realidades de posguerra en el perú: omisiones, negaciones y sus consecuencias · 2013. 11. 20. ·...

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Introducción

Realidades de posguerra en el Perú:omisiones, negaciones y sus consecuencias

Serie Democracia y Sociedad N.o 2

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Introducción

Realidades de posguerra en el Perú:omisiones, negaciones y sus

consecuencias

Colección Documentos de TrabajoSerie Democracia y Sociedad N.o 2

Félix Reátegui coordinador


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Realidades de posguerra en el Perú: omisiones, negaciones y sus consecuenciasColección Documentos de Trabajo | Serie Democracia y Sociedad N.o 2

Primera edición: agosto de 2007Tiraje: 500 ejemplares

© Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú(IDEHPUCP), 2007Tomás Ramsey 925, Lima 17 - PerúTeléfono: (51 1) 261-5859Fax: (51 1) 261-3433www.pucp.edu.pe/idehpucp

Diseño de cubierta: Christine GieseDiagramación de interiores: Gráfica Delvi

Derechos reservados. Prohibida la reproducción de este documento por cualquier medio, total oparcialmente, sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.o 2007-07321

Impreso en el Perú - Printed in Peru

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Introducción

Índice

IntroducciónFÉLIX REÁTEGUI ................................................................................................................... 9

Desarrollo y construcción de la paz. Tensiones y convergenciasdesde el punto de vista de la justicia de transiciónFÉLIX REÁTEGUI .................................................................................................................. 11

Sociedades de posguerra en el Perú. Secuelas de la violenciay justicia en el pueblo asháninkaRAFAEL BARRANTES ............................................................................................................. 19

Las universidades después del conflicto: notas para un debatePABLO SANDOVAL Y EDUARDO TOCHE...................................................................................... 51


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Como el desarrollo o como la modernización,muchas veces la paz no es un hecho sino un pro-ceso. Eso quiere decir, en primer lugar, que no sela obtiene de la noche a la mañana por el solohecho de que hayan cesado las acciones arma-das. En segundo lugar, ello significa que la paz—un ensamblaje de resultados antes que unaconquista de una sola pieza— se va construyen-do paulatinamente y que ella requiere cierto gra-do de acción deliberada y planificada del Estadoy de la sociedad.

Esta idea contradice, naturalmente, aquelsentido común que Albert O. Hirschman examinóbajo el nombre de «retóricas de la reacción». Agru-paba Hirschman detrás de tal rótulo ese conjuntode prejuicios que, bajo el disfraz elegante del es-cepticismo, aseguran que todo intento por mejo-rar la condición de vida de las personas es a lalarga fútil, perverso o generador de riesgos inne-cesarios. Desde esta mirada, la condición histó-rica de las sociedades humanas es una banali-dad: somos seres históricos solamente porqueestamos sometidos al paso del tiempo. El tiem-po es la única autoridad y la sola guía de las con-ductas colectivas. Así, para una sociedad que hapasado por una etapa de intensa violencia, el cesede las acciones armadas sería la última fronterade la acción pacificadora de las personas. Des-pués de eso solo cabe refugiarse en esas metá-

foras muertas que son, paradójicamente, el lugardonde se manifiesta más vivamente el sentidocomún: dejar que las heridas se cierren, no remo-ver recuerdos dolorosos.

Quienes, terminado un conflicto, han queda-do del lado perdedor de la mesa —víctimas delEstado y de las organizaciones no estatales, po-blación excluida que debió cargar con los costosde la rebelión y de la pacificación— no puedenapreciar los lujos del escepticismo o de la esca-tología. Normalmente, necesitan que se haga algopara que sus vidas puedan colocarse por encimadel nivel de la supervivencia orgánica al que hansido reducidas. Eso significa, en lo inmediato yurgente, recibir pronta asistencia humanitaria y,en cuanto son víctimas y ciudadanos, recibir lasreparaciones en cumplimiento del derecho que lesreconoce el derecho internacional. Pero eso noserá suficiente: ellas precisarán, también, quemediante un conjunto integrado de acciones delEstado —políticas sectoriales, reformas institu-cionales, modificaciones legislativas, transforma-ciones de reglas y prácticas de gobierno y de ar-bitrio social— se desactiven las condiciones queoriginalmente las hicieron vulnerables. Entre ellas,aparecen ostensiblemente la exclusión y las cul-turas autoritarias preexistentes combinadas connuevos factores de conflicto, pobreza y desigual-dad creados, transformados o fortalecidos duran-

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te la violencia. Esa exigencia termina por enlazarla tarea de la paz con las tareas del desarrollo. Y,por último, convierte el problema de la paz en unacuestión que no atañe solamente a las víctimassino a franjas más amplias de la sociedad; quizáa toda ella.

El lenguaje del desarrollo y el de la construc-ción de la paz tienen un terreno común dondeencontrarse. En la dimensión moral, ambos fun-cionan con una gramática de justicia. Más aún,en la práctica, sus beneficiarios directos tiendena encontrarse en las mismas zonas geográficasy demográficas de la sociedad: en la zona de lainequidad y de la justicia negada. En la dimen-sión jurídica, desarrollo y paz se encuentran en laúltima frontera de evolución del derecho interna-cional; ambos se están perfilando con nitidezcomo derechos plenamente exigibles y comoobligaciones legales de los Estados.

Pero si moral y derecho conforman un puenteconceptual entre paz y desarrollo, su vínculo prác-tico tiene que ser buscado mediante una inspec-ción sociológica: ella describirá la realidad especí-fica a la cual pacificación y desarrollo, justicia ypolítica, deben adecuar sus medios y sus fines.Esta realidad podría ser llamada posguerra.

Es amplia y compleja la literatura sobre so-ciedades de posguerra. En su significación mássencilla el término quiere hacer visibles los mu-chos procesos sociales específicos que han que-dado activos después de una guerra y por influjode ella. Como otro término de uso corriente enlas ciencias sociales y en las humanidades dehoy —poscolonialismo— la noción no quiere invi-tar a un censo de daños causados por un conflic-to sino a la búsqueda de las fuerzas, modos derelación social, pautas de funcionamiento políti-co, económico o cultural de la sociedad que fue-ron incubados durante la violencia y que, disfra-zados o en su forma inicial, permanecen comofactores activos de la vida cotidiana e institucio-nal de una comunidad o un país.

El reconocimiento de una realidad de pos-guerra es una de las grandes omisiones en el Perúde hoy. De hecho, esa omisión puede ser una delas grandes razones por las que el impulso trans-formador que pareció llegar con la transición, allápor el año 2000, se extenuó muy pronto, tal vez amediados del gobierno anterior. La transición po-lítica del Perú no cumplió las promesas implíci-tas en ella tales como —para mencionar algoesencial— dar lugar a una recomposición del sis-

tema político que devolviera legitimidad a las fun-ciones de gobierno y representación en el país.

En este Documento de Trabajo, el Institutode Democracia y Derechos Humanos de la Ponti-ficia Universidad Católica del Perú propone unadiscusión sobre la relevancia del concepto deposguerra en la actualidad nacional. Para ello,presenta en primer lugar una breve reflexión so-bre los vínculos y tensiones entre las políticas dereparación y las políticas de desarrollo y la difíciltarea de hacerlas converger preservando, al mis-mo tiempo, la noción de derechos específicos delas víctimas. A continuación, se examinan doscasos de especial relevancia. Rafael Barrantesexplora la manera como se están procesando lostemores y los deseos de justicia en una de laspoblaciones más golpeadas por la violencia: elpueblo asháninka. Su análisis muestra, por unlado, el impacto que los fuertes estereotipos cul-turales tuvieron sobre la tragedia de esa pobla-ción, y por otro lado, las dramáticas alternativasde la reconciliación que se presentan mientras elEstado sigue ignorando su obligación de ejercerla justicia en el país. Pablo Sandoval y EduardoToche examinan, por su parte, el complejo esce-nario de las universidades nacionales y las gra-ves negligencias en las que Estado y sociedadestán incurriendo a ese respecto. Mientras se si-gue pensando que la mejor política hacia la uni-versidad es abandonarla a la deriva, dejarla nave-gar en medio de la inopia y de sus grises acuerdospolítico-burocráticos, el viejo radicalismo va resur-giendo en formas muy distintas, ciertamente, deaquellas de décadas pasadas, pero con una se-mejanza de fondo: el considerar a la universidadcomo un botín y a sus estudiantes, docentes ytrabajadores como clientelas que hay que saberusar para fines particulares.

Son, ambos, típicos escenarios de posgue-rra a los cuales se podría añadir otros de sem-blante más perturbador aún: hijos de la guerracon identidades quebradas, heridas emociona-les desatendidas, usos y costumbres perversosenclavados en el sistema escolar, conflictos depequeña escala que se multiplican sustentadosen viejos sentimientos de agravio. Esta publicaciónes una invitación a incorporar esos problemas enuna discusión amplia sobre las posibilidades ytareas de la paz en el país.

FÉLIX REÁTEGUI

Director de Investigaciones del IDEHPUCP

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Desarrollo y construcción de la paz. Tensiones y convergencias desde el punto de vista de la justicia de transición

Este texto presenta algunas ideas sobre las con-vergencias y las tensiones que existen entre lapráctica del desarrollo y los dilemas que enfren-tan las sociedades que han experimentado con-flictos violentos.

Ciertamente, las cuestiones del desarrollo yde la paz —así como sus correlatos negativos: elatraso socioeconómico y la violencia— constitu-yen dos fenómenos claramente distinguibles des-de un punto de vista conceptual. Sin embargo,para muchas sociedades de América Latina,de Asia o de África esas cuestiones se pre-sentan a menudo como desafíos simultáneos.En términos algo generales, es en los países máspobres —sea que los observemos desde su ren-dimiento macroeconómico, sea que los conside-remos según sus índices de desarrollo humano—donde se desenvuelven también la mayor canti-dad de procesos de violencia masiva, ya se tratede conflictos armados internos o de la acción deregímenes autoritarios y represivos. La realidadde la pobreza, del hambre y de la falta de oportu-nidades no es, para muchas poblaciones alrede-dor del mundo, una situación experimentada demanera aislada, en estado de pureza, sino queaparece entremezclada con formas más atrocesaún del sufrimiento y de la exclusión: violacionesde derechos humanos, crímenes contra la huma-nidad e incluso genocidios. Y, con cierta frecuen-cia, cuando en una sociedad pobre se ha puesto

fin al conflicto o ha desaparecido la dictadura, loscrímenes y las pérdidas materiales originados enla violencia armada resultan opacados por la agen-da general de desarrollo —una agenda vinculadaa problemas que preceden a la violencia y quesubsisten después de ella—. En la atención polí-tica de esa agenda se tiende a prescindir de lasdemandas, las necesidades y los derechos delas víctimas en cuanto tales. Más aún, incluso esposible que aquella sociedad, ya pacificada o yaen transición a la democracia, comience a dise-ñar y ejecutar políticas de desarrollo defectuosaspor estar basadas sobre una premisa falsa: políti-cas de desarrollo concebidas para tiempos denormalidad, pero aplicadas a sociedades o po-blaciones que están padeciendo los síndromespropios de una posguerra.

Este es, pues, el problema general que seaborda a continuación. Sin embargo, antes queagotar todos sus matices o elaborar una propues-ta específica, este texto tiene un propósito másdiscreto: apenas presenta una visión panorámicadel problema y llama la atención sobre la necesi-dad de un diálogo académico y político más in-tenso y creativo entre la comunidad de estudio-sos de desarrollo y la comunidad de defensores ypromotores de los derechos humanos.

Con ese propósito en mente, se seguirá elsiguiente orden. En primer lugar, se presenta elproblema de la construcción de la paz desde la

Desarrollo y construcción de la paz.Tensiones y convergencias desde el punto de vistade la justicia de transición

FÉLIX REÁTEGUI*

* Sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director de investigaciones del IDEHPUCP.

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perspectiva de la llamada «justicia transicional»,un campo de acción y reflexión de aparición re-ciente. Después de ello se sugiere un paralelis-mo entre las actividades de construcción de lapaz y las políticas y proyectos de desarrollo. Seplantea, a continuación, como punto de encuen-tro entre ambas prácticas, por un lado, la defensade los derechos económicos, sociales y cultura-les, y por otro lado, los énfasis puestos en losderechos de las víctimas, en particular los relati-vos a reparaciones colectivas y a garantías de norepetición. Finalmente, se remite todo lo dichoanteriormente a un horizonte que abarca, por igual,los principios del desarrollo y de la paz, el cual esla idea de democracia y el papel que la memoriacolectiva podría desempeñar en la construcciónde democracias incluyentes y duraderas.

1. De la paz a la paz con justicia

Hasta fechas muy recientes el problema de lastransiciones de las guerras internas o los pe-ríodos de represión estatal hacia la paz y lademocracia ha tenido muy poca relación conla problemática del desarrollo. Esto es una formade decir que durante mucho tiempo la salud polí-tica de una sociedad ha tenido poco que ver conel bienestar de la gente que la habita. Una formaadicional, aun, de referirse al problema es señalarque para muchas sociedades de nuestro tiempo latransición a la democracia no ha estado vinculadaal cumplimiento de los derechos de quienes habi-tan esas presuntas democracias.

Durante buena parte del siglo XX, en efecto,las transiciones a la paz o a la democracia eranevaluadas desde puntos de vista bastante limita-dos, concentrados en los aspectos instituciona-les o incluso instrumentales de la política. Así,hasta aproximadamente la década de 1980 elconcepto de transición política aludía a un mo-mento parcial y discreto en la transformación po-lítica de una sociedad. Él se refería al proceso dediálogos y acuerdos por medio de los cuales unconjunto de agentes que ejercen el poder de ma-nera autoritaria aceptaba abandonarlo y dar cam-po libre a la instauración de un poder legítimo y ala restauración de las reglas de juego básicas dela democracia: alternancia en el gobierno, divisiónefectiva de poderes, respeto de los derechos fun-damentales y vigencia de las garantías constitu-cionales. Se trata, pues, de un proceso de nego-

ciación que conduce a un relevo en el poder y a lainstauración de ciertas reglas por las que dichopoder será ejercido en el futuro. Parte de talesacuerdos incluía con frecuencia, ciertamente, laamnistía mutua, el olvido de los crímenes de am-bas partes como acto de buena voluntad que per-mitiera retomar la vida civil o constitucional inte-rrumpida (Linz y Stepan 1997).

Como se ve, la transición —y abusando algodel término, la democracia— resultaba concebi-da desde el ángulo de las elites. Quedaba entera-mente fuera de las preocupaciones la existenciade víctimas de los actores armados que ahora seponían de acuerdo en coexistir. Desde una con-cepción fuertemente institucional de la vida políti-ca, se hacía invisible la existencia de centenareso miles de muertos o desaparecidos y la situa-ción de los sobrevivientes. Transitar hacia la pazsignificaba dar vuelta a la página, correr un velosobre el pasado violento, inaugurar un momentopolítico distinto que se suponía desembarazadode los lastres del pasado.

Hoy, esa perspectiva ha quedado desautori-zada alrededor del mundo y cada vez más se re-conoce como necesidad política y moral, y sobretodo como obligación legal, el deber de atenderlos derechos de las víctimas. Este reconocimien-to ha dado lugar a una serie de instituciones ymecanismos de acción que, sin desconocer lasexigencias del realismo político, al mismo tiempobuscan conciliar esa dimensión táctica de las tran-siciones con cierto grado de justicia aceptable paralas víctimas. A eso se refiere el nombre de «justi-cia transicional», un campo de trabajo multidisci-plinario que cuenta entre sus medios de acciónmás visibles a cierto tipo de organizaciones lla-madas genéricamente «comisiones de la verdad».

Conviene recordar que América Latina ha te-nido un papel destacable en la consolidación deeste enfoque en las décadas recientes. Fue enArgentina donde se vivió una de las experienciasmás notorias y admiradas de investigación de crí-menes de Estado por medio de una «comisiónde la verdad». Fue la Comisión Nacional sobreDesaparecidos, presidida por el escritor ErnestoSábato, la que señaló, sobre todo desde una di-mensión moral, la ruta que después seguirían yenriquecerían otras instituciones parecidas en di-versos países de la región como Chile, Guatemala,El Salvador y Perú.

Sin embargo, América Latina no ha sido laúnica que ha conocido esa clase de ejercicios de

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memoria colectiva. Es famosa mundialmente laComisión de la Verdad y Reconciliación de Sudá-frica referida a los crímenes cometidos en el con-texto de la lucha contra el régimen de segregaciónapartheid. Además de ella, y más recientemente,han existido en África comisiones de la verdadimportantes como la de Sierra Leona y hoy, aun-que con dificultades por vencer, la de Liberia.

Por último, cabe recordar que en esta autén-tica rebelión de la memoria, que es una oportuni-dad y un desafío para las democracias emergen-tes de este siglo, se reconocen las huellas de laexperiencia europea posterior a la segunda granguerra del siglo XX y en relación, en particular, conla dictadura nacional-socialista en Alemania y elgenocidio cometido contra la población judía. Losprocesos judiciales de Núremberg así como losde Tokio, en primer lugar, y la importancia otorga-da a la rememoración de las víctimas después dela reconstrucción, en segundo lugar, son hitosfundadores de esta nueva sensibilidad que puederesumirse en un principio sencillo y a la vez ro-tundo: la transición política a la paz o a la demo-cracia demanda poner en acto alguna forma o al-guna medida de justicia frente a crímenes atroces.Ese principio, que, ciertamente, es siempre difícilde hacer cumplir, tuvo un papel en el tránsito dela Europa del Este hacia la democracia y consti-tuye, hoy, un elemento indispensable en toda re-flexión sobre el futuro político de América Latina,de Asia o de África.

En virtud de ese principio, se ha reconocidoque las víctimas de un conflicto armado —y hayque recordar que estas, en los conflictos de quehablamos, alcanzan con frecuencia cifras de cen-tenares de miles de personas— poseen un con-junto de derechos con una firme base jurídica. Nose trata únicamente de metas deseables o debuenos deseos, sino de derechos que pueden serexigidos legalmente. En este aspecto, la doctri-na jurídica sobre los derechos de las víctimas si-gue el camino abierto por los derechos económi-cos, sociales y culturales. Estos últimos, despuésde haber sido considerados simples declaracio-nes, o, como se decía, «derechos de segundageneración», están conquistando ya plena vigen-cia en el derecho internacional. Hoy son recono-cidos como derechos plenamente exigibles queimponen obligaciones legales a los Estados ysuponen responsabilidades jurídicas concretas.

Los derechos de las víctimas que se mencio-na son principalmente cuatro según la resolución

aprobada por la Asamblea General de las Nacio-nes Unidas en diciembre de 2005: a) Derecho ala verdad sobre los crímenes cometidos, sobre laidentidad de los responsables, sobre el paraderode los desaparecidos o de sus restos. b) Dere-cho a la justicia administrada por el Estado paraque se impongan sanciones a los responsablesde los crímenes. c) Derecho a reparaciones porlos daños materiales y morales ocasionados. Esasreparaciones toman la forma de restitución, indem-nización, rehabilitación y satisfacción. d) Derechoa garantías de no repetición de las violaciones,las cuales toman la forma de reformas adminis-trativas, legales e institucionales.

La existencia de estos derechos, y la nuevasensibilidad moral internacional que los antecedey acompaña, han terminado por transformar elconcepto de transición y consolidación de la de-mocracia que prevalecía en la ciencia política. Lostérminos transición y consolidación designabanusualmente, en efecto, una evolución institucio-nal; ellos orientaban la mirada hacia las conduc-tas de los actores sociales y políticos organiza-dos y al contexto de posibilidades y restriccionesnormativas y pragmáticas que guían esas con-ductas. En muchos casos, el fenómeno así des-crito tenía un aire de restauración: habría una de-mocracia perdida que recuperar, habría reglas quefueron violentadas y cuyo imperio era necesariorestablecer, y, sobre todo, como premisa tácita,habría un contexto cultural que fue pervertido porel orden autoritario o por la violencia y que, unavez superados estos, se depura y se reactiva enuna creativa confluencia con las transformacio-nes institucionales y jurídicas de la sociedad.

Esta evolución institucional, sin embargo, nocontemplaba de manera explícita dos aspectoscruciales de la superación de la violencia: uno,orientado al pasado, es la atención de los dañosy pérdidas ocasionados por el conflicto; el otro,orientado al futuro, es la necesidad de garantizarque la violencia o el autoritarismo no se repitan.

2. Paz y desarrollo: racionalismo,participación, política

La irrupción de los criterios de justicia transicio-nal centrados en el derecho de las víctimas y enlas garantías de no repetición ha motivado, así,que las transiciones políticas sean manejadas yjuzgadas en un ámbito más amplio y exigente

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que el ámbito simplemente estratégico. Al pasardel sencillo esquema de la negociación entre ac-tores al esquema más complejo de construcciónde una paz sostenible o duradera, nos aproxima-mos al mundo de preocupaciones, problemas ymetas propias del desarrollo aunque, por ahora,esta aproximación entre derechos humanos ydesarrollo sea todavía tensa y problemática.

Para resaltar los puntos de encuentro, con-viene señalar que tanto la construcción de la pazcomo la búsqueda de objetivos de desarrollo cons-tituyen en diferentes medidas procesos de pro-ducción o reproducción social. Pertenecen a unparadigma general que es el de la intervencióndel Estado sobre la sociedad, o de sectores de lasociedad sobre sí misma, para inducir una trans-formación en una dirección definida, en un plazoprevisto, con ciertas consecuencias más o me-nos conocidas y poniendo en movimiento ciertacantidad de recursos de diversa naturaleza: re-cursos financieros, la capacidad normativa o le-gislativa del Estado, recursos simbólicos, movi-mientos de acción colectiva y otros.

Las transiciones son, en efecto, procesos deconstrucción de tejidos institucionales quebradoso inexistentes de manera tal que los futuros einevitables conflictos sociales puedan ser proce-sados por vías distintas de la violencia armada.En ocasiones, como se ve con mayor frecuenciaen sociedades africanas destruidas por las gue-rras, se trata inclusive de reconstruir el aparatocoactivo básico del Estado: policía, fuerzas mili-tares, órganos de justicia. En una perspectiva másamplia, como se observa en experiencias latinoa-mericanas como las de Perú y Guatemala, ade-más de reconstruir los órganos institucionales delEstado, la construcción de la paz demanda tam-bién regenerar o recuperar sistemas de autoridada pequeña escala —en pequeños distritos o al-deas— donde las pequeñas elites políticas hansido muertas a manos de los actores armados ydonde las ideas tradicionales de autoridad —comopor ejemplo la precedencia de los mayores— hanquedado aniquiladas durante los años de violen-cia. Esto último, la inexistencia de autoridadeslocales legítimas en sociedades de posguerra,posee una particular importancia y se vincula conun problema central del desarrollo hoy en día,como es el de la gobernanza. En efecto, si lagobernanza para el desarrollo se refiere a la posi-bilidad de hacer elecciones públicas en un con-texto democrático, es claro que la profunda frag-

mentación del poder en una sociedad de posgue-rra constituye un fuerte obstáculo para construirese desarrollo. Ahí donde el poder nacional noencuentra correspondencias en otras instanciasmás pequeñas de poder; donde el poder no sehalla descentralizado en un sentido institucionalsino simplemente fragmentado, las posibilidadesde hacer elecciones públicas que favorezcan lainclusión, la inversión social en gran escala, laampliación de los derechos ciudadanos efectivos,los programas de lucha contra la pobreza, se vuel-ven mucho más débiles. Una sociedad de pos-guerra no reconocida como tal por quienes hacenpolíticas públicas se convierte, por ello, en unasociedad con grandes dificultades para conquis-tar metas de desarrollo.

Pero conviene regresar a otro aspecto en elcual la construcción de la paz se asemeja hoy altrabajo en desarrollo. Podríamos llamar a esteaspecto la economía política de la pacificación o,para emplear un término más cercano a la justi-cia transicional, la economía política de la recon-ciliación. La paz y la reconciliación son procesoscontenciosos. Igualmente que en los programasy proyectos de desarrollo, no todos los involucra-dos desean lo mismo o están dispuestos a sacri-ficar lo mismo por un bien colectivo. Para reducirel problema a sus términos más simples, diga-mos lo siguiente: en una posguerra hay por lomenos dos grandes bandos. En el primero estánquienes solamente desean atender las tareas,necesidades y metas del futuro; en el segundo,están quienes desean todo ello, pero sobre la basede una revisión y un ajuste de cuentas con el pa-sado. Existen los que, como se dice corriente-mente, quieren «voltear la página» y existen quie-nes quieren justicia. Ahora bien, no hay que creerque esta es automáticamente una distinción puraentre quienes no fueron víctimas y quienes sí lofueron. La dinámica subjetiva de la pacificaciónes siempre más compleja, y al menos en expe-riencias como las de Guatemala, Colombia y Perúes frecuente encontrar comunidades de víctimasdivididas entre la demanda de memoria y justiciay la demanda de olvido y de financiamiento deproyectos de desarrollo material para el futuro.

Este archipiélago de necesidades y deman-das va generando, tal como ocurre en el trabajode desarrollo, mapas de ganadores y perdedo-res, y competencias sociales por los recursos.Los procesos de decisiones públicas para la pazson conflictivos por muchas razones: los recur-

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sos por distribuirse, sean materiales o simbóli-cos, son siempre limitados; los actores involu-crados —aquellos para quienes hay algo en jue-go en el proceso— son diversos y a vecesantagónicos; las ideas de bien común son hete-rogéneas, sobre todo en sociedades pluricultura-les como muchas de las de América Latina. Y,por último, el Estado está lejos de ser neutral;por el contrario, en un proceso de pacificación élestá intentando también recomponer su propiaestatalidad: su hegemonía como actor central dela vida política; una memoria del proceso de vio-lencia que le permita afirmar su legitimidad; unlenguaje socialmente influyente que respalde enúltima instancia sus pretensiones de autoridad;unas instituciones (entre ellas, las institucionesmilitares) que, más allá de los defectos o críme-nes que se les puedan imputar, son fuerzas rea-les en la vida política de la sociedad.

En ese contexto, para un Estado resulta su-mamente tentador resolver la heterogénea deman-da de la transición hacia la paz enunciando me-tas incontrovertibles, metas que no puedan serpuestas en cuestión por nadie. Esto ha significa-do a menudo, como se sugirió líneas arriba, po-ner en acto una traducción: dado que la violenciaha dejado víctimas y dado que las víctimas sonpor lo general personas que ya eran pobres y ex-cluidas antes y que siguen siendo pobres ahora,y dado, por último, que la población pobre y ex-cluida excede largamente el número de víctimas,para un Estado es atractivo cambiar el lenguajede la pacificación por el lenguaje del desarrollo.Esto significa hacer un pacto retórico que puederesultar interesante de examinar para quienesestudian el Estado en su naturaleza antropológi-ca: este Estado construye su autoridad atendien-do a la población afectada por la violencia, perono solamente a ella y, sobre todo, no atendiéndo-la a título de víctima que tiene un derecho especí-fico ante el Estado —un derecho que puede serreclamado ante tribunales— sino a título de po-bre, excluida o indígena. Se opera aquí una suer-te de estrategia cultural del Estado para trasladara un lenguaje estatal preexistente y ya rutinizado—el lenguaje del desarrollo— ciertas obligacio-nes novedosas y tal vez más agresivas que sonlas que dimanan del derecho de las víctimas. Eneste proceso, está presente una diferencia adi-cional y un punto de ventaja a favor de una estra-tegia de desarrollo frente a una estrategia de pa-cificación con justicia.

La diferencia es que, por lo menos hasta estemomento de la evolución del derecho y la juris-prudencia internacional, el cumplimiento de losderechos vinculados al desarrollo es más difusoque el cumplimiento de los derechos de las vícti-mas. Como se suele decir en lenguaje jurídico, laobligación del Estado ante el desarrollo y los de-rechos económicos, sociales y culturales puedeser presentada como una «obligación de medios»:un cierto Estado puede afirmar que respeta susobligaciones jurídicas internacionales —por ejem-plo, el deber de proteger a las personas contra lapobreza— en la medida en que esté desarrollan-do alguna política al respecto y no necesariamenteen la medida en que haya conseguido un resulta-do específico —por ejemplo, rescatado a una per-sona específica de la pobreza—. El derecho delas víctimas —por ejemplo, si se habla del dere-cho a recibir reparaciones individuales— es másconcreto y su cumplimiento puede ser demostra-do o no en un tribunal internacional de justicia.

No obstante, la conversión de derecho a lasvíctimas en tareas de desarrollo cuenta con unaventaja a ojos de un sector considerable de lapoblación incluidas a veces las propias víctimasy la comunidad involucrada en tareas de desarro-llo. La razón de ello es la siguiente: las compen-saciones que el Estado debe a las víctimas noposeen, en principio, otra finalidad que la de re-conocer que un derecho ha sido violado y repararesa violación; es decir, el pago de compensacio-nes no es concebido en principio como una formade procurar bienestar a la población que ha sidovíctima; no es, en suma, una política de desarro-llo. De hecho, en ocasiones las propias víctimas—principalmente cuando se expresan colectiva-mente— son portadoras de ese razonamiento: lareparación, definida a veces como hacer que elafectado regrese al estado anterior a la afecta-ción, no resulta muy apetecible o inspiradora sies que, como es el caso, ese estado anterior noera otro que el de pobreza, exclusión, desem-pleo, hambre, falta de servicios educativos o deatención básica de la salud. Además de las vícti-mas, otros sectores de la sociedad, incluso desdeuna perspectiva solidaria, de convicción demo-crática, pueden ver la insistencia en reparacio-nes como una política sin consecuencias para loque verdaderamente debería importar: ¿qué hacerpara que, ahora que la violencia o el autoritaris-mo han quedado atrás, la población viva mejorque antes?

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3. Derecho de las víctimasy democracia

Este dilema no es sencillo de resolver y hay queinsistir en que es un tema que reclama un diálogomás vivo entre estudiosos del desarrollo y la co-munidad de derechos humanos. Este dilema po-dría ser considerado de una manera más integra-dora a la luz del concepto de desarrollo humano yde una incorporación muy enérgica de la proble-mática de la ciudadanía y la democracia en elhorizonte del desarrollo.

Como primera cuestión, conviene tener encuenta que, más allá de sus efectos materialesconcretos, el cumplimiento de los derechos delas víctimas implica la fundación o el replantea-miento de una relación política entre sujetos yEstados. En muchas ocasiones, en las socieda-des donde la violencia masiva es más frecuente,se trata de un cambio tan rotundo como pasar deuna relación de súbditos a una relación de ciuda-danos. La insistencia en la cuestión del derechocumplido en las reparaciones, más allá de su efec-to económico, está asociada a una concepcióncompleja de pacificación que se da la mano conla problemática del desarrollo. Está vinculada, enefecto, al problema de la construcción de demo-cracias y a la instalación o consolidación de ta-les democracias como regímenes de produccióno reproducción de la sociedad.

Podemos estar de acuerdo en que el ejercicioefectivo de derechos por parte de los sujetos deuna comunidad política es el núcleo básico de larelación y de la condición ciudadana. Ese ejercicioconsiste ya sea en recibir garantías de proteccióny respeto de parte del Estado, sobre todo cuandohablamos de derechos civiles y políticos como lalibertad y la participación, ya sea en recibir ciertasprestaciones del Estado, cuando hablamos dederechos económicos, sociales y culturales. In-versamente, el derecho no cumplido o trasgredidogenera una responsabilidad de parte del Estado,quien tiene el deber de garantizarlo o hacerlo cum-plir. La relación ciudadana, así, también está sal-vada cuando, al haber sido violado nuestro dere-cho, el Estado asume la responsabilidad y poneen acto sus mecanismos de justicia para repararlo dañado y para sancionar al causante del daño.Desde este punto de vista, atender los derechosde las víctimas es un mecanismo básico de cons-trucción de democracia. Pero no hay que pensarque en este mecanismo únicamente está en juego

la inclusión y la protección de quienes fueron vícti-mas. Por el contrario, aquí se pone en juego algomucho más amplio que involucra a la sociedadgeneral: al cumplir con sus deberes a este respec-to, el Estado y la sociedad pueden mostrar la vali-dez del régimen de ciudadanía y, por lo tanto, se-gún una difundida definición de la consolidacióndemocrática, intentan hacer de la democracia elúnico juego posible en la sociedad.

Este régimen de libertades y de reconocimien-to forma parte indudablemente de lo que entende-mos actualmente como un entorno de desarrollohumano. Pero antes que explorar a fondo estetema, interesa ahora remarcar el papel de la de-mocracia como un cierto procedimiento de repro-ducción social o una cierta forma particular de pro-ducir elecciones públicas. En la elaboración deesas elecciones, que se transforman después enpolíticas públicas y en recursos invertidos, inter-vienen sectores antagónicos y con distintas dota-ciones de recursos económicos, políticos, socia-les y simbólicos. Y no siempre es claro que lasgrandes decisiones sobre desarrollo —como, porejemplo, la reforma integral del sistema de aten-ción de salud para las áreas rurales o la transfor-mación total de un sistema educativo deficiente yquebrado— tengan alguna oportunidad de prevale-cer. Para la agenda del desarrollo en los países deAmérica Latina, una pregunta crucial es cómo ha-cer que ciertas decisiones costosas que benefi-ciarían a los más pobres y excluidos puedan seradoptadas. Aquí, una vez más, el encuentro entrejusticia transicional y desarrollo encierra algunaspromesas interesantes si consideramos que unamemoria exhaustiva, completa y justa de la violen-cia —y de los factores que la hicieron posible—puede convertirse en un recurso simbólico poderosopara la toma de tales decisiones. Esto nos remiteal papel que las políticas culturales —entendidascomo la movilización organizada de recursos sim-bólicos para reproducir un orden social o para trans-formarlo— pueden desarrollar en esta conexiónentre construcción de la paz y fortalecimiento delas agendas de desarrollo.

Como dimensión de la organización de unasociedad, el territorio de la cultura está muy le-jos de ser plano y uniforme. Por el contrario, eldiseño simbólico de la sociedad abarca diversosestratos de profundidad. Son parte de ese diseñosimbólico los valores y las imágenes oficialmen-te declarados y proclamados como socialmenteaceptables. Ahí se encuentran, por ejemplo, la

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normatividad legal positiva así como las narrati-vas de la historia peruana transmitidas y repeti-das en el sistema educativo público y privado.Pero en estratos más profundos aparecen otrascapas de ese diseño simbólico: las ideologías,en cuanto ideas manifiestas y de carácter inter-pretativo y propositivo sobre el bien colectivo; losdiscursos, entendidos como un conjunto básicode representaciones articuladas que aportan unacierta gramática social y que delimitan el territo-rio de lo decible; y, en los planos más profun-dos, las identidades constituidas como una ciertaforma de estar frente al mundo social: frente almundo de los objetos y frente al mundo inter-subjetivo de la relación con las personas. Todosellos, sin embargo, muchas veces fuera de lavista del analista de la política, obran sobre lasdecisiones que el sistema político adopta en unrégimen democrático.

Las decisiones públicas para el desarrollo ypara la democracia se encuentran, así, en una re-lación de dependencia —no reconocida, pero igual-mente poderosa— con las representaciones so-ciales. Si la cultura es uno de los espacios másimportantes de la reproducción social, la moviliza-ción de los recursos simbólicos que componen esacultura gravitará siempre sobre el tipo de ordenpolítico producido y reproducido. ¿Qué clase demodificaciones en el plano de la organización sim-bólica de una sociedad en transición a la paz y aldesarrollo resultan indispensables para ese fin? Eidentificados esos cambios, ¿en qué medida y porqué medios pueden ellos producirse?

Uno de los derechos de las víctimas en unatransición —el llamado derecho a la verdad— co-bra protagonismo en este punto sobre todo si esaverdad no es entendida únicamente como el es-clarecimiento de un crimen particular, sino comola elaboración y difusión de una memoria colecti-va de la violencia. La memoria que produce unacomisión de la verdad busca convertirse en unarepresentación social compartida que no es sola-mente un conjunto de contenidos —de enuncia-dos con pretensiones de verdad sobre el pasadoviolento o represivo— sino también, y fundamen-talmente, una fuente de crítica y deslegitimaciónde ciertas prácticas sociales precedentes —cier-to tipo de relaciones entre Estado y sociedad;cierta forma de encarar la lucha política; ciertoshábitos y retóricas que determinan la relaciónentre las diversas clases sociales y conglomera-dos étnicos de la nación— y, naturalmente, una

demanda de transformación de dichas prácticas.En sus aspectos más formales y más apegadosal lenguaje político institucional, esas demandascobran la forma de recomendaciones referidas al«nunca más»: reparaciones, procesamiento pe-nal de los crímenes, garantías de no repetición,y, muy importante para el desarrollo, reformas ins-titucionales. Es, pues, en una memoria exitosade la violencia donde se puede encontrar los re-cursos para que las grandes decisiones de desa-rrollo tengan una oportunidad de prevalecer en eljuego de la gobernanza.

Pero, finalmente, esa memoria, en sus as-pectos menos formales y asibles, pero de mayorconsecuencia para una transformación cultural dela sociedad para la democracia, influye sobre laconstitución simbólica de las relaciones entre laspersonas: modifica las fronteras de lo decible yde lo pensable, estigmatiza la retórica y el léxicodel autoritarismo y la discriminación, induce a unanueva y distinta articulación del discurso público.En suma, la memoria en cuanto elemento para laproducción cultural de la sociedad, trabaja en laamplia dimensión de lo que, desde la sociologíade las prácticas sociales de Pierre Bourdieu, seconoce como habitus,

[…] principios de generación y de estructuraciónde prácticas y representaciones que pueden serobjetivamente reguladas y regulares sin ser enabsoluto el resultado de la obediencia a reglas,adaptadas objetivamente a sus fines sin queello suponga una percepción consciente de losfines y un dominio manifiesto de las operacio-nes necesarias para alcanzarlos y, en vista detodo esto, colectivamente orquestadas sin serel producto de la acción organizadora de un di-rector de orquesta. (Bordieu 2000: 256)

Es, para finalizar, en esta relación entre dere-chos de las víctimas y memoria de la violenciadonde se va configurando, para las sociedades queemergen de una guerra o de una experiencia auto-ritaria, la posibilidad de una gobernabilidad distinta—unas reglas de juego más incluyentes; una re-definición de los fines sociales generales; una ideade reforma del Estado que supere la concepciónadministrativa—. En muchos casos, esa goberna-bilidad distinta es la condición básica para gran-des decisiones de desarrollo usualmente bloquea-das por una concepción demasiado superficial delos verdaderos problemas que se tiene enfrente.

FÉLIX REÁTEGUI

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Bibliografía

BOURDIEU, Pierre2000 Esquisse d’une thèorie de la pratique. (1972).

París: Seuil.

LINZ, Juan y Alfred STEPAN

1997 «Toward Consolidated Democracies». EnLarry Diamond y otros (eds.). Consolidatingthe Third Wave Democracies. Themes andPerspectives. Baltimore: The Johns HopkinsUniversity Press.

Sociedades de posguerra en el Perú. Secuelas de la violencia y justicia en el pueblo asháninka

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Sociedades de posguerra en el Perú.Secuelas de la violencia y justicia en el pueblo asháninka

RAFAEL BARRANTES*

Como lo dice la Comisión de la Verdad y Recon-ciliación (CVR) en su Informe Final, el conflictoarmado interno que vivió el país durante las déca-das de 1980 y de 1990 no tuvo motivaciones nicaracterísticas propias de un conflicto étnico (CVR

2003: t. VIII).1 Sin embargo, ya sea por la estrate-gia del Partido Comunista del Perú-Sendero Lu-minoso (PCP-SL) de iniciar su proselitismo y suacción armada en zonas rurales o por la pobrezay la postergación estructurales de amplios secto-res de la población; ya sea por la forma en que elconflicto se vinculó con otras formas de conflicti-vidad social que desde antes existían en el cam-po peruano o por los efectos de una moderniza-ción inconclusa, lo cierto es que la discriminaciónétnica y racial fue gravitante en la dinámica de laviolencia y en la conducta de los distintos acto-res involucrados en ella.

En el presente texto, se estudia la forma enque dicho fenómeno afectó al pueblo asháninka yse analiza la forma en que este se sitúa frente alas demandas de justicia de sus miembros, asícomo las posibilidades de que se lleve a cabo unproceso de microrreconciliación social. El temase ubica dentro de una reflexión general sobre lassociedades de posguerra, y es de importancia cru-cial si consideramos la naturaleza del incierto pro-ceso de reconciliación que se vive en el Perú des-

de que finalizasen las acciones armadas origina-das por el PCP-SL y el Movimiento RevolucionarioTúpac Amaru (MRTA). Si en general el proceso dereconciliación enfrenta en el Perú múltiples obs-táculos,2 en los pueblos indígenas, y en el de losasháninkas en particular, este proceso encuentramuchos más problemas debido a factores comola discriminación étnica y las diferencias cultura-les. En efecto, el que se ubiquen en un país en elque el espacio social se organiza de manera je-rárquica y donde las brechas étnicas se sobrepo-nen a otras brechas como las de clase y género,permite que perduren relaciones desiguales entredistintos sectores de la sociedad que de algunamanera ocultan ciertas injusticias y dificultan lareconciliación entre sectores o grupos distintos.Asimismo, el hecho de que tengan una forma par-ticular de organización, posean una cultura quedifiere en muchos aspectos de la hegemónicanacional y vivan en sus propios territorios sugiereformas particulares de concebir la justicia y deaspirar y gestionar estrategias de microrreconci-liación intercomunal e intracomunal. En este tra-bajo se presentan algunas hipótesis sobre estosproblemas; no son conclusiones definitivas sinopistas para una investigación empírica más am-plia. Nos hemos basado, en primer lugar, en labibliografía existente y en archivos periodísticos.

* Rafael Barrantes, antropólogo, es investigador del IDEHPUCP. 1 Cf., específicamente, Violencia y desigualdad racial y étnica. Segunda parte del Informe Final: Los factores que hicieronposible la violencia. Capítulo 2: El impacto diferenciado de la violencia. T. VIII. 2 Véanse las reflexiones hechas en Reátegui (2005a).

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Además, hemos conversado con especialistas enla realidad sociocultural de los asháninkas y he-mos entrevistado a dos ex dirigentes asháninkascuyos nombres se omiten por razones de seguri-dad. Es importante hacer dos precisiones. En pri-mer lugar, los procesos de reconciliación y lasconcepciones de justicia no son homogéneos entodo el pueblo asháninka. Existe, por el contrario,una gran cantidad de comunidades que han vividoel conflicto armado interno de manera distinta. Ensegundo lugar, la bibliografía a la que hemos ac-cedido y la información que hemos recogido sonsobre comunidades diferentes y tienen pretensio-nes y alcances distintos. Por lo tanto, si bien eneste análisis se trabaja con premisas generales,las conclusiones deben contrastarse en cada casoparticular por quienes profundicen en el tema.

En la primera parte del texto se discute laimportancia del papel de la discriminación étnicay racial en el conflicto armado interno. Este temaes de vital importancia para comprender no solola magnitud del fenómeno de la violencia armadaentre los asháninkas, sino también sus secuelasy la forma en que conciben la reconciliación y lajusticia. En la segunda parte se describe breve-mente las principales secuelas de la violencia pre-sentándolas como una transformación de la vidasocial asháninka. En la tercera y última parte seanaliza de manera general la forma en que losasháninkas conciben la justicia y la reconcilia-ción en el contexto de posguerra.

1. El factor étnico y racial duranteel conflicto armado interno

En múltiples momentos del conflicto armado in-terno, tanto en la selección de las víctimas comoen la forma en que estas fueron agredidas, tuvie-ron relevancia los componentes étnicos y racia-les que están presentes en la percepción de lapoblación por parte de los actores armados. Ellono se debió a la existencia de una ideología mani-fiesta y deliberada; se podría decir, más bien, quefue el subproducto de un sentimiento soterrado,resultado de un habitus social3 que dispuso a los

agentes del Estado y de los grupos subversivos aactuar y a tomar ciertas decisiones que implicanprácticas discriminatorias. Para percibir la impor-tancia específica de ese habitus, conviene tomaren cuenta que los conflictos dentro de un territorioestatal son enfrentados sobre la base de decisio-nes que miden costos y beneficios. Para la tomade dichas decisiones se delimita el tipo y la gra-vedad de los daños que va a ocasionar el conflictoy la forma en que estos van a ser distribuidos en-tre la población. Esto es válido también para gru-pos subversivos en el momento en que definen suestrategia revolucionaria. De esta manera, pode-mos decir que en el Perú se tomaron decisionesque terminaron por endosar los costos del conflic-to a uno de los sectores más vulnerables del país:la población indígena y los habitantes del campoperuano. Es decir, aquellos que cuentan con me-nos capital político y se ubican en posicionesmenos privilegiadas dentro del espacio social. Estono implica necesariamente que se les haya queri-do agredir deliberadamente a partir de decisioneslúcidas y conscientes; lo que ocurrió es que eramás posible afectar a un indígena o un campesi-no que afectar a habitantes de zonas urbanas ycosteñas. Los habitus sociales funcionan aquícomo estructuras de reproducción de las diferen-cias y desigualdades existentes en el espaciosocial disponiendo la actuación de los actores.Se trata de la existencia institucional de ciertasprácticas relativas a la relación entre grupos étni-camente distinguibles que se mantienen en lasociedad peruana a pesar de los cambios ocurri-dos durante las últimas décadas. Miguel Domè-nech y Lupicinio Íñiguez (2002) se han referido aesta clase de fenómenos al sugerir que la posibi-lidad de que ocurra una u otra forma de crimenestá estrechamente ligada a condiciones socia-les específicas. No todas las formas de violenciatienen las mismas probabilidades de ser ejerci-das públicamente. Se preguntan los autores: «[…]¿qué es más probable, que una mujer agreda asu compañero o que este agreda a aquella?, ¿quées más probable, que hijos o hijas agredan a suspadres o viceversa?, ¿que las hermanas agredana sus hermanos o al revés?» De esta manera,

3 Tal como lo entiende Bourdieu, como un principio generador y unificador que retraduce las características intrínsecas yrelacionales de una posición en el espacio social en un estilo de vida unitario. Es decir, en un principio de interiorización deun tipo determinado de condiciones sociales y económicas que disponen a actuar. O, siguiendo la compleja retóricabourdiana, como una estructura estructurante y estructura estructurada. Cf., entre otros, Bourdieu (1990); Bourdieu (1997);Bourdieu y Wacquant (1995).


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según los autores, existen «[…] patrones y nor-mas que consiguen regular la dirección de la vio-lencia y que constituyen la marca de un tipo desociedad concreta» (Domènech e Íñiguez 2002).

Así como los habitus disponen el sentido delas acciones también disponen la visibilidad de lasacciones en una sociedad. Nuestra capacidad dever y reconocer cierta clase de problemas estáestrechamente relacionada con las característicassociales y culturales de una sociedad en un mo-mento específico de su historia. Así como los ha-bitus sociales disponen a los agentes de gobiernoa tomar decisiones que afectan de manera dife-renciada a unos y a otros según su posición den-tro del campo de poder, a la vez, dichos habitusocultan o muestran los efectos de dichas decisio-nes definiendo su posibilidad de ser visibilizadas.4

A pesar de que las diferencias sociales natu-ralizadas por el orden gamonal estaban en retro-ceso debido a la eliminación de la servidumbre enla reforma agraria5 y a los procesos de moderni-zación y democratización, estas diferencias nohabían desaparecido del todo, de modo tal quetuvieron presencia gravitante en la dinámica de laviolencia. La imagen del Perú que lo representa-ba como dos sociedades escindidas se transfor-mó gracias a la expansión del mercado, al desa-rrollo de los medios de comunicación, a lasgrandes migraciones, al proceso de urbanización,a la masificación del acceso a la escuela, a laproliferación de organizaciones sociales en elcampo y las ciudades, a la expansión de la redesentre la ciudad y el campo y a otros fenómenos.Dicha transformación tuvo una de sus expresio-

nes en la Constitución de 1979, la cual reconocióel derecho de los analfabetos (mayoritariamenteindígenas) a la participación política bajo la formadel sufragio. Sin embargo, el proceso menciona-do fue débil y permitió que subsistieran múltiplesbrechas (de clase, de género, regionales, gene-racionales, étnico-culturales) que fueron reinstau-radas y reapropiadas por los distintos actores enconflicto (Degregori 2004). Podríamos decir quesi bien el Estado oligárquico había dejado de exis-tir y si bien ya no se tolera la discriminación ra-cial y étnica cuando se hace explícita en el ámbi-to público, ello no ha implicado que el factor étnicodesaparezca como elemento o recurso que pue-de ser utilizado en determinados momentoscomo, por ejemplo, el momento en el que se estádecidiendo quién conviene que corra con los cos-tos del conflicto, sea en su aspecto revoluciona-rio o en su aspecto pacificador.6

La CVR advierte claramente que el conflictoarmado interno que vivió el Perú entre 1980 y el2000 no puede calificarse como un conflicto étni-co, puesto que ni las fuerzas del orden, ni el PCP-SL, ni alguno de los otros actores del conflicto tuvoideologías, motivaciones o demandas de tipo ét-nico. Sin embargo, ella advierte también que elfactor étnico acrecentó la intensidad de la violen-cia e influyó en las decisiones sobre las estrate-gias subversivas y contrasubversivas. Así, «[…]probablemente exista consenso en que lo étnicono es la fuerza rectora de la organización socialperuana; por encima de ella parece estar la posi-ción económica o, según el concepto más abar-cador y complejo de Max Weber, la situación de

4 El texto de Domènech e Íñiguez usa como ejemplo la violación y el asesinato de la neoyorquina Kitty Genovese producidosel 13 de mayo de 1964. En un primer momento, la discusión sobre este crimen se planteó como una preocupación por laomisión de ayuda de parte de quienes presenciaron el asesinato y pudieron hacer algo por evitarlo; más tarde, cuando ladesigualdad de género había llegado a ser un problema reconocido y discutido, el episodio fue visto como un caso deviolencia hacia una mujer perpetrada por un hombre. Este ángulo del problema no hubiera sido visible algunos años antes. 5 Aunque hay que reconocer que «[…] las fuerzas armadas revolucionarias reprodujeron la tradicional estructura dedominación vertical del período oligárquico. Los generales hicieron poco por alterar el carácter excluyente del períodooligárquico, sobre todo porque no reconocían el papel fundamental que desempeñó el racismo en la configuración de lasestructuras de dominación que pretendían eliminar; y —como los movimientos insurgentes de izquierda de esta época—reducían todo antagonismo a antagonismos de clase (véase, por ejemplo, la sustitución del término «indio» por el de«campesino» en la retórica oficial)» Drinot (2006). 6 El recurso a la discriminación ha sido trabajado en dos sugerentes ensayos de dos investigadores sudamericanos: elantropólogo brasileño Roberto Da’ Matta y el politólogo argentino Guillermo O’ Donnell. En ambos textos, los autores graficanestos recursos con una pregunta motivada por el enfrentamiento verbal entre dos personas de distinto estatus social. Alprimer recurso (el discriminatorio), Da’ Matta lo graficó con la frase «¿Sabe usted con quién está hablando?», con la cual elque tiene una posición preferente en la estructura social «pone en su lugar» al otro y «recupera» la distancia social existenteentre ellos. Este recurso es propio de sociedades con grandes diferencias étnico-culturales como la brasileña y la peruana.Al segundo recurso (el antidiscriminatorio), O’ Donnell lo graficó con la frase «¿Y a mí qué mierda me importa?», que intentahacer, a la fuerza, que la distancia establecida por la primera pregunta desaparezca. Este recurso es propio de sociedadesjerárquicas pero con pocas diferencias étnico-culturales como la argentina.

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mercado de los sujetos y colectividades» (Reáte-gui 2005a); pero, a pesar de ello, el racismo y ladiscriminación inciden combinados con otras for-mas de discriminación y clasificación social.

La discriminación étnica acompañó o colo-reó muchos de los crímenes perpetrados durantelos años de violencia,7 así como acompaña y co-lorea hoy las distintas formas de discriminaciónsocial que sufren muchos peruanos: de género,clase, origen regional, edad, etcétera. Pero utili-zar las metáforas del acompañamiento y el colorno deben llevarnos a darle un carácter puramenteadjetivo y a desconocer que, si bien la discrimi-nación racial y étnica no fue el factor más impor-tante en la dinámica y magnitud de la violencia,sin ella esta no habría tenido la misma dimensióny características.

Considerando lo dicho, cabe entender la va-riable étnica durante el conflicto armado internode manera compleja sin aislarla innecesariamen-te de otros fenómenos. Las hipótesis sobre lo ét-nico y lo racial en el Perú no se oponen necesa-riamente a otras hipótesis como las que buscanen la marginalidad y en los fenómenos de moder-nización trunca mejores respuestas. Entre estasse cuentan, por ejemplo, las sostenidas por Mar-tín Tanaka (2004),8 quien señala que la explica-ción del alto número de víctimas y la indiferenciade la sociedad nacional hacia ellas debe ser bus-cada, antes que en la exclusión y el racismo, enla marginación y la desarticulación de sectoresrurales con alto grado de conflictividad. Sostieneel autor que al hablar de exclusión se estaría re-produciendo la idea de que vivimos en un país conun orden en el que los excluidos están impedidosde ejercer sus derechos debido a las relacionesde opresión y subordinación que privilegian a unaminoría. Ello implicaría desconocer los cambiosen términos de modernización y democratizaciónproducidos en las últimas décadas. Por el contra-rio, la noción de marginalidad daría cuenta de lasdificultades que encontraron y encuentran hoyimportantes segmentos poblacionales para arti-cularse a los procesos de modernización y de-mocratización mencionados, dificultades que losmantienen en medio de la pobreza, la dispersióny el aislamiento. Desde este punto de vista, se-

gún Tanaka, se explicaría mejor el alto número devíctimas, puesto que el conflicto armado internose sobrepuso a conflictos precedentes; esta ópti-ca explicaría, asimismo, la indiferencia de la so-ciedad nacional hacia las víctimas, puesto que elquiebre de solidaridades y reglas de convivenciamelló la capacidad de agencia colectiva de estasy, por lo tanto, afectó sus posibilidades de ejercerpresión y hacer visible su situación.

Sin desconocer que estas observaciones deMartín Tanaka pueden contribuir a dar mayor den-sidad y contenido a nuestra comprensión de lossucesos de violencia, se puede percibir tambiéncómo las hipótesis que defiende se relacionan conel nudo gordiano —el nudo imposible de desatar—de la discriminación en el Perú (Degregori 2004).La pregunta correcta, entonces, no es si lo étnicou otro factor nos permiten producir explicacionestotales sobre las razones de ciertas decisionesdel Estado o dinámicas sociales sino, más bien,¿cómo contribuyó lo étnico en la producción delas políticas estatales y en la situación de margi-nación y pobreza de los habitantes del campoperuano?, ¿cómo contribuyó lo étnico en el man-tenimiento y agudización de los conflictos prece-dentes sobre los que se montó el conflicto arma-do interno?, ¿cómo contribuyó en el quiebre desolidaridades comunales y locales y en la capaci-dad de agencia colectiva?, ¿cómo contribuyó enla aceptación inicial que tuvo el PCP-SL en el cam-po peruano?, ¿cómo influyó en la atención que elEstado y la sociedad peruana prestaron al horrorque vivían miles de peruanos y a las decisionesque se tomaron para combatir la subversión?; endefinitiva, ¿cómo contribuyó lo étnico en la defini-ción de la política contrasubversiva del Estado yen las acciones terroristas del PCP-SL? Resumien-do, no se puede comprender la marginación y laexclusión en el Perú si no se toma en cuenta lapresencia del factor clasificador étnico en la pro-ducción de las políticas estatales que reproducenla desigualdad existente; como tampoco se pue-de comprender las decisiones que se tomarontanto del lado de las agencias estatales como dellado de las organizaciones subversivas que lleva-ron a que los peruanos que habitan en el campoperuano sufrieran, más que ningún otro sector de

7 Un ejemplo de ello es que muchos de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno fueron acompañados deinsultos raciales y sexistas. 8 Nos basamos en las ideas presentadas por el autor en Tanaka (2004) y en el weblog Virtú e Fortuna: <http://martintanaka1.blogspot.com/2007/02/racismo-exclusin-marginalidad-y-cvr.html>.


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la población, las consecuencias de la guerra. Elfactor étnico no debe considerarse entonces comola variable única o principal, sino como condiciónde posibilidad: posibilidad de ser marginado pri-mero, y posibilidad de ser asesinado y olvidadodespués. El racismo en el Perú de hoy no actúacomo un fenómeno autosuficiente, sino como unfactor que se presenta relacionado con otros fac-tores y muchas veces oculto tras ellos.

Si se entiende la etnicidad como un conjun-to de clasificaciones que aluden al origen de laspersonas y que conjugan distintos marcadores—idioma (de uso cotidiano, materno o habladopor sus padres y abuelos), diferencia cultural, apa-riencia física (racial), ubicación geográfica, autoi-dentificación u otros, ninguno de los cuales esexcluyente ni exclusivo—,9 se puede entender ladiscriminación étnica como aquella que operasobre la base de la clasificación de las personasa partir de los distintos marcadores étnicos men-cionados. Los marcadores étnicos permiten re-conocer quiénes son más vulnerables y poseenmenos capital político y, de esta manera, a quié-nes es menos costoso hacer pagar los efectosde nuestras decisiones. En ese sentido, si biencuando hablamos de raza o cultura no hablamosnecesariamente de etnicidad, sí nos referimos auno de los marcadores a partir de los cuales estase construye o se representa. Cuando hablamosde discriminación étnica no aludimos necesaria-mente a la discriminación de un grupo o una per-sona que se autodefine como miembro de un gru-po étnico específico, sino a la discriminación queopera a partir de la representación del otro comodistinto en tanto tiene determinadas característi-cas (marcadores) que permiten representarlo deesa manera. En ese sentido, solo es relativamenteimportante si un sujeto es indígena o no; lo másrelevante es que el resto lo representa y lo tratacomo tal.

La historia de la relación entre los habitantesde las zonas rurales peruanas con el resto de lasociedad nacional es una historia de formas per-sistentes de desigualdad y discriminación sobre

la base de criterios de clasificación y representa-ción étnicos. Una expresión de dicha desigual-dad es la forma en que el Estado se ha dirigidohacia los sectores más vulnerables a partir de loque Charles Tilly (2000) ha llamado la política dela desigualdad, la cual constituye un caso espe-cial del funcionamiento de las desigualdades per-sistentes. Si, por un lado, como dice Tilly, «[...]las clases dirigentes utilizan los medios y los re-cursos controlados por el gobierno para extraerun excedente de los esfuerzos de poblacionessúbditas categorialmente excluidas, y orientan almenos parte de él hacia actividades de las que lapoblación no se beneficia»; por otro lado, duranteel conflicto armado interno, el Estado peruano asícomo el PCP-SL tomaron decisiones y planificaronestrategias de guerra que afectaron principalmentea una población étnicamente distinguible.

Es cierto que la forma en que se estructura yjerarquiza la sociedad peruana ha sido afectadaprofundamente por el debilitamiento de las elitesterratenientes durante la segunda mitad del siglopasado, la reforma agraria, las oleadas migrato-rias y los procesos de modernización. Es ciertotambién que las distintas formas de clasificacióny dominación son hoy bastante más quebradas ydifíciles de definir que las de antes, debido a locual los modelos que explicaban el ordenamientode nuestra sociedad como la estructura arbores-cente (Fuenzalida 1970)10 o como el triángulo sinbase (Cotler 1968) han perdido su potencia expli-cativa, puesto que la estructura de nuestra socie-dad se hizo más fluida y los puntos en la base deltriángulo se unieron. Es verdad que se ha amplia-do el sentido de la igualdad y que se ha iniciadoun lento (y sinuoso) proceso de construcción deciudadanía, que las relaciones entre los perua-nos son más igualitarias y que se han generadograndes expectativas entre los sectores menosfavorecidos de que dicho proceso se profundice.Pero ello no quiere decir que la desigualdad y ladominación hayan dejado de existir y que no con-serven muchos de sus antiguos elementos, porlo que las tesis que aluden al pasado colonial si-

9 Para una discusión sobre el racismo y la etnicidad en el Perú de hoy cf., entre otros, Pajuelo (2006). 10 «En el Perú la raza de un hombre tiene algo de espejismo y de misterio óptico. Cuanto más elevado en la escala social, másblanco parece; cuanto más abajo, más oscuro [...] En este contexto estructural, categorías como “indígena” “mestizo” o“decente” —y otras asociadas— no representan otra cosa que alusiones a posiciones idealmente extremas o intermediasen la cadena arborescente. Individuos, grupos sociales y establecimientos, se escalonan a lo largo del sistema. Suscaracterísticas están determinadas por la situación relativa en que se ubican; es decir, por su mayor o menor acceso a lainformación que circula desde arriba» Fuenzalida (1970).

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guen siendo útiles para pensar la compleja tramade racismo y discriminación étnica en el Perú.

En Latinoamérica subsisten de manera ins-titucionalizada habitus sociales que toman la for-ma de un sistema de clasificación social en elque las categorías étnicas y raciales proceden-tes de nuestro pasado colonial se vinculan conheterogéneas y distintas formas de clasificaciónsocial (género, edad, clase, origen regional) enuna estructura social organizada alrededor delcontrol del trabajo y bajo la autoridad del dominiocapitalista. Esto es lo que Aníbal Quijano ha lla-mado colonialidad del poder y es de esa maneraque el pasado colonial sigue ejerciendo influen-cia sobre nuestras sociedades (Quijano 2000).Decir que la colonialidad del poder es productodel pasado colonial no es lo mismo que decirque es una herencia colonial. En el Perú se hadesatado una larga polémica en torno a este asun-to. Algunos intelectuales han defendido la tesisde la herencia colonial para explicar los factoresque impedían la construcción de una ciudadaníaplena en el país poniendo el acento en la proyec-ción de las relaciones de dominación que se fun-daron durante la Colonia haciendo uso de la pers-pectiva de la larga duración (Cotler 1978).Guillermo Rochabrún (1991) ha discutido dichatesis diciendo que, antes que preguntarnos si eso no cierto que la herencia colonial se mantienecomo una energía que determina nuestro presen-te, lo importante es concentrarnos en la maneraen que sus formas de dominación se perpetúany actualizan en distintos momentos de nuestrahistoria. Es decir, se trata de dar cuenta de lamanera en que algunas formas de clasificación ydiscriminación características de las relacionesinauguradas durante la Colonia forman parte aúndel complejo de recursos y habitus con los quecontamos para tomar decisiones y establecerpolíticas. La discriminación étnica y racial fueinstituida en la sociedad peruana plasmándoseen las acciones y políticas de las distintas orga-nizaciones estatales y civiles reproduciéndola yactualizándola con sus decisiones y acciones alo largo de la historia. Es decir, haciendo de estainstitucionalidad racista y discriminadora un ha-

bitus que ha dispuesto a las distintas organiza-ciones a la producción de las políticas de la desigual-dad.11

La tesis de la colonialidad del poder permitecomprender la forma en que la clasificación colo-nial en términos de raza se mantiene en la socie-dad latinoamericana bajo la perspectiva del euro-centrismo. Más allá de los avances liberales entérminos de igualdad de derechos y la hegemoníade la democracia representativa en el mundo, «elcontrol central y mundial no ha dejado de ser euro-centrado».12 De esta manera, según Quijano, losprincipales productos del pasado colonial son: lareconfiguración de los modos históricamente pre-vios de dominación en torno de la idea de raza (o,utilizando el neologismo de Quijano, la racializa-ción de las relaciones sociales), la articulaciónde todas las formas históricas de control del tra-bajo o explotación en una única estructura con-junta, el eurocentrismo, y el establecimiento delos Estados-nación como sistema de control dela autoridad colectiva (Quijano 2006).

Más allá de los matices que puedan presen-tarse a la interpretación de la subsistencia de di-cho orden luego de los cambios producidos enlas últimas décadas, es claro que las distintasformas de discriminación que se valen de la iden-tificación de los grupos vulnerables a partir de losmarcadores étnicos son un recurso vigente al mo-mento de tomar decisiones sobre a quién se debeendosar los costos de las políticas estatales, loscostos de la revolución o los costos de la pacifi-cación. Para el caso de la población asháninka,es posible reconocer que dicho recurso ha operadodurante el conflicto armado interno por lo menos dedos maneras: a) como identificador de aquellos aquienes era menos costoso endosar los costosde la revolución y la pacificación —debido a queeran los sectores sociales más vulnerables, conmenos poder y capacidad de agencia para recla-mar contra el atropello a sus derechos—; y b)como una forma de deshumanización y despre-cio expreso de los valores y tradiciones cultura-les indígenas al momento de convivir con ellas.Nos referimos sobre todo al desprecio que de-mostraron los grupos subversivos (pero también

11 Para un análisis desde la Nueva Economía Institucional de la forma en que las instituciones sociales «racistas» de lasociedad peruana disponen la actuación de las organizaciones, cf. Drinot (2006). 12 Quijano no entiende lo «europeo» en su sentido físico-geográfico, sino como categoría de clasificación del patrón de podervigente producto de la colonialidad del poder desde que se produjo la conquista y colonización europea, imponiendo unaforma de control del trabajo, el conocimiento, el imaginario, la subjetividad, y la política.


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las fuerzas del orden) respecto de las tradicionesy costumbres de los grupos indígenas que inten-taron controlar.

Si, por un lado, el pueblo asháninka —comoel resto de sectores sociales identificados concategorías como indio, indígena, chuncho uotras— ha sufrido del abandono y la dominaciónde la sociedad hegemónica; por otro lado, tam-bién ha sufrido la prepotencia y el desprecio delos miembros del PCP-SL y su ideología totalitaria.Tenemos entonces que el racismo y la discrimi-nación étnica se han constituido en un recursode reproducción social que llevó a que los ashá-ninkas fueran doblemente agredidos y violenta-dos. Por un lado, han sido agredidos en tanto nohan recibido los beneficios de la promesa demo-crática (justicia, libertad, igualdad). Las prome-sas de la modernización se truncaron y, al igualque en varias regiones y localidades del ande, losasháninkas vieron incumplidas sus expectativas,lo que generó una sensación de frustración y lapercepción de sentirse agraviados por la socie-dad y el Estado: se pueden percibir a sí mismoscomo víctimas debido a que no han accedido alos mismos derechos que el resto de los perua-nos. Si bien como individuos son formal y legal-mente iguales a cualquier habitante de la ciudadde Lima, Arequipa o Trujillo, los asháninkas, en larealidad práctica poseen, al igual que muchos otrosindígenas, un estatus ciudadano inferior al del restode la población. Desde la Colonia han sido consi-derados inferiores y salvajes, pueblos de fronteraal límite de la civilización, y representados comopersonas agresivas que viven en un ecosistemaagresivo. Desde la Colonia se les ha cosificado ydeshumanizado, y buena parte de esa represen-tación subsiste sobre todo en discursos eurocén-tricos y modernizantes como el del PCP-SL.

Por otro lado, fueron violentamente agredidos,sobre todo por el PCP-SL. Según el Informe Finalde la CVR, el conflicto armado interno afectó sobretodo a la población indígena. Y entre ella, los ashá-ninkas y los pobladores de la zona denominadaOreja de Perro, en Ayacucho, fueron los que su-frieron más descarnadamente el potencial geno-

cida del PCP-SL (CVR 2003: t. VIII).13 Los pueblosindígenas, en general, y el pueblo asháninka, enparticular, se vieron gravemente afectados por elconflicto debido a la gran cantidad de víctimasdirectas, a los desplazamientos, a las condicio-nes de vida a las que se tuvieron que someter y ala destrucción de sus bienes. Los números sonelocuentes al respecto. De los 52.461 asháninkasregistrados por el censo nacional de 1993, seismil fallecieron, entre ocho y diez mil sufrieron des-plazamientos forzosos en los valles del Ene, Tam-bo y Perené, y cerca de cinco mil estuvieron cau-tivos por el PCP-SL, sometidos al control total delgrupo subversivo y, en muchos casos, sufriendoesclavismo. Además, desaparecieron entre trein-ta y cuarenta de sus comunidades (CVR 2003b:232; y Villapolo 2003). Este pueblo, que es elsegundo más numeroso de la Selva peruana yque representa el 22% de los indígenas amazóni-cos del Perú sufrió los efectos de la violencia deuna manera en que ningún otro pueblo del Perú lasufrió. De esta manera, los asháninkas se perci-ben a sí mismos como víctimas, pero no de unsuceso aislado o reciente, sino de una historia deinjusticias de las cuales el conflicto armado inter-no no es más que un episodio y la confirmaciónde su posición subalterna.

Nos interesa ahora, además de dar cuentade los efectos objetivos del factor étnico sobre elproceso de violencia que sufrieron los asháninkas,analizar cómo lo perciben y se sitúan frente a lajusticia y la reconciliación.14 Preguntarse por estefenómeno tal vez sea tan importante como pre-guntarse por el lugar objetivo que ocupó lo étnicodurante el conflicto armado, puesto que el hechode que los asháninkas conciban la violencia comouna confirmación significa que forma parte de suforma de construir su historia y su memoria, y dela forma en que construyen su identidad. Comoveremos a continuación, la larga historia de in-justicias que ha sufrido la sociedad asháninka ylas dificultades que han tenido para que se reco-nozcan sus derechos ciudadanos —desde la Co-lonia y lo que llevamos de vida republicana— for-ma parte de la representación que estos se hacen

13 Cf., del t. VIII, específicamente, la segunda parte: Los factores que hicieron posible la violencia. Capítulo 1: Explicando elconflicto armado interno. 14 Gunther Dietz (1999) ha llamado la atención acerca de la importancia de combinar, pero también distinguir la perspectivade análisis emic (la perspectiva de un sujeto o un grupo cultural) de la etic (desde un punto de vista externo) en el análisisde la etnicidad. En este caso, el análisis de la percepción del desigual trato histórico que han recibido los asháninkas espensado desde una perspectiva emic.

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de la violencia armada.15 El conflicto armado in-terno fue percibido como la confirmación de lapersistente desigualdad con que han sido trata-dos históricamente.16 Sus derechos fueron dra-máticamente violados pues sufrieron muerte, des-plazamientos, vieron frustradas sus expectativasde desarrollo, y vieron agredidas su cultura y cos-tumbres.

2. Las secuelas de la violenciaentre los asháninkas

El conflicto armado terminó. El PCP-SL fue derrota-do políticamente cuando los habitantes del cam-po peruano que se supone debían respaldarlo (lasmasas) le dieron la espalda al rechazar el modelode sociedad que se les quiso imponer; y fue de-rrotado militarmente cuando el Estado apresó asu líder e ideólogo, Abimael Guzmán, en 1992.Sin embargo, el conflicto no dejó de tener ciertaeficacia sobre la sociedad; por ello, más allá delconflicto, perduran sus secuelas. En un primermomento, durante su desarrollo, el conflicto tuvoeficacia social porque reprodujo las brechas so-ciales y culturales que fracturan nuestra socie-dad y porque se sobrepuso a múltiples conflictosprecedentes en las mismas comunidades loca-les. En un segundo momento, en el contexto dela posguerra, el conflicto tuvo efectos —si biennocivos— sobre las instituciones estatales y laorganización social, dejando a miles de personasdesamparadas, impidiendo el desarrollo, y confir-mando la frustración y el agravio que muchos po-bladores del campo peruano sentían hacia la so-ciedad y el Estado.

El caso de los asháninkas, como el de mu-chas otras comunidades locales del país,17 mues-tra cómo la violencia armada se entrelazó con lacultura e identidad comunitaria forjada, en buenamedida, por su historia previa de luchas, conflic-tos y divisiones internas. La violencia se constitu-ye así en un factor reproductivo en la medida enque se enlaza con conflictos precedentes, y en

un factor productivo en la medida en que constru-ye nuevos sentidos:

[...] la nueva capa de experiencia —la violencia yla represión, o los sentidos que se les da—contribuye en sí misma a una nueva construc-ción de la comunidad, y tiene un carácter «fun-dante» […] cualidad de la violencia y el sufri-miento pocas veces reconocida: su potencialproductivo, constitutivo de sentido —y no sola-mente su ligazón con la destrucción—. (Del Pinoy Jelin 2003: 4)

La violencia produce y reproduce sentidos.Produce nuevos conflictos al interactuar con lospreexistentes para transformarlos y agravarlos. Tie-ne un carácter fundante y productivo no en tantoque inaugura sino en tanto transforma. Es decir,aquello nuevo que produce es leído a la luz de losconflictos precedentes. En el caso de los ashá-ninkas, esto significa que la violencia armadatransformó y agravó los conflictos precedentes quetenían con la sociedad nacional y con la pobla-ción de colonos (sin mencionar aún los conflictosal interior de su comunidad). Estos conflictos sonpercibidos como producto de una larga historia deinjusticias, despojos y engaños. De esta manera,la violencia, antes que percibirse como un sucesoinjusto pero aislado, se percibió como un episo-dio más dentro de una historia de injusticias.

Esta forma de concebir la violencia nos lleva,necesariamente, a pensar sus secuelas de unamanera especial: no como el resultado de agre-siones externas a una totalidad comunal indepen-diente ni tampoco como una enfermedad que esnecesario extirpar para regresar a la situaciónanterior, sino como la transformación de la socie-dad y de sus conflictos. Esto es importante, dadoque la forma como se comprenden las secuelasconduce simbólicamente a una determinada per-cepción de las estrategias de reconciliación quese seguirán para superarlas. Una concepción delas secuelas como el resultado de una agresiónexterna o de una enfermedad no permite compren-

15 Sobre este tema, cf., en particular, Espinosa (1996). El texto de Espinosa es una muy documentada reconstrucción de larelación entre los asháninkas y el Estado, que se concentra en las políticas estatales relativas al reconocimiento (y descono-cimiento) de los derechos de los asháninkas como ciudadanos indígenas. 16 Entrevista personal con Óscar Espinosa, antropólogo y filósofo especialista en temas sobre amazonía. 28 de febrerode 2007. 17 Y, como sugieren Ponciano del Pino y Elizabeth Jelin (2003), en muchas comunidades locales de países latinoamericanosque han sufrido conflictos armados internos.


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der la forma en la que la violencia subversiva ycontrasubversiva se empalmó con conflictos pre-existentes ni los sentidos que estos adquirieronen este movimiento, sentidos que no habían sidoprevistos por ninguno de los actores del conflicto.Esta concepción no conduce a comprender la vio-lencia en su aspecto de experiencia social trans-formadora. La reconciliación, desde este punto devista, es reducida a la recuperación de una rela-ción (sea entre los miembros de una sociedad oentre estos y el Estado). Es abordada desde unametáfora organicista que concibe las tareas de lareconciliación como la sanación y la recupera-ción de la situación anterior al conflicto. Tras esteplanteamiento se encuentra el deseo de retroce-der en el tiempo o de hacer como si nada hubierapasado para dejar que la historia olvide toda hue-lla que la violencia pudo haber dejado.

La alternativa que proponemos a esta formade concebir la violencia y sus secuelas es la ópti-ca de la transformación. Para ello es necesarioutilizar el término posguerra para nombrar a lassociedades afectadas por la violencia y pensar lareconciliación con vistas al futuro. El objetivo seríaentonces prestar atención al pasado pero para di-rigirnos al futuro a partir de lo que Todorov (2000)llamó memoria ejemplar, vale decir, memorias queextraen de los recuerdos traumáticos un valor deenseñanza. Para el caso peruano hemos llamadoa esta concepción de los hechos memoria para lareconciliación (Barrantes y Peña 2006). De estamanera, el conocimiento del pasado no es impor-tante para trazar una ruta de retorno sino paraaprender de él. De otra manera no tendríamos laoportunidad de dar cuenta del fenómeno a partirdel cual los conflictos dentro de una comunidad yentre comunidades se entrelazaron con la violen-cia subversiva y contrasubversiva, ni de corregir lascondiciones que hicieron posible la violencia másallá de la voluntad exacerbada de algunos de susagentes. Además, pensar la violencia como algoextraño a la sociedad resta capacidad de com-prender que entre la víctima y el victimario no siem-pre hay una distancia clara sino que, muchas ve-ces, una misma persona puede ser el uno o el otroen distintos momentos del conflicto (Orozco 2003).

En este análisis interesa dar cuenta de laforma en que el conflicto armado interno transfor-mó a la sociedad peruana. En efecto, una vezterminadas las hostilidades, los efectos directosde la violencia y la ausencia de una política esta-tal dirigida a la satisfacción de la justicia, la repa-

ración de los daños y la reforma de las institucio-nes involucradas, produjeron efectos concretos enla sociedad y en la vida institucional del país. Eltotalitarismo senderista afectó seriamente tantoal sistema político de representación como al te-jido social. Además, instauró un orden arbitrario yajeno a las comunidades, despreciando los valo-res, las costumbres y la organización a la queestaban habituados. Dicha afectación y dicha ar-bitrariedad han calado hondo en distintos nivelesde la sociedad peruana, a pesar de que ya noestamos en un conflicto armado ni existe el peli-gro de que este se repita.

Cuando el Ejército ganó terreno a la subver-sión a inicios de los años ochenta, gran cantidadde cuadros senderistas ingresaron a la región quehabitan los asháninkas utilizando como vía detransporte los ríos Apurímac y Ene, confundién-dose con los colonos. Los asháninkas a los quepersuadieron para que se sumaran a la causasenderista fueron los más instruidos, los que te-nían mayor contacto con la sociedad nacional ylos jefes de algunos clanes familiares. Las zonasde la Selva central donde se asentaron fueron lasprovincias de Satipo y Chanchamayo (Junín),Oxapampa (Pasco) y el Gran Pajonal (Ucayali).Las promesas de un futuro mejor y el hecho deque fueran los más instruidos los que aceptarony promocionaron al PCP-SL dentro de las comuni-dades, posibilitaron su aceptación inicial en lascomunidades indígenas (CVR 2003c).

En la sociedad asháninka, el PCP-SL logró im-poner un orden de dominación y de control total.En ningún otro lugar del país el «nuevo orden»senderista se plasmó de manera tan completa nialcanzó tan elevados niveles de crueldad. Lo quelogró el PCP-SL no tuvo precedentes. Los asháninkasse vieron aislados de la comunidad nacional (secerraron todos los aeropuertos y se controló elacceso fluvial), sufrieron esclavitud y fueron con-trolados psicológicamente.

La estrategia que el PCP-SL utilizó para ins-taurar el «nuevo orden» en esta zona tuvo sobretodo dos componentes: uno de limitación y con-trol, y otro de producción y transformación cultu-ral. Respecto al primero, el PCP-SL se esforzó porimprimir temor en la población. Mediante la ame-naza de castigo, tortura y muerte, se logró quelos asháninkas obedecieran y acataran las órde-nes que los altos mandos de la zona les daban.

El segundo componente fue de carácter sim-bólico. En algunas zonas este grupo subversivo

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buscó superar el mero control de disciplina para lograrla dominación total. Lo que esperaba el PCP-SL eratransformar social y culturalmente a los ashá-ninkas mediante la educación en las «escuelaspopulares». Luego de las incursiones inicialespara saquear puestos misioneros, proyectos dedesarrollo y a los comerciantes de la zona, el PCP-SL

se comenzó a llevar a los jóvenes —a algunosvoluntariamente pero a la mayoría por la fuerza—a las escuelas populares donde se les adoctrina-ba y entrenaba militarmente para conformar lasmilicias. Eran niños asháninkas de entre 10 y 15años a los que se adoctrinaba enseñándoles lasujeción al partido, el respeto al presidente Gon-zalo y la autocrítica (CVR 2003b: 243). De estamanera, ya fuera mediante la intimidación o me-diante el adoctrinamiento, el PCP-SL establecióBases de apoyo o comités populares abiertos yagrupó a la población en comunidades para ejer-cer un mayor control (Espinosa 1993: 80).

En dichas agrupaciones, el PCP-SL buscó te-ner un control total sobre la vida de la sociedadasháninka. Se buscó controlarlos mediante ladisciplina, mediante la transformación de sus cos-tumbres y mediante la vigilancia de sus emocio-nes. Así, se establecieron horarios de las activi-dades durante el día que debían ser cumplidosdisciplinadamente. Al finalizar la jornada, las fa-milias se reunían para discutir todo lo que habíanhecho. Más adelante incluso estas reuniones fue-ron restringidas para lograr así un mayor control.Se intervino también en la identidad y las cos-tumbres: se cambió los nombres de las personaspara eliminar los lazos tradicionales y para poderestablecer un nuevo referente de identidad, se lesimpidió llamarse entre ellos nosháninka y se lesobligó a utilizar la denominación «compañero»,se obligaba a las mujeres a trenzarse el cabello,etcétera. Por último, se vigiló la expresión de susemociones: los asháninkas no podían mostrarsedisconformes, ni siquiera tristes o meditativos:«Las manifestaciones de tristeza, así como la faltade apetito, también estaban prohibidas. Eran vis-tas por los mandos subversivos como sospecho-sas» (CVR 2003b: 244). Lo que se esperaba eracrear sujetos conformes con su nueva situación,sujetos felices de haber disciplinado sus vidas,cambiado su identidad y costumbres, y de perte-necer al PCP-SL. A continuación se presenta unasomera descripción de las secuelas de la violenciaentre los asháninkas y de la forma en que surelación con el PCP-SL transformó sus vidas.

2.1. Cambios culturales

2.1.1. Militarización de la sociedad

Uno de los efectos más perversos del conflictoarmado interno en la sociedad asháninka fue lamilitarización de la sociedad. La necesidad deluchar contra el enemigo terrorista los llevó a rela-cionarse con los militares para recibir de ellosentrenamiento y apoyo. Fue desde 1991 que losasháninkas de los ríos Ene y Tambo se organiza-ron en rondas y comités de autodefensa graciasa la instalación de tres guarniciones del Ejércitoen Puerto Ocopa, Cutivireni y Valle Esmeralda.Más tarde, el Ejército organizó una en Kiteni y laMarina de Guerra en Poyeni sobre el río Tambo.Estas fueron organizadas con una directiva inde-pendiente a la propia de la comunidad y estuvie-ron compuestas por una presidencia, secretarías,un tesorero y vocales (Espinosa 1993: 81 y 90).

No se puede dejar de reconocer que la pre-sencia militar en la zona permitió a los asháninkasvivir con mayor seguridad y llevar a cabo sus la-bores cotidianas, lo cual no habrían podido hacersin su respaldo. Sin embargo, lo cierto es que lavida cotidiana se militarizó y los límites entre lavida civil y la militar se hicieron difusos. Esto fueespecialmente grave en el caso de los ronderos,pues debían entrenarse según los rigores de ladisciplina militar. Se formaban, izaban la banderay cantaban el himno diariamente. Esto ha produ-cido efectos que se mantienen hasta hoy. El len-guaje utilizado por ronderos, y algunos docentesy autoridades está lleno de palabras y estilosaprendidos durante el período descrito. Las es-trategias de resolución de conflicto han variadotambién, y la presencia de remanentes senderis-tas en la zona les impide abandonar las rondasde vigilancia (CVR 2003b: 253).

Tres aspectos de la militarización de la so-ciedad asháninka sobre los cuales nos extende-remos en distintas partes de esta sección son:a) Las afectaciones en el ámbito demográficoexpresadas en la gran cantidad de hombres muer-tos durante la violencia, por lo que muchas muje-res deben cumplir no solo con sus tareas sinotambién con las de los hombres, tal como lo hicie-ron durante el conflicto. Esto se agrava por el he-cho de que algunos hombres siguen dedicándosea las rondas haciendo patrullajes, con lo que elnúmero de hombres disponibles se sigue afectando.b) La construcción de nuevos liderazgos a partir


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del conflicto armado interno en función del pres-tigio ganado durante la lucha contrasubversiva.c) Por último, y tal vez el lado más perverso de lamilitarización de la sociedad, es la forma en queel conflicto ha agravado (transformado) las rela-ciones entre los asháninkas y los colonos. Elhecho de que los senderistas hayan llegado a lazona confundidos entre los colonos ha hecho quese cree una imagen de estos (o de todo aquelque se perciba como distinto o no asháninka) comoposibles senderistas. Esto, a su vez, es un ejem-plo de cómo las diferencias étnicas influyeron gra-vemente en algunos momentos del conflicto apartir del reconocimiento de los marcadores dediferenciación étnica.

2.1.2. Cambios en las costumbres

Durante el conflicto armado interno y en la actuali-dad, los asháninkas se han valido de múltiples re-cursos para protegerse y lidiar con el trauma de laviolencia. En función a la utilidad de una u otraestrategia, y por los efectos que el conflicto mis-mo tuvo sobre su organización y tradiciones, sehan producido grandes cambios de orden cultural.

Las celebraciones y los ritos comunitariosse vieron perturbados por la dinámica de la violen-cia. Ya hemos dicho que como parte de la estra-tegia de control total, el PCP-SL prohibió y controlótodas las formas de reunión. Pero también es ciertoque el hecho de que siempre se eligiera los díasde fiesta para atacar a la comunidad desarrollóun fuerte temor de ser encontrado en un momentode alta vulnerabilidad (CVR 2003d).

Además, el paisaje, entendido como territo-rio representado, fue perturbado durante el tiem-po de violencia. Dejó de representar el lugar en elque los indígenas se sienten seguros y protegi-dos, y varió la forma en que se le daba sentidotradicionalmente. La experiencia de miedo y ho-rror, la esclavitud, la constante y cotidiana obser-vación de atrocidades y cuerpos de muertos «ex-hibidos hasta la obscenidad» (CVR 2003d) se hizoparte del paisaje, y varió la forma de representarel entorno y de relacionarse con él.

Por último, el hecho de que algunos recursosculturales hayan sido efectivos en la lucha contra-subversiva y para procesar las secuelas de la vio-lencia mientras que otros no lo fueron, puede dis-poner el lugar y la importancia que tendrán en elfuturo de la sociedad asháninka. Según el Infor-me Final de la CVR (2003b: 265), los recursos cul-

turales que resultaron efectivos fueron: los lazosde parentesco extenso, la medicina tradicionalpara procesar secuelas psicosomáticas, la tradi-ción de guerreros, la identidad cultural que tienecomo eje la defensa de la tierra y la comunidad, laeducación informal que fomenta la autonomía, es-trategias de protección, resistencia y rechazo fren-te a la dominación del PCP-SL (obediencia aparen-te a las normas, engaño, uso del idioma, sentidodel humor, ocultar sentimientos y pensamientos),sus conocimientos sobre el medio ambiente y delbosque, etcétera. Los recursos inefectivos fueron:ritos para procesar duelos, culpas, procesos dereconciliación, administración de justicia y medi-cina tradicional para afrontar enfermedades psi-cosomáticas. Queda pendiente el estudio del des-tino que tendrán las distintas prácticas culturalesde los asháninkas a la luz de la afección que su-frieron durante la violencia armada.

2.1.3. Memorias en disputa

Un trabajo realizado por Leslie Villapolo (2003) enel distrito de Río Tambo —zona de la cual un 96%es asháninka y en la que se ubica la ComunidadNativa de Puerto Pangoa— nos permite recono-cer las distintas narrativas que lograron presen-cia social luego de haber finalizado el conflictoarmado interno.

Según la autora, en la comunidad estudiadahay tres formas de representar el pasado. La pri-mera es a través de la memoria del desengaño, lasegunda se presenta como memoria épica de lasrondas y la tercera se da a través del doble silen-cio de la mujer asháninka.

La memoria del desengaño es hegemónicaentre los sectores más instruidos y cercanos ala experiencia occidental, ello en razón de habersido quienes «creyeron» las promesas del PCP-SL

y sirvieron de bisagra con el resto de la pobla-ción asháninka debido a que confiaban en ellos.Dentro de la tradición asháninka existe el mitode «Itomi Pavá» en el que se expresa el deseoasháninka de acceder a bienes externos a susociedad. Las expectativas de acceder a los bene-ficios del mundo moderno y las falsas promesasde progreso impulsaron a algunos asháninkas acreer en el proyecto del PCP-SL. El desengañocomienza cuando comienzan a ser trasladadosa los campamentos del PCP-SL en el monte dondefueron esclavizados y sometidos al control totaldel partido (Villapolo 2003: 149).

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La memoria épica de las rondas es hegemó-nica, obviamente, entre los ronderos y entre aque-llos que se comprometieron directamente con lalucha contrasubversiva. Surge en parte como ex-presión del orgullo por haber confirmado su tradi-ción de guerreros, y en parte como una forma derespuesta ante la percepción de que no son sufi-cientemente reconocidos en el ámbito público. Elhecho es que, durante la lucha contra el PCP-SL,las rondas de autodefensa asháninkas tuvieronun lugar preponderante dado que eran quienesconocían mejor la zona; sin embargo, en el con-texto de la lucha por la pacificación, se produjouna memoria de los hechos que atribuía de ma-nera exclusiva a los militares y al gobierno de Al-berto Fujimori el éxito de la lucha contrasubversi-va. Si bien es cierto que en dicha memoria sereconoció el apoyo brindado por los ronderos, lacuota de mérito que se les atribuye en la derrotadel PCP-SL era percibida como insuficiente (Villa-polo 2003: 155).

El doble silencio de las mujeres asháninkasestá asociado, por un lado, con el poco reconoci-miento de su participación en la lucha contrasub-versiva y; por otro lado, con sus esfuerzos pormantener lo más lejos posible de los niños la in-formación sobre la catástrofe humanitaria queestaban viviendo. Mientras el conflicto duraba, losadultos en general hicieron todo lo posible por noconversar sobre esos temas delante de los niñospara protegerlos emocionalmente, primero ocul-tándoles información y, después, silenciándolosy engañándolos (Villapolo 2003: 158).

2.2. Desconfianza

2.2.1. Desconfianza intercomunal e intracomunal

Durante el conflicto armado interno, el PCP-SL es-tableció un sistema de control respaldado en ladominación de la comunidad asháninka. La ideade que el partido tiene «mil ojos y mil oídos» nun-ca tuvo tanto efecto como entre los asháninkas,pues el PCP-SL logró mellar la confianza dentro delas comunidades indígenas, dado que se corría elriesgo constante y cotidiano de ser denunciadosi es que se opinaba o se tramaba algo en contradel partido. Nadie podría confiar gratuitamente ennadie, puesto que se corría el riesgo de ser trai-cionado. El informe sobre pueblos indígenas dela CVR refiere múltiples casos en los que vecinosy familiares se denunciaban entre sí, lo cual ha

mellado la confianza mutua aún hoy, en el con-texto de posguerra, y ha dado lugar a nuevas for-mas de conflicto en la comunidad.

Además, como ya se señaló, el conflicto ar-mado interno se montó sobre conflictos prece-dentes en poblaciones desconectadas y desarti-culadas de la sociedad nacional y; por lo tanto,sumidas en sus propios problemas: conflictos portierras, conflictos entre comunidades y empresasasociativas, conflictos interfamiliares, etcétera.Las rencillas, recelos, envidias y cuentas pendien-tes son usuales en toda comunidad humana. Co-tidianamente, estas se soportan o se transforman(atenuándose o exacerbándose) a partir del usode distintos procedimientos y mecanismos. Enel peor de los casos mediante una pelea o gres-ca. Pero durante una guerra como la que vivieronlos asháninkas en 1990, estos procedimientos ymecanismos son reemplazados en muchos ca-sos por los procedimientos y mecanismos milita-res. Es decir, los conflictos cotidianos se militari-zan y; por lo tanto, sus consecuencias se hacenmucho más graves. En el caso de los asháninkasdebemos concentrarnos sobre todo en los con-flictos interfamiliares y los conflictos por tierrascon la población colona:

[...] el contexto de la violencia exacerbó los rece-los y las envidias entre las personas y se sirvióde ellos como un mecanismo de resolución deconflictos. Miembros de las comunidades sehan acusado entre sí frente al PCP-SL o frente alos militares buscando de ese modo resolverconflictos previamente existentes. (CVR 2003d)

La violencia que ejerció el PCP-SL sobre la po-blación asháninka la motivó a huir de sus comu-nidades. A pesar del riesgo que se corría y de lasrepresalias que se tomaron cuando aumentó elnúmero de fugas, gran cantidad de pobladoresescaparon al monte o huyeron hacia distintaszonas de refugio como Puerto Ocopa, Poyeni yBetania en la cuenca del Tambo, y Cutivireni yValle Esmeralda, en el río Ene (CVR 2003b: 249).Pero la situación en dichos lugares distaba deser óptima. Se registraron elevados niveles demorbilidad y mortalidad debidos a la desnutricióny al hacinamiento. Fueron comunes enfermeda-des como tuberculosis, cólera y malaria. Pero elproblema no era solo sanitario. La CVR da cuentade gran cantidad de maltratos hacia los ashá-ninkas refugiados de parte tanto de las fuerzas


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del orden como de los pobladores locales. Lasrelaciones entre los locales y los refugiados fue-ron tensas y estuvieron atravesadas de abusos ydesconfianza hacia los asháninkas que proveníande zonas controladas por el PCP-SL, pues no sa-bían si en realidad habían sido obligados o si eranafines al PCP-SL y podían tomar represalias. Se-gún el Informe de la CVR, es un temor que persistehasta la actualidad (CVR 2003b: 252).

2.2.2. Desconfianza hacia los colonos

Como hemos dicho líneas arriba, uno de los másperversos efectos de la militarización de la socie-dad asháninka es el agravamiento de sus relacio-nes con los colonos. El resentimiento hacia lapoblación colona tiene larga data. El principal pro-blema es por territorios: los asháninkas han idoperdiendo paulatinamente su territorio desde laColonia. En esta época sus dominios llegabanhasta la salida de Tarma, mientras que ahora,desplazándose paulatinamente hacia el oriente,han retrocedido hasta Satipo. El despojo de susterritorios se remonta al siglo XIX. La llegada delos colonos a la Selva central se inició en 1840como efecto de las políticas estatales de coloni-zación del valle de Chanchamayo. Este tipo depolíticas se han reproducido a lo largo de muchosgobiernos incluyendo los dos de Fernando Be-laúnde que, bajo la consigna de llevar a cabo «laconquista del Perú por los peruanos», descono-ció a los pueblos indígenas que los habitaban ylos consideró territorios despoblados. Debido a laforma en que se llevó a cabo y la defensa de losasháninkas y el avance de los colonos, la coloni-zación de la Selva central no fue una empresapacífica sino, más bien, «una conquista armada»(Espinosa 1996).

La relación con los colonos ha sido desdetiempo atrás complicada, pues se los consideraresponsables de su situación:

Hasta ahora los odiamos a los colonos [...] Ellosson los que empezaron. A veces nos engaña-ron, vinieron. Quiero ahora recibirles. No quieroque me molesten. Tengo mi tierra aquí. No quie-ro que me invadan mi tierra. Somos aparte no-sotros. Que vaya a buscar su tierra en otro sitio,

que busque. No quiero que me molesten paravivir en paz, porque no queremos a los colonosen nuestras tierras, porque si vienen nos van amolestar es ahí donde empieza de nuevo la vio-lencia. Pido al gobierno, a los colonos, no quieroque me invadan mi territorio. (CVR 2003: t. VIII)18

El abandono estatal que sufrió la poblacióncolona proveniente sobre todo de la zona andina,empujó a esta a dedicarse al cultivo de la hoja decoca. Como ya adelantamos, el PCP-SL llegó enun principio confundido con los colonos que sededicaban al cultivo de coca en la margen izquierdadel río Ene y tejió una alianza en la zona con elnarcotráfico. Por ello, la diferencia entre los man-dos senderistas y la población asháninka o masatenía también características étnicas. Los man-dos eran mayoritariamente inmigrantes de la Sie-rra que en los peores momentos trataban a losindígenas como sus esclavos (Espinosa 1993).Debido a ello, los colonos son representados comodespojadores de territorios y como posibles sen-deristas. La percepción del colono como amena-za ha sido agravada por el conflicto armado:

[…] hay veces veo a personas de la sierra, peorcuando veo que son quemaditos, yo siento unacólera ¿no?... coraje… (Ex dirigente asháninka,mujer, 20 de febrero de 2007)

Si antes la relación con los colonos era ten-sa, tras el conflicto armado esta se militarizó altiempo que el factor étnico era incorporado en laforma en que se representa y clasifica a los terro-ristas. Para los asháninkas, la asociación colo-nos, PCP-SL y narcotráfico es bastante fuerte.

2.2.3. Desconfianza hacia el Estado

La histórica situación de postergación y abando-no de las comunidades indígenas favoreció el in-greso del discurso antiestatista del PCP-SL entrelos asháninkas.

En el contexto de la creación de la zona libe-rada, el PCP-SL pudo imprimir entre los asháninkasel temor a las fuerzas del orden diciéndoles quesi los atrapaban iban a matarlos o a violarlos (CVR

2003b: 239). La experiencia posterior en las co-

18 Específicamente, CVR. BDI-SM-P104, BDI-II-P802. Testimonio 302138. Enero de 2003. Pobladores y dirigentes de Boca Potzeni,San Martín de Pangoa, Satipo, Junín. En Las secuelas de la violencia. Tercera parte, t. VIII.

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munidades de refugio, donde los asháninkas su-frieron del abuso y el maltrato de las fuerzas delorden, llevó a algunos de ellos a escapar de laprotección estatal y huir hacia el monte, lejos delPCP-SL y de los militares.

Incluso cuando estos temores fueron supe-rados y los asháninkas participaron de la luchacontrasubversiva, los recuerdos de la relaciónentre militares y ronderos no siempre son positi-vos. Por un lado, existe la percepción de que losmilitares se adjudicaban los logros de los ronde-ros restándoles prestigio y reconocimiento. Porotro lado, la caída del régimen autoritario de Al-berto Fujimori al revelarse la red de corrupciónque este sostenía, sumada a la puesta en eviden-cia de cómo se usó la derrota al PCP-SL para favo-recer al régimen y a los manejos corruptos desus funcionarios, confirmó la sensación entre losasháninkas de haber sido engañados y utilizadospor el Gobierno (Villapolo 2003: 168). A esto sesuma el hecho de que la intervención estatal fuelenta y tardía. Lo agreste de la zona dificultaba alas fuerzas armadas realizar patrullajes en elmonte, debido a ello tenían que acudir a los ron-deros que conocían mejor el territorio.

Este fenómeno es coherente con la larga tra-dición de exclusión y postergación, y es percibi-do como un episodio más de ella desde los oríge-nes de la relación entre el Estado colonial hastala creación del Estado moderno. En el derechointernacional se reconocen derechos y obligacio-nes solo a los Estados. Las naciones indígenasfueron consideradas incapaces de disponer de unestatuto soberano y sus tierras fueron considera-das desocupadas (Anaya 2005). Los Estadosmodernos organizados en regímenes de corte li-beral desconocieron la existencia de diferenciasculturales (Trazegnies 1993: 22-23; Segato 2004;Taylor 1993). La imposición y dominación culturalde los grupos dominantes de la sociedad, rela-cionados con la experiencia cultural occidentaleuropea, supone la inferioridad moral de los pue-blos indígenas y la imaginación de la nación comouna comunidad igualitaria y homogénea (Ander-son 1993). El enlace entre postergación y exclu-sión histórica, así como la actitud del Estado du-rante la violencia, profundizaron la percepción deagravio. La violencia, como ya se dijo al inicio, se

relacionó con los conflictos precedentes debido ala dominación e imposición cultural por parte dela cultura hegemónica en el Perú, una domina-ción construida históricamente y jurídicamenteconsagrada en los marcos normativos.

En el contexto actual, la histórica exclusiónpor parte del Estado y la sociedad nacional, laexperiencia de violencia y la actitud del Estadodurante ella y los problemas actuales con el Es-tado debido al interés de este en que ingresen enla zona asháninka industrias extractivas, se pien-san como parte de una sola línea continua. Lalínea de continuidad se hace evidente en estadeclaración sobre las pocas garantías que les dael Estado de que la violencia no se va a repetir:

[...] prácticamente es como que el pueblo indí-gena no existe, es invisible, y no podemos con-fiar de que si ese gobierno, vamos a tener unabuena relación para hacer las propuestas, in-cluso presentamos una propuesta que este…que es la propuesta este… de los pueblos indí-genas y nunca nos van a ser aceptados por-que… porque el gobierno no le conviene ¿no?,es más, el gobierno lo que le interesa es teneringreso y este… firmar contrato con los petrole-ros y con muchas ¿no?, no le interesa de que sidentro de ese territorio hay este… indígenas ohay ser humanos que viven ahí, no le interesaeso, es lo que vemos. (Ex dirigente asháninka,mujer, 20 de febrero de 2007)

2.2.4. Miedo al retorno del PCP-SL

El miedo al retorno del PCP-SL se funda en la ideade muchos asháninkas de que la guerra no haterminado y que puede recrudecer debido a la li-beración de los senderistas presos. Ello se debea que, objetivamente, remanentes del PCP-SL si-guen operando en la cuenca del río Ene, cercanaa comunidades asháninkas; y al efecto de la cam-paña mediática contra la «izquierda caviar» a laque se le acusaba de utilizar los derechos huma-nos para liberar a los senderistas.19 En efecto, laanulación de los procesos judiciales por carecerde las garantías al debido proceso fue leída comola posibilidad de que algunos miembros del PCP-SL fueran liberados y regresasen a sus activida-

19 Esto es lo que hemos llamado en un trabajo anterior «argumentos sobre conspiración» destinados a defender la «memoriade salvación». Para un desarrollo de las disputas en la opinión pública respecto al pasado de violencia, cf. Barrantes y Peña(2006).


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des terroristas. Esto es especialmente grave en-tre los asháninkas que en algún momento forma-ron parte de las filas senderistas y luego escapa-ron o se arrepintieron, y entre quienes tomaronacciones decididas en la lucha contrasubversivaorganizándose en rondas o como parte del llama-do «ejército asháninka», puesto que temen a lasrepresalias (Villapolo 2003: 169; CVR 2003d).

Así, el miedo al retorno del PCP-SL no soloafecta la moral de los asháninkas, sino que tam-bién afecta su posición respecto a los derechoshumanos; pues estos son entendidos, en algu-nos casos, como protectores de los derechosde los grupos subversivos antes que de los dere-chos de los militares y pobladores. La otra carade este problema es el miedo de los ronderos aser denunciados y sancionados por los críme-nes cometidos durante la lucha contrasubversi-va. El hecho de que los militares involucrados enviolaciones de los derechos humanos de miem-bros del PCP-SL estén siendo juzgados por el Po-der Judicial, ha hecho que los ronderos sientanmiedo de ser sancionados por los crímenes per-petrados contra senderistas (Villapolo 2003: 169)y contra los colonos.

2.3. Desarrollo impedido

2.3.1. Falta de fuerza de trabajo

Tanto las incursiones senderistas como los en-frentamientos entre estos y los asháninkas orga-nizados en rondas afectaron la demografía de lasociedad asháninka, no solo debido a la gran can-tidad de muertos, sino también a la manera enque se distribuyó la muerte en la población. Loshombres, que tradicionalmente se encargaban detrabajar la chacra, tuvieron que dedicarse a la lu-cha contrasubversiva patrullando en las rondas.Las mujeres, que tradicionalmente se encargande las labores domésticas, tuvieron que añadir asus tareas las que usualmente asumían los hom-bres. Esta situación no varió cuando cesaron lashostilidades. La gran cantidad de hombres muer-tos en enfrentamientos y las difíciles condicionesde vida en ese período han cambiado la composi-ción demográfica de la zona. Hoy hay más muje-res y niños que hombres, y hay menor cantidadde adultos mayores, lo cual varía la proporcióndemográfica y distorsiona la vida cotidiana ashá-ninka. La variación en las responsabilidades tienevigencia no solo por las proporciones demográfi-

cas, sino también por el hecho de que muchosvarones siguen haciendo patrullajes en las ron-das. Así, muchas mujeres siguen recargadas delabores, razón que las lleva a descuidar a susfamilias y su comunidad (CVR 2003b: 252).

2.3.2. Afección a sus propiedades y territorios

La definición de la noción de territorio congregamúltiples factores: identificación del pueblo comotal, provisión de recursos, relación con el pasadoy los descendientes, sacralidad, relaciones conel medio ambiente y ámbito de libertad. Cuandonos referimos al territorio indígena debemos con-siderar tanto elementos afectivos como producti-vos y sociales. El territorio no es comprendidoproductivamente como propiedad privada —tal ycomo se comprende en las sociedades influen-ciadas por la tradición occidental—, sino comoespacio disponible para ser aprovechado median-te el trabajo (Chirif y otros 1991).

Desde una perspectiva productiva, nos inte-resa ver cómo los desplazamientos atacaron, ade-más de la sensación de pertenencia a un lugar, eltrabajo realizado por la población. Pero ese nofue el único problema, pues también estuvo la des-trucción de chacras, el saqueo de comunidades,misiones y proyectos de desarrollo, la quema desembríos, la destrucción de casas, el robo deanimales, etcétera. Esta experiencia dislocó laforma en que se comprendía tradicionalmente elusufructo de los recursos. Así, se vio afectado eltrabajo que habían dedicado por largo tiempo ensus lugares de origen y se frustraron las expecta-tivas de un tiempo de vida mejor para la familia yla comunidad (CVR 2003d).

Ya sea que se desplazaran o que se queda-ran en sus lugares de origen, muchas veces losasháninkas tuvieron que recomenzar desde lanada. Se plantea para ellos, por tanto, el proble-ma de cómo recuperar parte del trabajo perdidopara superar su situación económica.

Desde septiembre de 1994, el gobierno deFujimori desarrolló una estrategia de retorno de lapoblación desplazada. En 1995, el proceso seaceleró y la mayoría de las familias regresaron alas comunidades. Pero no todos retornaron a suscomunidades de origen ni lo hicieron de la mis-ma manera. Por un lado, varios murieron y otrosformaron familias en las comunidades que los re-fugiaron. La violencia incrementó el movimientointerno en el pueblo asháninka. Por otro lado, sa-

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bemos que no existió una real estrategia estatalmás allá de la propaganda realizada. De todaslas estrategias de desplazamiento utilizadas al-gunas tuvieron mejores resultados que otras. Porejemplo, quienes regresaron de manera gradualhan logrado asentarse mejor y con mejores con-diciones de subsistencia, mientras que aquellosque fueron forzados a hacerlo sin contar con lascondiciones necesarias para el viaje y para el rea-sentamiento fracasaron. Muchas veces quienespartieron tuvieron que regresar a las comunida-des que los acogieron. La frustración de expecta-tivas y la incapacidad de reinserción social, asícomo la muerte de niños y ancianos que no pu-dieron resistir el periplo dejó serios costos socia-les y emocionales en muchos asháninkas (CVR

2003b: 260-261).No está de más recordar los efectos cultura-

les del desplazamiento. Es conocida la estrecharelación entre el indígena, su territorio y sus pue-blos originarios:

[...] todos los indígenas nacen como miembrosde pueblos diferenciados en los que encuen-tran sus raíces. Los pueblos amazónicos seconstituyen en pueblos debido a que tienen unapoblación definida, una identidad propia, unalengua particular y viven en un territorio que re-conocen como suyo. (Chirif y otros 1991)

No es difícil imaginarse entonces lo que eldesplazamiento significa en términos de identi-dad y estima cultural. En el caso de la poblaciónindígena, tan grave como la monstruosa cifra demuertos y desaparecidos es el desplazamientode poblaciones enteras. Cerca de diez mil ashá-ninkas sufrieron desplazamientos forzosos, locual redunda en la desestructuración de socie-dades enteras; o, en el peor de los casos, en sudesaparición, como ocurrió con alrededor de cua-renta comunidades.

2.4. Cambios políticos

La organización social asháninka en comunida-des indígenas, tal como la conocemos hoy, esaún bastante joven. Si bien durante la Colonia,en algunas zonas se agruparon alrededor de lasmisiones, y durante la segunda mitad del sigloXX, el Instituto Lingüístico de Verano creó escue-las y misiones evangélicas alrededor de las cua-les se crearon pueblos, no fue sino hasta 1974

—cuando el gobierno militar del general VelascoAlvarado promulgó la Ley de Comunidades Nati-vas y de Promoción Agropecuaria de las Regio-nes de Selva y Ceja de Selva— que se crearonlas comunidades nativas bajo el modelo de lascomunidades campesinas de la Sierra. Por serreciente, si se lo evalúa desde una perspectivahistórica, el nuevo modelo político mantiene ten-siones con las ideas y prácticas culturales pre-vias a la nueva organización política comunal,tensiones expresadas en divisiones dentro de lascomunidades y pugnas entre alianzas de interésy parentesco. Debido a ello, cabe entender lacomunidad indígena como una organización bá-sicamente familiar en la que la política gira alre-dedor del prestigio familiar. En una comunidadindígena pueden haber tres o cuatro familias gran-des, por lo que las cuotas de poder e influenciase distribuyen según la influencia familiar y el lu-gar que cada persona ocupa dentro de su grupofamiliar. De esta manera, a pesar de que el poderes una prerrogativa de la unión de los pobladoresnacida del diálogo y el acuerdo en la asambleacomunal, las decisiones se supeditan a la pugnaentre facciones definidas en términos de paren-tesco (Belaunde 2005).

No es sorprendente, por tanto, que las se-cuelas políticas de la violencia se hayan entrela-zado con conflictos y tensiones precedentes decarácter interfamiliar. Según como haya sido laactuación de los miembros de las familias duran-te el enfrentamiento con Sendero Luminoso, es-tas ganaron o perdieron prestigio, lo que afectadirectamente sus posibilidades de ocupar cargosen la comunidad. Según Leslie Villapolo (2003),en comunidades como la de Puerto Pangoa, elconflicto armado definió de alguna manera la for-ma en que se organizan y distribuyen hoy loscargos y roles de liderazgo. En función a las acti-tudes y el liderazgo que tuvieron algunas perso-nas durante los sucesos de violencia se legitimao deslegitima su actual participación en la vidapolítica.

La actual composición de liderazgos reflejade alguna manera el grado de acercamiento quetuvieron ciertos personajes con el PCP-SL. Muchosde quienes lo apoyaron fueron en ese entonceslíderes y jefes. Hoy su legitimidad es cuestiona-da; desde una mirada sobre sus pasados, se pro-ducen duros juicios sobre su presente. Por otrolado, quienes lucharon con las rondas y se rela-cionaron con el Ejército son percibidos como


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moralmente solventes para dirigir la comunidad.La diferencia de capital político de ambos gruposes aprovechada por quienes fueron ronderos paraprofundizar la brecha y reafirmar su liderazgo; paraello recuerdan constantemente las responsabili-dades de los líderes anteriores. Así, «El pasadopasa a ser el lugar simbólico y real para nombrara las personas» (Villapolo 2003: 163).

Sin embargo, sería un error reducir la acu-mulación del capital político de los actuales líde-res a sus acciones durante la lucha contrasub-versiva. El poder y la capacidad de influencia quetenían las personas y sus familias antes de laviolencia fueron indispensables para el éxito dequienes lideraron la lucha contrasubversiva. Re-sulta difícil pensar en la posibilidad de un líderque hubiera podido movilizar a la población, si esque antes no hubiera tenido el suficiente capitalpolítico y capacidad de convocatoria. La expe-riencia de liderazgo durante la violencia tan soloreforzó el poder existente. En el mejor de los ca-sos, varió la balanza de poder. Así, algunas fami-lias influyentes —aunque no hegemónicas— dela comunidad pudieron inclinar la balanza de po-der gracias a su participación en la lucha contra-subversiva. Ello se puede traducir hoy en mayorcantidad de cargos y más prestigio. De esta ma-nera, tanto las antiguas rivalidades y luchas in-terfamiliares como la distribución de privilegios yprestigio fueron transformadas por la violencia,pero no fueron creadas por ella. La violencia pro-duce y transforma sobre la base de lo socialmen-te existente.

Sin embargo, esta transformación no garan-tiza que la situación de la balanza se mantengaasí indefinidamente. El que uno haya perdido elprestigio durante la guerra no significa que nopueda recuperarlo. Mantener el prestigio implicasaber establecer relaciones con el Estado y conotras organizaciones sociales.20 El liderazgo estáestrechamente ligado al conocimiento, pues sele considera un atributo necesario para las labo-res de dirigencia. La capacidad de expresarseen público, fomentar el diálogo, resolver proble-mas, conocimiento del castellano y la familiari-dad con los procedimientos burocráticos formanparte de una concepción instrumental del cono-cimiento que es valorada entre los asháninkas(Belaunde 2005).

3. La justicia en la experienciaasháninka

Muerte, militarización de la sociedad, cambios enlas costumbres, memorias en disputa, descon-fianza intercomunal e intracomunal, desconfian-za hacia el Estado y hacia los colonos, miedo alretorno del PCP-SL, desarrollo impedido por faltade fuerza de trabajo y la afección a sus propieda-des y territorios, cambios en las dirigencias, et-cétera fueron consecuencia de la guerra que afec-taron dramáticamente la vida de los asháninkas.La intensidad de la violencia que vivió este pueblodemostró ser capaz de producir graves transfor-maciones a distintos niveles del proceso de suvida social e individual. Todo ello los pone frente areclamos de justicia como requisito necesario paracualquier intento de reconciliación social. Exami-namos a continuación la forma en que los ashá-ninkas experimentan hoy la justicia y la reconci-liación, es decir, cómo han percibido la dinámicade la violencia y sus secuelas, y cómo esta per-cepción los abre a distintas formas de justicia.

En la teoría de la justicia transicional no sesuele prestar la debida atención a los factores afec-tivos y relativos al sentimiento de justicia (Orozco2003). Existe una estrecha relación entre el senti-miento de justicia y los procesos de transición a lademocracia. Esta relación es de vital importanciapara comprender la forma en que se debe impulsarla transición a la democracia y la transición de unasociedad de posguerra a una sociedad pacificadaen contextos tan particulares como los que vivenlas poblaciones indígenas.

Los pueblos indígenas han desarrollado a lolargo de generaciones formas concretas de racio-nalización e institucionalización de la justicia yde reconciliación de la sociedad. Ante la dimen-sión de los hechos de violencia estas estrategiastienen como reto enfrentarse a una experienciapara la que no estaban preparados. Ante este pro-blema, los asháninkas han debido procesar la bús-queda de la justicia de múltiples maneras. Susociedad se ha visto transformada, entonces, tantopor las secuelas directas del conflicto armadocomo por la eficacia de los mecanismos de re-conciliación que han debido improvisar. No tene-mos información acerca de la forma en que estoha sido llevado a cabo ni sobre el grado de éxito

20 Entrevista personal con Óscar Espinosa. 28 de febrero de 2007.

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de las estrategias ensayadas: estas se hallantodavía en proceso y; por otro lado, no existeninvestigaciones acerca de la forma en que losasháninkas conciben la justicia ni cómo es quevaloran y conciben eso que en la teoría se llamareconciliación. El reto radica en considerar la for-ma en que tradicionalmente han concebido la jus-ticia y la valoración de sus propias particularida-des culturales desde una concepción dinámicade cultura que ligue la dimensión simbólica de lavida asháninka a procesos históricos concretoscomo el de la relación entre los asháninkas y elEstado, y la experiencia de estos durante el con-flicto armado interno.

Los asháninkas, como todo pueblo o nación,deben elegir distintas vías y formas de justiciasegún sus experiencias con la violencia y segúnsus expectativas de futuro, cultura y formas decomprender el mundo. Un interesante análisis delas distintas vías de justicia que se han seguidoen Europa luego de dictaduras y procesos de vio-lencia ha sido desarrollado por Timothy GartonAsh (2003). Como recuerda el autor, en aquellospaíses donde se experimentó regímenes totalita-rios «[...] no había una línea divisoria clara entre“ellos” y “nosotros”, sino que cada individuo esta-ba dividido». Añade el autor que «nadie era senci-llamente una víctima», sino que también podía servictimario. La sentencia de Garton Ash nos ayu-da a pensar en las implicancias que pueda tenerla experiencia totalitaria21 que vivieron los ashá-ninkas en los caminos de justicia y reconciliaciónque deciden recorrer y en la forma en que definanla distancia entre las víctimas y los victimarios.

En contextos transicionales es necesario dis-tinguir entre tres formas de justicia que dan cuen-ta de distinta manera de procesos afectivos y po-líticos, y consideran de distinta manera el papelde las víctimas y los victimarios, y su relacióncon el Estado: histórica, restaurativa y retributiva.La primera, histórica, busca la redefinición de laverdad histórica y el rescate de la memoria de lasvíctimas. Se trata de la búsqueda de la afirma-ción pública de valores y de la producción de unmarco de sentido con una mayor apertura al re-conocimiento de las víctimas (González 2001).

La segunda, restaurativa, se suele plantearcomo la restitución de la situación en que se en-

contraba la víctima antes de que se cometiera laviolación. Esto toma la forma de compensacióneconómica por el daño cometido, rehabilitación orestauración de la dignidad y reputación de la víc-tima mediante el uso de distintas medidas comopueden ser servicios médicos, psicológicos uotros, y como satisfacción y garantías de no re-petición. Por ejemplo: búsqueda y divulgación dela verdad, sentencias y sanciones judiciales oadministrativas a los perpetradores, disculpaspúblicas y conmemoraciones, y prevención de laocurrencia de los hechos (Echeverría 2003).

La tercera, retributiva, tiene como fin imponercastigos proporcionales al daño causado o, enotras palabras, restablecer la igualdad perdidadebido a la injusticia cometida mediante un cri-men, igualando así el sufrimiento. De esta mane-ra, se sanciona a los individuos o grupos que da-ñan derechos o libertades de otros. El Estadomonopoliza las facultades punitivas y de estamanera previene la posibilidad de que las víctimasbusquen vías no institucionalizadas de punición yvenganza. Es, pues, una de las formas en que elproceso de la civilización domestica el deseo devenganza (Bueno 2006). A continuación se anali-za cómo se ha experimentado estas distintas for-mas de justicia en el caso de los asháninkas.

3.1. Justicia histórica

Nos hemos referido líneas arriba a la memoria deldesengaño, a la memoria épica y a la memoriade doble silencio como aquellas versiones delpasado que lograron eficacia social una vez ter-minado el conflicto armado interno. Cada una deestas memorias es una actividad interpretativasobre el pasado que dispone los hechos en fun-ción de las expectativas frente al futuro que tienenlos distintos miembros de la sociedad asháninka.En efecto, hemos visto ya que cada una de es-tas memorias es hegemónica en determinadosgrupos sociales, como pueden ser los asháninkasmás instruidos, los ronderos o las mujeres. Entanto estamos hablando de varias memorias ygrupos sociales con narrativas y característicasparticulares, debemos considerar que estas me-morias siempre son construidas en una relaciónantagónica por lo que siempre tienen una memo-

21 Para una discusión sobre las distintas implicancias que tienen para un período de transición el que el régimen anterior hayasido autoritario o totalitario, cf. Rosenberg (2003).


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ria con la cual competir. El sentido del pasado esentonces activo «[…] dado por agentes socialesque se ubican en escenarios de confrontación ylucha frente a otras interpretaciones, otros senti-dos» (Jelin 2002). Se hace evidente entonces lagravitación política de las tres memorias que sedisputan la hegemonía del sentido histórico entrelos asháninkas, pero también es importante re-conocer, en dicha disputa política, la forma en quelas distintas memorias generan marcos simbólicosque permiten distribuir de determinada manera losméritos de la lucha contrasubversiva y las penaspor las sanciones cometidas. Las memorias en-tonces se abren a determinadas formas de ejercery entender la justicia.

La memoria del desengaño puede entender-se a partir de la percepción de los asháninkas delpasado de violencia como un episodio más de lalarga historia de engaños e injusticias del que hansido víctimas por parte de la sociedad y el Estadoperuanos, específicamente, por parte de sus ve-cinos colonos. El hecho de que sean los más«educados» quienes defienden este discurso deignorancia y engaños revela la intención de dichamemoria: iluminar la experiencia de ser víctima yoscurecer la responsabilidad de los que tuvieroncargos de mando para así homogeneizar las dife-rencias internas y las responsabilidades entretodos los pobladores (Villapolo 2003: 154). La ideaes que todos los asháninkas fueron de algunamanera engañados: primero, los más instruidos,engañados directamente por los militantes del PCP-SL; después, el resto de la población, engañadosindirectamente a través de la confianza que te-nían en los más instruidos.

La memoria épica de las rondas se constitu-ye en una suerte de respuesta al poco reconoci-miento público que estas reciben. Se trata de unalucha por ser considerado en la distribución deméritos. Nuevamente, la justicia que reclaman anteel Estado responde a una injusticia precedenteque se relaciona a su vez con la percepción dehistóricas injusticias que atribuyen al hecho deser asháninka:

[...] nunca te van a este… reconocer que sí, elpueblo asháninka este… participó, los que lle-van la bandera es el gobierno, ¿no? No que…el gobierno… Fujimori ha dado la pacificación,¿no?, pero… eso es mentira... pero nunca elgobierno puede decir bueno ha habido un in-dígena que es héroe, ¿no? Jamás lo van a

decir, porque siempre como movimiento indí-gena, como pueblos indígenas somos discri-minados, ¿no?

Además, los ronderos asháninkas percibenla lucha que llevaron a cabo como una lucha porla defensa del territorio contra las múltiples ame-nazas de expropiación. En ese sentido, dicha lu-cha se relaciona también con la diferenciaciónentre quien es y no es asháninka; es decir, sevincula con la asociación entre senderista y colo-no. La representación del terrorista como foráneopermite a los ronderos crear una identidad de gue-rreros que habría sido recuperada de la tradicióny que; por lo tanto, en tanto práctica guerrera ypráctica tradicional, legitima el uso de la violenciae implica una exculpación de las violaciones delos derechos humanos cometidas por ellos. Sehace uso del clásico argumento del relativismocultural antropológico que interrumpe todo juiciosobre el otro cuando reconoce sus acciones comoparte de tradiciones y valores culturalmente dis-tintos. No se trata de un desconocimiento de losabusos, sino de una exculpación por haber ingre-sado a la «lógica de la guerra» en tanto que elobjetivo que perseguían era la defensa de sus her-manos asháninkas y de sus territorios (Villapolo2003: 157).

Respecto al doble silencio de las mujeres ashá-ninkas, la situación ha cambiado bastante. En elcontexto de posguerra las mujeres asháninkasreclaman un mayor reconocimiento de su partici-pación durante el proceso de violencia. Si bienlos hombres participaron en la lucha contrasub-versiva prestando servicio en las rondas y enfren-tándose directamente con el PCP-SL, las mujerestambién lo hicieron pues debían cubrir las tareasque dejaban de hacer los hombres y constituirseen un soporte de la defensa comunal en lo econó-mico y emocional. Su papel en el conflicto es cadavez más reconocido gracias a la influencia de laperspectiva de género de parte de organizacio-nes civiles y estatales que trabajan en la zona(Villapolo 2003: 160). Para estas mujeres, al igualque para los ronderos, la memoria se convirtió enun campo de disputa por el reconocimiento desu rol durante el conflicto y por la necesidad detratar públicamente el tema de la violencia.

En efecto, además de reclamar el reconoci-miento de su participación, las mujeres han hechode la familia un espacio de transmisión y discusiónde la memoria puesto que, como reza la tradición

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asháninka, el conocimiento salva y la ignoranciapierde (Villapolo 2003). De esta manera, la anti-gua actitud de silencio ha sido subvertida desdeel hogar para así prevenir a las futuras generacio-nes ante futuros engaños y para salvarlos de ex-perimentar lo que ellos vivieron. En el período deposguerra, las mujeres dejaron de callar y optaronpor el recuerdo. Se trata entonces de luchar contrael olvido para que el recuerdo del tiempo de terrormantenga alerta a las futuras generaciones anteposibles engaños.

Es necesario separar aquellos aspectos delas narrativas sobre el pasado que se construyenpara enfrentar la justicia fuera de la comunidad delos que se construyen para enfrentarla dentro dela comunidad. En el pueblo asháninka, la memo-ria del desengaño permite a los más educadosjustificar sus vínculos con el PCP-SL, mientras quela memoria épica permite a los ronderos restarleslegitimidad política. Sin embargo, hacia fuera,ambas memorias permiten presentar a los ashá-ninkas como un pueblo engañado pero valiente,que se defiende ante las amenazas foráneas. Lasversiones que compiten a cierto nivel, se apoyana otro nivel generando una imagen de los ashá-ninkas que los acerca a algunas formas de la jus-ticia estatal (como políticas de reparación), perolos aleja de otras (como la justicia penal).

Hacia fuera, los asháninkas tienen expecta-tivas heterogéneas sobre los temas de justicia:si, por un lado, hay una lucha por el reconoci-miento de su participación en la lucha contrasub-versiva y por la necesidad de recibir reparacio-nes; por otro lado, no tienen expectativas públicasde que el Estado intervenga en justicia penal nide que se hable públicamente del tema. Respectode la violencia, parece primar entre los asháninkasel deseo de alejar al Estado del tratamiento de lajusticia retributiva y acercarlo al tratamiento de lajusticia histórica y restaurativa.

De esta manera, los asháninkas llegan in-cluso a reclamar la profundización de los estu-dios sobre la historia de la violencia en sus terri-torios. En la audiencia pública «El Informe de laComisión de la Verdad y Reconciliación y el Pue-

blo Asháninka» con autoridades de las comuni-dades nativas de la Selva central que el programade Protección a Poblaciones Afectadas por la Vio-lencia de la Defensoría del Pueblo realizó el 6 demayo de 2004 en la comunidad de Puerto Ocopa,la Asociación Regional de los Pueblos Indígenasde la Selva Central reclamó profundizar los estu-dios sobre la violencia en la zona, pues se consi-deraba que el trabajo de la CVR había quedadoinconcluso.22 La profundización de la historia delconflicto en la zona podría generar un escenariopropicio para el logro de reparaciones y el reco-nocimiento de sus derechos. Es para ellos im-portante poner el acento en las narrativas del pa-sado que los ubican como víctimas tanto delconflicto como de una larga historia de exclusióny engaños. Lo que se busca es justicia en tantovíctimas para recibir compensaciones y para re-cibir disculpas: «[…] antes que nada queremosque tanto el Gobierno como los militares nos ofrez-can disculpas; de los subversivos no esperamosnada, pero sí de nuestro país» (Rojas 2004).23

Más adelante veremos de qué modo es queesta forma de concebir el pasado influye en losreclamos de justicia. Ahora llamamos la atenciónacerca de la forma en que la disputa entre ambasmemorias se relaciona con los esfuerzos de lasmujeres por recordar la violencia al interior de lasfamilias. Es decir, cómo se lleva a cabo una dis-puta pública por ver qué se debe y qué no se deberecordar. El tema gira alrededor de la legitimidadpública de los dirigentes que se vincularon con elPCP-SL y de la necesidad por parte de los ronderosde que no se ponga en cuestión la legitimidad dela violencia que utilizaron durante el conflicto.

Como ya se ha mencionado, existen entrelos asháninkas fuertes expectativas de acceder alos beneficios de la sociedad moderna y desarro-llada24 y una arraigada y estetizada autopercep-ción de sus comunidades como pacíficas y uni-das (Belaunde 2005: 37; Villapolo 2003: 162). Estaautorrepresentación, sin embargo, oculta tensio-nes interiores. Tanto las expectativas de futuro dedesarrollo y modernización como la autopercep-ción como comunidad pacífica y unida son instru-

22 Boletín PAR 84, 14 de mayo de 2004. En APRODEH. ¿Y después de la CVR qué? (Boletín semanal). <http://www.aprodeh.org.pe/>. 23 Samuel Rojas, dirigente de la central asháninka del río Tambo. El Peruano, 14 de mayo de 2004. En APRODEH. ¿Y despuésde la CVR qué? 24 Ligadas al mito del «Itomi Pavá», hijo del Sol, mito a partir del cual se mantiene la esperanza de que este personajerestablezca el orden alterado durante la Colonia y ayude a los asháninkas a recuperar los bienes perdidos. Es decir, lesayude a acceder a bienes externos a su sociedad.


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mentadas por los dirigentes que se relacionaroncon el PCP-SL y los dirigentes que lucharon en lasrondas. Las disputas entre ellos son dejadas delado, en parte, debido a que así se cuidan de laindignación de las «masas» asháninkas en unaforma de exculpación recíproca (Villapolo 2003).Además, las expectativas de modernización ydesarrollo son más favorables a estos por estarmás vinculados a la sociedad nacional y tenermás educación. De esta manera, el recuerdo delconflicto y la discusión sobre las tensiones queeste dejó es sacado del ámbito público y reduci-do al ámbito privado y familiar. El paso del tiempoy la distancia de la amenaza senderista impulsaa muchos pobladores a hablar del pasado y lasresponsabilidades, pero este pasado no encuen-tra lugar en el ámbito público y; por lo tanto, notiene cómo ser procesado dejando vivas las ten-siones y el rencor que produjo la violencia entresus víctimas. En su texto, Villapolo hace referenciaa numerosas declaraciones en las que se reconoceque algunos asháninkas estuvieron involucradoscon el PCP-SL y se expresa hacia ellos un graveresentimiento.

3.2. Justicia como reparación

Entre los asháninkas se representa a la sociedadnacional y al espacio urbano como realidades agre-sivas frente a los indígenas. Pero, al lado de estaimagen negativa, existe también una representa-ción positiva de la sociedad nacional sustentadaen el deseo de acceder a sus bienes comercialesy servicios. Belaunde (2005: 27 y 28) llama a estoel modelo desarrollista de la peruanidad. Comoparte de este modelo, los asháninkas otorgan ungran valor a la educación. Según la autora, las per-cepciones recogidas durante su investigación «[…]acentúan consistentemente la idea de transformarlas comunidades a imagen de las ciudades, esdecir, convertirlas en lugares con la infraestructuraadecuada para la provisión de servicios, habitadospor profesionales y personas productivas, por bue-nos ciudadanos peruanos» (Belaunde 2005: 29).Esta trama de expectativas se relaciona con losreclamos de justicia y reparación de los dañossufridos. Las secuelas de la violencia son un moti-vo más para reivindicar sus derechos ante el Esta-do, sean de autonomía o de desarrollo.

En efecto, si algo se reclama al Estado entérminos de justicia por los daños sufridos duran-te el conflicto armado es el reconocimiento de

sus derechos como pueblo indígena y la asisten-cia de este como una forma de reparación. Uno yotro reclamo podrían haber sido defendidos encualquier contexto, hubieran o no ocurrido lossucesos de violencia. Pero, en el contexto deposguerra, el conflicto armado es una buena opor-tunidad para que el Estado haga cosas por ellos.Se trata entonces de aprovechar su situación devíctimas para demandar derechos que bajo otrascircunstancias probablemente no serían visibles.

Hay que tener cuidado, sin embargo, con re-ducir estos reclamos a una dimensión puramenteinstrumental. Ello nos podría llevar a pensar que elhecho de que los asháninkas aprovechen su si-tuación de víctimas para reclamar cosas al Esta-do es una manipulación y; por lo tanto, nos puedellevar a desconocer el hecho de que fueron objeti-vamente agredidos de una forma en la que ningúnpueblo ni sector de la sociedad peruana lo fue. Sibien la experiencia de violencia es utilizada, ellose debe al hecho de que han encontrado un argu-mento persuasivo para reclamar lo que desde an-tes necesitaban. La experiencia de ser víctimasentonces puede ser entendida en múltiples pla-nos entre los cuales uno, al que nos referimosahora, es de carácter utilitario. Ello en razón delhecho de que, aun antes de la violencia armada,habían experimentado tensiones con la sociedadnacional por el despojo de sus territorios.

La forma en que se vinculan sus reclamoscomo pueblo indígena con sus reclamos comovíctimas se deja ver con claridad en el pliego depedidos que hicieron al Estado en el contexto dela audiencia pública organizada por la Defensoríadel Pueblo que citamos líneas arriba. El texto fueelaborado antes de la audiencia por las autorida-des de las comunidades nativas de la Selva cen-tral y leído por Hilda Rengifo de la AsociaciónRegional de los Pueblos Indígenas de Selva Cen-tral. Los puntos fueron los siguientes:

Primero: el estudio resultante de la CVR Nacio-nal ha sido un trabajo inconcluso en el puebloasháninka, nomatsiguenga, caquinte, yaneshade la familia arawak. Ante ello, demandamosse constituya una comisión ad hoc multisecto-rial de la PCM para realizar estudios integral, com-pletamente representativos por un lapso de seismeses, a partir de su aprobación, y de que segarantice fondos económicos para alcanzar elobjetivo planteado, con la participación directa-mente de las organizaciones indígenas.

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Segundo: exigimos la implementación, amplia-ción y cumplimiento del Decreto Supremo 015-2001 de PCM, del Plan de Acción Prioritario de laMesa de Diálogo y Cooperación para las Co-munidades Nativas, referido a construir condi-ciones de paz y seguridad para las comunida-des nativas de la selva central.Tercero: pedimos se incluyan los derechos delos pueblos indígenas y comunidades nativasen la Constitución Política del Perú, propuestoy aprobado por la consulta indígena nacionaldel 12 al 14 de abril del 2003.Cuarto: exigimos la implementación del siste-ma institucional para los pueblos indígenas enel Poder Ejecutivo, bajo el organismo públicodescentralizado, encargado de la ampliaciónde políticas públicas para el desarrollo de lospueblos indígenas.Quinto: pedimos la creación de un instituto su-perior tecnológico público asháninka río Tam-bo-Selva Central para un desarrollo de nues-tros pueblos recónditos del Perú.25

El reclamo parte de un tema de memoria y laconstrucción de paz para pasar luego al recono-cimiento de los derechos indígenas y la produc-ción de políticas públicas destinadas a su desa-rrollo. El vínculo entre el conflicto armado y la largahistoria de injusticias y engaños por parte de lasociedad y el Estado peruanos se expresa en elplano programático en sus reclamos como vícti-mas y sus reclamos de desarrollo como indíge-nas marginados de la nación.

Durante el mismo evento, Fernando Rivas Ca-rranza, presidente de la Federación de Comuni-dades Asháninkas del bajo Perené26 declaró:

No es ninguna dádiva lo que pedimos, sinonuestro derecho, porque son huérfanos, viudas,víctimas que cayeron en combate, inválidos,madres sufridas, niños abandonados y des-plazados de sus mismas comunidades los queaún no encuentran ningún reconocimiento conla CVR. Es por eso que para nosotros este hasido un informe genérico, inconcluso, no he-mos oído puntos concretos para desarrollar, nose ve nada.

Este tipo de reclamos a la CVR han sido bas-tante comunes en distintas zonas afectadas porel conflicto, a pesar de que en mayo de 2004 yahabían pasado más de ocho meses desde queesta fue desactivada. El hecho de que en la per-cepción de muchos peruanos se reduzca la polí-tica estatal en temas de reconciliación al trabajode la CVR tiene que ver con dos puntos: a) conque no todos entendieron que la CVR no fue crea-da para implementar políticas, sino para recons-truir la verdad y escribir propuestas de reconcilia-ción, y b) con que sus recomendaciones no hansido continuadas por el Estado, lo que generó quemuchos peruanos se sintieran defraudados.

Pero esta percepción de fraude y la conse-cuente sensación de incredulidad no solo se ex-presó contra la CVR. El anunciado Plan de Paz yDesarrollo que promovió el entonces presidente dela república, Alejandro Toledo, durante el 2004, querespondería en parte a las recomendaciones de laCVR y que contemplaba un paquete de programassociales en educación, salud e infraestructura sa-nitaria también fue percibido como un engaño:

Las reuniones y promesas, así como los anun-cios por parte del gobierno sobre el Plan de Pazy Desarrollo, es otra de las mentiras y engañosdel presidente Alejandro Toledo. Por ello, comorepresentante de un pueblo castigado y sumidoen la extrema pobreza rechazo rotundamenteesta mecida que atenta contra los pueblos ashá-ninkas de la selva central. (Santiago ContoricónAntúnez, alcalde distrital de Río Tambo)27

Dicho sentimiento no es expresión de unasusceptibilidad desmesurada ni una distorsión an-tojadiza. A pesar de que el caso de los asháninkasfue ampliamente divulgado y había sido utilizadocomo ejemplo constantemente por quienes de-fendían las recomendaciones de la CVR, este nofue incluido en el Plan Integral de Reparaciones:programación multianual 2005-2006, publicado pordecreto supremo de la presidencia del consejode ministros y anunciado para ser implementadodesde el 2006 hasta el 2010. Se escogieron ochoregiones: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac,Huánuco, Junín, Ucayali, San Martín y Pasco; de

25 Boletín PAR 84, 14 de mayo de 2004. En APRODEH. ¿Y después de la CVR qué? 26 La República, 7 de mayo de 2004. En APRODEH. ¿Y después de la CVR qué? 27 Correo, edición regional Huancayo, 20 de enero de 2004. En APRODEH. ¿Y después de la CVR qué?


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las cuales se priorizaron 35 provincias, 129 distri-tos y 562 comunidades rurales (Comisión Multi-sectorial de Alto Nivel 2006: 128). Debido a ello,representantes de las comunidades nativas de ríoTambo y río Ene, provincia de Satipo, de los gru-pos étnicos asháninkas, matsiguenga y kakintetuvieron que reclamar su inclusión para no serexcluidos de sus beneficios.28

El vínculo entre justicia y desarrollo suponeun reto tanto para el Estado peruano como paralas organizaciones de derechos humanos que tra-bajan el tema de reparaciones. Ello debido a quela forma en que se asocia reparación con desa-rrollo entre los asháninkas tiene característicasparticulares que pueden obedecer a varios facto-res que es preciso explorar con más detenimien-to. Hay que tomar en cuenta, para comprender laforma en que los asháninkas conciben la justiciarestaurativa: a) El hecho de que han construidosu identidad a partir de la idea de la marginaciónestatal y que la violencia armada se constituyeen una oportunidad para reclamar derechos alEstado. La condición de víctima, producto de laviolencia armada, es vista como un episodio másdentro de una historia de victimización y; por lotanto, existe continuidad entre el desarrollo me-recido por la histórica expropiación de sus terri-torios y las reparaciones debidas a la violencia.b) El que haya una capa dirigente interesada enacceder al desarrollo debido en parte a que sonquienes tienen mayor capacidad de desenvolver-se en escenarios modernos y quienes puedensacarle más provecho. No tomar en cuenta esasparticularidades puede llevar a los agentes estata-les a pensar que para los asháninkas reparaciónes exactamente lo mismo que desarrollo. Equipa-rar lo uno y lo otro ha demostrado ser bastantetentador para la elite política peruana, pues supo-ne que sus obligaciones hacia los asháninkas noson en tanto víctimas sino en tanto pobres. Du-rante los años precedentes al conflicto ha sidocomún en nuestra clase política confundir el len-guaje del desarrollo con el de la justicia. De estamanera se dificulta el reconocimiento de las fal-tas cometidas por el Estado durante el conflicto(Reátegui 2005b). Ello puede llevar a una cómodaconfusión de lo que para los asháninkas significala justicia restaurativa. También es un reto paralas organizaciones de derechos humanos, ya que

las obliga a repensar la forma en que se planteala reparación individual de las víctimas y a plantearel tema de las reparaciones colectivas en relacióncon la particular experiencia de vida colectiva queviven los pueblos indígenas.

3.3. Justicia como retribución del daño enun escenario de difícil reconciliación

Al tener dificultades para el tratamiento público delas secuelas que dejaron los crímenes durante elconflicto armado interno, los asháninkas limitansus posibilidades de transformar su sociedad ha-cia la reconciliación. Existen evidencias de ten-siones en la forma en que se ha mantenido la dis-cusión de la violencia armada lejos de la esferapública asháninka y en la insistencia de algunasmujeres en conservar la memoria y enseñarla asus hijos, así como en el descubrimiento de Villa-polo de formas de rencor entre quienes sufrieronun daño y tienen que convivir con sus perpetrado-res, sean estos pobladores asháninkas o colonos.

De lo poco que se conoce sobre la forma enque se viene procesando la justicia retributiva en-tre los asháninkas, podemos deducir, primero, quesi respecto a las reparaciones los asháninkasreclaman un papel activo del Estado y la socie-dad peruana, respecto a la construcción de lamemoria y la justicia penal la intervención delEstado no es vista de la misma forma. El proble-ma radica en que, específicamente en lo que ata-ñe al tema penal —debido a que lo que se poneen juego es la libertad de las personas—, el asuntoes particularmente complicado dado que cuandose trata de crímenes en los que se ha visto involu-crado un asháninka, la justicia estatal entra entensión con el anhelo indígena de que se respetesu autonomía comunitaria y sus mecanismosconsuetudinarios de gestión de la justicia.

La manera en que se vincula la justicia esta-tal con la indígena está estrechamente ligada alproceso de civilización y modernización de lassociedades. Según Elías (1987), el proceso decivilización de las instituciones y los sentimien-tos supone la posibilidad de canalizar los senti-mientos de venganza en formas institucionalesde justicia. Por ello, en ausencia de un Estadocapaz de garantizar el procesamiento de la ven-ganza de manera imparcial y estable, se abre

28 Perú 21, 4 de julio de 2005. En APRODEH. ¿Y después de la CVR qué?

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espacio a distintas formas de justicia que operanmás allá de la legalidad construida. Así, la justiciaha transitado de las guerras privadas medievaleshacia las penas retributivas estatales debido a lamonopolización estatal de los impuestos quepermitió financiar la hasta entonces inexistente clasemilitar, garantizando el monopolio de la violenciasobre la población y el territorio bajo su jurisdic-ción. En este movimiento se logró garantizar el ejer-cicio judicial imparcial e independiente gracias a laeliminación del odio como justificación de los pro-cesos judiciales. La justicia retributiva pasó a serresponsabilidad de los Estados que comenzarona ser el principal actor activo. De esta manera,se quitó espacio a la posibilidad de la venganzaindividual (Orozco 2003). Pero este proceso nosolo tuvo como resultado la racionalización de lajusticia, sino que también fue eficaz en la organi-zación social estimulando la formación de auto-coacciones y controles autónomos e interiores.Se produjo entonces una correspondencia entrela estructura social y la emotiva «[…] cambian-do de modo paulatino la configuración de lasemociones y las pautas de los afectos […][pues] el individuo se ve obligado a organizarsu comportamiento de modo cada vez más dife-renciado, más regular y más estable» (Elías 1987;Jurado 2004).

En el derecho moderno la justicia retributivatiene como finalidad restablecer la igualdad perdi-da por un crimen o injusticia para igualar así elsufrimiento. La monopolización de este mecanis-mo por parte del Estado tiene como justificaciónasegurarse que el daño retribuido sea proporcio-nal al causado, y que no se violente durante estacanalización de la venganza los derechos de laspersonas, así estas sean culpables o calificablescomo criminales. De esta manera, al monopoli-zarse las facultades punitivas, la sociedad se evi-ta que las víctimas se conviertan en vengadores ybusquen vías no institucionalizadas de justicia.Es esta, pues, una de las formas en que se do-mestica mediante el proceso civilizatorio los afec-tos agresivos producto de la victimización.

Nos interesa ahora plantear algunas reflexio-nes que nos permitan acercarnos al problema dela forma en que los asháninkas conciben la justi-cia que atañe a la retribución de un daño, y ellugar que tiene la venganza en un contexto en

que no se da tratamiento público a la experienciade la violencia armada y en el que; por lo tanto,no encuentra posibilidades de institucionalización.Algunas pistas del problema son desarrolladaspor Villapolo. Según dice:

[...] las leyes consuetudinarias que caracteriza-ron las prácticas locales de justicia no funcio-nan, porque no hay un tratamiento público deldelito. De hecho, quienes administran justiciaen la comunidad son los ronderos, y algunos deellos han sido ex mandos senderistas. Los ritostradicionales para elaborar la violencia tampocofuncionan, pues se ha producido un desfaseentre el desborde de la experiencia y sus cono-cimientos curativos. (Villapolo 2003: 166-167)

Cada vez se asume más que la guerra no fuesolo entre asháninkas y el PCP-SL, sino tambiénentre asháninkas y asháninkas (Villapolo 2003).El control total que sufrieron los asháninkas demanos de los mandos senderistas melló la con-fianza al interior de la comunidad haciendo que laconsigna «el partido tiene mil ojos y mil oídos»se haya confirmado a sí misma. Si bien los man-dos asháninkas más conocidos y los que perma-necieron más tiempo al lado del PCP-SL ya no es-tán, otras personas que tuvieron cargos de mandopero que por diversos motivos abandonaron lasfilas senderistas siguen viviendo con ellos. Sinembargo, durante el tiempo en que engrosaronlas filas senderistas tuvieron espacio suficientepara cometer abusos, forzar al trabajo, asesinargente, etcétera. El rencor hacia ellos está enton-ces estrechamente ligado al tipo de afinidad quetuvieron con el PCP-SL (si la tuvieron porque esta-ban obligados o por voluntad propia) y a los crí-menes que cometieron. La convivencia con elloses difícil y está llena de tensiones que limitan lasposibilidades de cualquier iniciativa de micro re-conciliación.29

Los motivos por los que se han visto obliga-dos a convivir con quienes engrosaron las filassenderistas a pesar de las tensiones latentes,quedan pendientes de ser investigados. Por elmomento, podemos suponer que obedecen a lanecesidad de buscar una solución colectiva a susproblemas de reconocimiento y de acceso a ayu-das externas de desarrollo y reparación; y a la

29 Entrevista a Leslie Villapolo, 8 de marzo de 2007.


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existencia de una estética comunitaria que idea-liza a la comunidad como un lugar bonito y orga-nizado. El que convivan entre víctimas y victima-rios tal vez sea producto de un acomodo temporaldebido a la fuerza de las circunstancias.30

Según Belaunde (2005), esta estética comu-nitaria se liga a una forma especial de concebirla autonomía de la persona. El indígena repre-senta su vida en la comunidad de manera positi-va, y su pertenencia a ella es libre, no por impo-sición ajena. Por eso mismo, la tolerancia a losconflictos es baja y la valoración del diálogo y laayuda mutua elevada. Si uno no está a gusto olos conflictos se hacen insoportables, siempreexiste la posibilidad de mudarse de comunidad ybuscar un lugar donde el ideal de vida comunita-ria sea realizable, por lo que las posibilidades defraccionamiento residencial y de movilidad intra-comunal son elevadas. Esto se puede entendercomo una estrategia tradicional para huir de losconflictos y el dolor. Ello explica el hecho de queasháninkas que no han podido soportar la muer-te de un ser querido se hayan ido al monte paraalejarse de la comunidad y del «espíritu» de susseres queridos:31

Y esta persona se larga lejos, al monte, porqueen la ira que ha tenido su sangre está hirvien-do. Quiere ir lejos hasta que le pase esto. Por-que dice que si no hace dieta, va a gestar lapersona. Porque la sangre de la otra personaha entrado en su cuerpo y ahí sale embarazadocomo una mujer […] Quince días, hasta un mesdespués regresa a su casa todo pelado. […]Ahora es diferente. Lo que es ahorita es proble-mas sociales.32

Si bien esta estrategia puede considerarsecomo una forma de procesamiento del duelo y elrencor, muestra a su vez los límites que tienenlos asháninkas para llevar a cabo estrategias demicrorreconciliación comunal. Si, por un lado, lasmujeres quieren recordar y; por otro lado, el re-cuerdo no tiene lugar en el ámbito público, lo quese genera es una tensión que mantiene vigente alinterior de la comunidad la marginación de quie-nes vivieron durante la violencia como masas delsenderismo (Villapolo 2003: 166-167). La impor-

tancia que se le da a la construcción de un futurocon desarrollo y modernización, y a la autorrepre-sentación asháninka como comunidad pacífica yunida son útiles tanto para los dirigentes que serelacionaron con el PCP-SL como para los que seles opusieron organizándose en rondas. La ex-culpación recíproca a la que nos referimos líneasarriba entre unos y otros puede entenderse comolo que Orozco (2003) ha llamado compensaciónretributiva de culpas. Por un lado, los que se rela-cionaron con el PCP-SL se autocalifican de enga-ñados; por otro lado, los ronderos se concibencomo una suerte de vengadores o, mejor dicho,como víctimas-victimarios inocentes (Orozco2003). En algunos contextos, esta doble catego-ría de víctimas-victimarios sirve para calificar ydesprestigiar a los asháninkas que se relaciona-ron con el PCP-SL como victimario-víctima culpa-ble y así ganarles poder dentro de la comunidad.En otros contextos, esta doble categorizaciónsirve para que tanto los involucrados con la sub-versión como con la lucha contrasubversiva sepresenten como víctimas engañadas opuestas alPCP-SL en una suerte de compensación retributivade culpas y reclamen su derecho a olvidar. Olvi-dar es un derecho solo de aquel que se concibecomo víctima, mientras que recordar es un deberde los culpables (Orozco 2003).

Las dificultades para llevar a cabo procesosde microrreconciliación entre los asháninkas ra-dican, pues, en el hecho de que entre víctimas yvictimarios existan muchas zonas grises. En ge-neral, las guerras irregulares o totales se carac-terizan porque en ellas no se respeta la distin-ción entre combatientes y no combatientes, porlo que devienen en ciclos ampliados de vengan-za en los que todos se califican mutuamentecomo victimarios o se identifican permanentemen-te con las víctimas. Por lo tanto, la diferenciacióntosca entre víctimas y victimarios colapsa (Oroz-co 2003). El caso de los asháninkas, en el queexisten dificultades para la reconciliación y en elque no existe una clara distinción entre víctimasy victimarios, caben las siguientes preguntas:¿dónde queda el rencor entre los sobrevivientesde la guerra?, ¿qué tan posible es que este setransforme en deseos de venganza en la privati-zación de la justicia retributiva?

30 Entrevista a Leslie Villapolo, 8 de marzo de 2007. 31 Entrevista a Leslie Villapolo, 8 de marzo de 2007. 32 Cita tomada de Villapolo (2003: 166-167).

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No todos los sobrevivientes de una guerra tie-nen la rabia necesaria para convertir su dolor endeseo de venganza o reclamo de justicia. Orozcodistingue rabia aterrorizada (concepto recogido deZigmunt Bauman) de rabia humillada (conceptorecogido de Thomas Scheff) para diferenciar a losque son simplemente sobrevivientes de los quepueden convertirse en vengadores. Toda victimi-zación es un acto de humillación y de afirmaciónde poder. La víctima es convertida en objeto, escosificada y negada en su dignidad y derechos.La relación entre victimización y venganza estámediada por la rabia que produce su degradacióncomo persona. Cuando esta rabia no ha aplasta-do a la víctima y esta puede reconocer la injusti-cia de la violencia recibida, es que puede surgir lafigura del vengador:

[...] el vengador es alguien que se resiste a de-jar de ser sujeto de dignidad y de derechos. Lavenganza es indudablemente una expresión deauto-estima profunda, de profundo sentido delvalor de la propia dignidad. A través de la ven-ganza el vengador quiere subvertir la afirma-ción de desigualdad contenida en el acto devictimización. La víctima convertida en victima-rio, quiere restaurar su dignidad, afirmarsecomo todopoderosa mediante la reducción desu victimario —o de quien lo represente— a lacondición de nada. [...] Es precisamente bajoel dominio de la dialéctica entre la vergüenza yel —falso— orgullo, entre la humillación y laexaltación que se estructuran la rabia y el odioretributivos como sentimientos «morales».(Orozco 2003)

Lo más probable es que, entre los sobrevi-vientes, quienes sientan una rabia humillada y noaterrorizada sean los que no fueron víctimas di-rectas. Es decir, los familiares o amigos de lavíctima.

Hacia fuera del pueblo asháninka el senti-miento de venganza o el odio retributivo es rápi-damente dirigido contra los colonos percibidoscomo senderistas. Vale la pena recordar la citaescrita líneas arriba: «[...] hay veces veo a perso-nas de la sierra, peor cuando veo que son quema-ditos, yo siento una cólera ¿no?... coraje…».Hacia dentro, el sentimiento de venganza es diri-gido contra los asháninkas que tuvieron algunarelación con el PCP-SL, a pesar de que, debido alas circunstancias mencionadas anteriormente,

tengan que convivir con ellos y esta clase de sen-timientos no tenga cabida en el ámbito público.Para quienes lo sufren, el rencor y el deseo devenganza es una realidad cotidiana y, según sumagnitud y la resistencia de la persona, puedeser muy difícil de asimilar:

[…] bueno mira ve yo tuve un…, un sobrino quecuando le mataron a su mamá y su papá, él seescapó, ¿no? Vio todo lo que, como este… lohan asesinado a sus papás, ¿no?... Sí, enton-ces él se siente muy... como que él no cree ennada, ¿no? Lo que piensa es vengarse, ven-garse y nadie le puede quitar... no sabe, enton-ces. Y lo que nosotros conversamos, mira veno podemos vengarnos con cualquier perso-na, ¿no? Entonces él decía, ¿no?, pero graciasque ya él falleció también, ¿no?... Él quería ven-garse con cualquier persona que venía; le pre-guntaban, y no quería dar esa información, ¿no?Este… sentía una rabia así, ¿no? Sentía unarabia, ¿no?... como que se ha vuelto loquito,entonces él se desmayaba... y entonces… Perohay muchos, hay muchas personas así, quetienen ese sentimiento, que quieren vengarse.(Ex dirigente asháninka, mujer, 20 de febrerode 2007)

Dentro de su teoría de los sentimientos dejusticia, Orozco se pregunta por las condicionessociales bajo las cuales una víctima se transfor-ma en vengador. Más allá del hecho de que no sehaya aterrorizado ni paralizado, ciertas situacio-nes sociales disponen más que otras a la privati-zación de la venganza. Así, a pesar de que no seanima a dar una respuesta final, dice que entrelos factores sociales que podrían tenerse en cuen-ta están: la ausencia de Estado y de un aparatoeficiente y creíble de justicia, la sobreestimacióncultural del honor personal y familiar, y la existen-cia de oportunidades como el acceso a armas oa organizaciones armadas. Para el caso de un«colectivo, etnia, nación, grupo religioso o partidopolítico», dice el autor, los agravios o injusticiasestructurales llevan a la autorrepresentación delas heridas de un grupo victimizado y la represen-tación del enemigo como victimario: «En su de-sarrollo, a las representaciones abstractas y másestructurales de la victimización, los enemigos levan sumando a la imagen del enemigo todos losmotivos concretos y más recientes de odio queresultan de la barbarie de la confrontación» (Orozco


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2003). Es ahí donde radica el problema al que yanos referimos antes: el de la identificación del PCP-SL con la población colona y; por lo tanto, de lavinculación entre las injusticias históricas que hansufrido los asháninkas relativas al desconocimien-to de sus derechos y el despojo de sus tierrascon las injusticias vividas durante el conflicto ar-mado en la década de 1990. Ello nos acerca auno de los elementos que se debe considerar enel estudio de la forma en que se concibe la justi-cia retributiva entre los asháninkas: la forma enque el rencor y el deseo de venganza se vinculancon una lectura de la historia en la que su rela-ción con los colonos y la comunidad nacional haestado atravesada de injusticias y engaños.

Esto se relaciona directamente con el miedoal retorno del PCP-SL y el discurso que han desarro-llado acerca de la actitud que tomarían en caso deque esto suceda. Este discurso comenzó a for-marse con la constitución de sus rondas de auto-defensa. En el contexto del asesinato de Alejan-dro Calderón (dirigente asháninka del valle del ríoPichis que fue muerto en manos de miembros delMRTA como forma de venganza por su presunta par-ticipación en la captura de Máximo Velando, unode los líderes del movimiento guerrillero de 1965) yde la conformación del «ejército asháninka» queexpulsó a los grupos subversivos que operaban enla zona, los asháninkas del Pichis publicaron uncomunicado el 5 de enero de 1990 que decía:

Nosotros no hemos provocado a nadie. Desdeya hace muchos años nosotros somos los per-judicados por lo que está ocurriendo en nues-tro río porque los abusos, las amenazas y larepresalia nos llega de todos lados [...] Noso-tros no vamos a dejar que nos abusen y quenos maten en nuestra propia tierra. Si nos des-conocen como indígenas y nos desprecian,nosotros también somos fuerza.33

La frase «nosotros también somos fuerza»es válida también cuando se considera la posibi-lidad de que los hechos de violencia se repitan:

[…] como pueblo indígena nos sentimos orgu-llosos que estamos muy seguros de que no vaa volver nuevamente esa violencia porque sivuelve nosotros nos vamos a adelantar, ¿no?

Entonces eso también hemos advertido bienal gobierno, presentamos pronunciamientos,¿no? O sea está así... bueno si es que vuelvenosotros vamos a salir adelante, ¿no? Vamosa salir adelante, no vamos a tener temor que…Bueno si mato, me van a llevar a la cárcel. Sinos llevan, pero con gusto defendiendo nues-tros derechos, ¿no? (Ex dirigente asháninka,mujer, 20 de febrero de 2007)

Las posibilidades de acudir al Estado y gozarde su protección se redujeron en el contexto de laviolencia en tanto se creó la percepción de que elEstado (como ya se adelantó en la segunda partede este texto) no los protegió como debía:

[…] si yo iba a un puesto policial decían: «Nopues sabes qué, murió así pues, pero qué vasa hacer si Sendero lo mató». No sabemos aho-ra si el ejército, por el otro lado, se te van ha-ciendo frente y dicen ya pues como quien diceya murió, murió, ¿ya? Entonces es eh… es elgran problema, que la gente tiene resentimien-to y dicen: «No, nosotros como ya no tenemosopción no hay algo futuro para nosotros, ¿ya?Entonces hay que esperar que reviente la cosay nosotros empezamos, ¿no?» (Ex dirigente as-háninka, hombre, 15 de febrero de 2007)

Lo mismo ocurre con el discurso de los dere-chos humanos y la legalidad estatal. La percep-ción de que la legalidad no funciona o, mejor di-cho, funciona al revés, los puede abrir a laposibilidad de tomar la justicia por sus propiasmanos:

[...] este señor [Abimael Guzmán] por culpa deél murieron setenta mil peruanos, debe ser unasentencia final, una cadena perpetua, debemorir, porque pues dime si mató setenta mil yeste señor mató veinte mil y este mató diez mily este mató 30, ahora nosotros vemos, la leypropia dice hay que sentenciar y hay que mataral violador, una persona que viola posiblementeya sea niño o un amigo […] [ininteligible] […]vive, o sea supuestamente ya hizo el acto, peroesta persona que mató más de setenta mil notiene una… o sea le dan más prioridad a él que ala otra persona, así es. Entonces nosotros deci-

33 Cita tomada de Espinosa (1996).

RAFAEL BARRANTES

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mos «Ah no la ley es, es al contrario, o seacuanto más matas es menos sentencia». Estemata dos, tres y es más sentenciado que elotro. Yo digo no, entonces toda la comunidaddice no, nosotros vamos a matar más [...]

[...] ahora la gente está… tienen en mente cuandodicen, bueno ya el jefe del Sendero, Abimael Guz-mán, ya va a salir, entonces dice: «Ah... entoncesyo puedo violar, puedo matar, con dos, tres per-sonas no pasa nada, y si Abimael Guzmán matómás de setenta mil personas y no pasa nada, osea quien le avala los derechos humanos quienle avala [...] [ininteligible] [...] o sea que si yopuedo matar, no pasa nada, me encerrarán 15ó 20 años, no está mal, ¿no?». Entonces eso lagente está en mente, dice: «No, nosotros tenemosuna ley hoy en día mire, ve o sea…» (Ex dirigenteasháninka, hombre, 15 de febrero de 2007)

El problema de que se abran a la posibilidadde tomar la justicia por sus manos tiene pocoque ver con las formas tradicionales de hacer jus-ticia en tanto no se responde a un período de nor-malidad, sino a un contexto de guerra en el que,debido a que la legalidad del Estado no funciona,todo vale. Se trata entonces de una concepciónde la justicia que ha sido transformada con elconflicto armado montándose con la percepciónhistórica de engaños e injustos maltratos. De estamanera, la justicia normal y consuetudinaria semilitariza. En sus versiones más extremas, cual-quier forma de criminalidad es posible de ser con-cebida como un acto de subversión, puesto quealgunos delincuentes estarían utilizando el recuer-do del miedo hacia el PCP-SL como una estrategiapara cometer sus crímenes:

[...] se acaba todo este problema, ahora vienela delincuencia, hay muchos que ya optaroncomo dice a ponerse la pasamontaña, a llevarsu arma, y a atacar a quien tiene más dinero omás productos. Dice, no pues, este señor tieneque hacer trámites va a sacar 1.000 sacos, en-tonces hay que robarle, se hacen pasar comosubversivos con pasamontañas, entonces he-mos dicho no [...] hemos dicho no, acá hay quehacer otra ley otra ley [...] [ininteligible] [...] debeser eliminado y si va a seguir entonces hace-mos un acuerdo y esa ley vas a ver nosotrosno… no existen las leyes digamos eh… delEstado no, entonces dijimos ah no, agarramos

a un delincuente, le eliminamos los cuatro de-dos porque si tiene los cinco dedos completala mano y no puede trabajar, solamente la utili-za para robar, mejor que se corte los cuatrodedos, entonces formalmente si yo [...] [ininteli-gible] [...] con mis manos así, a no este está en[...] [ininteligible] [...] que ha sido un delincuentey así pues, así está hecho la ley del indígena.(Ex dirigente asháninka, hombre, 15 de febrerode 2007)

La representación de los colonos como posi-bles miembros del PCP-SL es problemática desdeuna perspectiva de justicia indígena. Sobre todosi consideramos el temor real de que regrese elPCP-SL a la zona y el hecho de que existe un dis-curso radicalizado que contempla la posibilidadde privatizar la justicia si el conflicto armado vuel-ve a producirse.

Por lo menos en el plano del discurso, seanuncia un tratamiento más radical a los sende-ristas y se habla de «tomar la justicia en sus pro-pias manos». Esto resulta problemático dada laidentificación que existe entre senderistas y co-lonos. Se habla de personas que se hacen pasarpor senderistas para robar y ello implica riesgosserios, ya que una persona que por sus marcado-res étnicos sea percibida como senderista puedellevar a que se la agreda. Declaraciones de estetipo no significan necesariamente que los ashá-ninkas actuarían de esa manera al aplicar la jus-ticia asháninka, pero sí nos dicen de un senti-miento o una actitud radicalizada frente a lajusticia. No existe información certera, pero sedice que, al igual que en otras regiones del país,ha habido casos no reportados en los que pre-suntos senderistas o simpatizantes han sido eje-cutados después de haber caído prisioneros enmanos de ronderos.

Esto no obliga a suponer que los colonos va-yan a ser sistemáticamente agredidos y que lavenganza se vaya a expresar en crímenes contrala población colona de parte de los asháninkas.Pero sí invita a pensar en qué forma el conflictoarmado interno ha agravado aún más la relaciónentre asháninkas y colonos y de qué modo unareconciliación entre poblaciones con territoriosvecinos es difícil de lograr. En general, estos ele-mentos deberían llevarnos a discutir más amplia-mente sobre la forma en que las concepcionesde justicia entre los asháninkas han sido trans-formadas en la actual situación de posguerra.


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Las universidades después del conflicto: notas para un debate

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Las universidades después del conflicto:notas para un debate

PABLO SANDOVAL Y EDUARDO TOCHE*

En las últimas décadas parece existir un consen-so en reconocer a la educación superior como eleslabón privilegiado para vincular la integracióncultural, la movilidad social y el desarrollo pro-ductivo. En teoría, una sociedad con altos nivelesde cobertura y buenos logros educativos tiende aser más igualitaria en su estructura de ingresos,a contar con mayor cohesión cultural y mercadosculturales más diversificados, y a crecer median-te la aplicación de conocimiento tecnológico alproceso productivo (Hopenhayn 2003). Sin em-bargo, este no parece haber sido el camino esco-gido en el Perú.

El desinterés oficial, graficado en los exiguosrecursos que destina a la investigación y la edu-cación superior, sumado a la ausencia de planesestratégicos y la insistencia de las autoridades yparte importante de los miembros de la comuni-dad universitaria en una visión estrecha, muchasveces utilitaria y sin gran proyección, han hechode la educación superior un ámbito evidentemen-te distanciado del contexto nacional.

En efecto, la universidad peruana se ha ale-jado paulatinamente desde hace décadas decualquier proyecto de renovación académica ytecnológica, promoviendo en cambio su enclaus-tramiento y desconexión de los nuevos retos ynecesidades de la sociedad contemporánea. Dealguna manera, todo ello ha posibilitado que re-salte como una de sus características una exa-

cerbada politización que la colocó a lo largo delsiglo XX en medio de situaciones críticas y, parti-cularmente en las décadas de 1980 y 1990, enun contexto de extrema violencia.

Bajo estas consideraciones, ¿vale la penadiscutir sobre el conflicto armado interno que afec-tó a las universidades peruanas? ¿Qué provechoreporta mirar el pasado reciente de nuestras uni-versidades y auscultar en sus memorias de vio-lencia y represión? ¿Qué viene sucediendo en lasuniversidades una vez que el ciclo de conflictoarmado se ha cerrado? Sin caer en una explica-ción mecánica o determinista, hay que señalarque la evidencia muestra más de una conexiónentre la exclusión de la universidad, la politiza-ción extremista de sus actores y el desencade-namiento de la violencia en sus claustros.

Podrían ser varias las maneras de satisfacera estas interrogantes, pero queremos aquí enfati-zar tres. La primera deriva del hecho de que launiversidad pública se ha convertido en un espa-cio fundamental para comprender el desarrollo delconflicto armado que asoló al Perú en las déca-das de 1980 y 1990. Al respecto, el Informe Finalde la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)menciona que el sistema educativo —en particu-lar la universidad— fue un espacio clave en el ori-gen y reproducción de ideologías radicales decorte autoritario, en especial del Partido Comu-nista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL). Para

* Pablo Sandoval, antropólogo, es investigador del Instituto de Estudios Peruanos; Eduardo Toche, historiador, es investiga-dor de DESCO.

PABLO SANDOVAL Y EDUARDO TOCHE

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el PCP-SL la universidad significó un espacio deinterés estratégico tanto para la difusión de suideología como para la captación y reclutamientode militantes entre estudiantes y docentes, loscuales cumplirían después labores de proselitis-mo armado fuera de los claustros. Esto provocóque las universidades fueran estigmatizadas y, encierto sentido, violentadas tanto por el PCP-SL comopor el Estado (Sandoval 2005).

Una segunda respuesta es que después definalizado el conflicto armado, los actores universi-tarios no han discutido abiertamente sobre el ciclode violencia que golpeó a sus centros de estudio.Tampoco han intentado sacar lecciones de estaexperiencia ni han elaborado un discurso (o varios)que promueva la reflexión sobre el futuro de la univer-sidad mediante la integración y el reconocimientodel pasado reciente de violencia. Por el contrario,la mayoría de docentes, autoridades, trabajado-res, incluso estudiantes, evaden problematizar ydiscutir la historia reciente de sus universidades,o lo que es peor, muchas veces tratan de silenciaru olvidar los hechos, por temor a reabrir heridas oevitar simplemente el señalamiento de responsa-bilidades. Incluso en los últimos años parecenhaberse reactivado en las universidades naciona-les algunos grupos de estudiantes que rescatanen su discurso una valoración positiva del radica-lismo de agrupaciones como Sendero Luminosoo el MRTA, poniendo sobre el tapete la discusiónsobre las memorias de la violencia política.

Una situación que ilustra esta inmensa difi-cultad para realizar un debido balance de lo suce-dido, fue lo que aconteció con la denominadaComisión de la Verdad que se formó en el 2001en la Universidad Nacional Mayor de San Mar-cos. Impulsada en momentos en los que las au-toridades políticas peruanas parecían retrocederen la voluntad manifestada para formar una Comi-sión de la Verdad nacional, esta iniciativa institu-cional fue vista como una señal de renovación.Sin embargo, muy pronto el intento naufragó enmedio de un fárrago de acusaciones.

Por último, hay una razón de corte más aca-démico. El debate reciente alrededor del concep-to de memoria ha tenido un fuerte impacto en lasciencias sociales contemporáneas, abriendo unaserie de nuevas interrogantes y pistas de investi-

gación sobre la constitución de identidades indi-viduales y colectivas bajo contextos de represióny violencia política. Este interés por las «memo-rias» se desarrolla además bajo un contexto epis-temológico particular que tiene ya varios años: elllamado giro cultural e interpretativo en las cien-cias sociales y las humanidades, que ha impac-tado fuertemente en disciplinas como la historiay la antropología, pasando por el psicoanálisis ylos estudios culturales.1

Sin embargo, a pesar de la importancia seña-lada, hasta el momento han sido insuficientes losesfuerzos hechos en el país en este sentido. Lue-go de presentado el Informe Final de la CVR, seexacerbaron las esperables críticas provenientesde aquellos sectores que suponían afectados susintereses con lo afirmado en dicho documento. Másallá de la fuerza de sus argumentos (en realidad,sin casi ningún sustento), dichas posiciones sur-gidas desde ámbitos políticos conservadores, em-presariales y militares tuvieron la virtud de exponeral menos tres dimensiones en las que los trabajosde la memoria eran urgentes, todos ellos ligadosde alguna manera a la dimensión política que pro-pone Elizabeth Jelin (2002: 39-62).

En primer lugar, tal vez el más evidente, radi-ca en el efímero plano de los medios de comuni-cación. Las falacias administradas con contun-dencia y rapidez, en un ámbito que no deja mayorespacio para la reflexión mesurada, no obtuvieronlas respuestas esperadas de las diversas colecti-vidades que suscribían y apoyaban lo afirmadoen dicho informe. La mayor parte de las veces,estas réplicas aparecían como extremadamenteespecializadas en el discurso sobre los derechoshumanos y a la postre no tenían mayor impactosobre una opinión pública muy influida por los dis-cursos de los sectores conservadores.

En segundo lugar, aun cuando se asumía lanecesidad de dinamizar los soportes sociales que,a partir de su experiencia, debían generar unaacción colectiva sostenida en una lectura diferen-te a la oficial sobre el ciclo de violencia política,esto no ha sido posible. Esto ha sido así en granmedida debido a un contexto caracterizado por laextrema debilidad de las organizaciones políticasy sociales que impidió que la movilización por ladefensa de los derechos humanos trascendiera a

1 Para una reflexión mayor sobre el «giro cultural», cf. Bonnell y Hunt (1999). Para el tema de la memoria, cf. Gillis (1994) yPollak (1992).


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las actividades que efectúan algunas organizacio-nes no gubernamentales (ONG) de derechos hu-manos y las organizaciones de familiares de víc-timas de la violencia.

En tercer lugar, el interés dirigido hacia unareflexión académica sobre el conflicto armado ylas memorias ha sido mínimo. Resalta la ausen-cia de preocupación de la mayoría de universida-des públicas, las que fueron, al fin y al cabo, losámbitos en donde la violencia política adquirió unaimportancia suma.

Este conjunto de elementos permite trazarel marco del presente documento en un contextonacional posterior a la entrega del Informe Finalde la Comisión de la Verdad y Reconciliación.Nuestro objetivo final es promover la discusiónsobre este período de violencia en las universida-des y rescatar las memorias de los actores invo-lucrados en este proceso.

1. Universidad y sociedad:una tensa relación

Si bien el objetivo de este documento es prestaratención a las secuelas del conflicto armado in-terno en las universidades, es indispensable te-ner en cuenta el proceso histórico previo en elcual se desenvolvieron las actividades políticasen las universidades. Es preciso comprender queel desarrollo de la violencia política en esta insti-tución se dio bajo el marco de la modernizacióneducativa iniciado en la década de 1950, el cualobligó a la universidad pública a abrir sus puertasa miles de jóvenes de origen popular que traíanconsigo un nuevo rostro y perfil cultural.

Hasta entonces, la universidad pública habíasido un espacio cerrado y casi exclusivo paraeducar a los hijos de las familias oligárquicas yde clase media de Lima y provincias. Sin embargo,con la apertura de los claustros a nuevos estu-diantes, la idea de una universidad popular —ideasostenida décadas antes por el movimiento porla Reforma Universitaria— parecía al fin hacerserealidad.2 Pero si bien con esta apertura se pudointegrar a nuevos estudiantes de origen popular,que dieron a la universidad otro ritmo y pulso co-tidiano, el sistema universitario por su parte no

supo administrar esta nueva realidad e ingresó auna etapa de crisis de la que no ha podido salirhasta la actualidad.

En medio de este proceso entrampado, laviolencia fue surgiendo paulatinamente como me-canismo regulador, es decir, como una acción quese validaba en tanto se ahondaba la brecha queexistía entre las crecientes expectativas estudian-tiles regidas por el mito de la educación y las opor-tunidades cada vez menores que podía ofrecer lainstitucionalidad universitaria para resolver adecua-damente esta demanda. Asimismo, esta dinámi-ca también involucró al profesor universitario, quiendebió soportar la mengua constante en sus ingre-sos, la cada vez menor capacidad para llevar acabo su tarea con un mínimo de calidad y el consi-guiente desprestigio de su profesión.

En esta situación, es importante revisar cuálha sido el impacto de la violencia política en lasinstituciones educativas. Al respecto, el Informede la CVR señala que el abandono de la educaciónpública por parte del Estado permitió que el espa-cio educativo se convirtiera en el lugar donde con-fluyeron y germinaron propuestas radicales y au-toritarias como la del PCP-SL. Ello fue posible pordos factores: el entrelazamiento de lo que CharlesTilly (2000) denomina inequidades persistentes, queprodujo una creciente percepción de agravio ydesconfianza, en especial en pequeños núcleosde maestros y jóvenes universitarios que no sesentían representados por el sistema político; yla consolidación de un discurso clasista que in-terpelaba con un espíritu de confrontación la na-turaleza de la modernización del país. De hecho,como ha señalado Degregori (1990), SenderoLuminoso nació del encuentro producido en laUniversidad San Cristóbal de Huamanga entre unaelite intelectual provinciana mestiza y una basesocial juvenil —también provinciana y mestiza—que se sentía descontenta con el rumbo de unproceso de modernización que no traía consigola ansiada movilidad social.

Pensamos que el itinerario que siguió al ex-plosivo crecimiento de la población escolar y uni-versitaria y la expansión del sistema educativodesde los años cincuenta del siglo pasado, sedesbordó en poco tiempo, con lo cual el Estadoperdió capacidad y voluntad de encauzar a estos

2 Desde la literatura, Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa; y Los aprendices (1977) de Carlos EduardoZavaleta, son las obras que mejor han retratado los cambios en la sensibilidad juvenil universitaria de este período.


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nuevos contingentes estudiantiles en el carril mo-dernizador entonces en boga. Esto fue generandouna serie de tensiones entre la nueva poblaciónestudiantil —que traía consigo un nuevo rostro po-lítico y cultural— y el Estado, que vio fracasado suincipiente proyecto de desarrollo educativo.

Esta situación promovió una serie de conflic-tos políticos y sociales que el Estado no pudo re-solver, y que le impidieron implementar políticascoherentes de desarrollo educativo. Así, el proyec-to modernizador impulsado durante las décadasde 1950 y 1960 se caracterizó por un conjunto detransformaciones que benefició a ciertos sectoressociales, dentro de un amplio proceso de movili-dad social. En el plano universitario esta moderni-zación implicó la reapertura de la Universidad deHuamanga (1959), la modernización de la Univer-sidad Nacional de Educación «La Cantuta» en Lima(1955) y la creación de la Universidad Nacional delCentro en Huancayo (1959). Lo paradójico es queprecisamente estas universidades se convertiríanaños después en bastiones de Sendero Luminosoy luego serían fuertemente reprimidas por las fuer-zas de seguridad del Estado.3

Sin embargo, esta apertura agotó prontamen-te sus mecanismos de incorporación y democrati-zación; por el contrario, terminó reforzando los pro-cesos de diferenciación social. En efecto, el accesoa la educación básica y universitaria, planeado enun inicio como un dispositivo de éxito y ascensosocial, se fue convirtiendo en un espacio que re-producía las exclusiones y desigualdades previas.El propio sistema educativo se fue estratificandoen circuitos de desigual calidad, cuyas consecuen-cias podemos ver décadas después cuando com-paramos los resultados del conjunto del sistemaeducativo público con el de la educación privadade calidad, lo cual ha creado una suerte de apar-theid educativo entre ricos y pobres.

De esta manera, la asombrosa ampliaciónde la matrícula universitaria desde mediados delsiglo XX, apareció como un resultado de políticaspúblicas educativas inclusivas, cuando en realidadreproducía las pautas de inequidades existentesbajo otras formas. En resumen, la accesibilidad ala universidad también estuvo determinada por elbagaje cultural que portaban tales estudiantes ylas capacidades generadas en ellos por la etapa

escolarizada de su educación. En ese sentido,las evidentes diferencias de partida que tenían,según el sector social del que provenían, no fueronamenguadas por la universidad sino, por el contra-rio, se vieron exacerbadas (Bourdieu y Passeron2003).

Así, según la CVR, con un sistema educativosin rumbo y una dirigencia magisterial y estudiantilfuertemente radicalizada, el PCP-SL se aprovechóde determinadas coyunturas, se alimentó de anti-guas debilidades institucionales y se sirvió de de-terminadas fallas estructurales en la sociedad pe-ruana. Al mismo tiempo, el PCP-SL consiguió recogerlas reivindicaciones y frustraciones de determina-dos grupos sociales, logrando enraizarse en dis-tintos sectores y escenarios geográficos. El PCP-SL

convierte a las redes educativas del propio Estadoen correas de transmisión de su ideología; con esefin, desarrolló una actividad de proselitismo y cap-tación de militantes que se mezcló con la movili-zación de sentimientos de discriminación étnica ycultural latentes en un sector de maestros y estu-diantes universitarios que en su mayoría eran po-bres y de origen provinciano. A ellos, según expli-ca Degregori, el PCP-SL les ofreció una nuevaidentidad política, una «comunidad de discurso»basada en el marxismo-leninismo-maoísmo y enel «Pensamiento Gonzalo» (Degregori 1997).

2. Educación, universidady reproducción de la violencia

El Informe de la CVR señala que la relación entreeducación y violencia no fue fortuita. Se asentósobre condiciones históricas que permitieron queel conflicto armado estallara, precisamente, des-de el interior del sistema educativo, en particulardesde las universidades públicas. Así, para con-cretar sus planes el PCP-SL utilizó principalmenteel espacio educativo, captando e imbuyendo desu ideología a pequeños núcleos de jóvenes ymaestros universitarios.

Bajo la lógica general de su actividad subver-siva, el PCP-SL aprovechó las deficiencias de la uni-versidad pública para presentarse, al igual que enmuchos otros espacios rurales y urbanos exclui-dos, como mediadores o garantes de una posible

3 Para detalles del desarrollo de la violencia en estas universidades véanse los capítulos 18 (U. de Huamanga), 19 (U. LaCantuta) y 21 (U. del Centro) del t. V del Informe Final de la CVR: «Historias representativas de la violencia».


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resolución de demandas y expectativas vía la revo-lución armada. Sin poner en consideración si lamarginación es una disfunción del sistema o unacondición necesaria para que este funcione, lo ciertoes que el PCP-SL se localizó en esa falla y su éxitoen los espacios educativos reveló que este fenó-meno estructural tenía un alcance insospechado.4

Así, el PCP-SL buscó explotar antiguas fallashistóricas que atraviesan el Estado y la sociedadperuana. En este sentido, es preciso señalar quela expansión y masificación de la educación du-rante el siglo XX apareció como una demanda so-cial; al mismo tiempo, y aunque parezca contra-dictorio, condujo a fortalecer pero también asocavar al Estado (Wilson 2001). Es decir, si bienla educación funcionó para inculcar una ideologíade Estado y un modelo de modernidad y ciudada-nía con propósitos disciplinarios, también dota-ron de instrumentos ideológicos, técnicos y orga-nizativos a la propia sociedad civil para impugnardichas políticas estatales. En otras palabras, siel sistema educativo peruano fue planteado comoun espacio para articular la dominación del Esta-do también se forjó como arena para impugnardicha hegemonía. En esta dialéctica, maestros ymaestras actuaron como facilitadores de esa do-ble formación. Por un lado, se desempeñabancomo negociadores de la interacción entre Esta-do y sociedad; pero otras veces aparecían im-pugnando los efectos negativos de la moderniza-ción y el poder del Estado.

La CVR señala que durante los años del conflic-to armado interno, el sistema educativo se convirtióen un «importante terreno de disputa ideológica ysimbólica» donde el Estado perdió su hegemonía alno poder asentar la producción de «sentimientos decomunidad nacional». Prevalecieron pedagogíasautoritarias y propuestas de cambio radical solo al-canzables por la vía de la confrontación y la violen-cia. Veamos dos de sus conclusiones:

136: La CVR ha comprobado que el Estado des-cuidó desde décadas el tema educativo. Huboproyectos modernizadores en la década del 60pero fracasaron. Ni la Ley Universitaria ni la Re-forma Educativa de 1972 lograron revertir estatendencia. Tampoco neutralizaron el predomi-nio de pedagogías tradicionales autoritarias […]

139: La CVR encuentra una grave responsabilidaddel Estado: i) en el descuido de la educaciónpública en medio de un conflicto que tenía al siste-ma educativo como importante terreno de disputaideológica y simbólica; ii) en el amedrentamientoy/o la estigmatización de comunidades enterasde maestros y estudiantes de universidadespúblicas, especialmente de provincias; iii) en eldeterioro de la infraestructura de servicios devarias universidades públicas; iv) en haber permi-tido graves violaciones a los derechos humanosde estudiantes y profesores por el hecho de sertales. (CVR 2003: t. VIII: 261-262)

Siguiendo este argumento, podemos decir queexistieron determinadas tendencias que compusie-ron este escenario, contribuyendo a generar una fuertepercepción de exclusión entre maestros y jóvenesuniversitarios. Tales tendencias fueron: el rápido einesperado incremento en el número de maestros deescuela y estudiantes universitarios; el estancamien-to, primero, y decrecimiento, después, de la inver-sión estatal en la educación pública; la desarticula-ción de los planes de estudios debido a la doblepresión ejercida por la lógica de clientelas y la pérdi-da de perfiles profesionales ante la primacía de lopolítico; y, finalmente, la escasa competitividad aso-ciada a la baja capacidad de absorción de profesio-nales por parte del mercado laboral.

Este marco estructural favoreció la produc-ción de discursos antisistémicos que coincidie-ron históricamente con cambios y procesos in-ternos del propio sistema educativo. Nos referimosa la radicalización ideológica bajo el influjo delmarxismo-leninismo de vastas capas de jóvenesmaestros y estudiantes universitarios, así comola traducción de este radicalismo en identidadesy prácticas gremiales de espíritu corporativo quefueron determinantes para acelerar o retraer ladifusión de dichos discursos radicales. A la larga,esta situación permitió que escuelas y aulas uni-versitarias se convirtieran en espacios altamenteprecarios y politizados, propicios para el estable-cimiento de relaciones clientelares y prácticasviolentas, en desmedro de su capacidad de gene-rar aprendizajes y proyectos democráticos.

En otras palabras, la crisis del sistema edu-cativo, el abandono estatal de la educación públi-

4 La referencia obligada para comprender y diseñar políticas públicas sobre la informalidad en los países del Tercer Mundoes Hernando de Soto. Al respecto, es sintomático que sus propuestas de formalización bajo el eje del libre mercado, vía latitulación y la restricción de los controles, no tuviera en cuenta a la educación (De Soto y otros 1986).


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ca, el radicalismo ideológico dogmático y el usoinstrumental de un discurso pedagógico de corteautoritario, fueron elementos que los grupos sub-versivos aprovecharon para la captación y forma-ción ideológica de estudiantes y docentes, espe-cialmente en las facultades de Educación de lasuniversidades nacionales. Estas se convirtieronen el espacio ideal para generar militantes y ex-pandieron su influencia incluso a institutos de for-mación pedagógica, escuelas y academias pre-universitarias.

Fue así que la universidad pública quedó con-vertida en uno de los escenarios principales delconflicto. La politización radical se legitimó sobrela base de un discurso que persuadió a un impor-tante contingente de estudiantes sobre la idea dela ilusión educativa y sobre la proximidad de unainevitable revolución dadas las condiciones apro-piadas. De esta manera, la profesionalización de-bió quedar de lado y la universidad pasó a conver-tirse en un ámbito más de la lucha de clases y, porlo mismo, un campo de acción partidaria; en otraspalabras, en una correa de transmisión de los ob-jetivos que se plantearon las diversas organizacio-nes de izquierda. De esta manera, se asumió comoalgo razonable que en los ciclos básicos se impar-tiera cursos de marxismo, tal como se señaló lí-neas arriba, en tanto hubo un consenso generali-zado en todos estos grupos en que la misión erala formación de revolucionarios al influjo de la cien-cia única, es decir, el marxismo-leninismo.

Sin embargo, todo empieza a variar desdemediados de los años setenta. El agotamientodel reformismo militar y los ajustes económicosque debió realizar en 1975 para corregir la crisisen la balanza de pagos que había provocado, di-namizó la movilización de los sectores popularesurbanos, especialmente una potente clase obreraque había crecido y se había consolidado a partirde las políticas de promoción industrial que seejecutaron durante las dos décadas previas.

Esta situación motiva importantes cambiosde perspectivas en gran parte de la izquierda pe-ruana. Si bien las reformas hechas por el gobier-no militar —muchas de ellas parte de la agendaprogresista de entonces— ya habían implicado elreplanteamiento sobre la naturaleza de la acciónrevolucionaria, la coyuntura que tuvo como mo-mento culminante los paros nacionales de 1977y 1978 indujo cambios tajantes en las organiza-ciones de izquierda en el intento de dejar unaactividad circunscrita a las organizaciones de basey federaciones estudiantiles para pasar a la for-mulación de un proyecto nacional.

Estos cambios condicionaron en gran medi-da la derrota política en las universidades públi-cas de grupos especializados en la confrontacióny la violencia, como Sendero Luminoso. Sin em-bargo, al promediar los años ochenta la situaciónhabía variado. La poca capacidad organizativa yprogramática de las organizaciones integrantesde Izquierda Unida así como la confusión de mu-chos de sus militantes permitió de alguna formala reaparición de las tendencias favorables a laviolencia, ahora bajo el liderazgo senderista.

El resultado fue funesto. La CVR calcula enmás de un centenar el número de estudiantes yprofesores asesinados o desaparecidos por losgrupos subversivos o por la represión de los apa-ratos de seguridad del Estado, como ocurrió enla Universidad del Centro, en Huancayo, y en laUniversidad «La Cantuta», en Lima.5 A dicha si-tuación se sumó en la década de 1990 la inter-vención militarizada y administrativa de seis uni-versidades nacionales, lo que profundizó su crisis.6

Este involuntario protagonismo que adquirie-ron estudiantes y maestros durante el conflictoarmado constituye aparentemente uno de los ras-gos más contrastantes del proceso de violencia,dado que el perfil mayoritario del conjunto de víc-timas del conflicto armado interno se halla pordebajo del nivel educativo secundario promedio.7

5 Esta última fue cuna del magisterio nacional y caso emblemático por el impacto nacional del asesinato de nueve estudiantesy un profesor en 1992. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) nos muestra un panorama de laviolencia en las universidades con diferentes ritmos y momentos. Sin embargo, debemos destacar que la Universidad delCentro en Huancayo fue la casa de estudios que sufrió los golpes más fuertes del conflicto interno. En esta universidad, la CVR

ha constatado la muerte y/o desaparición de 140 personas (entre estudiantes, docentes y trabajadores) tanto por efecto de larepresión de las fuerzas del orden, como del fuego cruzado entre SL y el MRTA, que se disputaban el control de la universidad. 6 Estas fueron: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle«La Cantuta», la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, UniversidadNacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 7 Por otro lado, según un censo que realizó la CVR en el 2002 en los penales Castro Castro y Santa Mónica en Lima, entre 143internos (106 hombres y 37 mujeres) con instrucción superior y acusados de pertenecer al PCP-SL, se constató que el 53%


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Sin embargo, esto es en cierta medida explica-ble. El control del escenario educativo por el PCP-SL, el cual aprovechó los cortocircuitos de un sis-tema educativo incapaz de dar trámite institucionala las demandas de estudiantes y profesores, nosignifica que esa organización haya aplicado al-guna táctica novedosa en estos recintos. La faltade respuesta adecuada del sistema sirvió pararecalcar la inutilidad de insistir en cambios gra-duales —el reformismo, postura que se atribuía aIzquierda Unida— y legitimar la vía de la confron-tación como la única posible. Es decir, estába-mos ante una actitud que solo exacerbó algunascaracterísticas notorias de la acción política de laizquierda en las décadas previas e hizo que Sen-dero Luminoso apareciera como continuador deuna cierta tradición radical frente a la actitud máspolítica que intentaba desarrollar Izquierda Unidadurante esos años que, en el discurso orientadoa la confrontación, era señalada como una trai-ción a los postulados revolucionarios.

Pero esto era un lado de la violencia sende-rista y su engranaje universitario. La actitud vio-lenta también sirvió para formar y reproducir clien-telas a las que no podía ofrecerles solamenterevolución sino cosas más tangibles, siguiendoen este aspecto las mismas formas que habíaadoptado la práctica política universitaria inclusodesde antes de la primacía de la izquierda. Esdecir, a la vez que alimentaba la guerra popular, laviolencia de Sendero Luminoso en las universida-des llevó a distribuir recursos y cargos de respon-sabilidad entre sus simpatizantes, estableciendoasí mecanismos de reproducción que finalmentedependían, paradójicamente, de los recursos queofrecía el Estado al que intentaban destruir.

Pensamos que tomar nota de este marcotemporal puede facilitar una efectiva historizaciónde las motivaciones y sensibilidades que impul-saron a miles de estudiantes a compartir un mis-mo vocabulario político, una visión común delmundo, a participar de una lectura compartida delpasado, una perspectiva única de futuro, y unamisma pasión revolucionaria en la cual el Estado

—caracterizado como semifeudal— así como sudemocracia —calificada como anacrónica y ca-duca— aparecían como simples formalidades quehabía que destruir y reinaugurar.8 Nuestro propó-sito es resaltar los cambios y continuidades deun movimiento que fue transformando su discur-so y su fisonomía en el transcurso del tiempo.

3. Más allá de las memoriasdel pasado

No vamos a hacer aquí un recuento detallado dela historia del proceso de violencia en las univer-sidades. Lo que queremos resaltar es que la mo-vilización política de la juventud universitaria fuecrucial en el proceso de cambios del país, asícomo en la radicalización de las sensibilidadesen las clases populares en distintos momentosde nuestra historia.

Aun así, el último ciclo de protagonismo es-tudiantil tuvo algunas diferencias respecto a lascaracterísticas vistas en otros momentos de efer-vescencia. Ni bien había empezado a ceder el ci-clo de violencia política generado por el senderis-mo, cuando en la segunda mitad de los añosnoventa empezó a gestarse una importante movi-lización antiautoritaria contra el régimen de Fuji-mori, teniendo a la juventud universitaria como unode sus actores clave. Ella fue determinante en laorganización y dirección de dicho proceso, y fueocasión para que sus discursos y expectativassobre la democracia y la política se fueran radica-lizando. Sin embargo, después del entusiasmoinicial este sentimiento movilizador de clara raízdemocrática fue apagándose, en medio de uncontexto que no permitió su consolidación.

Estas nuevas expresiones juveniles conteníandiscursos, formas de organización y acciones quesuponían otra manera de relacionarse con la polí-tica pero, también, muchos elementos que lashacían continuadoras de las viejas formas (Alay-za 2006: 174-5), aun cuando no eran plenamenteconscientes de estas deficiencias, entre otras

(76) ingresaron a la universidad entre 1987 y 1992, y que el 57% (81) fueron capturados entre 1992 y 1994. Las especia-lidades de Educación y Ciencias Sociales fueron las carreras donde más se agrupaban con un 34% (49); y las universida-des de San Marcos y La Cantuta concentraron el 57% (82) del total de estudiantes recluidos. 8 Aquí seguimos la idea de pasión revolucionaria de François Furet: «La pasión revolucionaria exige que todo sea político: porello entiende a la vez que todo está en la historia, comenzando por el hombre, y que todo puede ganarse con una sociedadbuena, pero habrá que fundarla […]» (1995: 44). Al respecto, también podrían ser útiles las nociones de sistema decreencias del historiador Serge Berstein (1998) y la de estructura de sentimientos de Raymond Williams (1980).


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cosas, por la escasez de elementos para interpe-lar y zanjar claramente con el pasado en tanto lainexistencia de soportes políticos que actualiza-ran y transmitieran la experiencia anterior.

Al parecer, entre los participantes en estasjornadas primó un sentido inaugural e impolutode la política que celebraba el purismo ante lasprácticas y formas organizativas anteriores, lo cualle otorgó legitimidad ética pero a costa de limitaren grado extremo el aprovechamiento político deuna situación que tendía a ensanchar el espectrodemocrático del país.

Sin embargo, para comprender a cabalidadesta actitud se debe considerar las limitacionesque impuso el contexto a la acción juvenil univer-sitaria. Como se recuerda, debió formarse enmedio de un ambiente altamente represivo quequedaba como secuela de una intensa actividadcontrasubversiva del Estado en los años anterio-res. Esto condujo a que entre los estudiantesmovilizados incidiera una alta desconfianza quecontribuyó a su aislamiento. Por otro lado, tam-bién debieron emplear muchos esfuerzos y recur-sos para contrarrestar la campaña oficial que loshacía aparecer como terroristas.

Finalmente, esta movilización social no en-contró el espacio político que la integrara en la lu-cha democrática. Para situar en perspectiva el realefecto de su cuestionamiento radical a las organi-zaciones políticas tradicionales, hay que conside-rar el disminuido impacto de estas movilizacionesen un contexto en el que los partidos políticos pro-cesaban una larga crisis de representatividad y lasprincipales organizaciones sociales habían queda-do desestructuradas por la violencia generalizaday la burocratización de sus dirigencias.

Así, fue previsible que más pronto que tardecundiera el retraimiento ante las limitaciones delos canales de representación y participación quese abrieron con la transición democrática, con locual se bloquearon sus posibilidades de incorpo-ración exitosa a la sociedad y al sistema. Anteesta situación, quedaba aún el espacio universi-tario como un ámbito importante en donde estamovilización podía alcanzar su consolidación. Sinembargo, ello no ocurrió pues allí tampoco se pre-sentó una situación que pudiera conducir haciaun claro deslinde con lo ocurrido en el pasado.

Hay, al respecto, dos cuestiones que debensubrayarse. En primer lugar, como se decía lí-neas arriba, algunas de las universidades públi-cas más importantes fueron intervenidas por elgobierno de Fujimori y la caída estrepitosa de esterégimen implicó el retiro de las comisiones inter-ventoras y el inicio de una fase de transición pararestablecer la normalidad administrativa. Lo su-cedido en ellas fue muy parecido a lo que aconte-ció en la dimensión nacional. Es decir, pasada laetapa de expectativas democráticas la siguientetransición democrática adoleció de falta de acto-res políticos y sociales idóneos para conducir elproceso en buen pie.

Las universidades, que debían llevar adelan-te sus propias transiciones, llegaron pronto a unaserie de bloqueos. Ante la carencia de un proyec-to y la poca capacidad de administrar las presio-nes clientelistas, no hallaron mejor forma de res-ponder a la situación que restableciendo las formasde relación que habían sido habituales en las dé-cadas pasadas.

De ellas, el caso más interesante fue el de laUniversidad de San Marcos. Después de finaliza-da la gestión de una comisión de transición en2001 cuya labor dejó serias dudas, se elige unnuevo rector (el historiador Manuel Burga), quienintenta ejecutar un proyecto educativo para mo-dernizarla. Muy pronto debió sacar adelante suprograma de renovación en medio de enormespresiones de redistribución clientelar, lo que origi-nó el alejamiento de la administración de los es-tudiantes y profesores.

En segundo lugar, uno de los posibles resul-tados de este desfase provocado por una transi-ción defectuosa podría ser la regresión de los dis-cursos estudiantiles y la radicalización de susprácticas, recurriendo para ello a formas políticasautoritarias heredadas del radicalismo economi-cista de décadas anteriores en la universidad. Enefecto, luego del incipiente retorno a la democra-cia, creemos que se están radicalizando ciertossectores de la juventud universitaria, que estable-cen en su discurso alguna conexión con el pasa-do político radical en las universidades.9 Ello ocu-rre en medio del vacío político dejado por ladesmovilización de los partidos políticos nacio-nales en las universidades, y la incapacidad de

9 Estos(as) estudiantes no son la mayoría, pero son los que se organizan políticamente, participan en elecciones estudian-tiles, dirigen los gremios de estudiantes, ocupan los tercios estudiantiles y tienen presencia en el Consejo Universitario. Cf.Sandoval (2004).


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inclusión del sistema democrático, que sigue re-produciendo viejas exclusiones e inequidades. Enotras palabras, pensamos que el ciclo de radica-lismo universitario iniciado décadas atrás no seha cerrado completamente y las sensibilidadesradicales (así como sus memorias) siguen laten-tes entre un sector de estudiantes.

No cabe duda de que actualmente el siste-ma educativo sigue siendo un sector sensible apropuestas de confrontación radical. Existen evi-dencias suficientes para mostrar preocupación.Por ejemplo, las constantes pugnas políticas enel Sindicato de Maestros (SUTEP) entre una diri-gencia nacional atrapada en su discurso radical,que a su vez es cuestionada por una facción opo-sitora —igualmente radical— que deshecha todaposibilidad de negociación con el Estado y buscala confrontación directa con sus autoridades. Estatensión se ha visto teñida de acontecimientos vio-lentos, como por ejemplo, la última huelga de ju-nio de 2004 donde la facción disidente del SUTEP

(liderada por Robert Huaynalalla) encabezó envarias ciudades del interior del país una serie detoma de locales gubernamentales y enfrentamien-tos con la policía, con decenas de heridos e ins-talaciones estatales incendiadas.10

En este contexto, resulta necesario que segeneren nuevas preguntas y pistas de investiga-ción que reflexionen sobre los nuevos sentidospolíticos radicales que hoy se vienen gestando enuna nueva generación de estudiantes politizadosde las universidades nacionales. Esto es urgentea la luz de las nuevas tensiones que se vienendesarrollando tras una década de derrota del PCP-SL y en un contexto nacional de posconflicto que,sin embargo, vuelve a presentar dilemas similaresa los producidos a inicios de los años ochenta.

4. Después de la violenciay del Informe Final de la CVR

Transcurridos más de seis años desde la transi-ción a la democracia y casi cuatro años de desdela presentación del Informe Final de la CVR, elescenario es preocupante. Se suponía que la ex-posición de los enormes daños provocados por laviolencia era una manera cabal de persuadirnos

de la necesidad de cancelar definitivamente estavía. Pero la historia reciente muestra evidenciasde que ello no ha sido así e indica que las condi-ciones para que la violencia se vuelva a generarestán presentes y se están desarrollando.

Tres cuestiones podrían marcar la pauta deeste contexto. En primer lugar, los gobernantes ylas fuerzas fácticas del país parecen haber apren-dido a manejar una idea de violencia funcional comoinstrumento de control social. La amplia y profun-da sensibilidad respecto a lo ocurrido en los añosochenta y noventa que ha quedado marcada en lasociedad peruana, es aprovechada para impulsardesde las altas esferas del gobierno periódicascampañas de medios de comunicación que ape-lan a la presencia de un peligro terrorista, frente alcual hay que estar en permanente alerta. De estamanera, el Estado y los gobernantes prefieren asu-mir los costos que implican el uso de mecanis-mos que ahondan las diferenciaciones, la descon-fianza y las exclusiones en el país, para lograr elpasajero y precario beneficio de mantener a la so-ciedad bajo un control signado por el miedo.

En segundo lugar, los dirigentes del principalactor de la violencia política, es decir, SenderoLuminoso, no han reconocido su directa respon-sabilidad en los graves daños que ocasionaron.Esto está lejos de ser una simple tozudez sinsentido. Luego de la captura de su líder, AbimaelGuzmán, consideraron que su misión seguía sien-do la misma de siempre aunque las condicioneseran otras a partir de ese momento. Luego de lacaída del régimen fujimorista y el inicio de la tran-sición democrática, consideraron que había lle-gado el momento de diseñar y llevar a cabo unaestrategia bajo la consigna de «solución políticaa los problemas derivados de la guerra».

En buena cuenta, esto viene significando laconcentración de todos sus recursos en la con-tienda legal, con lo que intentan obtener beneficiospenitenciarios para los sentenciados por terroris-mo y, además, «desenmascarar la falsa legalidaddel estado burgués». Ante esta estrategia —cuyoeje argumental es que los presos de esta organi-zación son combatientes y no terroristas, de locual derivan que los cargos hechos por la justiciaperuana no son ni legítimos ni legales— el Estadono ha construido una respuesta única y contundente.

10 Es muy probable que las diferencias dentro del SUTEP sean más complejas, pero aquí solo queremos enfatizar sustendencias más visibles.


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Pues, mientras que, por un lado, hubo sectoresque consideraron plantear una lucha decidida entérminos jurídicos, por otro lado, están quienes creenque así se está contemporizando con los que aso-laron al país con una violencia injustificable. Así,los dirigentes de Sendero Luminoso plantean uncampo político de confrontación, mientras que lossectores más influyentes del Estado siguen en elerror de creer que se está frente a un problemaexclusivamente militar.

En tercer lugar, esta inoperancia del Estadopara manejar los escenarios posteriores al con-flicto se ha reflejado en la poca capacidad de com-prender y adaptar la institucionalidad del país paraasegurar que no vuelva a ocurrir la experiencia deviolencia reciente. A pesar de las claras y tajan-tes recomendaciones hechas por el Informe Fi-nal de la CVR respecto a la imperiosa necesidadde reformar el Estado para hacerlo más democrá-tico e inclusivo, es poco o nada lo que se ha he-cho; por ejemplo, el sector educativo ilustra demanera elocuente esta inacción.

Así, tenemos un marco en donde la promo-ción del segmento juvenil ha sido prácticamenteinexistente, a pesar de que todas las estadísti-cas muestran que es el sector en donde mayorimpacto ejerce el desempleo y la inseguridad. Deigual forma, después del proceso de violenciapolítica, las universidades públicas han tenido queadecuarse a una normatividad establecida hacemás de veinte años (la ley universitaria de 1983)sin haberse hecho mayores esfuerzos para au-mentar el presupuesto que se les asigna y, sobretodo, elevar la calidad de su gasto así como tam-poco para implementar una vigorosa política defomento a la investigación. En todo caso, solocabría mencionar, como un aspecto positivo, ladecisión de igualar progresivamente los sueldosde los profesores universitarios a los correspon-dientes al escalafón del sistema judicial.

En gran medida, este contexto en el que tie-ne que desenvolverse la universidad pública res-ponde al sentido común impuesto con las refor-mas neoliberales establecidas desde los añosnoventa, bajo el cual la educación también es unaactividad que debe regirse por el mercado y endonde casi no se la toma en cuenta como un fac-tor crucial para lo que se considera actualmenteel desarrollo.

En efecto, aunque la retórica de la moderni-zación neoliberal promete la eficiencia, la profe-sionalización y la vinculación mucho más directa

de la educación superior y de las diferentes disci-plinas con el mercado de trabajo, sus resultadosen el caso peruano han sido muy similares a aque-llos producidos en el terreno económico: la repro-ducción y afianzamiento de las brechas preexis-tentes entre los diferentes centros de formación,provocando una diferenciación extrema entre quie-nes se encuentran incluidos dentro de redes aca-démicas, conocimientos globales y tecnologíasvirtuales, y quienes resultan excluidos de estos.Esta línea divisoria tiende a coincidir, quizá sinmucha sorpresa, con aquella que separa a lasuniversidades privadas de las públicas y a Limadel resto del país.

Tanto o más interesante, mientras algunasuniversidades excluidas (algunas de ellas las másafectadas por el conflicto armado) buscan ade-cuarse al pragmatismo mercantil, homogeneizan-do los contenidos curriculares y haciéndose ecode los saberes hegemónicos como vía hacia unaimaginada inclusión de sus estudiantes en elmercado laboral de sus regiones, otras parecenencerrarse sobre sí mismas, atrincherándose enortodoxias del pasado, tratando inútilmente dehacerse impermeables a los cambios asociadosal tipo de globalización hegemónica. Así, si la pri-mera opción abandona la tradición propia, la se-gunda asume la defensa cerrada y endogámicade la identidad local o regional.

Esto ha proveído el ambiente propicio paraque vuelvan a presentarse una serie de factoresque caracterizaron a estos ámbitos durante lasdécadas pasadas. Bajo los mismos criterios or-ganizativos, sin casi voluntad para plantearse re-formas curriculares en serio, sin mayores recur-sos y malgastados los pocos que hay, no deberíasorprender que en las universidades públicas seesté incubando nuevamente sentidos proclives ala violencia.

Sobre esto último hay que subrayar que unamanera de prolongar hacia el presente los esque-mas contrasubversivos del pasado es la caracteri-zación de algunas universidades como espaciospeligrosos. Esta geografía de la violencia sirve parajustificar la premisa de que la lucha contra el mal,sean los salvajes de antaño, los comunistas delsiglo XX y los terroristas de la actualidad, es enrealidad una guerra infinita en la que el enemigo vacambiando de fisonomía pero es, en esencia, elmismo. En otras palabras, según estos plantea-mientos debemos estar siempre alertas ante los«enemigos de la civilización».


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Es ciertamente claro que el discurso oficialubica a las universidades públicas como uno deestos espacios, lo que, en buena cuenta, formu-la un ambiente subjetivo propenso a relacionar-se con ellas con un alto grado de desconfianza,conflictividad y considerándolas como incapacesde allanarse a criterios racionales de gestión.No está de más recalcar que bajo este ambientede confrontación, se construye en términos deTilly una «desigualdad categorial» (Tilly 2003: 29)entre los actores universitarios y el Estado, lacual en el fondo busca legitimar el uso de la vio-lencia como forma de acortar la desconexiónentre estos dos actores.

Por otro lado, también es cierto que en laactualidad la propia estructura de la universidadprovoca la generación y actuación de especialis-tas en la violencia entre dirigentes estudiantiles,profesores y trabajadores administrativos. Losnumerosos cuellos de botella institucionales sonadministrados sin buscar soluciones sino, por elcontrario, tratando de hacerlos funcionales a al-gunos objetivos grupales. En otras palabras, es-tos grupos tienen su propia dinámica, más alláde que puedan estar vinculados con una entidadmayor —sea un partido, una organización o, in-cluso, las fuerzas del orden—, buscando concen-trar y redistribuir los recursos institucionales me-diante el uso intensivo de la coerción y otrosmecanismos de presión. Para que sea posible laacción violenta, estos grupos deben establecer, asu vez, sus propias fronteras —demarcando loscampos amigos y enemigos—, elaborar historiasrespecto a la continuidad de la violencia e inten-tar que la mayor cantidad de individuos y gruposse incorporen a su lógica (Tilly 2003: 34).

De esta manera, cuando se establece unaconexión mecánica entre práctica favorable a laviolencia dentro de la universidad pública y objeti-vos políticos perseguidos actualmente por la diri-gencia senderista, se está cometiendo un impor-tante error. Es posible que haya más de unimportante vaso comunicante entre ambas ins-tancias pero estos no son por sí solos la explica-ción que puede darse a la restitución del ambien-te violento que parece empezar a primar en lasuniversidades públicas. Como afirmamos párra-fos arriba, habría que comprender sobre todo lasdinámicas internas en las universidades que es-tán permitiendo este estado de cosas.

Así, la sospecha mayor recae sobre una ins-titución universitaria que tiene grandes dificulta-

des para absorber y procesar su experiencia ypara convertirla en memoria institucional. Haceresto le permitiría recomponerse y forjarse unanueva identidad que interpele aquella que se leasigna desde el Estado y que le sirva como factorde legitimación.

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REALIDADES DE POSGUERRA EN EL PERÚ:OMISIONES, NEGACIONES Y SUS CONSECUENCIAS

se terminó de imprimiren los talleres de Gráfica Delvi S.R.L

Av. Petit Thouars 2009, Linceteléfonos 471-7741 / 265-5430en el mes de agosto de 2007

realidades de posguerra en el perú: omisiones, negaciones y sus consecuencias · 2013. 11. 20. ·...

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