En Venezuela, se han elaborado nueve (09) planes de desarrollo

económico y social, sin ningún tipo de continuidad entre uno y otro. Al

inicio de cada período de gobierno se cumplía con el formalismo de

elaborar un nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social, cuyas

orientaciones se abandonaban, incluso, mucho antes de concluir el

período constitucional correspondiente. No existieron tampoco,

orientaciones de desarrollo de más largo plazo, que en términos de un

proyecto de país cumplieran con el doble propósito de ser un marco de

referencia para orientar y dimensionar los contenidos de los planes de

mediano plazo y ser marco de referencia para definir las políticas de

desarrollo de largo alcance, cuya continuidad debe mantenerse por varios

períodos gubernamentales, como único medio para asegurar los objetivos

de cambios asociados con el país desarrollado a que todos aspiramos.

Como respuesta a la llamada “Agenda Venezuela”, que no dio

resultados esperados por cuanto, la situación económica que vivía el país,

con una disminución de los recursos fiscales y aumento irreversible de la

inflación , presentando un panorama desfavorable para las condiciones de

vida de la población, salió a la luz la Agenda Alternativa Bolivariana, un

conjunto de líneas estratégicas con un grado de concreción bastante

avanzado, que permitió desde su plataforma, elaborar en 1998 el

Programa de Gobierno: “La Propuesta de Hugo Chávez para Transformar

a Venezuela”.

En ese documento, se propuso enfrentar la crisis política y

económica en dos grandes momentos: La transición o período de los

Equilibrios en el mediano plazo (7 a 10 años) y la Construcción del

Socialismo (a largo plazo), todo lo cual pasaba por la toma del poder

político.

Por lo tanto, desde el año 1999, con la llegada de Hugo Rafael

Chávez Frías a la presidencia de Venezuela, se comienzan a plantear

líneas con la finalidad de direcciónar los esfuerzos para producir cambios

estructurales en la manera de ver el Estado; las cuales quedaron

plasmadas en el “Programa Económico de Transición 1999-2000”, de

junio 1999, el “Programa Económico 2000” de marzo 2000 y el “Programa

de Gobierno: La propuesta de Hugo Chávez para continuar la Revolución”

de mayo 2000.”

En un primer momento, entre el 1998 y el 2001, se reportó mejoría

en el Producto Interno Bruto (PIB), que comienza a incrementarse

gradualmente hasta alcanzar un crecimiento positivo al cierre del 2001.

Paralelamente, se presenta el Plan de Desarrollo Económico y Social del

País 2001-2007, considerado el primero de la Revolución Bolivariana, y

que se define a si mismo como un instrumento en el que se consolidan

“...las bases principistas y políticas para la interacción dinámica del

crecimiento económico sostenido, las efectivas oportunidades y

equidades sociales, la dinámica territorial y ambiental sustentables, la

ampliación de las oportunidades ciudadanas y la diversificación multipolar

de las relaciones internacionales.”

Este plan, se desarrolló estableciendo como principio el alcance de

cinco (05) Equilibrios, a saber:

Económico, que tiene como objetivo fundamental desarrollar la

Economía Productiva, mediante la diversificación productiva que

permita que el ingreso nacional no dependa únicamente de la renta

petrolera.

Social: en aras de alcanzar la justicia social, para lo cual, se

establecieron estrategias orientadas a la incorporación progresiva de

los ciudadanos (inclusión).

Político, para construir la democracia bolivariana, líneas que se

sustentan en el interés de propiciar la participación protagónica y

corresponsable en el que hacer político de la nación.

Territorial para ocupar y consolidar el territorio, que se propone

estrategias orientadas a la descentralización desconcentrada.

Internacional para fortalecer la soberanía nacional y promover un

mundo multipolar, mediante la pluralización.

En el período que va de finales del 2001 al primer trimestre del

2003 se produce el derrumbamiento de los indicadores macroeconómicos

como consecuencia del golpe de estado en abril del 2002, el primer paro

empresarial en diciembre del 2001 y el sabotaje a la industria petrolera

llevado a cabo entre los meses finales del 2002 y el primer trimestre del

2003.

En ese sentido, Fernando Travieso, economista y analista experto

en la materia, manifiesta sobre el sabotaje a la industria petrolera que: "El

paro en si mismo fue nefasto, pero permitió un nuevo modelo

redistributivo y solidificar las participación fiscal dominante del Estado

venezolano en la administración de la principal renta que recibe el país"; y

eso es así, porque al superar el episodio de paralización de las

operaciones de PDVSA, se pudo disponer de la renta petrolera para

financiar programas sociales tendientes a consolidar el naciente proyecto

político.

Para el año 2007, final del este período presidencial, el presidente

Hugo Chávez lanzó los cinco (05) motores de la Revolución, lo cual

podemos interpretar como un movimiento táctico para acelerar y

profundizar aspectos del proceso iniciados con las líneas del Plan de

Desarrollo Económico y Social del País 2001-2007, y que quedaron

enunciados del siguiente modo:

Primer Motor: Ley Habilitante como vía directa al socialismo.

Segundo Motor: Reforma Constitucional para consolidar un estado

de derecho socialista.

Tercer Motor: Educación con valores socialistas que persigue como

fin preparar a la población para que sea capaz de asumir de forma

responsable su papel como agente de cambio social.

Cuarto Motor: La nueva Geometría del Poder que permita ir

definiendo la forma en que será distribuido y manejado el Poder

Público a lo largo de todo el territorio.

Quinto Motor: Explosión del Poder Popular que propone avanzar al

máximo en el desmontaje de las estructuras burocráticas

gubernamentales y la instauración de la participación ciudadana.

Aún cuando, no se admitieron los cambios solicitados para

reformar la Constitución de la República, se concretó la aprobación de la

Ley Habilitante, que permitió avanzar en la transformación del marco

normativo que regula las actuaciones del Estado y apoyar la gestión

presidencial con la puesta en marcha misiones como: Ribas, Robinson,

Sonrisa, Sucre, Identidad, Guaicaipuro, Negra Hipólita,. Alimentación,

Barrio Adentro, Ciencia, entre otras.

Para dar continuidad a las acciones emprendidas con el Plan de

Desarrollo Económico y Social del País 2001-2007, para las elecciones

Presidenciales del 2007, el presidente y candidato Hugo Chávez presentó

un documento donde exponía las líneas a seguir en una nueva etapa de

su Plan de gobierno, conocido como Proyecto Nacional Simón Bolìvar

2007-2013.

Allí se plantearon, siete (07) Directrices, a saber:

Nueva Ética Socialista, que expresa la necesidad de adaptar al

estado a los nuevos tiempos, transformándo radicalmente los

principios capitalistas al socialista.

La Suprema Felicidad Social, que propone la inclusión económica y

social orientada hacia el socialismo.

Democracia Protagónica Revolucionara, que refleja la necesidad de

que el pueblo se organice para saltar del estrecho espacio individual al

inmenso colectivo, convirtiéndose en protagonista de las decisiones

públicas que lo afecten de una u otra manera.

Modelo Productivo Socialista, enfocado en la satisfacción de la

necesidades, en atención a las potencialidades de cada región

mediante el desarrollo de un modelo regido por la empresa de control

social que no respondan a una estructura de trabajo sino a la igualdad

participativa y protagónica.

Nueva Geopolítica Nacional, donde se establecen o inician las bases

firmes para la transición hacia una nueva organización socio territorial

y coherente con el socialismo del siglo XXI.

Venezuela: Potencia Energética Mundial, que propone como

estrategia aprovechar la riqueza petrolera en aras de percibir la mayor

renta posible, consiguiendo alianzas estratégicas para ello, sin

descuidar nuestra soberanía sobre el petróleo y desarrollando

proyectos ambientalmente sustentables.

Nueva Geopolítica Internacional, orientada a fortalecer la soberanía

nacional sin dejar olvidado la defensa de los derechos humanos y del

ambiente, teniendo como norte la búsqueda de un mundo multipolar.

Durante esta gestión, se plantéo la política de las 3R

Revolucionarias (Revisión, Rectificación y Reimpulso) y al mismo tiempo

reimpulsa la creación de nuevas leyes (de carácter orgánicas) para

blindar el desarrollo de la base fundamental del socialismo bolivariano: El

Poder Popular y el Estado Comunal, así como la garantía de los derechos

fundamentales del pueblo y la construcción de las nuevas relaciones

sociales de producción y distribución socialistas.

Finalmente, como propuesta del programa electoral para el período

2013-2019; el presidente y candidato Hugo Chávez presenta el Segundo

Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar que representa la etapa de

transición hacia el socialismo bolivariano del sigo XXI, contempla cinco

(05) objetivos históricos, veintitrés (23) objetivos nacionales, ciento

veintinueve (129) objetivos estratégicos y quinientos treinta y seis (536)

objetivos generales

No obstante, debido a que acaeció el fallecimiento del presidente

Hugo Chávez, en ocasión del nuevo proceso electoral del que resultó

electo el ciudadano Nicolás Maduro, quien modificó el Plan de Gobierno

manteniendo en esencia la transición hacia el socialismo venezolano.

De este modo, luego de ser electo como presente para el período

2013-2019, el ciudadano Nicolás Maduro, presentó ante la Asamblea

Nacional, su proyecto de gestión, que guarda relación con los postulados

del Plan de la Patria elaborado por Hugo Rafael Chávez Frías, pero

adaptado a las nuevas realidades de los contextos económico, político y

social.

Luego de la reseña que hemos efectuado al devenir venezolano,

desde la llegada del nuevo modelo político/económico a partir de 1999, a

los efectos de este trabajo, decidimos abordar el objetivo estratégico

número 1, ya que el mismo se relaciona con la consolidación de nuestra

independencia, y describe un conjunto de objetivos nacionales y

estratégicos en el orden político, económico social y cultural, cuyo alcance

busca sentar las bases de la irreversibilidad de la soberanía nacional.

El Objetivo N° 1, esta enunciado de la siguiente forma: “Defender,

expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado

después de 200 años: la Independencia Nacional”, y tiene varios objetivos

nacionales, que expresan las líneas de acción a seguir para concretarlo.

Específicamente el Objetivo Nacional 1.3. Garantizar el manejo

soberano del ingreso nacional, propone, entre otras estrategias “1.3.10

Mejorar y promover la eficiencia de la gestión fiscal del sector público para

generar mayor transparencia y confiabilidad sobre el impacto económico y

social de la política fiscal”, que para el Sector Ciencia y Tecnología

propone como política: “ 60. Garantizar el acceso oportuno y uso

adecuado de las telecomunicaciones y tecnologías de información, así

como la creación de una nueva cultura Científica- Tecnológica orientada

para alcanzar la Soberanía Plena.” para lo cual se diseñaron los

siguientes programas:

Garantizar las condiciones que permitan a las comunidades,

instituciones y organizaciones en el territorio nacional el acceso

oportuno, uso adecuado y creación de infraestructura en

telecomunicaciones y tecnologías de información, que permita la

comunicación oportuna y ética a fin de contribuir con la satisfacción de

las necesidades sociales, mediante la generación y difusión de los

contenidos basados en valores nacionales multiétnicos y

pluriculturales.

Desarrollar una actividad científica, tecnológica, y de innovación

asociada directamente al tejido socioproductivo nacional, que permita

la construcción de las condiciones necesarias para la consecución de

la soberanía económica e independencia tecnológica, como requisito

indispensable para la satisfacción de las necesidades sociales.

Fortalecer y orientar la actividad científica, tecnológica, de innovación

y sus aplicaciones hacia las áreas estratégicas definidas como

prioritarias para el Estado, que permita el aprovechamiento de las

potencialidades y capacidades nacionales para el desarrollo

sustentable y la satisfacción de las necesidades sociales.

Impulsar espacios de integración regional en América Latina y el

Caribe, el cambio en la medición internacional de ciencia, tecnología e

innovación.

En retrospectiva, a criterio de las autoras, a partir de la

promulgación de la reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e

Innovación que tuvo lugar en el año 2005, publicada en la Gaceta Oficial

N° 38.242 de fecha 3 de agosto de 2005, se comenzó a avanzar en torno

a este tema, en virtud que, se comenzó a promover, estimular y fomentar

la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la

transferencia e innovación tecnológica, a los fines de promover la

capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento e

impulsar el desarrollo nacional.

Para ese momento, se sentaron varios precedentes en Venezuela,

por una parte después de mucho tiempo aparece como política de estado

la creación del Plan Estratégico en materia de Ciencia, titulado: Plan

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: construyendo un futuro

sustentable, Venezuela 2005-2030, como un documento que define

fundamentalmente cuál es el rol que la ciencia y la tecnología juega en la

consecución de una sociedad más democrática, participativa, justa y con

mayor calidad de vida, y pretende señalar el camino para alcanzar

resultados principalmente en tres áreas: - la independencia científica

tecnológica, - la creación de capacidades nacionales propias que

permitan alcanzar la independencia científica tecnológica, y - la inclusión

social, es decir, que los resultados y los productos de la ciencia y la

tecnología reporten soluciones a las necesidades del pueblo.

Por otra parte, de manera novedosa instituye la obligación del

aporte de las personas jurídicas, públicas o privadas que realicen alguna

actividad económica en el territorio nacional, como medio de promoción

de la Responsabilidad Social para hacer ciencia pertinente que contribuya

a resolver los problemas más importantes del país, creando una

alternativa de financiamiento no sólo para investigadores consolidados,

sino dando apertura a todos aquellos actores interesados en participar en

los procesos de implementación de programas desconcentrados ideados

por el ente rector en materia de ciencia, tecnología e innovación para

generar impacto en el desarrollo local endógeno mediante la

conformación de alianzas y redes que impulsen la construcción de

cadenas productivas, que redunden en la mejor utilización de los recursos

financieros disponibles en beneficio del interés común.

Una iniciativa de este tipo implicaba desplegar todo un arsenal de

recursos institucionales, técnicos, financieros y humanos comprometidos

con el nuevo modelo de ciencia para su eficiente ejecución, a los fines de

combatir los problemas asociados a la burocratización, resistencias

políticas, conflictos de intereses y de fomentar el modelo revolucionario

de la búsqueda de una ciencia y tecnología socialmente pertinente.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados los resultados

obtenidos no se acercaron a lo que el Ministerio del Poder Popular para la

Ciencia, Tecnología e Innovación esperaba, por lo que se sucedieron

acciones que decantaron en la reforma de la Ley, la cual fue aprobada y

publicada en el 16 de diciembre del 2010, en la Gaceta Oficial Nº 39.575.

Al respecto, la comunidad científica se pronunció, porque la

reforma del 2010 representa, de cierto modo, un retorno a la

centralización de los recursos, sin embargo, es consciente que algunas de

las fallas que originaron la reforma de la Ley, fueron:

1) las empresas utilizaron más del 90% de los recursos

establecidos en la ley en proyectos internos no relacionados a ciencia,

tecnología e innovación; y 2) muchos proyectos de investigación

propuestos para recibir financiamiento directo de las empresas no tenían

alto valor científico. En relación al primer punto, las empresas utilizaron de

manera inapropiada las oportunidades dadas por la ley y el MCTII no

ejerció la debida fiscalización. En cuanto al segundo punto, se

presentaron proyectos con poco valor científico-técnico que fueron

financiados directamente por empresas de limitada o nula capacidad

técnica para evaluarlos, ante la ausencia total de fiscalización por parte

del MCTII. Mucha de la responsabilidad del fracaso pareciese recaer en el

MCTII, no en la LOCTI 2005. (Bonalde I., Mayo 2011)

A la luz de este nuevo escenario, se hace necesaria la adopción de

medidas concretas y sistemáticas que acompañen de cerca el nuevo

modelo de desarrollo propuesto, mediante el aprovechamiento mesurado

y eficiente de la infraestructura y el capital humano acumulado, para

atender las generalidades del proceso sin dejar de lado las capacidades

propias y las realidades particulares de todos los actores que al ver

incorporado el resultado de su esfuerzo velaran por asegurar el éxito de

esta nueva visión.

Lo que se expuso anteriormente, de manera implícita contiene la

obligación de desconcentrar en los actores con responsabilidad en el

desarrollo local, regional y nacional algunas de las competencias que

hasta ahora se encuentran centralizadas en el órgano rector en materia

de Ciencia, para que éste pueda dedicarse a generar indicadores de

impacto que le permitan intervenir oportunamente en el establecimiento

de directrices que traspasen la mera generación de documentos y se

oriente a la articulación de esfuerzos del sector público nacional en aras

del crecimiento no sólo económico, sino político y cultural.

Como esfuerzo de seguir dando coherencia con el Plan de la

Patria recientemente se realizó la promulgación de una nueva reforma a

la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la Gaceta

Oficial N° 6.151 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014, fue

publicado el Decreto N° 1.411; y más recientemente se concretó la fusión

de los Ministerios de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología.

No Obstante, en dicha reforma se establece que el Fondo Nacional

para la Ciencia, Tecnología e Innovación (FONAC!T), será el ente adscrito

a la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia,

tecnología, Innovación y sus aplicaciones, quien es el responsable de la

administración, recaudación, control, fiscalización, verificación y

determinación cuantitativa y cualitativa de los aportes para ciencia,

tecnología, Innovación y sus aplicaciones. Del mismo modo debe velar

por su adecuada ejecución y seguimiento, sin perjuicio de las atribuciones

conferidas a otros órganos o entes adscritos.

Ahora bien, tomando en cuenta el objetivo 1.3.10. que cita lo

siguiente: Mejorar y promover la eficiencia de la gestión fiscal del sector

público para generar mayor transparencia y confiabilidad sobre el impacto

económico y social de la política fiscal, lo referimos a la creación de la Ley

Orgánica de ciencia, Tecnología e Innovación aprobada en Gaceta Oficial

N°39.575 del 16 de diciembre de 2010 (LOCTI) y su Reglamento que

tiene por objeto regular y establecer los lineamientos, mecanismos,

modalidades y formas en lo relativo a los aportes a la Ciencia, Tecnología,

Innovación y sus aplicaciones; al financiamiento de actividades con dichos

aportes, así como sus resultados; y a la ética en la investigación,

Tecnología e Innovación

Para finalizar y dar una reflexión sobre el objetivo 1.3.10. que

expone sobre: “Mejorar y promover la eficiencia de la gestión fiscal del

sector público para generar mayor transparencia y confiabilidad sobre el

impacto económico y social de la política fiscal” En la actualidad el

FONACIT cuenta con la Gerencia de Recaudación y Fiscalización de los

aportes que los contribuyentes (Empresas) efectúan. En el marco de la

LOCTI las grandes empresas están en la obligación de hacer aportes y/o

inversiones para el fomento y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la

innovación en Venezuela. Es por ello la necesidad del estado de

incrementar la recaudación en dicho tributo a través de un proceso de

fiscalización que disminuya el costo y el tiempo aplicado en el mismo, y

esté focalizado hacia un solo elemento de la base imponible que garantice

el allanamiento total por parte del contribuyente.

REFERENCIAS

http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/Plan-de-la-

Naci%C3%B3n-2001-2007.pdf

http://gobiernoenlinea.gob.ve/home/archivos/PLAN-DE-LA-PATRIA-2013-

2019.pdf

http://www.mppp.gob.ve/wp-

content/uploads/2013/10/Cronolog%C3%ADa-Proceso-Bolivariano-1999-

2011.pdf

http://es.slideshare.net/controldelagestionpublica/proyecto-nacional-simn-

bolivar-2007-2013

http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/10/12-Lineas-

Estrategicas.pdf

http://es.slideshare.net/rgcordido/anlisis-plan-nacional-simn-bolvar-

14445377

http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politica/chavez-logro-el-

control-absoluto-de-la-economia-tr.aspx

http://www.aporrea.org/ideologia/a29588.html

http://www.codigovenezuela.com/2011/05/ciencia/escribe-ismardo-

bonalde-%C2%BFque-esta-mal-la-locti-o-el-mctii

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. 2010.

Reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. 2014

Ley del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.(FONACIT).

1984.