percepción de amenezas

Percepciones de la amenaza a laseguridad nacional de los pases andinos:regionalizacin del conflicto colombiano

y narcotrfico

Adrin Bonilla*

Introduccin

E l Ecuador ha visto desfilar seis personas por su silln presidencial en los l-timos cinco aos. Per se encuentra en transicin hacia un escenario que noanuncia estabilidad inmediata luego de uno de los autoritarismos ms arbitrariosen la historia de la regin, Bolivia tiene su economa en emergencia y enfrentagraves problemas de movilizacin social y, finalmente, Venezuela est goberna-da por un ex oficial del ejrcito que lider un golpe de Estado. En este contextose visualiza la aproximacin estadounidense hacia Colombia, que vive en un es-tado de violencia que amenaza a todos los pases de la regin.

El propsito de este trabajo es sistematizar algunos hechos que permitan com-prender la diferencia de las agendas de seguridad de los pases respecto de la deEstados Unidos hacia la regin.

En primer lugar se examina la poltica exterior de los Estados Unidos hacia laregin andina, bsicamente alrededor del tema del narcotrfico, y se encuentraque ella, a pesar de la retrica multilateral, slo puede ejecutarse a travs de dis-positivos bilaterales. La seguritizacin del combate al trfico de drogas ha fraca-sado como estrategia, pero adems esa poltica puede ser una amenaza a la esta-bilidad de la regin y a la seguridad de los pases andinos.

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* Subdirector de FLACSO-Ecuador y coordinador del programa en Relaciones Internacionales.Doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami (tesis defendida en 1994). Hapublicado cinco libros y numerosos artculos y captulos de sobre temas polticos e internacionalesem Amrica Latina, Estados Unidos y Europa.

Luego se analiza el conflicto colombiano y su impacto en la seguridad de lospases vecinos que discriminan entre el tpico del narcotrfico y el reto que im-plica la masiva ayuda militar de Washington, as como por la estrategia estadou-nidense, compartida con el gobierno de Bogot, de regionalizar el problema. Eltrabajo identifica las potenciales amenazas a la seguridad de los estados naciona-les andinos.

Finalmente, se reflexiona sobre las posibilidades de una solucin militar alconflicto colombiano, para concluir que ello es improbable, pero que una estrate-gia en esa direccin no slo agudizara el conflicto interno, sino que construiralas bases de su expansin a otros pases.

Poltica exterior estadounidense y regin andinaLa poltica exterior de los pases andinos procesa los temas que aluden a los

Estados Unidos en un contexto que se caracteriza por la globalizacin como di-nmica global, la asimetra en trminos de la influencia econmica y poltica,procesos de integracin regional inconclusos, y un nuevo escenario internacionalproducto del fin de la Guerra Fra.

El sistema interamericano se rearticula. Los intereses de seguridad nacionalestadounidenses concebidos en trminos realistas para prevenir la presencia so-vitica en el Hemisferio, que condicionaban el conjunto de la agenda, dejan pasoa temas ms allegados a los valores y a la sociedad civil. Sin embargo, la inerciade la racionalidad de la seguridad nacional sigue pesando en la construccin determas especiales como el narcotrfico, el terrorismo o la delincuencia internacio-nal. El sistema de defensa interamericano entra en receso y se impone una visinque tiende a la disminucin de la importancia de los temas de defensa, que des-cubre nuevos roles para las fuerzas armadas, que presiona por la disminucin depresupuestos.

En estas circunstancias, salvo el caso de pases que mantienen relaciones es-peciales con los Estados Unidos, para la mayora de Estados latinoamericanos elprocesamiento de la poltica exterior estadounidense es reactivo, y ste ha sido elcaso de los pases andinos. Es decir, la agenda normalmente se construye alrede-dor de los intereses, las iniciativas y las polticas de la parte ms fuerte de la re-lacin, quedando como estrategias locales la posibilidad de vincular temas quepermitan ganar espacios en mbitos distintos de inters latinoamericano.

Dos consecuencias centrales del entorno, entonces, identifican el escenario endonde operan las polticas exteriores andinas: vulnerabilidad y debilidad, comoconsecuencia de un entorno internacional fuera del control poltico de los estadosde la regin y de la crisis poltica y econmica de los ltimos aos.

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Amrica Latina y el (des)orden global neoliberal

La agenda estadounidense para Amrica Latina puede resumirse alrededorde los siguientes temas1

Democracia, que supone bsicamente la eleccin de gobiernos civiles en con-diciones de competencia, y la vigencia de un ncleo mnimo de derechos huma-nos relativos a los derechos y garantas de las personas. Aquellos llamados de pri-mera generacin. Supondra tambin combate a la corrupcin, al narcotrfico y ala delincuencia internacional.

Liberalizacin, que implica la construccin de un espacio que permita el flu-jo de bienes y servicios, con excepcin de la fuerza de trabajo, y la adecuacin delas legislaciones con el propsito de crear economas desprotegidas.

Comercio exterior y desarrollo sostenible: los Estados Unidos proponen lacreacin de una zona de libre comercio desde Alaska a Tierra del Fuego. En Mia-mi, en 1994, se defini el 2005 como la fecha de iniciacin de ese sistema que esconcebido a imagen y semejanza de NAFTA2.

Una de las caractersticas de la agenda estadounidense es que su procesamien-to poltico es vinculante. Es decir, que los temas de comercio, por ejemplo, estnligados a los temas polticos3. Es difcil pensar, por ello, en la posibilidad de ungobierno autoritario con excelentes relaciones comerciales con los Estados Uni-dos. Al contrario, aquellos puntos que eventualmente son prioritarios para los pa-ses latinoamericanos estn condicionados por las percepciones polticas estadou-nidenses.

Todos estos temas de los Estados Unidos se representan tambin para la re-gin andina, pero aqu aparecen con especial nfasis: los Estados Unidos priori-zan Narcotrfico y democracia.

El objetivo nacional estadounidense frente al narcotrfico es reducir la ofertade narcticos proveniente de las sociedades andinas. La estrategia para los pasesfuente est dirigida alrededor de la interdiccin, el control y la represin. La erra-dicacin, la desarticulacin de los carteles, el control del lavado de dinero. El nar-cotrfico es visto como un tema de seguridad nacional y esto implica el despla-zamiento de recursos militares y, adems, la lgica de priorizar ese tema por so-bre cualquier otro de la agenda.

Democracia es, frente a la regin andina, un problema de estabilidad con im-plicaciones para la seguridad. El caso venezolano es visto con sospecha ante laeventualidad de un gobierno hostil. Colombia se debate en guerra civil y los Es-tados Unidos han tomado partido en defensa del gobierno electo y autnomamen-te en contra de las organizaciones guerrilleras a las que acusan de narcotrafican-tes. La inestabilidad ecuatoriana ha sido dramtica y en Per han optado por de-jar de tolerar a un gobierno autoritario. Preocupa la cada econmica boliviana.

El conflicto colombiano est ligado a ambos puntos de la agenda. En el con-texto de la poltica exterior de los Estados Unidos, Plan Colombia y regionaliza-cin, es un problema inminente y real en su seguridad para todas las naciones an-

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dinas. Hay cinco riesgos: operacin de actores armados, migraciones y sociologi-zacin a la colombiana, desastre humanitario, desastre ecolgico y dispersin decultivos. Es en esta perspectiva un problema de seguridad nacional. Lo que se pro-tege es la paz. El bien ms alto. La poltica estadounidense de internacionaliza-cin, en ese sentido, es un riesgo a la seguridad de los vecinos. El objetivo de es-tas naciones es neutralizar ese riesgo, a sabiendas de que mucho peor para cual-quiera de ellas que el conflicto podra resultar la hostilidad de los Estados Unidos.

El narcotrfico tiene como punto en comn una misma agenda para la inter-locucin que es la estadounidense, pero al igual que el tema de la democracia,ofrece escenarios diametralmente distintos4. Para Bolivia, principalmente un pasproductor de hoja de coca, el tema supone decisiones que interpelan la polticasocial. Miles de personas trabajan en un cultivo que es legal y que, dado el valoragregado por la ilegalidad de sus derivados para el mercado del norte industriali-zado, no ha podido ser sustituido exitosamente5. Colombia, en donde se cultiva,refina y exporta, afronta problemas inmediatos derivados de la simbiosis entremltiples actores violentos, entre ellos agencias estatales, y la economa polticadel narcotrfico. Ecuador es un centro de trnsito y una estacin de lavado de di-nero. Per tambin tiene problemas de violencia relacionada al narcotrfico, es unpas cultivador y exportador. Venezuela puede ser un importante centro de lava-do de dinero.

La percepcin de los estados andinos, especialmente la que se ha generado enColombia, es que el narcotrfico no es un tema que pueda ser manejado desde lapoltica exterior o desde la simple capacidad del Estado. Se tratara ms bien deun problema global, que requiere polticas igualmente globales. La aproximacinrealista que acompaa a las prcticas de la estrategia antidrogas del departamen-to de estado focalizada en la interdiccin y el control, en este sentido, no puedeser eficaz porque supone capacidades que los Estados andinos particularmente notienen.

Ms all de eso, la salida que le queda a esta estrategia es militarizar la pol-tica antidrogas, y esto supone efectos distorsionadores en los escenarios socialesy polticos andinos, pero tambin no cuenta con la reducida capacidad de las en-tidades de control locales, la confusin de misiones de las diferentes entidades deseguridad y la exposicin al riesgo de corrupcin y violencia a la institucionali-dad entera de las naciones andinas. Esto se ha anotado muy tempranamente6. Elproblema, sin embargo, radica en la implementacin de las polticas de coopera-cin, una vez que el actor poltico ms importante del escenario internacional ori-ginado alrededor del narcotrfico, Estados Unidos, ha optado por convertir a untema que podra ser de salud pblica en un tpico de seguridad nacional.

Esta percepcin, es necesario sealar, ha terminado siendo compartida por losEstados andinos. Finalmente alrededor de prcticas de subordinacin compla-ciente como la erradicacin en Bolivia, o consensuales como en el caso de Ecua-dor7, que ha cedido parte de su territorio y ha apoyado la poltica de Washington

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sin crtica mayor en los ltimos diez aos. Los gobiernos andinos han admitidoque el cultivo, refinacin y comercializacin de psicotrpicos son una amenaza asu propia seguridad. Puesta en perspectiva esta poltica, sin embargo, contieneuna reaccin frente a una amenaza mayor para la estabilidad gubernamental, lacontinuidad institucional y la presencia misma de esas naciones en su entorno in-ternacional, particularmente en el conjunto de normas e instituciones que consti-tuyen el sistema interamericano: la potencial hostilidad de los Estados Unidos.

La posibilidad de divergir con las polticas antidrogas estadounidenses, y so-bre todo con su construccin del narcotrfico como un tema de seguridad nacio-nal, es lejana. Los costos polticos y econmicos que sufrira una nacin andina aladoptar una poltica contrahegemnica en este tema seran mucho ms altos quelos hipotticos beneficios en trminos de estabilidad o control de la violencia in-terna. Para los pases andinos mantener una relacin armnica con los EstadosUnidos es ms importante en trminos de su seguridad nacional que los propiosefectos de la Guerra de las Drogas. Estos antecedentes pueden servir para construirla hiptesis de que la amenaza potencial, clara, presente, inminente, a la seguridadandina, son los efectos de la poltica antinarcticos de los Estados Unidos.

Los problemas que el narcotrfico produce en cada sociedad son diferentes yeso vuelve difcil la elaboracin de una poltica exterior comn, ms all de la re-trica de la colaboracin. La forma en que el tema es procesado frente a los Es-tados Unidos es diferente en cada caso, de la misma manera que las polticas delos gobiernos frente a sus respectivas sociedades8.

Las polticas de seguridad en la regin andina separan en la agenda aquellostemas que se refieren a las drogas y a las conductas que todos los pases andinosdeben adoptar en una dinmica de complacencia con los Estados Unidos. El siste-ma de preferencias arancelarias, las potenciales sanciones comerciales, las repre-salias directas sobre la lite local (anulacin de visas, por ejemplo), han perfiladoconductas cooperativas con la estrategia antidrogas de Estados Unidos sobre la ba-se de la asimetra en la relacin9, pero esta estrategia que se inspira en una visinregional slo puede ejecutarse a travs de polticas de seguridad bilaterales.

Esta agenda comn, regional, que en realidad es una poltica global, tiene co-mo propsito generar regmenes internacionales cooperativos para fortalecer la in-terdiccin, destruir las organizaciones ilegales y arrestar a los narcotraficantes, ycontrolar las ganancias ilcitas. Varias reas de accin se derivan de esto: erradica-cin de cultivos, monitoreo de insumos y precursores para el procesamiento, me-jorar la cooperacin legal internacional, extradicin, etc., y prevenir el trfico1 0.

La agenda regional se confronta con la mecnica bilateral en los toscos pro-cedimientos de rendicin de cuentas. El ms importante de ellos polticamente, esel de la certificacin. Efectivamente cada pas es evaluado por separado alrede-dor del cumplimiento de tratados firmados igualmente por separado. De la mis-ma manera compartimentada se encuentran elaborados los presupuestos de coo-

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peracin contra el narcotrfico, de lo que se desprende finalmente que la polticase lleva por separado con cada pas.

El bilateralismo, por otra parte, es una consecuencia inevitable de la seguriti-zacin de la agenda del narcotrfico, ms an cuando no hay ningn rgimen deseguridad cooperativo en la regin, nada parecido a un comando conjunto de ejr-citos andinos. La aproximacin bilateral, de otro lado, implica que la agenda es-tadounidense que ha militarizado la lucha contra el narcotrfico inevitablementese imponga sin que haya retroalimentacin que la pueda modificar, a pesar de suevidente fracaso a lo largo de los ltimos veinte aos.

La militarizacin de la lucha antidrogas no slo ha disparado los escenariosmenos amigables para los derechos humanos en la regin andina en las ltimasdcadas, sino que ha erosionado los fundamentos mismos de la democracia comorgimen poltico en la regin, adems de ser una amenaza a la seguridad regionalde varios pases latinoamericanos11, pero sobre todo no ha alcanzado ni uno solode los objetivos estratgicos en trminos de desarticulacin del mercado de dro-gas ilegales. De hecho, mientras persista la aproximacin de seguridad, las pro-babilidades de xito de esa estrategia son poco probables.

Un enfoque distinto es el de la salud pblica. La lucha por el cambio de lossignificados de los psicotrpicos ilegales vistos como signos desde la seguridadhacia la salud es un inters latinoamericano, y puede ser parte de su agenda conlos Estados Unidos. La inversin en hospitales, centros sociales de tratamiento deadictos, prevencin, educacin en el lado de la demanda es vital para los pasesandinos. Esto significa, entre otras cosas, discriminar los usuarios por sus patro-nes de consumo y los efectos sociales del mismo, y discriminar las drogas por susefectos.

Acercarse al narcotrfico en esta direccin implica desatanizar las drogas e in-volucrar cierta racionalidad cientfica en el problema frente al orden de supersti-ciones sobre las que se erige la lgica del control, la interdiccin y la represin,y esto es un tema que puede vincularse en la agenda latinoamericana frente a losestados Unidos.

El conflicto violento en Colombia: implicaciones para lassociedades vecinas

El conflicto colombiano enlaza precisamente la imagen de la regin andinaconstruida en la formulacin de la estrategia estadounidense, y sirve de cataliza-dor de las distintas polticas exteriores de los pases andinos.

Para los pases limtrofes de Colombia, especialmente, el enfrentamiento en-tre guerrilleros, paramilitares y tropas regulares tiene implicaciones directas enlos procesos polticos domsticos, sobre todo a nivel regional, en zonas de fron-tera. A diferencia de lo que ocurre con la poltica exterior estadounidense, para

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Eliseo Vera K

ecuatorianos, venezolanos y panameos el narcotrfico es un teln de fondo de laviolencia que amenaza a sus propios pases, pero no es necesariamente el escena-rio principal ni el peligro a neutralizar en forma inmediata. El conflicto armados lo es, y sus implicaciones hacen de l una dinmica vinculada pero distinta a ladel narcotrfico.

La percepcin de la amenaza que genera Colombia en la regin andina pro-viene de una sociedad civil fragmentada y de un estado sin capacidad de controlsobre los actores polticos ni de ocupacin del territorio nacional. No se trata dela inseguridad generada por polticas agresivas o competitivas en un escenarioclsico realista. La violencia colombiana es un conflicto de la postguerra fra quedifcilmente admite la intermediacin cooperativa para los pases porque envuel-ve una amenaza presente y activa de distinta naturaleza y fuentes, dependiendode la regin y de los actores con los que se interrelaciona. Rebasa la percepcinde capacidad de los estados nacionales que les otorga la nocin de actores pree-minentes del sistema internacional e involucra a muy diversos actores polticossubnacionales de distintos pases: campesinos, militares, policas, empresarios,poblaciones de frontera, gobiernos locales, organizaciones de derechos humanos,contrabandistas, narcotraficantes, cultivadores ilegales, proveedores y comer-ciantes, para citar varios ejemplos de intereses que no necesariamente operan atravs de prcticas violentas pero que son interpeladas por ellas.

La estrategia del gobierno colombiano consiste precisamente en internaciona-lizar su conflicto, y en esto coincide con Washington. El Estado colombianoapuesta a convocar a la sociedad civil internacional y a los gobiernos aliados ba-jo el principio de corresponsabilidad, porque ha visualizado sus propios lmitesinstitucionales y sus capacidades 12.

La posicin colombiana, al menos desde el gobierno del presidente Gaviria,ha insistido en que el narcotrfico es un problema internacional. Colombia no tie-ne la capacidad de resolver este problema. Su preocupacin central, sin embargo,es la violencia en su propio pas ligada al narcotrfico. La visin colombiana delnarcotrfico es la de una amenaza transnacional a la seguridad, una expresin delcrimen organizado, que trasciende fronteras13. En este sentido su apreciacin escasi exacta a la que hacen los Estados Unidos. No es difcil entender la comple-mentariedad de ambas polticas exteriores para procesar este tema.

El gobierno colombiano ha buscado con el Presidente Pastrana internaciona-lizar el conflicto alrededor del respaldo de otros gobiernos para combatir dos fe-nmenos persistentes en la sociedad colombiana contempornea: el narcotrficoy la guerrilla. El combate al narcotrfico es el cebo con el que Pastrana ha logra-do respaldo militar estadounidense, y la aquiescencia ecuatoriana para desarrollaroperaciones antiguerrilleras. El argumento colombiano es que sus capacidades nobastan para tratar con estos asuntos.

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Colombia no puede sola. El reto al que nos enfrentamos como nacin y co-mo parte de la comunidad mundiales, quizs, el mayor desafo de nuestra his-toria (). Colombia atraviesa hoy por su ms difcil prueba y su futuro esten la cuerda floja por causa de la violencia y del narcotrfico. En Colombiavivimos un conflicto armado que nos desangra pero no una guerra civil ()Pero, lo que es ms grave, estos grupos subversivos se financian en muy bue-na parte con dineros provenientes de los narcotraficantes14.Los Etados Unidos, por su parte, apoyaron al Plan Colombia con mil trescien-

tos millones de dlares en una aproximacin tambin regional. De hecho el pa-quete de ayuda militar a Colombia se inscribe en la afirmacin de que ni Colom-bia ni sus vecinos pueden cargar solos el peso de la lucha contra el narcotrficoy en esta premisa, la de la internacionalizacin, se asienta tanto la estrategia cuan-to su encarnacin: el Plan Colombia15.

La ayuda se destina a mejorar la capacidad de accin del gobierno, tema al queen el Congreso se le aadi tambin el tpico de derechos humanos: para ello, laayuda es de 15 millones. El punto fuerte es el apoyo a la expansin de operacio-nes militares en el Sur del pas, en la frontera compartida por Colombia con Ecua-dor y Per, sector donde se calcula estn las ms grandes plantaciones de cultivosilegales, pero que adems est controlado por las FARC. Seiscientos millones dedlares fluirn durante el 2000 y 2001 y servirn para dotar a las Fuerzas A r m a-das de 63 helicpteros de ltima generacin, la flota ms importante de estos apa-ratos en toda Sudamrica. De hecho, el balance de armas en la regin queda alte-rado con este suministro. Trescientos cuarenta dlares adicionales se destinarn alcontrol militar del trfico areo, y cien millones irn a reforzar a la polica. Cien-to cuarenta y cinco millones invertirn los estadounidenses en programas alterna-tivos para sustituir cultivos y mitigar el impacto de la erradicacin1 6.

La desproporcin existente entre aquello que el gobierno estadounidense en-trega para combate, interdiccin y refuerzo policial frente a la inversin socialfuerza a que el Plan Colombia, a pesar de haber sido propuesto como una estra-tegia de desarrollo, termine convirtindose simblicamente y en los hechos en unpunto de acuerdo colombo-estadounidense para combatir narcotrfico y guerrillaen una aproximacin que de hecho tambin involucra a la comunidad interame-ricana en el conflicto por tres razones.

Primero, es imposible asumir que una poltica estadounidense pueda aislarsedel conjunto de la institucionalidad interamericana existente, y que no admita res-puestas, aunque sea by default, por parte del resto de pases latinoamericanos. Unapoltica de seguridad estadounidense implica una aproximacin regional, dada laasimetra y el grado de influencia de la superpotencia en el Hemisferio occidental.

Segundo, la localizacin del conflicto militar se produce en un sector de laselva colombiana que limita con tres pases: Ecuador, Per Y Brasil. Uno de ellosest directamente involucrado en el conflicto, Ecuador, al haber concedido una

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base area que respaldar las operaciones en Colombia, y los otros dos han mili-tarizado sus fronteras.

Tercero, el argumento de que el narcotrfico es un fenmeno transnacionaltiene asidero, y puesto que la perspectiva estadounidense lo liga a la guerrilla,convierte finalmente a este ltimo actor no slo en un agente domstico colom-biano sino en un actor internacional.

La posicin estadounidense se basa en la creencia de que el conflicto colom-biano afecta al orden internacional y particularmente a la seguridad regional. Ve-nezuela, Brasil, Ecuador, Per, Panam, Mxico y el Caribe son de alguna mane-ra influenciados por las actividades ilcitas relacionadas con el narcotrfico. Losobjetivos estadounidenses en ese pas sudamericano seran bsicamente: aumen-tar la capacidad del gobierno para desarrollar actividades de inteligencia, erradi-car las plantaciones ilegales, sostener la interdiccin del los narcticos y fortale-cer las entidades colombianas de control y represin, as como su sistema de jus-ticia17.

A diferencia de los otros pases vecinos, el Ecuador ha explicitado su apoyoal Plan Colombia, al gobierno de Pastrana y a la poltica antidroga de los EstadosUnidos. Uno de los elementos ms polmicos en ese contexto fue la instalacinde una base area en el puerto de Manta. Un acuerdo en ese sentido fue firmadoentre los gobiernos del Ecuador y de los Estados Unidos.

Adicionalmente, el gobierno estadounidense parte de la suposicin de que niColombia ni sus vecinos tienen la capacidad de enfrentar solos el fardo de la lu-cha antidrogas. En otras palabras, la ayuda estadounidense est dirigida a suplirlas deficiencias de los pases vecinos a Colombia y Colombia misma. Al igual queen la visin de Pastrana, los Estados Unidos apuestan por la internacionaliza-cin18.

La lgica implcita en la estrategia de Washington sera forzar a la guerrilla,especialmente a las FARC, a negociar desde una posicin debilitada en el campode batalla, pero esta idea de derrotar militarmente a la guerrilla termina implican-do que la prioridad en estos momentos es la guerra contra la guerrilla, y en segun-do plano, como consecuencia de esto, la guerra a las drogas, lo cual representaraun viraje dramtico en la aproximacin convencional de los Estados Unidos19.

Los pases vecinos, sin embargo, tienen una dimensin, desde sus propias ne-cesidades, distinta. La aprobacin del presupuesto militar para la erradicacin decultivos ilegales en Colombia, hecha por el Congreso estadounidense, plantea unescenario de guerra inminente en la frontera que va a tener consecuencias sobretres vecinos. En otras palabras, es una amenaza a la seguridad de los pases andi-nos tanto por sus efectos directos cuanto porque los pases andinos han tenido queadmitir un rol tutelar de los Estados Unidos para enfrentar al narcotrfico20. Estasituacin ocurre en un contexto en que la regin andina es extremadamente vul-nerable, por su propia debilidad, a las presiones de su entorno internacional.

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Los pases vecinos enfrentarn un problema que puede implicar la presenciade cualquiera de los actores violentos colombianos en territorios ajenos21, un de-sastre humanitario y conflicto social detonado por migraciones masivas, una ca-tstrofe ecolgica o la diseminacin de cultivos ilegales.

La amenaza a la seguridad nacional, entendida sta en trminos convenciona-les como amenaza al Estado y sus instituciones, es clara e inminente. No se tratade un peligro a largo plazo, es la consecuencia del despliegue de cinco mil hom-bres del ejrcito y polica colombianos con tecnologa de punta y armas de lti-ma generacin en la frontera inmediata de Ecuador, Brasil y Per. Enfrentarn asiete mil combatientes de las FARC. Hay en la regin varios batallones de fuer-zas paramilitares y un nmero indeterminado de bandas armadas que ocasional-mente comenten delitos.

El Ecuador particularmente se encuentra inmerso en el problema. La Base deManta involucra directamente al Ecuador en las operaciones militares en Colom-bia. Si bien no hay tropas ecuatorianas o estadounidenses en combate, la informa-cin, inteligencia area y respaldo logstico de la base implican de hecho la par-ticipacin estadounidense en el conflicto, aunque sin tropas, de la misma maneraque la complacencia ecuatoriana y por lo tanto su corresponsabilidad en esta es-trategia. El propsito declarado de la Base de Manta es el control de actividadesantinarcticos. El acuerdo permite el acceso de aeronaves estadounidenses y elsobrevuelo a territorio ecuatoriano, para detectar, monitorear, rastrear y controlarlas operaciones ilegales de narcticos. Los aviones estadounidenses son navescon capacidad de monitorear ms all del territorio ecuatoriano. De hecho, la ba-se de Manta est en capacidad de suministrar informacin sobre las operacionesmilitares que se desarrollaran en el lado colombiano de la frontera sur orientalcon Ecuador, precisamente en el territorio en donde las operaciones de erradica-cin implican combates con efectivos de las FARC22.

La base de Manta fue concedida en el gobierno del ex-presidente ecuatorianoJamil Mahuad en medio de un proceso poltico que aparentemente habra viola-do varios procedimientos constitucionales y legales23. El contexto en que se firmaeste instrumento es el de una economa ecuatoriana quebrada y su gobierno aspi-rando a un prstamo puente del FMI, para el cual habra necesitado el respaldopoltico de los Estados Unidos.

La posicin ecuatoriana contrasta con la de Venezuela, que a lo largo del go-bierno del Presidente Chvez ha tenido posiciones de disenso con el gobierno co-lombiano. Efectivamente, el reforzamiento lgico de la frontera como consecuen-cia del Plan Colombia tiene como antecedente en Venezuela declaraciones delPresidente que enfatizaban la neutralidad de ese estado en el conflicto.

Estas primeras posiciones de Chvez fueron moderndose con el tiempo. Laneutralidad hubiese significado el reconocimiento de una de las facciones guerri-lleras como fuerza beligerante, sujeto de derecho internacional, y eso, desde la

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perspectiva convencional de las Fuerzas Armadas venezolanas, habra implicadoun reto adicional a la seguridad nacional, mxime cuando a lo largo de la segun-da mitad de la dcada de los noventa, las fuerzas armadas venezolanas chocaronvarias veces con efectivos del ELN, y hubo acusaciones de persecucin en calien-te a columnas guerrilleras en territorio venezolano.

Estos antecedentes vuelven posible entender, entonces, el por qu de la ausen-cia de una visin estratgica compartida. La respuesta es bastante simple, porqueno hay intereses comunes y porque hay una sobreproliferacin de actores. Cadauno de los Estados ha operado y en el futuro previsible continuar hacindolo,apagando las brasas que caen en sus propios pajares, en la medida de lo posible.La poltica de los Estados Unidos hacia Colombia puede contar con la adhesinque su propia poltica de presiones pueda provocar, pero hay una visin distintadesde cada uno de los pases andinos y objetivos diferentes tambin que, ms allde la retrica, impermeabilizan sobre todo a los pases vecinos.

El apoyo militar de Washington al ejrcito colombiano y su escepticismo res-pecto a las negociaciones con la guerrilla tienen la posibilidad de crear situacio-nes conflictivas en forma inmediata en todas las fronteras de Colombia. Despla-zados, movilizacin y retirada de la guerrilla y de otras fuerzas, enfrentamientos,colapso econmico de las regiones donde se siembra amapola y coca, implicanpara las naciones vecinas teatros inmediatos e inevitables de conflicto. En una l-gica de self-help que prevalece cuando la seguridad nacional est en riesgo, no esun buen negocio para pases como Ecuador, Venezuela y Panam la prevalenciade la razn militar y el desarrollo de operaciones militares al borde de sus fron-teras. En esos trminos no hay razones para apoyar a Washington que no sean lasde la capacidad coercitiva que eventualmente puede asumir la poltica exterior es-tadounidense.

Si algunas de las condiciones de un rgimen de seguridad cooperativa son lainexistencia de un enemigo o riesgo militar, una visin estratgica compartida,procedimientos e instituciones formales comunes o existencia de formas no con-vencionales de cooperacin24, stas no existen en la regin andina, y la imagen deun orden internacional de posguerra fra levantado sobre la policizacin de lasFuerzas Armadas y el manto protector de los Estados Unidos, ms all de la ideo-loga, no resuelve los dilemas de seguridad que plantea el caso colombiano.

Al contrario, parecera que en la lgica de estricta conveniencia de cada unade estas naciones la poltica exterior estadounidense envuelve el riesgo de invo-lucrar a estos pases en el conflicto cuando su inters es aislarse, y un rgimen deseguridad andino sin la presencia estadounidense simplemente es impensable. Noslo porque ello americanizara las polticas, lo cual no es necesariamenteaceptable para la seguridad de esos pases, sino porque tendra que involucrar aotros temas de la agenda, concretamente narcotrfico, y ello, un rgimen multi-nacional andino para el procesamiento de este tema, en la perspectiva de seguri-dad que le han dado los Estados Unidos, tampoco es aceptable.

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De la misma manera que el gobierno colombiano insiste en diferenciar a lasguerrillas de los narcotraficantes para legitimar sus polticas de paz negociada, lasentidades de seguridad de los estados andinos, aunque recurren a la retrica anti-drogas, discriminan entre los distintos actores que operan en la violencia colom-biana.

La guerra en Colombia presenta a inicios de siglo escenarios distintos a los delos ltimos treinta aos que se diferencian por una mayor presencia estadouniden-se, el fortalecimiento logstico de las fuerzas guerrilleras, la negociacin paralelade acuerdos de paz, la expansin de las fuerzas paramilitares y la potencialidadde internacionalizacin del conflicto. Estos elementos permiten comprender laposibilidad de elaborar escenarios que al menos hipotticamente pasan por untriunfo militar de la guerrilla, la victoria armada del Estado, la prolongacin in-definida de la guerra, y una distribucin negociada del poder25.

Hasta 1999, la guerrilla colombiana, sobre todo las Fuerzas Armadas Revolu-cionarias de Colombia (FARC), haba alcanzado en trminos militares avancesestratgicos que le permitieron llevar la iniciativa de los combates y lograr unaposicin relativamente ventajosa para las negociaciones. Este hecho fue respon-dido desde el gobierno con varias opciones de paz que llegaron a su punto msalto con la concesin de la zona de despeje en San Vicente del Cagun, pero im-plic adems un esfuerzo de guerra que alude a tecnologa nueva, especialmentede vigilancia e informacin, en el escenario de los combates, y que detona parael ao 2000 una ayuda record de la administracin estadounidense al gobierno co-lombiano, que ser invertida en entrenamiento y equipo militar, la cual podrusarse contra la guerrilla. El efmero desequilibrio estratgico de la guerrilla fuecompensado en 1999 por el propio ejrcito colombiano que frustr varias ofensi-vas en distintas partes del pas, y puede revertirse hacia polticas defensivas porparte de los insurgentes hacia el futuro26.

La posibilidad de una victoria guerrillera a corto plazo en Colombia es msbien remota. A pesar de que la guerrilla ha estado en alza en los ltimos aos yde que ha crecido en trminos militares, lo que se expresa en la construccin deuna retaguardia segura, la formacin de batallones experimentados en combate ycon cierto nivel de profesionalizacin, y la capacidad de sitiar y eventualmenteasaltar unidades militares y fortificaciones enemigas27, las fuerzas insurgentes notienen legitimidad poltica en el seno de la poblacin y no controlan de hecho nila institucionalidad vigente, a la que no han podido sustituir sino en muy pocoscasos con una institucionalidad alternativa, ni la economa formal, ni tampoco tie-nen en su poder las plazas militares ms fuertes de Colombia.

El Estado Colombiano es extremadamente dbil y vulnerable a la violenciainterna y tambin a las polticas exteriores forneas, pero no ha colapsado ni hayseales que indiquen su desaparicin inminente. La iniciativa guerrillera en el te-rreno militar de los aos 1996-1999 ha supuesto un cambio en la calidad del con-flicto pero no ha revertido el hecho de que el gobierno constituido controla la eco-

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noma formal, las relaciones exteriores, es legtimo alrededor de la idea de demo-cracia frente a la guerrilla, est respaldado por unas Fuerzas Armadas y policamucho mejor equipadas y ms numerosas, y ocupa muchsimo ms espacio delterritorio colombiano que las fuerzas insurgentes.

El gobierno colombiano tiene la capacidad en estos momentos, sobre todo porel mayor involucramiento de Washington, de retomar la iniciativa militar y decondicionar a futuro la suerte de las negociaciones. Esto no quiere decir que pue-da a corto plazo ganar la guerra ni que sea capaz de solucionar el conflicto en tr-minos militares. Se trata bsicamente de que la guerrilla no tiene la capacidad deenfrentar una fase ms intensa de la guerra ni cuenta con la posibilidad de exten-der sus capacidades por fuentes externas de ayuda como las del gobierno colom-biano con Washington, por ejemplo28.

La guerra en Colombia por otra parte involucra a una compleja constelacinde actores que interpelan una serie de intereses dispersos y fragmentados. De he-cho, el propio gobierno colombiano no puede concebirse como un actor racionaly unitario. Sus decisiones atraviesan a varios cuerpos de seguridad e interpelan apoderes locales y fuentes diversas de poder que operan sobre mandos que no es-tn unificados y gozan de autonoma relativa29.

Las FARC, que operan como el ms activo y cohesionado grupo insurgente,estn diseminadas a lo largo de Colombia, y sus niveles de coordinacin militarestn supeditados a una poltica comn que deja bastante libertad a cada una desus columnas en la interpretacin. A estos hechos, comunes a todos los actores in-volucrados en la violencia, hay que aadir la presencia de otros actores esencia-les como las otras fuerzas guerrilleras, de las cuales el Ejrcito de Liberacin Na-cional (ELN) es el ms importante30.

A los actores sealados hay que agregar las fuerzas paramilitares que, si biennacen en la lgica de autodefensa, financiados por terratenientes y narcotrafican-tes, y con objetivos estratgicos no contradictorios con los de las Fuerzas Arma-das, terminan en una dinmica expansiva y ofensiva y ocupando dominios terri-toriales alrededor de funciones de proteccin, contencin y exterminio de la gue-rrilla, expansin del latifundio, control de poblacin y cuidado de actividades vin-culadas al narcotrfico31.

Los paramilitares, al igual que el ELN, intentan generar espacios de negocia-cin con el gobierno colombiano, y, aunque su dinmica militar es complemen-taria a la del ejrcito y la polica en relacin al combate de la guerrilla, su invo-lucramiento en los negocios ilcitos del narcotrfico es cada vez mayor. La per-cepcin de una actitud tolerante (sino cmplice) por parte del ejrcito colombia-no hacia los paramilitares es una imagen comn en Colombia y compartida porla mayora de reportes sobre derechos humanos, tanto gubernamentales como deorganizaciones independientes32.

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Cualquiera de los escenarios de solucin del conflicto colombiano pasa por laconstatacin de la existencia de la violencia paramilitar y de su relativa autono-ma frente a los actores complementarios, en este caso, las Fuerzas Armadas. In-cluso las especulaciones a propsito de la hipottica e improbable victoria mili-tar del establecimiento gubernamental tienen implicaciones que no terminaran laviolencia en el supuesto, por ejemplo, de la continuidad en prcticas delincuen-ciales de las organizaciones armadas o de integrantes de ellas33.

Una solucin armada?La improbabilidad de una solucin armada al conflicto con la victoria de cual-

quiera de las partes se explica en la incapacidad de construir escenarios definitivos,aunque todos los contendientes tienen la capacidad para golpear y daar al enemi-go. La erradicacin de las guerrillas, o de los paramilitares, por ejemplo, de una par-te del territorio, no garantiza su desaparicin, ni la capacidad de reubicacin en unterritorio que es, para comparar, sesenta veces ms extenso que El Salvador, en don-de no pudo haber victoria militar, y que cuenta con una poblacin alzada en armasseis veces ms numerosa que la que hubo en ese pas, para no mencionar que, ade-ms de la lgica militar, la violencia colombiana se explica en la heterogeneidad desu sociedad y la deslegitimacin de un orden poltico excluyente3 4.

La recomposicin de la capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas colombia-nas probablemente tenga como efecto poltico central restituir la capacidad nego-ciadora del gobierno y abrirle opciones en el terreno militar, pero no garantizauna victoria en la guerra. El escenario ms probable en el corto plazo parece serel la dilacin del conflicto en una dinmica doble, signada por las negociacionesy la guerra, en donde los hechos militares pesen sobre las conversaciones35.

Con estos antecedentes, el entorno internacional de Colombia constituido porlos pases limtrofes y por los Estados Unidos se enfrenta a un proceso conflicti-vo que involucra a varias sociedades regionales y a la poltica exterior de todosesos estados. El conflicto colombiano, sin embargo, no es percibido uniforme-mente. Cada uno de ellos tiene una agenda propia y objetivos polticos distintos,mediados por la agenda bilateral y por la presencia y grado de influencia de la po-ltica exterior estadounidense.

Venezuela y Ecuador particularmente intermedian su agenda de seguridad asus intensas relaciones comerciales con Colombia. En el caso de ambos pases,Colombia es, despus de los Estados Unidos, su socio econmico ms importan-te, y representa un destino central para exportaciones y una fuente indispensablede importaciones. Ambos pases, de otro lado, han sufrido la presencia de orga-nizaciones guerrilleras colombianas operando en su territorio y la ausencia de lasfuerzas armadas colombianas del control de la frontera. Sociedades regionales defrontera estn atravesadas por el conflicto y la economa de la guerra colombia-na, alrededor de procesos de provisin de informacin, armamentos, vituallas, pe-

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ro adems de estos fenmenos existe la percepcin de una creciente presencia delos actores del conflicto colombiano ms all de sus fronteras.

En la lgica convencional de la seguridad nacional, los intereses de los paseslimtrofes en relacin al conflicto colombiano se concentran, en primer lugar, enla contencin de la violencia dentro de las fronteras de Colombia y en la profila-xis respecto a cualquier posibilidad de contaminacin sobre actores locales36. Po-lticamente todos los pases limtrofes han manifestado su respaldo al rgimen es-tablecido y la imagen de democracia en Colombia. Excepcional ha sido la postu-ra venezolana, que ocasionalmente ha mencionado la idea de neutralidad fren-te al conflicto que ha ocasionado la interpretacin de cierto reconocimiento ofi-cial a la guerrilla. Esta actitud no ha sido constante, pero ha lesionado la relacindiplomtica entre ambos pases.

Mientras que en Venezuela la guerrilla colombiana ha hecho incursionesconstantes, en Ecuador y en Panam stas han sido ocasionales, aunque suficien-tes para generar percepciones de riesgo y amenaza en los decisores de seguridadnacional. El ELN ha hecho incursiones y se le han atribuido voladuras de oleo-ducto y dos secuestros masivos de tcnicos petroleros en 1999 y en el 2001. Msde una vez paramilitares colombianos en ese mismo pas han sido mencionadoscomo probables autores de crmenes comunes y polticos37.

La contencin y profilaxis, sin embargo, no suponen la voluntad de participaren un rgimen internacional que pueda intervenir en Colombia. En este sentido,la poltica exterior de los pases limtrofes difiere radicalmente de la de los Esta-dos Unidos en tres aspectos fundamentales.

En primer lugar, la prevencin de la infiltracin guerrillera y de los otros ac-tores violentos es prioritaria sobre tema del narcotrfico, que es el objetivo finalde los Estados Unidos. La hostilidad hacia la guerrilla no tiene por objetivo estra-tgico la lucha contra el trfico de drogas sino la neutralizacin de este actor co-lombiano en los respectivos territorios nacionales38. Esto se debe bsicamente ala inminencia de la presencia guerrillera en zonas de frontera y a su impacto enlas sociedades regionales y tambin al hecho de que no hay una identificacinclara que confunda en un mismo imaginario las polticas y prcticas de la guerri-lla colombiana con las de los narcotraficantes.

En segundo lugar, los intereses de seguridad y las percepciones de la amena-za son concebidos desde escenarios nacionales y no regionales y las polticas sonconcebidas para responder a amenazas de corto plazo. Los problemas que plan-tea la posible accin de los actores violentos colombianos en territorios vecinostienen que ver con ruptura de la institucionalidad, prcticas delincuenciales comosecuestro, chantaje o extorsin, apoyo a la subversin local o generacin de mo-vimientos de este tipo.

Finalmente, los pases vecinos no estn interesados en ser parte del problemacolombiano. No solamente no tienen la capacidad de participar en l, sino que

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tampoco tienen la voluntad de involucrarse con uno de los actores, especfica-mente con el gobierno, mediante cooperacin militar directa o ayuda econmicams all de los regmenes existentes en materia de intercambio de inteligenciasiempre y cuando no sea peligroso para sus propios intereses. La poltica exteriorde los pases vecinos, incluyendo Venezuela, a pesar de la retrica de Chvez, tie-ne ms bien una lgica aislacionista antes que intervencionista.

Desde esta perspectiva es necesario reflexionar acerca de la eficacia de un r-gimen cooperativo de seguridad en la regin andina para dar cuenta del conflictocolombiano en un contexto en que los dilemas de seguridad que enfrentan los pa-ses vecinos no son convencionales. Se construyen en un contexto caracterizadopor la desconfianza y el temor, provocados por un conflicto de mltiples actorese incertidumbres.

Los lmites para la construccin de un rgimen cooperativo vienen, por otrolado, de la compleja red de relaciones de interdependencia que genera el conflic-to colombiano. La interdependencia no implica necesariamente cooperacin,puede suponer conflicto, y ste parece ser el caso39. En Colombia el tema no es laomnipresencia del estado sino su ausencia. Ello provoca, entre otras causas, lapercepcin de la amenaza. El conflicto colombiano para los pases andinos no esun problema de estabilidad en la imagen de mantener el balance de poder inter-nacional.

Por el contrario, el inexistente poder del estado colombiano en sus fronterasby default pone en riesgo la regin, pero el problema no puede resolverse, dadala multiplicidad de actores e intereses involucrados en todos los lados de la fron-tera colombiana, solamente con medios militares. La construccin de la institu-cionalidad estatal colombiana implica un proceso largo de consensos y aperturasen la sociedad, la economa y la poltica domstica, en la cual los estados interlo-cutores tienen muy escasa influencia. Cierto es que la inestabilidad colombianaimplica temas que van ms all de lo militar, pero es difcil suponer que la per-suasin multilateral, entendida como cimiento de un paradigma nuevo de seguri-dad internacional40, pueda dar cuenta de las aristas de este fenmeno.

Reflexin finalLa proliferacin de regmenes y la ampliacin de la agenda de aquellos exis-

tentes en los pases andinos han implicado la aparicin de tendencias estructura-les que apuntan a la erosin de las competencias de los estados en el manejo devarios asuntos de la sociedad, el traslado de los centros de toma de decisin rele-vantes hacia agencias internacionalizadas vinculadas con el manejo econmico yla emergencia de tensiones locales o sectoriales41. La crisis andina se caracterizatambin por el debilitamiento de sus estados y la prdida de competencias y desus capacidades de mediacin e institucionalizacin del procesamiento de con-flictos.

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En el caso concreto del conflicto colombiano, la poltica estadounidense seencuentra con la de Bogot en la necesidad de regionalizar el tema. Sin embargo,la crisis colombiana construye agendas contradictorias en los pases vecinos so-bre percepciones de la amenaza distintas. Las consecuencias del conflicto arma-do, como tema vinculado pero distinto al narcotrfico, marcan las preocupacio-nes de los pases andinos. La estrategia estadounidense, en ese sentido, apunta ala construccin de un rgimen internacional de seguridad subordinado a sus ob-jetivos de combate a la guerrilla y al narcotrfico. Ese proyecto es en s mismouna amenaza a la seguridad regional y a la de cada uno de los pases andinos enparticular.

La soberana, entendida como la capacidad de los gobiernos de ejercer auto-ridad sobre su poblacin dentro de su espacio nacional, ha ido perdiendo paulati-namente capacidad en la regin andina, y esto ha implicado que los temas de se-guridad sean al mismo tiempo cada vez ms numerosos e intensos dentro de laagenda domstica e internacional. Cada conflicto relevante se convierte poten-cialmente en una amenaza, puesto que la densidad poltica de los Estados y su ha-bilidad para procesar las contradicciones de la sociedad han disminuido.

Las sociedades andinas nunca han tenido Estados fuertes, si bien han existidoinnumerables regmenes autoritarios. Su heterogeneidad estructural y su diversi-dad social y cultural han producido una constelacin de prcticas polticas que,ante la deficiencia del Estado, han recurrido a redes societales no institucionali-zadas cuyo uso finalmente ha reproducido la inequidad. Esas redes, en un contex-to de economa abierta, sin protecciones, signado por la globalizacin, la emer-gencia de identidades polticas subordinadas como las regionales y locales, ascomo sometidas a presin por parte de movimientos sociales de carcter transna-cional, no son suficientes para estabilizar la poltica. El conflicto de hecho sevuelve tambin abierto y radicaliza los instrumentos de su resolucin, sin descar-tar entre ellos el acceso a la violencia.

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Notas1 La agenda interamericana de los Estados Unidos se concreta en las CumbresPresidenciales. Desde Miami hasta Qubec estos temas han sido reiterativos.2 Esta agenda se reitera en la ltima administracin republicana: democracia,libre comercio y prosperidad. Ver: Bureau of Western Hemisphere AffairsFact Sheet, March 2001, Summit of the Americas: Advancing Our CommonAgenda.3 Ver por ejemplo David Sanger, 2001, Bush Links Trade with Democracyat Quebec Talks, New York Times, Abril 22.4 En la dcada de los noventa se produjeron textos centrales para la compren-sin del fenmeno del narcotrfico. En la medida en que la estrategia antidro-ga persiste, los efectos y supuestos de esos materiales en lo nuclear siguensiendo vlidos. Ver: Bruce Bagley y William Walker (eds.) 1994 D rug Tr a f f i c -king in the A m e r i c a s, New Brunswick: Transaction Publishers, Peter H. Smith,Drug Policy in the Americas, Boulder: Westview Press.5 En ningn pas de la regin andina la coca ha podido ser sustituida por otro pro-ducto ms rentable. En algn momento productos como el achiote tuvieron pre-cios ms altos, pero el mercado se satura y recuperaban sus precios originales. Noas la hoja de coca, cuyo valor depende de un mercado ilegal de derivados.6 Ver, por ejemplo, Bruce Bagley, 1992, Myths of Militarization: EnlistingArmed Forces in the War on Drugs, en: Peter H. Smith, Drug Policy in theAmericas, Boulder: Westview Press.

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7 Adrin Bonilla, 1994, National Security Decision-Making in Ecuador: Thecase of War on Drugs, Tesis doctoral defendida en la Universidad de Miami,Cap. IV.8 En Andrs Franco, 1998, Estados Unidos y los pases andinos, 1993-1997:poder y desintegracin, Bogot: Universidad Javeriana, se ofrecen desde dis-tintas perspectivas nacionales ensayos de varios autores sobre las relacionesde los pases andinos con los Estados Unidos. Probablemente es el texto mscompleto de los aos noventa sobre el tema.9 El concepto de complacencia (compliance) denota una relacin dependien-te entre la poltica exterior de dos pases caracterizada por la asimetra entrelos actores. Supone un sistema de castigos y recompensas que opera perfilan-do la conducta del actor ms dbil que encuentra conveniente allanarse a losintereses del otro. Ver Bruce Moon, 1983, Consensus or Compliance? Fo-reign Policy Change and External Dependence, en International Organiza -tion,Vol. 39 Spring. Jeanne Hey, 1992, Foreign Policy Options under Depen-dence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador, Latin Ameri -can Studies Quaterly.10 P.R. Rajeswari, 2000, US. Counter-narcotics Policy, en Strategic Analysys,Vol XXIII, No. 11 p. 5.11 Glen Segell, 2000, The Narcotics War and Civil-Military Relations, Po-nencia presentada en la 41 Conferencia de ISA, p 14.12 El Plan Colombia es un documento gubernamental colombiano en el queen alrededor de diez puntos se desarrolla una estrategia de crecimiento y paz.Sus puntos ms importantes son los que tienen que ver con erradicacin decultivos, plan de paz con la guerrilla.13 Rafael Pardo Rueda, 1999, Nueva Seguridad Para Amrica Latina, Bogo-t: FESCOL (pp. 51-55).14 Andrs Patrana, 2000 Colombia: Un desafo y una promesa. Texto de laposicin presidencial, distribuido por las misiones diplomticas (s.e.) p. 1.15 Ver el discurso presidencial de Clinton: Statement by the President, Ja-nuary 11, 2000, The White House.16 Ministerio de Relaciones Exteriores, 2000 El Plan Colombia aprobadopor el Senado de Estados Unidos, el viernes 23 de julio del 2000. Documen-to distribuido por las misiones diplomticas colombianas.17 Gabriel Marcella y Donald Schulz, 1999, Colombias Three Wars: U.S.Strategy at the Crossroads, Carlisle: US. Army War College (pp. 19-29).18 Ver The White House: Statement by the President, January, 11, 2000.19 Bruce Bagley, 2001, El trfico de drogas y la poltica de Estados Unidosen Colombia, en Iconos, N 10, FLACSO-Ecuador.

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20 Francisco Leal Buitrago, 2001, El Plan Colombia: Orgenes, desarrollosy proyeccin regional, en Iconos, N 10, FLACSO-Ecuador.21 La incursin de actores violentos en el ao 2000 a lo largo de la fronteracon el Ecuador ha significado el secuestro de decenas de tcnicos petroleros.Choques con militares brasileos se han producido tambin, y en Venezuelaeste fenmeno existe desde hace varios aos.22 Ver Introduccin y artculos 1, 2, 3, 4, 5 del texto del Acuerdo en ManuelSalgado, 2000, Guerra Sucia en Ecuador? Los documentos secretos de Man -ta, Quito: Ediciones la Tierra.23 Manuel salgado, op.cit.24 Jorge Domnguez, 1998, Seguridad, paz y democracia en Amrica Latinay el Caribe: desafos para la era de posguerra fra, en J. Domnguez, (ed.) Se -guridad Internacional, Paz y Democracia en el Cono Sur, Santiago: WilsonCenter, Flacso-Chile, Interamerican Dialogue, pp. 30-34.25 Luis Alberto Restrepo, 1999, La Guerra como oportunidad, en RevistaForo, N 36, Bogot.26 Ver Eduardo Pizarro Len Gmez, 1999, Nueva Sociedad.27 Ricardo Garca Duarte, 1999, Guerra con negociaciones y negociacionessin paz, en Revista Foro, N 36, Bogot, p. 17.28 Luis Alberto Restrepo, op.cit., p.p. 10.11.29 Ver en este punto los trabajos sobre narcotrfico a lo largo de los aos no-venta de Bruce Bagley y Juan Gabriel Tokatlian.30 El ELN, a diferencia de las FARC, explcitamente ha evitado relacionarsecon los narcotraficantes como poltica de la organizacin. Esto marca una dis-tancia pero no garantiza la descontaminacin de esta formacin guerrillera,como de ningn otro actor de la participacin poltica violenta en Colombia.31 Ivn Orozco, 1999, La situacin jurdico-poltica del paramilitarismohoy, en Revista Foro, N 36, Bogot.32 Ver Newsweek, 21 mayo de 2001.33 La experiencia centroamericana, en donde las guerrillas y organizaciones pa-ramilitares, menos numerosas que las colombianas, tenan una sociedad con me-nos espacio fsico y menor complejidad, es que a pesar de acuerdos satisfactoriospara todas las partes, la violencia ha continuado bajo formas delincuenciales.34 Alejo Vargas, 1999, Colombia al final del siglo: entre la guerra y la paz,en A. Vargas comp. Guerra, Violencia y Terrorismo, Universidad Nacional:Bogot.35 Ver Garca Duarte, op.cit. Alejo Vargas, op.cit.36 Entrevistas a oficiales venezolanos y ecuatorianos.

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37 El asesinato del dirigente izquierdista Jaime Hurtado fue denunciado porel propio presidente de la Repblica como ejecutado por sicarios vinculadosa paramilitares colombianos. Las investigaciones posteriores demostrarancierta vinculacin de miembros de la polica con el caso.38 Ver Bagley 2001, op.cit.39 De la misma manera que la hegemona no es suficiente para producir coo-peracin, la interdependencia tampoco. La cooperacin es contingente al bienbuscado, que puede o no ser compartido, y no un resultado automtico de laproliferacin de interconexiones. Ver Robert Keohane, 1998 After Hegemony,Cap. I.40 Francisco Rojas Aravena, 1999, Cooperacin y seguridad en las Amri-cas: Nuevos conceptos, nuevos riesgos, nuevas amenazas?, en F. Rojas,Cooperacin y seguridad internacional en las Amricas, Caracas: Flacso-Chile, Nueva Sociedad, Wilson Center.41 Ver Robert Cox, op.cit. Susan Strange, 1997, the problem or the solution?Capitalism and the state system en S. Hill J. Mittelman (eds.) Innovation andTransformation in International Studies, Cambridge: Cambridge UniversityPress.

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percepción de amenezas

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