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///nos Aires, 2 de junio de 2010.

Autos y vistos

Para resolver en los presentes autos nro. 10.630/09 caratulados

Almirn Miguel ngel s/ privacin i legal de la libertad del registro de la

Secretara nro. 6 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional

Federal nro. 3, y respecto de la situacin procesal de: ngel Jos Gmez

Pola, Coronel (RE) del Ejrcito Argentino, D.N.I. nro. 4.797.081, nacido el 1

de enero de 1930 en esta ciudad, hijo de Jos Matas Francisco y de ngela

Pedrero, de estado civil casado, con domicilio en Migueletes 575 P. 5, Depto B

de esta ciudad donde cumple arresto domiciliario; Abel Oscar Bracken ,

Comisario General (RE) de la Polica de la provincia de Buenos Aires, L.E.

nro. 5.042.316, nacido el 12 de diciembre de 1937, en la ciudad de Los Toldos,

partido de Gral. Viamonte, provincia de Buenos Aires, hijo de Patricio Jos

Mara y Rosa Griguoli, de estado civil casado, con domicilio en Ituzaing 235

de la localidad de Lincoln donde cumple arresto domiciliario; Edgardo

Antonio Mastrandrea, ex Comisario Inspector de la Polica de la Provincia de

Buenos Aires, abogadom D.N.I . nro. 8.349.784, nacido el 8 de mayo de 1947,en

la ciudad de Junn, provincia de Buenos Aires, hijo de Vito Antonio Leonardo

y Mara Anglica Castelli , de estado civil casado, con domicilio en calle 17

nro. 341 entre 528 y 529 de La Plata, provincia de Buenos Aires; Julio ngel

Esterlich , comisario (RE) de la Polica de la provincia de Buenos Aires, D.N.I.

nro. 5.067.083, nacido el 9 de diciembre de 1948 en la ciudad de French,

provincia de Buenos Aires, hijo de Julio y de Felisa Martina Balbo, de estado

civil casado, con domicilio en la calle 25 de Mayo 502 de la ciudad de Junn,

provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complejo Penitenciari

Federal II de Marcos Paz; Aldo Antonio Chiachietta, ex oficial mdico de la

Polica de la Provincia de Buenos Aires, L.E. nro. 4.959.358, nacido el 20 de

diciembre de 1938 en la ciudad de Junn, provincia de Buenos Aires, hijo de

Francisco Flix y Josefina Adela DAntuoni, de estado civil casado, con

domicilio en la calle Quintana 121 de Junn, Provincia de Buenos Aires, donde

cumple arresto domiciliario, Miguel ngel Almirn, Comisario Inspector

(RE) de la Polica de la provincia de Buenos Aires, D.N.I. nro. 10.270.683,

nacido el 17 de abril de 1952, en La Plata, provincia de Buenos Aires, hijo de

Luciano Bautista y Leonor de las Nieves Tolosa, de estado civil casado, con

domicilio en calle nro. 23 nro. 4417 de Berazategui, provincia de Buenos

Aires, donde cumple arresto domiciliario, y Francisco Silvio Manzanares ,

Oficial Superior (RE) de la Polica de la provincia de Buenos Aires, L.E. nro.

4.637.455, nacido el 20 de noviembre de 1944, en Ascensin, partido de

General Arenales, provincia de Buenos Aires; hijo de Barn Lujn y Elba

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Hermenegilda Videla, de estado civil casado -en segundas nupcias-, con

ltimo domicilio en Italia 883 de la ciudad de Junn, provincia de Buenos

Aires, actualmente alojado en el C.P.F. II de Marcos Paz; y,

Considerando

Aclaracin preliminar e introduccin a los hechos materia de

investigacin

Resulta necesario asentar que con anterioridad a este

pronunciamiento, he dictado en fecha 30 de diciembre de 2009, una

resolucin en la cual se tuvo por acreditada la responsabilidad de los

referidos imputados Almirn y Manzanares, en algunos de los hechos que

constituyen el objeto de investigacin de la presente causa y de anlisis en

esta resolucin, por lo cual la presente, ser reproduccin en la mayora de

las partes descriptivas de los sucesos, de aquella dictada con respecto a los

nombrados.

A su vez, es necesario destacar que algunos acpites de la

presente resolucin -gnesis del plan clandestino de represin, los centros

clandestinos de detencin y tortura, la valoracin de la prueba frente a los a

los hechos delictivos concebidos con previsin de impunidad-, sern tambin

en parte reproducciones de lo consignado en otras resoluciones dictadas por

el suscripto en las causas instruidas con el objeto de esclarecer y determinar

responsabilidades, de los sucesos bajo jurisdiccin del Primer Cuerpo del

Ejrcito , durante la dictadura mili tar instaurada el 24 de marzo de 1976

(resoluciones dictadas al dar tratamiento a los sucesos desarrollados en los

CCDT: AtlticoBanco-Olimpo -fs. 22.662/23.067 de causa nro. 14.216/03- ;

Automotores Orletti fs. 2818/3065 de causa nro. 2637/04-; Vesubio fs.

29061/324 de causa nro. 14.216/03- y Hospital Posadas 1683/2004 de la

causa nro. 11.758/06-, entre otras).

En este sentido, es conveniente retomar el anlisis de los puntos

sealados, pues ello resulta imprescindible a fin de explicar el marco fctico

en el cual ocurrieron los sucesos analizados, esta vez en torno a los

gravsimos delitos que se registraron en la Subzona 1.3 de la Zona 1 .

Como se habr de explicar en detalle posteriormente, en estas

actuaciones se dar tratamiento a hechos que tuvieron lugar en la citada

Subzona, a cargo entonces del Primer Cuerpo del Ejrcito, reproducindose

en tal mbito geogrfico la mecnica de funcionamiento propia del plan de

represin instalado por el gobierno de facto, conforme se ver en detalle a lo

largo de la resolucin.

Es preciso resaltar, que en la citada Subzona se registr un

circuito de represin que estuvo integrado por diversos sitios:

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La Comisara 1 de Junn

La Unidad nro. 13 -en construccin- del Servicio Penitenciario

Provincial

el Destacamento Morse dependiente de la Comisara 1 de

Junn-

La Unidad Regional VIII de Polica de la Provincia, con

asiento en Junn

Sin embargo, vale resaltar que en algunos casos se registr la

extensin del circuito a otras dependencias, como ser la Comisara de Vedia,

la Comisara de Rojas y la Comisara de Chacabuco.

Por otro lado, es necesario aclarar que en todas las dependencias

citadas, se advirti la intervencin en los deli tos que se investigan, de

personal de la Polica de la Provincias de Buenos Aires, quienes actuaban

bajo subordinacin de los mandos militares del Primer Cuerpo del Ejrcito,

representado en esta Subzona por el jefe del Comando de Artillera 101 de

Junn, a cargo del Coronel Flix Camblor , quien segn informacin facilitada

por el Ejrcito fs. 2072/5- se habra desempeado en el Comando citado, en

los aos 1976 y 1977.

Segn consta en el legajo del mismo, el cual se halla afectado a la

presente causa como prueba, Camblor fallecido el 8 de septiembre de 2005,

segn partida de defuncin que se encuentra en tal legajo- fue designado a

cargo del Comando de Artillera 101 de Junn el 7 de diciembre de 1975, cargo

en el cual permaneci al menos hasta noviembre del ao 1977. Conforme

surge del mismo legajo, Camblor, nacido en el ao 1928, obtuvo su retiro

voluntario del Ejrcito en el ao 1979, luego de casi 33 aos de servicio.

Lo significativo a los efectos de esta resolucin es que la Jefatura

de la Subzona 13 espacio geogrfico integrado por los Partidos de General

Villegas, General Pinto, Leandro N. Alem, San Nicols, Ramallo, San Pedro,

Baradero, San Antonio de Areco, Suipacha, Chivilcoy, 25 de mayo, 9 de julio,

Lincoln, Carlos Tejedor, Rivadavia, General Viamonte, Junn, Rojas, Salto,

Bartolom Mitre, Capitn Sarmiento, Chacabuco y Bragado- se encontraba en

cabeza del Comandante del Comando de Artillera 101, con asiento en Junn;

habiendo sido sucedido Camblor por el Coronel Leonel Antonio Barrios,

conforme surge del libro Memoria Deb(v) ida de Jos Luis DAndrea Mohr,

Ed. Colihue, Buenos Aires, 241; y del informe del Ejrcito, obrante a fs. ya

citadas.

Por otro lado, en lo que respecta a la existencia de reas dentro

de la Subzona 13 , la informacin que surge a raz de la investigacin

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efectuada por el citado autor, cuenta que la misma se divida en tres reas, la

131, 132 y 133.

El rea 131 , posea jurisdiccin en el partido de Junn y se

encontraba a cargo del Jefe del Grupo de Artillera 101 de esa misma

localidad, a cargo del aqu imputado Coronel ngel Jos Gmez Pola, quien

segn el legajo personal del Ejrcito, habra sido designado como Jefe del

Grupo citado, el 6 de diciembre de 1975, cargo en el cual habra permanecido

hasta el 16 de octubre de 1977, habiendo sido calificado en el perodo de

mencin por su superior, el Coronel Flix Camblor.

A Gmez Pola, nacido en el ao 1930, le habra sucedido en el

cargo el Coronel Bernardo Jos Menndez, y a su vez ste habra sido

sucedido por el Coronel Rodolfo Jorge Rodrguez.

El rea 132 , con jurisdiccin en los Partidos de San Nicols,

Coln, Pergamino, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Salto, Capitn

Sarmiento, San Antonio de Areco y Carmen de Areco, habra estado a cargo

del Teniente Coronel Manuel Fernando Saint Amant, a cargo del Batalln de

Ingenieros de Combate 101, con asiento en San Nicols, y habra sido

sucedido en el ao 1977 por el Teniente Coronel Norberto Ricardo Ferrero.

La tercera dentro de la Subzona, fue el rea 133 , la cual si bien

tuvo jurisdiccin en los Partidos de Junn, Leandro N. Alem, Lincoln, General

Pinto, Carlos Tejedor, Rivadavia y General Villegas, fue creada en el ao

1979, encontrndose a cargo del Mayor Alberto Ral Fitt ipaldi, a cargo de la

Batera de Adquisicin de Blancos para Apoyo de Combate 101, con sede en

Junn conf. ob. ci tada-.

Como se ha adelantado, lo que interesa en esta resolucin para el

tratamiento de los sucesos, es que todas las dependencias que integraron el

circuito represivo, se hallaban emplazadas en el Partido de Junn, y se

encontraron bajo estricta subordinacin de los mandos militares citados,

habindose incluso en muchas oportunidades, hecho presente los nombrados,

frente a las propias vctimas, generalmente luego de que estas cumplieran su

detencin ilegal en el circuito represivo.

Asimismo, vale realizar a modo de introduccin a los hechos

materia de investigacin, una descripcin de las acciones desplegadas en el

marco de la ltima dictadura militar, en funcin de las cuales se habilit a

miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, al secuestro, la tortura y el

asesinato en un modo masivo y bajo la direccin de quienes controlaban -

mediante la usurpacin del poder- la totalidad del aparato punitivo estatal.

Durante los aos comprendidos entre 1976 y 1983, el gobierno de

facto impuso un plan sistemtico de represin ilegal, lo cual se ha acreditado

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en virtud de diversas resoluciones judiciales, entre las que merece destacarse

la sentencia dictada por la Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo

Criminal y Correccional Federal al dictar sentencia en la causa 13/84.

Uno de los puntos centrales de este plan estatal de represin -que

conforme veremos a lo largo de la presente resolucin estaba contaminado de

las prcticas e ideologas propias del gobierno nacionalsocialista de Alemania

de las dcadas del 30 y 40 del siglo XX- era el secuestro de personas, su

traslado a lugares clandestinos de detencin, su sistemtica tortura, y, en

tales condiciones, su liberacin, legalizacin o muerte.

Los centros clandestinos de detencin y tortura existentes en el

pas compartan distintas caractersticas comunes, entre ellas, el

funcionamiento en lugares secretos, bajo el directo contralor de la autoridad

militar responsable de dicha zona; y el sometimiento de las personas all

alojadas a prcticas degradantes, tales como la tortura fsica y psicolgica en

forma sistemtica, el tabicamiento (estar vendado da y noche y aislado del

resto de la poblacin cautiva) , la prohibicin absoluta del uso de la palabra o

de la escritura, en fin, de cualquier tipo de comunicacin humana; la

asignacin de una letra y un nmero en reemplazo del nombre, el alojamiento

en pequeas celdas llamadas tubos , la escasa comida y bebida, y la total

perdida de identidad, entre otras condiciones de por s aberrantes.

Para dar al menos una visin aproximativa de lo que significaba

la vida en los centros de detencin y tortura, resulta ilustrativa la declaracin

de un sobreviviente, Mario Villani -publicada en la obra Nunca Ms - , en la

cual se ensayaba un esbozo de tales condiciones:

Debo decir que, desde el momento en que alguien era secuestrado por

los grupos de tareas de la dictadura, l o el la era un desaparecido. La secuencia

establecida era desaparicin-tortura-muerte. La mayora de los desaparecidos

transcurramos da y noche encapuchados, esposados, engril lados y con los ojos

vendados, en una celda l lamada tubo por lo estrecha. [ . . .] Podamos tambin volver

a ser torturados en el quirfano y, f inalmente, como todos los dems, ser

trasladados , eufemismo que encubra el verdadero destino, el asesinato. A

algunos pocos , por oscuras razones que slo los represores conocan, se nos dej con

vida.

Al respecto tambin es til traer a colacin el testimonio de

Vctor Hugo Lubin, sobreviviente del centro de detencin y tortura

Automotores Orletti (cfr. causa 2637/04), quien en este contexto, aport

mayores precisiones en torno a la mecnica de tortura en un sitio de estas

caractersticas:

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[E] l insulto, los golpes de puo y patadas, los manoseos y el estar

continuamente vendado y atado o esposado, es una constante que comienza cuando

uno es secuestrado-detenido y se mantiene en todo momento y en todo lugar; cuando

se tortura, cuando se est de plantn o tirado en el piso, cuando se es trasladado,

siempre. Muchas veces me pregunt acerca del objetivo de ese trato. Existen

evidentemente en esas conductas un objetivo premeditado de antemano, el de

denigrar, rebajar al detenido obligndolo a soportar cosas que en condiciones

normales, provocaran una reaccin inmediata, logrando as una profunda depresin

psicolgica [] Se crea una relacin de dependencia absoluta con esa autoridad

annima y omnipresente, nada es posible hacer por uno mismo, ni lo ms elemental ,

todo se trastoca [] estamos animalizados por completo, sucios, hambrientos,

sedientos, golpeados, torturados, esperando morir en cualquier momento; a veces se

piensa en el lo como la nica posibil idad real de salir de al l , pero hasta eso resulta

imposible de hacer, t ienen especial cuidado por evitar el suicidio, nos precisan

deshechos pero vivos, para torturarnos y as poder arrancar informacin ms

fcilmente (legajo nro. 16 de la CONADEP y fs . 99/111 de causa 42.335 bis ,

que corre por cuerda a la antes citada).

Tambin, resultan ilustrativas las palabras de una de las vctimas

de un CCDT que funcion bajo la rbita de la Fuerza Area Subzona 16- y

que han sido tambin tratados por este Magistrado. Me refiero al testimonio

vertido ante esta sede por Guillermo Fernndez, quien al narrar su cautiverio

en Mansin Ser, dijo con referencia a uno de los guardias que le disgustaba

el hecho de que no pudiera l lorar . Que l trataba de explicar que en ningn

momento [su] actitud de no poder l lorar signif ic un acto de coraje, sino que

simplemente no poda, para [l] el l lanto es una actitud humana y en esos momentos

[le] costaba identif icarse con un ser humano, por el aspecto y fundamentalmente,

por [su] relacin con los otros (declaracin en causa nro. 13/84 de la Excma.

Cmara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal) .

La estructura burocrtica y funcional de los centros clandestinos,

se reproduca incesantemente en cada uno de ellos, y evidencia de ello fue la

mecnica de funcionamiento que se registr en los sitios mencionados

anteriormente, es decir, la crcel en construccin que funcion como

verdadero centro clandestino de detencin y tortura-, como las dependencias

oficiales mencionadas, acondicionadas para el alojamiento de detenidos

ilegales, y en muchos casos para la tortura de los mismos.

En la citada causa, no se registran por el momento iguales

particularidades a aquellas que s fueron visualizadas en otras

investigaciones. Una de las diferencias que se hace evidente en la Subzona

1.3. resulta ser la no tan marcada divisin funcional entre quienes detenan,

custodiaban, o torturaban a los detenidos. En particular, al menos en los

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sitios que en esta resolucin se habrn de tener por acreditados como CCDT,

no se visualiz divisin funcional entre los llamados grupos de tareas -

tambin llamados patotas-, y las guardias cuya existencia fue notoria en

otros centros clandestinos que han sido tratados por este Magistrado.

Una pauta general , advertida en todos los tramos de la

investigacin de los sucesos imputados a personal que actuaba en forma

subordinada, o coordinada, con el Primer Cuerpo del Ejrcito, fue la

coexistencia en los CCDT de personas de diversas fuerzas o reparticiones. Lo

que debe tenerse en cuenta entonces es que para cumplir estas tareas, el

Estado autoritario se vali de personal de las distintas fuerzas de seguridad,

que de hecho, convivan en los centros de detencin clandestinos -a los cuales

el propio rgimen llamaba eufemsticamente LRD , es decir, lugar de

reunin de detenidos - , policas, gendarmes, militares y penitenciarios,

quienes se hallaban siempre bajo la tutela de la estructura represiva

implementada en ltima instancia; sin perjuicio de detectarse algunos casos

en los que el aparato represivo se vali de personal civil , s iendo el chalet

del Hospital Posadas (causa nro. 11.758/06 de este mismo Tribunal) y el

CCDT Automotores Orletti (causa nro. 2637/04) dos sitios en los que se

advirti la presencia de personas que no revestan condicin de integrantes

de fuerzas de seguridad, sino que o bien se trataba de personal retirado de

dicha fuerza, o bien, personal civil , contratado para tales funciones.

En esta causa en particular, la coexistencia de personal de

diversas fuerzas se advirti en la Crcel en construccin, en donde las

vctimas apreciaron la presencia de personal de polica, como asimismo del

Ejrcito. Por el contrario, en la Comisara 1, las vctimas slo interactuaron

con personal policial, no advirtindose al menos desde la ptica de los

detenidos- la presencia de personal militar.

Las personas involucradas cumplieron diversos roles dentro del

plan sistemtico de represin ilegal. La importancia de estas distintas

funciones queda graficada en las palabras de Hannah Arendt en el anlisis

que se realiz del rol del jerarca nazi Adolf Eichmann en el juicio llevado en

su contra:

All escuchamos las af irmaciones de la defensa, en el sentido de que

Eichmann tan slo era una ruedecita en la maquinaria de la Solucin Final, as

como las af irmaciones de la acusacin, que crea haber hallado en Eichmann el

verdadero motor de aquella mquina. Por mi parte, a ninguna de las dos teoras di

mayor importancia que la que les otorgaron los jueces, por cuanto la teora de la

ruedecil la carece de trascendencia jurdica, y, en consecuencia, poco importa

determinar la magnitud de la funcin atribuida a la rueda Eichmann. El tribunal

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reconoci, como es lgico, en su sentencia, que el delito juzgado nicamente poda

ser cometido mediante el empleo de una gigantesca organizacin burocrtica que se

sirviera de recursos gubernamentales. Pero en tanto y en cuanto las actividades en

cuestin constituan un delito - lo cual, como es lgico, era la premisa indispensable

a la celebracin del juicio- todas las ruedas de la mquina, por insignif icantes que

fueran, se transformaban, desde el punto de vista del tribunal, en autores, es decir,

en seres humanos. Si el acusado se ampara en el hecho de que no actu como tal

hombre, sino como un funcionario cuyas funciones hubieran podido ser l levadas a

cabo por cualquier otra persona, el lo equivale a la actitud del delincuente que,

amparndose en las estadsticas de criminalidad -que sealan que en tal o cual lugar

se cometen tantos o cuantos delitos al da-, declarase que l tan slo hizo lo que

estaba ya estadsticamente previsto, y que tena carcter meramente accidental el

que fuese l quien lo hubiese hecho, y no cualquier otro, por cuanto, a f in de

cuentas, alguien tena que hacerlo (Arendt, Hannah: Eichmann en Jerusaln. Un

estudio sobre la banalidad del mal, trad. de Carlos Ribalta, Ed. Lumen,

Barcelona, 2000, p. 436).

Descriptos de manera sucinta los hechos materia de

investigacin, corresponde comenzar con el anlisis de las cuestiones

enunciadas.

Considerando Primero

Gnesis del Plan Clandestino de Represin

Tal como ha sido citado en resoluciones anteriores dictadas por

este Tribunal, es preciso recordar que ya en la Sentencia dictada en la causa

nro. 13/84 (tambin denominada Causa originariamente instruida por el

Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto

158/83 del Poder Ejecutivo Nacional), por la Excma. Cmara Nacional en lo

Criminal y Correccional Federal , el 9 de diciembre de 1985, luego de

analizarse los sucesos ocurridos en el pas durante el autodenominado

Proceso de Reorganizacin Nacional en lo atinente, entre otros aspectos, al

sistema represivo creado desde la cpula del aparato estatal, se tuvo por

probada la existencia y el funcionamiento, de una organizacin ilegal,

orquestada por las Fuerzas Armadas, la cual tena como propsito llevar

adelante un plan clandestino de represin.

Tal hiptesis tambin tuvo acreditacin en la en la causa 44/86

seguida contra los ex-jefes de la Polica de la Provincia de Buenos Aires

(causa incoada en virtud del decreto 280/84 del P.E.N.) , y tramitada tambin

por la Alzada.

As, la Excma. Cmara del Fuero en ocasin de dictar sentencia

en la causa 13/84, realiz un ajustado anlisis del contexto histrico y

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normativo en el cual sucedieron los hechos que sern objeto de anlisis en la

presente resolucin:

La gravedad de la situacin imperante en 1975, debido a la frecuencia

y extensin geogrfica de los actos terroristas, constituy una amenaza para el

desarrollo de vida normal de la Nacin, estimando el gobierno nacional que los

organismos policiales y de seguridad resultaban incapaces para prevenir tales

hechos. Ello motiv que se dictara una legislacin especial para la prevencin y

represin del fenmeno terrorista, debidamente complementada a travs de

reglamentaciones militares.

El gobierno constitucional, en ese entonces, dict los decretos 261/75

de febrero de 1975, por el cual encomend al Comando General del Ejrcito ejecutar

las operaciones militares necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar de los

elementos subversivos en la Provincia de Tucumn; el decreto 2770 del 6 de octubre

de 1975, por el que se cre el Consejo de Seguridad Interna, integrado por el

Presidente de la Nacin, los Ministros del Poder Ejecutivo y los Comandantes

Generales de las fuerzas armadas, a f in de asesorar y promover al Presidente de la

Nacin las medidas necesarias para la lucha contra la subversin y la planif icacin,

conduccin y coordinacin con las diferentes autoridades nacionales para la

ejecucin de esa lucha; el decreto 2771 de la misma fecha que facult al Consejo de

Seguridad Interna a suscribir convenios con las Provincias, a f in de colocar bajo su

control operacional al personal policial y penitenciario; y 2772, tambin de la misma

fecha que extendi la accin de las Fuerzas Armadas a los efectos de la lucha anti

subversiva a todo el territorio del pas.

La primera de las normas citadas se complement con la directiva del

Comandante General del Ejrcito nro. 333, de enero del mismo ao, que f i j la

estrategia a seguir contra los asentamientos terroristas en Tucumn, dividiendo la

operacin en dos partes, caracterizndose la primera por el aislamiento de esos

grupos a travs de la ocupacin de puntos crticos y control progresivo de la

poblacin y de las rutas, y la segunda por el hostigamiento progresivo a f in de

debil itar al oponente y, eventualmente, atacarlo para aniquilarlo y restablecer el

pleno control de la zona. En su anexo n 1 (normas de procedimiento legal) esta

directiva cuenta con reglas bsicas de procedimiento sobre detencin de personas,

que indican su derivacin preferentemente a la autoridad policia l en el plazo ms

breve; sobre procesamientos de detenidos, que disponen su sometimiento la justicia

federal , o su puesta a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional; sobre al lanamientos,

autorizndolos en casos graves, con prescindencia de toda autorizacin judicial

escrita, habida cuenta del estado de sit io.

La directiva 333 fue complementada con la orden de personal nmero

591/75, del 28 de febrero de 1975, a travs de la cual se dispona reforzar la quinta

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brigada de infantera con asiento en Tucumn, con personal superior y subalterno

del Tercer Cuerpo del Ejrcito [ . . .].

Por su parte, lo dispuesto en los decretos 2770, 2771 y 2772, fue

reglamentado a travs de la directiva 1/75 del Consejo de Defensa, del 15 de Octubre

del mismo ao, que instrument el empleo de la fuerzas armadas, de seguridad y

policiales, y dems organismos puestos a su disposicin para la lucha anti

subversiva, con la idea rectora de util izar simultneamente todos los medios

disponibles, coordinando los niveles nacionales [ . . .].

El Ejrcito dict, como contribuyente a la directiva precedentemente

analizada, la directiva del Comandante General del Ejrcito n 404/75, del 28 de

Octubre de ese ao, que f i j las zonas prioritarias de lucha, dividi la maniobra

estratgica en fases y mantuvo la organizacin territorial -conformada por cuatro

zonas de defensa nros. 1, 2, 3 y 5 -subzonas, reas y subreas- preexistentes de

acuerdo al Plan de Capacidades para el ao 1972 -PFE-PC MI72-, tal como ordenaba

el punto 8 de la directiva 1/75 del Consejo de Defensa [ . . .].

Al ser interrogados en la audiencia los integrantes del Gobierno

constitucional que suscribieron los decretos 2770, 2771, y 2772 del ao 1975,

doctores talo Argentino Luder, Antonio Cafiero, Alberto Luis Rocamora, Alfredo

Gmez Morales, Carlos Ruckauf y Antonio Bentez, sobre la inteligencia asignada a

la dichas normas, fueron contestes en afirmar que esta legislacin especial obedeci

fundamentalmente a que las policas haban sido rebasadas, en su capacidad de

accin, por la guerril la y que por aniquilamiento deba entenderse dar trmino

definitivo o quebrar la voluntad de combate de los grupos subversivos, pero nunca la

el iminacin f sica de esos delincuentes [ . . .].

Sostener que este concepto, insertado en esos decretos, implicaba

ordenar la el iminacin f sica de los delincuentes subversivos, fuera del combate y

an despus de haber s ido desarmados y apresados, resulta inaceptable [ . . .].

En el Orden Nacional, el Ejrcito dict: a) la orden parcial nro.

405/76, del 21 de mayo, que slo modif ic el esquema territorial de la directiva 404

en cuanto increment la jurisdiccin del Comando de Institutos Militares; [ . . .] b) La

Directiva del Comandante General del Ejrcito nro. 217/76 del 2 de abril de ese ao

cuyo objetivo fue concretar y especif icar los procedimientos a adoptarse respecto del

personal subversivo detenido; [ . . .] c) la directiva del Comandante en jefe del

Ejercito nro. 504/77, del 20 de abril de ese ao, cuya f inalidad, expresada en el

apartado I fue actualizar y unif icar el contenido del PFE - OC (MI) - ao 1972 y la

Directiva del Comandante General del Ejrcito 404/75 (lucha contra la

subversin); [ . . .] d) Directiva 604/79, del 18 de mayo de ese ao, cuya f inalidad

fue establecer los l ineamientos generales para la prosecucin de la ofensiva a partir

de la situacin alcanzada en ese momento en el desarrollo de la lucha contra la

subversin (cfr. Causa n 13/84, de la Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en

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lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Sentencia de fecha 9 de

diciembre de 1985, Imprenta del Congreso de la Nacin , Tomo I, 1987, p. 69 y

sgtes.) .

Con la toma del poder por parte del gobierno mili tar dio

comienzo el fenmeno de la desaparicin de personas mediante la utilizacin

de un plan sistemtico de represin en cabeza del aparato de poder estatal

que dominaban las Fuerzas Armadas.

Este fenmeno inusitado, tena un patrn comn de accin, que la

Cmara Federal, en la sentencia sealada precedentemente, sistematiz de la

siguiente manera:

". . .1) Los secuestradores eran integrantes de las fuerzas armadas,

policiales o de seguridad, y si bien, en la mayora de los casos, se proclamaban

genricamente como pertenecientes a alguna de dichas fuerzas, normalmente

adoptaban precauciones para no ser identi f icados, apareciendo en algunos casos

disfrazados con burdas indumentarias o pelucas [ . . .]

2) Otra de las caractersticas que tenan esos hechos, era la

intervencin de un nmero considerable de personas fuertemente armadas [ . . .].

3) Otra de las caractersticas comunes, era que tales operaciones

i legales contaban frecuentemente con un aviso previo a la autoridad de la zona en

que se producan, advirtindose incluso, en algunos casos, el apoyo de tales

autoridades al accionar de esos grupos armados.

El primer aspecto de la cuestin se vincula con la denominada rea

l ibre, que permita se efectuaran los procedimientos sin la interferencia policial ,

ante la eventualidad de que pudiera ser reclamada para intervenir [ . . .].

No slo adoptaban esas precauciones con las autoridades policiales en

los lugares donde deban intervenir, sino que en muchas ocasiones contaban con su

colaboracin para real izar los procedimientos como as tambin para la detencin de

las personas en las propias dependencias policiales [ . . .].

4) El cuarto aspecto a considerar con caracterstica comn, consiste

en que los secuestros ocurran durante la noche, en los domicil ios de las vctimas, y

siendo acompaados en muchos casos por el saqueo de los bienes de la vivienda [ . . .]

(cfr. La Sentencia , Tomo I, pg. 97 y sig.) .

Estos actos de terrorismo de Estado sin precedentes, fueron

abordados tambin por los historiadores del pasado reciente, como el

catedrtico en Historia Social (UBA, FLACSO) e investigador principal del

CONICET, Luis Alberto Romero, quien al respecto ha sostenido que:

La planif icacin general y la supervisin tctica [del plan represivo

estatal] estuvo en manos de los ms altos niveles de conduccin castrense, y los

of iciales superiores no desdearon participar personalmente en tareas de ejecucin,

poniendo de rel ieve el carcter institucional de la accin y el compromiso colectivo.

12

Las rdenes bajaban, por la cadena de mandos, hasta los encargados de la ejecucin,

los Grupos de Tareas [] La represin fue, en suma, una accin sistemtica

realizada desde el Estado.

Se trat de una accin terrorista, dividida en cuatro momentos

principales: el secuestro, la tortura, la detencin y la ejecucin. Para los secuestros,

cada grupo de operaciones -conocido como la patota- operaba preferentemente de

noche, en los domicil ios de las vctimas, a la vista de su familia, que en muchos

casos era incluida en la operacin. Pero tambin muchas detenciones fueron

realizadas en fbricas, o lugares de trabajo, en la calle [] Al secuestro segua el

saqueo de la vivienda (Romero, Luis Alberto: Breve Historia Contempornea de

la Argentina , Ed. Fondo de Cultura Econmica, Buenos Aires, 2 Edicin, 2001,

p. 208) .

Asimismo, agrega el autor que:

El estado se desdobl: una parte, clandestina y terrorista, practic

una represin sin responsables, eximida de responder a los reclamos. La otra,

pblica, apoyada en un orden jurdico que el la misma estableci, si lenciaba

cualquier otra voz ( dem, p. 210).

El adversario -de l mites borrosos, que poda incluir a cualquier

posible disidente- era el no ser, la subversin aptrida sin derecho a voz o a

existencia, que poda y mereca ser exterminada. Contra la violencia no se

argument a favor de una alternativa jurdica y consensual, propia de un Estado

republicano y de una sociedad democrtica, sino de un orden que era, en realidad,

otra versin de la misma ecuacin violenta y autoritaria ( ibidem, p. 211).

En funcin de lo antedicho, concluye que:

El l lamado Proceso de Reorganizacin Nacional supuso la coexistencia

de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represin, y otro visible, sujeto

a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que

sometan sus acciones a una cierta juridicidad ( ibid., p. 222).

En idntico sentido, el catedrtico de Teora Poltica

Contempornea (UBA), socilogo y doctor en filosofa Marcos Novaro,

recientemente, ha expresado que [e] l plan represivo tuvo dos rostros, uno

ajustado a la legalidad del rgimen, y por tanto visible; otro soterrado, i legal ,

aunque no del todo invisible. El primero correspondi a la administracin de

castigos a opositores potenciales (definidos as en las rdenes secretas con que se

planif ic el golpe), corregibles o poco pel igrosos. A el los se les aplicaron fueros

militares, penas elevadas por delitos difusos como traicin a la patria y una

amplia batera de legislacin represiva [] Con todo, lo esencial de la represin

correspondi al otro aspecto de la estrategia : el secuestro, tortura y asesinato de los

miles de militantes y dirigentes involucrados en la subversin (cfr. Historia de

la Argentina Contempornea , Ed. Edhasa, Buenos Aires, 2006, pp. 70/71).

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Luego de secuestradas, las vctimas eran llevadas de inmediato a

lugares especialmente adaptados, situados dentro de unidades mili tares o

policiales o lugares creados especialmente por los encargados de materializar

en los hechos ese plan represivo, conocidos con posterioridad como centros

clandestinos de detencin .

En tales sitios, los secuestrados generalmente eran sometidos a

largas sesiones de torturas con el fin de obtener algn tipo de informacin.

Luego de ello, la vctima poda correr tres destinos: la liberacin,

la legalizacin de su detencin o la muerte.

Los centros de detencin, adems de servir para alojar a

detenidos, eran utilizados por los grupos de tareas (los denominados GT)

como base de operaciones para realizar sus secuestros.

La primera conclusin sobre lo hasta aqu expuesto, l leva a poner

de resalto que, bajo la existencia de un supuesto orden normativo -amparado

por las leyes, rdenes y directivas que reglaban formalmente la actuacin de

las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversin-, las Fuerzas Armadas,

en los hechos, se conducan merced a mandatos verbales y secretos. Como

fuera sentado en la sentencia dictada el 15 de diciembre de 1985 en la causa

13/84, el orden normativo se exclua con aquel aplicado para el combate de la

guerril la , y uno implicaba la negacin del otro.

Precisamente, en lo referente al tratamiento de las personas

detenidas, la actividad desplegada por el gobierno militar, lejos de responder

al marco jurdico anteriormente sealado, se encontraba signado por un

procedimiento absolutamente ilegal, el cual, como habr de detallarse ms

adelante, fue transformndose en un tramo plagado de atrocidades que

conformaron el peor captulo de la historia argentina.

Las prcticas ilegales mencionadas comenzaban al detener y

mantener ocultas a las personas previamente definidas como subversivas ,

torturarlas para obtener informacin y eventualmente matarlas haciendo

desaparecer el cadver, o bien fraguar enfrentamientos armados como una

manera de justificar las muertes.

Esquemticamente, el plan criminal de represin, llevado a cabo

durante el ltimo gobierno mili tar consisti en:

a) privar de su libertad en forma ilegal a las personas que

considerasen sospechosas de estar enfrentadas al orden por ellos impuesto;

b) trasladarlos a lugares de detencin clandestinos;

c) ocultar todos estos hechos a los familiares de las vctimas y

negar haber efectuado la detencin a los jueces que tramitaran habeas corpus ;

14

d) aplicar torturas a las personas capturadas para extraer la

informacin que consideren necesaria;

e) l iberar, legalizar la detencin o asesinar a cada vctima segn

criterios poco estables, lo que puso de manifiesto la ms amplia

discrecionalidad y arbitrariedad con relacin a la vida o muerte de cada una

de las vctimas.

Este cruel derrotero es descripto por el Profesor Romero, en su

obra ya citada supra , cuando refiere:

El destino primero del secuestrado era la tortura, sistemtica y

prolongada. La picana, el submarino [] se sumaban a otras que combinaban

tecnologa con el ref inado sadismo del personal especializado, puesto al servicio de

una operacin institucional de la que no era raro que participaran jefes de alta

responsabil idad. La tortura f sica, de duracin indefinida, se prolongaba en la

psicolgica: sufrir simulacros de fusilamientos, asistir al suplicio de amigos, hijos o

esposos, comprobar que todos los vnculos con el exterior estaban cortados, que no

haba nadie que se interpusiera entre la vctima y el victimario. En principio la

tortura serva para arrancar informacin y lograr la denuncia de compaeros,

lugares, operaciones, pero ms en general tena el propsito de quebrar la resistencia

del detenido, anular sus defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Muchos

moran en la tortura, se quedaban [] En esta etapa f inal de su calvario, de

duracin imprecisa, se completaba la degradacin de las vctimas, a menudo mal

heridas y sin atencin mdica, permanentemente encapuchadas o tabicadas, mal

al imentadas, sin servicios sanitarios [] No es extrao que, en esa situacin

verdaderamente l mite, algunos secuestrados hayan aceptado colaborar con sus

victimarios, realizando tareas de servicio [] Pero para la mayora el destino f inal

era el traslado, es decir, su ejecucin (op. cit . , p. 209) .

Dentro de este sistema, se otorg a los cuadros inferiores de las

Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad a la hora de seleccionar a quienes

se le asignara el rtulo, segn la informacin de inteligencia, de elementos

subversivos, de acuerdo a la terminologa del Rgimen. En tal contexto, se

dispuso su interrogatorio bajo tormentos, sometindolos a su vez a

condiciones inhumanas de vida, mientras se los mantena clandestinamente

en cautiverio; se concedi, por ende, una gran libertad para apreciar el

destino final de cada vctima, ya se trate del ingreso al sistema legal , la

libertad o, simplemente, la eliminacin fsica.

Con relacin a la organizacin del sistema represivo y el accionar

de las fuerzas armadas, Novaro, junto a Vicente Palermo, explican: "En su

diseo como hemos dicho se prioriz ante toda otra consideracin la ef icacia de la

ofensiva a desarrollar contra el enemigo que enfrentaba la nacin y las fuerzas

Armadas, cuya naturaleza era polt ica e ideolgica, ms que militar: el comunismo

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subversivo o ms simplemente el subversivo actuaba dentro de las fronteras y su

entramado social , poda tener o no vinculacin ideolgica, polt ica y f inanciera con

los centros mundiales de la revolucin, y actuaba en todos los planos de la vida

social , la educacin, la cultura, las relaciones laborales, la rel igin. Lo que deba

combatirse en l era su condicin subversiva que no estaba asociada slo con una

prctica revolucionaria (la lucha armada) ni con una determinada estrategia de toma

revolucionaria del poder (el modelo cubano, el vietnamita o el chileno) ni con la

pertenencia a un determinado tipo de organizacin (los grupos revolucionarios y

guerril las) sino que se extenda mucho ms all.

Para identif icar la condicin subversiva era un dato relevante la

ideologa marxista y el izquierdismo. Se entenda, entonces, que para combatir

ef icientemente a la subversin haba que atacarla especialmente, en su causa

primera el virus ideolgico que es diseminado por los marxistas, los comunistas o

criptocomunistas, los izquierditas, los revolucionarios en general . Aunque tambin

los catlicos tercermundistas, los freudianos, los ateos y en una medida

considerable, los peronistas, los l iberales y los judos representaban una amenaza

para el orden, ya que difundan ideas contrarias a su preservacin, por lo que

tambin deba persegurselo. Igual que todos aquellos que, con su prdica agnstica ,

igualitaria o populista atacaron las bases del orden nacional. Es as que, si bien esas

f i ltraciones eran datos suficientes, no eran del todo necesarias para identif icar al

enemigo que poda estar solapado bajo otros disfraces y ser inconsciente de su papel

en esta guerra. Bastaba que la persona en cuestin actuara a favor de un cambio

social y en contra del orden. En este sentido los activistas no violentos, ajenos a

las organizaciones clandestinas que desarrollaban actividades polt icas sindicales,

rel igiosas o intelectuales legales y legtimas en cualquier sistema de derecho

resultaban a los militares especialmente intolerantes, porque solan ser los ms

ef icaces transmisores del virus subversivo para la sociedad. Subversivo, en suma,

equivala a ser enemigo de la Patria, de esa Patria uniforme, integrada e inmutable

tal como la entendan los militares. No importara, por lo tanto, que como sucedi

en muchos casos, los secuestrados resultaran ser nacionalistas convencidos o

devotos cristianos animados por sentimientos no menos profundos que los de sus

verdugos. La inclusin de entre las seas de identidad del enemigo, de una amplia

gama de delitos de conciencia y actitudes cuestionadoras fue expresada de modo

prstino y reiterado por Videla: Subversin es tambin la pelea entre hijos y

padres, entre padres y abuelos. No es solamente matar militares. Es tambin todo

tipo de enfrentamiento social (Gente n 560, 15 de abril de 1976) [ . . .] Y tal como

haba explicado Galtieri a f ines de 1974, continuando con las metforas mdicas

frente a la subversin como con el cncer, a veces es necesario extirpar las partes

del cuerpo prximas aunque no estn infectadas para evitar la propagacin" (cfr.

16

Historia Argentina: La Dictadura Militar 1976/1983. Del Golpe de Estado a la

Restauracin Democrtica. Ed. Paids, Buenos Aires, 2003, p. 88 y sgtes.) .

En el mismo sentido, se ha sealado tambin, que El discurso de

la peste [] fue particularmente apropiado y resignif icado por el gobierno

instaurado en 1976. Las epidemias, los cnceres nacionales de todo tipo, eran los

subterfugios util izados por los militares para justi f icar la erradicacin de los

focos subversivos al interior del organismo enfermo. Tambin desde 1976, con ms

fuerza que nunca la metfora de la sociedad enferma se convertira en el

diagnstico of icial del gobierno para explicar de un modo didctico y convincente el

pasado inmediato de la Repblica Argentina, para justi f icar el acceso al poder, la

legitimidad de la permanencia en l y los objetivos histricos propuestos (Melo,

Adrin y Raffin, Marcelo: Obsesiones y fantasmas de la Argentina , Ed. del

Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 109, con cita de Delich, Francisco: Metforas de

la sociedad argentina , Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1986, p. 29).

Y continan los autores citados: Si el diagnstico era que el

grueso de la sociedad estaba enferma, las estrategias curativas tenan que ser

necesariamente drsticas y apuntar all mismo donde los males tienen su origen. El

Estado autoritario impone un lema: el supuesto enfermo debe aislarse para extirpar

el mal. Las teraputicas instrumentadas fueron la desinformacin, el congelamiento

de la sociedad, la imposicin del miedo, la desaparicin f sica de las personas, entre

las de mayor peso ( idem , p. 109/0).

No es de extraar entonces, que el resultado de esta lgica haya

llevado a resultados desastrosos; que este discurso del enemigo haya

conducido sin escalas a la ms pura arbitrariedad, especialmente en la

seleccin de las vctimas a someter a este perverso y feroz sistema penal

ilegal subterrneo, el cual -como toda agencia policial descontrolada e

impune-, arras con cuanto vestigio de Estado de Derecho tuvo delante; para

slo detener su propensin a la violacin de las ms elementales normas del

Derecho y la racionalidad frente a la aparicin en el horizonte de contra

pulsiones provenientes del exterior, ms precisamente, la presin del

gobierno demcrata norteamericano y la visita de la Comisin Interamericana

de Derechos Humanos (con ms detalle al respecto, Novaro, op. cit . , pps.

102/3). En palabras de Romero [l]o cierto es que cuando la amenaza real de las

organizaciones ces, la represin continu su marcha. Cayeron militantes de

organizaciones polt icas y sociales, dirigentes gremiales de base [] y junto con el lo

militantes polt icos varios, sacerdotes, intelectuales, abogados relacionados con la

defensa de presos pol t icos, activistas de organizaciones de derechos humanos, y

muchos otros, por la sola razn de ser parientes de alguien, f igurar en una agenda o

haber sido mencionado en una sesin de tortura [] con el argumento de enfrentar

y destruir en su propio terreno a las organizaciones armadas, la operacin procuraba

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eliminar todo activismo, toda protesta social -hasta un modesto reclamo por el boleto

escolar-, toda expresin de pensamiento cr tico [] En ese sentido los resultados

fueron exactamente los buscados.

En este orden de cosas, corresponde asimismo recordar que el

Poder Ejecutivo Nacional, mediante la sancin del decreto nro. 187/83,

dispuso la creacin de la Comisin Nacional de Desaparicin de Personas

(CONADEP), cuyo objetivo fue esclarecer los hechos relacionados con este

fenmeno acontecido en el pas. En el informe final presentado por la

Comisin se seal que:

De la enorme documentacin recogida por nosotros se infiere que los

derechos humanos fueron violados en forma orgnica y estatal por la represin de

las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera espordica sino sistemtica, de

manera siempre la misma, con similares secuestros e idnticos tormentos en toda la

extensin del territorio. Cmo no atribuirlo a una metodologa de terror

planif icada por los altos mandos? Cmo podran haber sido cometidos por perversos

que actuaban por su sola cuenta bajo un rgimen rigurosamente militar, con todos

los poderes y medios de informacin que esto supone? Cmo puede hablarse de

excesos individuales? De nuestra informacin surge que esta tecnologa del

infierno fue l levada a cabo por sdicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras

inferencias no bastaran, ah estn las palabras de despedida pronunciadas en la

Junta Interamericana de Defensa por el Jefe de la Delegacin Argentina, Gral.

Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: Hicimos la guerra con la

doctrina en la mano, con las rdenes escritas de los Comandos Superiores.

As cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la

Junta Militar deploraron los excesos de la represin, inevitables en una guerra

sucia, revelan una hipcrita tentativa de descargar sobre subalternos

independientes los espantos planif icados.

Los operativos de secuestros manifestaban la precisa organizacin, a

veces en los lugares de trabajo de los sealados, otras en plena cal le y a luz del da,

mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban

zona libre a las Comisaras correspondientes. Cuando la vctima era buscada de

noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por la

fuerza, aterrorizaban a padres y nios, a menudo amordazndolos y obligndolos a

presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban

brutalmente, la encapuchaban y f inalmente la arrastraban a los autos o camiones,

mientras el resto de los comandos casi siempre destrua y robaba lo que era

transportable. De ah se parta hacia el antro en cuya puerta poda haber inscriptas

las mismas palabras que Dante ley en los portales del infierno: Abandonar toda

esperanza, los que entris.

18

De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de

seres humanos, generalmente jvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una

categora ttrica y hasta fantasmal: la de los desaparecidos. Palabra - triste

privilegio argentino! - que hoy se escribe en castel lano en toda la prensa del

mundo. (cfr. Nunca Ms , Informe de la Comisin Nacional de Desaparicin de

Personas, EUDEBA, Buenos Aires, 1996).

Lo hasta aqu expuesto, nos permite conocer el contexto histrico

nacional en el cual se despleg el sistema represivo implementado por las

Fuerzas Armadas que, reitero, consisti en la captura, privacin ilegal de la

libertad, interrogatorios con tormentos, clandestinidad y en muchos casos,

eliminacin fsica de las vctimas; siendo este proceso sustancialmente

idntico en todo el territorio de la Nacin.

Resulta relevante traer a colacin aqu los desarrollos tericos

que en el marco del discurso penal se han efectuado, a partir de la irrupcin

de Estados autoritarios tanto en Europa como en Amrica Latina, durante

todo el siglo XX, desarrollos que sintetizan las preocupaciones de los juristas

y pensadores provenientes no slo del Derecho penal sino de diversas ramas

de las ciencias sociales, como lo son la sociologa del castigo, la antropologa

jurdica y la criminologa.

Estas preocupaciones han buscado comprender la relacin entre

el poder y la legalidad (entendida esta ltima segn el modelo kelseniano que

se impuso durante las dcadas del 20 y 30 del siglo pasado), especialmente a

partir de la crisis en esta relacin, puesta en evidencia con la irrupcin de los

regmenes autocrticos de entreguerras, en especial , el nacionalsocialismo.

De estos desarrollos tericos entre los cuales se destacan los

emprendidos por los juristas europeos Alessandro Baratta y Luigi Ferrajoli y

nuestro E. Ral Zaffaroni-, surge claro que hoy en da slo es posible

comprender al Derecho penal como una tcnica de minimizacin de la

violencia, con especial referencia a la violencia estatal, que por su

concentracin de poder punitivo (monopolio del uso de la fuerza,

disponibilidad de aparatos de poder, posesin de arsenales blicos, etc.) ,

siempre tiende al abuso y a la desproporcin en las rplicas frente a la puesta

en peligro de dicho poder que surgen de sectores alejados del mismo.

De hecho, el Derecho penal moderno naci al calor de la

Ilustracin de fines del siglo XVIII (la obra de Beccaria, Dei delitti e delle pene ,

es de 1766), precisamente a partir de la necesidad de poner diques de

contencin al despotismo que los regmenes absolutistas ejercan sobre los

sbditos, quienes hasta ese momento carecan de todo tipo de derechos.

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Pues bien, los hechos ventilados en este proceso muestran a las

claras que el supuesto progreso civil izatorio de la mano de la modernidad y

de las luces est lejos de haber alcanzado, al menos de modo concluyente,

estadios superadores en la relacin entre el Estado y la sociedad civil .

Es a partir de este marco conceptual, que es posible visualizar

una tensin permanente entre el ejercicio de poder punitivo (propio del

Estado policial) y el Derecho penal como tcnica proveedora de mayor paz

social (propio del Estado de Derecho), tensin que est presente en todas las

sociedades, ms all de la organizacin poltica que las configure (sigo aqu

especialmente a Zaffaroni, E. Ral, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro:

Derecho Penal - Parte General , Ed. Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 5 y sgtes., y 38

y sgtes.) .

Esta dialctica Estado de Derecho-Estado policial no se puede

concebir espacialmente como dos frentes que coliden entre s, dado que en

verdad, el primero contiene al segundo en su interior: as, el Estado policial

pugna permanentemente por su expansin en desmedro de espacios propios

del Estado de Derecho, y a su vez, el Estado de Derecho aspira a reducir y

encapsular todo lo posible los espacios librados al Estado policial que pervive

en su interior.

En tal sentido, la mayor expansin del ejercicio de poder punitivo

estatal trae como consecuencia su necesaria contrapartida, la virtual

desaparicin del Derecho penal limitador y lo que ste presupone, el Estado

de Derecho.

No es posible imaginar una sociedad en donde todo sea Estado de

libertades (un mnimo de poder de polica resulta absolutamente necesario

para la coexistencia an pacfica), as como tampoco es concebible una

sociedad con todos sus espacios de libertades anuladas: una sociedad as,

abierta y completamente totalitaria, terminara aniquilando a todos sus

sbditos a travs del ejercicio del terror sistemtico, masivo e implacable,

generando uno tras otro, nuevos estereotipos de enemigos. Si bien han

existido regmenes que se han acercado bastante al ideal (probablemente, la

Alemania nazi en la plenitud de su poder, circa 1942, el rgimen estalinista

sovitico de mediados de la dcada del 30 del siglo pasado), lo cierto es que

tambin el Estado policial puro es solamente una hiptesis de trabajo para el

cientfico social (al respecto, ver Arendt, Hannah: Los orgenes del

totalitarismo , trad. de Guillermo Solana, Alianza Editorial, Madrid, 2002, pps.

687/688).

Pues bien, lo que surge claro tanto de los elementos de prueba

colectados en la causa 13/84 instruida por el Superior, como por las

20

investigaciones histricas del perodo inaugurado con el golpe de Estado del

24 de marzo de 1976, es que las pulsiones del Estado policial conducido por

la Junta Mili tar de aquel entonces- finalmente rompieron los ltimos diques

de contencin que le ofrecan resistencia desde el Estado de Derecho, y

anegaron todos aquellos espacios de derechos y libertades a los que desde

siempre apuntaron y que hasta ese momento tenan resguardo de la Ley,

mediante el empleo de un poder autoritario y manifiestamente ilegal .

Para ello, y habida cuenta que el catlogo de respuestas jurdico-

penales que ofreca el Estado de Derecho usurpado les resultaba

manifiestamente insuficiente a los diseadores del rgimen militar instaurado

para canalizar el enorme caudal de violencia estatal que prevean inyectar en

la sociedad, frente a la disyuntiva absolutamente factible debido a la

sustitucin de la mismsima norma fundamental del orden jurdico vigente- de

cambiar a su antojo la legalidad formal en lo referente a delitos, juicios y

penas, prefirieron una solucin an ms drstica, como lo fue la de transferir

todo el aparato blico de poder estatal a la ms pura clandestinidad, esto es,

a la ms abierta ilegalidad.

Y reafirmo esta nota de abierta ilegalidad, puesto que el Estado

argentino, pese a la clara dominacin del Estado policial, mantuvo remanente

ciertos espacios del Estado de Derecho en mbitos no vitales (no debemos

olvidar que el cdigo penal casi no fue modificado, as como tampoco el

derecho civil , comercial, todos los cuales seguan siendo aplicados por jueces,

etc.) .

Dicho de otro modo, nos encontramos a partir de fines de marzo

de 1976 en nuestro pas con un Estado no ya constitucional sino meramente

legal de Derecho, con casi todos sus espacios internos ocupados por un Estado

policial l iberado de toda contencin y dominado por las agencias policiales

(fuerzas armadas y de seguridad), y que para colmo de males, y como nota

distintiva de la violencia estatal que se dio en la Argentina en aquellos aos,

con todos sus aparatos verticalizados de poder (fuerzas armadas, policas,

servicios penitenciarios, servicios de seguridad del Estado) alineados en una

sola estructura al estilo del Leviatn que describe Hobbes-, l iberado de toda

atadura o contencin desde la esfera de la legalidad, aunque ms no sea la

legalidad formal que regira la organizacin poltica luego del golpe de

Estado y hasta la restauracin del sistema democrtico de gobierno.

Es ms, lo que se tuvo por probado en aquella causa 13 de la

Excma. Cmara Federal, fue que desde el Estado legal de Derecho, la Junta

Militar de gobierno que ocupaba el poder poltico del Estado Argentino, le

proporcion a los detentadores del aparato de poder unif icado que haba

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pasado a la clandestinidad, todo lo necesario para operar impunemente y en

el mayor de los secretos: en primer lugar la asignacin de los recursos

econmicos y logsticos, derivada de fondos pblicos, sin los cuales la

enorme empresa criminal jams poda haberse llevado a cabo, y en segundo

lugar, la promesa cumplida por cierto-, de poner en funcionamiento el

enorme poder discursivo y meditico que estaba al servicio del rgimen (a

travs de rganos de informacin estatales o de aquellos privados

controlados y del si lenciamiento y persecucin de los medios informativos

independientes u opositores) para negar sistemticamente ante la opinin

pblica, los estados extranjeros y las organizaciones de derechos humanos,

todo lo concerniente a la actuacin de aquel Leviatn desatado.

Dicho de otro modo, no fue con las herramientas del ejercicio de

poder punitivo formal que el rgimen militar en cuestin llev a cabo la

represin contra los que consideraba sus enemigos polticos, sino que fue a

travs de un premeditado y perverso ejercicio masivo y criminal de poder

punitivo subterrneo (cfr. Zaffaroni-Alagia-Slokar, op. cit . , p. 24) que dieron

cuenta de ellos, metodologa que fue mantenida en secreto por todos los

medios posibles y que, como todo ejercicio de violencia estatal l iberada de las

sujeciones del Estado de Derecho, degener en forma inmediata en terrorismo

de Estado.

Debemos recordar aqu que la cuestin del mantenimiento en

secreto del aparato de poder puesto al servicio de la actividad criminal no fue

algo privativo del rgimen militar aqu en estudio; similar estrategia fue

emprendida entre otros, por el nazismo y el estalinismo, siguiendo la lgica

de todo modelo autoritario de poder estatal, segn la cual cuanto ms

visibles son los organismos del Gobierno, menor es su poder, y cuanto menos se

conoce una institucin, ms poderosa resultar ser en definitiva [] el poder

autntico comienza donde empieza el secreto (cfr. Arendt, Los orgenes.. . cit . , p.

608).

Para cumplir los objetivos propuestos, el rgimen militar en el

marco del cual se desempearon los aqu juzgados, extrajo por la fuerza a los

supuestos enemigos polticos de sus mbitos de pertenencia, ya sea

familiares, sociales, culturales, y de los circuitos de comunicacin social,

despojndolos de este modo de toda significacin socio-jurdica: el primer

paso esencial en el camino hacia la dominacin sostiene Arendt- es matar

en el hombre a la persona jurdica (Los orgenes.. . cit . , p. 665).

Ello se logra colocando a ciertas categoras de personas fuera de

la proteccin de la ley: el hasta entonces ciudadano, con nombre y apellido,

profesin, etc. , con derechos y obligaciones de diversa ndole, pasa a ser una

22

no-persona , alguien de la cual slo queda pendiente un cuerpo vital, lo que

Agamben ha llamado la nuda vida del homo sacer , el cual est enteramente en

manos del Estado policial subterrneo, no slo para torturarlo, negarle

alimento, agua o condiciones sanitarias mnimas, sino adems para disponer

definitivamente de esa vida, anulndola en cualquier momento impunemente,

sin necesidad de razn o justificacin alguna ms all del puro acto de poder,

negndole inclusive, los rituales debidos a toda muerte, propios de la

condicin humana.

Seala Agamben que all cuando se desvanece la frontera entre

orden jurdico y estado de excepcin (como lo fue el rgimen militar en toda

su extensin), la nuda vida pasa a ser a la vez el sujeto y el objeto del

ordenamiento poltico y de sus conflictos: Todo sucede como si , al mismo

tiempo que el proceso disciplinario por medio del cual el poder estatal hace del

hombre en cuanto ser vivo el propio objeto especf ico, se hubiera puesto en marcha

otro proceso [] en el que el hombre en su condicin de [mero ser] viviente ya no

se presenta como objeto, sino como sujeto del poder polt ico [] en los dos est en

juego la nuda vida del ciudadano, el nuevo cuerpo biopoltico de la humanidad (cfr.

Agamben, Giorgio: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida , trad. de

Antonio Gimeno Cuspinera, Ed. Pre-textos, Valencia, Espaa, 2003, p. 19) .

De este modo, el ciudadano, la persona f sica y jurdica, pasaba a

ser simplemente un desaparecido , sobre el cual, como bien qued asentado en

los Considerandos de la causa 13, los detentadores del aparato de poder -

liberados de toda atadura por parte de las cpulas militares gobernantes-

tenan amplia disponibilidad, ya sea para aniquilarlo, o bien para continuar

su detencin pero transfirindolo desde el sistema penal subterrneo al

sistema penal formalizado ( legalizacin por parte del Poder Ejecutivo) , o bien

liberndolo directamente o permitiendo su salida al exterior.

En definitiva, y en palabras de Ferrajoli :

La vida y la seguridad de los ciudadanos se encuentran en peligro hoy

ms que nunca, no slo por la violencia y los poderes salvajes de los particulares, ni

por desviaciones individuales o la i legalidad de especf icos poderes pblicos, sino

tambin, y en medida mucho ms notable y dramtica, por los mismos estados en

cuanto tales: [] torturas, masacres , desaparicin de personas, representan

actualmente las amenazas incomparablemente ms graves para la vida humana. Si es

cierto, como se dijo, que la historia de las penas es ms infamante para la

humanidad que la historia de los delitos, una y otra juntas no igualan, en ferocidad

y dimensiones, a la delincuencia de los estados: baste pensar [] todas las variadas

formas de violencia predominantemente i legales con que tantsimos estados

autoritarios atormentan hoy a sus pueblos (Ferrajoli , Luigi : Derecho y Razn , Ed.

Trotta, Madrid, 1989, p. 936).

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Considerando Segundo

2.1. Los centros clandestinos de detencin y tortura

En el marco de la poltica de terrorismo de Estado desarrollada

por la ltima dictadura militar y el mecanismo de desaparicin sistemtica de

personas, los centros de clandestinos de cautiverio, tambin conocidos como

pozos , chupaderos o cuevas , han constituido una pieza fundamental del

aberrante engranaje represivo: sostiene Hannah Arendt que estos espacios

fsicos especialmente preparados para el cautiverio, la tortura y la muerte son

la verdadera insti tucin central del poder organizador en el marco del

terrorismo de Estado (ver Los orgenes del totalitarismo , tomo III, p. 653).

La existencia de centros de detencin y tortura en la Argentina de

mediados de la dcada del 70 del siglo XX es, sin lugar a dudas, la pgina

ms negra de toda nuestra historia como pas, no solamente por el hecho en s

de su existencia, sino adems, porque estos si tios infernales irrumpieron en el

marco de una sociedad supuestamente civilizada, con la tasa de educacin

ms alta de toda Amrica Latina y con estndares culturales similares a los de

Europa, al menos en los grandes centros urbanos.

En s, la generalizada irrupcin en la Argentina de mbitos que

en gran medida respondan a la lgica concentracionaria no tiene nada de

original. Se inscriben en una tristemente larga lista de sitios similares que

acompaaron a casi todos los regmenes autoritarios al menos durante el

siglo XX (es recurrente la atribucin de la idea primigenia a los colonizadores

ingleses en la guerra contra los boers en frica austral , alrededor de 1910) y

que tuvieron su punto culminante a partir de su empleo masivo por parte del

rgimen nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial.

En todos ellos y los nuestros no han sido la excepcin- los

niveles de violencia y de terror infligidos a las vctimas han sido de tal

magnitud, y la muerte ha campeado en tan alta escala, que de ellos slo

puede afirmarse, como denominador comn, que en su seno todo era posible

(cfr. Arendt, Los orgenes.. . cit . , p. 652).

En referencia a ello, podemos sealar que estos centros

clandestinos de tortura y de muerte constituyen un espacio de excepcin, en

el que no slo la ley se suspende totalmente, sino en el que, adems, hecho y derecho

se confunden por completo: por eso todo es verdaderamente posible en el los []

quien entraba en el campo de mova en una zona de indistincin entre [] l cito e

i l cito, en que los propios conceptos de derecho subjetivo y de proteccin jurdica ya

no tenan sentido alguno (Agamben, Giorgio, op. cit . , p. 217) .

24

La imagen que nos devuelve el reflejo frente a este espejo, es la

de un espectro que se acerca a la concepcin del mal ms radical.

Al respecto, seala el mismo autor que lo que tuvo lugar en los

campos de concentracin supera de tal forma el concepto jurdico de crimen que con

frecuencia se ha omitido sin ms la consideracin de la estructura jurdico-polt ica

en que tales acontecimientos se produjeron. El campo es as tan slo el lugar en que

se realiz la ms absoluta conditio inhumana que se haya dado nunca en la t ierra:

esto es, en ltimo trmino, lo que cuenta tanto para las vctimas como para la

posteridad ( idem, p. 211).

La multiplicacin de estos lugares por todo el pas y su

permanencia en el tiempo refleja la imagen del colapso moral de una sociedad

y a la vez, del fracaso del supuesto progreso civilizatorio de toda una Nacin.

Sobre este ltimo punto, con razn sostiene Agamben que [l]a

pregunta correcta con respecto a los horrores del campo no es, por consiguiente,

aquella que inquiere hipcritamente cmo fue posible cometer en el los delitos tan

atroces en relacin con seres humanos; sera ms honesto, y sobre todo ms til ,

indagar atentamente acerca de los procedimientos jurdicos y los dispositivos

polt icos que hicieron posible l legar a privar tan completamente de sus derechos y

prerrogativas a unos seres humanos, hasta el punto de que el realizar cualquier t ipo

de accin contra el los no se considerara ya un delito ( ibidem , p. 217/8).

Los centros clandestinos de detencin, como todo espacio que

adopta ciertas caractersticas del universo concentracionario, han sido

funcionales en ms de un aspecto al poder que los engendr.

En primer lugar, fueron sitios que reforzaron el adoctrinamiento

ideolgico de los integrantes del aparato de poder, en el sentido de que el

terror absoluto imperante en estos sitios, y las atrocidades cometidas, se

convirtieron en aplicacin prctica del adoctrinamiento ideolgico, de

comprobacin de la ideologa (Arendt , Los orgenes.. . cit . , p. 652/3).

En segundo lugar, los campos fueron concebidos no slo para

degradar a los seres humanos y eventualmente eliminarlos f sicamente, sino

adems para transformar a la personalidad humana en una simple cosa, algo

que ni siquiera son los animales ( idem , p. 653).

El autntico horror de los campos de concentracin radica en el hecho

de que los internados, aunque consigan mantenerse vivos, se hallan ms

efectivamente aislados del mundo de los vivos que si hubieran muerto []

Cualquiera puede morir como resultado de la tortura sistemtica o de la inanicin o

porque el campo est repleto y sea preciso l iquidar el material humano superfluo

( ibidem , p. 659).

No existen paralelos para la vida en los campos de concentracin. Su

horror nunca puede ser abarcado completamente por la imaginacin por la simple

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razn de que permanecen al margen de la vida y la muerte [] las masas humanas

encerradas son tratadas como si ya no existieran, como si lo que les sucediera

careciera de inters para cualquiera, como si ya estuviesen muertas y algn

enloquecido espritu maligno se divirtiera en retenerlas durante cierto tiempo entre

la vida y la muerte ( ibidem , p. 662).

En lo que atae a la investigacin en particular, veamos cmo fue

en concreto que operaron las personas de las cuales se analizar la

responsabilidad. Las personas privadas ilegalmente de su libertad eran

conducidas de inmediato a este tipo de lugares, situados ya sea dentro de

unidades militares o policiales con dependencia operacional de las Fuerzas

Armadas, acondicionados al efecto, distribuidos a lo largo de todo el

territorio nacional, y cuya existencia era ocultada del conocimiento pblico

no obstante haber superado los 340 centros: En todos estos casos, un lugar

aparentemente anodino delimita en realidad un espacio en que el orden jurdico

normal queda suspendido de hecho y donde e l que se cometan o no atrocidades no es

algo que dependa del derecho, sino slo [] de la polica que acta provisionalmente

como soberana (cfr. Agamben, cit . , p 222).

Mientras los familiares y amigos agotaban los recursos a su

alcance para dar con el paradero de los desaparecidos, las autoridades

pblicas respondan negativamente a todo pedido de informe -incluso de

gobiernos extranjeros u organismos internacionales- vinculado a las

detenciones de los buscados y los recursos de habeas corpus interpuestos

ingresaban en el destino inexorable del rechazo.

En tal sentido, la estrategia negacionista llevada adelante por el

rgimen militar de un modo contemporneo a la perpetracin de los crmenes

que se estaban llevando a cabo de modo masivo a travs del aparato

clandestino de poder que ellos mismos comandaban, qued en la historia

como uno de los ejemplos ms cabales de lo que puede l legar a ser una

estrategia comunicacional del poder autoritario. Ntese que uno de los

mximos representantes de la criminologa norteamericana contempornea,

Stanley Cohen, le ha dedicado a este ejemplo la siguiente reflexin en una

obra escrita en 2001, de reciente traduccin:

La Junta Militar argentina patent una versin santurrona nica de

doble mensaje. Cuando se dirigan a gobiernos y reporteros extranjeros, el tono del

General Jorge Videla era de negacin absoluta e indignada: Argentina haba nacido

l ibre, los prisioneros polt icos no existen, nadie es perseguido por sus ideas [] en

la televisin de Estados Unidos, en 1977, Videla explic pacientemente: Debemos

aceptar como una realidad que hay personas desaparecidas en Argentina. El

problema no yace en rati f icar o negar esta realidad, sino en conocer las razones por

las que estas personas han desaparecido. Han existido -concedi- algunos excesos .

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Pero muchas personas, que se piensa estn desaparecidas , han desaparecido

secretamente para dedicarse a la subversin; estas personas han aparecido en la

televisin europea, hablando mal de la Argentina (Cohen, Stanley: Estados de

negacin: ensayo sobre atrocidades y sufrimientos. Buenos Aires, Departamento

de Publicaciones, Facultad de Derecho, UBA, 2005) .

Concluye Cohen, que la ideologa del terrorismo de Estado

justifica acciones cuya existencia nunca es oficialmente admitida, al

contrario, la represin, para sus perpetradores, siempre estar justificada

( idem, p. 124) .

Ello guarda ntima vinculacin con el empleo, por parte del

rgimen militar, de una terminologa neutra para referirse a circunstancias

relacionadas con la actividad represiva clandestina. As, las unidades que

operaban impunemente fueron bautizadas como grupos de tarea (no puede

dejar de asociarse esta denominacin con la de los grupos mviles o

Einsatzgruppen , de las SS, que aniquilaron un milln y medio de enemigos

polticos detrs del frente ruso entre 1941 y 1942, la gran mayora de ellos,

judos); los campos de detencin y tortura eran lugares de reunin de

detenidos o LRD ; los asesinatos eran traslados ; etc. (ver al respecto

Cohen, op. cit . , p. 127, con expresas referencias a un manual secreto de 380

pginas publicado en 1976, donde el General Roberto Viola dispuso dos

columnas de regulaciones lingsticas: trminos no uiti l izables y trminos

util izables) .

Es que el mantenimiento en secreto, en especial de estos sitios de

secuestro y tortura, es una cuestin central para su constante reproduccin.

El experimento de dominacin total en los campos de concentracin depende del

aislamiento respecto del mundo de todos los dems, del mundo de los vivos en

general , incluso del mundo exterior (cfr. Arendt, Los orgenes.. . cit . , p. 653).

Por ltimo, entiendo acertadas las palabras de Enrique Vzquez

quien, refirindose a los objetivos de la ltima dictadura militar seal: A

partir de la represin y la censura la dictadura busc -y en muchos casos logr-

imponer como correlato el espanto y la autocensura. De tal modo los campos de

detencin clandestina y las crceles eran un castigo ejemplar para una parte de la

sociedad pero adems s ignif icaron un espejo donde deba mirarse el resto.

El ambicioso intento del proceso en el mbito de la justicia fue barrer

con el concepto de seguridad jurdica, l levndolo al l mite de relativizar el propio

derecho a la l ibertad y a la vida.

Sin embargo, lo ocurrido en la Argentina no fue una catstrofe

natural al esti lo de un terremoto: se trat del intento ms serio de buscar cambios

en las estructuras sociales y en las formas de organizacin pol t ica basado en al

represin violenta [] La manipulacin de las conciencias a partir de su

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adormecimiento y de la ignorancia de la realidad es una tcnica ya ensayada por

regmenes autoritarios. . . (cfr. La ltima. Origen, apogeo y cada de la dictadura

militar, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1985, p. 65).

Es que, en trminos de Romero, lo que se propuso el rgimen

consista en el iminar de raz el problema, que en su diagnstico se encontraba en

la sociedad misma y en la naturaleza irresoluta de sus confl ictos. El carcter de la

solucin proyectada poda adivinarse en las metforas empleadas -enfermedad,

tumor, extirpacin, ciruga mayor- , resumidas en una ms clara y contundente:

cortar con la espada el nudo gordiano . El tajo fue en realidad una operacin

integral de represin, cuidadosamente planeada (op. cit . , p. 207); o como dice

en otras palabras Novaro, los jefes castrenses no pensaban l imitarse a

satisfacer esas expectativas [las de un golpe de Estado] tenan e l plan mucho ms

ambicioso de cambiar de raz al pas, a sus instituciones y sus habitantes, que

consideraban enfermos. Si para el lo era necesario destruir buena parte de la

sociedad y las instituciones existentes, no dudaran en hacerlo, a travs del

terrorismo de Estado, el disciplinamiento econmico y lo que l lamaban la

reeducacin de los argentinos (op. cit . , p. 63).

2.2. La tortura como actividad sistemtica en los CCDT

Siguiendo con esta tpica descriptiva, considero oportuno dejar

asentado el concepto de tortura como actividad sistemtica en los centros

clandestinos de detencin.

Ello, pues es preciso remarcar que la actividad desplegada por

los responsables de los centros clandestinos de detencin no se limitaba a

privar en forma ilegal de la libertad a una vctima, sino que a ese injusto se le

sumaba la imposicin de tormentos desde el primer momento en que la

persona era secuestrada.

La tortura era algo innato y de aplicacin sistemtica en cada uno

de los centro de detencin y era la regla de tratamiento, siendo la excepcin

el cautivo que no la padeci.

Prueba acabada de la aplicacin sistemtica de tales prcticas, es

la similitud que puede advertirse entre los sucesos que tuvieron lugar en

distintos centros clandestinos de detencin que han sido objeto de estudio

por este tribunal, pudindose advertir tal similitud entre el marco fctico

puesto de manifiesto en la investigacin del CCDT Atltico , Banco y Olimpo;

del CCDT El Vesubio; del CCDT Automotores Orletti; del CCDT El

Chalet del Hospital Posadas; el CCDT Mansin Ser, en la Comisara de

Castelar, la I Brigada Area de Palomar, y la VII Brigada Area de Morn, y

en los sucesos acaecidos en la jurisdiccin de Junn, en los que en la crcel en

28

construccin o crcel 13, se registraron prcticas similares a aquellas

visualizadas en los otros centros clandestinos.

Los sitios en los que imperaba este terror sistemtico contaban

con personal especialmente abocado a ello, mbitos acondicionados al efecto -

los quirfanos o salas de la mquina o el gancho - , una variada gama de

instrumentos y distintas tcnicas destinadas a provocar los padecimientos.

Entre las tcnicas de tortura, la ms emblemtica de ellas, la

picana elctrica , vena aplicndose en actividades represivas policiales

ilegales desde haca ya varias dcadas en nuestro pas, aunque nunca en la

escala que se vio a partir del 24 de marzo de 1976 (cfr. Rodrguez Molas,

Ricardo: Historia de la tortura y del orden represivo en la Argentina , Ed. Eudeba,

Buenos Aires, 1985, p. 114/5 y sgtes.) .

Hasta tal punto eran similares los hechos con los del pasado, lo mismo

podemos decir de la barbarie de la dcada de 1970, y a pesar de las tcnicas

distintas, que en las declaraciones y en las denuncias reaparecan con la mejor

espontaneidad las palabras de dos o tres siglos antes. No olvidemos, siempre fue as,

que en todos los casos los efectos de la aplicacin de la tortura, el rigor de los

verdugos, esa fuerza despiadada que sirve incondicionalmente al poder, causa

espanto ( idem , p. 116).

En rigor de verdad, estas tcnicas y metodologas destinadas ad

hoc a imponer a otro ser humano graves padecimientos fsicos y psquicos,

insoportables a los ojos de toda comunidad con cierto grado de avance

civilizatorio, resultan tributarias de toda una cultura autoritaria, arraigada

desde los propios cimientos de nuestra Nacin: en tal sentido, he dicho en

otro lugar que slo la larga mano del modelo inquisitivo, que cal hondo en

nuestras instituciones a travs de la influencia cultural espaola, puede

explicar que recin en 1958 la Argentina contara por fin con un tipo penal que

contemplara especf icamente la imposicin de tormentos a detenidos por

parte de funcionarios pblicos (vid,. Rafecas, Daniel: Los delitos contra la

l ibertad cometidos por funcionario pblico en: AA.VV., Delitos contra la l ibertad ,

Directores: Stella Maris Martnez y Luis Nio, Ed. Ad Hoc , Buenos Aires,

2003, p. 200).

Ahora bien, reitero que la dimensin de lo sucedido a partir del

golpe de estado del 76 constituy un salto cuantitativo y cualitativo nunca

antes visto en nuestra historia, a tal punto que el Legislador Nacional de la

democracia restaurada en 1983, movido no tanto por un meditado estudio de

la cuestin sino ms bien por el espanto frente a los recientes horrores del

terrorismo de Estado (de los cuales los hechos aqu ventilados son una

acabada muestra) sancion la ley 23.097 por la que, como se sabe, se

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aumentaron las penas drsticamente, equiparando el deli to de torturas al del

homicidio simple, decisin poltico-criminal que quiso poner de manifiesto el

afn por la proteccin de los bienes jurdicos en juego (dignidad, libertad,

integridad f sica y psquica, integridad de la funcin pblica) .

Traigo a colacin aqu, el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional

en ocasin del envo del Proyecto de Ley de referencia, fechado el 20 de

diciembre de 1983, diez das despus de asumido el nuevo gobierno

constitucional: Constituye uno de los objetivos primordiales del actual gobierno

instaurar un rgimen de mximo respeto por la dignidad de las personas [] Dado

que los sufrimientos que [ la tortura y la sevicia] comportan, lesionan principios

morales fundamentales a los que el gobierno constitucional adhiere sin reservas se

introducen modif icaciones al Captulo I del Ttulo V, Libro Segundo, del Cdigo

Penal.

Asimismo, este salto en la dimensin del terror desatado a partir

del 76, en lo que respecta a la calidad y cantidad de torturas impuestas en

estos centros, est condensado en estos dos pasajes de la obra Nunca Ms:

En la casi totalidad de las denuncias recib idas por esta Comisin se

mencionan actos de tortura. No es casual. La tortura fue un elemento relevante en

la metodologa empleada. Los Centros Clandestinos de Detencin fueron concebidos,

entre otras cosas, para poder practicarla impunemente. La existencia y

generalizacin de las prcticas de tortura sobrecoge por la imaginacin puesta en

juego, por la personal idad de los ejecutores y de quienes la avalaron y emplearon

como medio [] qu otra cosa sino un inmenso muestrario de las ms graves e

incali f icables perversiones han sido estos actos, sobre los que gobiernos carentes de

legitimidad basaron gran parte de su dominio sobre toda una nacin? (vid. Nunca

ms , p. 26) .

La comprobacin de la extensin que adquiri la prctica de la tortura

en tales centros y el sadismo demostrado por sus ejecutores resultan estremecedor