policy paper escenarios prospectivos de la seguridad en colombia frente al proceso de paz
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POLICY PAPER
Escenarios Prospectivos de La Seguridad en Colombia Frente al Proceso de Paz Aproximaciones
Obra auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer
Hernán Beltz Peralta
Presidente Honorario
Rodrigo Pombo Cajiao
Presidente
Giovanni Alberto Rocha Mahecha
Director Ejecutivo
Escenarios Prospectivos de la Seguridad en Colombia Frente al
Proceso de Paz - Aproximaciones -
Jhon Anzola Morales
Camilo Parada Ruiz
German Sahid Garnica
Autores
ISBN: 978-958-57361-8-4
© CORPORACIÓN PENSAMIENTO SIGLO XXI
Avenida 82 No. 7 – 22, Oficina 104. Bogotá, D.C. – Colombia
Teléfono 6216963. Fax 2369122
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ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquí-
mico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o
cualquier otro medio, sin el permiso previo por escrito de los
editores.
Como parte de la serie de “Policy Papers” que ha ve-
nido produciendo la Corporación Pensamiento Si-
glo XXI, éste, intitulado Escenarios Prospectivos de la Seguridad en Colombia frente al Proceso de Paz, tie-
ne un mérito que de entrada vale la pena resaltar:
no se inscribe ni en un “voluntarismo de paz” ni
en un “voluntarismo de guerra” sino en el cam-
po de la estrategia. Alguien podrá anotar que no
podía ser “voluntarista” puesto que se enfoca en “la
seguridad”, lo cual es válido; pero también es cierto
que durante la última década considerables secto-
res de la opinión colombiana equivocadamente se
acostumbraron a considerar que la seguridad na-
cional está estrechamente ligada a la prevalencia
de operaciones militares ofensivas, aquellas que le
imprimen el sello más distintivo a la guerra.
En fin, el punto a destacar es que este “Policy Pa-
per” bien puede inscribirse en el ámbito de la Es-trategia de Seguridad por cuanto contiene insumos
que mirados con el detenimiento que ameritan
servirán a los correspondientes tomadores de deci-
sión en el Estado para ir elaborando una “Estrategia
Nacional para el Post-conflicto”. Y esto en un país
que en buena parte se ha acostumbrado a no tener
visión de mediano y largo plazo, sería un impor-
tante avance para rediseñar de manera estratégica
la seguridad como requisito indispensable para el
progresivo asentamiento de la paz.
Son tres los autores, Camilo Parada Ruiz, Jhon An-
zola Morales y German Sahid Garnica, y tres los
ejes (o apartados) sobre los que se articula el docu-
mento: “De los Escenarios Internos en un eventual
Post-conflicto”, “Seguridad Ciudadana en Colom-
bia: Retos y Perspectivas en un escenario de Post-
conflicto” y “Escenarios Estratégicos de las FARC
desde sus Documentos Rectores”. De estos a conti-
nuación me referiré a los aportes relacionados con
los tópicos que más han tendido a estar presentes
en la agenda pública desde que se iniciaron oficial-
mente las negociaciones para terminar el conflicto
con las FARC.
Del primero es destacable el aporte respecto a la
inserción dentro del sistema político colombiano
de las estructuras políticas de las FARC. En él se
muestra cómo la política territorial, en la periferia
que no en el centro, tomaría un sentido especial en
un escenario de postconflicto si se sabe articular lo
hasta ahora ilegal con lo legal, que a decir verdad
ha estado más escrito en las leyes que vivido en la
realidad en esas áreas por mucho tiempo margi-
nales al sistema político. Por esto el autor sostiene
que “la dicotomía legal-ilegal del ejercicio político
de las estructuras (de las FARC) también podría ser
vista desde la visión normativo-real-práctica”. En
este orden de ideas, argumenta que gran parte del
problema consistirá en “incorporar en la legalidad y
a los procedimientos del mismo orden, un ejercicio
que en la práctica ya vienen haciendo en algunas
zonas del país hace décadas”. En esa incorporación
en lo legal se incluye el control territorial, la red de
milicias, la construcción y promulgación de leyes
y sanciones, el control de la violencia y el efectivo
control del “negocio del narcotráfico”.
En lo atinente a la Seguridad Ciudadana, por una
parte el autor hace un adecuado análisis de la evo-
lución de las políticas públicas de este campo pues-
tas en marcha durante las administraciones Uribe
y Santos, mostrando sus aciertos y algunos vacíos
que se hace aún más imperativo llenar en un esce-
nario post-conflicto. Por otra parte, es de destacar
lo relativo a la reintegración de los excombatientes:
entre estos – sostiene el autor- algunos requerirán
educación, capacitación y en general formación
para vincularse al mercado laboral o para idear una
actividad económica independiente. Con otros se
podría “contemplar la posibilidad de involucrarlos
en actividades de seguridad ciudadana como se-
rían una policía cívica, comunitaria o una guardia
rural”. A lo que el suscrito agrega la necesidad de
un previo examen sicométrico elaborado con los
más altos estándares de calidad y confiabilidad,
enfocado en detectar la propensión a la violencia
de cada candidato, para así evitar que aquellas per-
sonas moral y sicológicamente descompuestas por
la guerra integren esas posibles organizaciones y
más bien se incluyan en tratamientos que les per-
mitan rehacer sus proyectos de vida en otro tipo
de actividad.
PRESENTACIÓN
En el último apartado su autor plantea unos posi-
bles escenarios que tendrían lugar antes de llegar
al post-conflicto, con sus respectivos elementos de
favorabilidad o no para el Estado y para las FARC,
sin arriesgarse en la valoración de los más proba-
bles quizás por insuficiencia de elementos de juicio
fácticos. De todas maneras, los escenarios se cons-
truyen acertadamente teniendo en mente una
variable de análisis realista que corre transversal a
todos: el poder político que pretende la guerrilla.
En efecto, las FARC no han desistido de “luchar” por
alcanzar la meta trazada sin ambages desde la sép-
tima conferencia. Esto es la obtención del poder
político incluyendo para ello el uso de la violencia
muy al estilo marxista-leninista. Lo anterior se co-
rrobora en la respuesta a la pregunta de si espera-
ban poder participar en elecciones en busca de di-
cho poder, formulada recientemente (29-04-2013)
por Vicky Dávila de la FM a Rodrigo Granda, uno
de los negociadores en La Habana, pues el entre-
vistado afirmó sin titubeos “sin poder no se puede
lograr nada”. Es más, también de manera acertada
el autor sostiene que desde dicha conferencia las
FARC han venido implementando y reajustando
una estrategia en la que el esfuerzo militar es del
30% frente al 70% correspondiente a las líneas de
acción política.
Sin embargo es criticable la siguiente afirmación
hecha hacia el final del escrito en la que se niega
que las FARC tengan voluntad de paz: “… se pue-
de establecer que los diálogos de paz son solo una
estrategia de guerra de las FARC tal como lo de-
muestra el Pleno del Estado Mayor Central de 2000
donde se plasma lo siguiente: ‘…Adelantamos los
diálogos con el Gobierno como parte del Plan Es-tratégico. Debemos analizar hasta donde podre-
mos avanzar en el logro del objetivo de acuerdo
a las circunstancias políticas y de confrontación
existentes, buscando que ante la opinión siempre quede clara nuestra voluntad por encontrar salidas políticas dejando en el estado terrorista la respon-
sabilidad del agotamiento de esa opción’ “ (subra-
yados del autor, negrillas mías). En este argumento
no se tuvo en cuenta que dicho Pleno tuvo lugar
hace más de doce años cuando, debido a los éxitos
militares que cosecharon en el lapso 1996 – 98 (La
Delicias, Patascoy, El Billar, Mitú etc..), las FARC se
percibían a sí mismos como una especie de “estado
naciente” que negociaba con uno “convaleciente”
que además les había otorgado todo lo que exi-
gieron para sentarse a conversar (despeje de cinco
municipios etc…). Es decir, escribieron lo que cita
el autor en circunstancias político-militares muy di-
ferentes a las del presente. Es más, se soslayó de la
cita de las FARC la parte en negrillas. Esto no quiere
decir que durante las negociaciones esa guerrilla
no vaya a seguir jugando ajedrez buscando el po-
der político y que el Gobierno no deba pasar del
póker al juego ciencia so pena de verse sorprendi-
do; pero sí hay que poner en duda el argumento
del autor quien, repito, sostiene que las FARC aún
no tienen voluntad de ponerle fin al conflicto ar-
mado.
¿Son conscientes de todo lo anterior los tomadores
de decisión en el Estado? ¿Cuál de los escenarios
de vislumbra como el más probable? ¿Partiendo de
dichas premisas se están diseñando al menos bo-
rradores de las estrategias para llegar al post-con-
flicto? ¿Con que cuota de poder se conformarían
las FARC? ¿Cuál cuota está dispuesto a permitir el
Estado? ¿los colombianos? Estas y otras preguntas
quedan pendientes de respuesta para un futuro
análisis del naciente Centro de Análisis Estratégico
(CAE) de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.
Bogotá D.C. 1 de mayo de 2013.
Coronel (R) Carlos Alfonso Velásquez R.
Corporación Pensamiento Siglo XXI
Centro de Análisis Estratégico.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad es un elemento decisivo para el buen
funcionamiento del Estado de Derecho. Colombia
presenta unos problemas en diversos aspectos que
disminuyen la calidad de vida y deteriora el clima
de negocios, haciendo a su vez que la informalidad
sea una gran aliada de las diversas manifestaciones
de violencia y terror que se presentan en nuestra
sociedad.
El presente Paper, que se construye a partir de una
iniciativa de la Corporación Pensamiento Siglo XXI
y su Centro de Análisis Estratégico – CAE, el cual
preguntó que pasa con la FARC y los diálogos con
el gobierno desde una perspectiva de futuro.
Es por ello que hemos estructurado en este peque-
ño documento tres escenarios o si lo prefieren, tres
marcos de análisis en los cuales se abordan temas
y escenarios en los cuales los exguerrileros y la so-
ciedad colombiana pueden asumir, como parte de
un proceso integrador, que es mucho más amplio
y de mayores alcances que los propuestos en este
documento, sin desconocer que se ha pretendido
lograr una análisis estructural de temas claves
para los estudios en seguridad.
En sintesis es documento consta de tres partes, una
en la cual se aprecia posibles escenarios de pos-
conflicto, (bajo el entendido de un acuerdo de Paz
del Gobierno de Santos y las FARC), un segundo
capitulo que hace una mirada a la seguridad ciuda-
dana y sus implicaciones en una eventual paz. Y Por
último se presenta posibles rutas de acción de las
FARC, dentro de sus estrategias políticas y militares
que permitan dilusidar hechos y efectos a partir
de sus lineas estratégicas, en ralación con el actual
proceso de paz.
Esperamos que el lector encuntre una mirada di-
fernte, precisa, pero propositiva de lo que puede
ser la seguridad en Colombia en un escenario de
posconflicto.
I. DE LOS ESCENARIOS INTERNOS EN UN
EVENTUAL POST-CONFLICTO
1. Terminación del conflicto y bacrimización
de estructuras armadas de las FARC
Parte del temor gubernamental de la academia y
de la población en general se remite a la posibilidad
inminente de que algunas estructuras del grupo ar-
mado ilegal, tras la terminación oficial del conflicto,
presenten una mutación hacia el fenómeno cono-
cido como Bandas Criminales o BACRIM.
ESCENARIOS PROSPECTIVOS DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA FRENTE
AL PROCESO DE PAZ- Aproximaciones -
Autores:
Camilo Parada Ruiz
@cparadaruizInvestigador Centro de Investigación en Guerra Asimétrica
Jhon Anzola Morales
@metropolisDCInvestigador Fundación Ideas para la Paz
German Sahid Garnica
@GermanSahidProfesor Universidad del Rosario
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El desarrollo del narcotráfico como dinámica eco-
nómica y la instauración de todo el proceso pro-
ductivo y de distribución que se presentó en el
país a partir de los años 70, más la inoperancia por
parte del Estado para controlar dicho negocio, hizo
de este un caldo de cultivo ideal en la construcción
de riquezas inimaginables sostenidas en un pivote
basado en la infiltración de la política y la construc-
ción de estructuras armadas.
La constitución de carteles organizados a la luz
de este negocio, construyó una mutante manera
de delinquir, donde factores sociales propios del
tercer mundo (pobreza, marginalidad política, ex-
clusión social) alimentaban los índices de crimina-
lidad y la tendencia a enriquecerse por fuera de la
legalidad.
Con la destrucción de los visibles y anacrónicos
carteles, el fenómeno del narcotráfico tomó dos
caminos distintos. Por un lado, antiguos narcotra-
ficantes menores, herederos de los carteles, com-
prendieron que el negocio podía ser más rentable
y menos peligroso si adquirían una visibilidad me-
nor y una capacidad mayor de infiltración de au-
toridades e instituciones locales, que les permitiría
un control del micro-tráfico y la consolidación de
las redes económicas provenientes del negocio.
Por el otro, ciertos frentes de las FARC estaban ubi-
cados geográficamente en zonas donde era posi-
ble realizar todo el proceso productivo del alcaloi-
de (Frentes 1, 6, 7 y 27) y tomar el negocio como
parte de financiación de la máquina militar que
requerían para combatir a los sistemas de defensa
del Estado.
Vale la pena aclarar que estas dinámicas no son ex-
cluyentes, ya que en algunas zonas del país existen
Bandas Criminales que conviven y cohabitan con
estructuras de las FARC, como sucede en el noroc-
cidente antioqueño con el Frente 58 o en la fron-
tera con Panamá donde el 57 convive con redes
criminales de Los urabeños.
La inserción de las nuevas dinámicas en el esce-
nario del crimen organizado internacional es otro
elemento a analizar. Redes criminales provenien-
tes de Brasil o México serían auspiciadoras de esta
nueva mutación de las estructuras guerrilleras; es
más, en algunas regiones del país (Catatumbo) ya
hay indicios de dicha transformación: estructuras
armadas de las FARC, el ELN y del antiguo Bloque
Catatumbo de las Autodefensas, se han organizado
como red de producción y distribución de la droga.
Viendo el panorama con estas luces de aproximación,
se puede proyectar la constante y latente posibilidad
de la construcción de Bandas Criminales financiadas
por quienes controlan la producción y distribución
de alcaloides, de donde surge la enorme preocupa-
ción por la legalización de la droga en el país.
2. Estructuras Políticas de las FARC e inserción
dentro del Sistema político
Dentro del proceso de paz vigente en La Habana,
un punto de discusión central es la posibilidad de
que los militantes de las FARC ingresen al sistema
político según la dinámica de la elegibilidad. Frente
a esta coyuntura, es necesario hacer un paréntesis
sobre la organización política insurgente.
Las FARC son concebidas por ellas mismas como
una organización político-militar que mediante la
combinación de todas las formas de lucha y la gue-
rra popular prolongada, puedan alcanzar el poder
político y desmontar el régimen oligárquico.
Para ello, tienen toda una organización política que
pretenden legitimar sus acciones armadas deriva-
das de la causa insurgente. Dicha organización tie-
ne un alcance tanto externo (Cominter, Comisión
Internacional) que busca el apoyo internacional a
la causa subversiva, como interno (PC3, Partido Co-
munista Colombiano Clandestino) que pretende
en teoría, acompañar las prácticas militares y actos
terroristas desde la lógica de la causa insurgente.
En su estructura piramidal, se deriva hacia la pobla-
ción el alcance de las compañías políticas de cada
estructura o Frente a partir de una jefatura zonal,
que termina llegando a la sociedad civil en su juris-
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dicción delictiva por medio de las milicias que jue-
gan un papel legitimador de la misma estructura y
en ocasiones, de administrador de justicia en dichas
zonas.
Bajo esta lógica, se vislumbra en algunas regiones
del país, cómo funcionaría la cuestión política. Hay
diversos cuestionamientos de la opinión pública y
de los opositores del proceso, ante la posibilidad
que los miembros de la guerrilla pudieran ser ele-
gidos a corporaciones de nivel municipal, regional
o nacional. El dilema se enmarca en la inserción de
los guerrilleros en el sistema político democrático
como salida a su ejercicio militar y terrorista, legiti-
mando la acción subversiva como mecanismo de
acceso a este.
Pero observando las dinámicas históricas respecto
a la cuestión territorial y el acceso del Estado como
institución reguladora de la vida social de ciudada-
nos por medio del uso de la fuerza legítima, se evi-
dencia que dicho ejercicio se ha quedado corto. Es
por esto que la cuestión política territorial toma un
particular sentido en un escenario de postconflic-
to. Es allí donde el ejercicio político realizado por
las estructuras descritas anteriormente toma parti-
cular importancia.
La dicotomía legal-ilegal del ejercicio político de las
estructuras también podría ser vista desde la visión
normativo-real-práctica. Es decir, gran parte del
problema en sí, es incorporar en la legalidad y a los
procedimientos del mismo orden, un ejercicio que
en la práctica ya vienen haciendo en algunas zonas
del país hace décadas. La legitimación del proceso y
la inserción de dicho ejercicio, se hacen imperativas
como resultado esperado del proceso. Esta inclusión
normativa, además del acompañamiento político
nacional de movimientos como Marcha Patriótica
(cuya bandera es de reivindicación social de campe-
sinos, trabajadores y movimientos regionales) deno-
ta una estrategia municipal, regional y nacional.
Se espera también, como parte del proceso de in-
clusión a las dinámicas de la legalidad de los proce-
dimientos prácticos que hace la insurgencia en zo-
nas controladas por ellos, que sean acompañados
por las Organizaciones No Gubernamentales que
han sido parte de la estrategia de guerra política
frente a los organismos de seguridad del Estado.
Así, dichas ONGs actuarían como articuladoras en-
tre la nueva condición de las compañías políticas
antes ilegales, el sistema internacional y la pobla-
ción civil.
3. Institucionalidad e Imaginarios políticos
El gran reto que conllevaría el proceso de paz y la
posible dejación de armas por parte de la guerri-
lla de las FARC es la deconstrucción del imaginario
colectivo sobre este grupo armado y la transforma-
ción del ejercicio constructor de institucionalidad.
Cuando se describe el proceso histórico de cons-
trucción de institucionalidad republicana, se apela
casi que de manera sistemática a un centralismo
político, unos partidos políticos que sean fuertes
canalizadores de las demandas poblacionales y
una institucionalidad débil en su ejercicio práctico
en regiones apartadas.
Fue así como se construyó técnicamente una ten-
sión respecto a dicha institucionalidad; por un lado,
un centro creyente de la legalidad, de los procedi-
mientos normativos derivados de una modernidad
occidental; y por otro lado, una periferia lejana de
dichos procedimientos donde la institucionalidad
se construía a partir de interacciones sociales ba-
sadas en el uso de la fuerza y de la justicia según
intereses privados constituidos en dicho espacio
topográfico. Entonces, lo normativo se excluye en
sí mismo dando paso a un control territorial basa-
do en procedimientos lejanos de la racionalidad
instrumental de la norma.
Estos dos países, herederos de una dinámica colo-
nial sin una transición clara a la institucionalidad
republicana, acrecentaron la tensión centro-perife-
ria, sociedad rural-sociedad urbana que desvinculó
la idea de un Estado-Nacional con una relación en-
tre el constituyente primario y la toma de decisio-
nes públicas.
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La pregunta central derivada de esta descripción
es cómo construir institucionalidad con las ten-
siones planteadas. Todo parecería indicar que una
respuesta federalizada a la cuestión de la tierra y el
control político-institucional de ella, daría aparen-
temente una solución a la tensión planteada, sin
otorgar a esta alternativa un juicio valorativo.
La petición de las FARC para renovar el catastro
rural, el planteamiento de la necesidad de una
autonomía territorial campesina, el ambiente po-
lítico de la legalización de la droga y el salto a un
estado federado regional, como contemplan los
académicos, otorgaría luces a este escenario post-
negociaciones.
La autonomía territorial derivada de los diálogos
permitiría en unas regiones del país articular para
las FARC una institucionalidad tácita en un marco
de legalidad, generando nuevas construcciones
imaginarias sobre la causa política de su lucha por
más de 60 años, olvidando de tajo, las víctimas de
este proceso subversivo.
El movimiento Marcha Patriótica sirve como punta
de lanza de la construcción de los nuevos imagi-
narios. El elemento discursivo basado en la cate-
goría de la reivindicación de derechos colectivos,
es inherente a la misión de la democracia liberal;
la inclusión de eticidades (en términos de Rawls)
antes excluidas, genera mayor legitimidad y ampli-
tud a un sistema político antes cerrado y estático.
Como se observa, en este escenario “todos ganan”:
el sistema democrático, el Gobierno, las FARC, “los
excluidos” y la aparente institucionalidad construi-
da como resultado de un proceso de paz.
4. Construcción de nuevos paradigmas de
subversión en áreas determinadas.
Uno de los elementos problémicos que presenta el
escenario de post-conflicto es la consolidación del
ejercicio de la fuerza en un territorio determinado.
Por décadas, la lógica de defensa del Estado colom-
biano ha estado direccionada hacia su interior. Las
amenazas de este se han configurado como facto-
res subversivos o de inestabilidad al statu-quo.
En un posible escenario de post-conflicto, se pre-
sentaría una translocalización de la amenaza y por
ende, de los esfuerzos de los organismos de segu-
ridad del Estado a un blanco externo y a la Inteli-
gencia estratégica.
La consolidación del proceso de paz no se presen-
ta como un asunto netamente legal. Las dinámicas
de violencia que históricamente ha presentado
el país, reversarían inmediatamente un proceso
de inclusión real de la subversión en la vida legal,
ya que en la cultura de muchos de sus miembros,
existe una construcción valorativa de principios
éticos por fuera de la misma legalidad, lo que en
un caso provocaría la construcción de reductos
guerrilleros en un espacio controlado por sus an-
tiguos camaradas. En otros términos, estructuras
que han sacado provecho de la ilegalidad, podrían
construir movimientos subversivos en zonas de
control (ahora legal) de estructuras otrora ilegales.
Por esto se hace importante el acompañamiento
y la consolidación del proceso a partir de la inte-
gralidad de procesos estatales inexistentes hasta
ahora.
5. Estratagema política dentro de la combi-
nación de las formas de lucha
Una de las hipótesis más consensuadas en el ámbi-
to de los analistas de las FARC como organización
político-militar, es analizar el proceso de paz como
medio y no como fin de su lucha subversiva.
El proceso histórico de las FARC llevaría a pensar
dentro de este escenario, en la posibilidad de en-
caminar los procesos de diálogo como una estrate-
gia que conlleva tres puntos esenciales:
La visibilidad y legitimación en el escenario
internacional como grupo subversivo que
encarna la voluntad de un pueblo sometido y
explotado.
La reconfiguración en el teatro de operacio-
nes que le permite reconstituirse y reorgani-
zar sus estructuras militares y políticas.
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La posibilidad de establecer sus demandas en
una Asamblea Nacional Constituyente como
parte de la guerra popular prolongada sin de-
jación de armas, disminuyendo la voluntad de
lucha de los miembros de los organismos de
seguridad del Estado.
Estas posibilidades se enmarcan dentro de los pla-
nes estratégicos que las FARC han ido modificando
y adaptando a cada uno de los momentos del con-
flicto que se les han presentado.
Narcotráfico y Post-conflicto
Capítulo aparte merece este tema dentro del análi-
sis de un escenario real de Post-conflicto. Cabe re-
cordar que el fenómeno del narcotráfico es multi-
causal y que involucra enormes capas poblaciona-
les que, en algunos casos, hacen parte de su modus vivendi como práctica legitimada en su entorno
social, lo que cataloga este negocio como un pro-
blema que va más allá de lo netamente económico
en un marco de legalidad.
En algunas zonas del país (la mayoría remotas, con
población indígena y sin presencia real del Estado)
el narcotráfico ha encontrado el caldo de cultivo
propicio para establecer redes completas de pro-
ducción y distribución del alcaloide.
Las FARC entendieron la rentabilidad que genera el
negocio del narcotráfico y la ventaja comparativa
en términos de legitimidad al usar este mecanismo
(clandestino y alejado) y no otros mecanismos de
financiación como el secuestro o la extorsión para
financiar su lucha armada.
La consolidación territorial de algunas estructuras
armadas (Frente 7 en la ribera del Río Guayabero
–Guaviare- y el Frente 6 en el Cauca, por citar dos
ejemplos específicos) puede evidenciar la proble-
mática citada anteriormente. Estas dos estructuras
poseen características similares: Control territorial,
sofisticada y eficiente red de milicias, construcción
y promulgación de leyes y sanciones, control de la
violencia y efectivo control del negocio del narco-
tráfico.
En estas dos zonas, la siembra y recolección de la
hoja de coca y la producción química de la misma
establecen relaciones económicas entre sus habi-
tantes, siendo reguladas por la estructura subver-
siva, lo que determina el accionar de la región y su
movilidad con base en un negocio ilícito.
Viendo esta lógica, el panorama prospectivo res-
pecto al narcotráfico, se visualiza desde la posibili-
dad del control legal-territorial por parte de las es-
tructuras desmovilizadas legalmente constituidas,
con autonomía total administrativa y excluyendo
la posibilidad del ingreso a estas zonas de la fuer-
za pública o de cualquier organismo de control del
Estado. El otro escenario se vislumbra dentro de la
posibilidad de la legalización de la droga, lo que
generaría una lógica distinta respecto al negocio.
II. SEGURIDAD CIUDADANA EN COLOMBIA:
RETOS Y PERSPECTIVAS EN UN ESCENARIO
DE POST-CONFLICTO
En el año 2002 el país se enfrentaba a una de las peo-
res crisis políticas, económicas e institucionales de
su historia. El fracaso del proceso de diálogo lleva-
do a cabo en el Caguán (Caquetá) por el presidente
Andrés Pastrana (1998-2002) con las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC) –el grupo
guerrillero más antiguo y fuerte del país-, minó la
confianza de la ciudadanía, no solo en el gobierno
nacional sino también en sus Fuerzas Militares. Adi-
cionalmente, los grupos de autodefensas se habían
fortalecido y estaban en un proceso de expansión
territorial y política que tuvo el beneplácito de im-
portantes círculos de poder nacional y local.
Para este año, la tasa de homicidios en Colom-
bia era de 69 por cada 100 mil habitantes (28.837
casos)1 y según el Ministerio de Defensa Nacional
1 Fuente: Ministerio de Defensa Nacional (2010).
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se cometieron 680 masacres,2 se reportaron 1.708
secuestros extorsivos (698 de ellos en retenes ilega-
les o ‘pescas milagrosas’) y 1.645 actos de terroris-
mo.3 La Fuerza Pública tenía un total 313.406 efec-
tivos, las FARC sumaban 18 mil hombres alzados en
armas, se presentaron 209 ataques a municipios y
se estimaba que en el territorio nacional se encon-
traban sembradas 102.071 hectáreas de coca.4
Las condiciones anteriormente descritas conduje-
ron a que incluso el país llegara a ser catalogado
como un Estado fallido, sensación que compartían
los colombianos, decepcionados por el malogra-
do proceso de paz, por la crisis económica y por
la intensificación de un conflicto armado interno
cada vez más degradado, que cobraba más vidas y
afectaba a millones de personas, tanto en el cam-
po como en la ciudades. No obstante, al final de la
administración Pastrana, el Estado colombiano por
medio del Plan Colombia había sentado las bases
para el fortalecimiento y la modernización de sus
Fuerzas Armadas y de Policía.
En lo referente a los delitos contra la vida, la inte-
gridad personal y el patrimonio, las cifras daban
2 Son aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas; no se contabilizan aque-llos casos en donde por acción de la Fuerza Pública, en cumplimiento de su deber constitucional, resultan muertos cuatro (4) o más delincuentes; tampoco se tie-nen en cuenta las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública cuando exceden de cuatro (4). Para que sea catalogado como homicidio colectivo, se requiere que el ilícito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, por los mismos autores y en personas en esta-do de indefensión. Estos hechos no son contabilizados como actos terroristas. Ministerio de Defensa Nacional (2010).
3 -ción de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad físi-
medios de comunicación, transporte, procesamiento o
de medios capaces de causar estragos. Ídem.4 Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos – SIMCI.
cuenta que para 2002 -además de la tasa de ho-
micidio ya mencionada-, en el país se presenta-
ron 107.387 casos de lesiones personales, 33.431
hurtos a personas, 16.093 hurtos a hogares, 11.984
hurtos a establecimientos comerciales, 17.303 ca-
sos de hurto de automotores (vehículos) y 12.974
hurtos de motos.5
1. Álvaro Uribe y la Política de Defensa y Segu-
ridad Democrática (2003 – 2010)
Este escenario propició las condiciones para que
Álvaro Uribe Vélez alcanzara la victoria en la prime-
ra vuelta de las elecciones presidenciales de 2002,
cimentando su campaña principalmente en la
promesa de derrotar militarmente a los grupos ar-
mados ilegales (especialmente a las FARC). Para tal
fin, a partir del año 2003 el gobierno de Uribe Vé-
lez implementó la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, cuyo objetivo principal era “reforzar
y garantizar el Estado de Derecho en todo el terri-
torio, mediante el fortalecimiento de la autoridad
democrática: del libre ejercicio de la autoridad de
las instituciones, del imperio de la ley y de la par-
ticipación activa de los ciudadanos en los asuntos
de interés común”.6 Según este documento, la se-
guridad fue definida como “(…) el bien común por
excelencia de toda la sociedad (…), la protección
del ciudadano y de la democracia por parte del Es-
tado, con la cooperación solidaria y el compromiso
de toda la sociedad”.
La política de seguridad democrática estableció
como sus pilares fundamentales: (i.) la protección
de los derechos de todos los ciudadanos, (ii.) la
protección de los valores, la pluralidad y las institu-
ciones democráticas y (iii.) la solidaridad y la coo-
peración de toda la ciudadanía en defensa de los
valores democráticos. De igual forma, se identifi-
caron como principales amenazas para el país y la
5 Fuente: Observatorio del Delito de la DIJIN - Policía Nacional
6 Presidencia de la República - Ministerio de Defensa Nacional (2003). Política de Defensa y Seguridad De-mocrática. Bogotá D.C.
11
ciudadanía en general: (i.) el terrorismo, (ii.) el ne-
gocio de las drogas ilícitas, (iii.) las finanzas ilícitas,
(iv.) el tráfico de armas, municiones y explosivos,
(v.) el secuestro y la extorsión, y (vi.) el homicidio.7
Su implementación durante los ocho años de go-
bierno de Uribe (2002-2010) presentó resultados
exitosos, particularmente frente a la lucha contra
los grupos armados ilegales. De esta manera, para
2010 el país evidenció un descenso en la tasa de
homicidios, ubicándose en 34.9 por cada 100 mil
habitantes (15.459 casos). También se registraron
184 masacres (reducción del 73%), 188 secuestros
extorsivos (solo uno de ellos en retenes ilegales; re-
ducción del 89%) y 471 actos de terrorismo (reduc-
ción del 71%). En cuanto al pie de fuerza, se pasó
a contar con 435.367 efectivos (Fuerzas Militares
y Policía Nacional), las FARC pasaron a tener cerca
de 8 mil hombres, se redujeron a tan solo cinco los
ataques a municipios, y las hectáreas sembradas
con coca disminuyeron a 68.025. 8
A pesar de lo anterior, la política de seguridad de-
mocrática se formuló y ejecutó, principalmente,
para darle respuesta a los desafíos que suponían
para el gobierno las acciones de los grupos arma-
dos ilegales en el marco del conflicto armado. En
Colombia, tradicionalmente la política de segu-
ridad ciudadana estuvo ligada a la política de se-
guridad nacional. Aunque esta situación cambió
luego de la Constitución Política de 1991, cuando
los mandatarios locales asumieron el rol de prime-
ra autoridad de policía de sus territorios, hasta el
momento no se implementaron estrategias que
permitan establecer el impacto real que el conflic-
to armado tiene sobre la situación de seguridad de
las ciudades.
Es el caso de los desmovilizados y de los despla-
zados, sobre quienes existe una estigmatización
social como fuentes de violencia en las ciudades,
aunque nunca se han desarrollado estudios serios
que permitan determinar cuántos de ellos y de
7 Ibíd. P. 248 Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos – SIMCI.
qué manera terminan involucrados en la comisión
de delitos en las áreas urbanas.
Durante el gobierno Uribe, las políticas de seguri-
dad ciudadana en los centros urbanos estuvieron
definidas esencialmente, por la Policía Nacional y
los gobiernos locales, quienes obtuvieron resulta-
dos importantes –como en el caso de Bogotá- en la
reducción de los principales indicadores de delitos
contra la vida y el patrimonio, los cuales no estaban
necesariamente relacionados con las dinámicas del
conflicto armado interno.
Al final del segundo periodo presidencial de Uribe,
en los delitos contra la vida y el patrimonio solo se
apreciaron reducciones en la tasa de homicidios
–que pasó de 69 a 34.9 por cada 100 mil habitan-
tes, debido en buena parte a la desmovilización y
neutralización de miembros de los grupos armados
ilegales- y en el hurto de automotores (8.049 casos,
reducción del 53.5%); en los demás indicadores se
registró una tendencia al alza. Para el año 2010, en
Colombia se presentaron 145.184 casos de lesiones
personales (incremento del 35.2% con respecto a
2002), 61.069 hurtos a personas (+82.7%), 17.242
hurtos a residencias (+7.1%), 12.918 hurtos a esta-
blecimientos comerciales (+7.8%) y 13.177 hurtos
de motos (+1.6%).
Es importante señalar el impacto que tuvo sobre
las cifras de seguridad ciudadana el proceso de
desmovilización de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) en el año 2005. La Agencia Co-
lombiana para la Reintegración (ACR) estima que
para 2010, el total de integrantes de este grupo pa-
ramilitar que dejaron las armas alcanzó la cifra de
33.542 personas.9 No obstante, este proceso gene-
ró nuevos desafíos para la seguridad en Colombia,
debido a que muchos de ellos reincidieron en actos
delictivos –por lo general asociados al narcotráfico-
y otros no completaron el proceso de reinserción y
terminaron enlistándose en la nueva expresión del
9 http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/des-movilizados/ARCHIVO/ARCHIVO-12224321-0.pdf
12
paramilitarismo, como lo son las Bandas Crimina-
les (BACRIM).
El caso de los desmovilizados de las AUC eviden-
cia cómo la política de seguridad democrática
enfatizó su accionar en el combate de los grupos
armados ilegales pero no contempló medidas de
carácter nacional relacionadas con la seguridad en
las ciudades y tampoco los efectos que sobre ellas
podrían tener las dinámicas asociadas al conflicto
armado interno (desmovilizaciones, nuevos gru-
pos criminales, ‘Know How’).
2. El gobierno Santos y la Política Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (2010)
Pocos meses después de su elección, la adminis-
tración del presidente Juan Manuel Santos creó la
Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y
la Seguridad Ciudadana, cuyo principal objetivo es
“definir una estrategia integral para combatir los
delitos que más afectan a los colombianos en las
principales ciudades, y que atentan contra su vida
y su patrimonio”.10
De esta manera, los temas que involucran la vio-
lencia y los delitos en las áreas urbanas del país,
empezaron a tener un manejo independiente de
las dinámicas del conflicto armado –sin perjuicio
de las relaciones que pueden generarse en estos
ámbitos, -por ejemplo en el caso del narcotráfico-,
que los analiza y enfrenta desde la perspectiva de
la Política Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PNSCC), herramienta de política públi-
ca formulada para tramitar estas clases de conflic-
tos sociales.
Mediante esta política, el gobierno de Santos
busca intervenir en la seguridad ciudadana des-
de cinco ejes estratégicos: (i.) prevención social y
situacional, (ii.) presencia y control policial, y justi-
10 http://wsp.presidencia.gov.co/seguridad-ciudadana/consejeria/paginas/consejeria.aspx
cia; (iii.) víctimas y resocialización, (iv.) cultura de la
legalidad y convivencia, y (v.) ciudadanía activa y
responsable. Adicionalmente, se establecieron dos
ejes transversales, el primero de los cuales se de-
nomina Sistemas de información y estudio de las
políticas públicas, y el segundo, Desarrollos nor-
mativos.11
La prevención social se establece desde la pers-
pectiva que resulta menos costoso para la socie-
dad colombiana prevenir que rehabilitar. En el as-
pecto situacional, se contempla la importancia de
tener espacios físicos adecuados que incidan en la
reducción de las probabilidades de ocurrencia de
un crimen –inspirada en la teoría de las ventanas
rotas-. En lo relacionado con la presencia y control
policial, la política se centra en la necesidad de me-
jorar la comunicación entre la Policía Nacional y la
ciudadanía, focalizando su actividad en las zonas
más críticas de ocurrencia de delitos, en articula-
ción con los objetivos del Plan Nacional de Vigilan-
cia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC).
El eje de justicia, víctimas y resocialización busca
el fortalecimiento de los sistemas penales para
adultos y para adolescentes, enfatizando en la
importancia de diferenciar el trato que tienen los
adolescentes que cometen delitos, en función de
su edad, gravedad, reincidencia y conducta. Por úl-
timo, el eje de cultura de la legalidad y ciudadanía
activa y responsable, promueve el respeto de las
normas, la autorregulación de los ciudadanos y su
participación activa en la prevención del delito, así
como el mejoramiento de los niveles de denuncia
e intercambio de información, con el objetivo de
generar óptimas condiciones de convivencia y se-
guridad ciudadana.
En noviembre de 2012, el gobierno de Juan Ma-
nuel Santos inició un proceso de diálogo con las
FARC en La Habana (Cuba), con el objetivo de
ponerle fin a casi cincuenta años de conflicto. La
agenda que se pactó contiene cinco temas funda-
mentales –que se dividen, a su vez, en subtemas-,
11 Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP).
13
los cuales son: (i.) Política de desarrollo agrario in-
tegral, (ii.) Participación política, (iii.) Fin del conflic-
to, (iv.) Solución al problema de las drogas ilícitas y
(v.) Víctimas y verdad.
Aunque los aspectos de seguridad ciudadana no
se contemplen –de hecho, no es el escenario para
tratarlos-, es indiscutible que, en una etapa de
postconflicto, muchos de los acuerdos que se lo-
gren en la mesa deben encontrar soporte en políti-
cas públicas que los consoliden. Tal es el caso de la
política de seguridad ciudadana, un tema invisible
hasta el momento, pero que al ser observada con
detalle, se relaciona directamente con cada uno de
los puntos de la agenda.
Una adecuada y equilibrada política de seguridad
se convertirá en una herramienta fundamental
para la consolidación de un hipotético escenario
de postconflicto. Por tal motivo, a continuación se
examinan algunos aspectos que pueden conside-
rarse como los desafíos que la política deberá sor-
tear en su formulación e implementación.
3. Retos y perspectivas de la seguridad ciuda-
dana en un escenario de postconflicto
Ante el escenario planteado por el incipiente pro-
ceso de paz que se lleva a cabo con las FARC, es
preponderante que en una situación de postcon-
flicto se integren las lecciones aprendidas de an-
teriores procesos de desmovilización –como es el
caso de las AUC- con los avances y planteamien-
tos de la PNSCC. De esta forma, será posible que
el Estado tenga las herramientas para prevenir un
aumento en los niveles de delincuencia en el país,
particularmente en las ciudades, y no repetir expe-
riencias como las acontecidas en algunos países
centroamericanos después de los procesos de paz
que allí tuvieron lugar.
Por tal motivo, los retos y perspectivas en materia
de seguridad ciudadana que subyacen a una hipo-
tética solución del conflicto armado en Colombia,
deben involucrar componentes de desmoviliza-
ción y reinserción articulados con las estrategias
de la PNSCC, la cual debe ser reformulada, de ser
necesario.
En el componente de desmovilización y reinser-ción12 se deben tener elementos generales como
el apoyo político en la planeación, ejecución y eva-
luación del proceso, y la flexibilidad para contem-
plar diferentes variables que ocurran durante el
proceso y puedan afectarlo.
El fracaso de una política de desmovilización y
reinserción se reflejará en nuevas y graves moda-
lidades de violencia política, social y criminal de
mayor impacto social a mediano plazo y con más
elevados costos para el conjunto de la sociedad
colombiana. Para evitarlo, se debe dar un carácter
estratégico a la reintegración de los excombatien-
tes. Por ello, debe promoverse la aceptación de la
sociedad, principalmente a través del equilibrio
entre la reconciliación y los derechos a la verdad,
justicia y reparación.
Algunos desmovilizados que desean salir de la
guerra requieren educación y capacitación para
vincularse al mercado laboral o para crear una acti-
vidad económica independiente. También debería
contemplarse la posibilidad de involucrarlos en ac-
tividades de seguridad ciudadana como serían una
policía cívica, comunitaria o una guardia rural.
Sin minimizar la responsabilidad del Estado, es
preciso darle un papel importante a la familia en el
proceso de reinserción porque en algunos casos el
núcleo familiar también se enfrenta a un proceso
de reinserción (por seguridad o por rechazo de la
comunidad receptora). La seguridad es pieza clave
de cualquier proceso de desmovilización y reinser-
ción, debe comprometer todos los organismos del
Estado e incluir sistemas de inteligencia, alerta y
reacción que les garantice la vida.
12 Este apartado se fundamenta en el Documento de Polí-
escrito por Alejo Vargas y Rocío Rubio. Editado por la Fundación Social y FESCOL, febrero de 2004.
14
Por último, para una ejecución exitosa de este com-
ponente es fundamental el diseño de un sistema
de monitoreo de la política –probablemente con
actores internacionales- para identificar los obstá-
culos y formular recomendaciones puntuales para
superarlos. En los anteriores puntos se encuentran
algunos elementos que pueden articularse con los
planteamientos de la PNSCC.
En el componente de seguridad y convivencia ciudadana, es menester partir de un enfoque di-
ferencial que facilite la reintegración de los excom-
batientes y fortalezca las instancias nacionales y
locales involucradas en la materia, la participación
de la comunidad y la capacidad operativa de la
fuerza pública. En vista de lo anterior, es pertinente
que el gobierno nacional tenga en cuenta algunas
experiencias adquiridas en la implementación de
políticas con este enfoque.
En este sentido, los nuevos programas y proyectos
en materia de seguridad deben propender por de-
finir un “perímetro” con problemáticas puntuales a
intervenir, evitando que sea un ámbito de injeren-
cia demasiado amplio, pues esto dispersa los recur-
sos (humanos, técnicos y financieros) y minimiza la
efectividad de las políticas públicas. De igual for-
ma, estos deben contener, desde su formulación,
herramientas metodológicas (indicadores, metas)
que permitan establecer con certeza su alcance y
el cumplimiento de los objetivos que se plantean.
También deben diseñarse las herramientas meto-
dológicas para determinar la incidencia de los pro-
gramas de tipo social sobre la seguridad ciudada-
na. Téngase en cuenta que no hay investigaciones
ni líneas de base que permitan establecer esta cla-
se de relaciones. Por este motivo, debe recopilar-
se información que permita establecer -mediante
criterios metodológicos consistentes-, la real in-
cidencia de la reintegración en el deterioro de la
seguridad.
De igual manera, es fundamental promover que
los ciudadanos denuncien los delitos de los que
son víctimas. En la actualidad, los niveles de de-
nuncia son muy bajos, lo cual repercute en que las
cifras de delitos que se llevan por parte de las au-
toridades y las entidades distritales, presenten un
alto subregistro.
El escenario de postconflicto en Colombia exige
del gobierno nacional y de los gobiernos locales,
adecuar una estructura institucional que permita
acoger a los excombatientes en la sociedad, prove-
yéndoles de las herramientas necesarias para una
adecuada reintegración. Pero estas deben comple-
mentarse con políticas que permitan mitigar los
posibles impactos que este proceso tenga sobre la
seguridad y la convivencia ciudadana. Son muchas
las experiencias a nivel nacional e internacional de
las cuales se puede aprender. La cuestión primor-
dial es articular y encontrar un equilibrio entre las
políticas de desmovilización y las de seguridad,
que permitan consolidar la paz, más allá de la fina-
lización del conflicto.
III. ESCENARIOS ESTRATÉGICOS DE LAS FARC
DESDE SUS DOCUMENTOS RECTORES
El grupo insurgente Farc-Ep construye su estrate-
gia político-militar con base en la séptima confe-
rencia nacional guerrillera realizada en Cubaral,
Meta en Mayo de 1982. En dicho evento el grupo
define su estrategia militar en la implementación
de la guerra popular prolongada de Mao Tse Tung.
Dicho planteamiento militar no busca la imple-
mentación de una guerrilla sino el largo proceso
de construcción de un ejército revolucionario que
eventualmente remplace las Fueras Militares legal-
mente constituidas.
En dicha conferencia, el Estado Mayor de las Farc
decide que el propósito de la organización es la
toma del poder mediante el esfuerzo militar pero
sobre todo político otorgándole valores del 30% y
70% respectivamente. De la misma manera se de-
cide que el esfuerzo militar debe ser contundente
con el fin de obligar a negociar al gobierno para
la consecución de una paralización de operaciones
de las Fuerzas Militares, crear un falso ambiente de
paz y buscar el co-gobierno.
15
En abril de 1993 se realiza la octava conferencia
nacional guerrillera donde la organización
guerrillera decide priorizar al trabajo político
y clandestinizar el 70% mencionado con ante-
rioridad. En ese orden de ideas, las Farc deter-
mina la institucionalización hacia adentro de:
Las milicias bolivarianas (rurales) y las milicias
populares (urbanas) encargadas de realizar la
inteligencia y planear las estratagemas para
volver más eficiente el esfuerzo militar.
El Partido Comunista Colombiano Clandesti-
no con la función de: realizar la Inteligencia
estratégica, la penetración e infiltración en el
Estado, la dirección del Movimiento Boliva-
riano, el diseño de propuestas políticas y la
búsqueda de la conformación de un consejo
patriótico.
Movimiento Bolivariano que es el encargado
de conformar el movimiento de masas para el
partido una vez este salga de la clandestini-
dad.
Cabe mencionar que durante los ocho años del
gobierno de Álvaro Uribe Vélez tanto el esfuerzo
militar como el político fueron diezmados. Sin em-
bargo, las Farc como organización no tienen pre-
mura en el tiempo en virtud de la guerra popular
prolongada. Una vez el cabecilla “Alfonso Cano”
toma el control de la organización en comunica-
ción con los otros miembros del secretariado de
las Farc realiza un diagnostico e identifica varias
vulnerabilidades en la organización por:
Por primera vez los encuadrillados pierden la
perspectiva de la victoria por la desmoraliza-
ción creciente y la presión militar sostenida.
La pérdida de capacidad ofensiva, el bloqueo
del apoyo logístico y la precaria subsistencia.
Pérdida del control del centro de despliegue
estratégico (cordillera oriental) y Pérdida de
territorialidad.
Ruptura del sistema de comando y control; la
línea media de mando se encuentra fractura-
da por el incremento de capturas y desercio-
nes, haciendo difícil la comunicación entre
miembros del Secretariado.
Debilitamiento del acumulado estratégico por
la obtención por parte del Estado de informa-
ción privilegiada de las relaciones con actores,
elite política y gobiernos extranjeros.
De acuerdo a lo anterior el cabecilla Cano imple-
mente un nuevo plan denominado “Renacer Revo-
lucionario de las Masas”, vigente a 2013, que puede
definirse como una estrategia basada en la aplica-
ción continua de la guerra de guerrillas y el trabajo
organizativo de masas para neutralizar el plan de
campaña del ejército y afectar la institucionalidad
del Estado. En ese sentido se plantean dos líneas
de acción: una en el plano estratégico y otra en el
táctico y cada uno con una serie de elementos que
la configuran.
En el plano estratégico se pretende adquirir armas
estratégicas (misiles anti aéreos), ganarse el apoyo
político de personalidades públicas, mejorar las
relaciones con el ELN (inclusive buscando fusio-
narse), y fortalecer el Movimiento Bolivariano y el
Partido Comunista Colombiano Clandestino. En el
plano táctico se busca el incremento de campos
minados, uno de francotiradores, guerra de guerri-
llas, acciones tipo comando y de resonancia mediá-
tica, el fortalecimiento de las milicias, el aumento
de los cursos para explosivistas, la retoma de Cun-
dinamarca y el incremento de las infiltraciones en
las Fuerzas Militares y de Policía.
El fin último de esta estrategia político – militar es
el de realizar una pausa en la guerra, con lo que
se evita el desgaste de los combates conservando
efectivos, acumulados y movilidad. La pausa les es
de utilidad en la medida que permite en lo táctico
evitar el aniquilamiento de frentes, fortalecer los
frentes debilitados y evitar las desmovilizaciones
colectivas. En lo estratégico la pausa ayuda a un re-
planteamiento de la estrategia armada, el aumento
16
del reclutamiento, nuevas medidas para evitar fu-
gas y sobre todo, aumento en los golpes selecti-
vos. Todo lo anterior para incrementar la moral re-
volucionaria al interior de la organización y buscar
nublar la opinión que se tiene sobre su capacidad
armada.
Además de lo anterior, el plan renacer pretende
proyectar una falsa intención de paz, ofrecieron un
proceso de diálogo bajo sus condiciones e incre-
mentaron el activismo social - estudiantil a través
del Movimiento Bolivariano y el Partido Comunista
colombiano Clandestino. De la misma manera el
secretariado decidió que dentro de su estrategia
comunicativa iba a minimizar los ataques por los
cuales son catalogados como terroristas. Es decir,
minimizar las bajas civiles y maximizar los a las
Fuerzas Militares y de Policía. Más importante aún
es buscar la forma de insertarse en formas legales
de la economía con el fin de dejar de ser llamados
narcotraficantes, y el negocio de las drogas ilícitas
es manejado en alianza con las Bacrin mediante
el intercambio de armas por cocaína. Además del
plan renacer, el Bloque Oriental de las Farc ha es-
tructurado el plan 2010-2012 para la retoma de
Cundinamarca con la reactivación de los siguien-
tes frentes: Frente 22 desdoblado del Frente 1, de-
linque en la Serranía de la Macarena. El 42 Frente
comparte área de injerencia del Frente 40 (Mese-
tas), el Frente 52 en el área de Brisas del Guayabero,
el Frente 54, el Frente Esteban Ramírez desdoblado
del Frente 1, el Frente Manuela Beltrán desdoblado
del F-44, el Frente Policarpa Salavarrieta ubicado al
sur del municipio de La Uribe, el Frente Vladimir Es-
tiven y el Frente Reinaldo Cuellar, ubicado en elá-
rea de Tomachipán (Guaviare).
De manera que el análisis prospectivos del grupo
armado Farc no debe basarse solo en el desarrollo
de los diálogos de paz iniciados en La Habana sino
en los planes desarrollados por el Secretariado y el
Estado Mayor de la Organización. Existen algunos
posibles “Escenarios Estratégicos” que pueden be-
neficiar o afectar a cada una de las partes involu-
cradas. Se trata de seis espacios, cada uno de los
cuales cuenta con sus respectivos elementos:
1. Replanteamiento político, proceso de nego-
ciación serio y desmovilización
2. Negociaciones de paz bajo viejos paráme-
tros
3. Continuación de la “lucha armada”, repliegue
estratégico y espera de las elecciones
4. Reinvención armada y fortalecimiento del
trabajo político
5. Sorpresa estratégica
Desintegración, pérdida de control y desmovi-
lizaciones regionales
El análisis debe partir sobre las unas consideracio-
nes iniciales que a través de la contextualización
resultan ser la estrategia del péndulo y el replie-
gue estratégico. Por tal motivo, los tres principales
retos de las FARC serían: Consolidar la dirección
político-militar, Mantener el consenso interno y
Evaluar y ajustar la estrategia política y armada. Lo
anterior evidencia que la principal preocupación
de las FARC es mantener su viabilidad como orga-
nización política en armas.
Existe un primer escenario que buscaría replan-
teamiento político, proceso de negociación serio
y desmovilización. En pocas palabras, significaría
una situación favorable para el Gobierno y para
las FARC, debido a que en ambas partes habría un
cambio de percepciones, lo cual tendría algunas
implicaciones. En este caso, las dificultades serían:
desconfianza histórica en el “Establecimiento”, cul-
tura política heredada de las lógicas de guerra fría,
formación marxista dogmática y antidemocrática
de sus cabecillas, auto-protagonismo, predominio
de tendencias “militaristas”, autismo político y falta
de opción y credibilidad política.
El posible segundo escenario sería el de negocia-
ciones bajo viejos parámetros, que resultaría des-
favorable para el Estado, debido a que sería un mo-
delo similar al del Caguán. En suma, estaríamos en
presencia de una serie de elementos contradicto-
rios con el Estado, como unas condiciones previas,
reposicionamiento político y armado, etc.
17
En un tercer escenario se observaría la continua-
ción de la lucha armada bajo un repliegue estra-
tégico, lo cual sería desfavorable para el Estado
debido a la constante presión y alerta a que estaría
sometida la Fuerza Pública. Este escenario tendría
elementos como la defensa del Estado y la conser-
vación del pie de fuerza por un lado, y por el otro,
se acentuaría la guerra de guerrillas dentro de la
estrategia de Guerra popular prolongada, dificul-
tándole al Estado allanar un punto de inflexión
para la derrota.
En el cuarto escenario se obtendría la reinven-
ción armada y el fortalecimiento del trabajo po-
lítico, que sería desfavorable para el Estado si no
se logra el punto de inflexión decisivo. Para que el
asunto resulte efectivo y se fortalezca el trabajo de
masas y organizaciones, las FARC en sus diferentes
componentes (cuadrillas, milicias populares, mi-
licias bolivarianas, PC3 y MB) deben llevar a cabo
un proceso de reingeniería donde se haga énfasis
en mayor autonomía de los mandos medios, for-
talecimiento de la imagen política, minimización
de riesgos de desórdenes y excesos, recuperación
del control sobre estructuras, regionalización del
poder, mejoramiento de las alianzas con las Bacrin
y control de las deserciones de los cabecillas de fi-
nanzas.
En un posible quinto escenario, el factor de sor-
presa estratégica es desfavorable para el Estado,
sustentado en que el componente característico
es el ataque sorpresivo. Entre sus elementos tene-
mos: la utilización masiva de misiles tierra – aire y
de cohetería artesanal, los riesgos de desórdenes y
excesos, los vehículos blindados improvisados y el
aumento del terrorismo selectivo (mandos, minis-
tros, personalidades).
Por último, existe un sexto posible escenario que
se basa en la desintegración, pérdida de control
y desmovilizaciones masivas, que sería favorable
para el Estado. En la actualidad se puede afirmar
que el proceso se adecúa a la situación real, y que
los elementos que configuran este escenario son:
la rigidez y la fragilidad del consenso interno, la in-
capacidad de replanteamiento, la desmoralización
creciente, la pérdida de mando y control, la pérdi-
da de territorios claves, el declive en la experiencia
“militar” y el rechazo social.
La transformación estratégica de las FARC debe
ser manejada en dos ámbitos: el militar y el políti-
co. Al hablar del ámbito militar se hace referencia
a la defensa estratégica y en tal sentido, a la ofen-
siva táctica. Este ámbito se compone de algunos
elementos significativos que son: la contracción
del dispositivo en áreas de retaguardia, que busca
evitar confrontación y negar resultados y al mismo
tiempo maximizar la movilidad, volver mas eficien-
te la guerra de guerrillas, en donde cabe destacar
el uso de campos minados y francotiradores así
como el uso de engaños y estratagemas.
En la parte política se hace referencia a los dos mo-
dos tradicionales de trabajo en las Farc, el abierto
y el clandestino. En el abierto, realizado a través del
Movimiento Bolivariano se pretende influir la agen-
da electoral a través de acciones como: presionar la
firma de un acuerdo de paz y crear un falso ambiente
de paz
En el trabajo político clandestino y operacionaliza-
do por el Partido Comunista Colombiano Clandesti-
no se propenderá por infiltrar y buscar la presencia
en diferentes sectores de la sociedad utilizando las
siguientes herramientas: creación de un bloque de
estudiantes opositores, desencadenamiento mani-
festaciones sociales, buscar el fortalecimiento po-
lítico interno, mejorar la capacitación de cuadros,
fortalecimiento de milicias y urbanizar el conflicto.
De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que
los diálogos de paz son solo una estrategia de gue-
rra de las Farc tal como lo demuestra el Pleno del
Estado Mayor Central de 2000 donde se plasma lo
siguiente: “… Adelantamos los diálogos con el Go-
bierno como parte del Plan Estratégico. Debemos
analizar hasta dónde podremos avanzar en el logro
del objetivo de acuerdo a las circunstancias políti-
cas y de confrontación existentes, buscando que
ante la opinión siempre quede clara nuestra voluntad
18
por encontrar salidas políticas, dejando en el estado terrorista la responsabilidad del agotamiento de esa
opción”.
En ese orden de ideas, cabe mencionar que el gru-
po armado ilegal Farc regresa a lo básico, es decir
a la implementación de la guerra de guerrillas con
una directriz estratégica clara de recuperar lo per-
dido en lo político y militar.
A modo de conclusión se debe mencionar la im-
periosa necesidad de las Farc para sentarse a dia-
logar con el gobierno nacional por las siguientes
razones:
Rehacer el sistema de dirección y control que
hasta inicios del año 2013 se encontraba afec-
tado.
Generar acciones de resonancia política para
recuperar espacios y volver a salir de sus áreas
de retaguardia.
Generar espacios territoriales a través de las
eventuales zonas de reserva campesina para
entrenar y adiestrar a los nuevos cuadros y
mandos.
Recuperar la presencia internacional y rehacer
contactos con diferentes organizaciones lega-
les e ilegales.
Fortalecer el financiamiento por vías legales e
ilegales que no generen extradición como lo
es la minería ilegal y el robo de tierras y gana-
do; y de esta forma reconstruir el sistema logís-
tico.
Búsqueda de armas estratégicas para sostener
el crecimiento y asegurar la recuperación del
centro de despliegue estratégico (cordillera
oriental) que es el eje fundamental del plan
estratégico.
Y, construir el movimiento de masas como
requisito indispensable de la guerra popular
prolongada.
19
La Corporación Pensamiento Siglo XXI es una entidad sin ánimo de lucro estable-
cida en 2004 con el propósito de divulgar, enseñar y fortalecer las ideas de centro
derecha en Colombia y Latinoamérica. La Corporación ha establecido alianzas es-
tratégicas con fundaciones y centros de pensamiento nacionales e internacionales,
y se ha consolidado como un puente para el desarrollo de proyectos académicos,
editoriales y de seguimiento legislativo, enfocados a influir positivamente en el dise-
ño de políticas públicas en Colombia. La Corporación es un centro de pensamiento
autónomo e independiente de cualquier empresa, gobierno, universidad, persona
natural o partido político, sin que ello sea óbice para que pueda ubicarse y estable-
cer alianzas con cualquiera de dichas organizaciones.
Por su parte la KAS orienta su trabajo bajo los principios de libertad, justicia y soli-
daridad, y es una fundación política allegada a la Unión Demócrata Cristiana (CDU),
partido político de la cual fue cofundador Konrad Adenauer(1876-1967). Como pri-
mer canciller de la República Federal de Alemania, cargo que ejerció durante 14
años, Adenauer estuvo al frente de las opciones a favor de la reconstrucción de la
RFA, después de la segunda guerra mundial, de la superación de las cargas que que-
daron como consecuencia de la guerra y la decisión a favor de una economía social
de mercado. En lo que toca la política exterior, Adenauer no solo fomentó la alianza
con Estados Unidos y el acercamiento a Francia, sino que fue uno de los padres de
la Unión Europea.
Las actividades de la KAS se rigen por los principios trazados por la obra de Konrad
Adenauer, por eso, a través de más de 70 oficinas y proyectos en 120 países del
mundo, la KAS se ocupa por iniciativa propia de fomentar la democracia, el esta-
do de derecho y la economía social de mercado. La KAS trabaja en cooperación
con instituciones estatales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, así
como élites seleccionadas, para consolidar la paz y la libertad. La KAS apoya el conti-
nuo dialogo sobre política exterior y seguridad, al igual que el intercambio entre las
distintas culturas y religiones.