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Boletín N° 12.192-25
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S. E. el Presidente de la República, que
establece nomas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica
otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest.
M E N S A J E Nº 164-366/
Honorable Senado:
En uso de mis facultades
constitucionales, tengo el honor de someter
a vuestra consideración un proyecto de ley
que deroga la ley N° 19.223, establece normas
sobre delitos informáticos y modifica otros
cuerpos legales con el objeto de adecuar su
regulación al Convenio de Budapest.
I. ANTECEDENTES
Las nuevas tecnologías desarrolladas en
la economía digital permiten recolectar,
tratar, almacenar y transmitir grandes
cantidades de datos a través de sistemas
informáticos, cambiando la forma de
comunicarse entre las personas, así como
también la manera en que se llevan a cabo
diversas actividades laborales, comerciales
y de servicios, incluidos aquellos de
carácter o utilidad pública.
Tal situación también ha implicado el
surgimiento de nuevos riesgos y ataques
contra bienes jurídicos social y penalmente
relevantes, algunos de los cuales no se
encuentran protegidos desde la óptica penal.
A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL H.
SENADO.
2
Estas formas delictivas han sido
categorizadas por la doctrina dentro del
concepto amplio de “criminalidad mediante
computadoras”, considerando en ella a “todos
los actos antijurídicos según la ley penal
vigente (o socialmente perjudiciales y por
eso penalizables en el futuro), realizados
con el empleo de un equipo automático de
procesamiento de datos” (Tiedemann, Kaus,
Poder Económico y Delito, pág. 122).
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia
del Consejo de Europa, conocido como el
“Convenio de Budapest”, constituye el primer
tratado internacional sobre delitos
cometidos a través de Internet y de otros
sistemas informáticos. Fue elaborado por
expertos del Consejo de Europa, con ayuda de
especialistas de otros países ajenos a la
organización, como Estados Unidos, Canadá y
Japón.
El Convenio de Budapest entró en vigor
el 1° de julio de 2004 y, a la fecha, ha
sido ratificado por cincuenta y tres
Estados. Además, cabe señalar que han sido
invitados a hacerse Parte del referido
Convenio otros Estados no miembros del
Consejo de Europa, entre ellos Argentina,
Chile, Colombia, México y Perú.
En estos términos, el principal
objetivo del Convenio es el desarrollo de
una política criminal común frente a la
ciberdelincuencia, mediante la homologación
de los conceptos fundamentales y del
tratamiento de la legislación penal,
sustantiva y procesal, así como del
establecimiento de un sistema rápido y
eficaz de cooperación internacional.
Nuestro país promulgó el Convenio a
través del Decreto Nº 83 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, con fecha 27 de abril
del 2017, entrando posteriormente en
vigencia el 28 de agosto del mismo año. En
ese orden de ideas, el contenido del mismo y
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los compromisos internacionales adquiridos
por nuestro país –sin perjuicio de las
reservas hechas en su oportunidad- se han
vuelto mandatorios.
Lo anterior tiene lugar en un mundo
globalizado, en el cual Chile no se
encuentra ajeno a este fenómeno criminal,
unido al aumento del acceso a Internet y
otros dispositivos electrónicos, de modo que
resulta indispensable una actualización a
nuestra legislación en esta materia.
A mayor abundamiento, de acuerdo a la
IX Encuesta Acceso y Uso Internet (diciembre
de 2017), encargada por la Subsecretaría de
Telecomunicaciones, el 87,4% de los hogares
chilenos manifiesta tener acceso a Internet.
En ese mismo orden de ideas, estudios
realizados por la propia Subsecretaría de
Telecomunicaciones dan cuenta que, en el
periodo comprendido entre diciembre de 2013
y septiembre de 2017, aumentó en más de 9,3
millones de accesos el índice de penetración
a Internet.
Asimismo, el Programa de Gobierno 2018-
2022, Construyamos Tiempos Mejores para
Chile, en el capítulo “Un Chile seguro y en
paz para progresar y vivir tranquilos”,
entre los principales objetivos y medidas
para la seguridad ciudadana, comprometió
actualizar la ley de delitos informáticos y
crear una fuerza de respuesta ante
ciberemergencias (pág. 137).
Desde el año 1993, Chile cuenta con la
ley N° 19.223, que tipifica Figuras Penales
Relativas a la Informática, legislación que
no ha sido modificada desde su dictación,
debiendo tenerse a la vista que en la época
de su entrada en vigencia, Internet era
apenas un fenómeno incipiente y de escaso
acceso a la ciudadanía. En el mismo sentido,
las herramientas de persecución penal en
esta materia datan del año 2000, fecha de
dictación del Código Procesal Penal, que han
devenido en insuficientes para una adecuada
4
investigación en este tipo de ilícitos y con
ello, resguardar los derechos de todos los
intervinientes en el respectivo
procedimiento.
Todo esto se sitúa en un contexto de
ataques cibernéticos en nuestro país, que
han afectado a algunas entidades privadas
que desarrollan actividades económicas
sensibles para las personas, que han sido de
público conocimiento y de alto interés para
la ciudadanía, situaciones que hemos
condenado enérgicamente y han motivado
acelerar nuestra agenda de trabajo en estas
materias, en sintonía con nuestro compromiso
de progresar y vivir tranquilos en un Chile
seguro y en paz, lo que naturalmente también
se extiende al ciberespacio y a la economía
digital.
II. FUNDAMENTOS
El cibercrimen es un fenómeno que se
caracteriza por un fuerte componente de
naturaleza transnacional, pues el
ciberespacio no reconoce fronteras físicas,
permitiendo iniciar la ejecución de una
conducta ilícita en un Estado, generar sus
efectos en otro y aprovecharse de las
ganancias en un tercero, pudiendo producirse
todo en forma instantánea, debido a que el
desarrollo tecnológico basado en la
interconexión global permite lograrlo a bajo
costo, con menores riesgos y con altos
niveles de eficacia. Lo anterior hace
imperativo actualizar nuestra normativa de
conformidad a los estándares internacionales
vigentes.
En dicho contexto, y como se ha
señalado precedentemente, nuestro país ha
ratificado el Convenio sobre la
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y,
en consecuencia, su normativa se ha vuelto
imperativa luego de su aprobación por parte
del Congreso Nacional. Aquello, por sí
mismo, debiese ser argumento y sustento
suficiente para la promoción de profundas
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medidas normativas en materia de delitos
informáticos en nuestro país.
En ese marco de ideas, se hace presente
que el propio Convenio de Budapest hace un
relevante hincapié en que una legislación
sobre la materia no puede únicamente
contener tipos penales, sino que aquéllos
deben ser complementados con una normativa
procesal que entregue recursos que permitan
investigaciones eficaces atendidas las
especiales características de la
ciberdelincuencia. La ley N° 19.223 no
contiene ninguna modificación o referencia
al Código Procesal Penal, así como tampoco
dispone por sí de modificaciones en relación
al tratamiento de la recopilación de
antecedentes de investigación en el marco de
este tipo de delitos.
Pero la relevancia de esta materia no
se radica exclusivamente en dar cumplimiento
a este compromiso internacional asumido por
nuestro país. En efecto, de conformidad a un
informe presentado por la Policía de
Investigaciones de Chile en abril de 2018,
los delitos informáticos habrían aumentado
en un 74% en el año 2017, en relación al
2016. Entre ambos años, también resulta
relevante que dicho aumento se vio reflejado
en todas las regiones del país, con
excepción de la Región de Arica y
Parinacota.
Adicionalmente, la actualización de la
regulación normativa atingente a los delitos
informáticos forma parte de los pilares de
la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-
2022, cuyo texto señala de forma textual:
“La actualización de nuestra legislación,
impulsada por la decisión de adherir a la
Convención sobre Ciberdelitos del Consejo de
Europa, la mejor y fortalecimiento de
normativa actual y la creación de medidas
transversales en lugares de sectoriales,
constituyen importantes objetivos en este
ámbito”, de forma que la actualización de
nuestra normativa sobre delitos informáticos
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no puede ser entendida sino como parte
integrante de esta política nacional.
La ley Nº 19.223, que Tipifica Figuras
Penales Relativas a la Informática, creó los
primeros delitos que se consideraron propios
del ámbito informático, sobre la base de la
realidad de la época, centrando su
protección en el sistema de tratamiento de
información. En cuatro artículos, sanciona
el acceso –con ánimo de apropiación, uso o
conocimiento– a información contenida en
redes informáticas, el daño de los sistemas
de tratamiento de información, así como el
daño y divulgación de los datos contenidos
en dichos sistemas.
Las virtudes de la ley N° 19.223 han
sido opacadas con el paso del tiempo y
avance tecnológico, no sólo por las nuevas
formas de criminalidad cibernética, sino
también porque tempranamente se detectaron
vacíos legales, cuya inconveniencia se fue
acentuando con el tiempo, pues mientras los
medios tecnológicos se sofisticaban, junto
con las prácticas delictuales asociados a
ellas, la ley previamente citada se ha
mantenido inalterada y sin modificación
alguna a lo largo de todos estos años.
Actualmente, es unánime la conclusión que se
requiere de una actualización del catálogo
de delitos informáticos, teniendo a la vista
la evolución de las tecnologías de la
información y la comunicación, y de dar un
trato más comprensivo del contexto en que
este tipo de ilícitos son cometidos, pues
las actuales carencias no sólo se radican en
la falta de una tipificación moderna y
eficaz, sino también en la falta de medios
suficientes para desarrollar las
investigaciones penales relativas a delitos
informáticos.
Se hace presente que la necesidad de
actualizar nuestra legislación penal en
estas materias ha sido un diagnóstico
compartido por diversos mensajes y mociones
parlamentarias, tales como el Mensaje N° 13-
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348, de 25 de septiembre de 2002, presentado
en el gobierno del ex presidente Ricardo
Lagos Escobar; el Boletín N° 2974-19, de 19
de junio de 2002, presentado por los en ese
entonces honorables diputados señores Darío
Paya Mira, Sergio Correa de la Cerda, Camilo
Escalona Medina, Patricio Walker Prieto,
Iván Norambuena Farías, Juan Bustos Ramírez,
Andrés Egaña Respaldiza, Pablo Longueira
Montes, Iván Moreira Barros y Rosauro
Martínez Labbé; y el Boletín N° 10145-07, de
18 de junio de 2015, presentado por los
honorables diputados de la época, señora
Marisol Turres Figueroa y señor Arturo
Squella Ovalle.
Finalmente, sobre la discusión en torno
a la posibilidad de incluir estas materias
en nuestro actual Código Penal, se ha
estimado pertinente y en consideración de
las características propias de estos tipos
de delito, mantenerlo como una ley de
carácter especial, en atención a los
múltiples bienes jurídicos protegidos, no
sólo la integridad o confiabilidad de la
información contenidas en sistemas de
información. Asimismo, esta regulación a
través de una ley especial permite generar
un sistema normativo que fomente la
compresión y especialización en estas
materias, con el propósito de proteger de
manera más efectiva los derechos de los
usuarios de la red.
III. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
El proyecto de ley deroga la ley N°
19.223, con el objeto de establecer una ley
especial que contenga de manera integral las
nuevas formas delictivas surgidas a partir
del desarrollo de la informática. De esta
manera se pretende llenar los vacíos o
dificultades que ha tenido nuestro
ordenamiento penal en la persecución de
ciertas conductas que, incluso, no eran
concebibles a la época de dictación de la
ley N° 19.223.
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1. Enmiendas sustantivas
a. Reformulación de los tipos penales
contenidos actualmente en la ley
N° 19.223 y adecuación de la nueva
normativa a las disposiciones del
Convenio de Budapest
Se modifica el tratamiento que se
entrega actualmente al sabotaje y espionaje
informático, contenidos en los artículos 1,
2 y 3 de la ley N° 19.223, adecuándolos a
las figuras penales reconocidas en el
Convenio de Budapest, a saber: acceso
ilícito a todo o parte de un sistema
informático, ataque a la integridad del
sistema y de los datos informáticos.
b. Interceptación ilícita
Se agrega el delito de interceptación o
interferencia indebida y maliciosa de las
transmisiones no públicas entre sistemas
informáticos, y la captación ilícita de
datos transportados mediante emisiones
electromagnéticas de sistemas informáticos,
en concordancia con el delito de
interceptación ilícita contenido en el
Convenio de Budapest.
c. Falsificación Informática
Se incorpora el delito de falsificación
informática, contenido en el Convenio de
Budapest, que comprende la maliciosa
introducción, alteración, borrado o
supresión que genere datos no auténticos con
el propósito de hacerlos pasar como
“auténticos o fiables” por un tercero.
d. Fraude informático
Tal como se explicaba latamente en el
Mensaje N° 13-348, enviado durante el
Gobierno del ex presidente Lagos, la figura
conocida como “fraude informático”, a juicio
de algunos puede considerarse incluida
dentro del tipo penal de estafa, pero en
“aquellos ámbitos donde se han automatizado
procesos de trabajo que antes desarrollaban
personas físicas, al punto que en muchos
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casos la actividad autónoma de un sistema
informático no sólo sirve de apoyo para la
toma de decisiones, sino que dentro de
determinado marco es el encargado de tales
“decisiones”. En este contexto, la
manipulación informática puede ciertamente
dar lugar a resultados perjudiciales para el
patrimonio de determinadas personas, pero
sin que resulte clara la concurrencia de un
engaño ni del error correlativo ni,
consecuentemente, de una disposición
patrimonial fundada en un error, tal como
requiere el tipo penal de estafa”.
Por lo anterior, se considera relevante
agregar un delito específico para sancionar
este tipo de conductas, consistente en la
defraudación a otro utilizando la
información contenida en un sistema
informático al que se hubieren introducido
ilegítimamente datos informáticos o
aprovechándose de la alteración, daño o
supresión de documentos electrónicos o de
datos transmitidos o contenidos en un
sistema informático.
e. Abuso de dispositivos
El Convenio de Budapest, en su artículo
6, señala que “Cada Parte adoptará las
medidas legislativas y de otro tipo que
resulten necesarias para tipificar como
delito en su derecho interno la comisión
deliberada e ilegítima de los siguientes
actos:
a. la producción, venta, obtención
para su utilización, importación, difusión
u otra forma de puesta a disposición de:
i. cualquier dispositivo,
incluido un programa informático, concebido
o adaptado principalmente para la comisión
de cualquiera de los delitos previstos en
los artículos 2 a 5 del presente Convenio;
ii. una contraseña, código de
acceso o datos informáticos similares que
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permitan acceder a todo o parte de un
sistema informático, con intención de que
sean utilizados para cometer cualquiera de
los delitos contemplados en los artículos 2
a 5, y
iii. la posesión de alguno de los
elementos contemplados en los incisos i) o
ii) del apartado a) del presente artículo
con intención de que sean utilizados para
cometer cualquiera de los delitos previstos
en los artículos 2 a 5. Las Partes podrán
exigir en su derecho interno la posesión de
un número determinado de dichos elementos
para que se considere que existe
responsabilidad penal.”.
Al respecto, nuestro país formuló la
siguiente reserva: “La República de Chile
expresa, de conformidad al artículo 6,
párrafo 3 del Convenio sobre la
Ciberdelincuencia, que no aplicará el
párrafo 1 del mismo Artículo, en la medida
que ello no afecte la venta, distribución o
cualesquiera otras formas de puesta a
disposición de los elementos mencionados en
el inciso 1 a) ii) del citado Artículo 6”.
Debido a la reserva expresada respecto
del denominado delito de “abuso de los
dispositivos”, se propone al Honorable
Congreso Nacional tipificar a quien para la
perpetración de los delitos de ataque a la
integridad del sistema o datos informáticos,
acceso ilícito e interceptación ilícita, o
aquellos contenidos en el artículo 5º de la
Ley sobre Extravío, Robo o Hurto de Tarjetas
de Crédito o Débito, ley N° 20.009,
entregare u obtuviere para su utilización,
importare, difundiere o realizare otra forma
de puesta a disposición un dispositivo,
programa computacional, una contraseña,
código de acceso o datos informáticos
similares que permitan acceder a todo o
parte de un sistema informático, creados o
adaptados principalmente para la
perpetración de los delitos ya señalados.
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f. Establecimiento de circunstancias
modificatorias de la
responsabilidad penal
Se agregan circunstancias
modificatorias de responsabilidad penal, ya
sea para atenuar o agravar la misma. En
efecto, se establece como atenuante la
colaboración relevante que permita el
esclarecimiento de los hechos, la
identificación de sus responsables; o sirva
para prevenir o impedir la perpetración o
consumación de otros delitos de igual o
mayor gravedad contemplados en el nuevo
cuerpo legal, pudiendo rebajar hasta un
grado la pena.
A su vez, se disponen agravantes
relativas al uso de tecnologías de
encriptación con la finalidad de inutilizar
u obstaculizar la acción de la justicia, así
como la comisión del delito abusando de una
posición privilegiada de garante o custodio
de los datos contenidos en un sistema de
información, en razón del ejercicio de un
cargo o función.
Finalmente, debido a los últimos
ataques informáticos que se han conocido en
nuestro país, se ha hecho evidente la
relevancia de prevenir y proteger
especialmente ciertos servicios de utilidad
pública. Es por ello, que se establece una
regla para aumentar la pena en un grado
cuando se afecte o altere la provisión o
prestación de servicios de utilidad pública
por delitos de perturbación al sistema
informático o ataque a los datos
informáticos.
2. Reglas de procedimiento
El proyecto dispone la creación de un
Título II, en el cual se incorporan reglas
especiales para esta clase de procedimientos
junto con modificaciones al Código Procesal
Penal como se indicará posteriormente,
orientadas a permitir una adecuada y eficaz
investigación de esta clase de delitos, tal
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como se ha comprometido internacionalmente
nuestra país, a través de la suscripción del
Convenio de Budapest.
De esta manera, la propuesta normativa
que por este acto sometemos a vuestra
consideración, dispone:
a. Sin perjuicio de la aplicación de
las reglas generales que contiene nuestra
normativa adjetiva criminal, se concede
legitimación activa al Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, delegados
presidenciales regionales y delegados
presidenciales provinciales cuando las
conductas afecten servicios de utilidad
pública.
b. Se permite el uso de técnicas
especiales de investigación cuando existan
sospechas fundadas, basadas en hechos
determinados, de la participación de
asociaciones ilícitas o agrupaciones de dos
o más personas que realicen alguno de los
delitos descritos en la ley, siempre y
cuando medie la respectiva autorización
judicial. Esto se refiere a agentes
encubiertos, informantes, entregas
vigiladas y controladas e interceptación de
comunicaciones.
c. Se fija una regla especial de
comiso, relacionada con los instrumentos
del delito informático, los efectos y demás
utilidades que se hubieran originado. En
caso que ello fuese imposible, se podrá
decomisar una suma de dinero equivalente al
valor de los bienes mencionados.
d. Sobre la evidencia digital, se
señala que los procedimientos para su
preservación y custodia deberán ajustarse a
las instrucciones generales que dicte el
Fiscal Nacional, con el objeto de evitar
que producto de su carácter volátil y su
fácil destructibilidad, terminen haciendo
naufragar las indagatorias.
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3. Otras disposiciones
a. Se fija un artículo que incluye
las definiciones de “datos informáticos” y
“sistema informático”, idénticas a los
contenidos en el Convenio de Budapest.
Estas definiciones son relevantes en
atención al contenido de esta propuesta
legislativa.
b. Se realizan ciertas modificaciones
en el Código Procesal Penal, a saber:
i. Se agrega el artículo 218 bis
sobre preservación provisoria de datos
informáticos, en concordancia con los
artículos 16 y 17 del Convenio de Budapest.
ii. Se modifica en su integridad
el artículo 219, fijando un procedimiento
detallado para la entrega, previa
autorización por parte de un juez de
garantía, de datos o información acerca de
las comunicaciones transmitidas o recibidas
por las empresas concesionarias de servicio
público de telecomunicaciones que presten
servicios a los proveedores de acceso a
Internet y también a estos últimos. Además,
se establecen sanciones en caso de
incumplimiento de dichas medidas.
iii. Se modifica el artículo 222,
tanto en el epígrafe como en el inciso
quinto, reemplazándolo por nuevos incisos
“quinto, sexto, séptimo y octavo”, que, a
modo general, obligan a las empresas
concesionarias de servicio público de
telecomunicaciones que presten servicios a
los proveedores de acceso a Internet y
también a estos últimos a cumplir las
medidas de investigación señaladas en dicho
artículo; establecen la obligación de
retener datos relativos al tráfico en
ciertas circunstancias; definen a este tipo
de dato; y fijan la obligación de secreto
de este tipo de medidas por los encargados
de realizar las respectivas diligencias.
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c. Se agregan los delitos
informáticos en la ley Nº 20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las personas
jurídica.
En consecuencia, tengo el honor de
someter a vuestra consideración, el
siguiente
P R O Y E C T O D E L E Y:
“TÍTULO I
DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y SUS SANCIONES
Artículo 1°.- Perturbación informática. El que maliciosamente
obstaculice o perturbe el funcionamiento de un sistema
informático, a través de la introducción, transmisión, daño,
deterioro, alteración o supresión de datos informáticos, será
castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a
máximo. Si además se hiciere imposible la recuperación del
sistema informático en todo o en parte, se aplicará la pena de
presidio menor en su grado máximo.
Artículo 2°.- Acceso ilícito. El que indebidamente acceda a
un sistema informático será castigado con presidio menor en su
grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias
mensuales.
El que indebidamente acceda con el ánimo de
apoderarse, usar o conocer la información contenida en un
sistema informático, será castigado con presidio menor en su
grado mínimo a medio.
Si en la comisión de las conductas descritas en
este artículo se vulnerasen, evadiesen o transgrediesen medidas
de seguridad destinadas para impedir dicho acceso, se aplicará
la pena de presidio menor en su grado medio.
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Artículo 3°.- Interceptación ilícita. El que indebida y
maliciosamente intercepte o interfiera la transmisión no
pública de información entre los sistemas informáticos, será
castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio.
El que capte ilícitamente datos contenidos en
sistemas informáticos a través de las emisiones
electromagnéticas de los dispositivos, será castigado con
presidio menor en su grado medio a máximo.
Artículo 4°.- Daño informático. El que maliciosamente altere,
borre o destruya datos informáticos, será castigado con
presidio menor en su grado medio, siempre que con ello se cause
un daño serio al titular de los mismos.
Artículo 5º.- Falsificación informática. El que
maliciosamente introduzca, altere, borre, deteriore, dañe,
destruya o suprima datos informáticos con la intención de que
sean tomados o utilizados a efectos legales como auténticos,
será sancionado con la penas previstas en el artículo 197 del
Código Penal, salvo que sean o formen parte de un instrumento,
documento o sistema informático de carácter público, caso en
que se sancionará con las penas previstas en el artículo 193 de
dicho cuerpo legal.
Artículo 6°.- Fraude informático. El que, causando perjuicio
a otro y con la finalidad de obtener un beneficio económico
ilícito para sí o para un tercero, utilice la información
contenida en un sistema informático o se aproveche de la
alteración, daño o supresión de documentos electrónicos o de
datos transmitidos o contenidos en un sistema informático, será
penado:
1) Con presidio menor en sus grados medio a
máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales,
si el valor del perjuicio excediera de cuarenta unidades
tributarias mensuales.
2) Con presidio menor en su grado medio y
multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si el
valor del perjuicio excediere de cuatro unidades tributarias
mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias
mensuales.
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3) Con presidio menor en su grado mínimo y
multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, si el
valor del perjuicio no excediere de cuatro unidades tributarias
mensuales.
Si el valor del perjuicio excediere de
cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se aplicará la
pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna
a treinta unidades tributarias mensuales.
Artículo 7º.- Abuso de los dispositivos. El que para la
perpetración de los delitos previstos en los artículos 1 a 4 de
esta ley o de las conductas señaladas en el artículo 5° de la
ley N° 20.009, entregare u obtuviere para su utilización,
importare, difundiera o realizare otra forma de puesta a
disposición uno o más dispositivos, programas computacionales,
contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos
similares, creados o adaptados principalmente para la
perpetración de dichos delitos, será sancionado con la pena de
presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco a diez
unidades tributarias mensuales.
Artículo 8°.- Circunstancia atenuante especial. Será
circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal, y
permitirá rebajar la pena hasta en un grado, la cooperación
eficaz que conduzca al esclarecimiento de hechos investigados
que sean constitutivos de alguno de los delitos previstos en
esta ley o permita la identificación de sus responsables; o
sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de
otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en esta
ley; siempre que, en todo caso, dichos delitos fueren a
ejecutarse o se hubieren ejecutado por una agrupación u
organización conformada por dos o más personas, o por una
asociación ilícita.
Se entiende por cooperación eficaz el
suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y
comprobables, que contribuyan necesariamente a los fines
señalados en el inciso anterior.
El Ministerio Público deberá expresar, en la
formalización de la investigación o en su escrito de acusación,
si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los
fines señalados en el inciso primero.
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La reducción de pena se determinará con
posterioridad a la individualización de la sanción penal según
las circunstancias atenuantes o agravantes comunes que
concurran; o de su compensación, de acuerdo con las reglas
generales.
Artículo 9°.- Circunstancias agravantes. Constituyen
circunstancias agravantes de los delitos de que trata esta ley:
1) Utilizar tecnologías de encriptación sobre
datos informáticos contenidos en sistemas informáticos que
tengan por principal finalidad la obstaculización de la acción
de la justicia.
2) Cometer el delito abusando de una posición
privilegiada de garante o custodio de los datos informáticos
contenidos en un sistema informático, en razón del ejercicio de
un cargo o función.
Asimismo, si como resultado de la comisión de
las conductas contempladas en los artículos 1° y 4°, se
interrumpiese o altere el funcionamiento de los sistemas
informáticos o su data y esto afectase o alterase la provisión
o prestación de servicios de utilidad pública, tales como
electricidad, gas, agua, transporte, telecomunicaciones o
financieros, la pena correspondiente se aumentará en un grado.
TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 10º.- Sin perjuicio de las reglas contenidas en el
Código Procesal Penal, las investigaciones a que dieren lugar
los delitos previstos en esta ley también podrán iniciarse por
querella del Ministro del Interior y Seguridad Pública, de los
delegados presidenciales regionales y de los delegados
presidenciales provinciales, cuando las conductas señaladas en
esta ley interrumpieren el normal funcionamiento de un servicio
de utilidad pública.
Artículo 11º.- Cuando la investigación de los delitos
contemplados en esta ley lo hiciere imprescindible y existieren
fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de la
participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u
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organización conformada por dos o más personas, destinada a
cometer estos ilícitos, el Ministerio Público podrá aplicar las
técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226 del
Código Procesal Penal, conforme lo disponen dichas normas, y
siempre que cuente con autorización judicial.
De igual forma, cumpliéndose las mismas
condiciones establecidas en el inciso anterior, el Ministerio
Público, y siempre que cuente con autorización judicial, podrá
utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes
en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes
encubiertos e informantes, en la forma regulada por los
artículos 23 y 25 de la ley N° 20.000, siempre que fuere
necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos,
establecer la identidad y la participación de personas
determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o
comprobarlos.
Los resultados de las técnicas especiales de
investigación establecidas en este artículo no podrán ser
utilizados como medios de prueba en el procedimiento cuando
ellos hubieren sido obtenidos fuera de los casos o sin haberse
cumplido los requisitos que autorizan su procedencia.
Artículo 12º.- Sin perjuicio de las reglas generales, caerán
especialmente en comiso los instrumentos de los delitos penados
en esta ley, los efectos que de ellos provengan y las
utilidades que hubieren originado, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica.
Cuando por cualquier circunstancia no sea
posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a
una suma de dinero equivalente a su valor.
Artículo 13º.- Sin perjuicio de las reglas generales, los
antecedentes de investigación que se encuentren en formato
electrónico y estén contenidos en documentos electrónicos o
sistemas informáticos o que correspondan a datos informáticos,
serán tratados en conformidad a los estándares definidos para
su preservación o custodia en el procedimiento respectivo, de
acuerdo a las instrucciones generales que al efecto dicte el
Fiscal Nacional.
19
TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 14º.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:
a) Datos informáticos: Toda representación de
hechos, información o conceptos expresados en cualquier forma
que se preste a tratamiento informático, incluidos los
programas diseñados para que un sistema informático ejecute una
función.
b) Sistema informático: Todo dispositivo
aislado o conjunto de dispositivos interconectados o
relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus
elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en
ejecución de un programa.
Artículo 15º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
primero transitorio de esta ley, derógase la ley N° 19.223.
Toda referencia legal o reglamentaria a dicho cuerpo legal debe
entenderse hecha a esta ley.
Artículo 16º.- Modifícase el Código Procesal Penal en el
siguiente sentido:
1) Agrégase el siguiente artículo 218 bis:
“Artículo 218 bis.- Preservación provisoria
de datos informáticos. El Ministerio Público con ocasión de una
investigación penal podrá requerir, a cualquiera de las
empresas concesionarias de servicio público de
telecomunicaciones que presten servicios a los proveedores de
acceso a Internet y también a estos últimos, la conservación o
protección de datos informáticos o informaciones concretas
incluidas en un sistema informático, que se encuentren a su
disposición hasta que se obtenga la respectiva autorización
judicial para su entrega. Los datos se conservarán durante un
período de 90 días, prorrogable una sola vez, hasta que se
autorice la entrega o se cumplan 180 días. La empresa requerida
estará obligada a prestar su colaboración y guardar secreto del
desarrollo de esta diligencia.”.
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2) Reemplázase el artículo 219, por el
siguiente:
“Artículo 219.- Copias de comunicaciones o
transmisiones. El juez de garantía podrá autorizar, a petición
del fiscal, que cualquier empresa concesionaria de servicio
público de telecomunicaciones que preste servicios a los
proveedores de acceso a Internet y también estos últimos,
facilite datos o informaciones acerca de las comunicaciones
transmitidas o recibidas por ellas. Respecto de las
comunicaciones a que hace referencia el artículo 222 de este
Código, se regirán por lo señalado en dicha disposición. Del
mismo modo, podrá ordenar la entrega de las versiones que
existieren de las transmisiones de radio, televisión u otros
medios.
La entrega de los antecedentes previstos en
el inciso anterior deberá realizarse en el plazo que disponga
la resolución judicial. Si el requerido estimare que no pudiere
cumplir con el plazo, en atención al volumen y la naturaleza de
la información solicitada, deberá comunicar de dicha
circunstancia fundadamente al tribunal, dentro del término
señalado en la resolución judicial respectiva.
Para dar cumplimiento a lo previsto en los
incisos precedentes, las empresas señaladas en el inciso
primero deberán disponer de una persona que tendrá a su cargo,
no necesariamente de forma exclusiva, dar respuesta a los
requerimientos del Ministerio Público. Asimismo, las empresas
deberán tomar las medidas pertinentes para que dicho encargado
cuente con las atribuciones y las competencias que le permitan
entregar de manera expedita la información que sea requerida.
La negativa o retardo injustificado de
entrega de la información señalada en este artículo facultará
al Ministerio Público para requerir al juez de garantía,
autorización para el ingreso al domicilio, sin restricción de
horario, de la empresa en que se encuentren los sistemas
informáticos que contengan la información requerida y copiarla.
El juez autorizará esta medida en caso que se cumplan los
supuestos previstos en este artículo, debiendo comunicar dicha
autorización por la vía más expedita posible, sin perjuicio de
remitir con posterioridad la resolución respectiva.
Si, a pesar de las medidas señaladas en
este artículo, la información no fuere entregada, podrá ser
requerida al representante legal y al gerente general de la
empresa de que se trate, bajo apercibimiento de arresto.”.
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3) Modifícase el artículo 222 de la siguiente
manera:
a) Reemplázase el epígrafe por el
siguiente: “Intervención de las comunicaciones y conservación
de los datos relativos al tráfico.”.
b) Reemplázase el inciso quinto actual
por los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo y octavo
nuevos:
“Las empresas concesionarias de
servicio público de telecomunicaciones que presten servicios a
los proveedores de acceso a Internet y también estos últimos,
deberán dar cumplimiento a esta medida, proporcionando a los
funcionarios encargados de la diligencia las facilidades
necesarias para que se lleve a cabo con la oportunidad con que
se requiera.
Las empresas y proveedores mencionados
en el inciso anterior deberán mantener, con carácter reservado
y adoptando las medidas de seguridad correspondientes, a
disposición del Ministerio Público a efectos de una
investigación penal en curso, por un plazo no inferior a dos
años, un listado y registro actualizado de sus rangos
autorizados de direcciones IP y de los números IP de las
conexiones que realicen sus clientes o usuarios, con sus
correspondientes datos relativos al tráfico, así como los
domicilios o residencias de sus clientes o usuarios. La
infracción a lo dispuesto en este inciso será castigada según
las sanciones y el procedimiento previsto en los artículos 36 y
36 A de la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones.
Para efectos de este artículo se
entenderá por datos relativos al tráfico, todos los datos
relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema
informático, generados por este último en tanto elemento de la
cadena de comunicación, y que indiquen el origen, la
localización del punto de acceso a la red, el destino, la ruta,
la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o
el tipo de servicio subyacente.
Asimismo, los encargados de realizar
la diligencia y los empleados de las empresas mencionadas en
este artículo deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo
que se les citare como testigos al procedimiento.”.
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Artículo 17º.- Modifícase la ley N° 20.393, que establece la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos
de cohecho que indica, en el siguiente sentido:
1) Intercálase en el inciso primero del
artículo 1, entre “Nº 18.314” y “y en los artículos 250”, la
expresión “, en el Título I de la ley que sanciona delitos
informáticos”.
2) Intercálase en el inciso primero del
artículo 15, entre “Código Penal,” y “y en el artículo 8°”, la
expresión “en el Título I de la ley que sanciona delitos
informáticos”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero transitorio.- Las modificaciones introducidas
por el Título I de la presente ley solo se aplicarán a los
hechos delictivos cometidos con posterioridad a la entrada en
vigencia de la misma. En consecuencia, las normas de la Ley N°
19.223, continuarán vigentes para todos los efectos relativos a
la persecución de los delitos perpetrados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo segundo transitorio.- Mientras no sean nombrados los
delegados presidenciales regionales y provinciales a los que se
refiere esta ley, se entenderá que dichos cargos corresponderán
a los intendentes y gobernadores, respectivamente.
Artículo tercero transitorio.- El artículo 16 de la presente
ley comenzará a regir transcurridos 90 días desde su
publicación.”.
Dios guarde a V.E.
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República
ANDRÉS CHADWICK PIÑERA
Ministro del Interior y
Seguridad Pública
HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos