PROPUESTA SOBRE DERECHO A LA INFORMACIÓN

PARA EL PROGRAMA DE MICHELLE BACHELET.

Autor : Héctor VERA VERA. Periodista , Doctor en Comunicación Social

(Bélgica) y profesor universitario.

Garantizar el derecho a la información está fundado en la Declaración Universal de

Derecho Humanos, que va unido al derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento

y de manifestar creencias y recibir los aportes que genera la actividad científica,

artística, politica, cultural, tal como se observa en los articulos 18,19 y 27 1 de dicha

Declaración.

Desde la recuperación democrática (1989) el sistema medial chileno ha estado

funcionando siguiendo las condiciones del mercado de la información y de la

entretención, generando una gran insatisfacción en amplios sectores de la población. .

En este cuadro general, tanto la sociedad civil como el Estado han tenido una escasa

participación. Es el mercado el que ha regulado toda la producción y el consumo de la

información que circula por los medios masivos.

Esta estructura ha generado un sistema medial donde predomina una industria cultural

con poca variedad de voces, con agendas temáticas demasiado concentradas en escasos

temas de poco valor informativo. La televisión abierta particularmente se ha

concentrado en programas de entretención, de farándula, reality y en general ocupa poco

tiempo en aportar elementos para que la población y los ciudadanos puedan conocer

mejor su entorno, la actualidad, los intereses en juego, formarse opinión y tomar

decisiones.

La instalación de Internet y su desarrollo junto a las telecomunicaciones y la cibernética

están produciendo cambios sustantivos en la forma de gobernar y de ser gobernados, en

la manera de relacionarnos, en la velocidad y los volúmenes de información que circula,

en el paso de una estructura pasiva de las audiencias a otra de carácter interactivo.

1 Artículo 18.

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 27.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

La realidad descrita, genera nuevos desafíos porque la “memoria social” externa a los

sujetos con base en Internet, crece de manera exponencial y el acceso oportuno a ella,

como su evaluación y asimilación se hace cada vez más difícil. Los países que quieren

ciudadanos bien informados , deben tener políticas que garanticen el acceso equilibrado

de diferentes sectores de la población a la información medial como a la que se instala

en las redes sociales .

Las principales características actuales del sistema medial chileno son:

Concentración en pocos grupos económicos de los principales canales de

difusión en los diarios, radios y en la televisión..

Baja exigencia de los públicos por cambiar la oferta de los medios a quienes se

les ha ido acostumbrando a la información chatarra. Se ha desarrollado, con

sobradas razones, más el derecho a la educación en la población chilena que el

derecho a una información de calidad, fiable, oportuna y gratuita, la que sin duda

forma parte también del proceso de formación del conjunto de la población.

Una oferta basada en la dinámica del mercado donde en general la calidad de la

información es incompatible con los costos, predominando la emoción y la

entretención , el impacto, el morbo, el crimen despiadado…por sobre la entrega

de datos, de información útil a la población. A este fenómeno de

espectacularización de los contenidos y formas de los mensaje en los medios se

le denomina la “industria cultural”. Y esta industria cultural en Chile debe ser

más regulada para que se modifiquen algunas conductas no deseadas y se de

paso a las expresiones culturales y políticas más diversas.

La agenda temática de los medios es reducida a pocos temas, pocos actores,

escasas fuentes y casi nula contrastación de fuentes,

La televisión abierta, principal canal de difusión, está dominada por la farándula,

la ficción, los reality, los docureality, reduciendo los espacios para la cultura, la

educación y la información de calidad. Escasean los espacios de debates de ideas

y opiniones, los reportajes de calidad, casi no hay periodismo interpretativo y de

opinión en los canales de televisión y se desconoce lo que ocurre en el mundo y

en Latinoamérica en general. Y la nueva ley que se discute en el Congreso

(senado actualmente) pretende hacer concesiones para la televisión digital a los

mismos actuales operadores y dejar fuera a nuevos emisores que pueden darle

más diversidad a la oferta televisiva que multiplica por cuatro las actuales

señales.

El canal nacional de televisión (TVN) debe operar con las reglas del mercado

para autofinanciarse , debilitando o, anulando y distorsionando su verdadera

misión de canal público, que debiera aportar a la cultura y a la información lo

que afecta la totalidad del sistema medial.. El diario LA NACION vive una

existencia agónica en el gobierno del Presidente Piñera, privando a la población

de conocer directamente la sensibilidad del gobierno en diversas materias de

interés público.

La pluralidad de voces es escasa en el plano ideológico, político, editorial y

cultural. En democracia actualmente hay menos medios escritos que los que

había en los últimos años de la dictadura militar.

El sistema medial chileno está usando las nuevas tecnologías de la

infocomunicación de manera intensiva aunque no siempre de manera apropiada

para generar participación o memoria histórica. Desde este punto de vista

estamos frente a un sistema medial actualizado y con claras ideas de cómo

aumentar el negocio, pero sin compromiso con la calidad y con baja

responsabilidad social empresarial.

La digitalización de la información ha permitido facilitar la entrega de servicios

del estado a la población, como es el caso de Impuestos Internos, Registro Civil

y muchos servicios del Estado que operan diversas prestaciones por esta vía.

Esto facilita también el diálogo entre autoridades y sociedad civil. No obstante

hay mucho camino que mejorar en este ámbito.

La superación y mejoramiento de estas condiciones descritas son posibles gracias a

una política de Estado bien establecida, que tome las siguientes medidas:

1. En la nueva Constitución se debe expresamente aludir a la Declaración

Universal de Derechos Humanos sobre el derecho a la información y donde el

Estado debe garantizar la libre circulación y expresión de todas las personas y

organizaciones en la entrega, circulación y recepción de información..La actual

ley de transparencia del Estado debe incluir la misma obligatoriedad a las

empresas privadas que a las de carácter público para que los periodistas tengan

acceso efectivo a las fuentes de información, sin discriminación.

2. Establecer, como lo pide el Colegio de Periodistas de Chile, tres áreas de

propiedad en el sector de los medios de difusión masiva :

a. Area privada dedicada a comercializar sus productos y servicios, tal

como operan en la actualidad.

b. Área pública o estatal que debe garantizar una información oportuna y

útil para la sociedad donde están TVN y LA NACION, y podrían haber

otros medios de semejante naturaleza y también las Municipalidades

podrán dotarse de diversos medios de difusión con participación

ciudadana

c. La tercera área es la social en donde diversas organizaciones no

gubernamentales participen de los procesos de emitir , difundir y captar

información y entretención y en tal sentido pueden optar a

subvenciones del Estado.

3. Propiciar una nueva ley de libre circulación de la información que iguale el

acceso a emitir y recibir información de las personas y a las organizaciones de

diversa naturaleza. Terminar con la exclusividad del empleo de las señales

satelitales de televisión y permitir que las señales de libre disposición

establecida por los propios emisores sea captada, sin interferencia por cualquier

usuario.

4. En particular sobre televisión digital se debe permitir el máximo de voces y de

participación de todos los sectores de la población chilena, que las

universidades, municipalidades, corporaciones educativas , deportivas, artísticas,

culturales tengan acceso real a la realización de programas y a la operación de

señales.

5. Dotar a Televisión Nacional de un nuevo estatuto, que permita cumplir las

finalidades de una televisión pública, que termine con el autofinanciamiento

total y disponga de recursos para realizar programas no necesariamente de alto

raiting..

6. Disponer de un fondo del desarrollo y fomento de la información periodística en

que profesionales del área y personas de la sociedad civil puedan hacer

reportajes que aporten datos, explicaciones, descripciones sobre diversos temas

de interés general: alternativas energéticas para Chile, desarrollo de las

provincias y regiones, información sobre la salud, sobre las drogas, los

transgénicos, debate sobre la ingenieria genética, cómo funcionan los sistemas

sociales y políticos en otros países de america latina….Garantizar la publicación

y la difusión de estas producciones en diversas plataformas para que los

beneficioes de este esfuerzo sean ampliamente compartidos..

7. Los medios de difusión, cualquiera sea su naturales, deben responder

plenamente por la información que difunden, deben contemplarse sanciones a

los que divulgan encuestas sesgadas que no cumplen con los estándares del rigor

científico básico y cumplir con los cánones propios de las empresas con

responsabilidad social.

8. Disponer de un observatorio universitario que monitore la conducta de los

medios escritos, electrónicos, radiales, televisivos y en diversos campos

temáticos, reúna , clasifique información y genere la metainformación

correspondiente , evalué y distribuya estos resultados entre los interesados con

vista a retroalimentar el sistema medial en las tres áreas para que mejore la

producción informativa en beneficio de la población en su conjunto.

9. El Estado debe hacer inversiones para que sus servicios públicos utilicen de

manera apropiada las nuevas tecnologías de la infocomunicación, mejorando los

servicios a los usuarios. Esto debe incluir el voto electrónico tomando los

resguardos y las garantías que se expresen con observadores internacionales

para cautelar la confianza en el proceso de votación, permitir realizar consultas

populares para resolver determinadas materias que estén establecidas en la

Nueva Constitución.