación, tanto gama blanca como industrial; a los Sistemas

electrónicos de control de temperaturas, incluyendo sensores, controladores y transmisores

de alarma de todos los equipos antes mencionados; a las lavadoras de material de

laboratorio y de biberones; y a las instalaciones eléctricas en quirófanos y salas de

intervención (UVI's, paritorios, salas de radiología intervencionista, etc.).

Estima la recurrente que el PPT no puede ampliar el objeto del contrato, toda vez que su

concreción forma parte del conjunto de derechos y obligaciones que van a regir la licitación,

y por tanto, su regulación corresponde al PCAP. Por otro lado, los pliegos, según su criterio,

deberían exigir a los licitadores la habilitación de empresa instaladora/mantenedora de

instalaciones frigoríficas para poder realizar las labores de mantenimiento en estos equipos

regulada por el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueba el

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas

complementarias. Por todo ello, la mercantil recurrente considera que la prestación de servicios de mantenimiento integral sobre los equipos mencionados, tiene que ser eliminada

del objeto del contrato puesto que el órgano de contratación no ha exigido las habilitaciones

legalmente necesarias para su prestación, incumpliendo, por tanto, la normativa legal

expresada.

Por otro lado, la entidad recurrente impugna el apartado 4.2.1 del PPT en el que, en

relación con los equipos de alta tecnología, se impone al contratista la obligación de realizar

la primera intervención, evaluar el alcance de la avería, y solucionarla cuando sea posible

sin la intervención de terceros. En caso de no poder solucionar, gestionará la reparación

con el Servicio de Asistencia Técnica correspondiente. En cualquier caso, registrará en

GMAO todas las intervenciones, ya sean de mantenimiento preventivo como de correctivo,

dejando constancia de todo el proceso de la asistencia técnica, desde el inicio de la

comunicación de la avería hasta que ésta quede resuelta por el servicio técnico contratado

por el Sescam o por otros, quedando constancia también de la descripción de los trabajos

realizados, el t iempo empleado y el coste de la reparación.

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Esta obligación de realizar la primera intervención, según la cláusula citada, se refiere a los

siguientes elementos: Equipos de radiología digital (tórax, suspensiones de techo, buckys,

mamógrafos y telemandos), TC's, PET's y Resonancias Magnéticas; Equipos de Radioterapia y Medicina Nuclear, tales como aceleradores lineales, bombas de cobalto,

simuladores, gammacámaras, sistemas de planificación y ciclotrón; Equipos de

Hemodinámica, Electrofisiología cardiaca y Angiografos digitales; Equipos de Litotricia

Extracorpórea.

Según la recurrente, dicho mantenimiento de primera intervención requiere una habilitación

específica para entrar en la sala e intervenir en el equipo. En particular, en lo que se refiere

a los Equipos de Radioterapia y Medicina Nuclear, la habilitación necesaria comprende, con

arreglo a lo señalado en el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se

aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, autorización de la Dirección General de Política Energética y Minas, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

En este sentido, considera que no puede realizarse el mantenimiento en lo relativo a la

primera intervención sobre los equipos descritos, evaluando el alcance de la avería y

solucionándola, si no se cuenta con las habilitaciones requeridas, así, no se trata

únicamente de una errónea consideración de excluido sino que se exige un mantenimiento

que no puede prestarse por cualquier licitadora sino que requiere de una habilitación

especial.

El órgano de contratación, en su informe, se refiere, en primer lugar, al equipamiento

incluido en el objeto del contrato. A este respecto considera que el inventario del Hospital, y

más aquél vinculado a bienes muebles (equipamiento médico, mobiliario, instrumental,...) es

dinámico por naturaleza, ya que ni las bajas (averías, pérdida, robo, obsolescencia

tecnológica,...) ni las altas (condicionadas por las disponibilidades presupuestarias, las

propias bajas a reponer -de manera programada o urgente - y por los plazos de entrega de

los proveedores) pueden planificarse razonablemente, para dar lugar a un inventario

cerrado. Por ello, es del todo consecuente con la naturaleza misma del inventario que el

mismo sea orientativo, ya que nunca se cierra.

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Continúa señalando que el inventario, a la fecha de convocatoria del contrato, estaba

cerrado y era cierto. Los cambios posteriores del mismo (altas/bajas) no implican un mayor

desembolso económico para el adjudicatario. Se mantiene en el tiempo un equilibrio entre

altas/bajas, ya que la inmensa mayoría de adquisiciones de equipamiento médico se

produce por sustitución (se da de baja el equipo obsoleto o averiado y se da de alta al

nuevo equipo).

En lo que se refiere a otros equipos no electromédicos incluidos en este contrato, señala el

órgano de contratación que se han incluido en este apartado los equipos de refrigeración

relacionadas con actividades asistenciales: laboratorios de todo tipo, banco de sangre,

farmacia, quirófanos, uvis, etc., y que es cierto que para determinados trabajos de

mantenimiento y de reparación es necesario poseer la habilitación como empresa

mantenedora de instalaciones frigoríficas. Ahora bien, según señala el órgano de

contratación el adjudicatario podrá subcontratar siempre dicho trabajo a otra empresa bajo

su control si no posee dicha habilitación. Pero que para el control diario del correcto

funcionamiento de los equipos el personal de electromedicina dispone de la cualificación de

sus técnicos necesaria y de los instrumentos electrónicos de medida para realizar un

seguimiento continuo.

Por último, respecto al equipamiento denominado excluido del objeto contrato, señala el

órgano de contratación que la recurrente no entiende correctamente el significado de

primera intervención según se indica en el Pliego, ya que lo que se ha pretendido indicar

con este concepto es que una primera intervención a nivel usuario técnico se realiza para

poder identificar el origen de la avería, si está en el propio equipo o en un agente externo, lo

más común suele ser un defecto en la alimentación eléctrica del equipo propiciada por las

propias instalaciones del hospital. En ningún caso se pretende que los técnicos de la

empresa de electromedicina manipulen interiormente los equipos, por la principal razón de

que la tecnología de estos equipos es muy específica y sólo suele estar al alcance de los

técnicos del propio fabricante o su distribuidor.

Se pretende, por tanto, según el órgano de contratación, que se realice por parte de un

profesional de la electromedicina la comunicación de la avería a la empresa encargada del

mantenimiento para que el técnico de la empresa mantenedora del equipo de alta

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tecnología pueda prever posibles orígenes de la avería antes de desplazarse,

trasladándose así con los medios adecuados y de la forma más rápida posible al Hospital.

No se solicita, dice el órgano de contratación, que los técnicos de la empresa de

electromedicina manipulen internamente el equipo, estando cubierto el mantenimiento por

los fabricantes.

En el análisis de la cuestión controvertida, debe tenerse presente que el órgano de

contratación goza de un amplio margen de discrecionalidad para determinar los requisitos

técnicos de la prestación que se pretende contratar, a fin de garantizar, como señala el

artículo 1 del TRLCSP, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control

del gasto, una eficiente utilización de los fondos públicos.

Decíamos en nuestra Resolución 548/2014, de 18 de julio, “que debe partirse de la

existencia de un amplio margen de discrecionalidad para el órgano de contratación a la hora

de definir los requisitos técnicos que han de exigirse. Cabe citar en este sentido el informe

de la Junta Consultiva de Navarra 2/2009: “La determinación de los criterios técnicos en los

pliegos, así como su aplicación concreta por la mesa de contratación, son libremente

establecidos por las entidades adjudicadoras de contratos públicos, dentro de los límites de

la ciencia y la técnica, por ser ellas las que mejor conocen las necesidades públicas que

deben cubrir y los medios de los que disponen y que no son susceptibles de impugnación,

salvo en los casos de error patente o irracionalidad”.

En definitiva, el órgano de contratación es libre de determinar qué requisitos técnicos han

de ser cumplidos por los licitadores, habiendo señalado tanto este Tribunal, como otros

Tribunales competentes en materia de contratación pública, que no puede considerarse

contrario a la libre concurrencia el establecimiento de prescripciones técnicas que se

ajusten a las necesidades del órgano de contratación. Cabe así citar la Resolución nº

9/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Madrid: “Se limita la

concurrencia cuando se establecen prescripciones técnicas que sólo puede cumplir uno de

los licitadores, no cuando habiendo determinado justificadamente la Administración la

necesidad de un producto y estando éste presente en el mercado en una pluralidad de

productores y abierto también a la producción de otros más que quieran fabricarlo, se exige

una forma de presentación determinada, ajustada a las necesidades a satisfacer y que

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cualquiera puede cumplir adaptando su producción a lo requerido. La Administración no ha

de ajustarse a la forma de presentación que libremente ha elegido cada productor, puede

exigir una determinada ajustada a sus necesidades, y son estos, los productores, los que

libremente, si quieren participar en la licitación, han de ajustarse a cumplir lo exigido en las

prescripciones técnicas, algo que pueden hacer si modifican su forma de producción sin que

nada se lo impida”. En definitiva, para que exista una limitación en la concurrencia es

necesario acreditar que los requisitos técnicos establecidos en el pliego hacen que

necesariamente el contrato sólo pueda ser adjudicado a un único licitador, por ser el único

capaz de satisfacer tales requisitos, existiendo además otros productos capaces de

satisfacer las necesidades de la Administración de la misma forma.”

Y en la Resolución 250/2015, de 23 de marzo, citando la Resolución 756/2014, decíamos

que “Pues bien, debe tenerse presente (...) lo dispuesto en los artículos 86 y 117.2 del

TRLCSP, con arreglo a los cuales el contrato debe ajustarse a los objetivos que la

Administración contratante persigue para la consecución de sus fines, correspondiendo a

ésta apreciar las necesidades a satisfacer con el contrato y siendo la determinación del

objeto del contrato una facultad discrecional de la misma, sometida a la justificación de la

necesidad de la contratación y a las limitaciones de los artículos 22 y 86 del TRLCSP.

Partiendo de las anteriores consideraciones, este Tribunal, en relación con las alegaciones

efectuadas por la entidad recurrente y por el órgano de contratación sobre el equipamiento

incluido en el objeto del contrato, estima razonable la argumentación de que no es exigible

que la prestación contratada se circunscriba a los equipos existentes al tiempo de convocar

la licitación. Por su propia naturaleza, el inventario de los equipos electromédico de un

conjunto hospitalario es dinámico, siendo previsible que durante la ejecución del contrato de

produzcan tanto altas como bajas de los equipos incluidos en él, debiendo asumir los

licitadores el riesgo inherente a las variaciones razonables del aquel. Por consiguiente,

procede desestimar el recurso en este punto.

En cuanto a los equipos no electromédicos incluidos en este contrato, debemos recordar

que el PCAP debe definir con exactitud el objeto del contrato, no siendo aceptable que el

PPT contenga declaraciones o cláusulas que lo modifiquen. En este sentido, el artículo

115.2 del TRLCSP señala que “En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se

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incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes

del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En

el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos,

cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones

fusionadas en ellos”.

A este respecto, el Acuerdo 84/2015, de 10 de agosto de 2015, del Tribunal Administrativo

de Contratos Públicos de Aragón señala que El objeto de los contratos son las obligaciones

que él crea, y esas obligaciones, a su vez, tienen por objeto prestaciones (sea de dar cosas,

de hacer o de no hacer) que constituyen el objeto de la ejecución del contrato. Esta es la

razón de que todas las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la

legislación de contratos del sector público, tengan la obligación de determinar y dar a

conocer de forma clara las prestaciones que serán objeto de adjudicación. Cualquier

acepción genérica o confusa, comporta para el licitador inseguridad jurídica. De este modo,

en función de la descripción utilizada por la Administración para definir las prestaciones que

comprende el negocio jurídico a celebrar, los empresarios advierten su capacidad para

concurrir a la licitación, a través de relación entre el objeto del contrato y el objeto social del

licitador. En este sentido, en el anuncio de licitación y en los pliegos de condiciones,

siempre se debe señalar con la mayor exactitud posible el objeto y alcance de las

prestaciones que se desean contratar, de forma que los operadores económicos puedan

identificarlas correctamente y en su caso, decidir presentar sus ofertas.

Así las cosas, la circunstancia de que el PCAP señale que el objeto del contrato es el

servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico del Complejo Hospitalario de

Toledo no determina que el PPT no pueda exigir determinadas prestaciones accesorias de

menor entidad, cual es el caso del mantenimiento de los equipos no electromédicos

descritos en el PPT, sin que ello suponga una ampliación indebida del objeto del contrato.

Los licitadores conocen en todo momento, en virtud de lo establecido en la cláusula 4 del

PPT, que la prestación del servicio comprende esta obligación, circunstancia que deberán

ponderar a la hora de formular sus ofertas. De acuerdo con estas consideraciones, procede

la desestimación del recurso en este punto.

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Finalmente, en lo que se refiere al equipamiento denominado excluido del objeto contrato,

estima este Tribunal que las previsiones establecidas en la cláusula 4.2.1 del PPT sobre la

realización de una primera intervención sobre estos equipos por parte de los técnicos de la

empresa contratista a fin de evaluar el alcance de la avería y solucionarla cuando sea

posible sin la intervención de terceros, responden a la libertad de configuración de las

condiciones técnicas del servicio a la que nos hemos referido con anterioridad, es

compatible con las descripción del objeto del contrato, sin que sea exigible, por lo limitado

de la intervención prevista, una habilitación específica para ello. Por consiguiente, este

motivo debe ser desestimado.

Séptimo. Vamos a analizar a continuación, conjuntamente, la impugnación de las cláusulas 5 y 6.7 del PPT, en las que se establece la obligación de traslado de los equipos de nueva

adquisición, y de las cláusulas 6.3 y 6.5 del PPT, relativas a los repuestos, suministros y

materiales incluidos en el objeto del contrato.

Señalan textualmente las cláusulas 5 y 6.7 del PPT que las obligaciones del contratista

comprenden el traslado, montaje y puesta en marcha de los equipos de nueva adquisición. A juicio de la recurrente, ello puede dar lugar a una prestación que nada tiene que ver con

un servicio de mantenimiento y que exigiría la tenencia y el cumplimiento de una serie de

requisitos que ni se han requerido en este caso, ni han sido debidamente anunciados. Esta

prestación puede conllevar, según la recurrente, que se exija el traslado de dichos equipos

a otros Hospitales o Centros con las graves consecuencias que ello generaría para la

adjudicataria, que no puede calcular el coste de los mismos ni éste habría sido incluido en

el valor estimado del contrato. A su juicio, en caso de no delimitarse y definirse

correctamente el alcance del traslado de los equipos, podríamos encontrarnos con un

servicio de transporte que constituye una prestación ajena e independiente, no accesoria,

del servicio de mantenimiento de equipamiento electromédico objeto del contrato.

Se impugna también por la recurrente la cláusula 6.3 del PPT en la que se impone al

adjudicatario la obligación de asumir el coste de todos los repuestos, accesorios y

materiales necesarios para la reparación de los equipos electromédicos objeto del contrato,

y la cláusula 6.5 del PPT, en la que se establece que el adjudicatario asumirá el coste de

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todos los repuestos, accesorios y materiales necesarios para la reparación de los equipos no electromédicos incluidos en el contrato.

Según la recurrente, el pliego impone a la adjudicataria la obligación de sustituir tantos

materiales, repuestos y accesorios como sean precisos para la puesta en marcha y correcto

funcionamiento de los equipos sin límite de número y valor. A su juicio, esto resulta absolutamente desproporcionado y corresponde a una prestación de suministros de gran

entidad económica y que goza de autonomía propia, por lo que debe ser eliminada del

presente contrato o, en su defecto, licitada conforme a la modalidad contractual que

corresponde. (Contrato mixto).

En este sentido considera que cualquier repuesto de equipo no puede considerarse

englobado en la prestación de un servicio de mantenimiento, ya que, tal y como se ha

configurado el PPT en este punto, no nos encontramos ante auténticos repuestos como tal

necesarios y complementarios para prestar un adecuado servicio de mantenimiento, en este

caso se exige el suministro de "partes de equipo" que no son complementarias y que tienen

un coste muy elevado, de tal forma que en caso de considerarse implícitas en la prestación

de este servicio de mantenimiento afectarían al valor estimado del contrato e impedirían al

licitador efectuar su control gasto pr esupuesto.

Por su parte, el órgano de contratación señala que es frecuente que el Complejo

Hospitalario de Toledo se vea en la necesidad de adquisición de nuevos equipos

electromédicos para sus centros. Según el perfil del equipo adquirido, la adquisición puede

implicar el suministro y puesta en marcha del equipo por parte del proveedor o simplemente

se limita a su suministro, y la correspondiente puesta en marcha será realizada por el

usuario. En cualquiera de los casos el Hospital deberá recepcionar los equipos adquiridos y

confirmar que cumplen con las especificaciones técnicas de compra. A este respecto,

señala el órgano de contratación, los trabajos de traslado de equipos previstos en las

cláusulas 5 y 6.7 del PPT no son diferentes a los que se tenga que hacer diariamente en la

ejecución del contrato de mantenimiento, traslados de equipos desde su ubicación habitual

al taller para su reparación.

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En lo que se refiere a la impugnación de las cláusulas 6.3 y 6.5 del PPT, considera el

órgano de contratación que el objetivo del contrato de mantenimiento integral a todo riesgo

es que el adjudicatario asuma todas las reparaciones y averías que puedan surgir a los

equipos objeto del PPT durante la vigencia del contrato. Como es obvio la mayoría de las

reparaciones supondrá una reposición de materiales y accesorios de repuestos. Los costes

de adquisición de estos repuestos ya están incluidos en el precio de licitación.

Así las cosas, procede analizar si las prestaciones establecidas en las cláusulas 5, 6.3, 6.5

y 6.7 del PPT son las propias del contrato de mantenimiento de equipos electromédicos,

como defiende el órgano de contratación, o incluyen prestaciones ajenas a éste, que en su

caso, pueden corresponder al contrato de suministros. Y en efecto, se observa que en las

cláusulas citadas del PPT, al describir en el PPT el contenido obligacional del contrato, se

impone al contratista obligaciones de suministro de los repuestos, accesorios y materiales

necesarios para la reparación de los equipos y obligaciones de transporte de los nuevos

equipos electromédicos a los centros del Complejo Hospitalario de Toledo, sin definir con

claridad el régimen jurídico de las mismas.

Por consiguiente, según el contenido obligacional del PPT, se puede concluir que, en contra

de lo manifestado por el órgano de contratación, el presente contrato no es un mero

contrato de servicios, limitado al mantenimiento de los equipos electromédicos del Complejo

Hospitalario de Toledo, sino un contrato mixto, complejo, que integra prestaciones de

diversos contratos, y en el que la determinación del régimen jurídico aplicable a su

adjudicación exige conocer, conforme a lo establecido en el artículo 12 del TRLCSP, cuál

sea la prestación más importante desde el punto de vista económico. Por ello, es necesario

que los Pliegos especifiquen el importe o precio que corresponde a cada una de las

prestaciones integradas en el contrato mixto, como por otro lado se encarga de recordar el

artículo 2.1 del RGLCAP: “Podrán celebrarse contratos con pluralidad de objeto, pero cada

una de las prestaciones deberá ser definida con independencia de las demás.”

En el presente supuesto, la importancia de la prestación consistente en los repuestos,

suministros y materiales respecto del conjunto del contrato llevan a la conclusión de que el

contrato debería haberse configurado como un contrato de carácter mixto, con prevalencia

de las prestaciones correspondientes al contrato de servicios (mantenimiento). Ahora bien,

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la indefinición del régimen jurídico de la prestación de repuestos, suministros y materiales, y

la falta de determinación de la parte del precio que le corresponde, llevan a declarar la

nulidad del Pliego también por esta causa, por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo

2.1 del RGLCAP. A ello se une que la prestación, también adicional o accesoria, del

traslado de los equipos, no se regula ni tampoco se define exactamente, lo cual permite

confirmar la conclusión mencionada.

Octavo. Impugna la recurrente las cláusulas 6.3 y 8 del PPT, por imponer al contratista la obligación de utilizar repuestos originales y/o los que el fabricante autorice y certifique.

A juicio de la recurrente, se impone a la adjudicataria la obligación, no justificada, de que los

repuestos que ha de suministrar sean originales, haciendo hincapié en esta exigencia

cuando la pieza de repuesto sea determinante para la seguridad, sin definir exactamente

qué piezas son esas y a cuales se refiere.

Considera que esta obligación implica imponer la marca y el modelo del fabricante del

equipo en cuestión, favoreciendo al fabricante y a sus productos o a aquellos que estime

oportuno el fabricante, otorgándole un importante poder autorizador y de certificación en

materia de repuestos, cuando el artículo 117 del TRLCSP determina que basta con que el

licitador pruebe en su oferta que los productos o repuestos cumplen las prescripciones

técnicas establecidas por el órgano de contratación.

Señala el órgano de contratación que su propósito es mantener los equipos con las mismas

prestaciones técnicas que en el momento de compra. Los equipos objeto del contrato son

equipos con unas prestaciones técnicas muy específicas y los fabricantes utilizan tecnología

propia. Los repuestos y accesorios de estos equipos deben de ser originales ó autorizados

por el fabricante ya que en caso contrario empezaría a dar problemas de incompatibilidad,

así como pérdidas de calidad y rendimiento. El uso de repuestos no originales o no

autorizados por el fabricante supone la pérdida de conformidad CE de los equipos así como

la pérdida de su seguridad eléctrica poniendo en riesgo la seguridad del paciente, así como

posibles errores de diagnóstico.

El análisis de la cuestión controvertida exige traer a colación el artículo 117.8 del TRLCSP,

con arreglo al cual, Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones

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técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un

procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un

origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas

empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con carácter

excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e

inteligible del objeto del contrato en aplicación de los apartados 3 y 4 de este artículo y

deberá ir acompañada de la mención «o equivalente».

En el presente supuesto, estima este Tribunal que la previsión establecida en las cláusulas

6.3 y 8 del PPT no supone un incumplimiento del artículo 117.8 del TRLCSP, pues el objeto

del contrato, consistente en el mantenimiento de unos equipos que cuentan con unas

características técnicas muy complejas, justifica, a fin de garantizar su correcto

funcionamiento y, en definitiva, la seguridad de los pacientes, la exigencia de utilizar

repuestos originales y/o los que el fabricante autorice y certifique, sin admitir productos

equivalentes pues éstos no aseguran el mismo de nivel calidad y su correcta adecuación a

los equipos. Procede desestimar en este punto las alegaciones realizadas por la recurrente

respecto a la nulidad de las cláusulas 6.3 y 8 del PPT.

Noveno. Analizamos a continuación la impugnación de las cláusulas 6.6 y 8 del PPT en las que se impone al contratista la obligación de que su personal esté acreditado por el

fabricante para el mantenimiento de los equipos de las clases IIB y III.

Conforme a lo señalado en la cláusula 3 del PPT los equipos electromédicos de las Clases

llB y III son aquellos que presentan un riesgo moderado y/o alto, en función de su

aplicación, tecnología involucrada y duración de uso, de acuerdo a los criterios establecidos

en el anexo IX del R.D. 1591/2009.

A juicio de la entidad recurrente, la obligación impuesta en el PPT se basa exclusivamente

en un informe recomendacional UNE que no ha sido desarrollado normativamente; crea una

dependencia del fabricante que favorece la desigualdad en la licitación, y puede ser de

cumplimiento imposible pues los propios fabricantes, especialmente cuando están

interesados en la licitación, pueden negarse a acreditar a los técnicos de otras empresas.

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El órgano de contratación señala que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.4 del

Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios

"los productos deberán ser mantenidos adecuadamente de forma que se garantice que

durante su periodo de utilización, conservan la seguridad y prestaciones previstas por el

fabricante".

A su juicio, si bien del "tenor literal" de esta norma no se deduce que el fabricante deba

acreditar oficialmente la capacidad o formación suficiente, tampoco se deduce que el

órgano de contratación no pueda exigirla, haciendo uso de la libertad que tiene para

ordenar la prestación del servicio en las condiciones que, a su juicio, mejor garanticen la

seguridad de los pacientes tratados en el CHT. Señala que mediante la aplicación de esta

exigencia, el pliego pretende conseguir la máxima seguridad para los pacientes y

profesionales.

Según su criterio, la cualificación del personal dedicado al mantenimiento de equipos

electromédicos se contempla expresamente en la Circular 3/2012 de la Agencia Española

de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad (Anexo n° 2), cuyo punto IV.1 se reproduce a continuación:

Cualificación del personal

La instalación, utilización y mantenimiento de los productos sanitarios deben ser

encargados a personas y/o entidades que posean el conocimiento necesario gracias a una

formación especializada y/o a una experiencia práctica adquirida. La cualificación del

personal se valorará en función de los productos y debe quedar demostrada para cada uno

de los equipos sobre los que va a actuar.

Cualificación profesional

La entidad responsable de proporcionar el mantenimiento (el fabricante, su representante,

el Centro Sanitario o el SAT) encargará dichas tareas a personal que haya sido previamente

cualificado. La cualificación del personal se adquiere a través de una titulación académica o

formación reglada específicas (por ejemplo, Técnico de Electromedicina, Ingeniero Clínico,

Master en Ingeniería Biomédica), una acreditación profesional específica emitida por la

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administración competente o experiencia profesional práctica documentada en el

mantenimiento del tipo de productos de que se trate.

Cualificación específica

El personal encargado de realizar las actividades de mantenimiento deberá haber recibido

la correspondiente formación teórica y práctica específica de acuerdo con el grado de

complejidad técnica asociada a cada equipo, las especificaciones técnicas del mismo y las

operaciones específicas a realizar.

De todo lo anterior, concluye el órgano de contratación que para conseguir la máxima

seguridad en la reparación y mantenimiento de estos equipos, por su grado de riesgo para

el paciente, los técnicos deben estar cualificados, formados y capacitados, por los

fabricantes o sus representantes autorizados para acceder al conocimiento de la tecnología

de los equipos.

Sentado lo anterior, estima este Tribunal que, de acuerdo con lo expresado en el Real

Decreto 1591/2009 y en la Circular 3/2012 de la Agencia Española de Medicamentos y

Productos Sanitarios, no se puede deducir la exigencia de que, para el mantenimiento de

determinados equipos, el personal tenga que estar acreditado por el fabricante. La Circular

citada recomienda que el mantenimiento de los productos sanitarios se preste por personas

con la titulación, acreditación o experiencia específica necesaria, pero sin exigir, repetimos,

que se trate de personal acreditado por el fabricante de los productos.

Ahora bien, ello no quiere decir que los pliegos no puedan establecer la necesidad de esta

acreditación cuando esté suficientemente justificado. Así ocurre en el presente caso, en el

que la complejidad técnica de los equipos de las clases IIB y III descritos en el PPT, y la

necesidad de garantizar su adecuado funcionamiento para la seguridad de los pacientes,

son elementos que justifican, a juicio de este Tribunal, la exigencia que estamos

examinando. Por consiguiente, procede la desestimación del recurso en este punto.

Décimo. La recurrente impugna la exigencia establecida en la cláusula 6.6 del PPT de crear una Oficina Técnica en el Hospital Virgen de la Salud.

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Exige la Cláusula 6.6 del PPT la creación de una Oficina Técnica en los siguientes términos:

"Asimismo, se creará una Oficina Técnica y taller a la vez, ubicada en el Hospital Virgen de

la Salud, desde donde se coordinará todas las acciones para el mantenimiento de los

equipos electromédicos"

A juicio de la entidad recurrente, la exigencia de esta Oficina carece de instrumentalidad

desde el momento en que el PPT, en su Cláusula 6.11, (Pag.27) dice textualmente: "(...) El

CHT pondrá a disposición del adjudicatario un local de suficiente amplitud para Oficina

Técnica, taller, almacén, vestuario y aseo, con el objeto de que pueda desarrollar en las

condiciones idóneas la actividad objeto del presente contrato."

Señala que carece de justificación la necesidad de abrir un establecimiento para

desempeñar las mismas funciones que se llevan a cabo en la Central que t iene que facilitar

el órgano contratante por obligación impuesta en el PPT, y, además, supone una carga

desproporcionada para el contratista y, por supuesto, no vinculada al objeto del contrato.

Según el órgano de contratación, la existencia de una Oficina Técnica en el Hospital

(oficina, almacén, despacho) es totalmente necesaria. Por ello, el Hospital pone a

disposición del adjudicatario loa locales necesarios. El PPT obliga al adjudicatario a

disponer en el Hospital de unos recursos humanos, técnicos y administrativos, mínimos,

para la gestión del contrato. También recoge las diferentes funciones del adjudicatario:

mantenimientos preventivos, correctivos, inventario, gestión y control de incidencias,

documentación, uso de aplicación informática del SESCAM, etc. Será por cuenta del

adjudicatario disponer en el Hospital de los medios de comunicación con el exterior

necesarios, líneas telefónicas, acceso a Internet y correo electrónico,... para llevar a cabo

correctamente su actividad diaria y gestiones del contrato. Es evidente que todas estas

obligaciones y funciones obligan, según el órgano de contratación, a que el adjudicatario

disponga en el Hospital de un espacio/local para montar una Oficina Técnica-Taller para

desarrollar estos trabajos.

En este caso, la exigencia establecida en el PPT es, según el criterio de este Tribunal,

proporcionada a fin de que el contratista pueda desarrollar adecuadamente las prestaciones

que constituyen el objeto del contrato. A este respecto, debe recordarse que el órgano de

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contratación dispone de un amplio margen de discrecionalidad a la hora de definir los

requisitos técnicos que han de exigirse, sin que, en el presente supuesto, apreciemos

menoscabo alguno de los principios básicos de la contratación establecidos en el artículo 1

TRLCSP.

Undécimo. Impugnación de la cláusula 8.8 PPT en cuanto en ella se establece que se valorará que el adjudicatario esté certificado según la norma UNE - EN ISO 9001.

Señala la recurrente que incluir una valoración de este tipo en el PPT supone incumplir la normativa legal vigente puesto que no deben incluirse en el PPT aquellos elementos que

sirven para la valoración de las ofertas ya que éstos son objeto de regulación en el PCAP.

Por otro lado, considera que siempre habría de incluir la mención "o equivalentes" en el

pliego, y, en todo caso, aun cumpliéndose todo lo anterior, nunca podría incluirse como

criterio de valoración de ofertas una certificación de calidad de las empresas. Nos

encontramos, pues, según la recurrente ante un triple incumplimiento.

A juicio del órgano de contratación, el recurrente realiza una mala interpretación de la

palabra valorar en este apartado pues el PPT no pretende introducir criterios de valoración

ya que éstos están incluidos en el PCAP, pero sí tiene la capacidad de indicar qué

procedimiento y metodología seguidos en la gestión del servicio a prestar podría conseguir

la máxima calidad.

Antes de analizar la cuestión controvertida, debe señalarse que cuando la recurrente

menciona en su recurso la cláusula 8.8 del PPT, realmente se está refiriendo al contenido

de la cláusula 6.8 del mismo.

Respecto a este motivo, cabe señalar que los certificados de aseguramiento de la calidad

no pueden utilizarse como criterios de adjudicación de los contratos, aunque pueden

exigirse como requisito de solvencia técnica. Así lo señala, entre otras, la Resolución

105/2015 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

en su informe 50/2006, de 11 de diciembre.

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En el presente supuesto, la cláusula 6.8 del PPT señala que También se tendrá en

consideración, en cuanto a la calidad del servicio prestado, que los procedimientos que

elabore el adjudicatario y la metodología que adopte para la gestión y el mantenimiento del

equipamiento electromédico objeto del contrato, estén de acuerdo a los requisitos de la

serie de Normas UNE-EN ISO 9000. Igualmente se valorará que el adjudicatario este

certificado según la norma UNE-EN ISO 9001, y en su alcance este incluido el objeto del

presente Contrato.

Por consiguiente, no cabe duda de que, si bien de manera imperfecta, el PPT establece que

los certificados de aseguramiento de la calidad se tendrán en cuenta como criterio de

adjudicación del contrato, por consiguiente, procede estimar este motivo de recurso.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Estimar parcialmente el recurso interpuesto por Dª. M. E. M. V. , en nombre y representación de la mercantil MANTENIMIENTO ELECTROMÉDICO, S.A., (MANTELEC,

S.A.) contra el anuncio de licitación, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas

Administrativas Particulares, el Cuadro de Características y el Anexo VIII (Inventario),

correspondientes al expediente de licitación del contrato de “Servicio de mantenimiento

integral del equipamiento electromédico del Complejo Hospitalario de Toledo”, anulando el

procedimiento de contratación convocado y los pliegos que lo rigen que deberán

modificarse en los términos expuestos en los fundamentos de esta Resolución.

Segundo. Levantar la suspensión del expediente de contratación.

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el

artículo 47.5 del TRLCSP.

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Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, a contar

desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRIBUN AL ADMINISTRATIVO CENTRAL . DE RECURSOS CONTRACTUALES . Recurso nº 978/2015 C.A. Castilla-La M ancha 47/2015 Resolución nº 991/2015 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL. DE RECURSOS CONTRACTUALES. En Madrid, a 23 de octubre de 2015. VISTO el recurso interpuesto por Dª. M. E. M. V. en nombre y representación de la mercantil MANTENIMIENTO ELECTROMÉDICO, S.A., (MANTELEC, S.A.) contra el anuncio de licitación, los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Características y el Anexo VIII (Inventario), correspondientes al expediente de licitación del cAVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA. 28071 - MADRID TEL: 91.349.13.19 FAX: 91.349.14.41 Tribunal_recursos.contratos@minhap.es “Y todo ello, señala la entidad recurrente, en aquella extensión en la que conculquen los principios y legislación aplicable a la contratación pública, imponiéndose la oportuna consecuencia en derecho que el Órgano que resuelve este recurso determine, incluida en caso de ser procedente, su modificación, o en base a las alegaciones efectuadas, se decrete la necesidad de retrotraer las actuaciones de licitación hasta su mismo origen, siempre en aras a la consolidación de un pliego en unas condiciI.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DE RECHO DEL EQUIPAMIENTOINCLUIDO Y E XCLUIDO EN EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: CLAUSULA 4 del PPT, CLAUSULA 4.1 del PPT; y CLAUSULA 4.2 DEL PPT: Equipamiento incluido en el objeto del contrato Otros equipos no electromédicos incluidos en este contrato Equipamiento denominado excluido del objeto del contrato II.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA INCLUSIÓN EN ELPRESENTE CONTRATO DE LA OBLIGACIÓN PARA EL ADJUDICATARIO DELTRASLADO DE EQI.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DE RECHO DEL EQUIPAMIENTOINCLUIDO Y E XCLUIDO EN EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO: CLAUSULA 4 del PPT, CLAUSULA 4.1 del PPT; y CLAUSULA 4.2 DEL PPT: Equipamiento incluido en el objeto del contrato Otros equipos no electromédicos incluidos en este contrato Equipamiento denominado excluido del objeto del contrato II.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA INCLUSIÓN EN ELPRESENTE CONTRATO DE LA OBLIGACIÓN PARA EL ADJUDICATARIO DELTRASLADO DE EQVII.- IMPUGNACIÓN POR DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LA INCLUSIÓN EN EL PPT DE ASPECTOS DE LAS OFERTAS QUE SE VAN A VALORAR, POR CUANTO ELLO ES COMPETENCIA DEL PCAP. CLAUSULA 8.8 DEL PPT. Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), se solicitó del órgano de contratación la remisión del expediente, habiendo sido recibido acdel TRLCSP, al calificarse como contrato de servicios sujeto a regulación armonizada según artículo 40.1 del TRLCSP) y tratarse de unos actos comprendidos en el artículo 40.2.a) del TRLCSP. Quinto. El recurso tiene por objeto, en primer lugar, el apartado T1 del Cuadro de Características que consta como Anexo I del PCAP. Son objeto de impugnación los criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor en su conjunto: Equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incideCertificación de aseguramiento de la calidad según la norma UNE EN ISO 9001, en cuyo alcance esté incluido el mantenimiento de equipos electromédicos. Se refiere la entidad recurrente, en primer lugar, a los siguientes criterios: Equipos electromédicos puestos a disposición o cedidos al CHT durante la incidencia-Hasta 5Puntos, y Gamas de mantenimiento. Alcance y frecuencia-Hasta 3 Puntos. Señala la recurrente que en ambos criterios se vulnera el artículo 150 del TRLCSP, queconfigura los reentenderse lo contrario, debe modificarse su configuración a los efectos de darcumplimiento a la normativa legal vigente en esta materia. En tercer lugar, se refiere la recurrente al criterio: Mejora de los plazos exigidos en el pliego-Hasta 2 puntos Tiempos de respuesta Tiempos de reparación Tiempos para realizar inventario Considera la recurrente que estas mejoras no han sido determinadas debidamente y no se ha concretado cómo se van a valorar. En este sentido señala que deben estar objetivadas,Baja Tensión, categoría especialista (IBTE), según la ITC-BT-03 del REBT; y certificación de aseguramiento de la calidad según la norma UNE EN ISO 9001, en cuyo alcance esté incluido el mantenimiento de equipos electromédicos. A este respecto, entiende la recurrente que el PCAP confunde lo que tiene que ser objeto de consideración en el apartado de solvencia y habilitaciones legales del sobre n°1, y no en el de criterios de valoración de ofertas del sobre n°2, por tratarse de autorizacioSegún señala, lo que se pretende valorar con los criterios establecidos son las soluciones propias de cada empresa, en su libertad de organizar los medios que va a poner a disposición del contrato. Lo que se pide a los licitadores es la puesta a disposición del contrato de unos medios o recursos mínimos, un plan de mantenimiento consistente en un conjunto de gamas y la frecuencia de éstas y, con ello, ofertar diferentes soluciones organizativas del servicio. En el caso particular de equipos else trata por tanto de un juicio sobre la utilidad que dichos acuerdos de colaboraciónrepresenten. Finalmente señala, respecto al criterio número de las horas de técnico ofertadas, que en función del tipo de hora de técnico ofertada, la cualificación que posean, si son de presencia física o localizada, etc., el Complejo Hospitalario de Toledo considerará cual es la solución más ventajosa para llevar a cabo el contrato. Expresados muy brevemente los argumentos expuestos por la entidad recurrfijando una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en cu