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Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

para la Provincia de Almería

DOCUMENTO 0: Junio 2012

Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para la provincia de Almería

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Índice

1. INTRODUCCIÓN6

1.1. ANTECEDENTES

1.2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.3. DEFINICIONES

1.4. MARCO LEGAL

1.4.1. MARCO COMPETENCIAL

1.4.2. NORMATIVA APLICABLE

1.4.3. PLANES Y PROGRAMAS

2. DIAGNOSIS

2.1. DESCRIPCIÓN TERRITORIAL

2.2. GENERACIÓN DE RCD EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

2.2.1 ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RCD A PARTIR DE DATOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

2.2.2. ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RCD A PARTIR DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

2.2.3. ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RCD A PARTIR DE LOS DATOS DE LICENCIAS DE OBRA Y DEMOLICIÓN

2.2.4. ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RCD A PARTIR DE LOS DATOS DEL PARQUE DE VIVIENDAS

2.2.5. ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RCD POR SECTORES GEOGRÁFICOS

2.3. INSTALACIONES EXISTENTES DE TRANSFERENCIA, TRATAMIENTO Y VERTEDEROS CONTROLADOS DE RCD

2.3.1. UBICACIÓN DE LAS ZONAS EXISTENTES DE ACOPIO DE RCD EN LA PROVINCIA

2.3.2. PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

2.3.3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE NUEVAS ZONAS DE ACOPIO

2.3.4. GESTIÓN DE RCD EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EXISTENTES

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS FLUJOS DE RCD

2.5. INVENTARIO DE CANTERAS QUE ABASTECEN DE MATERIAS PRIMAS Y DE CANTERAS ABANDONADAS

2.6. INVENTARIO DE VERTEDEROS INCONTROLADOS

2.7. TRANSPORTE DE RCD

2.8. PREVISIÓN DE GENERACIÓN DE RCD POR TIPOS Y ÁREAS GEOGRÁFICAS PARA EL PERÍODO 2010-2020

2.8.1. PREVISIONES DE GENERACIÓN DE RCD DE ACUERDO CON EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ALMERÍA

2.8.2. PREVISIONES DE GENERACIÓN DE RCD DE ACUERDO CON LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN

ALMERÍA.

2.8.3. PREVISIONES BASADAS EN LOS PLANES URBANÍSTICOS VIGENTES Y PREVISIONES DE EXPANSIÓN URBANÍSTICA

EN LA PROVINCIA.

2.8.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS POR TIPOS

2.9. DATOS FINALES DE GENERACIÓN DE RCD

2.10. CONCLUSIONES


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3. PLAN DE ACCIÓN

3.1. OBJETIVOS

3.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

3.2.1. PREVENCIÓN DE RCD

3.2.2. PRESENTACIÓN Y RECOGIDA

3.2.3. TRANSPORTE

3.2.4. REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RCD

3.2.5. EMPLAZAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RCD

3.2.5.1. TIPOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RCD

3.2.5.2. ESCENARIO DE INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RCD

3.2.5.3. EMPLAZAMIENTOS PROPUESTOS

3.3. SELLADO Y CLAUSURA DE VERTEDEROS INCONTROLADOS

3.3.1. INVENTARIO DE VERTEDEROS INCONTROLADOS

3.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS VERTEDEROS EN FUNCIÓN DE SU IMPACTO ASOCIADO

3.3.2.1. IMPACTO PAISAJÍSTICO

3.3.2.2. IMPACTO SOBRE LOS ECOSISTEMAS

3.3.2.4. IMPACTO SOBRE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

3.3.2.5. IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA

3.3.2.6. IMPACTO SOBRE LA SALUD PÚBLICA

3.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS VERTEDEROS EN FUNCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS

3.3.3.1. RIESGO ASOCIADO A LA ESTABILIDAD GEOTÉCNICA

3.3.3.2. RIESGO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

3.3.3.3. RIESGO DE VERTIDOS A LAS AGUAS

3.3.3.4. RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA

3.3.3.5. RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

3.3.4. PRIORIZACIÓN Y DISEÑO DE ACTUACIONES

3.4. MODELO DE GESTIÓN DE LOS RCD

3.5. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

3.5.1. PÚBLICO OBJETIVO

3.5.2. CONTENIDOS

3.5.2.1. PROGRAMA FORMATIVO

3.5.2.2. PROGRAMA INFORMATIVO

3.6. ESTUDIO ECONÓMICO

3.6.1. ESTIMACIÓN DE COSTES DE INVERSIÓN

3.6.2. ESTIMACIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN

3.6.3. FINANCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS


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4. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

Anexo I: Programa de Sellado y Recuperación de espacios degradados por vertidos de RCD.

Anexo II: Modelo de ordenanza municipal sobre la gestión de RCD.

Anexo III: Contenidos actividades formativas.


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Índice de Tablas

Tabla 1. Evolución de la población de la provincia de Almería desde 1995 a 2008

Tabla 2. Distribución de la población de la provincia de Almería por municipios

Tabla 3. Sectores geográficos, consorcios y municipios asociados a la gestión de RSU

Tabla 4. Evolución del Valor Añadido Bruto (VAB) total y de la construcción para Andalucía y Almería a

precios de mercado y sus componentes (oferta) en miles de euros

Tabla 5. Cálculo de ratios de generación de RCD (toneladas) por VAB de la construcción (millones de €)

para la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Tabla 6. Estimación de la generación de RCD en Almería a partir de ratios de generación de RCD

(toneladas) por VAB de la construcción (millones de €) para la Comunidad Valenciana y Cataluña

Tabla 7. Evolución de la población en la provincia de Almería en número de habitantes y porcentaje de

variación respecto al año previo (2000-2008)

Tabla 8. Estimación de la generación de RCD por tipo de obra y superficie

Tabla 9. Licencias municipales de obra, número de viviendas y superficie para la provincia de Almería en

2008 por tipos.

Tabla 10. Estimación del parque de viviendas en la provincia de Almería para el período 2001-2008.

Tabla 11. Estimación de la generación de RCD por sectores geográficos de la provincia de Almería (2008).

Tabla 12. Cantidades de RCD gestionadas anualmente por las plantas de tratamiento existentes en la

provincia de Almería (en t).

Tabla 13. Canteras de materias primas y abandonadas existentes en la provincia de Almería.

Tabla 14. Vertederos incontrolados con superficie inferior a 5.000 m2 en la provincia de Almería.

Tabla 15. Vertederos incontrolados con superficie entre 5.000 m2 y 10.000 m

2 en la provincia de Almería.

Tabla 16. Vertederos incontrolados con superficie superior a 10.000 m2 en la provincia de Almería.

Tabla 17. Evolución de la población y la generación de RCD en la provincia de Almería 2000-2020 (en

cursiva y fondo azul las previsiones futuras).

Tabla 18. Previsiones de generación de RCD en la provincia de Almería según predicciones VAB

construcción para el período 2010-2020 (en cursiva y fondo azul las previsiones futuras).

Tabla 19. Comparativa de la composición de los RCD por tipo de obra según PROGROC con datos de

entrada proporcionados por la planta de Reciclados Almerienses 2005 (media 2006-2008).

Tabla 20. Resumen de estimaciones de generación de RCD basadas en actividad económica y población

(en cursiva y fondo azul las previsiones futuras).

Tabla 21. Valores estimados de generación de RCD anuales para el periodo 2000-2020 (en cursiva y

fondo azul las previsiones futuras).

Tabla 22. Composición de los RCD anuales ( en porcentajes ) gestionados por Reciclados Almerienses

2005 y categorías de residuos LER EQUIVALENTES.


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Tabla 23. Valores estimados de generación de RCD anuales ( en toneladas ) por categorias de residuos

LER para el periodo 2000-2020 (en cursiva y fondo azul las previsiones futuras)

Tabla 24. Estimación de costes de Inversión de la planta de tratamiento de RCD y el vertedero de inertes.

Tabla 25. Estimación de costes de Inversión de las planta de transferencia y selección de RCD.

Tabla 26. Estimación de costes de explotación de la planta de tratamiento de RCD y el vertedero de

inertes.


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1. Introducción

1.1. Antecedentes

Tienen la consideración de residuos de construcción y demolición aquellos que proceden tanto de

la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la demolición de

inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de reforma de viviendas y

locales.

En la actualidad, la principal problemática ambiental asociada a los residuos generados por las

obras de construcción y demolición en la provincia de Almería se debe a una gestión insuficiente

que conlleva el vertido incontrolado de parte de dichos residuos. En este contexto, los retos a

alcanzar para estos residuos, tal y como se recoge en el presente Programa de Gestión y

Prevención de Residuos de Construcción y Demolición para la provincia de Almería, se focalizan

en la eliminación de los vertederos incontrolados de escombros existentes en la provincia y el

establecimiento de un sistema de gestión que, en consenso con los agentes implicados

(administraciones, constructores, promotores, canteros, etc.), priorice la prevención,

reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, y la deposición controlada en vertedero

únicamente cuando no existan otras alternativas viables, dando así cumplimiento a la legislación

vigente aplicable.

1.2. Objeto y ámbito de aplicación

El Programa de Gestión y Prevención de RCDs para la provincia de Almería se plantea como reto

articular un modelo de gestión eficiente que permita cumplir con las obligaciones y los objetivos

legales derivados de la legislación comunitaria, nacional y autonómica que afecta a este tipo de

residuos y tiene como objetivo regular aquellas acciones encaminadas a prevenir, minimizar,

corregir, solucionar o, en su caso, impedir los efectos que los residuos de construcción y

demolición (RCD) puedan tener sobre los recursos naturales, el medio ambiente y la calidad de

vida, dando a los mismos el destino más adecuado de acuerdo con sus características.

En cuanto al ámbito de aplicación, si bién desde un punto de vista conceptual la definición de

residuo de construcción y demolición abarca a cualquier residuo que se genere en una obra de

construcción y demolición, realmente la legislación existente limita este concepto a los residuos

codificados en la Lista Europea de Residuos, aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de

febrero, en el capítulo 17 (Residuos de construcción y demolición), que se divide en los siguientes

subcapítulos:

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,

17 02 Madera, vidrio y plástico

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos


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alquitranados

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de

drenaje.

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que

contienen amianto.

17 08 Materiales de construcción a partir del yeso.

17 09 Otros residuos de construcción y demolición.

Por otra parte, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y

gestión de residuos de construcción y demolición distingue a efectos de separación los siguientes

grupos bien diferenciados:

- Hormigón y escombro limpio

- Ladrillos, tejas, cerámicos

- Metal

- Madera

- Vidrio

- Plástico

- Papel y cartón.

En base a ello, los residuos considerados dentro del ámbito de aplicación del presente Programa

serán los codificados en la Lista Europea de Residuos como de Construcción y Demolición, con la

exclusión del suelo no contaminado excavado y otros materiales naturales excavados durante las

actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que estos materiales se utilizarán con

fines de construcción en su estado natural en el lugar u obra donde fueron extraídos, o en una

obra distinta o actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, cuando pueda acreditarse

de forma fehaciente su destino a reutilización.

El ámbito de aplicación territorial del Programa será toda la provincia de Almería, la cual será

dividida en zonas geográficas con la finalidad de optimizar la gestión de este tipo de residuos,

teniendo en cuenta los principios de autosuficiencia y proximidad.

1.3. Definiciones

Los siguientes términos han sido recogidos del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, de la Ley

22/2.011 de Residuos y suelos contaminados, del Decreto 73/2012 por el que se aprueba el

Reglamento de Residuos de Andalucía y de la Ley 7/2.007 de Gestión Integrada de la Calidad

Ambiental.

Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la

obligación de desechar.


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Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas

enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, los que tengan tal calificación de acuerdo con el

artículo 66.2 de la Ley 18/2003 y aquellos que pueda aprobar el Gobierno de la Nación de

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los

que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido.

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición

de «Residuo» se genere en una obra de construcción o demolición.

Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble,

tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación

deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo,

tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de

aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias

extractivas.

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la

misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la

obra o al final de la misma, tales como:

plantas de machaqueo,

plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento,

plantas de prefabricados de hormigón,

plantas de fabricación de mezclas bituminosas,

talleres de fabricación de encofrados,

talleres de elaboración de ferralla,

almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y

plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.

Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un

domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa

entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las

instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto

firmado por profesionales titulados.

Productor de residuos de construcción y demolición:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o

demolición. En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la

consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien

inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.


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2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro

tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de

residuos de construcción y demolición.

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su

poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que

ejecute la obra de construcción o demolición, tales como las personas constructoras,

subcontratistas o trabajadoras autónomas. En todo caso, no tendrán la consideración de

poseedor de residuos de construcción y demolición quienes trabajen por cuenta ajena en la

correspondiente obra.

Gestión de residuos: la recogida, el almacenamiento, el transporte y tratamiento de los residuos,

incluida la vigilancia de estas operaciones, así como la clausura y el mantenimiento posterior al

cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente.

Gestor de residuos: la persona o entidad pública o privada, registrada mediante autorización o

comunicación, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los

residuos, sea o no el productor de los mismos.

Negociante de residuos: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra

y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los

residuos.

Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por

encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión físicamente de los residuos.

Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de

distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir:

1º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el

alargamiento de la vida útil de los productos.

2º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos

generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía.

3º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación,

limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan

convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación

previa.

Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que

no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para que fueron concebidos.

Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la

valorización o eliminación.


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Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que

cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o

su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o

mejorando su comportamiento en el vertedero.

Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o

eliminación, durante el tiempo establecido en la normativa básica u otro inferior fijado

reglamentariamente para cada tipo de residuo y operación.

Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y

almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.

Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según

su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.

Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad

original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero

no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como

combustibles o para operaciones de relleno.

Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad

útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función

particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la

economía en general.

Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga

como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.

Subproducto: sustancia u objeto resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria

no sea la producción de esa sustancia u objeto, cuando se cumplan todas las condiciones

siguientes:

1º. Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado

ulteriormente.

2º. Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a

una transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual.

3º. Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de

producción.

4º. Que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos,

así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca impactos

generales adversos para los mismos.

5º. Que su consideración como subproducto esté aprobada mediante la correspondiente

orden ministerial.

Materia prima secundaria: los objetos o sustancias residuales de un proceso de producción,

transformación o consumo, que se utilicen de forma directa como producto o materia prima en


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un proceso que no sea de valorización, en el sentido definido por la normativa sobre residuos y

sin poner en peligro la salud humana, ni causar perjuicios al medio ambiente.

De acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), se definen los siguientes tipos de

plantas para la gestión de los RCD:

Plantas de Transferencia: son instalaciones para el depósito temporal de residuos de la

construcción que han de ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a cierta distancia.

Su cometido principal es agrupar residuos y abaratar costes de transporte, si bien en ocasiones se

efectúa en ellas algún proceso menor de selección y clasificación de las fracciones de los residuos,

buscando mejorar las características de los RCD enviados a plantas de tratamiento y a vertederos.

Plantas de Tratamiento: son instalaciones de tratamiento de RCD, cuyo objetivo es seleccionar,

clasificar y valorizar las diferentes fracciones que contienen estos residuos, con el objetivo de

obtener productos finales aptos para su utilización directa, o residuos cuyo destino será otro

tratamiento posterior de valorización o reciclado, y si este no fuera posible, de eliminación en

vertedero. Pueden ser fijas o móviles:

Plantas fijas: son instalaciones de reciclaje ubicadas en un emplazamiento cerrado,

con autorización administrativa para el reciclaje de RCD, cuya maquinaria de reciclaje

(fundamentalmente los equipos de trituración) son fijos y no operan fuera del

emplazamiento donde están ubicados.

Plantas móviles: están constituidas por maquinaria y equipos de reciclaje móviles que

se desplazan a las obras para reciclar en origen o a centros de valorización o

eliminación para operar temporalmente en dichas ubicaciones.

Vertederos controlados: son instalaciones para el depósito definitivo de RCD (por encima de los

plazos establecidos en la legislación de vertederos) y que deben cumplir los requisitos del RD

1481/2001 que les sea de aplicación.

1.4. Marco legal

1.4.1. Consideración jurídica de los residuos de construcción y demolición. Distribución

de competencias.

Según lo dispuesto en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados, el Decreto 73/2012 por

el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, y de conformidad con el Real Decreto

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de residuos de construcción y

demolición, este tipo de residuos tendrá la consideración jurídica de:

a) Municipales o Domésticos, cuando se generen en las obras consideradas “obras menores

de construcción y reparación domiciliaria” según la definición incluida en este Programa y

en el Real Decreto 105/2008. Por tanto, es competencia de las administraciones locales la


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regulación de su régimen de producción y gestión, así como la vigilancia, inspección y

sanción, conforme a lo regulado en las ordenanzas locales.

b) No Municipales o Industriales, los generados en las obras de construcción o demolición

no contempladas en la letra anterior, por lo que compete a la Administración autonómica

la regulación del régimen jurídico de su producción y gestión, así como la vigilancia,

inspección y sanción.

1.4.2. Marco competencial

La Ley 22/2.011 de Residuos y suelos contaminados, que sustituye a la anterior Ley 10/1.998,

establece en su artículo 12.2, que corresponde a las Entidades Locales:

a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos

domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en la

establezcan sus respectivas ordenanzas. La prestación de este servicio corresponde a

los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.

b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el

ámbito de sus competencias.

c) Las Entidades Locales podrán, entre otras actuaciones:

- Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia.

- A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos

peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que

adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la

forma y lugar adecuados.

- Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier

otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades

podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante

asociación de varias Entidades Locales.

En el caso de la legislación estatal específica sobre residuos de construcción y demolición, el Real

Decreto 105/2008 determina que las comunidades autónomas y las entidades locales

colaborarán y se prestarán la asistencia mutua que pudieran precisar para el cumplimiento de las

funciones que, respectivamente, les atribuye la legislación sobre residuos, en particular en

relación con la autorización, vigilancia, inspección y sanción de la producción, posesión y gestión

de residuos de construcción y demolición.

A nivel autonómico, el artículo 9 del nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía, establece que

las administraciones locales serán competentes para la gestión de los residuos municipales en el

marco previsto en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, en la Ley 7/2.007, de 9 de


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julio, en la Ley 5/2.010, de 11 de junio, y demás normativa específica en materia de régimen

local.

Particularmente, establece que corresponde a los municipios:

a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos

domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que

establezcan sus respectivas ordenanzas. La prestación de este servicio se podrá llevar a

cabo de forma independiente o asociada.

b) La recogida de los residuos peligrosos domésticos para su entrega a la persona o entidad

gestora autorizada.

c) La vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias

d) Las entidades locales podrán:

- Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia.

- Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados

en las industrias en los términos que establezcas sus respectivas ordenanzas, sin

perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por su

mismos en los términos previstos en el artículo 17.3 de la Ley 22/2011. Cuando la

entidad local establezca su propio sistema de gestión, podrá imponer de manera

motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los

residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema

en determinados supuestos.

- A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos

peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que

adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen

en la forma y lugar adecuados.

- Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier

otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades

podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante

asociación de varias Entidades Locales.

e) Cualesquiera otras que, en relación con los residuos, le sean atribuidas por el

ordenamiento jurídico.

Mas concretamente, en el ámbito de los residuos de construcción y demolición, y de

conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley 7/2.007 de Gestión Integrada de la

Calidad Ambiental, de 9 de julio, se atribuye a la administración local:

a) El establecimiento de un sistema de fianzas, en las condiciones que se establecen en

el Reglamento de Residuos de Andalucía.

b) La supervisión de la producción de residuos de construcción y demolición en las obras

de su competencia.

c) La adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición que sean de su

competencia conforme lo dispuesto en el Reglamento de Residuos de Andalucía.


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En esta línea, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de

Residuos de Andalucía, instan a los entes locales a la aprobación de una ordenanza que regule la

prevención, producción, posesión, transporte, gestión y destino de los residuos de construcción y

demolición en su ámbito territorial de actuación así como los mecanismos para el cálculo, la

prestación y el retorno de la fianza.

Por último, la Ley 5/2.010 de Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 9 enumera las

competencias propias de los municipios andaluces. En el número 5 se establece la competencia

para la ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida, tratamiento de

residuos sólidos urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la

reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.

Así también, en su artículo 11, y como competencia propia de las provincias, se regulan las

competencias de asistencia a los municipios, entre las que cabe destacar y con la finalidad de

asegurar el ejercicio integro de la competencias municipales, la asistencia técnica de elaboración

de planes y disposiciones. Esta asistencia técnica en el artículo 12 se concreta en la redacción de

ordenanzas y reglamentos municipales, así como de cualquier otra disposición normativa.

1.4.3. Normativa aplicable

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,

relativa a los residuos (Directiva Marco de Residuos) establece el marco jurídico de la Unión

Europea para la gestión de los residuos, proporciona los instrumento que permiten disociar la

relación existente entre crecimiento económico y producción de residuos, haciendo especial

hincapié en la prevención, entendida como el conjunto de medidas adoptadas antes de que un

producto se convierta en residuos, para reducir tanto la cantidad y contenido de sustancias

peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente de los

residuos generados.

Entre las novedades introducidas por esta Directiva y que son aplicables al presente Plan de

Gestión destacan:

- Incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos, que ha de

centrarse en la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras formas de

valorización, incluida la valorización energética y aspira a transformar la Unión Europea en

una “sociedad del reciclado” y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

- Se crea la obligación de establecer programas de prevención dentro de la planificación de los

residuos que incorporen objetivos cuantificados e indicadores para su control, así como la

descripción de las medidas existentes y la evaluación de la utilización de las medidas

indicadas en la propia directiva u otros. La finalidad de los objetivos y medidas es romper el

vínculo entre crecimiento económico y el crecimiento de la generación de residuos.


15

- Se establecen unos porcentajes objetivo para la actividad de preparación para la reutilización

y el reciclaje (incluido el compostaje) del 50% en peso de los residuos urbanos y el 70% por

los residuos procedentes de la construcción para el año 2020.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición, establece los requisitos mínimos de su producción y

gestión, con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el

adecuado tratamiento de los destinados a eliminación.

Entre las obligaciones que impone al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de un

estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la misma.

El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un plan

de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se aplicará el

estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la

documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados

umbrales, se exige la separación de los residuos de construcción y demolición en obra para

facilitar su valorización posterior.

De las anteriores obligaciones se excluye a los productores y poseedores de residuos de

construcción y demolición en obras menores de construcción y reparación domiciliaria, habida

cuenta de que tienen la consideración jurídica de residuo urbano y estarán, por ello, sujetos a los

requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales.

El régimen de control de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y

demolición se basa en la necesaria colaboración entre las comunidades autónomas y las

entidades locales para el cumplimiento de las competencias que, respectivamente, les atribuye la

legislación sobre residuos. No obstante, se contempla la posibilidad del establecimiento, en los

términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, de un mecanismo de control

vinculado a la obtención de la licencia de obras, mediante la constitución por parte del productor

de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda del cumplimiento de los

requisitos del real decreto y, en particular, de la gestión de los residuos de construcción y

demolición que se producirán en la obra.

El Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el establecimiento de

sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o el de

aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación.

Cabe destacar que, en aquellas obras en que las administraciones públicas intervengan como

promotores, se establece que éstas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos

de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos procedentes de su

valorización.

Por otra parte, en el artículo 14, determina que los planes sobre residuos de construcción y

demolición o las revisiones de los existentes que aprueben las comunidades autónomas o las

entidades locales, deberán contener como mínimo:


16

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán

durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos

peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de

valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de

carácter económico.

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y

eliminación.

f) Los medios de financiación.

g) El procedimiento de revisión.

Por su parte la Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que sustituye a la

anterior Ley 10/1998 y que incorpora al Derecho español la Directiva 2008/98/CE orienta la

política de residuos conforme al principio de jerarquía en la producción y gestión de los mismos,

maximizando el aprovechamiento de los recursos y minimizando los impactos de su producción y

gestión. Promueve la implantación de medidas de prevención, la reutilización y el reciclado de los

residuos, y permite clasificar como operación de valorización la incineración de residuos

domésticos mezclados sólo cuando ésta se produce con un determinado nivel de eficiencia

energética. Y finalmente promueve la innovación en la prevención y gestión de los residuos, para

facilitar el desarrollo de las soluciones con mayor valor para la sociedad en cada momento, lo que

sin duda incidirá en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este

sector y contribuirá a la conservación del clima.

Como objeto de esta Ley cabe destacar el establecimiento del régimen jurídico de la producción y

gestión de residuos, así como la previsión de medidas para prevenir su generación y para evitar o

reducir los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a la

generación y gestión de los mismos.

Como novedad procedente de la nueva Directiva se formula una nueva jerarquía de residuos que

explicita el orden de prioridad en las actuaciones en la política de residuos: prevención (en la

generación de residuos), preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de valorización

(incluida la energética) y, por último, la eliminación de los residuos. De acuerdo con los principios

de autosuficiencia y proximidad deben adoptarse medidas para establecer una red integrada de

instalaciones para la valorización de residuos mezclados.

Por otra parte, se clarifica la distribución competencial existente en la anterior Ley,

especialmente en lo relativo a las Entidades Locales, que podrán establecer a través de sus

ordenanzas las condiciones para la entrega de los residuos cuya gestión hayan asumido.


17

Se recogen como instrumentos de planificación los planes y programas de gestión de residuos y

los programas de prevención de residuos. Asimismo se establece la posibilidad de adoptar

medidas e instrumentos económicos, entre los que destacan los cánones aplicables al vertido de

residuos mediante depósito en vertedero.

Esta Ley desarrolla los planes de gestión de los residuos a nivel nacional, autonómico y local:

El Plan Nacional marco de Gestión de Residuos define la estrategia general de gestión de

residuos, contendrá las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los planes

autonómicos, así como las objetivos mínimos a cumplir de prevención, preparación para la

reutilización, reciclado, valorización y eliminación.

Las Comunidades Autónomas elaborarán sus respectivos planes autonómicos de gestión de

residuos, previa consulta a las Entidades Locales en su caso, estos contendrán un análisis

actualizado de la situación de la gestión de residuos en el ámbito territorial de la Comunidad

Autónoma, así como una exposición de las medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, la

valorización y la eliminación de residuos, estableciendo objetivos de prevención, preparación

para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación y la estimación de su contribución a la

consecución de los objetivos establecidos en esta Ley.

Y, por último, se posibilita a las Entidades Locales para que realicen, por separado o de forma

conjunta, programas de gestión de residuos.

Dada la importancia que se atribuye a la prevención en la generación de residuos, se incluye un

instrumento específico: los programas de prevención de residuos, que las administraciones

públicas en sus respectivos ámbitos competenciales aprobarán antes del 12 de diciembre de

2013, y que establecerán las medidas y objetivos de prevención. Estos programas podrán estar

integrados en las planes y programas de gestión de residuos, en otros programas de política

ambiental o se establecerán como programas separados.

Por otra parte, también esta Ley desarrolla las obligaciones de los productores y gestores de

residuos, logrando una mayor claridad y sistematización de las obligaciones de los sujetos

intervinientes en la cadena de producción y gestión de residuos, así como una simplificación de

las cargas administrativas sobre los operadores, sustituyendo parte de las anteriores

autorizaciones por comunicaciones. Asimismo se establecen objetivos específicos de preparación

para la reutilización, reciclado y valorización para los residuos de construcción y demolición.

Se regula también en esta Ley el Registro e información sobre residuos, con el objetivo de

aumentar la transparencia en la gestión de los residuos y posibilitar su trazabilidad.

Esta Ley refuerza las potestades de las administraciones públicas para la inspección, la vigilancia y

control de las actividades relacionadas con los residuos y suelos contaminados, ampliando la

potestad sancionadora de los titulares de las Entidades Locales.

Como novedad, cabe destacar la declaración de utilidad pública e interés social, a efectos de la

legislación de expropiación forzosa, el establecimiento o ampliación de instalaciones de

almacenamiento, valorización y eliminación de residuos.


18

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental dota a la

Administración andaluza de instrumentos que permiten conocer, a priori, los posibles efectos

sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivado de determinados planes, programas,

proyectos de obras y actividades.

Esta Ley, que se erige como referente normativo adecuado para el desarrollo de la política

ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, también formula los instrumento de

prevención y control ambiental aplicables a los planes, programas, proyectos de obras y

actividades, que puedan afectar significativamente el medio ambiente de la Comunidad andaluza.

Así, como instrumento de prevención y control ambiental, esta Ley regula la evaluación

ambiental de planes y programas, siguiendo las determinaciones de la Ley 9/2006, cuyo objetivo

consiste en la integración de los aspectos ambientales en la planificación incluida en su ámbito de

aplicación.

También establece esta Ley las garantías de protección de la gestión de los residuos en la

Comunidad Autónoma de Andalucía conforme a los principios exigidos por la normativa

comunitaria de aplicación. En relación con los residuos, se adopta como prioridad en el modelo

de gestión de los mismos, y por este orden, minimizar su producción en origen y fomentar su

reutilización y reciclado. El principio general es fomentar el aprovechamiento, es decir, la

valorización frente a la eliminación en vertedero, todo ello de acuerdo con los principios de

jerarquía establecidos en la normativa comunitaria para la correcta gestión de los residuos.

En cuanto a la producción de residuos de construcción y demolición, en su artículo 104 establece

que los proyectos de obra sometidos a licencia municipal deberán incluir la estimación de la

cantidad de residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas par su

clasificación y separación por tipos en origen.

Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la

constitución por parte del productor de residuos de construcción y demolición de una fianza o

garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión y que deberá ser

reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos.

Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán

acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en sus

ordenanzas.

Y, por último, los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias en materia de residuos,

establecerán mediante ordenanzas las condiciones a las que deberán someterse la producción, la

posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y demolición, así

como las formas y cuantía de la garantía financiera. Para el establecimiento de dichas

condiciones, se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será

preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y

sólo, como última opción, se eliminación en vertedero.

En este sentido, la Disposición adicional primera, establece que en el plazo de un año desde la

entrada en vigor de la Ley (7/2007), los municipios procederán a adaptar sus ordenanzas a lo

dispuesto en esta Ley.


19

El Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de

Andalucía implica una adaptación a las políticas de gestión de residuos desarrolladas por la

normativa específica, aplicando una regulación eficaz y coherente que tiene en cuenta no sólo la

fase de residuos sino también el ciclo de vida de los materiales y productos.

Introduce una novedosa clasificación de los residuos basada en las competencias de su gestión y

en el origen de su generación. Se avanza en la clarificación del término residuo, sentando las

bases para una posterior regulación del fin de la condición de residuo coordinada a nivel nacional,

al tiempo que se define el procedimiento a aplicar para que determinadas sustancias o materiales

que resultan de un proceso de producción adquieran la condición de subproducto en lugar de la

de residuo.

Con este Reglamento se aprueba el Catálogo de Residuos de Andalucía, se garantiza la más alta

protección al medio ambiente y a la salud de la población a través de la aplicación de la jerarquía

de gestión, la definición de las operaciones de valorización consideradas prioritarias en el

Catálogo de Residuos de Andalucía y la determinación de los principios de proximidad,

autosuficiencia y precaución en la gestión, siempre sobre la base de las mejores tecnologías

disponibles que resulten técnica y económicamente viables.

En su artículo 86 determina que, a fin de garantizar que todos los residuos se someten a

operaciones de valorización, sólo podrán depositarse en vertedero los residuos resultantes de las

operaciones de valorización de residuos de construcción y demolición. Sólo se podrán depositar

directamente en vertedero los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento sea

técnica, medioambiental y económicamente inviable.

Establece para los entes locales la elaboración de ordenanzas municipales técnicas y fiscales así

como de planes locales de prevención y gestión de residuos, en el ámbito municipal y

supramunicipal, compatibles y coherentes con la estrategia de planificación regional. En este

sentido, la reserva del suelo necesario para la ejecución de las instalaciones de gestión de

residuos en los instrumentos del planeamiento urbanístico es una de las herramientas básicas

para el cumplimiento de los objetivos de planificación, estableciendo en la disposición adicional

tercera un plazo de dos a cuatro años, según la población municipal, para que esté prevista en los

instrumentos de planeamiento la reserva de suelo para la construcción de puntos limpios

municipales.

Su artículo 57, dedicado a los Programas provinciales de prevención y gestión de residuos,

establece que las Diputaciones Provinciales podrán elaborar y aprobar sus propios programas

provinciales de prevención y gestión de residuos municipales de conformidad con lo previsto por

la normativa de régimen local, que tendrán que ser compatibles y coherentes con los objetivos

propuesto en la planificación y programación autonómica y estatal. Estos planes deberán definir

claramente las unidades territoriales de gestión, sobre todo en los casos en los que los servicios

de recogida y tratamiento de los residuos municipales se presten de forma mancomunada o

consorciada.

En el punto 2 de este mismo artículo se dispone como contenido mínimo de estos planes el

detalle de:


20

a) Los tipos, cantidades y origen de los residuos de competencia local que han de

prevenirse, reutilizarse, reciclarse, valorizarse o eliminarse.

b) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.

c) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las necesidades

sectoriales de la gestión de los residuos de competencia local.

d) Las infraestructuras previstas para el cumplimiento de los objetivos previstos tanto por la

planificación local como autonómica y, cuando sea posible, los criterios para la

determinación del emplazamiento.

e) La planificación territorial y temporal prevista para el desarrollo y ejecución de las

actuaciones previstas.

f) Las previsiones financieras

g) Los estudios económicos de costes y tasas de gestión.

Su aprobación definitiva corresponde a la Diputación Provincial correspondiente previo informe

favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente, y se evaluarán y revisarán,

al menos, cada seis años.

Por otra parte el Reglamento regula el régimen de la producción y posesión de los residuos junto

con los aspectos relacionados con la minimización, y modifica el registro de autorizaciones de

actuaciones y actividades sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental. El

régimen jurídico de la producción sufre modificaciones importantes; las personas o entidades

productoras podrán responsabilizarse del transporte de los residuos hasta las instalaciones de

tratamiento y se sustituye la autorización para la producción de residuos peligrosos por una

comunicación de la actividad e inscripción en el registro correspondiente.

En cuanto a la gestión, además de las actividades de valorización y eliminación de residuos,

también se someterán a autorización las instalaciones que realicen estas operaciones, la actividad

de recogida y almacenamiento, el traslado de residuos fuera de la Comunidad Autónoma, el

depósito en vertedero que no hayan sido sometidos previamente a una operación de valorización

y los sistemas de gestión.

Por otra parte, establece objetivos específicos de prevención, recogida, reciclado, reutilización y

valorización.

En concreto, en el artículo 49, destaca que antes del 2020 deberá aumentarse hasta un mínimo

del 70% de su peso la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de

materiales, de los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las demoliciones,

con exclusión de los materiales presentes de modo natural definidos en la categoría 17 05 04 de

la lista europea de residuos.

En el ámbito de los residuos de construcción y demolición se impone la constitución de una fianza

que garantice la adecuada gestión de estos residuos con carácter previo a la licencia municipal o

integrada en los instrumentos de prevención ambiental en obras exentas de dicha licencia, y la

promoción de la incorporación de materiales reciclados en las obras públicas. También se


21

establece un programa andaluz de residuos de construcción y demolición con el objetivo de

impulsar la implantación en el territorio de las infraestructuras de gestión necesarias.

El reintegro de la fianza o garantía financiera se realizará en el momento en el que se acredite el

destino correcto de los residuos mediante la entrega de certificado expedido por la persona o

entidad gestora autorizada o certificado de idoneidad de la gestión emitido por la dirección

facultativa en el caso de valorización en la propia obra.

El calculo de la fianza se realizará según establezca la ordenanza municipal, fijándose las cuantías

sobre la base del presupuesto total de la obra, aplicando como mínimo los porcentajes

establecidos en el artículo 81 del Reglamento:

a) para obras de derribo: 2%

b) para obras de nueva construcción: 1%

c) para obras de excavación 2%

En el caso de obras menores que no requieran presentar un proyecto técnico, se aplicarán los

porcentajes en base a una estimación de los residuos declarados por la persona o entidad

productora, o bien las administraciones locales fijarán una cuantía mínimo regulada en las

ordenanzas aprobadas al efecto.

La disposición transitoria décima de este Reglamento establece que las administraciones locales

dispondrán de un plazo de un año para regular mediante ordenanza la constitución de la fianza

que condiciona el otorgamiento de la licencia de obras. Dicha ordenanza regulará la prevención,

producción, posesión y gestión de los RCDs en su ámbito territorial de actuación así como los

mecanismos para el cálculo, la prestación y el retorno de la fianza.

Por otra parte, y con el fin de regular la prevención y la gestión de los residuos en el ámbito de su

término municipal, establece también que los municipios dispondrán de un plazo de dos años,

desde la entrada en vigor de la Ley 22/2011, para aprobar o adecuar las ordenanzas existentes en

materia de residuos a los contenidos del Reglamento. Añadiendo la disposición transitoria

primera que, transcurrido el plazo sin que se hayan aprobado o adecuado las ordenanzas, se

aplicarán las normas que se aprueben mediante Orden de la persona titular de la Consejería

competente en materia de medio ambiente.

Por último, en su artículo 87 dice que en las obras promovidas por las administraciones públicas,

las personas o entidades promotoras:

a) Aplicarán medidas tendentes a la prevención y minimización en la generación de

residuos de construcción y demolición.

b) Emplearán productos procedentes de la valorización de RCDs.

c) En contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente,

se valorará en la adjudicación condiciones ambientales mensurables entre las que se

podrá incluir el empleo de productos procedentes de la valorización de RCDs, la

consideración de alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en

la fase de construcción y de explotación o que favorezcan el desmantelamiento


22

ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil, las alternativas que

contribuyan al ahorro en la utilización de recursos naturales y la aplicación de medidas

que favorezcan el reciclado de estos residuos.

d) Remitirán al Órgano ambiental competente, junto con la documentación establecida en

los procedimientos de AAI, AAU o CA, un estudio de gestión prevista para los RCDs.

e) Cuando la actuación u obra sea ejecutada por persona o entidad contratista o

adjudicataria, esta deberá constituir la fianza para asegurar la correcta gestión de los

residuos generados.

1.4.4. Planes y Programas

Plan Nacional Integral de Residuos (PNIR) 2008-2015

El Plan Nacional Integral de Residuos 2008-2015 fue aprobado por Acuerdo del Consejo de

Ministros con fecha 26 de diciembre de 2008. Está constituido por diferentes capítulos dedicados

a los diferentes tipos de residuos que incluyen los principales objetivos y actuaciones a

desarrollar en los próximos años.

En el caso particular de los residuos de construcción y demolición, el PNIR recoge los siguientes

objetivos cualitativos:

- Inclusión en los proyectos de obra de un estudio de gestión de RCD.

- Separación en origen de los RCD peligrosos generados en obra y gestión de acuerdo a la

legislación de residuos.

- Separación en planta de tratamiento de los residuos peligrosos contenidos en los RCD

recibidos y gestión de acuerdo a la legislación de residuos.

- Separación de los RCD en obra, por materiales, a partir de los umbrales establecidos en el

Real Decreto 105/2008.

- Cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 105/2008, en cuanto a la utilización

(valorización) de residuos inertes procedentes de actividades de construcción y demolición en

la restauración de espacios degradados, en obras de acondicionamiento o relleno.

- Erradicación del vertido incontrolado de RCD. El 16 de julio de 2009 todos los vertederos en

operación en España deberán cumplir con los requisitos que les sea de aplicación del Real

Decreto 1481/2001.

- Tratamiento de los RCD por gestor autorizado en los términos establecidos en la legislación.


23

En cuanto a los objetivos cuantitativos, el PNIR propone como objetivos agregados para España

los siguientes:

2010 2012 2015

Separación y gestión de forma

ambientalmente correcta de los RP

procedentes de RCD (en %)

100 100 100

Reciclado de RCD (en %) 15 25 35

% RCD objeto de otras operaciones de

valorización, incluidas las operaciones

de relleno

10 15 20

% RCD eliminado en vertedero

controlado

75 60 45

Estos objetivos deberán alcanzarse a través de la adopción de una serie de medidas también

propuestas por el PNIR:

- Evaluación y fomento del cumplimiento del RD 105/2008, por el que se regula la producción y

gestión de los RCD en España.

- Se centrará en la obligación de incluir en los proyectos de obra un estudio de gestión de los

RCD con el contenido exigido en el RD, en particular, las medidas sobre prevención, reciclado,

valorización o eliminación, específicas para los RCD de la obra; un inventario de residuos

peligrosos y las medidas para su retirada selectiva. Por otra parte, se evaluará y fomentará el

cumplimiento de las obligaciones de separación en obra por tipos de materiales establecidas

en el RD. Por último se evaluará y fomentará el cumplimiento del artículo 13 del RD, en

particular mediante el desarrollo de la disposición final tercera del RD.

- Adopción de planes de prevención de RCD en su ámbito de actuación por parte de las

empresas constructoras, desde la óptica del conjunto de su actividad y no solamente para

cada obra concreta en la que participen.

- Construcción de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos que para

RCD propone el PNIR.

- Evaluación y, en su caso, armonización de los requisitos que la normativa de residuos exige a

la autorización de plantas de tratamiento de RCD en las distintas regiones españolas, con el

objetivo de mejorar en la exigencia de requisitos justificados desde el punto de vista

ambiental y de simplificar o incluso aligerar cargas burocráticas injustificadas. Se discriminará

especialmente los requisitos de las plantas de clasificación y valorización de determinados

tipos de RCD frente a los de las instalaciones de eliminación o de tratamiento previo a la

eliminación.


24

- Creación de mecanismos para la casación de oferta y demanda de residuos y otros materiales

reutilizables o valorizables en construcción, en particular, las bolsas de excedentes de tierras

y piedras limpias no contaminadas.

- Elaboración de planes de acción sobre vertederos ilegales de RCD, que incluyan medidas para

el cese de su actividad y clausura, legalizando en casos excepcionales aquellos que puedan

adaptarse a la legislación de residuos.

- Dichos planes de acción también analizarán el cumplimiento de la legislación de vertederos

por parte de los vertederos de RCD autorizados en funcionamiento. Se fomentará su

adaptación y la mejora continua de su funcionamiento desde el punto de vista ambiental, en

particular fomentando el tratamiento previo al vertido de los RCD.

- Análisis y fomento de la plena aplicación del art. 11 del RD 1481/2001 relativo a la

repercusión vía precios de admisión de residuos de los costes totales de gestión de los RCD

en vertedero.

- Deberá también fomentarse la aplicación de sistemas de tarifas de admisión de RCD en

vertedero que incentiven la prevención y reciclaje de estos residuos, por ejemplo, tarifas de

crecimiento superior al lineal dependiendo de la cantidad enviada a vertedero, que tengan en

cuenta el contenido de residuos que no sean inertes o que sean valorizables, y si proceden o

no de operaciones de clasificación y tratamiento previo.

- Fomento y apoyo por parte de las administraciones públicas competentes de los acuerdos

voluntarios referidos en el artículo 13.3 del RD 105/2008, que puedan proponer los agentes

interesados.

- Los departamentos de la Administración General del Estado y las demás administraciones

públicas fomentarán que en los Pliegos de prescripciones técnicas de las obras que

promuevan se incluyan condiciones tendentes a facilitar el empleo de materiales reciclados

procedentes de tratamiento de RCD en sustitución de materiales naturales, siempre que

cumplan las especificaciones técnicas de la aplicación a que se destinen. En particular, la

Administración General del Estado propondrá modificaciones del Pliego General de

Prescripciones Técnicas para Obras de Carretera (PG-3) y la Instrucción sobre Hormigón

Estructural (EHE) con vistas a incorporar requisitos técnicos sobre el empleo de áridos

reciclados en las obras.

- Los departamentos de la Administración General del Estado y las demás administraciones

públicas fomentarán que en los proyectos de obra se tengan en cuenta las alternativas de

diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de construcción y de

explotación, así como aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente

correcto del bien inmueble al final de su vida útil.

- Los órganos de contratación de la Administración General del Estado y sus organismos

públicos, al determinar los criterios que deberán servir de base para la valoración de la oferta

más ventajosa, procurarán tomar en consideración las medidas sobre prevención y reciclado

de RCD, así como la utilización en las unidades de obra de áridos y otros productos


25

procedentes de valorización de residuos, siempre que cumplan las especificaciones técnicas

de la aplicación a que se destinen.

- Fomento de la implantación de puntos limpios para la recogida de RCD procedentes de obras

menores de construcción y reparación domiciliaria. Los responsables principales de esta

medida serán las Entidades locales, en colaboración con las CCAA.

- Información desde las entidades locales al ciudadano sobre buenas prácticas para la

generación y gestión de los RCD de obras menores de construcción y reparación domiciliaria,

así como sobre el servicio autorizado para la recogida y gestión de dichos RCD, en particular,

sobre la ubicación de puntos limpios y sus condiciones de aceptación de RCD.

- Diseño y empleo de elementos de almacenamiento de RCD en la vía pública que impidan el

depósito en ellos de residuos distintos de a los que van dirigidos. Esta medida puede ser

desarrollada por las Entidades locales y las asociaciones de empresas que ofrecen el servicio

de contenedores de RCD.

- Creación de una aplicación en la página Web del MARM con información sobre RCD

(legislación, normativa técnica, estadísticas, oferta de gestores, etc.) y enlaces a otros

recursos de información de instituciones relevantes en el campo de los RCD.

- Inclusión de contenidos sobre gestión de RCD en las enseñanzas profesionales regladas, en

cursos organizados por colegios profesionales y otras instituciones para proyectistas,

directores facultativos, jefes de obra y gestores de RCD, en cursos del INEM, etc.

Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos (PDTGRNP) de Andalucía

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 fue

aprobado por el Decreto 397/2010 de 2 de noviembre. Tiene como objetivo general lograr que la

futura gestión de los residuos no peligrosos en la Comunidad Autónoma proporcione un servicio

de calidad a la ciudadanía, tratando de homogeneizar al máximo el coste de dicha gestión en

todo el territorio y con unos niveles de protección medioambiental lo más elevados posibles. Este

objetivo principal se plasma a través de una serie de objetivos generales o directrices.

En lo referente a la prevención de los residuos, el PDTGRNP establece un programa en el que

todas las medidas contempladas tendrán en cuenta que los costes asociados a su

implementación sean adecuados y no excesivos, que su impacto económico sobre la ciudadanía

sea lo más preciso y limitado posible y que su desarrollo permita a las entidades responsables de

su implantación estimar y prever las necesidades financieras que han de asumir para lograr los

objetivos propuestos.

Este Plan establece una serie de medidas de actuación, como medidas horizontales de

prevención, a aplicar a todos los residuos contemplados en su ámbito y con el objetivo de reducir

la cantidad de residuos no peligrosos generados en Andalucía.

En concreto, para la Prevención en origen de la generación de RCD, establece las siguientes

medidas de actuación:


26

o Elaboración y publicación de Guías prácticas para la prevención de RCDs en obras,

en coordinación con los sectores económicos y sociales afectados y las personas

expertas en la materia (tecnólogos, universidades, etc.).

o Desarrollo de programas de formación a profesionales del sector de la

construcción en materia de prevención y gestión de RCDs.

o Propuesta de aplicación de un baremo de puntuación en la evaluación de las

ofertas en el que se valore el empleo de material reciclado y la minimización en la

generación de RCDs.

En cuanto al programa de gestión de los residuos, en el que se engloban aquellas actuaciones

que han de realizarse tanto por parte de los productores como de los gestores para garantizar la

adecuada gestión de los residuos desde que se generan hasta que son valorizados o eliminados,

una vez agotadas las opciones de prevención establecidas en el programa anterior, el PDTGRNP

vuelve a establecer una serie de medidas horizontales con una serie de objetivos.

En concreto, para el Programa de gestión de RCD, establece las siguientes medidas de actuación

para cada uno de los siguientes objetivos:

- Separación en origen y correcta gestión ambiental de las distintas fracciones de residuos

contenidas en los RCDs. Eliminación del vertido incontrolado de RCDs y erradicación del vertido

de RCDs en vertederos de residuos inertes sin tratamiento previo.

o Aprobación de ordenanzas municipales en materia de RCDs, que incluyan el

establecimiento de fianzas, por parte de las administraciones locales.

o Definición de una tasa para la gestión de RCDs de obra menor por parte de las

entidades locales.

o Promoción de la entrega de RCDs de obras menores, por parte de la ciudadanía,

en los Puntos Limpios. Adaptación de los Puntos Limpios para ello.

- Aplicación del principio de jerarquía a los RCDs. Maximización de la valorización.

o Impulso a la mejora tecnológica en materia de gestión de RCDs y a la búsqueda

de mercados secundarios de los materiales en ellos contenidos. Reducción de las

barreras administrativas tanto para la producción como para el uso de los

materiales reciclados procedentes de los RCDs, y acciones de sensibilización y

formación en esta materia.

o Establecimiento de garantías o depósitos vinculados a la gestión de RCDs.

- Separación y gestión de forma ambientalmente correcta del 100% de los residuos peligrosos

procedentes de los RCDs.

o Desarrollo de infraestructuras para la segregación de los residuos peligrosos

procedentes de los RCDs en las obras.

o Establecimiento de mecanismos para la devolución parcial de las fianzas de RCDs

en aquellos casos en los que estos residuos sean entregados en las plantas de

reciclaje con un elevado contenido en residuos peligrosos.


27

- Reciclado de los siguientes % de RCDs, respecto del total generado:

15% en 2010 25% en 2012 35% en 2015 40% en 2019

o Elaboración de un Programa Andaluz de Gestión de RCDs que contemple aquellas

zonas deficitarias en infraestructuras de gestión de este tipo de residuos, para

asegurar el cumplimiento del principio de autosuficiencia, así como la eficiencia

de las instalaciones de forma que se minimicen los costes de gestión. Mejora de

la red de infraestructuras de tratamiento de RCDs.

- Alcanzar los siguientes % de RCDs valorizados mediante otras operaciones, incluidas las de

relleno, respecto del total generado:

10% en 2010 15% en 2012 20% en 2015 25% en 2019

o Potenciación de la utilización de áridos reciclados. Definición de estándares de

calidad para estos productos en función de sus posibles aplicaciones, como

complemento a las normas técnicas para los áridos reciclados ya existentes.

o Promoción, en el ámbito de la actividad privada, del uso de materiales reciclados

para rellenos, sub-bases, etc., en sustitución de áridos de extracción.

o Impulso del empleo de materiales reciclados procedentes de RCDs en la

regeneración de zonas degradadas, como canteras, graveras, minas a cielo

abierto y excavaciones.

- Eliminación en vertedero con tratamiento previo, como máximo, de los siguientes % de RCDs,

respecto del total generado:

75% en 2010 60% en 2012 45% en 2015 40% en 2019

o Limitación de la deposición en vertedero de rechazos procedentes de las plantas

de RCDs. Fomento de la separación en las obras (obligatorio a partir de

determinadas cantidades de residuos según el RD 105/08), la mejora tecnológica

y operativa de las instalaciones de gestión de RCDs y el aumento de los costes de

vertido.

Así mismo se señalan objetivos dentro del programa de seguimiento y control, de aplicación

sobre la totalidad de los residuos contemplados en el Plan, y que tiene como objeto, mediante la

implantación de herramientas y sistemas que permitan la obtención, el análisis y la explotación

de los datos, profundizar en el conocimiento de la producción y la gestión de los residuos en

Andalucía.

En cuanto al programa de concienciación, difusión y comunicación, que comprende aquellas

medidas y actuaciones tendentes a fomentar la educación, la sensibilización social y la

participación pública, que respalden la consecución de los objetivos generales definidos en el

Plan, se establecen una serie de subprogramas con sus correspondientes objetivos.

Por último, y para la consecución de estos objetivos el PDTGRNP, en su Anexo 2 muestra las

infraestructuras recomendables, y que en el caso concreto de Puntos Limpios e instalaciones de

gestión de RCDs para la provincia de Almería son:


28

- 3 nuevos Puntos Limpios móviles.

- 1 nuevo Punto Limpio en Velez-Rubio.

- 17 Puntos Limpios adicionales en municipios mayores de 5.000 habitantes.

- 3 Centros de Transferencia.

- 3 Plantas fijas de reciclado con vertedero de apoyo.

- 2 Plantas móviles.

Plan Director de Residuos Urbanos de la Provincia de Almería

El vigente Plan Director de la gestión de los residuos urbanos de la provincia de Almería considera

dentro de su ámbito de aplicación los escombros y restos de obras, incluyendo como obligación

municipal en el servicio de recogida inexcusable, la de los restos de obras menores y reparaciones

domiciliarias que no superen un determinado volumen fijado en las ordenanzas.

En cuanto a la fase de tratamiento, el Plan establece que la gestión municipal habrá de resolver

entre otros las de los residuos que son de su responsabilidad por haberlos recogido, y en

particular los residuos inertes o inertizados procedentes del ámbito de la construcción.

En cuanto a la recogida selectiva de determinados componentes de producción generalizada y

que por su volumen, momento de producción u otras causas, no son compatibles con el

desarrollo normal del servicio de recogida domiciliaria, como es el caso de los escombros

procedentes de pequeñas obras domiciliarias, el Plan la organiza de manera que corresponde a

los productores su transporte y entrega en los puntos verdes habilitados al respecto en la

provincia, situándose éstos en la proximidad de las poblaciones. Describe el Plan como serán

estos puntos de recogida y propone la instalación de los mismos en la provincia repartidos por

agrupaciones y sectores.

En la actualidad el Plan Director de Residuos Urbanos de la Provincia de Almería se encuentra en

fase de revisión, y aunque incluye dentro de su ámbito material a los residuos y escombros

procedentes de obras menores de construcción y reparaciones domiciliarias, en tanto que tienen

la consideración de residuos urbanos, el modelo de gestión de los mismos debe ser objeto de un

Plan y/o Programa independiente.


29

2. Diagnosis

2.1. Descripción territorial

La provincia de Almería contaba con una población de 702.819 habitantes, a fecha de 1 de enero

de 2011, siendo la densidad demográfica de 80 hab/km2. La evolución de la población de la

provincia desde el año 1995 hasta el 2011 se refleja en la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 1. Evolución de la población de la provincia de Almería desde 1995 a 2011.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2011

La provincia está compuesta por 102 municipios (con una superficie media de 86,02 Km2), de los

cuáles 32 (aproximadamente el 30%) tienen menos de 500 habitantes cada uno. La distribución

de la población de la provincia por municipios se muestra numéricamente y geográficamente a

continuación:

AÑO POBLACIÓN

1995 493.126

1996 501.761

1998 505.448

1999 512.843

2000 518.229

2001 533.168

2002 546.498

2003 565.310

2004 580.077

2005 612.315

2006 635.850

2007 646.633

2008 667.635

2009 684.426

2010 695.560

2011 702.819


30

Tabla 2. Distribución de la población de la provincia de Almería por municipios.

< 500 Habitantes 32 Municipios

501 – 1.000 Habitantes 18 Municipios

1.001 – 2.000 Habitantes 12 Municipios




> 100.000 Habitantes 1 Municipio

TOTAL 102 Municipios

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2011

Mapa 1. Habitantes por municipio en la provincia de Almería. Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía,

2011.


31

Los principales municipios de la provincia en cuanto a población en 2011 son: la capital, Almería,

con 190.349 habitantes, El Ejido (83.774 hab.), Roquetas de Mar (89.851 hab.), Níjar (29.284

hab.), Adra (24.512 hab.), Vícar (23.656 hab.), Huércal-Overa (18.580 hab.) y Berja (15.388 hab.).

Como entidades de menor población destacan Huércal de Almería (16.074 hab.), Vera (14.689

hab.), Cuevas del Almanzora (13.148 hab.) y Albox (11.091 hab.). En el otro extremo, el municipio

menos poblado es el de Benitagla, con sólo 84 habitantes.

Los principales núcleos de población se concentran en el sur y en el suroeste, especialmente en la

comarca del Poniente Almeriense, tradicionalmente llamada Campo de Dalías.

Para la gestión de los residuos de construcción y demolición, la provincia se ha dividido

inicialmente en los mismos cuatro sectores geográficos vigentes desde 2009 para la gestión de

residuos urbanos y que coinciden con los respectivos Consorcios para la gestión de los mismos.

Los Sectores, Consorcios y Municipios que pertenecen a cada uno de ellos se exponen en la Tabla

3:


32

Tabla 3. Sectores geográficos, consorcios y municipios asociados a la gestión de RSU.

Sectores

geográficos Consorcios Municipios que pertenecen al Consorcio

Sector Almería Término municipal de Almería

Sector I - Poniente Consorcio de Residuos Urbanos del

Poniente Almeriense

Adra, Entidad menor de Balanegra, Berja,

Dalías, El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar

y Vícar

Sector II Consorcio de Residuos Urbanos del

Sector II

Abla, Abrucena, Alboloduy, Alcolea, Alhabia,

Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux,

Bayárcal, Beires, Benahadux, Bentarique,

Canjayar, Carboneras, Castro de Filabres, Enix,

Felix, Fiñana, Fondón, Fuente Victoria (entidad

local menor), Gádor, Gérgal, Huécija, Huércal

de Almería, Illar, Instinción, Las Tres Villas,

Laujar de Andarax, Lubrín, Lucainena de las

Torres, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro,

Padules, Paterna del Río, Pechina, Rágol, Rioja,

Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de

Mondújar, Sorbas, Senés, Tabernas, Terque,

Turrillas, Uleila del Campo, Velefique y Viator.

Sector III Consorcio Almanzora – Levante - “Los

Vélez”

Albox, Albanchez, Alcóntar, Alcudia de

Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de

Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla,

Benizalón, Bédar, Cantoria, Chercos, Chirivel,

Cuevas del Almanzora, Cóbdar, Fines, Garrucha,

Huércal‐Overa, Laroya, Los Gallardos, Líjar,

Lúcar, Macael, María, Mojácar, Olula del Río,

Oria, Partaloa, Pulpí, Purchena, Serón, Sierro,

Somontín, Suflí, Taberno, Tahal, Turre, Tíjola,

Urrácal, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Vera y

Zurgena.


33

2.2. Generación de RCD en la provincia de Almería

En las primeras fases del Programa de Prevención y Gestión de RCD de Almería, que consistía en

una recopilación de la información disponible, se constató la ausencia de fuentes de datos

rigurosos que hubiesen permitido disponer de la información necesaria para conocer la realidad

de la generación y gestión de los RCD en la provincia. Por tal motivo, se han seleccionado las

fuentes de información más fidedignas y se han realizado las estimaciones pertinentes según

diversas metodologías de cálculo, las cuales se presentan a continuación.

Además, a partir de estas estimaciones de generación de RCD y de los datos procedentes de las

plantas de tratamiento existentes en la provincia, se han extrapolado valores relativos sobre los

vertidos incontrolados en la provincia.

2.2.1. Estimación de la generación de RCD a partir de datos de actividad económica

En la Tabla 4 se muestra la evolución del Valor Añadido Bruto (VAB) total (base año 2000 a

precios de mercado en miles de euros) y del Valor Añadido Bruto (VAB) perteneciente al sector

de la construcción en Almería y en Andalucía respectivamente para el período 2000-2010, de

donde ya se puede deducir el inicio de ralentización del sector

programa de prevención y gestión de residuos de construcción y … · 2015. 3. 6. · tabla 24....

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