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LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2017LUNES, 6 DE FEBRERO DE 201722 ACTUALIDAD ACTUALIDAD 23
Soluciones Soluciones Soluciones Soluciones
a Justicia formal en Colombia abarca un servicio público, una función pública y un derecho fundamental. De conformidad con el estudio de la Corporación Excelencia en la
Justicia (CEJ) denominado “Caracterización de la Jus-ticia Formal en Colombia y Elementos para la Cons-trucción de una Agenda Estratégica para su Mejora-miento” (Premio Luis Carlos Sarmiento Angulo de 2016 a la investigación en políticas públicas), las nor-mas internacionales, constitucionales y legales de-terminan que la Justicia debe cumplir cuatro atribu-tos básicos: 1) Acceso. 2) Independencia judicial. 3) Seguridad jurídica. 4) Eficiencia y eficacia.
La CEJ estudió cada uno de estos atributos e hizo un completo diagnóstico de los principales problemas que impiden su plena vigencia. Por ejemplo, el acceso a la justicia debe entenderse como el derecho que tiene toda persona a que, sin discriminación alguna y en condiciones de igual-dad, se le garanticen mecanismos adecuados y sen-cillos para la resolución de sus conflictos y la mate-rialización de sus derechos. Pero hay serios obstá-culos para acceder a la justicia: culturales, educati-vos, económicos, geográficos, operativos.
En lo que tiene que ver con la independencia judi-cial, que más que una prerrogativa de los jueces es una garantía para los ciudadanos, hay factores que no permiten que dicha independencia sea real, tales como las interferencias provenientes de los medios de comunicación, de las partes en los pleitos o de otros poderes públicos; los mecanismos insuficientes para garantizar la capacidad e idoneidad de los jueces; las fallas en los mecanismos de control; o una espe-cialmente delicada, los insuficientes estándares de ca-lidad en la formación de los abogados colombianos.
El tercer atributo que debe tener la justicia, la segu-ridad jurídica, es, según el dictamen de la CEJ y de múltiples operadores jurídicos, uno de los aspectos más preocupantes en Colombia. La seguridad jurídica debería ser real en cuanto a la certeza sobre el derecho aplicable, los tiempos del proceso y de las autoridades que administran justicia. Lamentablemente, hay falta de certeza sobre las fuentes de derecho, incertidum-bre sobre los tiempos de resolución de los pleitos, fa-llas en la producción de la jurisprudencia, multiplici-dad de acciones y recursos (la tutela, por ejemplo, se convirtió en una tercera instancia), así como falta de efectividad de la jurisprudencia de las altas cortes.
Finalmente, aunque no se agote el tema aquí, la justicia debe ser efectiva, alcanzando los resultados esperados haciendo un uso eficiente de los recur-sos disponibles. En Colombia los indicadores de la justicia no son buenos. Se detecta, por ejemplo, una gran falencia en el uso de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC). Por eso una de las soluciones estratégicas es la adopción pronta de herramientas tecnológicas que permitan que los jueces accedan a toda la información dispo-nible para poder tramitar los procesos. Así, un juez podría acceder en tiempo real a los expedientes so-bre un determinado caso, sin demoras, o realizar audiencias sin necesidad de esperar a que las par-tes se hagan presentes en su despacho.
Por todo ello es que la CEJ propone realizar in-tervenciones estratégicas en cada uno de esos cua-tro capítulos que constituyen los atributos de la Justicia que el país necesita ■
La justicia real que Colombia tanto necesita
DE UNA RADIOGRAFÍA PROFUNDA A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, UNA SÍNTESIS DE MEDIDAS URGENTES.
Principales soluciones de estudio
-1-
Colaboraron en este texto: CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA, GLORIA MARÍA BORRERO Y ANA MARÍA RAMOS.
PRINCIPALES PROBLEMAS HALLADOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS
Problema Limitaciones en el ACCESO
-2-Problema
Interferencias a la INDEPENDENCIA JUDICIAL
-3-Problema
INSEGURIDAD JURÍDICA
-4-Problema
Falta de EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA
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ACTUALIDAD 2322 ACTUALIDAD LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2017
LFuentes: Corporación Excelencia en la Justicia - Gallup Poll 116 Dic./2016. Infografía: EL COLOMBIANO © 2017. JT (N4)
CIFRAS
ALGUNOS INDICADORES SOBRE JUSTICIA EN COLOMBIA
2012
2013
2014
2015
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
682736
894902
1.1711.235
1.490
1.159
725659
1.252
1.261
ABOGADOS SANCIONADOS(Número de personas)
1.03
8.00
9
1.07
5.52
6
1.22
1.27
5
1.31
9.40
0
1.47
0.09
9
1.68
7.14
3
1.86
1.53
2
2.13
8.20
5
2.44
8.66
0
2.83
2.35
5
3.02
5.92
6
3.32
8.80
9PRESUPUESTO ASIGNADOA LA RAMA JUDICIAL(Millones de pesos)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1412
15 1618
21 2221 22 21 22 23 2426
32TUTELAS RESPECTO AL TOTAL DE PROCESOS(Proporción en porcentaje)
Mar
. 05
Abr.
05
Ene.
06
Jun.
06
Dic.
06
Mar
. 08
Oct.
08
Nov.
09
Abr.
10
Sep.
10
Feb.
12
Dic.
13
Jun.
14
Oct.
14
Dic.
14
Dic.
15
Jun.
16
Dic.
16
IMAGEN DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO (En %) Favorable Desfavorable
49
35
44 46
37 44
46 43
434228
42
47
36 36 35
57
37
58
77
20 2618
80 83
1522
70
13
82
14
8270
585558
Álvaro Uribe 1 Álvaro Uribe 2 Juan ManuelSantos 1
Juan Manuel Santos 2
DATOS INDICADORES COMPARATIVOSINTERNACIONALES
Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia Infografía: EL COLOMBIANO © 2017. JT (N4)
Justicia penalPosición de Colombia 91/113 20/30
Tres mejores países:
Finlandia AustriaTres peores países:
Venezuela Bolivia Honduras
Mejor país dela región:
Antigua B.
Peor país dela región:
Venezuela
Noruega
2. HACIENDO NEGOCIOS(Índice de cumplimiento de contratos)
Posición de Colombia 174/190
Tres mejores países:
Corea Singapur AustraliaTres peores países:
Timor O. Bangladesh Myanmar
Mejor país dela región:
Antigua B.
Peor país dela región:
Suriname
3. ÍNDICE GLOBAL DE IMPUNIDADPosición de Colombia 3/59 (1 es el peor)
Tres mejores países:
Croacia Eslovenia R. Checa
Tres peores países:
Filipinas México Colombia
Mejor país dela región:
Costa Rica
Peor país dela región:
México
1. PROYECTO DE JUSTICIA EN EL MUNDOJusticia civilPosición de Colombia: 70/113 17/30Tres mejores países:
P. Bajos Alemania Noruega
Tres peores países:
Cambodia Venezuela Guatemala
Mejor país dela región:
Uruguay
Peor país dela región:
Venezuela
PLANTA DE PERSONAL (No. de personas)
R. Judicial
PRESUPUESTO ($ billones-2016)
Fiscalía
R. JudicialFiscalía
23.117 (A sep. /2016)
31.148
3,03,5
Posición enel mundo
Posición en L. Américay el Caribe
Eliminar las barreras culturales, geográ-ficas y económicas. Hay que formar líde-res comunitarios que ayuden a explicar las rutas de acceso a la justicia, y que ex-pliquen los derechos pero también los de-beres ciudadanos. Deben crearse puntos de atención ciudadana en las sedes de la justicia. Promover comportamientos que mejoren la convivencia ciudadana, con obligatoriedad de educación cívica. Im-plementar herramientas tecnológicas que faciliten la interacción con los juzgados y tribunales. Brindar apoyo económico a los usuarios de bajos recursos y revisar las tarifas de los abogados. Resolver el déficit de legitimidad. La au-sencia de legitimidad se refleja en la per-cepción de corrupción, impunidad, inope-rancia del sistema y tratamiento desigual a los ciudadanos. Debe implementarse una buena estrategia de comunicaciones, desarrollar una política de lucha contra la corrupción y aplicar los principios de Go-bierno Abierto basados en la transparen-cia, participación ciudadana y creación de espacios de innovación. Fijar reglas de calidad en el servicio. Hoy hay ausencia de políticas de calidad e ine-xistencia de mecanismos para brindar orientación al ciudadano. Por eso se debe crear el Defensor del Usuario de la Rama Judicial, figura visible ante los ciudadanos ante el cual se puedan transmitir al alto gobierno judicial las quejas y sugerencias. Se deben actualizar los sitios web del po-der judicial, en ellos debería encontrarse información ágil y actualizada. Y hay que adecuar la infraestructura de la Rama Judicial a las necesidades de los ciudadanos. Eliminar las barreras operativas que ha-cen complejo el sistema de justicia. El funcionamiento del sistema de justicia es muy complejo y hay un crecimiento de la demanda no articulado con el creci-miento de la oferta. Por ello hay que iden-tificar de manera sistemática las necesida-des jurídicas de la población. Hay necesi-dades que permanecen ocultas porque se prefiere acudir a mecanismos de solución externos al sistema judicial. Es necesario contar con información periódica sobre cuáles son los tipos de conflictos que más afectan a la gente, determinarlos por terri-torios y definir cuáles son las barreras que enfrenta para acceder al servicio.
Mejorar la formación de los abogados y jueces. Hay que hacer más exigentes los requisitos para obtener el registro califica-do de los programas de Derecho. Debe profundizarse la función social del aboga-do y conectar la práctica y la formación, que a veces van por caminos distintos. Hay que establecer el examen de Estado habilitante para ejercer la profesión, y eva-luar la conveniencia de la colegiatura obli-gatoria. Los jueces deben realizar capacita-ciones obligatorias al menos una vez al año y asistir a actualizaciones periódicas. Hay que fortalecer la Escuela Judicial y do-tarla de mejores herramientas. Aumentar los requisitos para ser juez y magistrado. Los requisitos que actualmente exige la ley son insuficientes para lograr que lleguen a la Rama los más experimentados y maduros. Para jueces de primera instancia (municipal, o del circuito) la experiencia mí-nima debe ser cinco años y especialización o maestría en el área de desempeño. Para magistrado de tribunal, experiencia de 12 años y especialización o maestría. Para ma-gistrado de alta corte, experiencia de 20 años, 10 de ellos en el área de desempeño, edad mínima de 50 años y que el fin del pe-ríodo sea también el de la carrera. Transformar la carrera judicial. La carrera no solo debe fortalecer la independencia judicial y lograr igualdad de oportunidades de acceso sino que debe garantizar la ido-neidad de los jueces y magistrados, para que la justicia tenga mayor calidad. Hay que fortalecer al juez de primera ins-tancia (no concentrarse solo en la cúspide) que es quien conoce el mayor número de casos. Hay que profundizar el curso-con-curso de acceso, que debe ser de dos años de duración, y transformar el sistema de evaluación del desempeño. Implementar una estrategia de comuni-caciones para la Rama Judicial. Debe ha-ber oficinas de prensa en los palacios de Justicia de las ciudades capitales, así como voceros únicos autorizados para dar declaraciones. El enfoque debe ser propositivo, más que el reactivo. Aquí se incluye la capacitación para periodistas judiciales, que muchas veces confunden términos jurídicos o la naturaleza de las diligencias procesales. Se sugiere que el Consejo Superior de la Judicatura acuerde con los medios un protocolo básico para el tratamiento de noticias judiciales.
Depurar el ordenamiento jurídico y con-tener la hiperinflación normativa. Per-sistir en la tarea que adelanta el Ministe-rio de Justicia para depurar normas obso-letas. También, para codificar y armonizar las leyes y decretos vigentes. Muy impor-tante y necesario: superar la cultura de ex-pedir normas para conjurar problemas. Las acciones deben concentrarse en im-plementar adecuadamente el marco nor-mativo. Deben definirse estrategias para mejorar la calidad de la producción nor-mativa, modificando la Ley 5 de 1992 y exigir que las derogatorias de las normas sean expresas en los proyectos de ley. Fortalecer el sistema de información normativa. El Ministerio de Justicia y del Derecho debe culminar la puesta en mar-cha del Sistema Único de Información Normativa (Suin-Juriscol), agregando la in-formación sobre los reglamentos técnicos de los sectores y mejorando sus funciona-lidades. También debe impulsar a las enti-dades territoriales para que implementen sistemas que consoliden la divulgación de normas departamentales y municipales. Crear un observatorio de jurispruden-cia. Hay problemas de inseguridad jurídi-ca derivados de las fallas en la producción y en la publicidad de la jurisprudencia. Se debe implementar un mecanismo de ob-servación sistemática a la jurisprudencia, que identifique prácticas que pueden es-tar afectando la seguridad jurídica, tales como la insuficiente motivación de los jueces en sus sentencias, la falta de clari-dad en los fallos o la ausencia de motiva-ción de las decisiones. Este monitoreo debe ser una estrategia de la Escuela Judi-cial para definir programas de formación. Reformas normativas. Para evitar sen-tencias contradictorias y la complejidad del sistema se han propuesto opciones como estas: (i) Cambios en la estructura de la Rama Judicial. (ii) Crear jueces es-pecializados en el trámite de tutelas, para que los demás jueces puedan mejo-rar la productividad en el trámite de procesos ordinarios. (iii) Modificaciones a la tutela contra sentencias. Esto se ha convertido en un detonante de inseguri-dad jurídica. De igual forma, hay que es-tablecer requisitos para la revisión de tutelas de las altas cortes, que debe ser un mecanismo excepcional pues da lu-gar al llamado “choque de trenes”.
Equilibrar la carga de los jueces ajustan-do modelos de gestión. Para evitar la car-ga laboral descontrolada hay que ajustar los modelos de gestión y aprovechar al máximo los recursos procesales que traen los códigos y la ley estatutaria de adminis-tración de justicia. Es necesario crear car-gos donde es evidente la deficiencia de personal. El modelo de gestión debe tener en cuenta la atención de tutelas, para que no impacte la atención de las causas ordi-narias. Se debe profesionalizar el personal de apoyo y asistencia judicial, con discipli-nas diferentes al Derecho que puedan con-tribuir a mejorar la gestión. Medición independiente de los indica-dores de gestión judicial. La CEJ cree que “lo que no se mide no se puede mejorar”. Ese es uno de los puntos más urgentes de intervención, toda vez que es necesario medir la gestión de los jueces, su produc-tividad y la calidad de una forma diferen-te, así como también es necesario empe-zar a medir el cumplimiento de las deci-siones judiciales. Se propone que las esta-dísticas judiciales sean manejadas por un organismo autónomo de la Rama Judicial. Implementar el centro judicial de ges-tión del tiempo. Este es recomendado por la OCDE según estándares del Tribunal Eu-ropeo de Derechos Humanos. En este compendio se incluye: (i) El estableci-miento de plazos realistas. (ii) El cumpli-miento de los plazos. (iii) El seguimiento y difusión de estadísticas. (iv) Las políticas y prácticas de gestión procesal. Y (v) Las po-líticas sobre número de casos y carga de trabajo. La CEJ considera que el órgano de Gobierno de la Rama Judicial debe contar con un Centro Judicial de Gestión del Tiempo para superar atrasos y brindar un mejor servicio al ciudadano. Fortalecer el Órgano de Gobierno del Poder Judicial. Las altas cortes, que son las encargadas de su conformación, de-ben ser más exigentes con los perfiles. La Sala Administrativa del Consejo Supe-rior de la Judicatura debe tener un equi-po multidisciplinario, abogados con am-plia experiencia en diseño y seguimien-to de políticas públicas, finanzas y hasta tecnología. Deben fortalecer las destre-zas de planeación estratégica, así como crear canales necesarios para escuchar permanentemente la voz de los jueces y empleados judiciales.