pliego de exigencias cumbre agraria, campesina, Étnica y popular

7/26/2019 Pliego de Exigencias Cumbre Agraria, Campesina, tnica y Popular

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Bogot, 01 de junio de 2016

DoctorJUAN MANUEL SANTOSPresidente de la Repblica de ColombiaESD

Seor Presidente, reciba un atento saludo.

Desde el 25 de junio de 2015, fecha en que nos reunimos con usted para presentarle un balance del estadode la negociacin del Pliego MANDATOS PARA EL BUEN-VIVIR, POR LA REFORMA AGRARIAESTRUCTURAL TERRITORIAL, LA SOBERANA, LA DEMOCRACIA Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, ascomo del cumplimiento de los acuerdos suscritos en el acta del 13 de mayo de 2014, no ha sido posibleavanzar en el cumplimiento de los compromisos hechos por usted, seor Presidente, para avanzar en los dossentidos: el pronto cumplimiento de los acuerdos y la definicin e implementacin de una ruta para destrabarla negociacin de los puntos del pliego priorizados: Economa Propia, Minera- Energa y Ruralidad y Cultivosde Uso Ilcito.

No obstante, que la Cumbre Agraria ha presentado propuestas concretas para avanzar en los dos sentidosmencionados, la precariedad en materia de resultados no dista, en lo sustancial, del balance que lepresentamos en la mencionada reunin.

Para el da 14 de abril estaba acordada una sesin de la Mesa nica Nacional, precedida de tres mesas

tcnicas que adelantaramos el 13 de abril sobre los temas: Economa Propia, Minera-Energa y Ruralidad, yCultivos de Uso Ilcito. A travs del Ministerio del Interior, el 12 de abril, nos informaron que la Agenda sereduca al tema de Cultivos, incumpliendo el acuerdo sobre la misma suscrito el 10 de marzo que inclua lostres puntos aludidos. Tambin se haba acordado que el Ministerio de Minas y Energa dara respuesta, porescrito, a las cinco propuestas presentadas por la Cumbre Agraria sobre el punto de Minera- Energa yRuralidad, compromiso que tampoco fue honrado por parte de la Ministra Encargada. En conclusin, la sesinfue desmontada, de manera unilateral, por parte de la representacin del gobierno en la Mesa.Por tal razn,consideramos que no era til participar en sesiones de la Mesa nica Nacional que no conducen a resultadossatisfactorios y en las que se incumple, por parte del gobierno, hasta lo ms mnimo: dar curso a una Agendapreviamente pactada.

Estos hechos evidencian, una vez ms, la sistemtica estrategia de dilacin y desgaste a que ha sido

sometida la negociacin, por parte de la delegacin gubernamental. Cumplidos dos aos de haberse iniciadono hay resultados efectivos que den cuenta de la supuesta voluntad poltica de paz de su gobierno. Polticascomo la ley de las ZIDRES, el Plan de Desarrollo, la ley de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley dereforma tributaria, la venta de ISAGEN, entre otras, van en contrava de una paz con justicia social.

El 83.5% de los 250 mil millones para proyectos productivos con cargo a la vigencia fiscal del 2014, no hansido desembolsados, en medio de obstculos solapados bajo argumentos tcnicos y jurdicos en contrava delos acuerdos sobre un Manual Especial para la Cumbre Agraria. Los recursos de las vigencias fiscales 2015 y2016 estn pendientes en su totalidad incumpliendo el compromiso de principio de anualidad. La


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estructuracin de los proyectos de infraestructura es extremadamente lenta, a la fecha no hay ningnproyecto estructurado.

En el tema de derechos humanos el avance es nulo no obstante los compromisos de su gobierno para brindargarantas y acordar alternativas penales para las y los judicializados, en razn del ejercicio legtimo de losderechos a la movilizacin y la protesta. Asistimos a un contexto de incremento de la violacin sistemtica de

los mismos que se traduce en nuestras comunidades en asesinatos, persecucin poltica, desplazamientos,criminalizacin de la protesta social y amenazas a defensores de DDHH y lderes sociales.

No obstante que se han generado algunos escenarios de participacin en el proceso de paz adelantado entreel gobierno nacional y las FARC, en los que los movimientos sociales y populares y la sociedad en generalhemos presentado importantes propuestas, estas continan siendo parte de una agenda social pendiente. Portal razn, consideramos necesaria e inaplazable la participacin autnoma, vinculante y decisoria de lasociedad en el proceso de paz, prioritariamente de esa parte marginada de las decisiones polticas yeconmicas excluyentes que constituyen las causas estructurales del conflicto que padecemos en Colombia.Nuestros pliegos deben ser considerados como parte de una agenda social para la paz y la mesa nacional,las mesas regionales, sectoriales y temticas como parte de los mecanismos de participacin de la sociedad yde negociacin del conflicto social.

En sntesis, el gobierno ha profundizado la crisis de la Mesa nica Nacional. Las mesas regionales no correnmejor suerte, estn estancadas y la mayora de acuerdos tambin han sido incumplidos.

Tal como est acordado en la metodologa de la negociacin lo convocamos a usted, seor Presidente, desdeel pasado 13 de abril a una reunin para presentarle, nuevamente, un balance de la negociacin. Larespuesta inicial del Ministro del Interior fue que no ser posible hasta finales del mes de junio. Sin embargo,reafirmamos nuestra disposicin al dilogo en el entendido que, posteriormente, el gobierno nos inform queestara interesado en reunirse con la Cumbre Agraria antes de la fecha sealada por el Ministro. Para talefecto, le proponemos que se instale inmediatamente la mesa de negociacin de la minga en la ciudad deCali y que sea rotativa en otras regiones, manteniendo a Bogot como el centro de seguimiento y monitoreo.

Debido al panorama descrito anteriormente, la Cumbre Agraria est adelantando una Minga Agraria,Campesina, tnica y Popular como ejercicio legtimo de los derechos a la movilizacin y la protesta social yciudadana en medio de la cual aspiramos a que con el gobierno nacional encabezado por usted, seorPresidente, discutamos las propuestas priorizadas y desarrolladas en el marco delPliego nico Nacional quese discute en la Mesa nica Nacional,que presentamos en documento adjunto.

Exigimos plenas garantas por parte del gobierno para continuar adelantando pacficamente la Minga y parainiciar la negociacin, que cesen la estigmatizacin gubernamental, los intentos de dividir la Cumbre Agraria yel tratamiento militar, con abuso de la autoridad, que se le ha venido dando a la Minga con el lamentablesaldo de la muerte del hermano Willintong Quibarecama Nequirucama y decenas de heridos, contusos,detenidos y judicializados en medio de las arremetidas violentas del ESMAD y de la Fuerza Pblica contra lascomunidades movilizadas en el Valle del Cauca, Huila, Risaralda, Cauca, Crdoba, Meta, Nario, Choc,

Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Huila y otras regiones.Finalmente, el presidente del Senado, doctor Luis Fernando Velasco, ha propuesto adelantar un debatepoltico sobre la problemtica agraria en el pas que consideramos pertinente y oportuno. Lo invitamos, seorpresidente, a que acepte esta convocatoria.

Atentamente,

CUMBRE AGRARIA, CAMPESINA ETNICA Y POPULAR


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MINGA NACIONAL AGRARIA CAMPESINA TNICA Y POPULARPROPUESTA POLTICA DE NEGOCIACIN

1. TIERRAS, TERRITORIOS COLECTIVOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

El pas necesita un proceso de Reordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como seorganiza la produccin, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemasestratgicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese reordenamiento apuntar a armonizar la conservacin delmedio natural para la pervivencia de las comunidades agrarias.

1. REFORMA AGRARIA INTEGRAL

Una poltica de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundiocomo expresin histrica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, as como lagaranta de la autonoma territorial para campesinos, indgenas y afros. Esa poltica de reforma agraria deber construirsede la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.

2.

RECONOCIMIENTO DE LAS FIGURAS DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS YCOMUNIDADES TNICAS Y EL CAMPESINADO.

Reconocimiento poltico de los Territorios intertnicos e interculturales desde la cosmovisin de ordenamiento territorialautnomo de los pueblos y comunidades. Compromiso institucional de no implementar polticas administrativas,econmicas y jurisdiccionales inconsultas en estos territorios.

Financiacin de la ruta autnoma planteada por la Cumbre campesina tnica y popular para la resolucin de ConflictosTerritoriales, que implica caracterizacin, tipologa de casos crticos y ruta metodolgica de concertacin.

Reglamentacin e implementacin del decreto 2333/ 2014 para la proteccin efectiva de los territorios ancestrales, enconformidad con el decreto reconociendo la propiedad y los derechos adquiridos de otras comunidades. Desarrollo de 30Experiencias Pilotos para la delimitacin y demarcacin conforme a lo establecido en el decreto, concertadas con la ONICy en un plazo mximo de 24 meses.

Reconocimiento de la territorialidad campesina a travs de las figuras de territorios campesinos no reconocidas (TerritoriosCampesinos Agroalimentarios, Zonas Agroalimentarias, Zonas de biodiversidad, playones, sabanas y otras) en la ley160/94 y reglamentacin de las Zonas de Reserva Campesina (Sistema y programa nacional de ZRC construido por lascomunidades), mediante un decreto reglamentario, mientras se tramita una ley de desarrollo rural.

Financiacin por valor de 25000 millones para la formulacin de 47 planes de vida y para la capacitacin y los trmiteslegales de 47 Territorios Campesinos Agroalimentarios.

Reglamentacin de la ley 70 para comunidades afrocolombianas: Concrecin de procesos de titulacin de territorioscolectivos de casos pendientes. Reconocimiento de los Territorios Colectivos en el Atlntico y Valles Interandinos.

Reconocimiento de los territorios colectivos como Entidades Territoriales Afrocolombianas, mediante la reforma deldecreto 1745 de 1995 que incluya el saneamiento de los territorios y las ETA.

3.

RECONOCIMIENTO AL CAMPESINADO COMO SUJETO DE DERECHOS.

Expedicin de un decreto presidencial por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, elderecho a la tierra y la territorialidad campesina y se adoptan medidas para la consulta popular, mientras surte el trmiteen el Congreso de la Repblica del Acto Legislativo presentado por el Senador Alberto Castilla.

Compromiso por parte del gobierno nacional en cabeza de la Cancillera, de impulsar la declaracin de derechos delcampesinado que cursa actualmente en la comisin de Derechos Humanos de la ONU. Y manifestacin pblica de estavoluntad.


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4. PARTICIPACION.

Reforma a la ley de ordenamiento territorial con participacin efectiva y vinculante de los pueblos y las comunidadesindgenas, afrocolombianas y campesinas.

Garantizar la participacin efectiva y vinculante de los pueblos y las comunidades indgenas, afrocolombianas y

campesinas y urbanas en la formulacin de los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial. Participacin directa y efectiva de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indgenas en la Agencia Nacional de

Tierras, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Renovacin del Territorio Participacin vinculante de los pueblos indgenas y las comunidades afros y campesinas en el Consejo Nacional de

Planeacin. Participacin vinculante del campesinado en los consejos directivos de las CAR. Diseo y expedicin del decreto de las autoridades indgenas y afro como autoridades ambientales, en el marco de sus

competencias territoriales. Reconocimiento legal de las autoridades campesinas como autoridades protectoras ambientales. Participacin en el diseo e implementacin de los planes de uso y manejo de los territorios colectivos y ancestrales afros.

Destinacin de recursos para que los Consejos Comunitarios los puedan adelantar. Participacin vinculante de los pueblos indgenas y las comunidades afros y campesinas en el Sistema Nacional de reas

Protegidas. Que se garantice la continuidad de las mesas regionales de interlocucin entre el gobierno y el campesinado y se instalen

regionalmente las que sean solicitadas por las organizaciones campesinas, afro e indgenas de la Cumbre Agraria. Compromiso del gobierno de incrementar los recursos de asignaciones especiales del Sistema General de Participaciones

correspondiente a resguardo indgenas a un 2%, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos ygarantizar supervivencia.

5. TIERRAS

Saneamiento y titulacin de la tenencia de la tierra colectiva, comunitaria e individual: Ruta jurdica, poltica y productiva

expedita para garantizar el acceso y uso de tierras por parte del campesinado, indgenas y afros. Constitucin, ampliacin, saneamiento y adquisicin de predios de los territorios indgenas y reafirmacin de resguardoscon ttulos coloniales priorizados por la Comisin Nacional de Territorios Indgenas - CNTI. Para el cumplimiento de estaobligacin el Gobierno Nacional destinar los recursos necesarios para la vigencia de los aos 2016, 2017 y 2018, para locual se exige: i) Expedicin del decreto para viabilizacin de los procesos de clarificacin de la vigencia legal de los Ttulosde los Resguardos de Origen Colonial e implementacin del mismo. (Apropiacin presupuestal para gastos defuncionamiento del equipo encargado); ii) Diseo, implementacin y puesta en funcionamiento de un sistema deinformacin geogrfica de territorios indgenas donde se gestione, disee y valide la informacin geogrfica sobre losprocesos de formalizacin y adquisicin de tierras para pueblos indgenas.

Inventario y caracterizacin de tierras productivas para compra y redistribucin dirigida a los pueblos indgenas ycomunidades afro y campesinas que no ample la frontera agrcola a partir de un diagnstico participativo.

Inventario y caracterizacin de tierras productivas y diagnstico sobre funcin social de la propiedad, para compra y

adquisicin con fines de redistribucin a campesinos sin tierra y con poca tierra. A partir del inventario, aplicar losmecanismos establecidos en la legislacin nacional entre otros, de la ley 160, artculo 52 que hace referencia a tierrasincultas y ociosas. Los campesinos beneficiarios de estas adjudicaciones debern ser acompaados de un paquete deasistencia tcnica, crditos de fomento e inversin social, que posibilite su insercin productiva en economas campesinasy mercados regionales. El sistema productivo, deber enmarcase en sistemas agroambientales.

Adjudicacin de dos millones de nuevas hectreas de tierras para campesinado sin tierra y minifundista con menos de unaUAF. El 50% de estas tierras sern destinadas para mujeres campesinas en el marco de la Ley 731 de 2002.

Adjudicacin inmediata (a campesinos sin tierra, minifundistas y que posean poca tierra) de los predios incautados alnarcotrfico que se encuentran en manos de la Sociedad de Activos Especiales.


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Adquisicin y adjudicacin de dos millones de nuevas hectreas para campesinos, afros e indgenas, mediante la creacinde fondos regionales y nacional de tierras con predios incultos, tierras de extincin de dominio y baldos.

Inventario y restitucin de tierras despojadas y abandonadas a pueblos indgenas y comunidades campesinas y afro por laguerra y el modelo econmico.

Censo de campesinado, indgenas y afros sin tierra. Inclusin de la categora de campesinado en el censo nacional que se realizar en el segundo semestre del ao 2016 y el

ao 2017, indagando la tenencia y propiedad de la tierra, demanda social agregada de tierras entre la poblacin rural, ypotencial de oferta pblica y privada de tierras para redistribucin. Se deber contar con la participacin de la CumbreAgraria.

Adjudicacin y legalizacin de las ocupaciones pacficas de tierras adelantadas por familias campesinas Cauca, Arauca,Meta, Casanare, Boyac, en el sur de Bolvar y sur del Cesar.

6. TERRITORIOS DE ESPECIAL PROTECCIN.

Cumplimiento de la Sentencia C-035-2016 y creacin de una Comisin de Seguimiento y Verificacin con la participacinde la Cumbre Agraria y otros procesos sociales.

Delimitacin y proteccin de todos los pramos y nacimientos de agua que se encuentran en territorios indgenas, afros ycampesinos mediante el establecimiento de una figura de especial proteccin para la pervivencia ambiental y cultural delos pueblos y comunidades.

Concertar con las comunidades y autoridades indgenas y afros la ruta tnica de proteccin de los territorios, encumplimiento de los Autos 004 y 005 del 2009.

Expedicin de resoluciones de delimitacin y demarcacin de pramos y diseo de estrategias de reforestacin. Reconocer el agua como derecho fundamental para el consumo humano, la produccin de alimentos para la soberana

alimentaria, la recuperacin tradicional de semillas y la diversidad cultural, por encima de la economa extractivista. Elgobierno nacional declarar el derecho fundamental al agua.Deber construirse un esquema de gestin comunitaria delagua y de sistemas de riego y produccin.

Cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de la Hacienda Bella Cruz (La Gloria) y adjudicacinde los baldos recuperados para el campesinado reclamante.

Realizar el inventario de solicitudes de alinderamiento y adjudicacin de cinagas, sabanas comunales, playones yhumedales a comunidades campesinas y de pescadores que lo hayan solicitado al Estado, dinamizando estos procesosinstitucionalmente y garantizando la seguridad jurdica y fsica de los procesos y de los lderes que los adelantan.Salvaguardar la propiedad comunal de estos territorios, en Cauca, Bolvar, Cesar, Meta, Casanare y Arauca, Antioquia,Choc, entre otros. En los casos en los que se requiera realinderar lmites por uso o apropiacin fraudulenta, esto deberhacerse. (Agencia de tierras y Min ambiente).

7. RECONOCIMIENTO Y GARANTAS AL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA.

Garantas y proteccin al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indgenas yafros (convenio 169 0IT).

Reconocimiento jurdico del derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado para el campesinado.

8. DEROGACIN LEY DE ZIDRES

Derogacin de la ley 1776 de 2016 por la cual se crean las Zonas de Inters y Desarrollo Rural Econmico y Social.ZIDRES.

9. ADECUACIN INSTITUCIONAL

El gobierno Nacional concertar con los pueblos indgenas, e implementar la adecuacin de la institucionalidad que


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responda a criterios de integralidad, reconocimiento, respeto, pertinencia cultural, coordinacin, efectividad, que dispongade autonoma poltica y financiera, con capacidad tcnica y administrativa, en el trmino de seis (6) meses.

2. MINERO- ENERGTICO- RURALIDAD Y AGUA.

La mala gestin y el saqueo de los recursos naturales mineroenergticos afecta gravemente a la madre tierra y a las comunidadesrurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a lospequeos mineros, y solo beneficia a las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo econmico impulsado porel gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo mineroenergtico basado en lasoberana nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnolgico propio, la proteccin ambiental y cultural, y laredistribucin de los rendimientos generados por las actividades mineras y energticas.

1. HACIA UNA NUEVA POLTICA MINERO ENERGTICA.

Eliminacin de la declaratoria de la minera como de utilidad pblica e inters nacional. Prohibicin de concesiones minero- energticas en territorios de especial proteccin y en territorios colectivos indgenas,

campesinos y afros. Desarrollo de una industria nacional de procesamiento de minerales metlicos para superar nuestra dependencia como

productores de materias primas. Implementar mecanismos de participacin de las comunidades para la definicin de uso y administracin del subsuelo. Establecer mecanismos de control y vigilancia estatal y de las comunidades sobre las concesiones minero-energticas. Reconocimiento y proteccin jurdica de la minera ancestral, la pequea minera y la minera tradicional, con participacin

efectiva y vinculante de las comunidades y las organizaciones agromineras. Para las comunidades negras movilizadas el establecimiento de zonas especiales mineras afrocolombianas, en el marco

de la ley 70 de 1994. Suspensin de la ssmica como instrumento tcnico de estudio. Concertacin de una norma que clasifique la actividad minera metlica y no metlica dependiendo de su tamao y tcnica

utilizada.

Exigencia de licencias sociales para la exploracin minero- energtica. Exigimos la consulta de la poltica minero energtica del pas con los pueblos indgenas y afro descendientes, y cumplir

con el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, mediante la Ley 21 de 1991. Cambio inmediato del trmite de asignacin de reas para actividades de exploracin y produccin de hidrocarburos de la

ANH: Excluir del potencial hidrocarburfero del pas a los territorios indgenas, afros y campesinos. No sern consideradas reas disponibles o reservadas los territorios indgenas, afros y campesinos, estos sern

patrimonio inalienable de estos pueblos y comunidades.No a la minera en los pramos y en los sistemas estratgicos. Prohibicin del Fracking y otros sistemas. Formulacin de una Ley orgnica de Hidrocarburos con participacin social, tomando en cuenta la propuesta de la USO. Definir una ruta y una metodologa, con participacin social, para la caracterizacin y el diagnstico socioeconmico y

ambiental de las reas Estratgica Mineras y los Bloques Mineros.

Definir una poltica de resarcimiento de daos ambientales y sociales por efecto de la explotacin minero- energtica. Derogatoria del Decreto 480 por el cual se reglamentan las condiciones y requisitos para la celebracin y ejecucin de los

subcontratos de formalizacin minera. Disminucin del 50% en los precios de los combustibles. Creacin de una Comisin Ambiental de la Verdad para la reconstruccin de la memoria histrica sobre las afectaciones

ambientales y los crmenes ecolgicos, en la perspectiva de una reconciliacin con la naturaleza y la reparacin de losdaos causados a las comunidades.

Creacin de una Comisin Nacional de Represas para la vigilancia y control en la construccin de nuevos proyectoshidroelctricos (represas, microcentrales, centrales a filo de agua) y de las existentes.


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Diagnstico diferencial de los impactos de la minera en Colombia para establecer los pasivos ambientales. Creacin deun Fondo de previsin y compensacin de los pasivos ambientales, con recursos estatales y de las empresas.

La exclusin de los territorios indgenas, afros y campesinos y otras reas protegidas, como parques nacionales, pramos,fuentes hdricas, zonas de importancia de agricultura tradicional y terrenos donde se desarrollen procesos recuperacin desemillas nativas, como objeto de exploracin y explotacin minera.

2. DECLARAR UNA MORATORIA MINERO-ENERGTICA.

Revisar la declaratoria de distritos mineros y bloque petroleros por no haber sido consultados con las comunidades. Revisin de ttulos vigentes y no adjudicacin de nuevos ttulos. Expedicin de un decreto con fuerza de ley que establezca una moratoria minero- energtica y cree una Comisin

independiente para la revisin de ttulos. A partir del estudio realizado por la Controlara General de la Repblica plantear una ruta para la revisin de las

explotaciones existentes: i) Revisar los impactos ambientales, sociales y patrimoniales; ii) investigar la existencia dedelitos; iii) revisar si existe detrimento patrimonial; iv) iniciar un proceso de investigacin administrativa, disciplinaria y

judicial contra entidades, funcionarios y empresas. Realizacin de evaluaciones ambientales estratgicas sobre minera, mediante estudios independientes, para examinar

los impactos de las concesiones mineras en territorios de los pueblos indgenas, y comunidades afros y campesinas.

3. SUSPENSIN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y TTULOS MINEROS, CONCESIONES MINERAS Y DEHIDROCARBUROS.

Cumplimiento de la Sentencia de Unificacin 686/15 de la Corte Constitucional sobre la hidroelctrica de Anchicay. No a la represas de Pata 1, 2 y 3, Gulumito, Arrieros de Micay, Brazo Seco, Andaquies, Florida 1 y 2, ocho microcentrales

entre Icononzo hasta san Bernardo. Suspensin del embalse para llevar agua a Anapoima y Tocaima. Suspensin deonce proyectos hidroelctricos en Santander. Suspensin de las siete microcentrales en el Alto Magdalena.

Revocatoria de la licencia ambiental del ttulo minero del arroyo Bruno y del acto administrativo que emiti la autoridadambiental donde permite su desvo.

Suspensin inmediata de la entrega de las 419 reas denominadas disponibles para la exploracin y explotacin dehidrocarburos que estn en los resguardos indgenas, mediante la expedicin de un acto administrativo de la ANH.

Suspensin inmediata de las 82 reas denominadas de reserva que se encuentran en resguardos indgenas. Suspensin inmediata de los estudios de reservas de hidrocarburos en territorios indgenas Suspensin inmediata del trmite de las 669 solicitudes de ttulos mineros solicitados en resguardos indgenas que no

cuentan con consulta previa. Revisin de 421 ttulos mineros vigentes en resguardos indgenas, y revocatoria de aquellos que no cuenten con el

procedimiento de consulta previa. Cancelacin de los contratos vigentes de hidrocarburos en territorios indgenas. Revisin y revocatoria de licencias ambientales de proyectos mineros y de hidrocarburos que se hayan expedido sin la

garanta de la consulta y el consentimiento previo libre e informado de los pueblos indgenas y comunidades afros. Para

lo cual se crear un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por equipos tcnicos de las organizaciones nacionalesindgenas y afros, el Gobierno Nacional representado en el Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente yDesarrollo Sostenible, as como la Defensora del Pueblo y la Procuradura General de la Nacin con el fin de revisar einiciar el trmite de revocatoria de las licencias ambientales de proyectos mineros y de hidrocarburos que han sidoexpedidos sin la garanta de la CPLI.

Realizacin de evaluaciones ambientales estratgicas sobre minera, mediante estudios independientes, para examinarlos impactos de las concesiones mineras en territorios de los pueblos indgenas, y comunidades afros y campesinas.

Exigimos la suspensin definitiva de las reas Estratgicas Mineras as como el otorgamiento de ms ttulos mineros encumplimiento de las ordenes emitidas el 15 de mayo de 2015 por la Seccin Tercera del Consejo de Estado que orden


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la suspensin de los efectos jurdicos de las Resoluciones 180241 de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energa.Las Resoluciones 0045 de 20 de junio de 2012 y 429 de 27 de junio de 2013 emitidas por la Agencia Nacional de Minera,por medio de las cuales estas entidades crearon y delimitaron 516 zonas especficas denominadas reas EstratgicasMineras o Bloques Mineros en territorios que se superponen sobre territorios de comunidades indgenas yafrodescendientes sin que se contara con el consentimiento previo.

Derogatoria de los ttulos mineros en el norte del Cauca en especial el de los siguientes cdigos de inscripcin HJ3-

08211 expedido 28/10/2009 con el registro en el cdigo minero HJ3-08211 entregado a ANGLOGOLD ASHANTICOLOMBIA S.A. con una extensin de 332,6 hectreas bajo el contrato de concesin (L 685) y HJ3-08212X 14/10/2009HJ3-08212X con una extensin de 17,2 hectreas contrato de concesin (L 685). Para el caso del Departamento delChoco EGF-112, titular Mnica Uribe, ubicada en el municipio de Murind y Riosucio, con fecha de inscripcin de4/06/2007, con una extensin de 363,97995 hectreas.

4. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PARA LA PROTECCIN DE TERRITORIOS FRENTE A LA MINERA.

Derogatoria inmediata de la Resolucin No 0391 del 20 de abril de 2016, por la cual se adopta la Poltica Minera Nacional Cumplimiento de la Sentencia C-035-2016 y creacin de una Comisin de Seguimiento y Verificacin con la participacin

de la Cumbre Agraria y otros procesos sociales. Cumplimiento de la Sentencia C- 366 de 2011, que establece la obligatoriedad de la realizacin de la consulta con los

Pueblos Indgenas y Afrodescendientes sobre el Cdigo de Minas. Cumplimiento de la Sentencia 123 del 2014 y creacin de una Comisin de Seguimiento y Verificacin con la

participacin de la Cumbre Agraria y otros procesos sociales. Cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional que tumb el artculo 37 del Cdigo de Minas.

5. SOBRE RENTA MINERA.

Aumentar la participacin del Estado en la produccin minero- energtica de las concesiones. Establecer las regalas con base en los ingresos de las empresas y que se destinen para las regiones afectadas por la

explotacin minero-energtica. Establecer mecanismos de administracin de las regalas por parte de las comunidades. Eliminacin de beneficios tributarios para las multinacionales y aumento en los impuestos a las empresas mineras. Pago

del IVA por importacin de maquinaria y otros conceptos. Eliminar los beneficios tributarios y laborales en las Zonas Francas y las Zonas Econmicas Especiales.

3. ECONOMA PROPIA.

El avance y profundizacin del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la economa nacional, en especial a las formasde produccin, comercializacin y consumo propias de las comunidades campesinas, indgenas y afrocolombianas. Lo anterior haimpactado negativamente la soberana alimentaria de los pueblos y de la nacin. El libre mercado ha generado un modelo dedespojo que afecta el buen vivir de las y los pequeos productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales delagro. Como resultado se han afectado los intereses econmicos de las comunidades rurales, las prcticas culturales y de vidaasociadas a estos.

1. PROTECCIN DE SEMILLAS.

Garantizar la recuperacin, reproduccin y distribucin de semillas nativas y su prevalencia frente a otro tipo de semillas.Creacin y apoyo econmico y tcnico a casas o fincas custodias de semillas propias (una por Depto. al menos)

Cumplimiento de la Sentencia C-1051 que derog la ley 1518 mediante la cual se aprob el Convenio Internacional UPOV91 (Unin para la Proteccin de Obtentores Vegetales) que otorga los derechos a obtentores vegetales sobre lassemillas.


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Derogatoria del artculo 306 del Cdigo Penal que penaliza la usurpacin de derechos de obtentores de variedadesvegetales.

Derogatoria de la resolucin 3168 de 2015. Reconocimiento y valoracin de los conocimientos y formas tradicionales, culturales y ancestrales de produccin,

almacenamiento y manejo de semillas. Garantizar la recuperacin, reproduccin y distribucin de semillas nativas y garantizar legalmente su prevalencia frente a

otro tipo de semillas. Eliminacin de todas las formas de propiedad intelectual y derogatoria de todas las normas que controlan la produccin,

uso y libre circulacin de semillas en el territorio nacional, como la ley 243 de 1995.

2. PROTECCIN AL CONOCIMIENTO PROPIO.

La expedicin de un instrumento que permita garantizar la proteccin jurdica de los conocimientos de las cualidadesbotnicas y medicinales de plantas en territorios indgenas, afros y campesinos y aplicaciones productivas, debidamenteconsultado y concertado.

Consulta, concertacin, formulacin, expedicin e implementacin de poltica para la salvaguarda del conocimientoancestral y tradicional aplicado a la medicina tradicional de las comunidades y pueblos indgenas, afros y campesinos atravs de una estrategia nacional. (Elaborar Poltica y Disear la Estrategia)

3. POLTICA PBLICA DE LA ECONOMA PROPIA.

Creacin del sistema nacional de reconversin productiva hacia la agroecologa, reconociendo, incluyendo yreproduciendo las experiencias adelantadas por las comunidades.

Formulacin de un Plan de Adaptacin al Cambio Climtico para comunidades que incluya el diseo e implementacin deEstaciones de agro climatologa para pueblos indgenas y comunidades afro y campesinas y aprovechamiento dealternativas de generacin de energa.

Reconocimiento y proteccin legal de las economas propias de los pueblos indgenas y comunidades campesinas yafrocolombianas.

Garantizar la produccin, distribucin y acceso a los abonos orgnicos que faciliten la produccin agroecolgica.

Condonacin de las deudas por crditos agropecuarios de los pueblos indgenas y comunidades campesinas yafrocolombianas y retiro de embargos sobre las tierras hipotecadas. Fomento a la produccin ancestral, artesanal y tradicional de alimentos Apoyo en transporte de productos indgenas, campesinos y afro. Creacin un fondo para la produccin, a los sectores ms vulnerables, fomentando los emprendimientos solidarios para ir

reduciendo los niveles de pobreza. Compras pblicas de cosechas, con precios de sustentacin, bajo un sistema piloto de relacin para la comercializacin

de la conexin entre produccin campesina y a mercados urbanos, y el para abastecimiento de instituciones y programasde gobierno, con precios justos. Fondo de compra de cosechas con red de acopios y adquisicin de al menos el 70% de laproduccin de alimentos.

Establecer un plan para disminuir la importacin de los alimentos que tienen un significado estratgico para la soberanaalimentaria del pas, a la vez que se establece un plan de fomento para la siembra de los mismos.

4. CULTIVOS Cumplimiento de los acuerdos sobre sustitucin voluntaria, gradual, concertada y con garantas entre las comunidades y

el gobierno. Diversificacin productiva en las zonas afectadas por cultivos con programas regionales de desarrollo agrario,con 10 pilotos en igual nmero de regiones.

Reformulacin de la poltica antinarcticos con participacin de las comunidades y organizaciones de zonas afectadas porcultivos y la actual poltica.

Despenalizacin de los pequeos cultivadores y recolectores de hoja de coca, marihuana y amapola. No extradicin de loscultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola.


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Diversificacin productiva en las zonas afectadas por cultivos. Suspensin de las erradicaciones forzadas manuales y no reinicio de las fumigaciones areas o terrestres.

5. FOMENTO A LAS ECONOMAS PROPIAS INDGENA, AFRO Y CAMPESINA

Expedicin de un decreto para el reconocimiento e implementacin del Sistema de Economa Integral Propia e

Intercultural. Asignacin del 70% del presupuesto del MADR para el fortalecimiento de las economas campesinas, indgenas y afros.

De este total, el 50% para las comunidades representadas en la Cumbre Agraria.

Creacin de un Fondo Especial para el fortalecimiento de las economas propias, entre tanto reglamentacin especial yasignacin presupuestal especfica del Fondo de Fomento Agropecuario del MADR.

Destinacin de una partida presupuestal para garantizar el trnsito de la pesca artesanal a la pesca industrial. Fondo especial crediticio conforme al artculo 52 de la ley 70, para comunidades negras movilizadas. Ampliacin del cupo de captura y disminucin de costos de combustible para los barcos de cabotaje en comunidades

negras del pacfico. Creacin de un fondo de fomento de la economa propia indgena en las siguientes lneas: fortalecimiento de la autonoma

y soberana alimentaria, fomento del emprendimiento propio intercultural, formacin- investigacin y proteccin.

4. DDHH Y PAZDebido a la falta de reconocimiento poltico de los derechos de los campesinos, la insuficiente garanta de los derechos deafrocolombianos e indgenas, el alto nmero de violaciones a los derechos humanos, la falta de garantas para las organizacionessociales y populares, la constante estigmatizacin, persecucin y criminalizacin de quienes se movilizan para buscar una sociedadms justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garantas mnimas para vivir enuna sociedad democrtica.

1. PAZ.

Reconocimiento pblico por parte del Gobierno nacional de la existencia y garantizar el desmonte de la estructurapoltica econmica, militar del paramilitarismo en Colombia a travs de una poltica multidimensional: i) campaa de

denuncia en los medios de comunicacin masivos sobre el tema del accionar paramilitar; ii) audiencias pblicas para ladenuncia del accionar paramilitar; iii) aplicacin de la justicia ordinaria para paramilitares reincidentes, no sometidos, yculpables de violaciones de delitos de Lesa Humanidad.

Garantizar la participacin autnoma, vinculante y decisoria del movimiento popular en el proceso de paz a travsescenarios y mecanismos pactados. Los pliegos presentados y otros concertados por los movimientos sociales harnparte de una agenda social para la paz que junto a los mecanismos de negociacin, actualmente existentes, entre elmovimiento popular y el gobierno y otros que se generen, sern considerados como parte de la dinmica de participacinde la sociedad.

La implementacin de los acuerdos entre la insurgencia y el gobierno debe estar precedida de la consulta, elconsentimiento y la aprobacin de pueblos y comunidades, especialmente cuando puedan generar impacto en susculturas, territorios, gobiernos y visiones propias de desarrollo.

Reconocer y garantizar la participacin directa de la Comisin tnica para la Paz y la defensa de los derechos

territoriales, en los dilogos entre el Gobierno nacional con las guerrillas de la FARC y ELN, para incidir en los acuerdospara la terminacin del conflicto armado, con las salvaguardas de los derechos tnicos territoriales y consensuarprincipios, mecanismos, metodologa e institucionalidad, para la implementacin de los mismos en los territorioscolectivos. Este reconocimiento se har mediante la expedicin de un decreto a cargo de las entidades competentes en unplazo de mximo de 15 das.

El desarrollo de experiencias piloto de restablecimiento de la armona y equilibrio en territorios indgenas y afros comocontribucin a la apuesta de paz territorial nacional.

Formular de manera concertada una poltica diferencial para pueblos indgenas y afros frente al tema reintegracinnias, nios, jvenes vctimas del conflicto armado y adultos desvinculados mismo.


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Garantizar los medios necesarios para continuar el proceso iniciado en las Cumbres de Paz para consolidar laconstruccin de la agenda social de la paz.

Condiciones y recursos necesarios para que las comunidades indgenas, afros y campesinas realicen de maneraautnoma procesos de formacin en el marco de una pedagoga propia y popular para la Paz.

Garantizar la participacin poltica por parte del gobierno nacional y la mesa de dilogo de la Habana a nuestrascomunidades para un programa nacional para conceptualizacin, implementacin y seguimiento de una pedagoga

popular para la paz que tenga espacios de difusin en escenarios de comunicacin pblica nacional.

2. DESC.

Asignacin del 35% del presupuesto nacional para inversin social en infraestructura y dotacin para educacin, vivienda,salud, vas, produccin, redes elctricas, saneamiento bsico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.

Asignacin de viviendas gratuitas rurales dignas y con enfoque diferencial, por el sistema de autoconstruccincomunitaria.

Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de poblacin rural al sistema de educacin bsica, media, superior ytcnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.

Reglamentacin e implementacin del decreto 1953/14 para el cumplimiento y garanta del desarrollo de los sistemaspropios para pueblos indgenas.

Una poltica educativa que garantice un proyecto de educacin pblica propia campesina que le permita a los estudiantestener una formacin acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construccin de un currculo y unapedagoga diferenciada acorde con las territorialidades y con la participacin decisoria de las comunidades campesinas ysus organizaciones. Tambin exigimos mayor formacin y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.

Ampliacin del fondo de becas para comunidades negras con incremento de un 50% respecto del presupuestoactualmente asignado, que garantice que se abra convocatoria semestral.

Fortalecimiento de la Universidad del Pacfico y ampliacin de programas especficos para comunidades negras en todo elterritorio nacional.

Abrir en las diferentes universidades pblicas del pas cupos para profesionalizacin y estudios superiores para loslderes sociales de la Cumbre Agraria en diversos campos de la ciencia y el conocimiento.

Contraprestaciones por otorgamiento del derecho de uso del espectro electromagntico para los pueblos indgenas.

El nombramiento inmediato de la planta docente calificada, idnea y pertinente a las visiones propias para la educacinque requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales. Todos los procesosadministrativos y de contratacin en educacin y salud que implique a pueblos indgenas, afros y campesinos se har consus autoridades y organizaciones representativas.

Implementacin del Plan de Emergencia NO MS MUERTES, NO MS DESNUTRICION POR EL DERECHO A LAVIDA Y LA DIGNIDAD DE NUESTROS NIOS Y NIAS PARA LA PERVIVENCIA DE NUESTROS PUEBLOS, TODOS YTODAS A ACTUAR DE INMEDIATO con asignacin presupuestal para su efectiva implementacin. Este Plan deberimplementarse en un plazo no mayor a 3 meses.

Que la salud deje de concebirse como negocio o mercanca para que se garantice como derecho humano y fundamental.Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garanta de este derecho, entre elloslos artculos 48 y 49 de la Constitucin, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridadsocial.

Implementacin de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las prcticasculturales de cada comunidad o regin. Reconocimiento y plenas garantas al ejercicio, prestacin y promocin de lamedicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.

Eliminacin de la poltica del subsidio a la demanda y que se instauren polticas de subsidio a la oferta en salud yeducacin. Una nueva poltica presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saquede la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistemticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde 1993.

Derogatoria de la resolucin 16432 del 2 de octubre de 2015 expedida por el Ministerio de Educacin Nacional y elMinisterio de Hacienda que recorta el presupuesto del Programa de Alimentacin Escolar (PAE).

Hbitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el mnimo vital de servicios pblicos con tarifas al


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alcance del consumidor, en armona con el medio ambiente. La reforma tributaria debe dirigirse a grabar a las grandes empresas y propietarios y no puede ser de carcter regresivo,

por consiguiente, que se eliminen las exenciones tributarias a las multinacionales y no se aumente el IVA ni se ampli subase gravable, ni se impongan cargas tributarias al pueblo, la clase trabajadora y pensionados y se elimine el 4x1000.

Revisin y construccin con la participacin de las organizaciones sociales de base del Captulo IV Rgimen para lasAsociaciones, Fundaciones y Corporaciones constituidas como entidades sin nimo de lucro ESAL, porque pone en

riesgo la existencia de las organizaciones sociales.

3. GARANTIAS

Conformacin inmediata de la Comisin de Alto Nivel de Garantas de no Repeticin, impulsada desde sectores devctimas y del movimiento social y de derechos humanos, que tendr como objetivo fundamental formularrecomendaciones y hacer seguimiento a las reformas estructurales y ajustes institucionales que debe hacer el Estado paraadecuar su aparato estatal, su legislacin y sus prcticas para garantizar el pleno y efectivo goce de los derechoshumanos, el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y contribuir a la superacin de las causas estructurales dela violencia socio-poltica, la no repeticin de crmenes internacionales en Colombia y a las reformas institucionales,econmicas y sociales indispensables en este propsito.

Garantas para el derecho a la protesta social y la movilizacin, que no tengan un tratamiento militar ni intimidatorio.

Elaboracin del Protocolo de Atencin de la Protesta, garantizando espacios y condiciones para la revisin conjunta alinterior de la subcomisin de Garantas y Derechos Humanos de los procesos de judicializacin y criminalizacin contralderes y defensores de derechos humanos en el marco de la protesta Social, dirigido a buscar alternativas penales y lalibertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos polticos, como los casos de los dirigentesHuber Ballesteros y Alexander Tibacuy, entre otros.

Derogacin de la ley de seguridad ciudadana y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo suvigencia.

Reduccin y depuracin de la fuerza Pblica y desmonte del ESMAD. Reconocimiento, no estigmatizacin y persecucin a las y los Defensores de Derechos Humanos, lderes y lideresas

sociales y populares. Reforma al rgimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibicin del reclutamiento

forzado y la garanta en la aplicacin de la sentencia T 728 de 2009 sobre objecin de conciencia. Se deben llevar acabo investigaciones disciplinarias y penales, por parte de autoridades civiles, para miembros de la fuerza pblica querealicen prcticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Adems, exigimos acceso universala la libreta militar para jvenes y personas que no tengan resuelta su situacin militar y se elimine su carcter derequisito para trmites con el Estado.

4. VICTIMAS.

Adelantar un proceso democrtico e incluyente de reforma a las leyes 387 y 418 de 1997 y 1448 de 2011 que generegarantas para la implementacin de manera integral de los decretos reglamentarios 4633 y 4335 de 2011 atendiendo acondiciones tnicas e interculturales, entre otros aspectos. Algunas de las garantas a incluir deben ser las siguientes: a)Definicin de un CONPES especial para los decretos reglamentarios; b) Ampliacin del tiempo de cobertura del universode vctimas; c) ampliacin de la nocin de vctima y de hechos victimizantes; d) mecanismos para la bsqueda de laverdad histrica y judicial; e) ampliacin de los trminos para realizar la solicitud del registro de vctimas; f) sistema desolicitudes, estudio, respuesta y medidas de reparacin integral claro, preciso y verificable; g) sistema de reparacinintegral y precisa de acuerdo a estndares internacionales; h) concertacin con los pueblos tnicos e interculturales de losprotocolos creados de: participacin, ayuda humanitaria, reparacin colectiva, retorno y reubicacin; i) definicin de unplan de accin para implementacin con indicadores de seguimiento; j) adecuacin institucional del SNARIV (sistemanacional de atencin y reparacin integral a las victimas).

Creacin de un Fondo de Reparacin para las Vctimas pertenecientes a los Pueblos indgenas y las Comunidades afrosy campesinas. La creacin de este fondo se har con recursos tanto del presupuesto nacional como con recursos de otras


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fuentes, similar a lo establecido en la Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras (donaciones, cooperacin internacional,otros). Este fondo tendr como objetivo fundamental financiar el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el GobiernoNacional y los Pueblos indgenas y Comunidades afros relativos a la efectiva implementacin de los Decretos Ley 4633 y4635 de 2011, el cumplimiento de los autos de la Corte Constitucional de seguimiento a la sentencia T025 de 2004,especialmente Auto 004 y Auto 005 de 2009, Auto 092 de 2008 y Auto 251 de 2008.

Se exige que el Gobierno Nacional se abstenga con el grupo AMEI (Asuntos Ambientales, Minero Energticos e

Infraestructura) de supervisar y restringir las demandas que presenta la Direccin de Asuntos tnicos de la Unidad deRestitucin de Tierras en favor de los procesos de restitucin de tierras de los pueblos indgenas.

CONPES especial para el Plan de salvaguardas de los Autos 004, 005, 073 y 092.

5. JUSTICIA

Reconocimiento del pluralismo jurdico nacional y garantas plenas para el ejercicio de la jurisdiccin especial indgena. Enconsecuencia, se debe realizar la Liberacin inmediata de Feliciano Valencia. Igualmente se debe adelantar elreconocimiento de procesos de aplicacin de justicia intercultural y el fortalecimiento del sistema de conciliadores enequidad.

Investigacin, judicializacin y castigo de los autores, as como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los20 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro Nacional agrario de 2013

y 2014 y la minga del 2013. hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscala General de la Nacin por parte dela Cumbre Agraria, se solicita de manera urgente un informe sobre el estado actual de las investigaciones. En el mismosentido, la Procuradura General de la Nacin debe presentar un informe detallado en el que conste cuantasinvestigaciones disciplinarias fueron iniciadas y cuantas sanciones ha impuesto por el uso abusivo y/o excesivo de lafuerza, tratos crueles inhumanos y degradantes, torturas y/o dems violaciones a los derechos humanos cometidas pormiembros de la Fuerza Pblica durante las jornadas de movilizacin. Reivindicando as su memoria y garantizando losderechos de verdad, justicia, y reparacin que le asisten a los familiares de las vctimas.

Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violacionesa los Derechos Humanos y amplia difusin de sus resultados. Garantizando acceso a informacin, espacios y condicionespara el anlisis al interior de la subcomisin de Garantas y Derechos Humanos de las investigaciones sobre loshomicidios y amenazas cometidos contra lderes y defensores de derechos humanos.

Investigacin con perspectiva de gnero, cumplimiento y seguimiento de la ley 1719 de 2014, que adopta medidas para

garantizar el acceso a la justicia para las vctimas de la violencia del conflicto armado. Que se decrete la crisis humanitar iade las mujeres.

Sancionar a los funcionarios/as que actan contra la ley 1257 de 2008 al revictimizar institucionalmente a las mujeresvctimas de violencias.

Depuracin de los archivos de inteligencia con vigilancia de la Procuradura general de la Nacin, Defensora del Pueblo yorganismos de derechos humanos internacionales.

Cese de los procesos judiciales y libertad de los lderes y lideresas judicializados por el ejercicio de los derechos a lamovilizacin y la protesta.

Respuesta a las demandas administrativas de vctimas de mutilaciones, lesiones fsicas, daos de bienes muebles einmuebles de los paros de 2013 y 2014 y ampliacin de los trminos procesales para presentar demandas pendientes.

Traslado de los anteriores procesos a la Fiscala Especializada de Derechos Humanos. Solucin inmediata y estructural a la crisis carcelaria donde predomine una concepcin protectora de los derechos

humanos de la poblacin privada de la libertad. Impulso a la ley de deshacinamiento. No a la extradicin de los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola.

6. GUARDIA INDIGENA, CIMARRONA Y CAMPESINA

El Gobierno Nacional expedir un decreto concertado con los pueblos indgenas, para el reconocimiento de la Guardiaindgena y las estructuras propias de proteccin, control social y territorial de cada Pueblo Indgena en el marco de lascompetencias de los territorios indgenas y la jurisdiccin especial.


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El Gobierno Nacional financiara un proyecto encaminado a fortalecer la Guardia indgena y las estructuras propias deproteccin, control social y territorial de cada Pueblo Indgena en el marco de las competencias de los territoriosindgenas y la jurisdiccin especial.

Reconocimiento de la guardia campesina y cimarrona para la salvaguarda de la proteccin de los territorios colectivos ycampesinos para promocin y proteccin de derechos humanos.

7.

PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA.

El gobierno nacional debe garantizar la formulacin e implementacin de un decreto y un Programa especial deproteccinde prevencin y proteccin individual y colectiva dederechos humanos , acorde con la diversidad tnica,cultural y geogrfica y las formas ancestrales de control social y territorial de proteccin fsica y espiritual , polticas einmateriales de los pueblos indgenas, afros y campesinos. Y debe construir de forma democrtica, incluyente ydiferenciada protocolos de estudios de nivel de riesgo e implementacin de medidas. Se debe garantizar laimplementacin efectiva de medidas de proteccin. El decreto debe reglamentar, entre otros los siguientes asuntos:

a. Construccin concertada de forma democrtica, incluyente y diferenciada de protocolos de estudios de nivel de riesgocolectivo e implementacin de medidas.

b. La adecuacin institucional, que promueva la inclusin de indgenas, afros y campesinado para garantizar la efectividadde las medidas, el estudio de anlisis de riesgo hasta la implementacin de las mismas.

c.

Concertar con los pueblos indgenas y comunidades afro y campesinas, las medidas de proteccin con enfoque diferencialpara su efectiva implementacin.

d. Garantizar un efectivo estudio de nivel de riesgo que cuente con el enfoque diferencial y el contexto general de losterritorios, en aras de adecuar el nivel de riesgo a la situacin real de los pueblos indgenas y comunidades afro ycampesinas.

e. Garantizar la participacin de los pueblos indgenas y comunidades afro y campesinas en el Grupo de valoracinpreliminar de estudios de riesgos, con voz y voto, de la UNP, para la adecuada recomendacin de medidas de acuerdocon el enfoque diferencial.

f. Derogatoria del decreto 567/16 sobre medidas de proteccin.

5. COMUNICACIN Y DERECHOS A LA INFORMACIN PARA LA PAZ Garantas para la participacin vinculante de los pueblos indgenas y comunidades afro y campesinas en la construccin

de una poltica pblica de comunicacin y tecnologas de la informacin y las comunicaciones en Colombia pluritnica ymulticultural.

Garantas para la ruta de retroalimentacin e implementacin de los lineamientos de la Poltica Pblica de Comunicacinde los Pueblos Indgenas entre las organizaciones indgenas.

Garantizar integralmente los espacios, escenarios, rutas de trabajo, mecanismos que puedan contemplarse alrededor dela construccin y puesta en marcha de un sistema nacional de comunicacin para la reforma agraria integral y el buenvivir.

Se conserve, ample y garantice los medios de comunicacin alternativa como las radios comunitarias y tv comunitariasque se encuentran en zonas rurales del pas, un inventario en detalle que d cuenta del estado y las necesidadesexistentes.

La constitucin de un Observatorio Nacional sobre Informacin Rural con participacin de universidades y sociedad civil. Fortalecimiento de una red nacional rural y urbana de medios alternativos de comunicacin

El acceso a la produccin, realizacin y difusin de contenidos propios de la Cumbre Agraria en canales de radio, tv,prensa y medios digitales del orden pblico nacional que garanticen a nuestras comunidades libertad de expresin einformacin de manera permanente y autnoma.

No privatizacin del espectro electromagntico y acceso gratuito para medios alternativos y comunitarios. Exoneracin de los impuestos de SAYCO y ACINPRO para medios alternativos y comunitarios. Garanta para la ruta de retroalimentacin de los lineamientos de la Poltica Pblica de Comunicacin entre las

organizaciones Indgenas. Apropiacin del 4% de FonTIC, para ser invertido en programas y proyectos comunicativos de los Pueblos Indgenas, los


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cuales deben ser concertados con los Pueblos. Creacin de un fondo especfico, del FONTV, para garantizar acceso y participacin en canales regionales y otros

canales propios.6. RELACIN CAMPO-CIUDAD

La configuracin actual de la relacin ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social.La tradicional distincin entre la ciudad y el campo ha generado grandes problemticas sociales y econmicas donde se puede

evidenciar la relacin de subordinacin del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindiblesentre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a travs de nuevos modelos alternativos deconstruccin territorial.

Por lo anterior, exigimos:

La proteccin de todas las fuentes de agua del pas, en especial de aquellas que abastecen del lquido a las grandesciudades y a las zonas de produccin agrcola. Exigimos el manejo pblico estatal y comunitario del agua y el desmontede los megaproyectos que amenazan las fuentes hdricas, su pureza y distribucin. Exigimos que el estado garantice lafinanciacin y administracin de los acueductos comunitarios.

La cobertura universal de los servicios pblicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonacin delas deudas contradas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia. . Exigimos el acceso al mnimo vital de aguapotable, como un derecho al acceso universal que est reconocido en las normas nacionales e internacionales.

Una nueva tabla de tarifas de servicios pblicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de partedel Estado y sin los costos de especulacin de la intermediacin financiera ni tampoco el costo o tarifa fija.

Frenar la privatizacin de las empresas prestadoras de servicios pblicos y reversin responsable y progresiva delcomponente accionario privado de las empresas en manos de propietarios privados y multinacionales de los serviciospblicos. Y avanzar hacia el manejo pblico estatal de la distribucin, comercializacin, generacin y transmisin de losservicios pblicos a travs del fortalecimiento pblico de la Empresa de servicios pblicos.

Exigimos la derogacin del Artculo 365 de la Constitucin Poltica de Colombia y elDecreto 2246 de 2012 Por el cual sereglamenta el artculo21de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones, y se consolida la privatizacin de losacueductos municipales, distritos y departamentos. Y construir de manera conjunta y concertada una ley que promueva ElAGUA y el servicio pblico de Acueducto y Alcantarillado como un bien pblico que debe ser manejado directamente porel estado

En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las reas rurales y municipios que lasabastecen de alimentos que garanticen, a los pequeos cultivadores de las zonas rurales, facilidades para sacar losproductos del campo y su comercializacin en las zonas urbanas. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulacinde las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos indgenas yterritorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las economas campesinas, en el marco de acuerdosregionales de soberana alimentaria y, si se requiere, mediante asociacin de municipios (como est previsto en laConstitucin Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y economa propia; en ese sentido,es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares y mercados campesinos por parte del Estado.

Exigimos el mejoramiento de vas terrestres de comunicacin secundaria y terciaria para el pleno ejercicio delabastecimiento campo-ciudad. La cual debe ser concertada directamente con las comunidades rurales impactadas y quehabiten alrededor de estas obras civiles.

Redefinicin de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas ms altas para grandes propietarios y ms bajas parapequeos propietarios, pero en todo caso se permita a las comunidades conocer con anticipacin la destinacin de losdineros recolectados con esos impuestos.

El Impulso, difusin y no persecucin del arte grfico como el grafiti, el mural, el diseo, entre otras. Demandamos garantas de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los

desplazamientos, ya sea por motivos de la violencia o de la construccin de megaproyectos. De igual forma, exigimos quese brinden todas las garantas para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado elreconocimiento de las problemticas urbanas que surge de modelos de despojo del sector rural.

Exigimos el control inmediato a la expansin descontrolada y a la densificacin en favor de la especulacin financiera en


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las ciudades, especialmente cuando dichos procesos ponen en riesgo nuestra estructura ecolgica principal en los bordesde las ciudades. Y la legalizacin de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.

Transformacin del modelo de movilidad urbana que frene la privatizacin del transporte pblico y se base en lamultimodalidad que d garantas de calidad, accesibilidad y financiacin adecuada por parte del Estado, con reduccin detarifas del servicio, incluyendo la implementacin de planes para la movilidad alternativa.

Exigimos la construccin de una poltica articulada de defensa de los humedales en las ciudades que vincule e iguale por

lo alto la proteccin de las fuentes hdricas y los micro-ecosistemas atendiendo a los mltiples mandatos judiciales alrespecto, en donde se reconozcan como estratgicos los espejos de agua as como las zonas de manejo y preservacinambiental (ZMPA) de estos espacios, que fortalezca los controles en contra de las construcciones en las zonas deinfluencia de los humedales y cuerpos de agua, que recupere como espacios pblicos las rondas y ZMPAs de lasquebradas y los ros, los renaturalice y atienda en la delimitacin de rondas y ZMPAs las realidades orogrficas ehidrogrficas de cada cuerpo para evitar desplazamientos innecesarios.

Generar y desarrollar mecanismos eficaces de participacin ciudadana en el diagnstico, formulacin, ejecucin, vigilanciay control de las polticas, los planes, programas y proyectos que conforman el ordenamiento territorial de la ciudad, losplanes de desarrollo locales y distrital y en general todas las actuaciones pblicas, fomentadas, garantizadas y financiadasadecuadamente por el Estado respetando la independencia de los procesos comunitarios.

Realizacin, con compromiso del gobierno, de un Congreso Nacional de Vivienda amplio e incluyente, que tenga encuenta las exigencias e iniciativas de quienes no tienen vivienda digna, con el objetivo de construir una nueva ley de

vivienda que permita solucionar el gran dficit de todos los estratos del pas, bajo el modelo de autoconstruccin dirigida. El desmonte de la especulacin financiera y uso de suelo controlado por el mercado. La legalizacin de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.

Participacin:

Instalacin de una mesa distrital de negociacin del pliego presentado por la coordinadora distrital social y sindicalradicado el 25 de febrero de 2016 (1-2016-8227)

7. ACUERDOS INCUMPLIDOSEn el marco del Acta de 13 de mayo de 2014 y el decreto 870 de 2014 se establecieron compromisos por parte delgobierno relacionados con los puntos de aclimatacin y confianza y la discusin del pliego de 8 puntos, respectivamente.A continuacin relacionamos los incumplimientos:

Ausencia total de respuesta del gobierno a las propuestas polticas presentadas por la Cumbre Agraria en los puntos:Economa Propia, Minera-energa y ruralidad, y Cultivos de uso ilcito.

Incumplimiento del Principio de Anualidad contemplado en el decreto 870 de 2014 para la financiacin estatal deproyectos productivos de economas propias, de infraestructura agropecuaria y de fortalecimiento organizativo.

El 83.5% de los 250 mil millones para proyectos productivos con cargo a la vigencia fiscal del 2014, no han sidodesembolsados.

Los recursos de las vigencias fiscales 2015 y 2016 para proyectos productivos estn pendientes de asignacin en sutotalidad.

Incumplimiento de los compromisos de adjudicacin de tierras en el marco de los acuerdos entre Cumbre Agraria,INCODER y la Agencia Nacional de Tierras.

No disponibilidad presupuestal por valor de 240 mil millones de pesos para 30 proyectos de infraestructura rural. No aplicacin del Manual especial para los proyectos de fortalecimiento de economas propias acordado con el Ministeriode Agricultura y Desarrollo Social.

Implementacin del Pargrafo 3 artculo 5 ley 1753 -2014 Plan nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Concertacin de un plan de redistribucin de los recursos del Presupuesto General de la Nacin para que seanejecutados durante la vigencia 2016. Este Plan se realizar segn lo acordado con el Gobierno Nacional, en cabeza delDNP para el cumplimiento de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, es decir, $1 billn en 2015 y $1.5billones en 2016. Este Plan de redistribucin se realizar con base en la propuesta presentada por los Pueblos Indgenas.

Los pueblos y comunidades indgenas exigen que las entidades del Gobierno Nacional diseen, estructuren y concierten


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proyectos de inversin especficos para el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco del PND 2014-2018. Estosproyectos apropiaran los recursos especficos para la vigencia fiscal 2017, y harn parte del proyecto de Ley dePresupuesto que el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico radicar ante el Congreso de la Repblica en el mes de juliode 2016. En el marco de la minga se priorizaran los temas, sectores y nmero de proyectos de inversin a incluir. ElGobierno Nacional se compromete a incluir en la Ley del Presupuesto General de la Nacin y dar continuidad a dichosproyectos en la vigencia 2018. Asimismo, se incluirn los que se concierten en el marco de la MPC en cumplimiento de la

Ley 1753 de 2015, en su artculo 115. Veracidad sobre asignacin y ejecucin de los recursos destinados para lospueblos indgenas en el marco del PND 2014-2018. Se exige la entrega anual de una base de datos debidamentediligenciada con toda la informacin sobre los recursos del Presupuesto General de la Nacin (PGN) cuyo destino nicosea el cumplimiento de los 191 acuerdos suscritos en el marco del PND 2014-2018, con el propsito de tener claridadsobre la asignacin y ejecucin efectiva, concreta y especfica de dichos recursos. Esta informacin ser entregada a lasorganizaciones indgenas a travs de la secretaria tcnica indgena de la MPC cada ao.

En documento adjunto, se presenta un balance ms detallado.

pliego de exigencias cumbre agraria, campesina, Étnica y popular

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