Discurso de aperturaHelio Fallas, I Vicepresidente y Ministro de Hacienda25 de febrero del 2016Hotel Intercontinental

Señor Fabricio Zarcone representante del Banco Mundial Señor Rodrigo Parot, Representante en Costa Rica, Banco Interamericano de Desarrollo (BID)Señor Pelayo Castro, Embajador de la Unión EuropeaSeñor Ángel Melguizo, Representante de la Unión EuropeaSeñor Rafael Ortiz, Presidente de la Asamblea LegislativaSeñoras y señores DiputadosSeñora Marta Acosta, Contralora GeneralSeñoras y señores Ministros y viceministrosSeñoras y señores directores del Ministerio de HaciendaAmigos y amigas! El día de hoy nos convoca hablar, una vez más, del déficit fiscal. Como sabemos, un país con altos niveles de déficit y de una creciente deuda pública constituye una amenaza constante para la economía, y por ende para la sociedad. La historia nos muestra que para volver a la senda de equilibrio, los países que se han sumido en crisis fiscales han tenido que hacer ajustes drásticos en el incremento de tributos y en el de gasto, tales como recortes en pensiones congelamiento de las remuneraciones, entre otras. Estos ajustes se reflejan posteriormente en la economía, por medio de efectos como la disminución en la capacidad adquisitiva de los consumidores y del Estado, el aumento del desempleo y las tasas de interés y la contracción de la inversión. La recuperación de una crisis fiscal puede tardar varios años, generando rezagos en el ámbito económico y social.

Como economista, puedo afirmar que el problema fiscal no es una situación que preocupe solo al Gobierno actual, si no que se trata de un problema país, pues en una eventual crisis las consecuencias serán sufridas por todos y más agudas aun en aquellas familias cuya situación económica y social sea de mayor vulnerabilidad.

Considero importante reseñar rápidamente las causas estructurales que provocaron el problema fiscal que debemos enfrentar hoy.

En la vertiente de los ingresos públicos, tenemos una elevada evasión y elusión fiscal. El estudio más reciente de incumplimiento tributario estimó la evasión y la elusión en un 8,22% del PIB, cifra que viene en aumento. Ningún país del mundo tiene evasión cero, pero sí se pueden hacer esfuerzos por reducirla y con esta convicción es que enviamos un Proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal a la Asamblea Legislativa y que actualmente se discute en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Por otro lado, se tienen elevadas exoneraciones que llegan al 6% del PIB, sin embargo la mayor parte de este porcentaje está explicado por el régimen de zona franca y las exoneraciones a la canasta básica.

Otro de los problemas es la desactualización jurídica de los principales impuestos que sustentan la base tributaria. Las leyes del Impuesto General sobre las Ventas y del Impuesto sobre la Renta datan de la década de los años ochenta y responden a una estructura económica muy distinta de la actual. Esta transformación de la estructura productiva, que actualmente descansa sobre servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas, ha hecho que contemos con un sistema tributario desfasado.

Desde la perspectiva del gasto público, uno de los principales detonantes del déficit fiscal ha sido la creación de nuevas obligaciones del Estado, atados a destinos constitucionales o legales, sin que se establezcan nuevas fuentes de ingresos. La creación de destinos específicos limita la asignación de la política presupuestaria porque no se asignan los recursos según la disponibilidad de los mismos, sino según la legislación vigente. Esto generó una fuerte rigidez del Presupuesto Nacional. Un 54% del presupuesto se destina a los mandatos legales y un 33% se asigna a obligaciones constitucionales.

En esta misma línea hay varios hitos que dispararon el gasto entre los años 2008 y 2011. Entre ellos se puede citar: i) el incremento en la partida de remuneraciones como consecuencia de la aprobación de la política salarial conocida como el percentil 50; y ii) la creación de nuevos destinos legales y constitucionales sin financiamiento, tales como el aumento de las transferencias al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y la aprobación de la reforma constitucional para llevar el presupuesto en educación a un a un 8% del PIB. Todas estas nuevas obligaciones elevaron el gasto público, sin considerar las nuevas fuentes de financiamiento.

Las causas estructurales comentadas generaron un déficit fiscal consecutivo que ha crecido por encima del 4% del PIB durante los últimos seis años, una situación nunca vista en las décadas anteriores.

Como consecuencia del incremento del déficit fiscal, la deuda del Gobierno Central aumentó en forma acelerada, pasando de un 25% a un 43% del PIB en siete años. En las condiciones actuales y asumiendo que no se haga ningún ajuste, la dinámica creciente del déficit provocaría que la que la deuda del Gobierno Central supere el 60% del PIB en el 2020 y el 70% en el 2022.

Dado que el desbalance en las finanzas públicas es de índole estructural, su solución requiere medidas del mismo tipo a fin de que logre alcanzar una sostenibilidad en el mediano plazo. De igual manera, este análisis muestra que las causas están tanto en el lado de los ingresos, como en el de los gastos, por lo que las soluciones también deben venir de ambas vertientes.

Para dar solución al problema fiscal, el Ministerio de Hacienda propuso a la Asamblea Legislativa una agenda comprehensiva para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública. Esta agenda consta de: i) Tres iniciativas que pretenden dotar a la Administración Tributaria de potestades y herramientas en la lucha contra el contrabando, la lucha contra el fraude fiscal y en el ordenamiento de las exoneraciones ; ii) Dos proyectos para modernizar los principales impuestos del país (Valor Agregado y Renta); iii) Un proyecto de ley para restablecer el Impuesto a las Personas Jurídicas, que fue declarado inconstitucional por la Sala Cuarta y, finalmente, iv) tres proyectos de ley para desacelerar el gasto público mediante la contribución solidaria de las pensiones de lujo pagadas con recursos del Presupuesto Nacional, la regulación de los saldos superavitarios en la caja única del Estado y el proyecto que modifica el pago por desempeño de los servidores públicos.

La agenda hacendaria que describí anteriormente es solo una parte de la fórmula que para conducir las finanzas públicas hasta una senda sostenible. La implementación de todos los proyectos de ley permitirá la disminución del déficit en el corto y mediano plazo, sin embargo no descarta que el en el futuro este vuelva a crecer. Por ello, esta agenda debe ser completada por otra pieza jurídica que garantice la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo. La pieza que perfecciona la agenda del fortalecimiento hacendario es la propuesta del Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que hoy daremos a conocer. Esta iniciativa, aún en consulta, viene a controlar el crecimiento del gasto corriente mediante una regla fiscal, pero también fortalece la sostenibilidad en el mediano y largo plazo mediante una serie de disposiciones de responsabilidad fiscal que evitarán incrementos futuros en el déficit, y por ende en la deuda.

Esta regla fiscal se rige de varios principios, entre ellos: i) busca salvaguardar el crecimiento económico y la inversión pública, pues solo se regula el crecimiento del gasto de capital en el escenario más gravoso de deuda, de lo contrario podrá asignarse según las prioridades de Gobierno; ii) gradualidad en la implementación para evitar recortes abruptos en el gasto; iii) integralidad pues debe estar acompañada de la reforma tributaria; y iv) la credibilidad de la propuesta, pues se requiere de la disciplina fiscal de todos los actores que administran fondos públicos para que la regla fiscal sea exitosa.

Como mencioné anteriormente, este proyecto de responsabilidad fiscal y los otros proyectos de la agenda hacendaria son propuestas complementarias, que por un lado ayudaran la reducir el déficit, pero por otro mantendrán las finanzas en una senda segura en el futuro. El éxito de esta fórmula radica en su implementación total, por lo tanto es necesario contar con la aprobación de todas las piezas de ley que la integran y con ello para garantizar la desaceleración de la deuda y su sostenibilidad futura. Una implementación parcial de esta agenda francamente resultaría insuficiente. Además se requiere una pronta implementación de todas las piezas de la agenda, pues entre más tiempo pase, el ajuste fiscal a realizar será mayor y más doloroso.

Como país debemos reflexionar seriamente si la situación actual, es la que queremos para Costa Rica, o si por el contrario, somos capaces de encontrar acuerdos mínimos para evitar que un mayor deterioro en las finanzas públicas retrase el avance social de las últimas décadas.

El Presidente Luis Guillermo Solís dijo, el pasado 25 de enero en la firma de la ley de “Reforma al Código Procesal Laboral”, abro comillas: “ Pocas veces, tanto como ahora, necesita la Patria de esta generosidad y de esta visión que nos coloca por encima de intereses y banderías. Pocas veces, tanto como ahora, se hace evidente que estamos obligadas y obligados a asumir con grandeza de espíritu la construcción de los andamios del futuro con perspectiva de Estado; anteponiendo el bien común al particular. Pocas veces se requiere con tanta premura como ahora, de una forma de hacer política, capaz de trascender el pequeño cálculo electoral y colocar en clave de Patria las visiones de la Costa Rica eterna que nos convoca”. Cierro comillas.

Respetuosamente hago mío el llamado del señor Presidente, para solicitar a los diferentes sectores sociales, económicos y políticos que con la visión de unidad y de amor a la patria, construyamos la sociedad y el país que queremos disfrutar, pero sobre todo, el país que deseamos heredar a nuestras futuras generaciones.

Muchas gracias.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (BORRADOR) DEL

PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL