poder judicial de la nacióntitular del dni n° 17.697.560, nacido el 9 de junio de 1.966 en...

#30913156#229667385#20190319153032683

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE NEUQUEN31000047/2008

SENTENCIA Nº04 / 2.019 : En la ciudad de Neuquén, capital de la

Provincia del mismo nombre, a los 20 días del mes de MARZO del

año dos mil diecinueve, se reúne el Tribunal Oral en lo

Criminal Federal de NEUQUEN, integrado por el Dr. MARCELO W.

GROSSO en su carácter de Presidente y los Dres. ORLANDO A.

COSCIA y ALEJANDRO A. SILVA, asistidos por el Sr. Secretario

Dr. VICTOR HUGO CERRUTI, para dictar sentencia en los autos

caratulados: “VERGARA, CARLOS ROBERTO Y OTROS S/ IMPOSICIÓN DE

TORTURA AGRAVADA (ART. 144 ter inc. 2º y otros” EXPTE. NRO.

FGR. 31000047/2008/TO1 del registro de este Tribunal,

originaria del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad; causa que

fuera seguida contra: I. CARLOS ROBERTO VERGARA, de

nacionalidad argentina, identificado con DNI N° 12.629.796,

nacido el 8 de diciembre de 1.956, en Cipolletti, Provincia de

Río Negro, hijo de Silvestre y de Luz Aurora FICA, de estado

civil casado, instruido, de ocupación agente del Servicio

Penitenciario Federal, domiciliado en calle Paraguay 960 de

Cipolletti, provincia de Río Negro; II. ORLANDO HORACIO JOHN,

de nacionalidad argentina, titular del DNI N° 17.868.986,

nacido el 6 de febrero de 1.969, en esta ciudad, hijo de

Guillermo y de Elisa CURRUHUINCA, de estado civil casado,

instruido, de ocupación suboficial del Servicio Penitenciario

Federal, domiciliado en Río Gallegos 2026, Monoblock 6, primer

piso, dpto. 40, Barrio Gran Neuquén Norte de esta ciudad; III.

PABLO ÁNGEL MUÑIZ, de nacionalidad argentina, identificado con

DNI N° 28.180.430, nacido el 4 de mayo de 1.980, en esta

ciudad, hijo de Guillermo Eduardo y de Gladis Mirta Matar, de

estado civil soltero, instruido, de ocupación Suboficial del

Servicio Penitenciario Federal, domiciliado en Avellaneda 252,

Barrio Villa Farrell, de esta ciudad; IV. JAVIER ELIX PELLIZA,

argentino, titular del DNI N° 20.558.559, nacido el 11 de

noviembre de 1.968, en la ciudad de Cutral Co, Provincia de

Neuquén, hijo de Adrián, de estado civil casado, instruido, de

ocupación agente del Servicio Penitenciario Federal, con

domicilio real en Barrio Gran Neuquén Sur, Manzana 52, casa 20

de esta ciudad; V. PABLO DAVID SEPÚLVEDA, de nacionalidad

Dr. Víctor H. CERRUTI Secretario

1 T.O.C.F. NEUQUEN

Fecha de firma: 20/03/2019Firmado por: ORLANDO ARCANGEL COSCIA, JUEZ DE CÁMARAFirmado por: MARCELO WALTER GROSSO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ALEJANDRO SILVA, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: VÍCTOR HUGO CERRUTI, SECRETARIO

#30913156#229667385#20190319153032683


argentina, identificado con DNI N° 22.440.720, nacido el 17 de

enero de 1.972, en Neuquén Capital, hijo de José César y de

Herminia ILLANES, de estado civil casado, instruido, de

ocupación agente del Servicio Penitenciario Federal, con

domicilio real en calle Miguel Ángel 2008, de la localidad de

Canning, partido de Monte Grande, Provincia de Buenos Aires;

VI. JOSÉ LORENZO RETAMAL, de nacionalidad argentina,

identificado con el DNI N° 12.730.293, nacido el 14 de abril de

1.959, en la localidad de El Huecú, Provincia de Neuquén, hijo

de José Esquivel y de María Celmira CAÑIÚ, de estado civil

casado, instruido, de ocupación agente del Servicio

Penitenciario Federal, con domicilio real en calle Doctor

Ramón, Manzana 115, Casa 6 del Barrio Villa Ceferino de esta

ciudad; VII. JOSÉ WALTER QUINTANA, de nacionalidad argentina,

titular del DNI N° 17.697.560, nacido el 9 de junio de 1.966 en

Resistencia, Provincia del Chaco, hijo de José y de Alba

Careaga Pino, de estado civil casado, instruido, de ocupación

agente del Servicio Penitenciario Federal, domiciliado en calle

José Hernández 160 del Barrio Villa Farrell de esta ciudad;

VIII. JUAN CARLOS HEREDIA, de nacionalidad argentina, titular

del DNI N° 16.726.677, nacido el 13 de abril de 1.964 en Villa

Dolores, Provincia de Córdoba, hijo de Ismael y de Teresa del

Rosario Altamirano, instruido, de estado civil casado, de

profesión médico, domiciliado en calle Andalgalá 57 de esta

ciudad; IX. MIGUEL ÁNGEL CARRILAO, de nacionalidad argentina,

titular del DNI N° 11.527.256, nacido el 26 de marzo de 1.955

en Ingeniero Huergo, Provincia de Río Negro, hijo de Pedro y de

Elda Carrasco, instruido, de estado civil casado, de profesión

agente del Servicio Penitenciario Federal, como enfermero y

domiciliado en calle Lincoln 950 de esta ciudad. Todos ellos

asistidos por el Sr. Defensor Particular Dr. CARLOS ALBERTO

VACCARO; X. DANIEL ULISES ROMERO, de nacionalidad argentina,

titular del DNI N° 26.984.215, nacido el 10 de noviembre de

1.978 en Resistencia, Provincia del Chaco, hijo de Daniel

Apolonio y de Irma Gabriela Inés Giménez, de estado civil


Penitenciario Federal, domiciliado en Barrio Gran Neuquén


2 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


Norte, Manzana 2, Casa 8 de esta ciudad, asistido por el Sr.

Defensor Particular, Dr. JUAN MANUEL COTO; XI. DANIEL RICARDO

HUENUL, de nacionalidad argentina, titular del DNI N°

20.472.368, nacido el 4 de febrero de 1.969 en Carmen de

Patagones, Provincia de Buenos Aires, hijo de Victoriano y de

Margarita PILGUINAO, instruido, de estado civil casado, de

ocupación agente del Servicio Penitenciario Federal,

domiciliado en calle Alderete 623 de esta ciudad; XII. HÉCTOR

OSCAR LEDESMA, de nacionalidad argentina, titular del DNI N°

17.697.560, nacido el 9 de junio de 1.966 en Resistencia,

Provincia del Chaco, hijo de José y de Alba Careaga Pino, de

estado civil casado, instruido, de ocupación agente del

Servicio Penitenciario Federal, domiciliado en calle José

Hernández 160 del Barrio Villa Farrell de esta ciudad, ambos

asistidos por el Sr. Defensor Particular Dr. GONZALO A.

CÁCERES; XIII. GABRIEL EDUARDO GROBLI, de nacionalidad

argentina, titular del DNI N° 14.010.258, nacido el 22 de abril

de 1.960 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hijo de Carlos

Walter y de Nilda Iris de Pinto, instruido, de estado civil

casado, de ocupación Oficial del Servicio Penitenciario Federal

(R), domiciliado en calle Picaflor 117 de la localidad de Toay,

Provincia de La Pampa, asistido por el Sr. Defensor Oficial,

Dr. PEDRO PUGLIESE; XIV. JOSÉ ROBERTO SOSA, de nacionalidad

argentina, titular del DNI N° 17.150.194, nacido el 17 de

diciembre de 1964 en Resistencia, Provincia del Chaco, hijo de

José Cecilio y de Cristina María SIMONI, de estado civil


Penitenciario Federal (R), domiciliado en calle 141, Casa 8427

Barrio Las Terrazas, Itaembé Miní, de la ciudad de Posadas,

Provincia de Misiones; y XV. MARIO HUMBERTO LEYRÍA, de

nacionalidad argentina, titular del DNI N° 20.381.300, nacido

el 18 de junio de 1.968 en la ciudad de Córdoba, Provincia del

mismo nombre, hijo de Humberto Hugo y de Patricia Julia FOX

FRACCASI, instruido, de estado civil casado, de profesión

médico, domiciliado en calle Bolivia 295, Barrio Barreneche de

esta ciudad, ambos asistidos por el Sr. Defensor Oficial, Dr.

NICOLÁS GARCÍA. Asistieron además al debate por el Ministerio


3 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


Público de la Nación, el Sr. Fiscal General ante este Tribunal,

MIGUEL A. PALAZZANI, y por la Parte Querellante –Procuración

Penitenciaria de la Nación- los Dres. Diego BORDA y Sebastián

Antonio PACILIO.

El juicio oral y público comenzó el día 10 de octubre de

2018; concluyendo el debate el día 18 de febrero del corriente

año. Concluido el mismo las partes formularon sus alegatos,

réplicas y dúplicas. En virtud de la excepcional extensión de

las posiciones presentadas por acusadores y defensas, no se

agregarán íntegramente los alegatos al fallo. Solo quedará

incluido en sentencia el petitorio efectuado por cada curial,

remitiéndonos al acta de debate para el conocimiento íntegro de

los fundamentos que esgrimieron.

Se transcriben a continuación las peticiones de la parte

querellante y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, respecto de cada

uno de los imputados:

Específicamente la querella requirió que al momento de

dictar sentencia se condene a:

A). PABLO DAVID SEPÚLVEDA, JOSÉ LORENZO RETAMAL, JOSÉ

WALTER QUINTANA, JAVIER FELIX PELLIZA, ORLANDO HORACIO JHON,

DANIEL ULISES ROMERO y PABLO ÁNGEL MUÑÍZ: a la pena de prisión

perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias

legales y las costas del proceso (arts. 12; 19; 29, inc. 3ro.;

45; 144 ter, incisos 1°, 2° y 3°, del Código Penal y arts. 530

y 531 del Código Procesal Penal);

B). CARLOS ROBERTO VERGARA: a la pena de 10 años de

prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales

y las costas del proceso (arts. 12; 19; 29, inc. 3ro.; 40, 41,

45; 144 ter, incisos 1°y 3°, del Código Penal y arts. 530 y 531

del Código Procesal Penal);

C). DANIEL RICARDO HUENUL, JOSE ROBERTO SOSA y HECTOR

OSCAR LEDESMA: a la pena de 10 años de prisión, inhabilitación

absoluta por el doble del tiempo de la condena, inhabilitación

especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos y para

tener o portar armas de fuego, accesorias legales y las costas

del proceso, (arts. 12; 19; 29, inc. 3ro.; 40, 41, 45, 55, 144


4 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


quater, inc. 1°, 293 y 298 del Código Penal y arts. 530 y 531

del Código Procesal Penal);

D). JUAN CARLOS HEREDIA: a la pena de 7 años de prisión,

inhabilitación especial para ejercer como médico por el doble

del tiempo de la pena, inhabilitación especial perpetua para

desempeñarse en cargos públicos y para tener o portar armas de

fuego, accesorias legales y las costas del proceso, (arts. 12;

20; 29, inc. 3ro.; 40, 41, 45, 55, 144 quater, inc. 2° y 4°, y

293 del Código Penal y arts. 530 y 531 del Código Procesal

Penal);

E). MIGUEL ANGEL CARRILAO: a la pena de 3 años y 8 meses

de prisión, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse

en cargos públicos y para tener o portar armas de fuego,

accesorias legales y las costas del proceso, (arts. 12; 20; 29,

inc. 3ro.; 40, 41, 45, 144 quater, inc. 2° y 4°, art. y 293 del

Código Penal y arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal);

F). MARIO HUMBERTO LEYRIA: a la pena de 3 años de prisión,

inhabilitación especial perpetua para ejercer como médico por

el doble del tiempo de la pena, inhabilitación especial

perpetua para desempeñarse en cargos públicos y para tener o

portar armas de fuego, y las costas del proceso, (arts. 12; 20;

29, inc. 3ro.; 40, 41, 45, 144 quater, inc. 2° y 4° del Código

Penal y arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal);

G). GABRIEL EDUARDO GROBLI: a la pena de 6 años de

prisión, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en

cargos públicos y para tener o portar armas de fuego,

accesorias legales y las costas del proceso, (arts. 12; 20; 29,

inc. 3ro.; 40, 41, 45, 55, 144 quater, inc. 2° y 4°, 277, inc.

1°, acápite a), e inc. 3°, acápites a) y d), del Código Penal y

arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal).

Asimismo manifestaron que la extrema gravedad de los

delitos, que prevé la pena de prisión perpetua, en algunos

casos, y penas graves en otros, de cumplimiento efectivo, son

razones suficientes para ordenar las medidas cautelares de

coerción que permitan garantizar la aplicación de la ley penal

y evitar la impunidad del hecho, ya que la existencia de una

eventual condena -aunque no firme- va a implicar una decisión


5 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


jurisdiccional de declaración de culpabilidad del acusado y

constituye un parámetro válido para inferir el mayor peligro de

fuga que el que se ponderó al momento de dictar las medidas

cautelares que les fueron impuestas oportunamente, razón por la

que dejan solicitado se adecuen las medidas coercitivas

impuestas, a la situación creada a partir de la acusación

concreta.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal, representado

por el Dr. PALAZZANI al formular su alegato solicitó que se

CONDENE a:

A). Carlos Roberto VERGARA, Orlando Horacio JOHN, Pablo

Ángel MUÑIZ, Javier Élix PELLIZA, Pablo David SEPÚLVEDA, Daniel

Ulises ROMERO, José Lorenzo RETAMAL y José Walter QUINTANA: la

pena de PRISIÓN PERPETUA, inhabilitación absoluta y perpetua,

accesorias legales y costas, por ser penalmente responsables en

calidad de coautores (art. 45 C.P.) del delito de Imposición de

torturas seguidas de la muerte de la víctima, art. 144 ter,

inc. 2º y 3º del C.P. (arts. 19, 29 inc. 3 del CP y arts. 530,

531 del CPPN);

B). Héctor Oscar LEDESMA: a la pena de NUEVE AÑOS DE

PRISIÓN, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos

públicos e inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la

condena, accesorias legales y costas, por resultar penalmente

responsable en calidad de coautor, del delito de Omisión de

evitar la comisión del delito de aplicación de torturas en

concurso real con el delito de falsedad ideológica calificada

por la calidad de funcionario público, éste en calidad de

autor;

C). José Roberto SOSA: a la pena de NUEVE AÑOS DE PRISIÓN,

inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena

para ejercer cargos públicos, e inhabilitación absoluta por el

doble del tiempo de la condena, accesorias legales y costas,

por resultar AUTOR del delito de evitar la comisión del delito

de aplicación de torturas en concurso real con el delito de

falsedad ideológica calificada por la calidad de funcionario

público;


6 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


D). Daniel Ricardo HUENUL: a la pena de DIEZ AÑOS DE

PRISIÓN, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos

públicos e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de

la condena, accesorias legales y las costas del proceso, por

resultar AUTOR penalmente responsable del delito de evitar la

comisión del delito de aplicación de torturas en concurso real

con el delito de falsedad ideológica calificada por la calidad

de funcionario público;

E). Gabriel Eduardo GROBLI: a la pena de SEIS AÑOS DE

PRISIÓN, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en

cargos públicos, accesorias legales y costas, por ser AUTOR

penalmente responsable de los delitos de Encubrimiento

doblemente agravado por la gravedad del ilícito y por su

condición de funcionario público (art. 277 inc. 1, apartado a)

e inc. 3, apartado a) y d) del CP), Omisión de denunciar y

Omisión de un acto propio de su oficio (art. 249 CP), todos en

concurso real;

F). Juan Carlos HEREDIA: a la pena de SIETE AÑOS DE

PRISIÓN, inhabilitación para el ejercicio de su profesión por

el doble de la condena, inhabilitación especial perpetua para

desempeñarse en cargos públicos e inhabilitación absoluta por

el doble del tiempo de la condena, con más las accesorias

legales y costas, por ser penalmente responsable, en calidad de

AUTOR, del delito de Omisión de denunciar doblemente calificado

por la índole del delito ocultado y por tratarse de funcionario

público, en concurso real con el delito de Falsedad ideológica

calificada por la calidad de funcionario público;

G). Mario Humberto LEYRÍA: a la pena de TRES AÑOS DE

PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio de su

profesión por el doble de la condena e inhabilitación especial

perpetua para desempeñarse en cargos públicos, y costas, por

ser AUTOR penalmente responsable del delito de Omisión de

denunciar doblemente calificado por la índole del delito

ocultado y por tratarse de funcionario público;

H). CONDENE a Miguel Ángel CARRILAO: a la pena de CUATRO

AÑOS DE PRISIÓN e inhabilitación especial perpetua para

desempeñarse en cargos públicos, accesorias legales y costas,


7 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


por ser penalmente responsable en calidad de AUTOR del delito

de Omisión de denunciar doblemente calificado por la índole del

delito ocultado y por tratarse de funcionario público.

Asimismo, requirió como medida cautelar, la detención

inmediata de todos los acusados, pedido que fue resuelto en

audiencia según surge del acta.

Solicitó por otra parte: a. que se extraigan testimonios

para enviar a la instrucción para que se investigue lo que cree

fue un falso testimonio en la modalidad de reticencia, prestado

en el debate por el testigo DIOMEDI; b. se extraigan

testimonios de la declaración brindada por el testigo ABELLA y

enviarla a la instrucción para que se investigue la situación

aportada por el testigo en cuanto a que habría participado en

la escena final del hecho descripto, un guardia-cárcel “que

tenía una cicatriz visible en la cara”; c. que se investigue la

conducta del entonces Juez Federal, Dr. LABATE, como así

también la de los médicos del Cuerpo Médico Forense de Neuquén,

integrado por los Dres. SCUTERI, el Dr. LOZADA y la Dra. KUGLER

ya que, entendió que la situación planteada en la autopsia

amerita, al menos, vaya a primera instancia y se investigue más

profundamente qué es lo que pasó en los comienzos de la

investigación que a su criterio fue deficiente.

Por último, como medidas reparatorias, peticionó las

siguientes: a. Se libre oficio al Registro Civil y Capacidad de

las personas a efectos que se rectifique la causa de muerte

consignada en la partida de defunción de Argentino PELOZO

ITURRI, sometido por supuesto a lo que aquí se resuelva, pero

si se resuelve de acuerdo a los pedidos de la Fiscalía, se

consigne dónde dice “muerte súbita”, “Tortura seguida de

muerte”, y se les notifique a la familia del occiso, la

sentencia que se dicte; b. Se libre oficio al Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos de la Nación a efectos de que se

proceda administrativamente respecto a los imputados, es decir,

se notifique de la sentencia; c. Se notifique la sentencia al

Colegio Médico de la Provincia de Neuquén, al Ministerio de

Salud de la Provincia y al ex Ministerio de Salud de la Nación;

c. Se notifique la sentencia al Mecanismo de Prevención y


8 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


Sanción contra la tortura a nivel nacional y al Mecanismo

Interinstitucional de control y seguimiento de cárceles,

presidido por el Dr. Gustavo HORNOS. d. Se exhorte al Cuerpo

Médico Forense de la Provincia de Neuquén a adoptar los

Protocolos de Minessota y de Estambul para las autopsias y

exámenes médicos y toda otra actuación que tenga que ver con

personas fallecidas o lesionadas en custodia estatal; e. Se

libre oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para

que adopte las medidas necesarias para garantizar la presencia

de personal médico independiente y calificado para llevar a

cabo exámenes periódicos a personas detenidas, según las

recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas

(Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de

Naciones Unidas a partir del art. 19 de la Convención (año

2004) y sus reiteraciones.

A su turno, las Defensas alegaron, presentando desde

planteos de nulidades hasta argumentos sustantivos. Tal la

mecánica precedente, se transcriben a continuación resúmenes de

sus posiciones, remitiéndome por los demás al acta de juicio y

videos grabaciones anexadas a la causa.

DEFENSAS PARTICULARES:

DR. Carlos Alberto VACCARO: Señaló en primer término que se

había vulnerado el derecho de defensa de sus asistidos puesto

que las acusaciones no habían descripto detalladamente la

conducta achacada individualmente a cada imputado. Dijo que

existía solo una descripción grupal de lo que lo que hicieron

todos los encartados juntos pero no que hizo cada uno de

ellos.

También sostuvo que en estas actuaciones no se pudo

determinar la causa de la muerte de PELOZO ITURRI; y que parte

del personal penitenciario está acusado en esta causa de

falsificar el sumario, razón por la cual esa parte solicitó la

exclusión probatoria del mismo que no solo fue incluido sino

además valorado por la querella.

Finalmente criticó la labor de las pericias aportadas por

la Procuración Penitenciaria de la Nación y quienes las


9 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


llevaron a cabo en claro compromiso con la parte acusadora.

Dice que es necesario destacar ello para determinar la

posición de la persona que produjo ese informe en virtud de

responder a determinado interés. En ese sentido reprochó el

informe pericial realizado por el Dr. PATITÓ agregado a la

causa y cómo la querella en autos introdujo ese informe al

expediente debido a que dicha pericia tiene una fecha previa a

que la Procuración Penitenciaria proponga al Dr. PATITÓ como

perito en la causa.

Así el Sr. Defensor Particular, Dr. VACCARO alegó en orden

a cada uno de sus asistidos señalando lo siguiente:

CARLOS ROBERTO VERGARA: Respecto del nombrado dijo que la única

certeza que existía en la causa es que VERGARA estaba en el

Pabellón N°10 de la Unidad N°9 el día del hecho, era celador de

ese pabellón; no hay ningún testimonio que niegue esa

circunstancia, pero tampoco existía prueba que demostrara que

VERGARA le haya propinado golpes al detenido PELOZO ITURRI como

sostienen las partes acusadoras. Finalizó alegando que no

existía certeza de que VERGARA haya entrado en la celda de

PELOZO y aún menos certeza de que haya sido el autor de los

golpes que se le habrían propinado al nombrado.

JOSÉ WALTER QUINTANA: En orden a QUINTANA mencionó el Dr.

VACCARO que el testigo OLEA colocó a un agente penitenciario

apodado “caballo” en el lugar del hecho; también dijo que

varios testigos identificaban con ese seudónimo tanto al agente

QUINTANA como al agente LEIVA, este último también sospechado

en esta causa y finalmente sobreseído. Alegó el Dr. VACCARO que

esa exclusión de LEIVA como imputado fue utilizada en contra de

QUINTANA diciendo que sino fue LEIVA entonces necesariamente

“caballo” es QUINTANA; sobre quien aún pesa la presunción de

inocencia. Además, dijo que el testigo OLEA había afirmado que

QUINTANA había caído con sus pies sobre pecho de PELOZO y había

girado sus pies con borceguíes sobre el mismo; situación que

según esa defensa no solo no se condice con la prueba médica

incorporada a la causa, sino que la prueba médica demuestra que

esa descripción no puede ser cierta. Finalizó alegando que no

existía certeza de que QUINTANA haya entrado en la celda de


10 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


PELOZO y aún menos certeza de que haya sido el autor de los

golpes que se le habrían propinado al nombrado.

ÁNGEL PABLO MUÑIZ, JAVIER ELIX PELLIZA, PABLO DAVID SEPÚLVEDA y

ORLANDO HORACIO JHON: respecto a estos cuatro imputados dice el

letrado que se les achaca la golpiza que habría recibido PELOZO

ITURRI dentro de la celda, pero no se describe cual fue la

conducta que exactamente cada uno de ellos desarrolló en ese

lugar; el nivel de vaguedad que utilizó la parte acusadora para

imputar un delito es tal que no se permite entender que hizo

cada uno.

MIGUEL ÁNGEL CARRILAO: respecto de la imputación que obra sobre

este defendido, señaló el Dr. VACCARO que primeramente debe

probarse que existieron castigos físicos infligidos a PELOZO

ITURRI en el sector Enfermería de la Unidad para poder juzgar

la responsabilidad de CARRILAO, si ello no está probado la

acusación sobre el nombrado no tiene sentido alguno. También

dijo que a CARRILAO le achaca haber omitido denunciar pero

nuevamente la imputación no resulta clara, detallada y precisa

y no se aclara ante quien omitió formular denuncia; si los

superiores jerárquicos del nombrado están siendo investigados

por encubrimiento esa defensa se pregunta ¿quién puede asegurar

que CARRILAO no puso en conocimiento de sus superiores

jerárquicos lo que estaba ocurriendo?. Señaló además el Sr.

Defensor Particular que CARRILAO ordenó llamar al médico que

era su superior a fin de que le informen lo que estaba

sucediendo. Además, explicó que CARRILAO no es agente

penitenciario propiamente dicho, no tiene formación

penitenciaria y el Reglamento de Régimen Disciplinario en el

art. 348 –Decreto 1523/68-, expresamente prevé que no está

permitido a los subordinados o subalternos formular denuncias

contra sus superiores. Finalizó solicitando la absolución del

incuso porque no había forma de imputársele una omisión de

denuncia en el marco en el que actuó.

JUAN CARLOS HEREDIA: respecto de este imputado señaló el Dr.

VACCARO que la acusación sostiene que todo el informe del Dr.

HEREDIA es falso ampliando así la acusación que pesa sobre el

encartado puesto que está acusado de falsear sólo una parte del


11 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


contenido de dicho informe. Además, indicó que a HEREDIA se lo

acusa de haber omitido denunciar los golpes que recibió PELOZO

ITURRI en el sector enfermería de la Unidad N°9 cuando en

realidad está más que probado que cuando HEREDIA llegó a la

Unidad a PELOZO ITURRI ya no se lo golpeaba, suponiendo que

haya recibido golpes de parte de los agentes penitenciarios.

Por otro lado mencionó que se lo acusa a HEREDIA de haber

falseado la aplicación de diazepam cuando en realidad el

encartado declaró haber indicado la aplicación de diazepam a

CARRILAO, y presupuso que dicho medicamento se lo había

aplicado, todo lo cual libera a HEREDIA de esa falsificación,

indicó una cosa, supuso que se había cumplido con dicha

aplicación y por lo tanto informó que se le había aplicado

diazepam al interno. Además, dijo que tanto los Dres. RUBIO

como LOSADA habían afirmado que el diazepam podría no aparecer

en la sangre de la víctima, por lo tanto la prueba médica que

era esencial para refutar que no se le inyectó el diazepam, no

resultó terminante, por lo cual también entendía que HEREDIA

debía ser absuelto.

DR. Juan Manuel COTO: comenzó su alegato solicitando la

absolución de su asistido Daniel Ulises ROMERO y

subsidiariamente la modificación de la calificación legal

escogida por las partes acusadoras contra su pupilo por la

prevista por el art. 144 bis inc. 3 –vejaciones-, y la

imposición de una pena de un año de prisión de ejecución

condicional y la inhabilitación especial por el doble de esa

pena. Dijo que la Fiscalía no había logrado acreditar a lo

largo del debate la autoría del incuso ROMERO en el hecho que

se le achaca; y que la incertidumbre y el estado de sospecha

que pesa sobre su defendido no fue despejada en ningún momento.

Indicó el Dr. COTO que las partes acusadoras hablan de una

coautoría sucesiva, la cual presupone que el que comenzó la

ejecución del acto terminó la ejecución del acto, que se le

fueron sumando los demás que conociendo ese propósito lo

admitieron, y no sólo que la consintieron sino que

contribuyeron a ese resultado, algo que no se pudo demostrar en

debate. Dijo que ningún testigo señaló a ROMERO en el lugar de


12 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


los hechos; y que las pericias médicas que se arrimaron a la

causa no pudieron determinar la causa de muerte del Sr. PELOZO

ITURRI, así como tampoco se investigó la conexión entre el

diazepam administrado al interno y el paro cardiorespiratorio

que este sufrió, y que, si no se pudo establecer la causa de la

muerte, no se pude afirmar como lo hacen las acusaciones, que

este es un caso de tortura seguida de muere.

DR. Gonzalo A. CACERES: solicitó al tribunal la absolución

de sus defendidos, y para el supuesto de que el tribunal

entienda que los mismos han tenido responsabilidad alguna,

suplicó se les aplique lo establecido en el artículo 144

quinto, peticionando en dicho caso, la aplicación de una pena

de un año en suspenso. Señaló en defensa de cada uno de sus

asistidos lo siguiente:

HÉCTOR OSCAR LEDESMA: Dijo que LEDESMA por las delegaciones de

competencia enterado del traslado de PELOZO al sector de

enfermería no se apersonó en el lugar porque sabía que había un

jefe a cargo. Respecto de la falsedad ideológica endilgada al

incuso dice que LEDESMA al tomar conocimiento de deceso del

interno, realizó las comunicaciones pertinentes, ordenó la

sustanciación del sumario de prevención designando como

preventor a SOSA, pero no tuvo personalmente intervención en la

confección del informe delegando las funciones en otro oficial,

confiando plenamente en que todas las tareas llevadas a cabo

habían sido conforme a como habían sido o habían ocurrido los

hechos. Es por ello que entiende, que no corresponde endilgarle

ninguno de esos hechos.

DANIEL RICARDO HUENUL: sostuvo el Sr. Defensor Particular que

respecto de este imputado no se lo podía responsabilizar por lo

escrito en el acta del sumario y condenar por falsedad

ideológica, porque ello estaría al amparo de la garantía del

artículo 18 de la Constitución Nacional.

DEFENSA OFICIAL: solicitó en primer término la absolución

de sus asistidos por no existir en la causa evidencia

suficiente que permita afirmar que LEYRIA y SOSA hayan cometido

el delito que se les atribuye. También entendió que estas

actuaciones afectaron el derecho de sus asistidos a ser


13 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


juzgados en un plazo razonable porque se trató de un

procedimiento muy lento cuya demora no resultaba atribuible a

los imputados; y que se había violado la presunción de

inocencia que recaía sobre los encartados, ya que toda duda que

exista sobre la intervención que tuvieron en el hecho inclinaba

a dictar su absolución. También requirió que en el caso de una

condena se les imponga el mínimo de la pena; y que se mantenga

la situación de libertad de la que gozan sus asistidos.

Tanto el Dr. GARCIA como el Dr. PULIESE alegaron en

defensa de sus asistidos mencionando lo siguiente:

JOSÉ ROBERTO SOSA: se lo acusa de dos hechos estar presente en

el sector enfermería cuando PELOZO era golpeado y no haber dado

la orden de que cesaran, lo cual no está probado; y de haber

alterado el sumario de prevención, circunstancia esta última

que le resulta incompatible con el hecho de que SOSA se

investigue a sí mismo; es discutible si sobre el regía la

prohibición de auto incriminación forzosa. Además, indicó que

como instructor del sumario dejó constancia de todos los

testimonios que tomó, testigos que además eran los investigados

con lo cual tampoco podía forzarlos a que confesaran un delito.

MARIO HUMBERTO LEYRIA: se lo acusa de haber omitido denunciar

las torturas de las cuales tomó conocimiento por sus funciones

dentro de las 24 horas, y las acusaciones sostienen que tomo

conocimiento a través de una llamada telefónica, una

comunicación que tuvo con el Dr. HEREDIA, o por lo menos cuando

se hizo presente en horas del mediodía en el penal. En su

defensa alega que en primer lugar no existen dudas ni

contradicciones entre los testimonios, en cuanto a que cuando

arribo LEYRIA a la Unidad N°9, el interno PELOZO ITURRI ya se

encontraba en el nosocomio local, por lo que nunca puedo ver

las huellas que los golpes habían dejado en el cuerpo del

interno. Dijo el Dr. GARCIA que el ‘conocimiento’ al que se

refiere la norma debe basarse no ya en comentarios o dichos,

sino en hechos que pudo observar o tener una conexión más

directa y que su asistido no estuvo en el lugar, y por ende no

vio el cuerpo, sino que llego cuando PELOZO ya estaba en el

Hospital. Señaló el Defensor Oficial que no existen pruebas en


14 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


la causa de que LEYRIA haya tomado conocimiento del deceso de

PELOZO por una comunicación telefónica o por comentarios al

arribar a la Unidad N°9, no existe certeza de ello puesto que

no hay intervenciones telefónicas, mensajes de texto ni

testigos que hayan oído dicha conversación.

GABRIEL EDUARDO GROBLI: demandó la absolución de su pupilo por

orfandad probatoria. Explicó que las partes acusadoras no

describieron ni una sola conducta concreta acerca de cómo

GROBLI había participado en la falsificación del sumario de

prevención junto a LEDESMA, SOSA y HUENUL. Cada una de esas

personas fue imputada por falsificar una parte de ese sumario,

pero no hay nada que diga como GROBLI colaboró; ni de qué

manera habría participado allí. Además, alegó que si su

defendido pudo falsificar el sumario, ¿por qué no puso algo que

ayude a su versión oficial?, señaló que era ilógico el supuesto

de poner en una declaración algo que lo perjudicaba cuando pudo

hacer totalmente lo contrario. Concluyó entendiendo que todo lo

expuesto no hacía más que demostrar que no había prueba

suficiente que permitiera afirmar con certeza, más allá de toda

duda razonable, que GROBLI sea culpable de los hechos de los

cuales se lo acusa, por lo cual pide su absolución por

aplicación del principio in dubio pro reo. En subsidio planteó

la falta de congruencia por la calificación legal escogida por

el Fiscal en debate de concurso real entre el encubrimiento de

un delito que se omitió denunciar con la omisión de denunciar

el delito que se intentó encubrir, no solo no concurren

realmente, sino que siquiera lo hacen idealmente, ya que se

trata de un concurso aparente. Explicó que era imposible que un

funcionario público que tomó noticia de un delito por su

función, y lo pretenda encubrir, no omita denunciarlo, si lo

encubre no lo denuncia, y si lo denuncia no lo encubre, es un

hecho inescindible. En el caso que se imponga pena, solicitó

que la misma sea de dos años de prisión de ejecución

condicional.

Cumplido el proceso de deliberación establecido en el

artículo 396 del CPPN, el Tribunal conforme lo autoriza el

segundo párrafo del artículo 398 del ordenamiento ritual


15 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


efectuó el sorteo de práctica surgiendo el siguiente orden para

la votación: Dr. GROSSO, DR. COSCIA y Dr. SILVA. Se

establecieron para resolver el caso el planteamiento de las

siguientes cuestiones:

PRIMERA:

PLANTEOS RESUELTOS EN AUDIENCIA Y CUYOS FUNDAMENTOS FUERON

DIFERIDOS PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA

SEGUNDA:

VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE PLANTEADO POR LAS DEFENSAS

OFICIALES AL MOMENTO DE LOS ALEGATOS

TERCERA:

¿EXISTIERON LOS HECHOS; FUERON SUS AUTORES LOS

IMPUTADOS?

CUARTA:

¿QUÉ CALIFICACIÓN LEGAL CABE ASIGNARLES A LOS HECHOS

JUZGADOS?

QUINTA:

¿QUÉ SANCIONES CORRESPONDEN APLICARSE; PROCEDE LA

IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES?

PRIMERA CUESTION: PLANTEOS RESUELTOS EN AUDIENCIA Y CUYOS

FUNDAMENTOS FUERON DIFERIDOS PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA

El Dr. MARCELO W. GROSSO dijo:

Durante el desarrollo de la audiencia, el Dr. GARCIA

planteó la inconstitucionalidad del art. 389 del CPPN, toda vez

que a su entender, permitir a los jueces que efectúen preguntas

a los testigos, afecta el deber de imparcialidad que deben

guardar los magistrados. Corrida vista a las partes acusadoras,

éstas se opusieron con distintos fundamentos.

En segundo lugar, al concurrir a declarar a la audiencia

de debate la testigo LAURA ÁVILA e indicando la Fiscalía que la

nombrada había sido designada, oportunamente, abogada defensora

de algunos de los imputados por estos hechos, solicitó se la

advirtiera sobre los alcances del secreto profesional.

Consultados los imputados a través de sus respectivos


16 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


Defensores, uno de ellos manifestó que se oponía a que

declarase la testigo, ya que oportunamente él se había

entrevistado con la profesional, respecto a la imputación que

pesa en su contra en esta causa.

El Tribunal por unanimidad, rechazó ambos planteos, por lo

que corresponde, en sentencia, exponer los fundamentos de los

rechazos dispuestos.

RECHAZO AL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 391 DEL

C.P.P.N. POR AFECTAR LA IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR

No es la primera vez que el Sr. Defensor Oficial se opone

a que los miembros del Tribunal formulen preguntas a los

testigos. Pero en el caso, no sólo se opuso a la pregunta

puntual que realizara uno de los vocales, sino que formuló una

oposición general, para toda pregunta emanada de los miembros

del tribunal, por sostener que la norma que permite dicha

práctica, es inconstitucional.

Al corrérsele vista a las partes acusadoras, el Sr. Fiscal

General, postuló que se rechace el planteo de

inconstitucionalidad del art. 389 y con relación al art. 239 y

249 del CPPN. Dio razones.

Dijo que en el caso de las legislaciones europeas, más

allá de quien es el órgano que realiza el control de

constitucionalidad, que puede ser, depende el país, un órgano

político, un órgano jurídico o incluso un órgano mixto, lo

cierto es que coinciden que el control es preventivo y

concentrado. De este lado del continente, a partir del caso

“Marbury vs Madison’, el control de constitucionalidad radica

en los jueces y es difuso, teniendo la última palabra la CSJN.

Esto señaló el Sr. Fiscal, nos posiciona en que tiene que haber

un caso concreto, por el cual los jueces están obligados a

controlar la constitucionalidad de una norma. Es decir que, en

la Argentina, no funciona el control abstracto ni el

preventivo; le parece que el planteo de la defensa, una vez

ocurrida la incidencia, una vez que el vocal preguntó y el

testigo respondió, deviene absolutamente improcedente porque se

convierte justamente en un planteo preventivo, y la colisión de


17 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


la norma que atacaba con el plexo normativo constitucional y

convencional, lo hizo de manera genérica no explicando el

gravamen concreto que le significaba. Señaló que, en todo caso,

si lo que lo agravió fue la pregunta formulada por el vocal y

consideró que eso violó la imparcialidad, el remedio no es la

inconstitucionalidad. Dijo que no iba a discutir en su

contestación, el criterio conceptual de qué es lo aclaratorio,

o no aclaratorio, y que en todo caso desde la perspectiva de la

defensa, qué estarían habilitados los jueces a preguntar y qué

no, sino que se posiciona en un momento previo que es que la

inconstitucionalidad que se planteó es técnicamente imposible

de resolver en este momento, por lo que postula su rechazo.

Dijo que lo que correspondía si se volvía a plantear la

cuestión, y la defensa entendía que la pregunta debía ser

impugnada, debería decir entonces qué agravio concreto se causa

a la parte, concretamente qué norma se afecta, puesto que lo

abstracto, general y preventivo no correspondía.

Cedida la palabra a la querella, el Dr. BORDA dijo que

coincidía con el Sr. Fiscal, en la medida que un planteo de

inconstitucionalidad del art. 389 en los términos que fue hecho

resulta extemporáneo. Es decir, si se refería a preguntas que

alguno de los dos vocales que preguntaron a lo largo de este

juicio el planteo es tardío, y si se refería- como en algún

momento pareció dar a entender el defensor-, que en el futuro

el tribunal no podría preguntar, también es extemporáneo,

porque esa impugnación debe hacerse en el momento que se

formula la pregunta. En este sentido postuló el rechazo, si se

interpreta de esta manera que es una crítica a la práctica del

tribunal, es decir la forma en que el tribunal interpretó y

aplicó hasta ahora o puede hacerlo en adelante el art. 389, eso

tampoco es atendible, porque entiende que es evidente por lo

que ellos pudieron ver, que la aplicación que ha hecho el

tribunal del art. 389, contrariamente a lo que dice la defensa,

es una interpretación y aplicación deferente de la lógica

adversarial –igualdad de armas, principio de defensa-, en la

medida que como todos sabemos el art. 389 literalmente dice que

empiezan preguntando los jueces. No dice que los jueces pueden


18 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


hacer preguntas aclaratorias, eso lo dicen los códigos

acusatorios como el de la provincia de Neuquén o Buenos Aires.

Con esto se refiere a que el tribunal no lo ha aplicado

literalmente, el Presidente les da la palabra a las partes que

propusieron los testigos para que después contra interrogue la

defensa, y solo después alguno de los vocales ha hecho alguna

pregunta aclaratoria. Por lo cual considerara que no es

correcto hacer una impugnación constitucional de esta norma, y

mucho menos una impugnación de la práctica de este tribunal,

cuando entiende que ha hecho una interpretación sumamente

práctica de la lógica adversarial.

Pero lo cierto es que la postura del Sr. Defensor pregona

que los jueces no están autorizados siquiera a formular ese

tipo de preguntas. Dice el Dr. GARCIA que directamente los

jueces no pueden preguntar nada; de allí la oposición previa y

genérica y el consecuente planteo de inconstitucionalidad de la

norma que sí habilita a los jueces.

Debo comenzar por afirmar que, como es sabido, la

declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere

prueba plena, clara y precisa de la oposición entre ella y la

Constitución (Fallos 209:200), esto es, la demostración de un

conflicto claro e indudable entre ambas prescripciones

(226:688). Por eso ha dicho también la Corte que si bien los

jueces no deben declinar su función de mantener el imperio de

la Constitución, la invalidez constitucional de alguna norma

sólo puede ser declarada cuando la violación de la primera sea

de tal entidad que justifique la abrogación, en desmedro de la

seguridad jurídica (306:655).

Ello así, toda vez que el juicio de inconstitucionalidad

implica una función delicada, que exige mesura y prudencia en

el intérprete. Es la última ratio del ordenamiento jurídico, y

ejemplifica un extremo de gravedad institucional (264:364;

242:73; 288:325; 290:83; 292:190; 306: 1597). De ahí que la

Corte sólo decide la inconstitucionalidad cuando no le queda la

vía de optar por la interpretación constitucional de la ley

(242:73): Toda vez que respecto de una ley quepan dos

interpretaciones jurídicamente posibles, ha de acogerse la que


19 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


preserva, no la que destruye (Fallo del año 60, publicado en La

Ley, 105-161). Si el caso es dudoso (aunque la duda fuese

razonable) debe decidirse por la constitucionalidad de la

norma, y no por su invalidez (306:655).

Dicha esta breve introducción, he de manifestar que

efectivamente, la facultad de interrogar de los jueces, fue

desechada de los nuevos códigos acusatorios; y ello por

considerarla un resabio de los procesos inquisitivos y aún de

los llamados sistemas mixtos o inquisitivos reformados, como el

que nos rige a nivel Nacional.

Se afirma, doctrinariamente, que la facultad de interrogar

de los integrantes del tribunal, viene dada por la vieja

postura procesalista de buscar la verdad, por lo que hoy en

día, habría perdido virtualidad, desde que el sistema

acusatorio reposa en los estándares similares a los del proceso

civil, en el que el protagonismo de las partes decide la suerte

del proceso.

Por otra parte, se cuestiona que los jueces al interrogar,

suplen, en cierta forma, la actividad (o la torpeza o

impericia) del Ministerio Fiscal, la querella y aún podría

serlo de la Defensa.

Por último, también se hace referencia a que cuando un

juez pregunta algo a un testigo, es porque tiene duda y si se

da esa situación, el in dubio pro reo debe ser su norte.

Frente a todo este tipo de cuestionamientos, respetables

por cierto, podría caer en la postura simplista de sostener que

el código que nos rige en la actualidad, sí lo permite, y con

ello podría dar por cerrada la discusión.

Es de hacer notar, como bien lo sostuvo la querella, que

no obstante lo previsto por el código, el tribunal cedió

sistemáticamente el interrogatorio de los testigos a las partes

oferentes, con lo cual, dicha metodología nos aleja de las

críticas mencionadas sobre la “interrogación”. Así lo dijo el

Dr. BORDA: el tribunal no inició con ningún testigo una línea

de examen, sino que las escasas preguntas que los vocales

pudieron realizar, no tuvieron siquiera la intencionalidad de

correrse del derrotero iniciado por las partes relativo al


20 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


conocimiento de o de los hechos con el que pudiera contar el

testigo.

Ese argumento, impide, fuera de toda discusión que se

afecte la contradicción, el acusatorio y, por sobre todas las

cosas, la imparcialidad del tribunal.

De todos modos, sigue siendo en mi opinión la búsqueda de

la verdad, el fin de todo proceso, sea cuál sea la normativa, y

ese también ha sido el deseo del Dr. GARCIA en su alegato.

“Nuestras leyes proscriben las interrogaciones que se

denominan sugestivas en un proceso, es decir, aquellas que

según los doctores interrogan sobre la especie, cuando deberían

interrogar acerca del género (es decir, que entran directamente

en el mérito, en el hecho particular y específico, sin

limitarse a las circunstancias generales o a los sucesos

colaterales)” (Beccaria, “De los delitos y de las penas”,

Losada, 2002, páginas 114 y 139)

Pero además, advierto que semejante planteo de

inconstitucionalidad, basado en que cualquier pregunta que

hagan los miembros del tribunal afecta su imparcialidad, debió

estar acompañado, en opinión del suscripto, de al menos una

breve mención respecto a cómo y por qué un juez se convierte en

parcial cuando realiza una pregunta a un testigo, mención de la

que carece el planteo del esforzado Defensor.

Si le sumamos a ello, la gravedad institucional que

acarrea cualquier declaración de inconstitucionalidad, no puedo

más que rechazar, como lo hiciera el tribunal por unanimidad,

el planteo formulado por el Dr. GARCIA.

RECHAZO A RECIBIR LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LA TESTIGO

LAURA ÁVILA, POR POSIBLE AFECTACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL

La cuestión se suscitó en oportunidad en que la testigo

había concurrido al tribunal, y las partes advierten que,

oportunamente, había sido designada abogada defensora de

algunos de los imputados, en esta investigación.

El Fiscal solicitó que por intermedio de la presidencia se

la consulte si esta incursa en las circunstancias del art. 344

del CPPN porque fue defensora de alguna de las personas que


21 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


están imputadas y en todo caso si considera que está amparada

por el secreto profesional.

La testigo dijo que era la auditora zonal del S.P.F. y fue

defensora de varios, pero no en esta causa. Lo que recordó en

esta causa es que estuvo en la parte de la prevención, pero

nada más. La querella indicó que a fs. 242/245 y 248 surgía que

habría sido propuesta y asumido el rol de defensora. El Fiscal

solicitó que se le exhiba la foja donde asumió como defensora,

y la testigo mencionó que en esa época los auditores del SPF

asumían las defensas de sus compañeros, que sabía que después

empezaron a designar abogados privados, pero en esa época

estaban obligados a asumir las defensas, aunque no recordaba

que pasó en este caso y si realizó alguna actividad en la

defensa. El Fiscal entendió que, si se encontraba incursa en el

art. 244, correspondía que se la releve del secreto

profesional.

La querella indicó que habría sido defensora de SEPÚLVEDA,

ROMERO, MUÑIZ y JOHN hasta que fue reemplazada por el Dr.

VACCARO; hasta ese momento estuvo ejerciendo el rol de

defensora y no se sabe cuánto tiempo antes lo había ejercido,

por lo cual en función del art. 244 tenía que abstenerse de

declarar, salvo que cada una de estas personas la releve del

secreto profesional. Consultados los imputados SEPÚLVEDA, MUÑIZ

y JHON, los tres manifestaron no tener inconvenientes de

relevarla del juramento. Por su parte el Dr. COTO, previa

consulta con su defendido ROMERO, hizo saber que no la iba a

relevar del juramento porque tuvo entrevistas con la abogada.

La querella se opuso a la declaración de la testigo, porque

existía una oposición y en función de los derechos que le

asistían a ese imputado que no ha relevado a la testigo del

juramento, y el agravio que constituye a la legalidad del

proceso, se opuso en los términos del art. 244 a la declaración

de esta testigo. El Dr. COTO adhirió a la postura acusatoria.

Como dijera, el tribunal resolvió por unanimidad, no

recibir la declaración ofrecida. El fundamento, está dado

sencillamente, por la oposición de uno de los imputados que

fuera asistido por la Dra. ÁVILA en los comienzos de la


22 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


investigación de este hecho, a raíz de lo cual mantuvo

entrevistas con la letrada de confianza sobre el mismo.

La sencilla oposición del imputado de relevarla del

secreto profesional, hace que poco pueda agregarse a la

decisión unánime del tribunal de no escuchar a la testigo en

audiencia.

El Dr. ORLANDO A. COSCIA dijo:

Coincido con las conclusiones vertidas por el Juez del

primer voto, por compartir con los fundamentos expuestos,

expidiéndome en el mismo sentido. MI VOTO.

El Dr. ALEJANDRO A. SILVA dijo :

Adhiero al voto del Juez que lidera la encuesta por

coincidir con los fundamentos vertidos al analizar la primera

cuestión, expidiéndome en el mismo sentido. MI VOTO.

SEGUNDA CUESTIÓN: VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE PLANTEADO POR

LAS DEFENSAS OFICIALES AL MOMENTO DE LOS ALEGATOS


Abordaré ahora la violación del plazo razonable articulada

por el Dr. GARCIA, a la que adhiriera el Dr. PUGLIESE.

El Sr. Defensor Oficial mencionó en su alegato que en

estas actuaciones se había afectado el derecho de sus asistidos

a ser juzgados en un plazo razonable porque se trató de un

procedimiento muy lento cuya demora no resultaba atribuible a

los imputados; que no era un caso tan complejo, y que ante

pedidos de pena tan altos los recursos que se presentaran luego

de la sentencia prolongarían el proceso por más tiempo.

Respecto a la actividad procesal de los imputados dijo que

en este caso los interesados han estado sometidos a proceso,

prestaron declaración cuando han sido convocados, en alguna

oportunidad han presentado alguna apelación al procesamiento,

han ofrecido prueba, pero no advierte ninguna presentación o

maniobra que pueda tildarse de obstrucción o de intento de

obstrucción, o de aletargar la duración del proceso, ni mucho

menos. En orden a la conducta de las autoridades estatales cree


23 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


que el procedimiento ha sido muy lento, han tardado muchísimo

tiempo y entiende que la responsabilidad por la duración de

este proceso, como mínimo no es atribuible a los imputados y en

todo caso es atribuible al Estado, tanto al juzgado federal

como a las acusaciones.

Y en relación a la complejidad del caso señaló que la

acusación contra LEYRIA y SOSA no era compleja para nada, la

prueba que se produjo para incriminarlos a los dos son 3 o 4

testimoniales, la constatación de que eran empleados del

servicio y que estuvieron trabajando ese día, esa es toda la

prueba que los incrimina, las imputaciones respecto de ellos

dos eran sencillas: LEYRIA acusado de haberse enterado de lo

que había pasado y no haber hecho la denuncia en 24 horas, y

SOSA acusado de haber estado presente en la enfermería cuando

torturaban a un interno, que después se murió sin ordenar que

cesaran las torturas; y haber adulterado el sumario

prevencional, esa era toda la complejidad del caso.

En oportunidad de las réplicas, la querella solicitó el

rechazo de este planteo defensista argumentando que el Dr.

GARCIA no había fundamentado adecuadamente por qué consideraba

que en este caso había una prolongación irrazonable del

proceso. Señaló que la garantía a ser juzgado en un plazo

razonable cobraba virtualidad desde el momento en que una

persona es sometida a la autoridad del Estado, para hacerle

conocer la imputación que pesa sobre ella, es decir, desde el

momento que se realiza el acto de la indagatoria. Ese es el

acto que fijaba el comienzo del cómputo del plazo de duración

del proceso para los imputados, y si teníamos en cuenta que las

indagatorias fueron en julio y agosto de 2010, la duración del

proceso para los imputados en este caso, es de poco más de 8

años; y durante esos ocho años de proceso la Defensa no logró

demostrar la existencia de dilaciones indebidas ni tiempos

muertos.

Indicó el Dr. BORDA que la Defensa Oficial había planteado

que los casos de SOSA y LEYRIA no eran para nada complejos,

pero no ponderó las implicancias del hecho principal, y el

proceso no se puede fraccionar, el proceso es uno solo, no se


24 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


podía pretender que se acelerara la acusación contra algunos

imputados antes de esclarecer el hecho principal. Y afirmó el

Dr. BORDA que este sin duda fue un caso complejo teniendo en

cuenta el volumen de la causa, la cantidad de partes

involucradas, la complejidad de los hechos que obligan a

recurrir al auxilio técnico de peritos para el análisis e

interpretación de esos hechos; la cantidad de peritos

intervinientes, la cantidad de testigos y la ubicación de esos

testigos. También existieron otros obstáculos que hubo que

enfrentar para avanzar en este proceso, que fueron los

obstáculos que presentaron los propios imputados a través de

las falsedades documentales y encubrimiento, estos fueron

obstáculos, todo lo cual llevaba al rechazo del planteo.

Por su parte la Fiscalía Federal dijo que estas

actuaciones resultaban complejas tanto por el contexto en el

que produjeron los hechos como por la actuación del Estado en

la investigación; y por la actuación de los imputados. Mencionó

además que se trataba de gravísimas violaciones a los DDHH en

los especiales términos de la CSJN y la Corte IDDHH por lo que

ese Ministerio entendía que la acción penal subsistía y

solicitó que se rechace lo planteado por la defensa.

En oportunidad de las dúplicas la Defensa Oficial dijo que

los plazos del procedimiento están regulados en el Código

Procesal, pero sin lugar a dudas resulta irrazonable un proceso

que dura más tiempo que el máximo de pena previsto para el

delito. Mencionó que el Estado podía investigar de manera

diligente y por las dificultades del caso pasar demasiado

tiempo, y si pasaba demasiado tiempo era admisible la

prescripción o en este caso la insubsistencia. Desde su

opinión, investigación diligente es compatible con la idea de

plazos extremadamente alongados o procesos lentos. Dijo que era

una carga de la acusación convencer al tribunal y justificar

acerca de la vigencia de la acción penal, no era tarea de la

defensa explicar porque esto no ha sucedido. En relación a sus

pupilos dijo que no debían pagar el costo los acusados, entre

comillas de un delito menor, del tiempo que pueda insumir una

investigación más grave, más compleja, y que tampoco regia una


25 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


regla procesal que diga que si uno está vinculado a un hecho

más complejo, más grave, más difícil, deba pagar el costo en

términos de duración del proceso.

Para determinar la razonabilidad del plazo en que se

desarrollan los procesos penales, -esto es, el alcance de la

garantía prevista en el art. 8.1 de la CADH- resulta de

aplicación el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en

el sentido de que la misma constituye “una garantía exigible en

toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística

determinación de si se ha configurado un retardo injustificado

de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas

temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la

Corte Interamericana –cuya jurisprudencia puede servir de guía

para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos:

318:514; 323:4130, entre otros)- como el Tribunal Europeo de

Derechos Humanos –al expedirse sobre el punto 6.1 de la

Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y

Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar-

han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para

su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad

del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la

conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global

del procedimiento (casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada

el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y “López Álvarez vs.

Honduras”, fallado el 1° de febrero de 2006; “König” fallado el

10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín de Jurisprudencia

Constitucional 1859-1983 en Madrid por las Cortes Generales)”

(Fallos: 335:1126).

Así y de un rápido análisis de este expediente en base a

los parámetros antes aludidos, podemos colegir que de acuerdo

al complejo escenario en que concurren los hechos que hoy

debatimos, un hecho grave que finalizó con la vida de un

interno dentro del ámbito del Servicio Penitenciario Federal,

con agentes del S.P.F. imputados, la cantidad de testigos

citados a declarar muchos de ellos todavía agentes

penitenciarios y otros detenidos en cárceles federales, la

cuantiosa prueba documental y pericial incorporada a la causa;


26 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


hacen que el asunto sometido a estudio revistiera una

complejidad tal, que no puede soslayarse.

Por otro lado, y respecto a la actividad procesal de los

imputados en este expediente, bien coincido con el Sr. Defensor

Oficial que la misma no resultó dilatoria u obstruccionista en

este proceso, puesto que cada uno de ellos prosiguió cumpliendo

sus funciones gozando de libertad durante el transcurso del

expediente.

Por último y con relación a la conducta de las autoridades

judiciales, que es el tercer elemento a considerar para

determinar la irrazonabilidad de la duración del trámite del

proceso, corresponde señalar que el período hasta ahora

insumido en el trámite de la causa se correspondió con la

tramitación procesal propia de un expediente de estas

características no verificándose la existencia de tiempos

muertos carentes de justificación.

Por lo expuesto, no hare lugar a la declaración de

sobreseimiento de los imputados en autos por insubsistencia de

la acción penal, por la presunta violación al derecho a ser

juzgados dentro de un plazo razonable planteado (art. 361 CPPN

a contrario sensu). MI VOTO.

El Dr. ORLANDO A. COSCIA dijo:

Adhiero a los fundamentos vertidos por el Sr. Juez, Dr.

GROSSO, expidiéndome en igual sentido. MI VOTO.

El Dr. ALEJANDRO A. SILVA dijo :

Adhiero al voto del Juez que lidera la encuesta, Dr.

Marcelo GROSSO por concordar con los fundamentos esbozados al

tratar esta cuestión, expidiéndome en el mismo sentido. MI

VOTO.

TERCERA CUESTIÓN: ¿EXISTIERON LOS HECHOS; FUERON SUS AUTORES

LOS IMPUTADOS?


INICIO DE LAS ACTUACIONES:


27 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


Antes de analizar la presente cuestión, considero

oportuno realizar una breve introducción en cuanto al contexto

en que se suscitaron los hechos que dieron origen a estas

actuaciones. Ello así, toda vez que nos encontramos frente a un

hecho grave y doloroso, como lo es la muerte de una persona.

Muerte que, además, ocurre en condiciones especiales, ya que,

todas las situaciones previas a dicho desenlace, tuvieron su

comienzo y desarrollo puertas adentro de una unidad de

alojamiento de detenidos, con las características propias que

esa situación conlleva, y que hicieron que, trasladado al

centro público de salud, arribara al mismo sin signos vitales,

no obstante el esfuerzo de los profesionales que lo asistieron,

en la unidad y en la ambulancia, para reanimarlo o resucitarlo.

Esas características propias, a las que me referí, no son

otras que el haber ocurrido intramuros y ajeno a la vista de

cualquier persona, debido a un lógico acceso vedado, salvo

autorizaciones expresas. Se trata, entonces, de lo que se

denomina muerte en custodia, que se puede definir como aquella

muerte “…que ocurre en los sujetos que se hallan bajo el

cuidado, tutela y/o protección de una institución,

comprendiendo las destinadas a…los sujetos privados de su

libertad detenidos, procesados o condenados…” cuya

trascendencia está dada en que “…la condición de custodia de

una persona implica, para quien la asume, el deber de cuidado y

vigilancia concerniente a la indemnidad del sujeto. Es decir,

existe la obligación por parte de las instituciones de

responder y velar por las personas internadas en ellas…”.

(Andrea Alejandra Sánchez, “Muerte en Custodia”, Revista

Virtual Intercambios Nº 17 - Mayo 2016).

http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/.

Muerte que, además, como sostuvo en la audiencia el

testigo RAVIOLI, conlleva una presunción de actos de violencia

que desencadenaron la misma.

Digo además, que sin adentrarme, por ahora, en los

motivos o las causas del deceso del interno, este hecho ocurre

en una época conflictiva de la entonces Unidad 9 o Prisión

Regional del Sur, que hasta llevó a la presentación conjunta de


28 T.O.C.F. NEUQUEN


http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/

#30913156#229667385#20190319153032683


fiscales y Defensores Oficiales de una -ya por todos conocida

en la región- acción de hábeas corpus colectivo, para tratar de

encontrar una solución a la difícil situación que atravesaban

los presos allí alojados.

Durante la celebración de la audiencia de debate, hemos

escuchado muchos testimonios de internos que sufrieron breves o

extensos períodos de encierro en la ex U9, que mencionaron el

maltrato cotidiano que padecieron como golpes o, peor aún, la

utilización de la denominada “bomba” que funcionó durante mucho

tiempo en esta y, muy probablemente, en otras unidades.

Agrego, que más allá de lo que surge de las declaraciones

de dichos testigos, no es novedoso que durante mucho tiempo –y

aún hoy- en este tipo de establecimiento, donde se convive sin

comunicación, al menos asidua, al mundo exterior (el preso,

porque está preso y el penitenciario porque durante sus

guardias o turnos, se encuentra en la misma situación de

encierro) existen prácticas generalizadas que, legales o

ilegales, justas o injustas, en exceso o en defecto, terminan

naturalizándose y tolerándose, por tratarse justamente, de algo

impuesto por no se sabe quién, pero que todos respetan y

cumplen. Rememoro lo dicho en esta audiencia por el testigo

FIGUEROA, quien contó –como anécdota- que cuando su mujer y su

hija lo visitaban, en una oportunidad la niña le preguntó a su

madre ¿Por qué corre papá?, a lo que la mujer no supo qué

contestarle, pero el propio FIGUEROA se encargó de aclarar que:

“se corre porque es así, porque hay que correr. Se corre porque

sí, se reta porque sí, se pega porque sí”; o como sostuvo el

testigo, VILLAVERDE: “…bajás a buscar medicación te cagan a

palos, bajabas al colegio te cagaban a palos, bajabas a jugar a

la pelota te cagaban a palos, bajabas a pedir un medicamento

por la cagada a palos y te cagaban a palos y te daban más

medicamentos…”; agrego, también porque sí, y podría enumerar

otros inentendibles porque sí, limitándome a sólo estos,

algunos, ejemplos.

El mismo testigo sostuvo en audiencia que “una cosa es

que te peguen un toque como para que se ponga al día, pero un

bife que su papá no se lo dio nunca, un bife desde atrás, de


29 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


revés, piña, trompada todo moretoneado”, lo que habla con

meridiana claridad no sólo de una práctica común, sino –lo que

es más grave- de la naturalización que del maltrato hace el

propio detenido, pero también el personal penitenciario que

adopta dichas prácticas abusivas, desde su situación de

superioridad e impunidad.

Sostiene Daniel RAFECAS, que “…el ámbito carcelario es,

sin dudas, la fuente criminógena de mayor envergadura en

nuestros sistemas penales; en dicho ámbito sucede que, a mayor

deterioro de sus condiciones materiales, mayores los espacios

de ejercicio de poder punitivo subterráneo por parte de las

agencias ejecutivas…” (autor citado, “La vulnerabilidad como

rasgo característico”, en “La Tortura”, ediciones Didot, Año

2013, página 413).

Y estas prácticas, a no dudarlo, no surgen de ocurrencias

ocasionales de algún penitenciario desviado, sino que forman

parte de una práctica sistemática y generalizada que, permitida

aun tácitamente por las autoridades de las cárceles, generan

además, en quien las realiza, cierto sádico placer y una

confiada sensación de impunidad en cuanto a que el preso no lo

denunciará, sus jefes no lo cuestionarán y, por último, llegado

el caso en que el hecho ilícito se conozca, -duele decirlo- las

propias autoridades penitenciarias, harán lo necesario para

encubrir el hecho o proteger al autor, mientras que la

investigación judicial –si llega a dichos estrados-

difícilmente avance por la triste decisión (muchas veces) de la

propia víctima que, por temor o por sufrir amenazas, desiste de

denunciar. Ello hace que se trate de hechos difíciles de

denunciar y, en caso que se denuncien, históricamente su

investigación nunca es exhaustiva, llegando muy pocos de esos

casos al dictado de una sentencia. Me remito, a ese respecto, a

las estadísticas de sentencias del tribunal que integro, y así

advertir que son muy pocas las causas que han llegado a juicio

para juzgar este tipo de casos.

Indica el Dr. RAFECAS en el mismo artículo citado que a

esa dificultad de denunciar, investigar y sancionar esos

delitos, se pueden agregar otros motivos, como por ejemplo que


30 T.O.C.F. NEUQUEN


#30913156#229667385#20190319153032683


“…los autores de…torturas no encuadran en ningún estereotipo de

delincuente; pero también que se trata de delitos prácticamente

invisibles a la opinión pública y a los medios masivos de

comunicación (…) y que los perpetradores de estos delitos son,

en gran medida, los mismos que deberían encargarse de que no

acontezcan, los mismos que deberían denunciar e investigar

tales ilícitos…”.

Es que la prisión que garantiza la privación de la

libertad “…ha implicado siempre un proyecto técnico. El paso de

los suplicios, con sus rituales resonantes, su arte mezclado

con la ceremonia del dolor, a unas penas de prisiones

practicadas en arquitecturas masivas y guardadas por el secreto

de las administraciones, no es el paso a una penalidad

indiferenciada, abstracta y confusa, es el paso de un arte de

castigar a otro, no menos sabio que él…”. (Michel FOUCAULT,

“Vigilar y castigar”, Siglo veintiuno editores Argentina, Año

2002, pág. 261). Nada nuevo bajo el sol.

Por eso, debido a esas “arquitecturas masivas guardadas

por las administraciones”, se explica la gran cantidad de

presos atendidos en las enfermerías con dudosos golpes

ocasionados, casi siempre y por propia manifestación del

lesio

poder judicial de la nacióntitular del dni n° 17.697.560, nacido el 9 de junio de 1.966 en...

Documents