público amnistía internacional - amnesty.org · llamamiento publicados en relación con el...

Diciembre de 1998

Índice AI: AFR 16/26/98/s

Distr: SC/CC/CO/GR (49/98)

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Público

Amnistía Internacional

BURUNDI

Actualización de los casos de llamamiento de

La justicia, a prueba

y nuevos casos de llamamiento de

La insurgencia y la contrainsurgencia perpetúan

los abusos contra los derechos humanos

Amnistía Internacional, diciembre de 1998 Índice AI: AFR 16/26/98/s

BURUNDI

Actualización de los casos de llamamiento de La justicia, a prueba

y nuevos casos de llamamiento de La insurgencia y la contrainsurgencia

perpetúan los abusos contra los derechos humanos

Introducción

Una de las tragedias de la actual crisis de derechos humanos de Burundi es que, en muchos casos, las víctimas individuales se han convertido en datos estadísticos anónimos. Prácticamente todos los días las fuerzas gubernamentales o los grupos armados de oposición matan brutalmente a sus conciudadanos, los fuerzan a huir de sus casas, detienen arbitrariamente o los someten a otros abusos; y, en muchos casos, no se llega a conocer el nombre de la víctima o ni siquiera se contabiliza.

Entre diciembre de 1997 y septiembre de 1998 centenares de personas, muchas de ellas civiles inermes, fueron abatidas en Burundi. Además, miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares y se han convertido en desplazados internos o han huido a países vecinos, uniéndose a los centenares de miles de ciudadanos burundeses que ya están en el exilio o desplazados dentro de su país. Por su parte, soldados del ejército de Burundi han matado deliberada y arbitrariamente a centenares de civiles, casi todos hutus. Miembros de los diferentes grupos armados de oposición y otras milicias activas en Burundi también han cometido decenas de homicidios de civiles desarmados. Muy pocos de los responsables han sido detenidos y llevados ante la justicia.

Durante 1998, Amnistía Internacional ha publicado dos informes substanciales en los que se documentaban los motivos de preocupación de la organización por la situación de los derechos humanos en Burundi.1 A fin de ilustrar y poner de relieve casos individuales relacionados con estos motivos de preocupación, Amnistía Internacional ha elaborado varios casos de llamamiento en relación con los dos informes. El presente documento contiene nueva información sobre los casos de llamamiento publicados en agosto de 1998 en relación con el informe titulado Burundi: La justicia, a prueba, y una nueva serie de casos de llamamiento publicados en relación con el documento Burundi: La insurgencia y la contrainsurgencia perpetúan los abusos contra los derechos humanos, publicado el 19 de noviembre de 1998. Los casos se han elegido para poner de relieve ante la comunidad internacional los diferentes tipos de abusos cometidos contra la población civil de Burundi y para ayudar a los miembros de Amnistía Internacional y otros a realizar campañas contra estos abusos. Todos estos casos son representativos de centenares más. Les rogamos que consulten ambos documentos si desean más información sobre los abusos contra los derechos humanos que se describen en estos Casos de Llamamiento y sobre otras cuestiones que preocupan a Amnistía Internacional.

1 Burundi: La justicia, a prueba (Índice AI: AFR 16/13/98/s, del 30 de julio de 1998) y Burundi: La

insurgencia y la contrainsurgencia perpetúan los abusos contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/34/98/s, del

19 de noviembre de 1998). Pueden solicitar éstos y otros documentos de Amnistía Internacional sobre la situación de los

derechos humanos, en inglés y francés, al Secretariado Internacional, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Reino

Unido.

2 Burundi: Actualización de los casos de llamamiento de La justicia, a prueba

Índice AI: AFR 16/26/98/s Amnístia Internacional, diciembre de 1998

Amnistía Internacional desea expresar su agradecimiento a todos los que

enviaron llamamientos en favor de las personas que se citaban en los casos de llamamiento del documento La justicia, a prueba. En algunos casos el envío de llamamientos debe continuar. Consulten infra para más información.

Los miembros de Amnistía Internacional y otras organizaciones e individuos, deben utilizar estos casos para lograr que las autoridades de su propio país y las de Burundi intervengan en relación con estos casos concretos y protejan los derechos humanos en general. Rogamos consulten el apartado «Qué puede hacer usted» para conocer las acciones que se recomiendan en cada caso.


BURUNDI Actualización número 1

Casos de llamamiento: La justicia, a prueba

Este documento actualiza la información del documento Burundi: La justicia a prueba. Casos de llamamiento (AFR 16/16/98/s) publicado en agosto de 1998. Si desean más información sobre estos u otros casos, consulten el documento original o el documento Burundi: La justicia, a prueba (AFR 16/13/98/s)2 publicado el 30 de julio de 1998. JEAN MINANI

En agosto de 1998, Amnistía Internacional expresó su temor de que el juicio de Jean Minani pudiera estar basándose fundamentalmente en información obtenida mediante tortura. En caso de haber sido declarado culpable, Jean Minani podría haber sido condenado a muerte. En octubre de 1998, Jean Minani fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad. Aunque el ministerio público anunció que recurriría contra la absolución, no se interpuso ninguna apelación en el plazo de ocho días establecido por ley.

A Jean Minani lo habían detenido en marzo de 1995 como presunto autor del homicidio del teniente coronel Lucien Sakubu, ex alcalde de Bujumbura. Tras su detención, lo golpearon brutalmente y confesó, bajo tortura, el homicidio. Posteriormente se retractó de su declaración alegando que había sido obtenida mediante coacción. Poco después de su detención, mientras se encontraba bajo custodia, fue entrevistado por representantes de Amnistía Internacional. Jean Minani presentaba cicatrices y heridas abiertas causadas por la tortura.

Jean Minani estuvo encarcelado más de tres años en espera de juicio. Compareció brevemente ante un tribunal en mayo y julio de 1998. Las fotografías tomadas por los representantes de Amnistía Internacional en las que se mostraban las heridas causadas por la tortura se presentaron como pruebas en su juicio. En la última vista, celebrada en octubre de 1998, la testigo de cargo se retractó de su declaración anterior, realizada en 1995, en la que había incriminado a Jean Minani y manifestó que la habían amenazado y forzado a prestar declaración contra él. También prestaron declaración dos testigos de descargo. El abogado defensor argumentó que el tribunal no debía aceptar como pruebas las declaraciones obtenidas mediante tortura o coacción. Jean Minani fue, por lo tanto, absuelto.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el hecho de que el tribunal no admitiera como prueba la declaración de Jean Minani obtenida mediante tortura y espera que este caso siente un precedente positivo para los

2 Tanto Burundi: La justicia, a prueba (AFR 16/13/98/s) como Burundi: La justicia, a prueba. Casos

de llamamiento (AFR 16/16/98/s) pueden solicitarse –en francés, inglés o español–, al Secretariado Internacional, 1

Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Reino Unido.


juicios que se celebren en el futuro en Burundi. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Burundi que aparte de cualquier puesto de responsabilidad a los autores de la tortura de Jean Minani y los lleven ante los tribunales, de conformidad con las normas internacionales sobre justicia procesal.

Expresamos nuestro agradecimiento a todos los que enviaron llamamientos en favor de Jean Minani. No son necesarios más llamamientos. EL ABATE PATRICE VYINGOMA

En agosto de 1998, Amnistía Internacional manifestó que temía que la detención del abate Patrice Vyingoma se hubera debido a su trabajo humanitario en la comunidad. Lo habían detenido en 1996 y acusado de distribuir alimentos y ropa a miembros de un grupo armado de oposición. El abate Vyingoma manifestó que se había limitado a distribuir ayuda a la población local necesitada. Los colaboradores de la iglesia que acudieron a declarar en su descargo y que respaldaban su declaración fueron detenidos, acusados de prestar falso testimonio, juzgados y condenados a dos meses de prisión.

El 6 de octubre de 1998, el abate Patrice Vyingoma fue declarado culpable de complicidad con grupos armados, aunque continúa negando la acusación, y condenado a dos años y tres meses de prisión, el tiempo exacto que llevaba encarcelado; por ello, lo dejaron en libertad inmediatamente.

Expresamos nuestro agradecimiento a todos los que enviaron llamamientos en favor del abate Patrice Vyingoma. No se requieren nuevos llamamientos. PLACIDE WIMANA Y CORNEILLE KARIKURUBU

Placide Wimana y Corneille Karikurubu figuraban en un grupo de 51 presos que fueron trasladados a fines de octubre de 1998 de la Prisión Central de Mpimba, en Bujumbura, a la Prisión de Rumonge, en la provincia de Bururi. Según fuentes oficiales, el motivo del traslado era reducir el hacinamiento en Mpimba. Treinta y nueve de los presos trasladados están condenados a muerte, y su sentencia había sido confirmada por la Sala de Casación del Tribunal Supremo. Entre ellos están Placide Wimana y Corneille Karikurubu.

A los grupos de derechos humanos que vigilan éste y otros traslados les habían dicho que serían trasladados a prisiones más cercanas a sus casas. Con ello se facilitarían las visitas familiares y la posibilidad de que los presos recibieran más alimentos y otros artículos de primera necesidad, que les resultaban muy necesarios. (Actualmente, a los presos que recurren ante la Sala de Casación del Tribunal Supremo se los traslada a Bujumbura hasta que acabe el proceso de casación.) Sin embargo, la mayoría de los traslados de Mpimba se han hecho a la Prisión de Rumonge, donde el hacinamiento es menos grave que en otras prisiones, si bien el resto de las condiciones son muy duras y su acceso resulta particularmente difícil a causa del conflicto en la zona circundante.

En agosto de 1998, Amnistía Internacional manifestó que temía que Placide Wimana y Corneille Karikurubu hubieran sido condenados a la pena de muerte en un juicio injusto. Les rogamos que sigan enviando peticiones de indulto en favor de

Burundi: Actualización de los casos de llamamiento de La justicia, a prueba 3


ambos. Asimismo, les rogamos que pidan a las autoridades que aborden las condiciones penitenciarias, que en muchos casos suponen una amenaza para la vida de los reclusos, y que velen por que los presos condenados a muerte no sean sometidos a peores condiciones que otros presos o detenidos. Envíen sus llamamientos a: (Presidente) Major Pierre BUYOYA, President Fax: 257 22 74 90, Tlx:

5036 PRESIBU (Ministro de Justicia) Mr Terence SINUNGURUZA, Minister of Justice Fax:

257 21 86 10 (Ministro para los Derechos Humanos) Mr Eugène NINDORERA, Minister for

Human Rights, Institutional Reform and Relations with the National Assembly Fax: 257 21 38 47

GAËTAN BWAMPAYE

La Sala de Casación del Tribunal Supremo confirmó en octubre de 1998 la sentencia de muerte dictada contra Gaëtan Bwampaye. La vista de su recurso de casación se había celebrado en septiembre. Ahora le resta solicitar el indulto presidencial.

Gaëtan Bwampaye fue condenado a muerte en agosto de 1997 en un juicio que careció claramente de las debidas garantías. Lo declararon culpable de participar en las matanzas ocurridas tras el asesinato del presidente Melchior Ndadaye en octubre de 1993. Durante el juicio, su familia fue hostigada, y su casa, incendiada. Algunos testigos de descargo fueron detenidos y golpeados tras prestar declaración en el tribunal. Si bien contó con un abogado durante la mayor parte del proceso, en la última vista del proceso y en la recapitulación de pruebas no tuvo abogado.

Gaëtan Bwampaye continúa recluido en la Prisión Central de Mpimba.

Les rogamos que continúen planteando el caso de Gaëtan Bwampaye a las autoridades de Burundi. Pidan al presidente Buyoya que le conceda el indulto cuando le presenten su caso y que tenga en cuenta la falta de garantías de que adoleció el juicio a la hora de examinar la petición de indulto. Envíen sus llamamientos a: (Presidente) Major Pierre BUYOYA, President Fax: 257 22 74 90, Tlx:

5036 PRESIBU (Ministro de Justicia) Mr Terence SINUNGURUZA, Minister of Justice Fax:

257 21 86 10 (Ministro para los Derechos Humanos) Mr Eugène NINDORERA, Minister for

Human Rights, Institutional Reform and Relations with the National Assembly Fax: 257 21 38 47

4 Burundi: Actualización de los casos de llamamiento de La justicia, a prueba


CASOS DE LLAMAMIENTO EN CURSO

Los casos de Laurent Bimenyumurenyi, Stanilas Machini y Marie Rose Umahora, que aparecían en los Casos de Llamamiento originales, no han sufrido modificación y siguen preocupando a Amnistía Internacional. Expresamos nuestro agradecimiento a todos los que ya han enviado llamamientos en su favor y les rogamos que continúen haciéndolo.

Sigan enviando los llamamientos al gobierno de Burundi según se recomendaba en el documento original. Tengan en cuenta que los mensajes por fax al ministro de Justicia deben enviarse ahora al siguiente número: +257 21 86 10.


QUÉ PUEDE HACER USTED

Difunda la información sobre el ataque contra el campo de Nabubu y distribuya este

llamamiento entre profesores universitarios y estudiantes, activistas de derechos humanos,

abogados y periodistas, pidiéndoles que divulguen el caso y envíen llamamientos a los

principales grupos armados de Burundi:

- expresando preocupación por el ataque contra el campo de Nabubu llevado a

cabo por un grupo armado de oposición en el curso del cual murieron cinco

personas;

- pidiendo que todos los grupos armados de oposición se abstengan de atacar a

civiles desarmados, tanto dentro como fuera de los campos para desplazados;

- pidiendo a los dirigentes de los grupos armados de oposicion que expliquen

claramente a sus miembros que no se tolerarán los ataques contra civiles

inermes;

- pidiendo que se investiguen todas las denuncias de abusos y que los responsables

de éstos sean apartados de cualquier cargo que los ponga en contacto con civiles;

- instándoles a que adviertan a todos los combatientes que deben respetar el

derecho internacional humanitario, en particular el artículo 3 común de los

Convenios de Ginebra, que prohíbe específicamente a todas las partes de un

conflicto las acciones –especialmente los actos violentos, los malos tratos y la

mutilación, la tortura (incluida la violación), y la toma de rehenes–, dirigidas

contra las personas que no participan activamente en las hostilidades.

Dírijase, preferiblemente en francés, a:

(Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia)

CNDD : Jérôme Ndiho, CNDD Spokesperson, rue de la Source 26, Boîte 6, 1300 Wavre,

Bélgica

(Frente por la Liberación Nacional)

FROLINA: Joseph Karumba, PO Box 77051, Dar es Salaam, Tanzania

(Partido por la Liberación del Pueblo Hutu)

PALIPEHUTU: Dr. Etienne Karatasi, PO Box 50 DK, 8310 Tranbjerg, Dinamarca

Envíe copia de su carta a las autoridades de su propio país e ínstelas a que mantengan

bajo observación la situación de los derechos humanos en Burundi y a que pidan a todas

las partes en conflicto que garanticen que los civiles desarmados no sufrirán abusos contra

los derechos humanos.

BURUNDI: Abusos de la oposición armada

Ataque contra un campo para desplazados

La noche del 12 al 13 de agosto de 1998, un grupo armado de oposición atacó el campo para desplazados de Nabubu en la provincia de Bubanza y mató a cinco personas. Al parecer, el ataque se llevó a cabo para conseguir provisiones. No está claro qué grupo armado llevó a cabo el ataque.

Según informes, los combatientes llevaron a cabo el ataque alrededor de la medianoche y mataron a una persona que vivía en los alrededores del campo que salió para comprobar qué eran los ruidos que había oído. También se dio muerte a otras dos personas que vivían en el campo, de las que no había constancia que estuvieran armadas. Según informes, unas 43 casas fueron incendiadas y otras, saqueadas.

Tras el ataque al campo, los combatientes bajaron a la ciudad de Bubanza y saquearon las tiendas del mercado y de sus alrededores. En Bubanza mataron a dos civiles, que al parecer no iban armados, e hirieron a muchos más. Se ha informado de que muchos habitantes de la localidad estaban armados y al menos un hombre fue herido con arma de fuego tras disparar contra los combatientes para impedirles que saquearan su propiedad.

A pesar de las declaraciones oficiales en sentido contrario, los soldados no intervinieron para poner fin al ataque, aunque había un campamento militar cerca y el ataque se prolongó dos horas.


Abusos de los grupos armados de oposición

Desde finales de 1994, las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (Forces pour la défense de la démocratie, FDD), brazo armado de la organización hutu Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (Conseil National pour la défense de la démocratie, CNDD), combaten en guerra declarada contra las fuerzas del gobierno. Otros partidos hutus de oposición, como el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu (Parti pour la libération du peuple hutu, PALIPEHUTU) y el Frente por la Liberación Nacional (Front pour la libération nationale, FROLINA), también tienen facciones armadas que se enfrentan a las fuerzas del gobierno. El conflicto y la violencia política se han cobrado la vida de al menos ciento cincuenta mil personas desde 1993, la mayoría civiles.

De las investigaciones de Amnistía Internacional se desprende que la mayoría de los abusos los han cometido agentes del gobierno. Sin embargo, los grupos armados de oposición también han cometido abusos, como el homicidio de decenas de civiles. En muchos casos, estos homicidios de civiles desarmados cometidos por los grupos de oposición parecen ser represalias o castigos contra presuntos colaboradores o posibles informantes del gobierno, o matanzas indiscriminadas llevadas a cabo durante otras actividades de los grupos. Según informes, los grupos armados de oposición también han llevado a cabo reclutamientos forzados y reclutamientos de niños, cometido violaciones y tomado rehenes. Se los acusa asimismo de haber participado en otros actos delictivos como saqueos. Estas atrocidades vulneran el artículo 3 de los Convenios de Ginebra, que exigen que se trate con humanidad a las personas que no intervienen activamente en las hostilidades y prohíben los homicidios, la tortura, la toma de rehenes y el trato humillante o degradante a estas personas.

En algunos casos, especialmente cuando se trata de

saqueos, no está claro si los responsables son miembros de los grupos armados de oposición o simplemente bandas de delincuentes. En ocasiones tampoco está claro cuál de los grupos armados de oposición que combaten en Burundi es responsable de un ataque concreto o de un abuso contra los derechos humanos. Se han recibido informes coincidentes de que los diferentes grupos armados de oposición colaboran entre sí sobre el terreno.


Información general

Según informes, el número de personas desplazadas en el interior de Burundi, ya sea como resultado del conflicto interno, de la inseguridad general o de las matanzas ocurridas después del asesinato del presidente Melchior Ndadaye en octubre de 1993, asciende a unas seiscientas mil. Los campos para desplazados, predominantemente tutsis, son especialmente vulnerables a los ataques de los grupos armados de oposición hutus.

Aunque el comandante Pierre Buyoya prometió terminar con las violaciones de derechos humanos cuando llegó al poder tras el golpe de Estado de julio de 1996, Amnistía Internacional ha documentado desde entonces miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», detenciones arbitrarias y tortura. La mayoría de los abusos se cometen en el contexto del conflicto armado interno. Los críticos y adversarios del gobierno también han sufrido hostigamiento, detenciones y tortura con el fin de suprimir cualquier oposición política efectiva.

Desde febrero de 1996 se ha juzgado en Burundi a centenares de personas acusadas de violencia política, se han dictado más de doscientas sesenta sentencias de muerte en juicios que carecían claramente de las debidas garantías y se ha ejecutado a seis personas (el 31 de julio de 1997). Amnistía Internacional considera positivas las medidas adoptadas por el gobierno de Burundi para llevar a los tribunales a los responsables de estos abusos. No obstante, la organización ve con preocupación que prácticamente ninguno de los juicios o procedimientos de detención se atienen a las normas internacionales sobre justicia procesal y derechos humanos. Además, aunque a lo largo de los años, tanto hutus como tutsis han estado involucrados en los homicidios, prácticamente todas

las personas detenidas o juzgadas en relación con la violencia política son hutus o partidarios de grupos políticos de oposición. Para que los delitos de violencia política no queden impunes, debe procesarse a todos los responsables. Para más información, rogamos consulten el documento de AI titulado: Burundi: La insurgencia y la contrainsurgencia perpetúan los abusos contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/34/98/s), o se pongan en contacto con el Secretariado Internacional, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Reino Unido.



Difunda la información sobre la matanza de al menos cien civiles cometida en Bururi y

distribuya este llamamiento entre la profesión médica, profesores universitarios y

estudiantes, activistas de derechos humanos, periodistas y abogados, pidiéndoles que

divulguen el caso y envíen llamamientos:

- expresando preocupación por la matanza de al menos cien civiles cometida por

soldados el 20 de febrero de 1998 en la colline de Gasanda, provincia de Bururi;

- pidiendo que los resultados de cualquier investigación sobre la matanza se hagan

públicos y que los responsables comparezcan ante los tribunales de conformidad

con las normas internacionales sobre justicia procesal;

- instando a las autoridades de Burundi a que tomen medidas inmediatas para

proteger a la población civil de nuevas matanzas indiscrimiadas y otros abusos

contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos

de oposición;

- pidiendo a las autoridades que lleven ante la justicia a todos los responsables de

abusos contra los derechos humanos, de conformidad con las normas

internacionales sobre justicia procesal.

Diríjase, preferiblemente en francés, a:

Presidente

Major Pierre BUYOYA, President

BP 1870 Bujumbura, Burundi; Fax: 257 22 74 90, Tlx: 5036 PRESIBU

Ministro de Defensa

Lieutenant-Col. Alfred NKURUNZIZA, Minister of Defence

BP 1870 Bujumbura, Burundi

Fax: 257 22 39 59 / 21 75 05 Tlx: 5146MDMBDI / 5049MDNBDI

Ministro de Justicia

Mr Terence SINUNGURUZA, Minister of Justice

BP 1880 Bujumbura, Burundi; Fax: 257 21 86 10

Compruebe con su oficina de correos si el servicio postal con Burundi funciona.

Envíe copia de la carta que dirigió a las autoridades de Burundi a las autoridades

de su país, e ínstelas a que mantengan bajo observación la situación de derechos humanos

en Burundi y a que pidan a las autoridades de dicho país que respeten los tratados

internacionales que han ratificado. Explique que el caso expuesto es ilustrativo de muchos

más.

BURUNDI: Matanzas de civiles

Al menos cien civiles víctimas de una matanza

en la provincia de Bururi

Bagaye, Barampama, Baryuwabo, Emanuel Bazombanze, Bucumi, Budereye, Habonimana, Hirana, Kaburugutu, Kigo Nikodemu, Mugano, Murayi, Ndayiragije Nehemia, Nijimbere, Nikodemu, Terensio Nitunga, Nkwirikiye, Gabriel Ntibahiriwe, Nzigo, Ruda, Ruhindanya, Ruhozi, Sifa, Terensio y al menos otras 75 personas, entre las que figuraban mujeres, fueron víctimas de una matanza cometida el 20 de febrero de 1998 en la colline (unidad administrativa) de Gasanda, provincia de Bururi, por soldados del gobierno.

A estas personas las habían «reagrupado» (reasentado forzosamente) en un puesto militar de la zona como consecuencia del conflicto armado en la localidad. Los soldados del puesto accedieron a su petición de dejarlos volver a sus campos para recoger la cosecha. Sin embargo, cuando se dirigían a los campos, los soldados que los acompañaban abrieron fuego contra ellas. Sólo hubo un superviviente.

Tras la matanza, los soldados también mataron al jefe de zona. Lo habían «reagrupado» con los demás, pero no había regresado a los campos. Las circunstancias de su muerte no están claras; según una versión, lo mataron cuando pidió permiso a los soldados para enterrar los cadáveres; según otra versión, lo mataron al negarse a enterrar los cadáveres cuando se lo solicitaron los soldados. Se ha informado del arresto de tres soldados en relación con la matanza, aunque no está claro cómo están siendo investigados.


Matanzas de civiles en Burundi

La matanza descrita supra es sólo una de los centenares de matanzas cometidas en el contexto del conflicto interno que padece Burundi. La lucha por el poder que desde hace décadas mantienen las élites hutu y tutsi se ha cobrado la muerte de centenares de miles de personas, en su mayoría civiles.

Durante 1998 han continuado las matanzas de civiles desarmados, cometidas principalmente por las fuerzas gubernamentales. Los informes más frecuentes proceden de las provincias de Bururi y Makamba, en el sur del país, y de la provincia de Bujumbura Rural, en la que está ubicada la capital. Dado que la mayoría de las matanzas se cometen en zonas en conflicto como éstas, el acceso a la información y su verificación se tornan especialmente difíciles.

Sin embargo, las matanzas siguen unas líneas claras y bien establecidas. Cuando se reciben informes sobre actividad militar de los grupos armados hutus o sobre su presencia en una zona, las fuerzas armadas bajo dominio tutsi cometen, como represalia, matanzas en gran escala entre la población local hutu. Las fuerzas de seguridad también han muerto decenas de civiles desarmados al no distinguir entre combatientes y civiles. Las matanzas cometidas durante las operaciones militares también se han cobrado la vida de niños, de los que no cabía sospechar que fueran miembros de los grupos armados.

Amnistía Internacional considera positivo que se haya juzgado a algunos miembros de las fuerzas de seguridad por su participación en violaciones de derechos humanos. Sin embargo, estos casos constituyen la excepción y no la norma, y la mayoría de las denuncias de violaciones de derechos humanos siguen sin investigarse. Además, los pocos soldados que han sido juzgados y condenados por participación en graves violaciones de derechos humanos, como matanzas de civiles, han recibido penas considerablemente menores que las dictadas por los tribunales civiles. La disposición sobre «circunstancias atenuantes» parece

estar empleándose para restar importancia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Mientras éstos sigan disfrutando de impunidad casi total cuando cometen abusos, no podrá haber una solución política a largo plazo del conflicto, ni garantías de respeto a los derechos humanos en Burundi. De conformidad con los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la ONU, el gobierno de Burundi debe proceder a «una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todas los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias».

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Burundi que respeten esta obligación y que tomen otras medidas inmediatas para proteger a la población civil de las violaciones de derechos humanos. El gobierno debe emitir una declaración pública en la que deje patente que los ataques contra los civiles y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad no quedarán impunes. Poner fin a la impunidad

Para poner fin a la impunidad de que gozan los autores de delitos de violencia política, debe procesarse a todos los responsables. Para hacer frente a la impunidad y restablecer la confianza en el proceso judicial y el respeto de la ley, se tiene que hacer justicia y se tiene que ver que se hace justicia.

Desde febrero de 1996 han sido juzgadas en Burundi centenares de personas acusadas de actos de violencia política. La mayoría de los procedimientos judiciales afectan a civiles del grupo étnico hutu acusados de participar en las matanzas cometidas tras el asesinato del presidente Melchior Ndadaye en octubre de 1993, en las que la mayoría de las víctimas fueron civiles del grupo étnico tutsi. Otros juicios políticos prosiguen. Más de nueve mil personas, en su mayoría hutus, se encuentran en espera de juicio.


Amnistía Internacional considera positivas las medidas

adoptadas por el gobierno de Burundi para llevar a los tribunales a los responsables de estos delitos. No obstante, la organización ve con preocupación que prácticamente ninguno de los juicios o procedimientos de detención se atienen a las normas internacionales sobre justicia procesal y derechos humanos. Además, aunque a lo largo de los años han estado involucrados en los homicidios tanto hutus como tutsis, prácticamente todas las personas detenidas o juzgadas en relación con la violencia política son hutus o partidarios de grupos políticos de oposición. Para más información, rogamos consulten el documento de AI titulado: Burundi: La insurgencia y la contrainsurgencia perpetúan los abusos contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/34/98/s), o se pongan en contacto con el Secretariado Internacional, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Reino Unido.



Difunda la información sobre el caso de Etienne Mvuyekure y distribuya este

llamamiento entre la profesión médica, profesores universitarios y estudiantes, activistas

de derechos humanos y abogados, pidiéndoles que divulguen el caso y envíen

llamamientos:

- expresando preocupación por la «desaparición» de Etienne Mvuyekure en

noviembre de 1997, lo que constituye una grave violación de derechos humanos;

- pidiendo que las autoridades inicien sin dilación una investigación que determine

su paradero y que las conclusiones se hagan públicas;

- pidiendo que las personas que hayan violado los derechos humanos de Etienne

Mvuyekure o que hayan permitido tales violaciones sean llevadas ante la justicia

de conformidad con las normas internacionales sobre justicia procesal;

- instando al gobierno de Burundi a que tome medidas inmediatas para evitar las

«desapariciones», entre ellas: mantener informados a los familiares sobre los

traslados de los detenidos de un centro a otro, investigar sin dilación las

denuncias de «desapariciones», y velar por que ningún detenido sea recluido en

secreto o en centros no autorizados.


Presidente






Ministro de Defensa



Fax: 257 22 39 59/21 75 05 Tlx: 5146MDMBDI / 5049MDNBDI


Envíe copia de la que carta que dirigió a las autoridades de Burudi a las

autoridades de su país, e ínstelas a que mantengan bajo observación la situación de los

derechos humanos en Burundi y a que pidan a las autoridades de dicho país que respeten

los tratados internacionales que han ratificado. Explique que el caso expuesto es

ilustrativo de muchos más.

BURUNDI: «Desapariciones»

Etienne Mvuyekure

Etienne Mvuyekure, ex secretario general del partido político de oposición Asamblea del Pueblo Burundés (Rassemblement du Peuple Burundais, RPB), «desapareció» poco después de su detención el 2 de noviembre de 1997. Amnistía Internacional teme que lo hayan matado bajo custodia. Según informes, lo detuvieron cuando alguien lo acusó de tener posibles vínculos con un grupo armado de oposición.

Etienne Mvuyekure había sido detenido en el distrito de Rweza, en la colline de Kavumu, próxima a Bujumbura, por el jefe del puesto militar de la zona de Muyira, y conducido a un cuartel cercano conocido como bataillon para. Según informes, antes de ser llevado allí lo golpearon brutalmente.

Aunque las autoridades han negado que fuera trasladado a la Prisión Central de Mpimba, hay testigos de que pasó allí un

día; según informes, posteriormente lo


condujeron de nuevo al campamento militar. Cuando sus familiares y otras personas se presentaron en el cuartel para verle, les dijeron que había sido puesto en libertad. No se lo ha vuelto a ver desde entonces, y Amnistía Internacional teme que lo hayan matado bajo custodia.

La organización ha enviado llamamientos en favor de Etienne Mvuyekure y ha planteado el caso directamente ante el gobierno, éste ha contestado que, dado que ya no se encuentra en el cuartel, debe de haber sido puesto en libertad. No parece que se haya realizado una auténtica investigación para determinar su paradero ni para garantizar su seguridad. «Desapariciones» en Burundi

Numerosos informes mencionan la «desaparición» de personas poco después de su detención, a menudo cuando ésta la practican soldados. La ausencia de control sobre los procedimientos de detención y reclusión, y el ambiente de impunidad imperante, facilitan tales «desapariciones». Muchos de estos informes son imposibles de confirmar debido a la falta de acceso de las familias a los detenidos, a la negativa de las autoridades a revelar dónde se encuentran los lugares de detención y a la existencia de zonas inaccesibles a causa de la inseguridad. A los familiares muchas veces se les comunica , sin mayor explicación, que la persona en cuestión no está ya detenida, lo que les hace temer que la hayan matado. En algunos casos son temores bien fundados; en otros, el detenido puede haber sido trasladado a otro lugar y «reaparecer» posteriormente. Como las personas detenidas dependen a menudo de sus familias para alimentarse adecuadamente, tal aislamiento puede tener graves consecuencias, a la vez que las hace más vulnerables a la tortura y a los malos tratos.

A Amnistía Internacional le preocupa la frecuencia con que recibe informes sobre «desapariciones». La organización cree que en los puestos militares las «desapariciones» de personas son habituales y que sus cadáveres se ocultan, especialmente en las zonas en conflicto. Muchos informes recientes proceden de la provincia de Bujumbura Rural e incluyen casos de mujeres y niños que han sido detenidos al regresar de los campos y acusados de colaborar con grupos armados porque llevaban alimentos y, por tanto, no podían sino estar suministrando víveres a los combatientes. También se han recibido diversos informes de «desapariciones» en prisión.

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas3 establece que es obligación de los gobiernos investigar los casos de desaparición forzada «toda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada [...] aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal». El gobierno de Burundi no ha cumplido con su responsabilidad de investigar los casos de «desaparición» y llevar a los responsables a los tribunales. Información general

Aunque el comandante Pierre Buyoya prometió poner fin a las violaciones de derechos humanos cuando llegó al poder, tras el golpe de Estado de julio de 1996, Amnistía Internacional ha documentado miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», detenciones arbitrarias y torturas desde esa fecha. La mayoría de estos abusos se cometen en el contexto del conflicto armado interno que libran las fuerzas gubernamentales, principalmente tutsis, y los grupos armados de oposición, principalmente hutus. Asimismo, se ha hostigado, detenido y

3 Resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 18

de diciembre de 1992.


torturado a disidentes y a partidarios de la oposición al gobierno con el fin de eliminar toda oposición política efectiva.

Hay más de nueve mil civiles, en su mayoría hutus, recluidos en diferentes prisiones y centros de detención del país. La mayoría están recluidos sin cargos ni juicio. La tortura y los malos tratos a los detenidos son habituales. Desde febrero de 1996 se han dictado más de doscientas sesenta sentencias de muerte en juicios claramente defectuosos. Seis personas fueron ejecutadas el 31 de julio de 1997. Para más información, consulten el documento de Amnistía Internacional titulado Burundi: La justicia, a prueba (Índice AI: AFR 16/13/98/s).



Difunda la información sobre estos seis casos de muerte bajo custodia ocurridos en Gitega y

distribuya este llamamiento entre los profesionales de la medicina, profesores universitarios y

estudiantes, activistas de derechos humanos, periodistas y abogados, pidiéndoles que

divulguen el caso y envíen llamamientos:

- expresando preocupación por los informes que indican que Spéciose Butore,

Didace Bukoru, Jean Ndabagamye, Karidou Mugabonihera y Anaclet Bambara fueron ejecutados extrajudicialmente el 1 de julio de 1998 en la zona de Rwisabi,

comuna de Mutaho, provincia de Gitega, y Bigirimana el 30 de junio de 1998 o en torno a esa fecha, en la comuna de Bukirasazi, asimismo en la provincia de Gitega;

- instando a que estos hechos sean objeto de una investigación inmediata y a que los

resultados de la investigación se hagan públicos;

- pidiendo que los responsables de haber cometido o permitido la comisión de

violaciones de derechos humanos en relación con estos casos sean detenidos y

llevados ante los tribunales de conformidad con las normas internacionales sobre

justicia procesal;

- instando a que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos puedan

visitar de inmediato todos los centros de detención;

- pidiendo a las autoridades que se pronuncien públicamente contra la impunidad,

dejando claro a los miembros de las fuerzas de seguridad que todos los responsables

serán llevados ante la justicia.

Diríjase, preferiblemente en francés, a: Presidente

Major Pierre BUYOYA, President BP 1870 Bujumbura, Burundi; Fax: 257 22 74 90, Tlx: 5036 PRESIBU


Mr Terence SINUNGURUZA, Minister of Justice BP 1880 Bujumbura, Burundi; Fax: 257 21 86 10

Gobernador de la Provincia de Gitega

Governor of Gitega Province, Hôtel de ville, Gitega, Burundi Telegramas: Gouverneur de la Province, Gitega, Burundi

Compruebe con su oficina correos si el servicio postal con Burundi funciona.

Envíe copia de su carta a las autoridades de su propio país e ínstelas a que

mantengan bajo observación la situación de los derechos humanos en Burundi y el respeto de

este país por las normas internacionales que ha ratificado.

BURUNDI: Muertes bajo custodia

Detenidos en la provincia de Gitega

El 1 de julio de 1998, Spéciose Butore, Didace Bukoru, Jean Ndabagamye, Karidou Mugabonihera y Anaclet Bambara perdieron la vida en un calabozo de la zona de Rwisabi, comuna de Mutaho, provincia de Gitega. Habían sido detenidos por funcionarios locales el 26 de junio, o en torno a esa fecha, en la colline de Nyabisaka, provincia de Gitega, y acusados de colaborar con grupos armados.

Se desconoce si las acusaciones estaban respaldadas por pruebas que las sustanciaran. Es frecuente que se practiquen detenciones en virtud únicamente de una denuncia, sin investigaciones posteriores.

También se han recibido informes de que otra persona recluida, de nombre Bigirimana, detenido el 21 de mayo, en Buraza, pereció el 30 de junio, o en torno a esa fecha, en un calabozo del distrito de Bukirasazi, provincia de Gitega. Amnistía Internacional desconoce los motivos de su detención.

Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en favor de estos detenidos pidiendo al gobierno de Burundi que iniciara de inmediato una investigación sobre estos casos. No se ha recibido ninguna respuesta, lo que ha aumentado el temor de que los responsables de estos homicidios queden impunes. Otras muertes bajo custodia en la provincia de Gitega

Amnistía Internacional ha recibido varios informes sobre ejecuciones extrajudiciales de personas bajo custodia cometidas por miembros de las fuerzas armadas y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en la provincia de Gitega, muchas de ellas tras la detención de esas personas.


Por ejemplo, según informes, Raphaël Donomyi, de unos

70 años de edad, fue detenido en su domicilio en la comuna de Gishubi el 25 de diciembre de 1997, y recluido en un calabozo local. Murió bajo custodia el 26 de diciembre de 1997, aunque las circunstancias de su muerte no están claras.

Otro hombre, Léopold Baraunyeretse, maestro de profesión, fue acusado de colaborar con grupos armados. Lo detuvieron unos soldados el 27 de enero de 1998 en una escuela primaria de Bukoro y lo condujeron a un calabozo local del distrito Gishubi. Murió abatido a tiros el 31 de enero de 1998. Según los funcionarios que entregaron el cadáver a su familia, los disparos se efectuaron cuando intentó fugarse.

El 19 de abril de 1998, unos soldados detuvieron en Mubuga, provincia de Gitega, a un hombre llamado Claude, activista del Frente por la Democracia en Burundi, partido político de la oposición. Su cadáver se encontró poco después. No hay constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre la aparente ejecución extrajudicial y se desconoce el motivo de ésta. Impunidad

Amnistía Internacional cree que la ausencia de control de las autoridades de Burundi sobre los procedimientos de detención y reclusión facilitan tales muertes bajo custodia. Muchos de los informes sobre muertes bajo custodia que recibe la organización son imposibles de confirmar debido a que las familias no pueden visitar a los detenidos, a la negativa de las autoridades a revelar los lugares de detención y a la existencia de zonas inaccesibles a causa de la inseguridad existente.

Además, mientras los miembros de las fuerzas gubernamentales sigan disfrutando de impunidad casi total cuando cometen abusos, no podrá haber una solución política a largo plazo del conflicto, ni garantías de respeto a los derechos humanos en Burundi.

De conformidad con los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la ONU, el gobierno de Burundi debe proceder a «una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias». AI pide a las autoridades de Burundi que respeten esta obligación y que adopten todas las medidas necesarias para proteger a los civiles de la posibilidad de encontrar la muerte en custodia y de las otras violaciones de derechos humanos de que son objeto cuando se los detiene o recluye. Información general

Aunque el comandante Pierre Buyoya prometió poner fin a las violaciones de derechos humanos cuando llegó al poder, tras el golpe de Estado de julio de 1996, Amnistía Internacional ha documentado miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones de derechos humanos desde esa fecha. La mayoría de estos abusos se cometen en el contexto del conflicto armado interno que libran las fuerzas gubernamentales, prinicipalmente tutsis, y los grupos armados de oposición, principalmente hutus. Asimismo, se ha hostigado, detenido y torturado a disidentes y a partidarios de la oposición al gobierno con el fin de eliminar toda oposición política real.


Hay más de nueve mil civiles, en su mayoría hutus, recluidos en diferentes prisiones y centros de detención del país. La mayoría están recluidos sin cargos ni juicio, y muchas detenciones se practican en virtud de denuncias carentes de fundamento. La falta de control judicial se traduce en que muy pocos detenidos puedan recurrir contra el fundamento de su detención preventiva. Las condiciones penitenciarias en Burundi son duras y se ven agravadas por un gran hacinamiento. Son condiciones que a menudo entrañan peligro para la vida de los reclusos y constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La tortura y los malos tratos a los detenidos son

habituales, particularmente en la primera fase de la reclusión. La tortura a los detenidos acusados de participación o colaboración con los grupos armados es una práctica rutinaria, y muchas veces se inflige para obtener información o una confesión. Desde febrero de 1996 se han dictado más de doscientas sesenta sentencias de muerte en juicios claramente defectuosos. Seis personas fueron ejecutadas el 31 de julio de 1997. Para más información, rogamos consulten el documento de AI titulado: Burundi: La insurgencia y la contrainsurgencia perpetúan los abusos contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/34/98/s) o se pongan en contacto con el Secretariado Internacional, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Reino Unido.



Difunda la información sobre la matanza de estas 13 personas en la provincia de

Makamba y distribuya este folleto en las escuelas y entre los grupos que se ocupan de

niños, profesores universitarios y estudiantes, activistas de derechos humanos, periodistas

y abogados, pidiéndoles que divulguen el caso y envíen llamamientos:

- expresando consternación por la matanza de 13 civiles, entre ellos mujeres y

niños, cometida por soldados entre el 20 y el 28 de julio de 1998, en Makamba;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la

matanza, que los resultados se hagan públicos y que los responsables sean

llevados ante los tribunales, de conformidad con las normas internacionales

sobre justicia procesal;

- instando a las autoridades de Burundi a que tomen medidas inmediatas para

proteger a la población civil de nuevas matanzas indiscriminadas y de otros

abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y los

grupos de oposición;

- pidiendo a las autoridades que lleven ante los tribunales, de conformidad con

las normas internacionales sobre justicia procesal, a todos los responsables de

abusos contra los derehcos humanos.


Presidente



Ministro de Defensa



Fax: 257 22 39 59 / 21 75 05 Tlx: 5146MDMBDI / 5049MDNBDI





Envíe copia de la carta que dirigió a las autoridades de Burundi a las

autoridades de su país e ínstelas a que mantengan bajo observación la situación de los

derechos humanos en Burundi y a que pidan a las autoridades de dicho país que respeten

los tratados internacionales que han ratificado. Explique que el caso expuesto es

ilustrativo de muchos más.

BURUNDI: Matanzas de civiles

Trece civiles, víctimas de una matanza

en la provincia de Makamba

El 20 de julio de 1998, en la provincia de Makamba, unos soldados mataron a golpe de bayoneta a Jean Ngendabanyikwa, un hombre de 38 años de edad, y a Jumaine Seterine, una mujer de 28. En el mismo ataque mataron también a otras cinco personas, entre ellas un muchacho de 14 años llamado Ntahomvukiye y una niña de 9 años llamada Faines Nimpaye. El 27 de julio de 1998 los soldados mataron a tiros a una mujer llamada Bucumi en Gikumba, provincia de Makamba. El 28 de julio, también en Gikumba, provincia de Makamba, unos soldados mataron a tiros una muchacha llamada Neema, a Jacqueline Bukura y a otras tres personas.

Se ha informado de que los homicidios fueron como represalia por las bajas sufridas por el ejército durante los combates librados en la zona contra las Fuerzas para la Defensa de la Democracia. Este grupo, brazo armado del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia, dominado por los hutus, lleva combatiendo abiertamente a las fuerzas gubernamentales desde fines de 1994. Matanzas de civiles en Burundi

La matanza descrita supra sirve para ilustrar los centenares de matanzas cometidas en el contexto del conflicto interno que padece Burundi. La lucha por el poder que desde hace décadas mantienen las élites hutus y tutsis, se ha cobrado la muerte de centenares de miles de personas, en su mayoría civiles.


Durante 1998 han continuado las matanzas de civiles

desarmados, cometidas principalmente por las fuerzas gubernamentales. Los informes más frecuentes proceden de las provincias de Bururi y Makamba, en el sur del país, y de la provincia de Bujumbura Rural, donde está ubicada la capital. Dado que la mayoría de las matanzas, como en este caso, se cometen en las zonas en conflicto, el acceso a la información y su verificación se tornan especialmente difíciles.

Sin embargo, las matanzas siguen unas líneas claras y bien establecidas. Cuando se reciben informes sobre actividad militar de los grupos armados hutus o sobre su presencia en una zona, las fuerzas armadas, bajo dominio tutsi, cometen, como represalia, matanza en gran escala entre la población local hutu. Las fuerzas de seguridad también han dado muerte a decenas de civiles desarmados al no distinguir entre combatientes y civiles. Las matanzas cometidas durante las operaciones militares se han cobrado la vida de niños, de los que no cabía sospechar que fueran miembros de los grupos armados. Asimismo, se ha dado muerte a decenas de civiles, en ocasiones indiscriminadamente, porque se acusa a la población local de no haber informado sobre los grupos armados o de haberlos protegido de alguna forma. Algunos homicidios parecen ser una táctica intimidatoria de las fuerzas de seguridad contra la población.

Amnistía Internacional considera positivo que se haya juzgado a algunos miembros de las fuerzas de seguridad por su participación en violaciones de derechos humanos. Sin embargo, estos casos constituyen la excepción y no la norma, y la mayoría de las denuncias de violaciones de derechos humanos siguen sin investigarse. Mientras los miembros de las fuerzas gubernamentales sigan disfrutando de impunidad casi total cuando cometen abusos, no podrá haber una solución política a

largo plazo del conflicto, ni garantías de respeto a los derechos humanos en Burundi.

De conformidad con los Principios Relativos a una Eficaz

Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la ONU, el gobierno de Burundi debe proceder «a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias». Amnistía Internacional pide a las autoridades de Burundi que respeten esta obligación y que tomen medidas inmediatas para proteger a la población civil de las violaciones de derechos humanos. El gobierno debe emitir una declaración pública en la que deje patente que los ataques contra los civiles y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad no quedarán impunes.


Poner fin a la impunidad

Para poner fin a la impunidad de que gozan los autores de delitos de violencia política, debe procesarse a todos los responsables. Para hacer frente a la impunidad y restablecer la confianza en el proceso judicial y el respeto de la ley, no sólo hay que hacer justicia, sino hacerla bien aparente.

Desde febrero de 1996 han sido juzgadas en Burundi centenares de personas acusadas de actos de violencia política. La mayoría de los procedimientos judiciales afectan a civiles del grupo étnico hutu acusados de participar en las matanzas cometidas tras el asesinato del presidente Melchior Ndadaye en octubre de 1993, en las que la mayoría de las víctimas fueron civiles del grupo étnico tutsi. Otros juicios políticos prosiguen.: de adversarios del gobierno, de personas acusadas muchas veces arbitrariamente de colaboración o pertenencia a los grupos armados hutus y los encausados por el asesinato del presidente Ndadaye. Más de nueve mil personas, en su mayoría hutus, se encuentran en espera de juicio.

Amnistía Internacional considera positivas las medidas adoptadas por el gobierno de Burundi para llevar a los tribunales a los responsables de estos delitos. No obstante, la organización ve con preocupación que prácticamente ninguno de los juicios o procedimientos de detención se atienen a las normas internacionales sobre justicia procesal y derechos humanos. Además, aunque a lo largo de los años han estado involucrados en los homicidios tanto hutus como tutsis, prácticamente todas las personas detenidas o juzgadas en relación con la violencia política son hutus o partidarios de grupos políticos de oposición. Para más información, rogamos consulten el documento de AI titulado: Burundi: La insurgencia y la contrainsurgencia

perpetúan los abusos contra los derechos humanos (Índice AI: AFR 16/34/98/s), o se pongan en contacto con el Secretariado Internacional, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Reino Unido.



Difunda la información sobre el caso de Florence y de otros refugiados burundeses en

Tanzania y distribuya este llamamiento entre profesores universitarios y estudiantes,

organizaciones de mujeres, niños y refugiados, activistas de derechos humanos y

periodistas, pidiéndoles que divulguen el caso.

Envíen llamamientos, preferiblemente en inglés, al ministro del Interior de

Tanzania: Mr Ali Ameir Muhammed, Ministry of Home Affairs, PO Box 9223, Dar es

Salaam, Tanzania:

- expresando preocupación por los acontecimientos que obligaron a Florence a

huir de Burundi, en especial el homicidio de su esposo a manos de las fuerzas de

seguridad burundesas, y los abusos contra los derechos humanos en gran escala

que siguen cometiéndose en Burundi;

- expresando satisfacción por los esfuerzos realizados por las autoridades tanzanas

para proteger a los refugiados burundeses en su país;

- instando a las autoridades tanzanas a no devolver a ningún refugiado a Burundi,

ya sea por la fuerza o mediante otras formas de coacción, mientras la situación

en Burundi siga siendo insegura;

- recordando a las autoridades tanzanas las obligaciones que han contraído en

virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobada en 1951

por la ONU, y la Convención sobre los Refugiados, de la Organización de la

Unidad Africana, de proteger a los refugiados y no devolverlos a un país donde

corran peligro;

- explicando que también ha solicitado al gobierno de su propio país que apoye a

Tanzania en la acogida de un gran número de refugiados.

Escriban también al gobierno de su propio país:

- explicando la crisis en que se encuentran los derechos humanos en Burundi y la

situación de los refugiados de Burundi en Tanzania, citando el caso de Florence;

- instándole a que comparta la responsabilidad de los Estados que, como

Tanzania, están dando acogida a un gran número de refugiados, a fin de

garantizar que se atienden las necesidades y los requisitos de protección de los

refugiados, con apoyo económico y organizativo y lugares de reasentamiento

adecuados.

BURUNDI: Refugiados en Tanzania

Florence, de 23 años

Florence, de 23 años, huyó de Burundi en enero de 1998 y está refugiada

en Tanzania, donde vive con su hija de dos años.

Florence huyó tras el homicidio de su esposo, de profesión agricultor, el

28 de diciembre de 1997 a manos, al parecer, de soldados. Unos veinte soldados

se personaron en la casa donde se encontraban, detuvieron a su esposo y se lo

llevaron. En las semanas previas a la detención y homicidio de su esposo, los

soldados habían practicado numerosas detenciones en la colline, la mayoría de

noche. No parecía haber ningún motivo para estas detenciones. Las personas

detenidas fueron conducidas a un campamento militar cercano y, poco después, se

oyeron disparos. Aunque no se encontró ningún cuerpo, ninguno de estos hombres

ha reaparecido. Florence cree que a su esposo, como a los otros hombres, lo

mataron a tiros poco después de su detención.

Florence y su esposo habían huido de su casa en la colline de Mwange,

comuna de Rumonge, provincia de Bururi, en octubre de 1997, cuando llegaron

soldados a Mwange para llevar a cabo una operación militar de evacuación de

civiles de la zona. Según su testimonio, durante la operación murieron decenas de

personas, entre ellas Marie Nduwimina, una anciana, y Emmanuel

Ntahonwakiye.

En diciembre, tras el presunto homicidio de su esposo, Florence

permaneció escondida en el bosque durante un mes, y sólo volvía a casa de noche.

Huyó a Tanzania el 28 de enero de 1998 con su hija de corta edad. Tras llegar a

Tanzania, no ha vuelto a tener noticias del resto de su familia y teme que, si


regresa a Burundi, también la matarán. Necesita protección en Tanzania hasta que

pueda volver en condiciones de seguridad.

Refugiados burundeses en Tanzania

La lucha por el poder que desde hace décadas mantienen las élites hutus y

tutsis se ha cobrado la vida de centenares de miles de personas y ha provocado un

desplazamiento de la población en gran escala. Se calcula que, de una población

de unos cinco millones y medio de habitantes, uno de cada diez ciudadanos de

Burundi se ha visto forzado a abandonar su hogar. Según informes, el número de

desplazados internos asciende a unos sescientos mil y el número de refugiados en

países vecinos u otros países sobrepasa el medio millón. Actualmente hay más de

doscientos sesenta mil refugiados burundeses en Tanzania. El Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ya no considera

refugiados a los doscientos mil ciudadanos burundeses que huyeron en 1972 y que

viven en asentamientos en Tanzania.

A lo largo del año han seguido llegando refugiados –la mayoría de ellos

huyendo de las provincias meridionales de Makamba y Bururi–, a la región de

Kigoma, en Tanzania, donde hay campos de refugiados. En la mayor parte de los

casos, los refugiados procedentes del sur parecían huir como consecuencia directa

del conflicto armado actual y de la inseguridad general, o de las matanzas

cometidas por las fuerzas de seguridad. También han llegado más refugiados

procedentes de las provincias septentrionales de Kirundo y Ngozi. En este caso,

las razones aducidas eran la intimidación y el acoso sufridos. Muchos,

especialmente los jóvenes, han huido por temor a las detenciones arbitrarias y a

las posibles «desapariciones».

El gobierno de Burundi ha dirigido reiterados llamamientos a los

refugiados para que regresen, manifestando que pueden hacerlo en condiciones de

seguridad. En 1997 y 1998, miles de refugiados burundeses decidieron volver a su

país. Es evidente que cada refugiado tiene derecho a elegir regresar

voluntariamente a su país, independientemente de los riesgos que pueda correr.

Sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos establecen que no

cabe esperar u obligar a una persona a volver a un país donde corra peligro de

sufrir graves violaciones de derechos humanos. En Burundi las violaciones de


derechos humanos sigue siendo generalizadas y no puede garantizarse la

seguridad de los refugiados que retornen.

Al igual que los civiles desarmados, los refugiados que retornan a

Burundi corren el riesgo de ser víctimas de homicidios deliberados y arbitrarios a

manos de las fuerzas gubernamentales o de los grupos armados de oposición. Las

violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, como

ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y «desapariciones», son

habituales en cualquier parte del país, incluso en las zonas donde los refugiados

que regresen pueden ser obligados a ir.

Amnistía Internacional considera positivos los esfuerzos de las

autoridades de Tanzania para proteger a los refugiados burundeses en su país. Sin

embargo, a pesar de que el ACNUR no está promoviendo en la actualidad el

regreso voluntario a Burundi, en 1998 se celebraron varias reuniones tripartitas

sobre repatriación entre Tanzania, Burundi y el ACNUR. En 1997, decenas de

refugiados burundeses fueron devueltos por Tanzania. En otras partes de la región

de los Grandes Lagos, los principios de protección al refugiado se han visto

gravemente socavados, por ejemplo, mediante la devolución forzada (refoulement)

y masiva de centenares de miles de ruandeses refugiados en la República

Democrática del Congo y en Tanzania, y la expulsión de miles de refugiados

burundeses de la República Democrática del Congo a fines de 1996.

La presencia de refugiados burundeses en Tanzania sigue provocando

tensiones en la comunidad y el gobierno y las autoridades locales en ocasiones han

fomentado en la población el resentimiento hacia los refugiados. A fines de 1997

y principios de 1998, las autoridades tanzanas obligaron a centenares de

ciudadanos de Burundi que no vivían en los campos de refugiados a trasladarse a

éstos. Estas denominadas operaciones de «agrupación» desarraigaron a familias

que, en muchos casos, llevaban viviendo en Tanzania desde 1972 y que se habían

integrado en las comunidades locales. En septiembre de 1997 se detuvo al menos

a cuatro mil personas alrededor de Kigoma.

Amnistía Internacional exhorta a los otros Estados Partes de la

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la ONU, a que compartan

realmente con Tanzania la responsabilidad de garantizar que se atenderán las

necesidades y los requisitos de protección de la comunidad de refugiados en

Tanzania.

Para más información, rogamos consulten el documento de AI titulado: Burundi:

La insurgencia y la contrainsurgencia perpetúan los abusos contra los derechos

humanos (Índice AI: AFR 16/34/98/s), o se pongan en contacto con el

Secretariado Internacional, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Reino Unido.

público amnistía internacional - amnesty.org · llamamiento publicados en relación con el...

Documents